14 de junio

Habiendo transcurrido 92 días de mi confinamiento, con el bicho cansado de tanto viajar por el mundo produciendo una auténtica masacre – lo que no quiere decir que pueda estar cogiendo fuerzas para volver a sus andanzas criminales -, creo que es el momento para poner sobre la mesa la verdad de lo que se sabe con la aportación de todo tipo de testimonios, informes y documentos.

En primer lugar quiero dejar muy claro que,  tres cojones me importa que la fecha del 19 de febrero, más de 3.000 valencianistas viajaran a Italia para asistir al partido de la champions league entre el Atalanta y el Valencia jugado en Milán, uno de los focos del contagio de la covid-19 en Europa; que la fecha del  8 de marzo se celebrase en Madrid el día de la Mujer Trabajadora y el congreso de VOX con la asistencia de 9.000 individuos en el palacio madrileño de Vistalegre, entre otros actos multitudinarios; o que el 11 de marzo más de 3.000 madrileños acompañaran al Atlético de Madrid para jugar su partido de champions league contra el Liverpool en Inglaterra a pesar de las recomendaciones del gobierno que, por su interés, reproducimos literalmente: “No se recomienda el movimiento que no responda a razones inaplazables de madrileños fuera de su comunidad y esto afecta a la salida a otro país. Esta medida guarda coherencia con las adoptadas en relación con los vuelos procedentes de Italia. No atender esta solicitud se considerará una decisión al margen de las evidencias científicas aplicables para situaciones como la que sufre Madrid, de “medidas de contención reforzada”. “No atender esta recomendación sería considerada una decisión irresponsable”.

Las consecuencias dramáticas del brote del coronavirus en Italia aumentan los remordimientos entre el mundo político y deportivo italiano por la disputa del partido de Liga de Campeones de fútbol del pasado 19 de febrero entre Atalanta y Valencia, que reunió a 45.000 espectadores, entre ellos más de 2.000 valencianistas, en el estadio San Siro milanés.

La cruda realidad es que, mientras las cifras del ministerio de Sanidad considera que al día de hoy, 14 de junio, son 243.928 personas infectadas y 27.136 muertos,  un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) con el título de “Una estimación rápida del número de infectados por COVID-19 en España a partir de fuentes indirectas” ya estimaba en la fecha del 28 de abril que el total de españoles contagiados ascendía  a 1,2 millones de personas, lo que significa el 2,6 % de la población, mientras que elevaba a 34.393 los fallecidos hasta el 26 de abril, cuando el ministerio de sanidad solo contabilizaba ese día 23.190 muertos, de los cuales un 14,5 % son ancianos con más de 80 años .

El ministro Marlaska, la vicepresidentas del Gobierno, Carmen Calvo y otras ministras en la manifestación de el Día de la Mujer Trabajadora en Madrid, el 8 de marzo de 2020.

En el informe, los investigadores consideran que, puesto que la serie refleja sólo los diagnósticos positivos, generalmente a través de pruebas PCR, «deja fuera a una parte seguramente importante de los infectados, incluyendo a los asintomáticos y a aquellos con síntomas leves que no han acudido al sistema sanitario». No obstante, en el mismo informe deja muy claro que la incidencia real del virus solo se conocerá una vez se complete «el estudio de seroprevalencia del coronavirus en una muestra representativa de la población española y de las comunidades que actualmente se está poniendo en marcha».

La realidad de los hechos que verdaderamente importan a la hora de buscar las causas y sus correspondientes responsabilidades políticas y penales de tal masacre humana es que el primer fallecido por coronavirus en España fue un hombre de 69 años que había viajado a Nepal y que murió en la UCI del hospital Arnau de Vilanova (Valencia) el 13 de febrero, aunque la causa de su muerte no se conoció hasta el 3 de marzo. Uno de los médicos que le atendió solicitó durante los 15 días siguientes al fallecimiento hacer la prueba del coronavirus a las muestras tomadas al enfermo. Pero la Generalitat valenciana lo rechazó porque no cumplía los criterios de Sanidad: el paciente no había viajado a Wuhan (China) en los 14 días anteriores al inicio de síntomas.

El municipio catalán de Igualada sería el primer municipio confinado, dos días antes de que el Gobierno declarara el estado de alarma, y Madrid resultaría la comunidad más castigada y, sin embargo, fue de las últimas en incorporarse a la lista de territorios con casos de coronavirus. En el hospital de Torrejón de Ardoz, donde se detectó un foco de transmisión comunitaria, hubo pacientes diagnosticados el 27 de febrero que llevaban ingresados desde el 15 del mismo mes.

