20 de mayo

Día 20, miércoles, cuando me dispongo a cumplir mi 67 día de arresto domiciliario. Me levanto a las 9,00 horas para ver el debate televisado que se celebra en el Congreso de los Diputados para prorrogar el Estado de Alarma, pero una vez escuchados los discursos de Pedro Sánchez y Pablo Casado, salgo a la calle para hacer mi paseo diario por el parque bajo un sol espléndido, regresando a las 12,00 horas, tal y como tenemos establecido los mayores de 70 años.

Hoy es el primer día que obligan a enmascararse detrás de una careta, tal y como si fuésemos atracadores bancarios, aunque los banqueros no la necesiten para atracar al pueblo. Es decir, después de 67 días del estado de alarma, cuando el bicho escalaba a una velocidad frenética hasta alcanzar el pico e iniciar la escalada, éstas no hacían falta, pero ahora, cuando estamos en plena desescalada, ahora sí, ahora son imprescindibles. La verdad, yo me encontré bastante molesto, así que saldré a dar mi paseo diario con ella desde casa, pero la usaré estrictamente cuando me obligue la normativa.

La cuestión es que, después de los vaivenes en el discurso sobre el uso de las mascarillas, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la orden del Ministerio de Sanidad que regula el uso generalizado de las mascarillas para los mayores de seis años, siendo recomendable su uso para los niños de entre tres y cinco años. El uso de las mascarillas será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier lugar cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, quedando exentos los menores de seis años, las personas con alguna dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su utilización, así como para quienes esté contraindicado por motivos de salud o discapacidad.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) gastaremos unos 24 euros al mes en mascarillas quirúrgicas diarias sin contar fines de semana ni periodos extralaborales. El coste en una familia de cuatro miembros puede llegar a los 115 euros. Evidentemente, este gasto se dispara en las familias numerosas. En caso de necesitar mascarillas FFP2, por tener un problema previo de salud, el presupuesto se dispara a los 226 euros. Ahora mismo el precio varía entre los 4 y los 8 euros.

El uso generalizado de mascarillas para reducir la transmisión comunitaria del bicho está justificado, según Sanidad, no solo por su alta transmisibilidad, sino también por la capacidad que han demostrado las mascarillas para bloquear la emisión de gotas infectadas, “muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad”.

Volviendo al debate celebrado en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se subía a la tribuna para pedir una quinta prórroga del estado de alarma, hasta el 7 de junio, con los mismos argumentos que viene exhibiendo desde hace 10 semanas: el estado de alarma “salva vidas”, es legal y no hay más instrumentos que permiten limitar la movilidad de los ciudadanos. El presidente del Ejecutivo, que ha tenido que negociar a varias bandas para conseguir los votos suficientes que salven la prórroga, ha apelado a todos los partidos para no tirar por la borda los avances conseguidos: “Los españoles han parado unidos al virus. Nadie tiene derecho a derrochar lo que hemos conseguido entre todos”.

Quinto pleno donde ha llegado también la petición de perdón a los españoles. El presidente ha pedido “disculpas a los ciudadanos por los errores propios” dictados, ha dicho, por la “urgencia” en los tiempos, la “penuria de los recursos”, la “excepcionalidad” de la situación y el “tamaño descomunal” de la crisis.

El presidente del gobierno que, en un principio, quería que esta quinta prórroga fuese de un mes para culminar el proceso de desescalada, ha tenido que ceder para conseguir el apoyo de Ciudadanos. “La prórroga es de 15 días”, ha confirmado el presidente en su intervención. Ha querido dejar claro que el Gobierno decretó esta medida excepcional “únicamente para salvar vidas” y que no la mantendrá “ni un día más del necesario”. El presidente ha recordado que impulsará reformas de leyes, como la Ley de Salud Pública o la de Seguridad Nacional, para tener herramientas ante posibles rebrotes de la pandemia cuando finalice el estado de alarma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este miércoles ante el Pleno del Congreso que considera “un buen paso” la propuesta de Francia y Alemania para hacer frente la crisis provocada por la pandemia del virus Covid-19, pero que espera ahora por parte de la Comisión Europea “una propuesta incluso más ambiciosa”.

