DE LA ASCENSIÓN A LOS CIELOS A LA MOQUETA

Han transcurrido nueve años desde que aquel movimiento del 15-M surgido en mayo de 2011, cuando quedaba aprobado un documento discutido y elaborado en la Puerta del Sol con dieciséis propuestas de los manifestantes a dos días vista de las elecciones municipales y autonómicas en España. Los allí presentes no sólo querían impugnar las políticas que les habían hecho salir a la calle, sino que querían participar de forma activa, proponer y construir un camino alternativo. Querían ser partícipes de su propio futuro y “no mercancías en manos de políticos y banqueros”.

En aquel documento quedaban perfectamente detalladas aquellas dieciséis propuestas muy concretas. Alejadas de la utopía. De hecho, un estudio realizado por Ipsos Public Affairs sobre la cantidad y calidad de apoyos al movimiento del 15M nos mostraba que el 76% de los ciudadanos consideraba que sus reivindicaciones eran más que razonables, a la vez que reconocían el derecho democrático a luchar por ellas, en tanto que un 7% se mostraba en contra de estas protestas. Además, según la encuesta de Metroscopia, el 68% de la población respaldaba el movimiento, un porcentaje que ascendía al 75% en el caso de los jóvenes.

Pues bien, han pasado nueve años desde aquella explosión que parecía buscar el fin a los cimientos del bipartidismo PPSOE y del régimen del 78, y ninguna de sus demandas han sido resueltas por los gobernantes, tal y como se puede comprobar con la explicación detallada de las distintas propuestas que componían el documento acordado. Ni por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ni tampoco por los cuatro años de mayoría absoluta del Partido Popular, ni mucho menos por el actual gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.

Es verdad que el movimiento ha conseguido situar el debate en el centro de la agenda política y mediática, pero no es menos cierto que en absoluto se ha atacado a las raíces que demandaba el movimiento. Es el caso concreto de la lucha por la regeneración, contra la corrupción o por la transparencia. Y en otros, como en la denuncia de la precariedad laboral, la situación no ha hecho más que empeorar con la reforma laboral promulgada por el gobierno del PP en 2012, mucho más dura que la promulgada en 2010 por el gobierno del PSOE.

No obstante, es de justicia reconocer, que el impacto del 15M sí se ha hecho notar en las políticas municipales, sobre todo de las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, tras las elecciones municipales y autonómicas de 2015 que supusieron la llegada de los “ayuntamientos del cambio”. Las candidaturas ciudadanas surgidas del entorno del 15M y construidas alrededor de Podemos y de otros sujetos que preconizan el cambio, han situado a la agenda política del movimiento en la lista de prioridades de las corporaciones municipales, aunque enseguida los enfrentamientos que fueron surgiendo, en su mayoría debido a las luchas cainitas entre sus dirigentes por obtener su parte en el reparto de la tarta que ni siquiera se había metido en el horno, cuando no por la cantidad de “paridas” que iban surgiendo en sus propuestas, sin que la gente las comprendiera,  acabaría frustrando el invento hasta  mandarlo casi todo al contenedor de la basura.

Una de las reivindicaciones clave del 15M fue la referida al cambio de la ley electoral. La petición de listas abiertas y circunscripción única, donde todos los votos valieran lo mismo y donde los ciudadanos pudieran elegir al representante que más se ajustara a sus deseos, y nueve años después, la ley electoral sigue siendo la misma. El debate, eso sí, se ha logrado introducir en la agenda de los distintos medios, incluso desde los principales partidos se han hecho propuestas al respecto. Así, por ejemplo, el PSOE ha llegado a proponer en sus programas electoreros una reforma de la Ley Electoral que permita listas desbloqueadas, pero no abiertas. Un sistema que se conoce como “listas desbloqueadas y modelo preferencial”, por el cual, los partidos tendrían la potestad de elaborar su candidatura, pero se dejaría a los electores la posibilidad de cambiar el orden de los candidatos. El PP ha propuesta una reforma que, en gran medida, va en contra de la petición del movimiento. Si el 15M pedía aumentar la proporcionalidad, los conservadores han propuesto caminar hacia un modelo más mayoritario que favorezca la gobernabilidad frente a la proporcionalidad.