Estos casos demuestran que España no combatió con profesionalidad científica, tal como asegura el gobierno en sus comparecencias, la propagación del virus durante las primeras semanas de febrero hasta que se topó con una oleada de contagios fuera de control. Es decir, el agujero por donde se coló el virus lo abrió una decisión sanitaria tomada en enero. Entonces se pensaba que el SARS-CoV-2 no iba a ser tan contagioso, que todos los infectados iban a desarrollar síntomas y que, al igual que con el primer virus SARS de 2002 o con el virus MERS de 2012, el mundo iba a poder frenar al patógeno.

Por todo lo anterior, el Ministerio de Sanidad decidió adoptar el 24 de enero una definición de caso – los criterios que debe cumplir un enfermo para hacerle las pruebas – muy estrecha. Solo se investigarían los casos de pacientes que hubieran estado en Wuhan (China) o en contacto con personas diagnosticadas de covid-19. Sin embargo, entre el fallecimiento de Valencia y el brote de Igualada, Italia descubrió el 21 de febrero que el virus circulaba sin control por el norte del país. Este es el punto de inflexión que marca en Europa el inicio de una epidemia causante de casi 200.000 muertes en el continente y cerca de 500.000 en el mundo, afectando a un total de 195 países en todo el planeta con 8 millones de personas infectadas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia internacional el 30 de enero, el máximo nivel de alerta del Reglamento Sanitario Internacional, pero el virus sorprendió a la mayoría de gobiernos, sistemas de salud y expertos. “Es evidente que los países, entre ellos España, tendrán que hacer una auditoría independiente para extraer lecciones de lo ocurrido y evitar que algo así vuelva a pasar”, afirma Pedro Alonso, director de Malaria de la OMS. De hecho, Suecia, el país, junto con Portugal, que menos muertos e infectados tiene de Europa, ya ha anunciado una comisión de investigación tras una gestión de la crisis muy controvertida. Algo parecido habría que hacer en España cuando, al contrario que Suecia y Portugal, ocupamos un lugar de medalla en el ranking de muertos e infectados, aunque mucho me temo que nada se hará, teniendo en cuenta el nivel de crispación y enfrentamiento guerra civilista alcanzado entre los “unos” y los “otros”, cuando los “unos” y los “otros”, tirándose los muertos a la cara, pensando exclusivamente en la rentabilidad electoralista, tienen el mismo grado de irresponsabilidad en la catástrofe de la covid-19.

“¿Usted va a perseverar en la bronca o va a tomar el camino de la unidad?”, interpela Sánchez a Casado, quien reprochaba al Ejecutivo de “recuperar la mesa por la autodeterminación y pactar con Bildu la derogación de la reforma laboral”. Por su parte, Pedro Sánchez ha señalado que el Gobierno “se ha valido del estado de alarma” y se han salvado “450.000 vidas, según un estudio independiente”. “Qué ha hecho usted esta semana? Frente común con la ultraderecha para derrocar al Gobierno. Si elige unidad, aquí está el Gobierno”.

Los “unos” por tener responsabilidades de gobierno y los “otros” – los de la oposición -, por no haber presentado una sola iniciativa parlamentaria exigiendo al gobierno lo que sabían, porque, no nos engañemos, todo dios sabía perfectamente lo que había, incluidas, por supuesto, todas las comunidades autónomas que tienen el cien por cien de todas las competencias sanitarias transferidas, sin haber movido el culo de las poltronas para decir lo que estaba ocurriendo, aunque sí para enchufar a sus familiares y amiguetes en las instituciones sanitarias. Pienso que es totalmente necesario porque nos jugamos mucho y de los errores se suele aprender mucho para evitar situaciones que se pueden reproducir en cualquier momento, sobre todo de cara a mejorar nuestro sistema público sanitario.

Abundando más en el tema, con fecha 23 de febrero, la Junta Directiva de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica tomó la iniciativa para solicitar cambios en los protocolos de detección del coronavirus en una carta al ministerio de Sanidad, entre otras cuestiones porque los expertos de la Sociedad consideraban que, tras las experiencias de Italia, Canadá e Israel, podrían existir en España casos de personas “sintomáticas o asintomáticas” no detectados. También proponen utilizar la red de vigilancia de gripe para “monitorizar la circulación de SARS-CoV-2 realizando la PCR en aquellos pacientes con cuadro gripal en los que, seleccionados por los médicos centinela, no se identifique ningún otro patógeno en las determinaciones microbiológicas habituales”.

