Central térmica de Lada, en Langreo (Asturias) (Archivo Histórico Minero)
Tal y como ha quedado escrito en la primera parte de mi artículo sobre el resurgimiento del carbón, publicado por La Nueva España el 20 de setiembre de 2020, el gobierno español ha iniciado un alocado plan de cierre de centrales térmicas de carbón, clausurando siete de las quince que aún quedaban operativas en España: Naturgy, Endesa, Viesgo e Iberdrola han quedado desconectadas de la red, lo que suponen 4.630 Megavatios, aunque no serán las únicas que cerrarán, porque otras seguirán el mismo camino. De hecho, ya han pedido al Gobierno cerrar sus instalaciones, de tal manera que para 2021 o 2022, si tenemos como referencia los ritmos actuales, otros 3.092 megavatios saldrán del sistema.
De esta manera, solo quedarán cuatro centrales térmicas de carbón en España, pero siempre con la espada de Damocles encima de la cabeza. En absoluto puede afirmarse que nos haya cogido por sorpresa, cuando alguna de estas plantas ya llevaba tiempo sin producir electricidad, caso muy concreto de la central térmica de Iberdrola en la localidad langreana de Lada. Y es que, en estas circunstancias – dicen desde el gobierno -, el carbón no puede ser rentable.
Lógicamente, esta aventura de ocurrencias en el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos para no abordar los problemas medioambientales de la contaminación – el problema nunca fue de frio sino de abrigo, es decir, existiendo tecnología más que suficiente para abordar el problema, debe dotarse de unos buenos zapatos, un gorro y un buen gabán a las centrales térmicas y el problema quedaría reducido a la mínima expresión -, genera varios problemas, entre ellos, el laboral, con la pérdida de miles de puestos de trabajo, entre los directos, indirectos e inducidos, pero es que, además, teniendo en cuenta que las centrales térmicas se encuentran en zonas relativamente aisladas de los centros económicos, el golpe económico a la llamada “España vacía” está resultando muy fuerte. No obstante, los problemas del cierre de las explotaciones de carbón van más allá del lugar donde se producen, cuando observamos que, en la medida que el sistema energético español se va descapitalizando y creciendo la desinversión las noticias de importaciones de energía eólica portuguesa, nuclear francesa o térmica de carbón marroquí se siguen incrementando en nuestro país.
En el año 2000, el gobierno de verdes y socialdemócratas puso en marcha una iniciativa para forzar a los proveedores energéticos a aumentar el suministro renovable en los siguientes 20 años, la Energiewende. Y decidieron apostar fuerte: la energía renovable no ha dejado de subir desde entonces, pero, claro, apostar por las energías renovables es más que instalar turbinas eólicas y placas solares.
Lo sorprendente de todo ello es que, mientras países como la República Federal de Alemania siguen enganchando más Gigawatios (GW) producidos con carbón a su sistema eléctrico, con la puesta en marcha entre los años 2018 y 2019 de cinco nuevas centrales eléctricas de carbón (la unidad D de Hamm de RWE (800 MW), la planta RDK 8 de EnBW (912 MW), el primer grupo de Vattenfall en Hamburg – Moorburg (840 MW), la unidad de Walsum 10 de Steag (725 MW) y la nueva planta de energía de carbón de GDF Suez en Wilhelmshaven (800 MW), con una capacidad combinada de alrededor de 4 GW con el fin de ir sustituyendo progresivamente sus peligrosas centrales nucleares y sus contaminantes, España ha quedado convertida en uno de los países europeos que más rápido pretenden descarbonizarse.
Hace solo un par de años, en 2018, el 15% de toda la energía consumida procedía directamente del carbón: en mayo, estas plantas producían solo el 1,4% de la electricidad del país. Pero, lo que resulta más sorprendente aún es que, siendo Alemania, con sus 30.000 turbinas de viento, el paraíso de la energía eólica con el 23,5% de toda su energía producida por el viento, en la primera mitad del año 2019, solo se hayan instalado 35 molinos, esto es un 82% menos que en la primera mitad de 2018, cuando se instalaron menos de la mitad de turbinas que en 2017.
¿Por qué está ocurriendo esto en lo que trató de ser ejemplo energético de Europa? Pues, lisa y llanamente porque los alemanes están empezando a odiar a sus molinos de viento. En efecto, una buena muestra de este clima desfavorable, parece ser que, en los últimos años el sector se encuentra estancado, sobre todo, por las regulaciones locales o regionales. En Baviera, sin ir más lejos, se exige “la distancia entre una turbina eólica y la vivienda más cercana debe ser 10 veces la altura del mástil”. Algo que, por la estructura demográfica del estado lo hace prácticamente imposible, sin olvidar que la ley obliga a pagar 10.000 euros por turbina a la comunidad más cercana por cada turbina de viento instalada, generando verdaderas batallas judiciales, hasta el extremo de que en la actualidad más de un GW de potencia instalada se encuentra envuelto en procesos legales, de tal manera que, después de montar unas instalaciones gigantescas poco cuidadosas con el medio ambiente, la gente afectada ha conseguido convertir a una de las poblaciones más pro-renovables de Europa en el caldo de cultivo idóneo de posiciones antieólicas.
En España, una vez más, estamos demostrando que somos diferentes, en este caso actuando como esclavos del IV Reich bajo la bandera pirata de la Union Europea. Es decir, mientras el gobierno español, por una parte, ha cerrado las minas y las térmicas, otros empresarios encuentran nichos de mercado interesante, siempre consentidos y apoyados por el mismo gobierno que puso el candado en las explotaciones mineras y en las térmicas españolas.
Una de las empresas implantadas desde el 31 de mayo de 2018 en el Puerto del Musel, donde se almacenan actualmente en torno a los 20 millones de toneladas de carbón es la Natural Mining Resources, cuyos propietarios finales beneficiarios son: BOLUDA SANCHEZ ANTONIO KHOSE (Dirección del fundador: ISPANIIA, M. DUBAY, UNIT, DISKAVERI HARDEN, ZEN, OBIEDNANI ARABSKI EMIRATY) y RODRIHIEZ MENENDEZ DAVYD, en ISPANIIA, ASTURIAS, M. KANHAS DEL NARSEA, KARBALLO.
Instalaciones del Puerto del Musel en la localidad asturiana de Gijón.
Unas instalaciones que son complementadas con una nave industrial para mezclar y tamizar el carbón de sus propias explotaciones mineras en Asturias con el carbón de sangre importado para obtener los resultados de análisis requeridos por sus clientes finales. Esta empresa vinculada a un grupo suizo dedicado al comercio internacional de materias primas, disfruta de una autorización de la Autoridad Portuaria para el uso de 10.000 m2 ubicados en la trasera del Muelle Ingeniero Marcelino León, firmada el 15 de febrero de 2019, que son utilizados para labores de cribado y mezcla de carbones que, después de ser lavados en el lavadero de Hunosa en el Batan de Mieres, tienen su destino a la exportación, caso concreto de Marruecos (63.000 toneladas, en junio de 2019), un carbón que después vuelve a España en forma de energía importada por el gobierno español.
Pero, dejemos el próximo capítulo para referirnos en toda su amplitud a los negocios del carbón en torno a esta y otras empresas.
ANTON SAAVEDRA
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