A los 90 días de confinamiento debido al estado de alarma decretado en el país, cuando el gobierno acaba de anunciar la nueva normalidad tras el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, 10 de junio, sobre las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, el cual será aplicado en toda España cuando finalice el estado de alarma, el 21 de junio, aunque los territorios que superen la Fase 3 antes del fin del estado de alarma estarán automáticamente en la llamada nueva normalidad.
Una de las medidas que figuran en el decreto será el uso obligatorio de mascarillas para las personas de seis años en adelante en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros, quedando exentas las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla. Así como, en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre.
Serán obligatorias también en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. La venta unitaria de mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas individualmente sólo se podrá realizar en las oficinas de farmacia garantizando unas condiciones de higiene adecuadas que salvaguarden la calidad del producto.
Es decir, del “No hay mascarillas. Tampoco hacen falta» de los inicios del coronavirus en nuestro país, hemos pasado al uso obligatorio y fundamental de lucha contra el covid-19 en esta nueva normalidad decretada por el gobierno.
Pese a los consejos recomendados en su día por la OMS de recurrir a ella únicamente en casos de contacto directo con el coronavirus, el pánico provocado fue tal, que las farmacias españolas triplicaron sus ventas de mascarillas en enero, facturando casi un millón de euros, según un informe de la consultora de salud Iqvia. En febrero, la cosa fue a más: su demanda creció un 8.000 por ciento respecto al año anterior. Casi nadie se escapa al negocio del pánico. Convivir con caras semitapadas será, por tanto, uno de los símbolos visuales de la nueva normalidad.
Un fenómeno que conjuga la necesidad de protección frente a pandemias y las consecuencias de la emergencia climática, su uso como estrategia de defensa en las cada vez más presentes protestas globales. En Barcelona, por ejemplo, llegaron a agotarse en las tiendas durante los disturbios por la sentencia del Procés, y como extensión del propio mercado, dispuesto a convertir en apetecible producto de consumo y a la moda a todos esos miedos, angustias y fobias sociales que marcan nuestros tiempos. También, en consecuencia, como marcador de estatus social, ya se venden mascarillas con diseños personalizados a todo lujo, según sean mascarillas para los ricos o para gente normal.
En efecto, el gobierno ha decretado el uso obligatorio de mascarillas en la nueva normalidad, pero no dice que el mayor beneficiario será el propio Estado que recaudará más de 50 millones de euros a la semana por el IVA ya que, a pesar de ser un bien de primera necesidad, este artículo tiene un Impuesto del Valor Añadido del 21 por ciento y no del 10 por ciento como le correspondería.
De esta manera, una persona gastaría 27 euros al mes para cumplir si quiere recurrir a las mascarillas higiénicas. Si compra mascarillas quirúrgicas el gasto asciende hasta 29 euros. Es decir, el gran beneficiado es el Estado ya que se va necesitar un suministro semanal de unos 200 millones de mascarillas y recaudaría así esos más de 50 millones de euros semanales.
Me cuesta trabajo entender como siendo las mascarillas un producto considerado como primordial para luchar contra la cadena de contagio del virus, sin embargo, se le “castiga” vía impuestos al consumidor mediante el IVA, de tal manera que el precio va aumentando por toda la cadena de distribución, desde el fabricante a la farmacia o lugar de venta, porque ya se venden hasta en los supermercados y en el estraperlo.
La realidad es que, apenas hemos entrado en esta llamada nueva normalidad todavía parece que no hayamos asimilado el término pandemia. Estamos todos tan enredados en el laberinto de las fases de la desescalada, tan sumidos en una competencia entre las distintas comunidades autónomas, según sean de un partido político u otro, tan absortos en si televisan o no el partido de fútbol o si nos abren la terraza o la barra del bar del barrio, que nos estamos olvidando de lo que es una pandemia de carácter mundial, donde el bicho recorre el mundo sin preocuparse de nuestros perjuicios identitarios o nuestras fronteras inviolables, de tal manera que nuestro regreso a la normalidad no es más que un espejismo, si tenemos en cuenta que la pandemia está creciendo al mayor ritmo que se ha registrado desde su origen, con más de 100.000 casos nuevos al día en el mundo.
Marcelo Palacios Alonso, nació el 21 de agosto de 1934 en Candás, en el Principado de Asturias. Tras cursar sus estudios de Bachillerato, realizó su vocación estudiando medicina en Madrid. Se inició en la ginecología, pero pronto decidió especializarse en cirugía general, traumatología y ortopedia en la República Federal de Alemania, Suecia y Suiza, a lo largo de siete años (19621968). Desde su regreso al país, reside en Gijón. Ahí asumió la responsabilidad de jefe del Servicio de Accidentes en el Hospital de Jove, desde 1969 hasta 1971, y del Servicio de Quemados Graves y Cirugía Plástica, que creó. Desde 1979 hasta 1983 fue Vicealcalde del Ayuntamiento de Gijón y presidente de la Comisión de Sanidad. Diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados (1982-1996).
A modo de reflexión – esto es un diario no un vademécum ni mucho menos – recojo literalmente las afirmaciones en el diario El Comercio (12 de junio de 2020) del doctor Marcelo Palacios, presidente del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) cuestionando el uso de las mascarillas, ahora de uso obligatorio en los espacios públicos para la prevención de la trasmisión del coronavirus, diciendo que “tiene ventajas e inconvenientes”. Entre otras cuestiones expuestas por este SOCIALISTA y exdiputado del PSOE, por el que me tocó hacer campaña electoral para llevarlo al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 1982, se refirió en su charla a la reducción de la capacidad respiratoria durante su uso porque “se crea un espacio estanco entre la mascarilla y el rostro”, siguiendo con sus explicaciones científicas de las que me son imposibles trasladaros en su contenido científico por desconocimiento profesional, quedándome con sus conclusiones manifestadas literalmente de que “mientras tanto, se respira el dióxido de carbono que desecha el cuerpo en los procesos de respiración”.