Sin embargo, no me parece muy coherente por parte de Podemos seguir reivindicando las “listas abiertas y la circunscripción única” a la hora de configurar las candidaturas a las elecciones cuando la propia organización morada viene usando el sistema conocido como “lista plancha” con las consiguientes críticas en los procesos electorales del partido. Este sistema, según denuncian sus detractores, no favorece sino a las candidaturas arropadas por el “apparátchik” y su secretario general, Pablo Iglesias. Es decir, más de lo mismo: las “listas” se siguen elaborando desde Madrid y las “tontas” desde las distintas comunidades y provincias.  Es el caso de los llamados “paracaidistas” o “cuneros”, que son impuestos por orden del “apparátchik” partidista en aquellas circunscripciones no originarias del candidato propuesto, caso concreto del gallego José Julio Rodríguez Fernández, jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2008 y 2011, que fue impuesto por el mismísimo Pablo Iglesias, primero en las listas de Zaragoza para las elecciones del 20D y seis meses más tarde en las de Almería para el 15J, alcanzando en ambos casos una derrota sin paliativos.

El actual secretario general de Podemos en el municipio de Madrid, José Julio Rodríguez (Orense, 1948), fue un militar y piloto de caza que alcanzó el grado de general del Aire y fue jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) entre 2008 y 2011. Actualmente es el jefe del gabinete de Pablo Iglesias en la vicepresidencia del gobierno.

De poco habían servido aquellas declaraciones públicas realizadas por el exjemad y candidato de Podemos por Almería, José Julio Rodríguez: “Soy pacifista y antimilitarista” las cuales levantaron una densa polvareda en las Fuerzas Armadas, una situación que saltaría  por los aires cuando el general presentó oficialmente su candidatura, originando incluso un debate en torno a las agrias críticas de la coordinadora de IU en Almería, Rosalía Martín, cuando aseguró que el candidato de Podemos “Era un hombre de guerra y de la OTAN”, llegando a decir que preferían al “mono Amedio” antes que a un general.

La segunda propuesta del documento que se aprobó en aquella asamblea de la Plaza de Sol se refería a la vivienda, reivindicando el “derecho a una vivienda digna y que la entrega de la vivienda en caso de impago cancele la deuda”. La burbuja inmobiliaria acababa de hacer crack y sólo hasta 2011 se habían producido 328.687 desahucios – he participado en bastantes movilizaciones contra los desahucios de la gente, caso concreto de las casas de los mineros en La Camocha de Gijón, y jamás he visto un solo personaje del PSOE, PP o Ciudadanos en ellas, ni siquiera a los llamados sindicatos mayoritarios y de clase de U.G.T y CC.OO -, siendo la respuesta del gobierno del PP a las exigencias del movimiento y de la PAH la de crear un “Código de Buenas Prácticas” que en ningún caso sería de obligatorio cumplimiento para la banca y que recogía tímidamente el derecho a la dación en pago en caso de que así lo decidiera el banco.

En los programas de los partidos políticos a las elecciones, la “dación en pago” no aparece en el texto del PP, mientras que el PSOE establece que la ley de segunda oportunidad debe permitir al juez “paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa y, en caso de que sea imposible, acordar la aplicación de la dación en pago”. Ciudadanos pide incluir el derecho a la vivienda en la Constitución con garantía de dotación presupuestaria y tanto Podemos e Izquierda Unida reconocían en sus programas el derecho a la dación en pago.

