18 de junio

Hoy jueves, cuando se cumplen 96 días del confinamiento por el estado de alarma, me levanto con la advertencia del gobierno de que se podría volver a activar el estado de alarma si hubiera «un rebrote que no pudiese ser controlado sin controlar la movilidad en todo el territorio», poniendo incluso sobre la mesa el tema del confinamiento selectivo, aunque respetando lo que decidan las comunidades: “Veremos si es necesario el confinamiento, a quién le toca decretarlo y en qué condiciones», adelantó el ministro de Sanidad..

Tal y como si estuviesen sincronizados los medios de comunicación del Estado español, todos ellos dedicaban ayer miércoles un lugar central al rebrote de coronavirus detectado en la ciudad china de Pekín, presentándolo como el mayor peligro para el control de la pandemia.

En el tratamiento de la noticia se volvían a reproducir los tópicos con los que se despachaban estos medios con respecto a la nación asiática allá por el mes de enero, cuando los países occidentales ignoraron las advertencias de las autoridades chinas y desperdiciaron el tiempo que las medidas de contención del virus impuestas por éstas le dieron para poder adelantarse a lo que estaba por llegar.

“En el rebrote de Pekin se han constatado hasta el momento 106 infectados… y sus autoridades califican la situación como grave.  En España, solo este miércoles, se han detectado 141 nuevos contagios, y las autoridades dicen que hemos entrado en la nueva normalidad, con la apertura de nuestras fronteras y sin controles efectivos contra los contagios”

Es decir, los mismos medios de comunicación que siguen siendo incapaces de ofrecer una información veraz sobre la gestión de la pandemia en el Estado español, vuelve a acusar a China de mentir y negar a la “comunidad internacional” información real sobre el desarrollo de la enfermedad, con titulares en los que se habla de un rebrote chino “fuera de control”.

Y es que los medios del autoproclamado “mundo libre” son especialistas en señalar cualquier tipo de paja en los ojos de los competidores económicos, al mismo tiempo que se esfuerzan por ocultar las mayores vigas en los propios.  De otra manera, sería imposible explicarse la manera en la que estos medios combinan su desmedida preocupación por el rebrote chino, mientras ignoran los datos, éstos sí verdaderamente preocupantes, sobre los rebrotes que se están produciendo en nuestro país y en Alemania

Según Wu Zunyou, jefe de epidemiólogos del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, el nuevo brote de coronavirus “está controlado”. Con esas palabras exactas el experto ha animado a una ciudad preocupada por convertirse en el nuevo epicentro de una gran ola de contagios. “En los próximos días seguiremos viendo nuevos casos confirmados, pero la transmisión del virus está bajo control, con lo que la curva se irá aplanando poco a poco”, ha explicado esta tarde Wu en una rueda de prensa en Pekín.

Efectivamente, en el rebrote de Pekin se han constatado hasta el momento un total de 106 infectados en los últimos cinco días, pero la respuesta de las autoridades chinas ha sido inmediata. Tras calificar el hecho como “extremadamente grave”, han procedido al aislamiento de miles de personas, cerrando todos los centros escolares, suspendido los vuelos interprovinciales y prohibido los viajes en grupo transprovinciales, realizando en solo tres días más de 76.000 test para trazar los posibles contactos de los afectados hasta llegar a controlar a 200.000 personas, con la ayuda de aplicaciones de teléfonos móviles.

En la ciudad alemana de Gütersloh sus autoridades han detectado un fuerte brote de coronavirus en un matadero y una fábrica de productos cárnicos, donde hay más de 650 infectados entre el millar de empleados de la empresa. Este brote se suma a otro en el popular barrio berlinés de Neukölln, procediendo de inmediato por parte de las autoridades sanitarias de la capital alemana al confinamiento domiciliario de los 369 hogares que componen una gran manzana de viviendas, en los que se presumen hasta diez habitantes por piso, aunque se desconoce el censo exacto.