Portada de EL PAIS donde ya anunciaba que la epidemia empezaba a desbordar las emergencias (28-02-2020)

La Comunidad de Madrid se convirtió muy pronto en el principal foco de infección del coronavirus. Sin embargo, no detectó su primer enfermo de covid-19 hasta el 25 de febrero. Las pruebas permitieron descubrir hasta nueve casos en apenas tres días en el hospital de Torrejón de Ardoz. Algunos correspondían a pacientes que llevaban ingresados desde el 15 de febrero, pero no se les hizo la prueba hasta 10 días después porque carecían de vínculos con Wuhan.

El Ministerio de Sanidad recogió en un informe del 2 de marzo una realidad preocupante: “En los últimos días se han confirmado alrededor de 10 casos de covid-19 en personas sin vínculo conocido ni antecedente de viaje a zonas con transmisión comunitaria conocida del virus. Estos se han detectado en zonas muy concretas de cuatro comunidades: Madrid (foco en Torrejón de Ardoz), Andalucía (foco en torno a Marbella-Málaga), Castilla-La Mancha (en Guadalajara) y País Vasco (en una zona de Vitoria). Procede por tanto definir las zonas en las que se sospecha esta transmisión comunitaria y establecer una vigilancia intensificada en las mismas”.

Sanidad tenía dos opciones ante esta situación: asumir la existencia de transmisión comunitaria del virus y tomar medidas drásticas o seguir tratando de encontrar el vínculo de todos los casos. Los responsables de Salud Pública eligieron lo segundo, algo que para muchos especialistas retrasó al menos una semana la respuesta global a la epidemia.

Sanidad insiste en mantener el escenario de contención de la epidemia, en el que todos los casos aún pueden ser identificados, aislados y sus contactos rastreados. “Se sigue insistiendo en no asumir que la transmisión ya es comunitaria. Tampoco se tiene en cuenta que la literatura científica ya recoge muchos episodios de transmisión del virus por parte de casos asintomáticos, lo que hace inútil esta estrategia. La única vía pasaría por reforzar a los hospitales ante la avalancha que se avecina, pero ya no se está a tiempo. No hay un plan de compras hasta el día 10 de marzo, cuando el Gobierno reforma la ley para poder centralizar adquisiciones de material, y es inútil. Los sanitarios ya se están contagiando y en pocos días los hospitales se convertirán en uno de los mayores focos de infección”, señala un médico que padeció la situación.

Los servicios de microbiología no recibieron tras la alarma de Italia ninguna instrucción para comprar más material de diagnóstico para hacer las PCR caseras, aunque lo que está ocurriendo en Italia les cambia la cara a todos. Un portavoz del Ministerio de Sanidad admite que la predicción de que se iban a producir pocos casos en España fue errónea, aunque recuerda que fue hecha a finales de enero cuando el “riesgo provenía de un solo país, China”. “Con las medidas que se habían puesto en marcha y la vigilancia activa, la sensación era que el inicio de la epidemia en Europa iba a ser mucho más progresivo y que se iba a poder controlar”, prosigue este portavoz. Sanidad considera que la definición inicial de caso era la adecuada hasta que todo cambió “cuando la epidemia explotó” en Italia.

La falta de material para hacer las pruebas diagnósticas dificultó también la respuesta de España al virus, según Sanidad. “Algunos países europeos fabricantes pasaron a controlar la producción para garantizar primero su abastecimiento. España trató de solucionar el problema aumentando la producción local, aunque esto llevó un tiempo. Fue algo común en los países, salvo los productores”, asegura el ministerio.