En esta situación de crisis sanitaria, Sánchez sostiene que “la legislación ordinaria se ha mostrado insuficiente y la crispación política inútil”. Ha hecho una defensa cerrada del estado de alarma porque, según él, es “claramente legal”, porque “es falso” que se pueda sustituir por un “rosario de leyes ordinarias” que “enmarañarían” la coordinación y porque es “respetuoso con los derechos individuales”. En definitiva, “sería una irresponsabilidad extraordinaria”, ha afirmado, levantarla en estos momentos y permitir la libre circulación y reunión de ciudadanos.

“El estado de alarma ha funcionado y el plan de desescalada está funcionando”, ha sido la conclusión de Sánchez. La quinta prórroga, ha destacado, tiene unas características distintas. La única autoridad delegada será el ministro de Sanidad, Salvador Illa que marcará los ritmos del desconfinamiento en coordinación con las comunidades autónomas. El presidente ha insistido en que el principio básico en esta fase será la cogobernanza. “Las comunidades autónomas irán ganando cada vez más protagonismo en la desescalada. Más capacidad de decisión”, ha garantizado.

En otro apartado de su discurso ha reclamado “unidad” al resto de fuerzas políticas para culminar la lucha contra el virus y conseguir el gran pacto de reconstrucción que necesita el país ante la gravedad de la crisis económica. Ha querido reconocer, también, la labor de todos los representantes públicos de las diferentes administraciones que han tenido que tomar decisiones muy complejas.

Al término de diez horas de Pleno en el Congreso, la aprobación este miércoles de la quinta prórroga del estado de alarma ha contado con una inesperada abstención y dos votos positivos menos esperados todavía. La portavoz socialista, Adriana Lastra, se ha confundido y ha votado abstención en lugar de ‘sí’ mientras que dos diputados de Vox han votado ‘sí’ por error en lugar de ‘no’ como el resto de su grupo.

Sin embargo, lo que más me ha llamado la atención en la intervención del presidente, es su insistencia en seguir en sus discursos repetitivos para pedir prorrogas con el argumento de que ha sido dicho confinamiento lo que ha evitado un mayor número de muertes: 300.000, como ha llegado a reiterar, una vez más. “Hubo países que iniciaron la vía de la inmunidad de rebaño y tuvieron que dar marcha atrás. Si hubiésemos seguido ese camino hubiera contagiado a más de 30 millones y costado la vida a 300.000 personas, posiblemente más porque hubiera colapsado a nuestro sistema sanitario”.

Es verdad que decisiones aparentemente tan simples como mantener el confinamiento, lavarse las manos con asiduidad, usar mascarilla, no tocarse la cara cuando se está en la calle o desinfectar los objetos que puedan estar contaminados se transforman, de ese modo, en conductas que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de muchas personas, pero no es menos cierto que, de haberse informado a la población sobre esas medidas y sobre las conductas que se deberían de haber llevado a cabo a su debido tiempo, una pandemia como la del COVD-19 podría haberse controlado fácilmente cuando aparecieron los primeros casos de infectados.

Pero no ha sido así. Las cosas, sin ser epidemiólogo ni mucho menos experto en salud pública, de haberse hecho mínimamente correcto no tendríamos que estar hablando de estupideces como las de haber salvado 300.000 personas de la muerte, sino de la cruda realidad que tenemos a la vista de las cifras oficiales que nos ofrece el ministerio de Sanidad ahora mismo: 27.888 muertos y 232.555 infectados. Vuelvo a reiterar, una vez más, lo de las cifras oficiales, porque cuando nos encontremos con las cifras reales nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, debido al número de muertes, por encima de las 35.000 muertes.

Hoy mismo, sin salir de mi comunidad asturiana me encuentro con la información que nos ofrece el diario El Comercio donde los datos del COVID-19 en Asturias sufrieron ayer un importante desajuste. El nuevo criterio de conteo del Ministerio de Sanidad, aplicado desde ahora a todas las comunidades autónomas, elimina 14 fallecimientos y 1.240 hospitalizados del historial de datos de la pandemia en la región. De este modo, desde el domingo 17, último día en el que se ofrecieron cifras de decesos desde el Principado, las víctimas mortales causadas oficialmente por la nueva enfermedad se reducen de 317 a 303.

Pero vayamos al meollo de la cuestión preocupante, tratando de hacer ver al presidente del gobierno y su equipo de expertos en la materia, los muertos que realmente se hubieran salvado, pero siempre sobre la realidad de las cifras que tenemos en la actualidad.