Otra de las propuestas del programa acordado era el referido a la “Atención a los derechos básicos”, destacando el refuerzo de la sanidad y la educación públicas, pero la Sanidad pública no sólo no se vio reforzada, sino que según un informe del Ministerio de Hacienda reflejaba que en 2013 el gasto sanitario de las administraciones públicas se había reducido en 9.933 millones respecto a 2008. El mejor ejemplo de la situación alcanzada queda perfectamente reflejado en los acontecimientos que se produjeron y se siguen produciendo en la sanidad española a la hora de enfrentarse a la covid-19, sacando a la luz todas y cada una de sus carencias, incapaz de dar las soluciones a la pandemia producida, por la falta de medios humanos y materiales, tales como mascarillas, guantes, gafas o guantes, por hablar solo de lo más fácil de obtener y tener, con un triste balance de 50.000 muertos, de los cuales más de 27.000 son pensionistas que murieron en los pretanatorios, llamados geriátricos o residencias de ancianos, por falta de atención hospitalaria.

El Gobierno también metió la tijera en educación provocando el aumento de la ratio de alumnos por clase, el cierre de bibliotecas, eliminación de becas y ayudas, repago en Formación Profesional, reducción de becas erasmus, subida de tasas universitarias y subida del precio de las guarderías. La defensa de la Sanidad y la Educación públicas y de calidad aparece en los programas electores tanto del Partido Popular, como del PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida.

En aquel documento del 15M también quedaba establecida como una de sus principales peticiones la “reforma fiscal favorable para las rentas más bajas, una reforma de los impuestos de patrimonio y sucesiones y la implantación de la Tasa Tobin, la cual grava las transferencias financieras internacionales y supresión de los paraísos fiscales”.

La acción del Gobierno del Partido Popular fue completamente opuesta a las demandas del movimiento. Se aprobó una reforma del IRPF que grababa las rentas del trabajo y beneficiaba a las grandes fortunas y rentas de capital. Por otro lado, también se subió el IVA que merma el poder adquisitivo de todos, pero especialmente de los que menos tienen.

Por su parte, el PSOE contempla una “reforma fiscal y el control de la eficiencia en el gasto público” para sacar a España del “déficit excesivo” y la recuperación de impuestos. Es decir, su lenguaje acostumbrado del bla, bla, bla, que vuelve a reproducirse, esta vez con Unidas Podemos formando parte del gobierno de coalición en España.

Los privilegios de la clase política fue otro de los temas que el movimiento consiguió situar en el centro del debate político. La medida estrella en este sentido del Ejecutivo del Partido Popular fue la reducción de un 5,6% del sueldo vitalicio de los expresidentes. Otra de las grandes demandas fue terminar con los aforados de tal manera que todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley. Nueve años después, más o menos seguimos exactamente con las propuestas de Podemos en el congelador. Por su parte, los cargos electos de Podemos sí renunciaron a algunos de los privilegios instaurados cuando PP y PSOE dominaban el Congreso. Así, Podemos aprobó, al menos teóricamente, que sus parlamentarios tendrían una limitación salarial de tres salarios mínimo, y de las dietas para gastos.

Refiriéndonos a las condiciones laborales, las peticiones del movimiento 15M y las acciones del Gobierno del PPSOE no podían estar más alejadas. Las reformas laborales de los Ejecutivos del PSOE y del PP han ahondado aún más en la “flexibilización” de las condiciones y el abaratamiento del despido, unas condiciones que han precarizado aún más las condiciones de los trabajadores.  Recientemente, con fecha 27 de abril de 2016, Podemos proponía en el Congreso de los Diputados la derogación las reformas laborales aprobadas por el PSOE en 2010 y por el PP en 2012, pero, aunque Izquierda Unida votó a favor, el PSOE, Ciudadanos y PNV se abstuvieron, mientras el PP y Democracia y Libertad (antigua CiU) votaron en contra.

El acuerdo político alcanzado el reciente 21 de mayo de 2020, entre el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu en el Congreso de los Diputados por el que ambas organizaciones acordaban literalmente que “Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la reforma laboral del año 2012 impulsada por el PP. La derogación deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el covid-19″, donde la formación vasca comprometía su abstención en la votación de la prórroga del estado de alarma ha provocado tal terremoto en el seno de los agentes sociales (sindicatos y patronal), partidos y el Gobierno que, esa misma noche quedaba anulado por el PSOE a través de un mensaje enviado a las redes sociales, aunque Pablo Iglesias sería contundente al respecto: “Voy a ser cristalino: pacta sunt servanda (Lo firmado obliga)”, aseguraba al día siguiente en una entrevista en Catalunya Radio. Al día de hoy, la reforma laboral del PP sigue siendo una triste realidad y, lo más grave, que ha sido ratificada por la Comisión Europea en su Plan de Reconstrucción Europea.