Las muertes causadas por el coronavirus en España con fecha en los últimos siete días se han alzado este jueves hasta las 52, 22 más que las que se conocían el miércoles, después de que la Comunidad de Madrid y Castilla y León hayan incorporado varios decesos de golpe al registro. Concretamente, Madrid ha notificado 18 muertes más que el miércoles y Castilla y León, nueve. El total de fallecidos sigue, un día más, congelado en 27.136.

En España, el ministerio que dirige el filósofo Salvador Illa ha registrado 52 fallecidos por coronavirus en la última semana, mientras que este miércoles esta cifra era de 30 decesos. Sanidad continúa sin actualizar el total de decesos desde el pasado 7 de junio, momento en el que fijó el montante de fallecidos en 27.136. Ya van 11 días sin que el número cambie a pesar de que sí se añaden nuevas muertes en el recuento semanal.

Además de las muertes en la última semana, también se han elevado respecto a ayer el número de contagios en el último día, pasando de 141 a 143. La cifra de este miércoles ya supuso un importante repunte, ya que el día anterior apenas se contabilizaron 76 nuevos casos, de tal manera que el total de casos se eleva entre ayer y hoy en 585 más hasta alcanzar los 245.268 infectados.

Sin embargo, este creciente número de contagios, muy superiores a los registrados en Pekin, no ha provocado que las autoridades españolas modifiquen su plan de decretar la llegada de la “nueva normalidad”, a partir del próximo domingo, 21 de junio.

De igual manera que ocurriera en los primeros días de enero cuando” “todo estaba controlado y en nuestro país no iba a superar uno o dos muertos por la covid-19, según declaraciones del mismísimo director del CCAES, Fernando Simón, el director de la OMS en Europa, Hans Henri P. Kluge, ha solicitado que los países del viejo continente deben “estar preparados para el otoño” para combatir el impacto del coronavirus. Así, ha recordado que la COVID-19 “sigue activa” en Europa y que, aunque es importante que la actividad económica se vaya abriendo, también lo es “que las autoridades inviertan en tener un control agresivo, test y un sistema de vigilancia que eviten los costes de un nuevo confinamiento”.

El Gobierno español presentó este jueves un plan de impulso al turismo, con el fin de mantener y mejorar la competitividad y el liderazgo mundial del sector y presentar a España como destino seguro, una vez superados los peores momentos de la pandemia de COVID-19. El turismo, uno de los motores de la economía española, ha sido muy castigado en los últimos meses debido al confinamiento obligado por el coronavirus y al cierre de fronteras.

Ante este panorama, el Gobierno de España y todas las comunidades autónomas se encuentran preocupados, exclusivamente, en ofrecer todo tipo de facilidades a las empresas turísticas, para que miles de visitantes de países donde aún no se ha superado el primer embate de la enfermedad vuelvan a llenar el Estado español desde la mismísima semana que viene, hasta el punto de que hoy mismo, el Gobierno acaba de anunciar su plan de apoyo al turismo, que inyectará 4.262 millones de euros a un sector que ha sufrido mucho los tres meses de parón por la pandemia. Además, tardará en salir del atolladero con una temporada de verano que se espera a la baja, especialmente por la pérdida de turistas extranjeros. Por ello, una de las novedades del plan son las ayudas que dará Aena a las aerolíneas para incentivar que llegue el mayor número de viajeros.

El grueso del plan lo componen los 2.500 millones de un tramo preferente para el sector turístico de la línea de avales del ICO para dar “financiación y liquidez” a las empresas del sector. A esta línea del ICO hay que sumar en el apartado de facilidades de financiación y liquidez los 731 millones estimados por la moratoria hipotecaria para el sector y otros 731 millones de fondos para mejorar la competitividad y la digitalización. Todo ello suma 3.962 millones, un 93% de la estrategia presentada.

