TRIAJE EN LAS RESIDENCIAS

La polémica arrecia en la comunidad de Madrid tras hacerse público que un alto cargo de la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico envió un protocolo de triaje con la orden de excluir a personas dependientes o con discapacidad, condiciones frecuentes entre quienes viven en asilos de ancianos. Las consecuencias fueron dramáticas. Muchos familiares de los miles de víctimas consideran que fueron sacrificadas. En algunos momentos, se aplicaron criterios tan amplios como la edad: los mayores de 75 años fueron descartados para que enfermos más jóvenes pudieran tener un respirador que los mantuviera con vida. Según el testimonio de la directora de una cadena de residencias recogido por El País, justificaban los rechazos alegando que a partir de esa edad la intubación está contraindicada, pero “es habitual intubar a pacientes mayores” de 75 años, explica el rotativo (El País, 9 de junio de 2020)

El trato dispensado en cualquier país a los ancianos que viven en residencias ha sido, a juzgar por la cantidad de informes y testimonios, el capítulo más oscuro de la actual crisis sanitaria. Y tal vez sea el primero que habría que investigar para evitar que lo ocurrido no vuelva a repetirse: la falta de personal y material médico, de cuidadores suficientes y de recursos de todo tipo para atender a los contagiados por el coronavirus ha sido más que evidente en todas partes, pero sobre todo en aquellos centros donde el afán de lucro viene primando sobre cualquier otra consideración.

En Suecia, referente universal del estado de bienestar, las principales víctimas del coronavirus hasta la fecha han sido los ancianos, y existen sospechas de que en ese país escandinavo se aceptó demasiado fácilmente la posibilidad de que muchos de ellos acabaran sucumbiendo al coronavirus, como de hecho ocurrió. Una destacada enfermera sueca advertía públicamente en su día a las autoridades sanitarias de que la negligencia que estaba observando podía llevar a casos de «eutanasia activa».

La propia televisión sueca refirió casos de enfermos a los que se administró morfina y se dejó morir, supuestamente porque en un hospital local no quedaban camas disponibles, lo que se demostró falso de toda falsedad, tal y como quedaría certificado cuando la mismísima ministra sueca de Asuntos Sociales, Lena Hallengren, desmentía públicamente esa falta de camas al haber más que suficientes.

La ministra española de Sanidad, Maria Luisa Carcedo, y la ministra de Salud y Asuntos Sociales de Suecia, Lena Hallengren, en una visita a nuestro país el 3 de setiembre de 2019. Pese a que la estancia media en los hospitales españoles es ligeramente superior a la media europea (7,6 días, por 7,5 días de media en los países de la Unión Europea), el Sistema Nacional de Salud ha ido perdiendo camas hospitalarias en los últimos años, hasta situarse a la cola del continente en cuanto a número de camas por cada 1.000 habitantes.

Incluso es público que las autoridades sanitarias del país elaboraron un plan para el caso en que se produjese una situación de auténtica emergencia y hubiese que recurrir a lo que en la jerga médica se conoce como «triaje», un método que trata, en circunstancias de escasez de recursos médicos, de clasificar a los pacientes según un sistema de prioridades, como las posibilidades de supervivencia o los años teóricos que les quedan de vida, algo que, en pura ética, afecta a la dignidad a la que tiene derecho cualquier individuo.

Algunos médicos de los mismos hospitales se quejaron de que no se les permitió tratar a los pacientes de más edad como habría correspondido: “Nos obligaron a dejar morir ante nuestros ojos a enfermos de los que estábamos seguros de que podrían haber sobrevivido gracias a los intensivistas”, declaró uno de ellos al diario sueco Dagens Nyheter. Unas gravísimas acusaciones que, siendo negadas por las autoridades, sin embargo, serían corroboradas por otros médicos, quedando a la espera de establecer la verdad a través de las investigaciones iniciadas.