Acuerdo político firmado por el PSOE, UNIDAS PODEMOS Y EH-BILDU para derogar la reforma laboral del PP, suscrito el 20 de mayo de 2020.

La propuesta de unas listas limpias de imputados y condenados por corrupción sería la propuesta del documento que más aceptación tendría en todos los partidos políticos, aunque el movimiento pedía, no obstante, que este extremo quedara recogido en la Ley Electoral. Un deseo que no se ha cumplido, quedando para la historia listas como las que se presentaron en las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo de 2011 en las que hubo hasta un centenar de políticos implicados en casos de corrupción que afectaba a la práctica totalidad de todos los partidos políticos, principalmente los del bipartidismo PPSOE que se reparten la mitad cada partido de la corrupción total, con la única diferencia entre las dos bandas de ladrones  de que, en el PSOE se solidarizan con los corruptos, caso concreto del ministro Barrionuevo que fue abrazado y aplaudido efusivamente por la cúpula del partido encabezada por Felipe González en su entrada triunfal en la cárcel de Guadalajara para cumplir la sentencia judicial por el robo de los fondos reservados y la financiación de los GAL, y en el PP son abandonados por el partido y los colaboradores de sus tramas corruptas, como ocurrió, a modo de ejemplo, con el exvicepresidente del gobierno pepero, Rodrigo Rato, cuando tuvo que entrar en la cárcel por varios delitos financieros con la sola compañía de su “petate” para la ropa y demás utensilios personales.

Por último, la financiación de los partidos sigue siendo otro de los principales problemas para la democracia española tal y como demuestran los principales casos de corrupción que están siendo investigados por la Justicia, tales como la Gürtel, Púnica, Kitchen o los ERE de Andalucía, por citar alguno de los ejemplos más de moda, que afectan al conjunto de todos los partidos políticos, incluyendo a la organización morada de Podemos, actualmente investigada por los Tribunales de la Justicia para responder sobre un presunto delito de fraude electoral y otro de falsedad en documento mercantil.

El fiscal del Tribunal de Cuentas considera que debe ser la justicia ordinaria quien investigue la contabilidad de Unidas Podemos en las elecciones generales del 28 de abril de 2019 en la facturación de servicios con la consultora Neurona Consulting.

La aconfesionalidad constitucional fue otro de los asuntos recogidos en el documento, por el cual la Iglesia Católica dejaría de recibir fondos públicos, teniendo que pagar el IBI como todo dios, siendo el día de hoy, después de nueve años transcurridos que la Iglesia católica sigue gozando de todos y cada uno de los privilegios que siempre tuvo.

En materia energética el documento elaborado en la asamblea de la Puerta de Sol señalaba que Podemos abogaba por “el cierre paulatino de todas las centrales nucleares en funcionamiento en España”, potenciando las energías renovables, aunque al día de hoy la energía nuclear sigue generando la misma energía que producía, ejecutándose, de acuerdo con las directrices del “electrofascismo”, el cierre de todas las explotaciones mineras del carbón y las centrales térmicas de carbón, en una perfecta connivencia con el PSOE, tal y como había sido establecido en su día por el gobierno felipista.

Es decir que, cuando han transcurrido nueve años desde aquel movimiento del 15M, el intento de tocar el cielo topa una y otra vez con el inquebrantable y soberano deseo ciudadano mayoritario, la realidad se vuelve tozuda y va colocando a cada cual en su sitio. No valen excusas exógenas ni endógenas al respecto. Una derrota es una derrota. Ni amarga ni dulce. Derrota sin paliativos.

No afirmaré que sea Pablo Iglesias el único problema, pero sí la cara más visible de una ilusión arrolladora tornada en decepción en menos de lo que canta un gallo. Nueve años transcurridos – muy cercanos los diez cuando estoy escribiendo este capítulo -, pienso que es un tiempo más que suficiente para ver crecer con ilusión a un bebé y saber qué recorrido vital puede tener. No sabremos si llegará a ser astronauta, pero sí que no será una bala perdida al menos.

