Artículo publicado en La Nueva España, el 28 de junio de 2020.

Cumplido el confinamiento, a pesar de toda la propaganda derramada, una parte nada despreciable de la población pasará del tiempo con PANdemia a los tiempos que se avecinan sin PANdemia.

Ya antes de comenzar esta nueva crisis, el porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018 era del 26,1%, según la referencia del indicador At Risk Of Poverty and/or Exclusión (AROPE) de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, una cifra verdaderamente impresionante que nos indica que uno de cada cuatro españoles se verá abocado a la indigencia si las condiciones materiales de la sociedad se deterioran, tal y como está ocurriendo en la actualidad.

Con la actual crisis, es más que probable que muchos hogares en España vayan a tener muchas y graves dificultades para llegar a final de mes, en un porcentaje que puede ser incluso mayor que el del indicador AROPE por el drástico cambio de las condiciones laborales para un gran número de trabajadores – 34 % entre parados y afectados por ERTEs en el mes de junio -, pero es que muchos de estos ERTEs se acabarán convirtiendo en EREs, incrementando rápidamente el paro.

A estas alturas, es evidente que la campaña turística en España este verano será un desastre: vendrán muchos menos turistas, en parte por los problemas económicos que también se viven en otros países y en parte por el temor a contraer el coronavirus estando lejos de casa, y eso por no hablar de las múltiples restricciones que aún pueden estar vigentes durante este verano, y que pueden comprometer la rentabilidad de hoteles, bares y restaurantes.

En Física, una transición de fase sucede cuando el sistema analizado experimenta un cambio tan brusco y tan marcado que sus propiedades físicas son completamente diferentes tras la transición: es, por ejemplo, el paso de hielo a agua líquida, o de agua a vapor, pero lo que estamos viviendo no es un simple bache, primero por la crisis sanitaria y después por la económica, sino que realmente muchas cosas no podrán volver al punto de partida, ni siquiera a algo medianamente cercano.

España presenta, en conjunto, las peores condiciones para combatir el desplome económico. Lo demuestra tanto el incremento de la deuda sobre el PIB entre 2008 y 2019, como el coste de una pandemia que ha supuesto una contracción del 20% del PIB, con un coste del Estado de alarma de 80.000 millones.

En los próximos años algunos engranajes fundamentales del sistema actual saltarán por los aires. No va a haber vuelta para atrás, porque el Estado es un mastodonte que no puede girar. Su manera de funcionar se basa en la recaudación de impuestos, la regulación legislativa y el mantenimiento del statu quo, y en un momento en el que las bases físicas y productivas de la sociedad van a sufrir un deterioro tan importante, un Estado, en su concepción clásica, es completamente incapaz de adaptarse. Es decir, nadie se engañe, los próximos movimientos del Estado serán contraproducentes: intentará aumentar algunos impuestos para poder financiar su plan de choque, pero con una actividad en retroceso los impuestos también caerán y más rápido; recurrirá al endeudamiento, pero el volumen de deuda requerido será tan grande que en seguida el mero pago de los intereses le dejarán prácticamente sin recursos; recortará grandemente los salarios de los funcionarios y al hacerlo se reducirá aún más el consumo; recortará en partidas más “accesorias” desde el punto de vista de lograr la imposible recuperación económica y con ello aumentará el malestar y, lo peor de todo, habrá gente que quedará completamente desprotegida.

Es verdad que algunas familias podrá vivir durante un tiempo de los exiguos ahorros que pueda tener, de lo que le puedan dar sus padres pensionistas o prestar sus amigos, siempre que estas no sean recortadas, pero llegará un momento en que la única opción para sobrevivir será robar; y a medida que la desesperación crezca, esos robos tendrán que ser más violentos, porque costará más encontrar algo que merezca la pena.

La primera reacción sería aumentar la presión policial, pero sin reclutar más policía, justamente por la falta de recursos. En cuanto el problema se generalice, la policía solo podrá dedicarse a las cosas grandes de verdad, y de vez en cuando atrapará y seguramente apalizará a algunos raterillos, para dar la impresión de que se está haciendo algo, mientras las grandes fortunas seguirán enriqueciéndose asquerosamente a cuenta de los de siempre, de los trabajadores. Ese es el caparazón que oculta la crisis del coronavirus que, como todas la anteriores, producidas por los mismos, no persiguen más que el objetivo de enriquecer a los más asquerosamente ricos y empobrecer a los más paupérrimamente pobres.

La realidad ha sido que al carecer de una política sanitaria efectiva – nada tiene que ver con tener un gran equipo de sanitarios – el gobierno ha optado por la propaganda, presentando al coronavirus no como un agente patógeno, sino como el enemigo a batir: “la victoria está cerca”, recalcaba una y otra vez el presidente, siempre que “nos mantengamos unidos”, mientras su ministro de sanidad, el filósofo Salvador Illa, al anunciar que “estamos doblegando la pandemia” nos hacer sentir que ha asaltado la trinchera y está empeñado en un cuerpo a cuerpo con el alevoso enemigo.

Sin embargo, desde sus inicios, la obligación del gobierno hubiera sido fundamentalmente proteger a la población, equipando adecuadamente a los sanitarios frente a la invasión vírica, el fracaso fue de dimensiones colosales, como lo demuestran las cifras que tenemos al final del confinamiento, con  28.323 muertos y 246.272 infectados, de los cuales 51.849 contagiados y 63 muertos son sanitarios (2 de cada 10 sanitarios, esto es el 21% del total de los sanitarios) y 19.514 muertos en los pretanatorios o residencias de ancianos, que nos coloca en el primer país del mundo con mayor número de muertos y mayor número de pensionistas eliminados, siempre calculado proporcionalmente. “Estamos orgullosos de lo que hemos conseguido juntos” dice el presidente a la hora de hacer balance. “España es una gran nación”, repite el rey de España.

Solo hay una certeza, y es que el otoño es la referencia temporal en la que se espera el mayor impacto sobre el mercado laboral: 1,2 millones de los afectados por ERTE no lograrán recuperar su empleo tras la suspensión, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Es decir, de una tasa del 14,8 % como la que tenemos al día de hoy, con 3,8 millones de parados, se pasará a otra del 20 %, bien por encima de los cuatro millones de parados, lo que amenaza literalmente con el “estallido social”.

El progreso social cuenta más para medir el avance de una nación que los indicadores econométricos clásicos.

La situación, según el banco de España, nos muestra un récord histórico de deuda en España: 1,23 billones, casi el 100% de toda la riqueza generada durante un año. Según las mismas estimaciones, la ratio de deuda pública se elevará en torno al 115% del PIB, sin descartar llegar al 120% del PIB. Pero ese no es el peor de los escenarios, porque la crisis económica que España sufrirá como consecuencia de la pandemia será larga, con una recuperación de los niveles previos que no llegará antes de 2023 y con una caída del Producto Interior Bruto que este año podría llegar a ser de hasta un 15%. El Banco de España, además, acaba de dar datos que cifran en un 34% la caída de la actividad económica en las últimas dos semanas de marzo. ¿sabéis quienes van a ser otra vez los “paganinis” de esta crisis que se esconde bajo el caparazón de la pandemia? Tú, aquel, aquellos y aquellas, nosotros y vosotras.

ANTÓN SAAVEDRA