Desde Suecia hasta la República Federal de Alemania, leyendo el diario Der Spiegel, tal parece que se haya disipado cualquier duda al respecto, cuando afirma que se «invitó» a la muerte a entrar en los asilos de ancianos, donde, en muchos de ellos faltaban medios para tratar a los contagiados, a los que se administraron medicinas paliativas en lugar de mandarlos directamente a un hospital.

Incluso en los hospitales se impidió supuestamente al personal médico hacer todo lo que estaba en sus manos para salvar la vida de quienes habían sido prematuramente desahuciados.

El semanario alemán ve en todo ello un ominoso presagio de lo que podría ocurrir también un día en la propia Alemania: en Suecia, la esperanza media de vida es ya de 85 años en el caso de las mujeres y de 81, para los hombres. En Alemania, es de 83,6 y 78,9, respectivamente.

“Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital”. Esta es la sentencia escrita en el parte de alta de Urgencias y por el que se devolvió a su centro asistencial a una mujer menor de 80 años que presentaba “neumonía bilateral” y “probable covid 19 (pendiente PCR)”, según se especifica en el “juicio clínico” del mismo documento. La paciente fallecía tres días después en su residencia tras no ser ingresada en el Hospital Infanta Cristina, de Parla (Madrid).

Según el proyecto global de investigación social World Values Survey, Suecia es uno de los países donde los mayores se sienten más menospreciados por el resto de la población, donde solo poco más de un 20 por ciento trata con respeto a los que ya han cumplido los setenta.

Hay quien recuerda una vieja leyenda según la cual, en la época de los vikingos, los ancianos considerados ya inútiles se arrojaban o eran arrojados al vacío desde lo alto de una roca. Es lo que algunos han dado en bautizar como «senicidio» – asesinato de los «seniores» (en latín: ancianos) -, algo que, como escribe Der Spiegel, combina la arcaica brutalidad de semejante acto con la moderna racionalidad tecnocrática.

Pero, siendo preocupante lo que pueda ocurrir en otras partes del mundo, como el caso referido de Suecia, mucho más preocupante resulta lo que ha ocurrido en nuestro país, objeto de este ensayo, donde ni siquiera sabemos al día de hoy, 24 de agosto de 2021, el número real de infectados y de muertos, porque desde el gobierno se sigue ocultando la realidad, lo que dicho en román paladino, están mintiendo al pueblo desde el primer momento en que apareció el coronavirus, teniendo que recurrir a organismos como el INE, Instituto de Salud Carlos III, Registros Civiles, cuando no a otros organismos internacionales de reconocido prestigio, caso concreto de la Universidad Johns Hopkins de EE.UU. para saber las cifras reales de cada momento.

Los protocolos ordenados por el Gobierno para la gestión de las residencias de mayores durante el coronavirus arrojan importantes dudas sobre la base ética más primaria. Casi el 70% de los fallecidos por coronavirus en España vivían en residencias de ancianos, es decir, aquellas personas que con toda una vida de trabajo financiaron nuestra Sanidad Pública murieron privados de contacto con sus seres queridos, abandonados y sometidos a métodos de triaje excluyentes que conducían al éxitus, con la aplicación indiscriminada de mórficos.

Resultan del todo desgarradoras las declaraciones realizadas en el Congreso de los Diputados por la presidente del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS), Cintia Pascual, el 4 de junio de 2020, para explicar que “había hecho llamadas a todos los gabinetes de ministros y que lo que se encontró fueron reproches entre comunidades y partidos políticos cuando éramos un sector que no queríamos reproches sino ayuda en un momento de crisis (…) Ahora se ve, que mantener a los mayores en las residencias no fue una buena decisión y más lamentable que no se atendieran ni las peticiones más básicas como epis, médicos, enfermeras y tests (…) Qué se hiciera una valoración de las personas y que, si a alguna se la pudiera salvar la vida, llevarla a un hospital (…) Hay una imagen que yo no la olvidaré en la vida, es ver un médico entrar a una residencia y decir mórfico, mórfico, mórfico (…) Porque si cada vez que venía se colocaba mórfico, ya saben qué es esto: dos o tres días y éxitus».