Esta historia comenzó en el desconcierto, y continúa, como los mejores relatos de la literatura y el cine, con la suspensión de la incredulidad. ¿Nos está pasando a nosotros o se trata de un sueño contado por un idiota que al despertar sigue al pie de la cama con su reptil impertérrito? Lo único edificante de esta tragedia es que anima a compartir el dolor, la prudencia, los cuidados de la salud de todas las personas, aunque sean viejos, y el gesto amable que nada tiene que ver con la hipocresía y la falsedad.

En este mismo escenario, me voy a remitir a la reunión del Foro Asesor del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), celebrada los días 18 y 19 de febrero de 2020 en la ciudad sueca de Estocolmo, con la participación del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, el ilustre epidemiólogo, Fernando Simón, en representación de España. En la citada reunión, tal y como figura en las actas, ya hubo representantes de países que se mostraron muy preocupados por el avance de la enfermedad y, sobre todo, por la falta de medios de protección. Alemania, concretamente, alertaba el mismo día 18 de la dificultad de conseguir equipos de protección individual (los llamados EPI, es decir mascarillas, batas o gafas). En el mismo sentido se manifestaría su colega holandés. Sin embargo, nuestro representante, Fernando Simón, no recogió la advertencia, de tal manera que el gobierno tardó más de un mes en comenzar a buscar estos equipos en el mercado internacional y siquiera pensar en reorientar la producción nacional.

Durante la reunión, Alemania informó del estado de la situación en el país, reconociendo que ya se habían puesto en marcha los protocolos para la realización de pruebas PCR en 20 universidades y se habían realizado ya “más de mil test del coronavirus en varios laboratorios”. España, siempre según el documento, había realizado 60 test en total, a pesar de haber tenido ya por aquel entonces – 18 de febrero – dos casos positivos en su territorio nacional.

En aquella reunión en ningún momento se subestimó el riesgo” del coronavirus. Fernando Simón defendió este martes con esta frase que los asesores sanitarios de la UE, entre los que se encuentra, nunca minimizaron el alcance del brote durante un encuentro celebrado los días 18 y 19 de febrero en Estocolmo (Suecia) del Foro Asesor del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC).

Según el documento, Fernando Simón se mostró preocupado por el “riesgo de importación y cómo lidiar con los focos secundarios, dado que el rastreo de los contactos de cada caso positivo es ahora una mayor carga para el sistema de salud que la asistencia sanitaria”. Sin embargo, el director del CAES menospreció el efecto de la trasmisión comunitaria en varias ocasiones durante la reunión y aseguró que, en su opinión, era “irrelevante si hay transmisión comunitaria” en los focos principales de la epidemia. Para el experto español, eran mucho más importantes otros factores como el factor temporal y la incidencia de la enfermedad en casos por cada 100.000 habitantes.

Precisamente, el retraso de la actuación del gobierno español ante los primeros indicios de que en España se estaba produciendo transmisión comunitaria desató la polémica en los últimos días de febrero. En la semana final de ese mes ya se había detectado un caso en Sevilla que no había tenido contacto con ningún país donde la epidemia estaba descontrolada y, era especialmente preocupante el caso de Torrejón de Ardoz en Madrid, cuyos contagios estaban totalmente desbordados.

Otra de las intervenciones clave de Simón en la reunión se refirió a los test de diagnóstico. El 19 de febrero el director del Centro de Emergencias consideraba que la clave “no se trata solo del número de test” practicados en España, sino que “cada persona tenía que ser aislada”. Y alertaba del peligro de señalamiento de los infectados: “Los testados están siendo estigmatizados”.

El experto español resaltaba ya entonces que “los trabajadores del hospital tenían miedo de ser infectados”, pero los cierto es que el ministerio de Sanidad – del que él es alto cargo – no comenzó a prepararse para hacer acopio de material hasta el 2 de marzo y no ejecutó grandes compras hasta el 25 de marzo. Una de sus perlas que pasará a la historia del COVID-19 fue cuando afirmó que “en España no hay coronavirus” y por ende “no existe riesgo de infectarse” a la vez que comentaba que la ansiedad social generada estaba “fuera de lo razonable”. El 27 de febrero, con varios infectados en España, Fernando Simón llegó a reconocer que “obviamente” iba a haber fallecidos (27.888 a día de hoy) por el coronavirus, pese a que “no es una enfermedad grave”.