“Este es un plan de ayuda al turismo imprescindible”, ha destacado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia pública. Sánchez ha explicado de forma sucinta que la estrategia se divide en cinco grandes pilares: afianzar el país como un destino seguro; medidas de apoyo a las empresas del sector; mejorar la competitividad del sector turístico; inteligencia turística, con la creación de un nuevo observatorio, y el uso de todas las herramientas de marketing y promoción para el turismo nacional e internacional.

Y, si aún cabía alguna duda sobre la “seguridad sanitaria” con la que se pondrá en marcha este turismo de masas, el propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se encargaba de dilucidarla este mismo miércoles.

Según reconoció Simón, el Gobierno “no es muy proclive a hacer test masivos de detección de coronavirus en los aeropuertos a los turistas extranjeros”.

Hace escasas fechas, Fernando Simón reconocía que había mentido durante meses al afirmar que las mascarillas “no eran útiles e incluso podía ser contraproducentes” para paliar la transmisión del SARS-Cov 2, admitiendo que lo hizo por la “escasez de material”, a pesar de que las mascarillas de fabricación doméstica pueden desempeñar igualmente una función de protección.

Ahora, sin embargo, el doctor intenta disfrazar nuevamente la decisión gubernamental, marcada por un cálculo económico, asegurando que: “Un test con resultado negativo no implica que la persona no esté infectada, sino que en ese momento no se le ha detectado el virus, por lo que puede dar “falsa seguridad”.

Mención aparte merece la muerte de nuestros viejos pensionistas en los pretanatorios, muchos de ellos llamados geriátricos o residencias de ancianos, tal y como dejé explicado de manera exhaustiva y documentada en varios de mis diarios.

Aunque aquello me causó toda una campaña de críticas e insultos a través de las redes sociales, a veces de quienes menos lo esperaba, poniéndome hasta como un demente que había perdido los papeles, sin embargo, en absoluto me frenó ni un milímetro en mis convicciones, todas ellas perfectamente constatadas por amigos y amigas pertenecientes al sector sanitario.

Se trataba del conocido triaje de guerra, donde se sacrifican las vidas de unas personas en beneficio de otras, tal y como hoy, 18 de junio, el diario El País publica en un detallado informe, acompañado de un vídeo con instrucciones de un jefe médico a su equipo en un hospital de la Comunidad de Madrid donde se revela que a mediados de marzo los sanitarios se prepararon para recibir órdenes políticas negando la cura a personas mayores.

El doctor dice crudamente en la grabación para sorpresa de sus compañeros que en ese momento ya se había excluido de tratamiento a los ancianos provenientes de residencias: “Se les está dando terapia para infección bacteriana y si es un covid, mala suerte”.

El vídeo fue grabado en el hospital Infanta Cristina de Parla, al sur de la capital, como parte de una sesión preparatoria para un escenario inminente de colapso hospitalario, según el informe hecho público por El País. Un portavoz del hospital dice que la sesión tuvo lugar en la segunda o tercera semana de ese mes para preparar al equipo en un momento crítico. El taller de 19 minutos fue grabado para que los compañeros de guardia pudieran conocer una información considerada como “muy importante”.

¿Qué dirán ahora aquellos y aquellas que me insultaron y me calificaron de loco? No obstante, en mis diarios fui más allá de Madrid, ya que el triaje se llevó a la práctica en todas las comunidades autónomas, documentando todas mis informaciones, no solo con el mismo vídeo que hoy aparece en El País, sino con los protocolos decretados al efecto por los distintos gobiernos, incluidas las actas del organismo sanitario de la Unión Europea con la  participación de  todos los países que la integran, incluida, por supuesto, España, representada por el director del CCAES, Fernando Simón, donde se recomendaba el triaje para los momentos que produjese el colapso hospitalario.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que los miembros de las Fuerzas Armadas han encontrado en las residencias de mayores a ancianos muertos en sus camas y ha avisado de que serán “implacables y contundentes” contra este tipo de acciones. “El Ejército ha podido ver ancianos, mayores, absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas”. (Gaceta de Salamanca, 23 de marzo de 2020)