A partir de testimonios directos como el descrito, resulta más que evidente la existencia de alguna directiva diseñada por las autoridades para que las personas más débiles murieran de manera indigna. Lo más grotesco es que hasta el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía seguir siempre los criterios de aquel comité de expertos que se decía sabio pero que nunca existió.

Uno de los protocolos de actuación sanitaria distribuido en la comunidad autónoma de Aragón, fechado en abril de 2020, dirigido entre otros a los médicos de los centros de salud, insta a valorar la permanencia en sus domicilios y residencias, y por tanto su no derivación a un hospital, de los pacientes mayores de 80 años y con enfermedades terminales, demencia o una expectativa de vida limitada (En España, la esperanza media de vida era en el año 2021 de 85,07 para las mujeres y 79,60 para los hombres, alcanzando en Aragón el 82,43).

Sin mencionar en ningún momento de forma explícita la palabra triaje, el documento habla de “contexto excepcional de catástrofe con sobrecarga de hospitales que hace que en momentos concretos se puedan producir derivaciones de pacientes con estas características a atención primaria desde el hospital, o se puedan producir dilemas éticos que hay que resolver”.

En un segundo documento se especifica literalmente que “si el residente [del centro sociosanitario] desarrolla síntomas más graves (fiebre mayor de 38º, frecuencia respiratoria > 30 y saturación inferior a 89%) y requiriese el traslado a un hospital para un mayor nivel de atención, será necesario valorar muy detenidamente su situación funcional, así como sus comorbilidades (…) siendo preciso optimizar los dispositivos asistenciales del sistema, valorando a aquellos pacientes que menos se benefician del ingreso hospitalario en función de una serie de criterios bien definidos”. 

Además de las denuncias de los trabajadores de las residencias y de la patronal, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha insinuado que esa orden de no hospitalizar a los ancianos existía. En la entrevista del pasado domingo en ‘El Mundo’, donde se habló mucho de las imágenes y poco del contenido, Isabel Díaz Ayuso decía sobre la denuncia de la patronal de residencias que “si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado”. En Cataluña, incluso, se puso un tope de edad —80 años— para ingresar en las UCI a los afectados por coronavirus, algo que tumbó por inconstitucional el Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, el gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán, asegura que “no ha redactado en ningún momento ningún protocolo de actuación que limitase la derivación de personas mayores ni de ningún otro paciente Covid a los hospitales”, matizando que este tipo de actuaciones “siempre se han regido por criterios estrictamente clínicos de los profesionales sanitarios que trataban a los pacientes”, siguiendo rigurosamente los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad, con el triste balance de 2.300 ancianos muertos en las residencias pretanatorio de un total de 3.698 fallecimientos en la comunidad.

La cruda realidad es que más de la mitad de los muertos por coronavirus pertenecen a estos pretanatorios que se conocen como geriátricos o residencias de ancianos, y la Fiscalía tiene abiertas investigaciones en cientos y cientos de estos establecimientos, denuncias que van desde el abandono hasta el homicidio, aunque sigo pensando que es demasiado tarde, cuando han tenido que morir miles de abuelos y abuelas en residencias públicas, privadas o concertadas para darnos cuenta del insostenible modelo de atención a las personas mayores que tenemos en el Estado español. Responsabilidad que atañe a las administraciones, que ya viene de atrás, y debería avergonzarnos como sociedad porque no se haya sabido defender y proteger a las personas más vulnerables, a nuestros mayores.

Ocurre que la inmensa mayoría de residencias están gestionadas por empresas privadas, es decir, son un negocio, y dependen en cada autonomía de servicios sociales que no son responsables de la atención sanitaria de estas personas. Precisamente esta crisis ha dejado al descubierto esa falta de apoyo sanitario, con centros en los que hay muy pocos médicos para enfrentarse a decenas y decenas de positivos, donde el personal auxiliar se ha visto desbordado por la capacidad de contagio del virus tal y como ha ocurrido en muchas de las residencias.