Nunca una frase hecha lema fundacional había dado tanto juego político a los adscritos y simpatizantes  de Podemos: “El cielo no se toma por consenso, sino por asalto”, pero aquella aspiración marxista – de Karl, no de Groucho -, se ha volatilizado demasiado pronto de manera irremisible, por mucho que los tiempos políticos sean elásticos y maleables como la sardina hacia su ascua. Ha sido algo parecido a la “arrancada de un caballo de pura raza árabe” con la “parada de un burro”.

Aquel movimiento morado que había surgido de aquel descontento generalizado, germinado en la mayor crisis económica de la historia reciente había presentado sus credenciales políticas por primera vez en las elecciones europeas de 2014 al que nos referiremos en otro capítulo específico. Y lo hizo con nota, pero, a partir de ahí, el líder indiscutible de la formación, amparado por el respaldo indisoluble de la militancia, fue poniendo sus aspiraciones más y más altas, hasta casi llegar al cielo. Nunca lo tocó ni por asomo, optando en la primera ocasión que tuvo cambiar la subida a los cielos por las moquetas gubernamentales, y, lo más preocupante, que los resultados electorales que se han venido encadenando están sirviendo para ir aclarando dónde estaba el techo de la formación morada.

Es decir, en medio de una mareante marea de marcas, submarcas y corrientes más o menos rebeldes, Podemos se ha ido diluyendo como el azucarillo, y ya no sirven las campañas victimistas para seguir achacándolo a las machaconas e incansables campañas de la caverna mediática, ni tampoco a factores endógenos, como las nunca entendibles confluencias y su sinfín de siglas, que han acabado desquiciando y despistando a los que en un primer momento confiamos en su bonhomía y en un programa que ha pecado siempre de bisoño más que de utópico.

En su grandeza como líder de una formación que representa a 3,7 millones de españoles está el saber plegar velas y dar un paso al lado para que entre todos puedan otear el oscuro horizonte algo más despejado y con mayor claridad. De no hacerlo a tiempo, la agonía se prolongará de forma cruel, porque el problema no es que esta agonía la sufra la marca Podemos en sí como formación política, el verdadero meollo de la cuestión es que arrastre todo el sentir de la izquierda de este país hacia un abismo insondable.

Si Pablo Iglesias no asume su fracaso, más pronto que tarde el suicidio colectivo será cuestión de alguna que otra consulta electoral más, no muchas más. La gente, esa gente a la que apela, nunca engaña con su voto, que de todos es conocido que se trata de un sufragio soberano.

Sin embargo, a pesar de los pesares, desde mi punto de vista  la democracia institucional es posible. Basta con cambiar el sistema electoral y separar los poderes del Estado. Basta con dar a la ciudadanía el derecho de elegir a sus representantes. Basta con prohibir el escandaloso cinismo de que hombres y mujeres de un mismo partido, y de una misma elección, sean a la vez legisladores, gobernantes, jueces, administradores, consejeros jurídicos y auditores del Estado. ¡Son la misma cosa, y a esto yo lo llamo dictadura plural!

Efectivamente, los electores votan, pero no eligen, porque refrendar una de las listas de partido no es elegir. Los integrantes de las listas no son elegidos por los votantes, sino por los jefes de partido y, por lo tanto, no representan a los electores ni a la sociedad civil.

No. No se vota a diputados de los electores, del pueblo o de la sociedad, sino a puros delegados de los partidos estatales. Todos los gobernantes y gobernados, apuntalan la colosal mentira de llamar legislativas a lo que realmente son unas burocráticas elecciones administrativas para cubrir puestos de relieve en el Estado; de llamar representantes del pueblo a simples delegados de partidos; de llamar separación de poderes a la simple separación de funciones públicas entre personas de una misma obediencia de partido; de llamar democracia representativa a esta más que degenerada y corrompida oligarquía estatal.