En cualquier caso, me siento satisfecho de poder haber contribuido a buscar soluciones a este gravísimo problema que tantas muertes ha causado por abandono de las personas –por primera vez, ha bajado el gasto mensual que asumen las arcas públicas en pensiones  -, haciendo mías las 10 claves que aparecen publicadas en el digital de Podemos “La Última Hora” para entender lo ocurrido en las residencias de ancianos

• Entre el 40% y 50% de las muertes por coronavirus en Europa han tenido lugar en este tipo de centros, según la Organización Mundial de la Salud. En España, el número de fallecidos en residencias asciende a 20.000 personas, el 71% del total de muertes españolas por COVID-19.

• La mayoría de las defunciones se han producido en la Comunidad de Madrid, las dos Castillas y Cataluña. La suma de las muertes en residencias madrileñas (7.690) y catalanas (4.702) supone el 60% del total de decesos ocurridos en este tipo de centros en España. El 40% de sus trabajadores también se contagiaron, por lo que muchos centros quedaron apenas sin personal.

• Las residencias de ancianos son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. El Real Decreto del 14 de marzo – por el que se declaraba el estado de alarma – especificaba en su punto 6 que “cada administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios” y en el 12.2 que “las administraciones autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro del ámbito de sus competencias, los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento”.

• La Comunidad de Madrid reconoció que envió “por error” un borrador en el que se negaba el traslado de los ancianos de las residencias a hospitales según su dependencia o discapacidad.

• Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales (Ciudadanos), en respuesta mandó unos correos electrónicos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), en el que le advertía que negar la atención hospitalaria a los ancianos podría tener “graves consecuencias legales”. A los cinco días, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le quitó las competencias sobre residencias a Alberto Reyero.

• La patronal de las residencias privadas – que representa en España a 1.800 establecimientos – ha confirmado que se negó la asistencia hospitalaria. “Ha sido un infierno porque alguien decidió que no había camas en el hospital para todo el mundo”, dijo Cinta Pascual recientemente en el Congreso, representante de las empresas.

• Las fiscalías han abierto 160 investigaciones penales por la gestión de las residencias: 93 en Madrid, 29 en Barcelona y 17 en Castilla y León. El Juzgado Número 51 de Madrid ha enviado al Supremo la querella de las familias de las víctimas contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, en la que se le imputan delitos penales como denegación de auxilio, trato vejatorio, homicidio imprudente y prevaricación.

• Alrededor del 5% de la población mayor española vive en residencias, en su gran mayoría privadas, lo que supone un gran negocio de 4.500 millones anuales. El 87% de las residencias de ancianos españolas son privadas, llegando a ser el 94% en la Comunidad de Madrid, donde sólo existen 25 centros públicos y la lista de espera para entrar es de 28.000 personas. Desde 1983 no se ha construido ninguna residencia pública en la Comunidad de Madrid.

• Según publicó “Infolibre’” cinco compañías controlan la mayoría de geriátricos y detrás están fondos buitres instalados en paraísos fiscales. Como Vitalia, en cuya residencia de Leganés murieron 96 ancianos. En el negocio están también cinco de los hombres más ricos de España, que en su día fueron los grandes empresarios del boom inmobiliario: Florentino Pérez, Los Albertos (Clece), Modesto Álvarez Otero y Carlos Álvarez Navarro (Ballesol) y una quinta fortuna radicada en Francia, la familia Mulliez (Amavir).

• Las privatizaciones de servicios públicos son posibles en España desde que se aprobara la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, con los votos favorables del PSOE, PP, PNV, CiU y Coalición Canaria. El punto 2 del artículo 1 de esta ley dice: “La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas”.

• Buenas noches y hasta mañana. Salud y República