ESPERANZA DE VIDA EN LAS PENSIONES

Antón Saavedra en su intervención sobre las pensiones en El Manglar de Oviedo (2019)

Desde hace mucho tiempo acá venimos asistiendo a toda una avalancha del neoliberalismo con un objetivo muy claro de alarmar y seguir metiendo miedo a la población para hacerles creer que las pensiones son inviables. Desde la Comisión Europea, el FMI, el Banco de España, la AIReF y la banca en general se vienen publicando informes y documentos que alertan a la población española de que hay que reducir las pensiones porque el sistema público de la Seguridad Social no es sostenible.

Resulta de veras prodigioso que la grey de apocalípticos predictores de la inexorable caída del sistema público de pensiones, al levantar el velo que oculta el futuro y vislumbra un panorama de envejecimiento de la población, sólo detecten que habrá problemas en las pensiones de la Seguridad Social y no digan absolutamente nada sobre otros aspectos que también resultarían perjudicados por el derrumbe demográfico. La Unión Europea, ese costosísimo engendro político encubridor del IV Reich, cuenta con un Comité Ejecutivo (la Comisión Europea), que también participa en esas predicciones funestas: “El envejecimiento conducirá a una situación de quiebra en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea en 2050 si no se toman medidas urgentes en el saneamiento de las cuentas públicas”, aludiendo como causas principales que provocarán un rápido envejecimiento de la población la disminución de la tasa de fertilidad y el alargamiento de las esperanzas de vida.

Ampliamente aireadas por la esfera mediática, estas previsiones teóricas son las que están sirviendo de apoyo para imponer sus recetas de caballo que pasan por rebajar a la mitad la cuantía de las pensiones o, en su defecto, redoblar las cotizaciones sociales que soportan los trabajadores (las cotizaciones empresariales no son más que un salario en diferido de los trabajadores) resumidas, a grosso modo, en llevar a toda la vida laboral para hacer el cálculo de la pensión, fomentando el ahorro privado para que cada persona se responsabilice de su retiro, y retrasar la edad de jubilación hasta llegar a los 70 años.

Conviene dejar dicho hasta qué punto pueden ser fiables estas previsiones cuando ni siquiera una ciencia tan compleja como la encargada de estudiar los fenómenos meteorológicos es capaz de predecir con cierta fiabilidad el tiempo a tres días vista. Por lo tanto, pensar que, de aquí a cincuenta años, la evolución humana se va a comportar de manera tan imperturbable como lo haría un móvil newtoniano me parece de una tremenda imprudencia predictiva.

Estimar el número de hijos que decidirán tener el día de mañana los que hoy son niños cuando se conviertan en adultos no solo me parece un gran atrevimiento, sino también un apriorismo ideológico. De entrada, supone aceptar la indeseable hipótesis de que las condiciones laborales de estos ciudadanos del medio plazo van a ser de una precariedad similar a la que padecen los jóvenes actuales. Además, las predicciones demográficas a muy largo plazo tienen una característica común: nunca se han cumplido.

Profecías catastrofistas sobre la inminente quiebra del sistema público de pensiones español son las que vienen apareciendo periódicamente durante estos últimos treinta años, sin que la hecatombe demográfica que auguraban se haya producido aún. La quiebra de la Seguridad Social ha sido anunciada sucesivamente para 1996, 1998, 2000 y 2005, cuando la población en edad activa crecía en unas 70.000 personas al trimestre, hasta el punto de que, a partir de 1995 la tasa de incorporación se duplicó, y los corsarios del neoliberalismo al abordaje del sistema público español se vieron obligados a retrasar la fecha del cataclismo anunciado hasta el año 2020 para imponer los planes de pensiones privadas (PePP).

Uno de los argumentos demográficos que son esgrimidos con mayor fuerza a la hora de hablar de la insostenibilidad de las pensiones es el referido al hecho de que la esperanza de vida promedio de nuestro país haya pasado de ser 73,40 años a 83,59 años en cuarenta y cinco años (1975-2020), tratando de decirnos que los ancianos viven ahora 10,19 años más que en 1975, cuando ello no se corresponde con la realidad, desconociendo, por lo visto, como se calcula la esperanza de vida promedio del país, tal como viene explicando el catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y profesor de la Johns Hopkins University, Vicenç Navarro.

De acuerdo con el profesor, supongamos que España tuviera sólo dos habitantes, uno, José, que se muere al nacer y otro, la señora García, que tiene 83,59 años. La esperanza de vida promedio de España sería: 0 + 83,59: 2 = 41,77 años. Sigamos suponiendo que en el país vecino de Portugal hubiera también dos ciudadanos, uno, Juanito, que tiene 20 años, y otro, la señora Couso, que tiene 83,59 años. La esperanza de vida promedio de este segundo país sería: 20 + 83,59: 2 = 51,79 años. El hecho de que este país tenga 10,92 años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir (como constantemente se viene malinterpretando) que la señora Couso viva 10,92 años más que la señora García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que José. Lo que ha estado ocurriendo en España es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 73,40 años a 83,59 años, pero ello no quiere decir que el ciudadano español medio viva 10,19 años más ahora que hace 45 años. Por lo tanto, calcular las pensiones en base a esa lectura errónea de los datos penaliza a la población pues asume que la gente vive más años de lo que realmente vive.

Si de verdad tuviéramos gobernantes y legisladores como es debido, esto es, representantes del pueblo que no hincaran la rodilla ante el poder económico, hace tiempo que habrían ajustado las cuentas a la delincuencia financiera, exigiéndoles la devolución del dinero que le debe al pueblo, a la vez que haciendo realidad sus compromisos electorales sobre las pensiones y los pensionistas, pero no lo hacen porque no ejercen sino como altos funcionarios de ese poder económico. Eso sí, desde el bipartidismo PPSOE se han puesto de acuerdo para la creación de un fondo que permitirá a Diputados y Senadores la obtención de la pensión máxima del sistema público de Seguridad Social cuando dejen el escaño, con el único requisito de haber sido miembros de las Cámaras durante al menos siete años.

De esta forma han conseguido que las Cortes garanticen a todos sus culiparlamentarios la pensión máxima, esa pensión que los trabajadores sólo pueden obtener cotizando durante 35 años y siempre que los últimos 15 los hayan hecho por la base máxima. Es decir, sus señorías, aprueban leyes de pensiones mínimas, paupérrimas, y congelaciones salariales, para millones de jubilados y pensionistas, pero se asignan pensiones a si mismos sin someterlas a ley alguna. Y lo más grotesco, que lo hacen con el argumento de la dignidad del cargo parlamentario.