Conservo y archivo todo un amplio dossier de todo lo concerniente al COVID-19, no en vano, tal y como he dicho desde mi primer diario, pretendo hablar con la verdad de los hechos ocurridos de forma documentada, y echando mano de El País del pasado 7 de marzo, le he echado un vistazo que me ha resultado más que ilustrativo pese a que hayan transcurrido 74 días, que no me parece mucho tiempo, aunque suficiente para cambiar desde la amenaza y el confinamiento. El principal titular que veo a toda plana es: “El coronavirus cuesta ya a la Bolsa española 110.000 millones. El Gobierno revisa su estrategia por la crisis”. Debajo: “Más de 60 personas se contagiaron tras un funeral en Vitoria”, y a continuación: “Madrid cierra sus 213 centro de mayores para evitar contagios”. Una foto referida a “una movilización de estudiantes antes del 8 de marzo”. Movilizaciones que se celebraron en 40 ciudades, siendo las más numerosas en Barcelona, con 30.000 participantes según el Sindicato de Estudiantes, y en Madrid, con 15.000. En la sección de cartas, hay una titulada “Sacar beneficio del miedo”, denunciando la indecente compraventa de mascarillas. En otra de sus páginas, bajo el titular “Vox, el patriotismo más rentable”, se dice que ese partido tiene prevista “para hoy” su asamblea general en la Plaza de Vistalegre, de tal manera que el día 8 de marzo, más de 9.000 militantes se reunieron allí, repartiéndose besos y abrazos, lo cual posiblemente, causó la infección de los dirigentes Ortega Smith, Abascal y Olona, que se sepa. Otro titular a cinco columnas nos dice: “La magnitud de la epidemia sigue oculta. Expertos aseguran que con más exámenes clínicos el número de positivos, 374, crecería. Los fallecimientos ascienden a 8”. En las siguientes páginas se siguen ampliando las noticias de portada sobre los centros de jubilados de Madrid y el “supercontagio” de Vitoria, y en otras páginas “breves” se puede seguir leyendo: “Casi 100.000 contagiados. En las ultimas 24 horas se han detectado 2.736 nuevos casos en 47 países. La cifra total de afectados es de 98.023 y 3.380 muertos”. “Francia cierra más escuelas, tras contarse más de 600 casos y 19 muertes, el gobierno galo ha decidido clausurar las escuelas infantiles, colegios y liceos de Oise y Alto Rin durante los próximos 15 días. La medida viene tras confirmarse 190 casos en un solo día”.

En cuanto a Ciudadanos, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacis, de Ciudadanos, junto con otros miembros del partido ‘naranja’, entre los que se encontraban Edmundo Bal, César Zafra, Marcos de Quintos, Marta Rivera, Sara Jiménez o Miguel Gutiérrez han acabado abandonando la manifestación, después de que un grupo numeroso de mujeres, entre gritos y empujones, les increpara para que abandonasen la marcha. De este modo, a la altura de la Plaza de Neptuno y al grito de “fuera fascistas de nuestros barrios”, manifestantes han empezado a empujar a los representes del partido naranja consiguiendo, finalmente, que ciudadanos abandonase la manifestación del día de la mujer.

He omitido las páginas dedicadas a las manifestaciones que se calentaban para el día siguiente, 8 de marzo, donde solo la de Madrid congregó a 120.000 personas, y posiblemente salieron contagiadas de ella las ministras Calvo, Darias, Montero y la esposa del presidente, Begoña Gómez. También las deportivas: el día 11, unos 5.000 colchoneros volaron apiñados a Liverpool y allí festejaron a lo grande la admirable victoria de su equipo en la prórroga por 2 a 3. Tan solo una semana antes, el 29 de febrero, el presidente de la Generalitat y 100.000 acólitos se trasladaron a Perpiñan para agasajar a Puigdemont, que los había convocado. Posiblemente de allí volvió el Torra infectado.