Hospital de Basurto en Bilbao (12 de junio de 2020)
Siguiendo en esa nueva normalidad, donde podemos seguir pensando que todo ha pasado, ayer jueves, 11 de junio, el bicho ha hecho acto de presencia en los hospitales del País Vasco, en Basurto (Bilbao) y Txagorritxu (Vitoria), ocasionando tres muertos y 36 contagios – en Basurto, donde ha habido dos defunciones, se han infectado 11 sanitarios, 11 pacientes y siete visitantes y en Txagorritxu, con un fallecido, han dado positivo tres pacientes, un profesional sanitario y tres personas que visitaron a sus familiares -, que han obligado a los Ejecutivos cántabro y asturiano a descartar la posibilidad de abrir un corredor entre Euskadi y Galicia que permitiera la movilidad de sus ciudadanos a partir del 15 de junio. Esto significa que los rebrotes se pueden producir en cualquier lugar del país. Así lo ha admitido el mismísimo ministro filósofo de Sanidad, Salvador Illa, en su comparecencia de los jueves en el Congreso de los Diputados, aunque, visto lo visto y padecido, cualquier se fía de estos personajes.
Ahora mismo, cuando son las 19,00 horas, me asomo al panel del ministerio de Sanidad que nos informa de que existen 25 muertos por coronavirus en la última semana, pero la cifra total sigue “congelada” en 27.136 como en estos días de atrás. En lo referido al número de infectados durante las últimas 24 horas, 155 personas contagiadas han sido diagnosticadas por PCR, observando un leve descenso con respecto a este jueves cuando fueron 156, contabilizando un total de 243.209 personas infectadas desde la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer este viernes el nuevo mapa de la desescalada. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que Galicia entrará el próximo lunes en la llamada nueva normalidad, siendo la primera comunidad que lo haga. Castilla y León echan el freno y deja cuatro provincias en fase 2 (Ávila, Segovia, Soria y Salamanca), al igual que Madrid, Barcelona y Lleida. Avanzarán a la fase 3 la Comunidad Valenciana, cinco provincias en Castilla y León, el resto de Cataluña (Girona y Cataluña Central), Albacete, Toledo, Ciudad Real y Ceuta. De esta manera, el ministro de Sanidad ha explicado que más del 70% de los españoles estarán el próximo lunes en fase 3.
Por otra parte, también ha informado de que mantiene el 1 de julio como fecha para la apertura de fronteras con el resto de Europa, con la excepción del corredor turístico seguro con Baleares a partir del 15 de junio. La Unión Europea había sugerido que se reabriesen las fronteras internas a partir del 15 de este mes.
Salvador Illa, ministro de Sanidad, y Fernando Simón, director del CCAES (12 de junio de 2020).
Hace unos días, el doctor político Fernando Simón afirmaba que los problemas, inconsistencias e incongruencias en las cifras que el ministerio de Sanidad venía proporcionando sobre el covid-19 eran “normales” en situaciones de epidemia. Es posible, pienso yo, que él mismo esté acostumbrado después de sus experiencias en Burundi, pero esa respuesta me parece totalmente inaceptable en un país desarrollado en el siglo XXI, sobre todo, cuando esta pandemia tiene demasiado que ver con el G5. De hecho, esa respuesta, sin entrar en más valoraciones sobre las cifras oficiales y reales, permite interpretar cómo se ha venido tratando la pandemia desde el gobierno y las catastróficas consecuencias que ha causado ese tratamiento.
Este país, vuelvo a repetir, no es Burundi ni Somalia. Aquí se dispone de grandes recursos sanitarios, de grandes posibilidades de control en la información insospechadas hasta la fecha, de test de diagnóstico rápidos, de investigación médica de respuesta casi inmediata, de una población con un alto nivel educativo. La gestión de los datos resulta especialmente llamativa, pudiendo distinguir entre los datos referidos a personas, y los datos referidos, en ambos casos deplorables.
Es verdad que una pandemia varía mucho entre los distintos países que la sufren, pero no es menos cierto que la mortalidad sufrida por Corea del Sur, Alemania o Portugal es muy inferior a la de España, Francia, Reino Unido o EE.UU. suponiendo datos comparables. ¿Será que alguno de los diferentes tipos de sistema sanitario ha garantizado menos contagios y muertes? Pienso que no, sino que principalmente se debe a la preparación y planificación de los servicios de salud pública, esto es planificar y desplegar como primera línea de defensa la epidemiología y la prevención, orientadas a evitar el contagio, mediante detección temprana de casos y análisis entre otras acciones, pienso yo. Desde ese punto de vista, el fortalecimiento de nuestro sistema público de sanidad debe de ser nuestro objetivo prioritario para evitar los contagios y las muerte, sin olvidarnos de la estructura asistencial, que no deja de ser poderosa, como han demostrado nuestros sanitarios en unas condiciones precarias y carentes de medios suficientes para realizar sus tareas, a la vez que integrando en el mismo a nuestros viejos residentes en geriátricos, hoy por hoy, en su mayoría abandonados en los pretanatorios repartidos por el territorio español.