El ministerio sostiene que las palabras del jefe científico del ECDC, Mike Catchpole, en las que vaticinaba el 24 de febrero que era “cuestión de semanas” que la transmisión comunitaria fuera un hecho en los países europeos eran compartidas por todos. “Pero estas son medidas con un elevado coste social y económico. Hay que valorar el coste-beneficio. No se pueden adoptar hasta tener todas las notificaciones, no valen hipótesis. Y las informaciones que teníamos el 9 de marzo eran que la transmisión comunitaria descontrolada solo se daba en dos zonas. Una era Madrid y la otra era la del brote en Vitoria y La Rioja, con ramificaciones que llegan hasta Miranda de Ebro (Burgos). Eran las dos únicas zonas de España donde esto sucedía, en el resto no, así que cualquier posición debía tomarse con mucho cuidado…”, sigue Sanidad, que recuerda que la escalada de medidas fue creciendo hasta el estado de alarma a medida que iba llegando más información sobre el virus. Los tres protocolos del Ministerio de Sanidad, titulados “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (2019-nCov)”, inspirados en las recomendaciones del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) y emitidos, respectivamente, el 24 y el 31 de enero y el 19 de febrero, impidieron hacer pruebas para detectar el coronavirus a enfermos con neumonía que no hubieran estado previamente en Wuhan (China).

En el cuarto protocolo, fechado el 25 de febrero, se incluyó la cláusula que permitía hacer test a “cualquier persona que se encuentre hospitalizada por una infección respiratoria aguda con criterios de gravedad (neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo, fallo multiorgánico, shock séptico, ingreso en UCI, o fallecimiento) en la que se hayan descartado otras posibles etiologías infecciosas”. Ese fue el problema principal para detectar casos de transmisión local (sin vínculo conocido con las zonas de riesgo) antes de que estuvieran fuera de control. Todos los expertos consultados consideran la incapacidad del sistema sanitario para identificar y diagnosticar los casos de coronavirus en febrero y principios de marzo como la principal explicación de las enormes dimensiones que adquiriría la epidemia en España. “La infranotificación fue muy importante”, admite Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), que considera que esto “impidió tomar a tiempo medidas que protegieran a los colectivos más vulnerables, como los mayores que viven en residencias”. A partir de aquí, los unos y los otros, pueden seguir tirándose los muertos a la cara, insultándose, llamándose terroristas y golpistas, unos a los otros.

Pedro Sánchez en una de sus ruedas de prensa sin periodistas y con las preguntas filtradas previamente

Los “unos”, es decir,  el gobierno puede seguir untando a las televisiones privadas con 15 millones de euros tratando de justificarlos como compensación por la caída de ingresos publicitarios por el coronavirus (Decreto Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 marzo); puede seguir pagando a esos periodistas y tertulianos de “a tanto la línea” o “a tanto la palabra” – ya se sabe que el periodismo español está en crisis y el hundimiento de su prestigio e imagen solo es comparable al de los políticos, todavía más intenso, donde cientos de  periodistas españoles han renunciado a la independencia crítica y abandonado el servicio a la verdad para tomar partido, dejando de ser  periodistas para convertirse en comisarios políticos y en miembros de la odiosa “policía del pensamiento”-; pueden seguir abriendo sus más de trescientas cuentas fake en las distintas redes sociales para atacar a cualquier ciudadano que no les baile el agua; y puede seguir el presidente del gobierno leyendo sus homilías sabatinas y dominicales por el teleprónter, seguidas de sus  interminables ruedas de prensa, hasta 390 turnos de preguntas atendidos desde el pasado 12 de marzo, sin periodistas delante y con todas las  preguntas filtradas previamente. Los “otros” – la oposición carroñera – también pueden seguir con sus cuentas fake en las redes sociales para atacar al gobierno, creando todo tipo de bulos y mentiras; pueden seguir pagando a sus conocidos tertulianos y tertulianas en los distintos programas televisivos de la Ana Rosa Quintana y cía; pueden seguir pagando a esos otros periodistas de “a tanto la línea”, como los Inda, Losantos, Herrera o Marhuenda, aunque algunos de ellos tengan que ser cesados por los propios diarios, como ocurrió recientemente con Javier Negre, despedido de El Mundo por sus loas a la gestión del coronavirus en la localidad madrileña, aunque él siga diciendo que su despido se debe a “sus críticas de la publicidad institucional del Gobierno, una publicidad engañosa».

En fin, unos políticos y políticas que nos vienen ofreciendo todo un recital de incompetencia e irresponsabilidad en la gestión de la pandemia hasta el extremo de que se quieren meter a la trena los “unos” a los “otros” mientras autorizaban, en unos casos, que los infectados mayores señalados en rojo fueran derivados a cuidados paliativos para descabellarles con morfina y, en otros, convirtieran los pretanatorios en campos de concentración, con señales al estilo de los nazis que marcaban en rojo, azul y rosa a los rojos, judíos, gitanos y homosexuales.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.