Hoy, 20 de mayo, podemos ver la respuesta del médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, donde se investiga el posible alcance penal de la manifestación multitudinaria del día de la mujer en la capital, a la magistrada que mantiene imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8 de marzo: “Es cierto y seguro que de haberse evitado esas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”. En el informe elaborado, el médico forense también sostiene que las autoridades debieron “haber advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio para que los ciudadanos adoptaran las medidas higiénicas para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad”. Asimismo, el médico forense subraya, además, que era “sabido” que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, con la participación de Fernando Simón, “habían advertido sobre el riesgo para la salud de las personas que comportaba el coronavirus” en los días previos al 8 de marzo. La decisión de la magistrada, Carmen Rodríguez-Medel, dictó una providencia donde acordó continuar el procedimiento penal abierto exclusivamente por un delito de prevaricación al no haber podido determinar inicialmente el forense una “causalidad” entre acudir a las concentraciones y contagiarse por el coronavirus.

En otro orden de cosas, dentro del mismo asunto que nos afecta a todos, se ha puesto de moda hablar de la privatización de la sanidad en la comunidad autónoma de Madrid, como uno de los males de la situación que nos ha tocado vivir, pero nadie, o casi nadie hace referencia a la génesis de la privatización continua del sistema sanitario en España.

Más de 5.000 leoneses y leonesas siguen esperando una intervención quirúrgica en nuestra provincia debido a la negligencia y a la gestión nefasta del Consejero de Sanidad, cuya dimisión se ha exigido reiteradamente por IU. “Cada semana nos levantamos con un incremento de las listas de espera, que se duplican en el Bierzo, el colapso de las urgencias o el traspaso de pacientes a la privada. La ciudadanía está cansada dice ‘basta ya’ de jugar con nuestra salud y la vida de las personas”

Un 10 de abril de 1997 el Congreso de los Diputados aprobaba la ley que abría la puerta a que entidades privadas se beneficiaran de la sanidad pública, con un texto que saldría adelante con el apoyo de todos los partidos políticos, con los únicos votos en contra de Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego, que supieron prever lo que años después sucedería: “La óptica liberal que impusieron defiende que un empresario se arriesga para poder ganar rentabilidad en el futuro, pero en este caso ni siquiera fue así. Las empresas privadas no arriesgaban nada porque contaban con financiación pública y una clientela asegurada, además de que podían elegir libremente el tipo de contrato que hacían a los sanitarios, algo que no ocurre en la pública”, recuerda Ángeles Maestro, diputada por aquel entonces de Izquierda Unida. “Hubiéramos querido que grupos parlamentarios que se autocalifican de izquierdas nos hubieran acompañado en la denuncia de lo que es un mecanismo de privatización de la sanidad, que tiene la dudosa virtud de no haber demostrado en ninguna parte del mundo que mejore la eficacia y la eficiencia en la gestión”, fueron las palabras exactas de la diputada según se recoge en el libro de sesiones de aquella jornada.

“Pasa desapercibida esta reforma, pero es clave. Parece que estamos siempre en una batalla entre el PP, que quiere privatizarlo todo, y el PSOE, que defiende lo público, cuando la realidad ha demostrado que están de acuerdo a la hora de recortar en gastos sociales”, en sus propios términos.

El mencionado texto de un único artículo reza en su tercer apartado que “la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”. Una redacción a la que Maestro también alude: “Ojo con eso de «sociosanitarios», porque ya estamos viendo lo que pasa en las residencias, donde los mayores únicamente son productos con los que ganar dinero.

“Junto a Julio Anguita, recientemente fallecido, hicimos una declaración pública en la que advertimos que se planteaba el copago de los medicamentos para los pensionistas y otras cuestiones que ya llegaron a ser realidad. Tuvo tanta repercusión que incluso CCOO y UGT amenazaron con una huelga general”, relata la antigua diputada, por lo que el informe se guardó en un cajón.

Movilizaciones de Izquierda Unida contra la privatización de la sanidad (1997)

Cuatro años después de que se efectuara la transferencia de las competencias en sanidad a todas las comunidades autónomas en el último consejo de ministros de 2001, surgió CAS. La Coordinadora consiguió, tras cientos de charlas por los pueblos y barrios de Madrid, crear un poso social que se vio reflejado en 2007 al juntar a 40.000 personas en la calle reclamando la derogación de la ley 15/97. “A partir de ahí empezamos a recoger firmas para que la gente viera que la privatización de Aguirre respondía a un acuerdo entre PP y PSOE. Cuando llegamos a las 400.000, las entregamos al Congreso y una persona del PSOE se entrevistó con nosotros. Lo único que nos dijo es que nos olvidáramos de esa ley porque se trataba de un asunto de Estado y nunca se iba a derogar”, relata Liébana.

La solución no se centra en financiar con más y más dinero la sanidad pública, sino en protegerla de la intromisión de entidades privadas que quieren lucrarse con ella, parafraseando a Maestro  “Si ahora el PSOE habla de blindar la sanidad pública aumentando el gasto sanitario, se está volviendo a confundir, porque mientras la privada siga dentro como un parásito, nada surtirá efecto”, en los propios términos de la exdiputada de IU y médica de formación, especialista en salud pública y medicina preventiva.

La lucha constante que venían realizando desde CAS años atrás tuvo un reflejo en las mareas blancas que inundaron España en contra de la privatización de la sanidad. Carmen Esbrí, portavoz de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, explica la dinámica que se llevó a cabo: “Quitaron camas, redujeron personal y provocaron listas de espera. Después, utilizaban este argumento para decir que lo público es lo malo porque no funciona, y lo privado lo bueno, así que terminamos financiando con dinero público a unos empresarios que ven aumentada su riqueza y que encima, muchos de ellos, son fondos buitre, por lo que sus ingresos no se quedan en España”.

De hecho, un año después de empezar a constituirse las mareas blancas en 2012, los Presupuestos Generales del Estado marcaron la menor cifra destinada a sanidad, dejándola en 61.702 millones de euros, cuando se venía de 69.400 en 2010. Los datos más actualizados responden al ejercicio de 2018, en los que se invirtieron desde el Estado 71.145 millones de euros, de los cuales un 11,1% se destinaron a “los gastos en compras al sector privado a través de conciertos”, según explicita el informe del Ministerio de Sanidad.

“Es una estafa en toda índole, un robo manifiesto, vieron la sanidad como una oportunidad de negocio y no les importa nada lo público, porque centran todo en el mercado y lo único que han hecho es poner en venta nuestra salud”, incide la propia Esbrí. De esta forma, las mareas blancas también se posicionan contra la ley 15/97 y la reforma constitucional del artículo 135: “Demandamos un proceso de desprivatización. No tiene que ser tan difícil, tan solo es un problema de gestión y de enfoque, pero para este cambio debe haber políticos que realmente sean éticos y respondan a las directrices que marca la ciudadanía, en teoría la soberana del país”, reflexiona la activista.

A su vez, Maestro realiza un ejercicio colectivo al pensar más allá del personal sanitario y reflejar la realidad que sufren todos los trabajadores que conforman los servicios del hospital, recalcando que “la privatización a trozos, de servicio en servicio, ha hecho que, por ejemplo, se recorte en personal de limpieza, cuando es algo esencial”. “Antes, los profesionales de la limpieza eran funcionarios públicos y gente formada al respecto, algo que no sucede en estos momentos por la laxitud del control por parte de las Consejerías con las empresas privadas. Es ahora cuando vemos que estas decisiones de recortar en plantilla y hacer unos contratos precarios redundan en la salud de las personas, porque la limpieza de un hospital es clave. Por eso, desde que esto sucede las infecciones dentro de los centros se dispararon y hoy son la principal causa de muerte hospitalaria”, incide la antigua parlamentaria.

Nines Maestro, de CAS Madrid (Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad) y de Red Roja intervino de forma magistral en las jornadas organizadas por CUP-Sanitat el pasado fin de semana denunciando la aniquilación de la sanidad pública y la penetración masiva de la empresa privada. Repasa el inicio de la crisis y cómo se ha transformado en austericidio, repagos, chantaje a los profesionales del sector y no se olvida del nefasto papel de la industria farmacéutica, del Gobierno y de la Troika con la vergonzosa modificación de la Constitución, y la imposición de una Deuda absolutamente impropia e impagable. En la foto con Antón Saavedra y Vicente Gutierrez Solís en El Mazucu (Setiembre de 2019).

Desde el punto de vista de la antigua parlamentaria de Izquierda Unida, “ahora es buena ocasión para derogar la ley, pero hay que movilizarse”. “Nunca como ahora la gente ha sido tan consciente del valor de la sanidad pública, y de que no puede estar sometida a criterios del mercado o beneficios empresariales”.

Nuestra sanidad pública se enfrenta a la pandemia del coronavirus tras años de recortes, privatizaciones y erosión de los derechos laborales. Pedimos que España destine a la sanidad pública el 7% del PIB, la media europea.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República