Esta cruda realidad demuestra que  nuestros ancianos son víctimas de un gran negocio, perfectamente consentido por los gobiernos del bipartidismo PPSOE y sus apéndices nazionalistas en Cataluña y el País Vasco, a través de un grupo de multinacionales y fondos buitre, apareciendo en bastantes ocasiones personas conocidas que antaño fueron cargos políticos en la administración y en los gobiernos central y autonómicos y ahora rigen este tipo de establecimientos que controlan en torno al 75% de las plazas en centros de la tercera edad y mueven todos los años una cifra de 5.000 millones de euros.

Inauguración de la Residencia Palacio de Leceñes en Valdesoto de Siero, el 15 de setiembre de 2014, con la asistencia del alcalde de Siero, Eduardo Martínez Llosa; la consejera de Bienestar Social del Principado, Esther Díaz, y el presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo, esposo de la exconcejala de Gijón y exconsejera del gobierno autonómico de Asturias presidido por Vicente Álvarez Areces, Maria José Ramos Rubiera, que ha sido nombrada directora comercial del nuevo geriátrico privado de lujo sin haber tenido en su vida contacto alguno con el sector.

Desde constructoras como ACS, Sacyr o Eulen, pasando por aseguradoras como BUPA o Santa Lucía, hasta llegar a entidades religiosas como, por ejemplo, la Fundación San Rosendo, muy beneficiada por los gobiernos de Fraga en Galicia, y promovida por el cura, don Benigno, que fue condenado a pena de cárcel por quedarse con el dinero de una residente, por no hablar de “Los Mensajeros de la Paz” del tristemente famoso padre Ángel, todas ellas conforman esta red mafiosa en el “mercado” residencial.

Miles de ancianas y ancianos han fallecido en España como consecuencia de la pandemia del coronavirus que invade nuestro país, en su mayoría cadáveres abandonados durante horas o días, tal como pudimos saber recientemente por boca de la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, personal dándose a la fuga, como lo ocurrido en la residencia Monte Hermoso de Madrid, con 20 persona fallecidas.

Trabajadoras y trabajadores muy precarizados, sin medios ni formación requerida para abordar el problema. Responsables empresariales mirando para sus cuentas bancarias. Un gobierno totalmente desbordado que se ha visto obligado a enviar al Ejército para intentar averiguar el alcance del brote y contenerlo. Una gran tragedia cuyo balance final tardaremos en conocer. Pero, lo peor de todo, que se trata de un drama que se pudo y se puede evitar en toda su dimensión.

La Fundación San Rosendo, que gestiona la residencia San Bartolomeu de Xove donde se cruzaron los destinos de ambas ancianas, lamenta lo que califica como un “desafortunado incidente”. Las identidades de las pacientes se intercambiaron de alguna manera todavía sin aclarar cuando el 29 de diciembre, tras dar positivo, fueron trasladadas desde el geriátrico de Xove a otro de Pereiro de Aguiar (Ourense) donde la entidad, creada por el cura Benigno Moure y con 70 centros en Galicia, concentra a sus residentes infectados. Rogelia Blanco de 85 años había enfermado de coronavirus en un geriátrico de Xove (Lugo) y el 13 de enero comunicaron a su familia que su cuerpo no había resistido, recibiendo sepultura en el cementerio de San Pedro de Xuances, pero el pasado sábado una voz nerviosa al teléfono procedente de la residencia de la anciana dejó a su sobrino Julio boquiabierto: “Tu tía Rogelia está aquí”. “Entonces, ¿a quién enterramos el otro día?”, preguntó él.

En efecto, a juzgar por los testimonios y los datos que hemos obtenido, perfectamente constatados, es necesario hacer una retrospectiva años atrás para saber que los problemas ya empezaron a aparecer hace bastantes años, aunque su fase de agudización provenga de  los años del austericidio impuesto por el bipartidismo PPSOE en 2010, con el asalto de los corsarios del neoliberalismo al Estado del Bienestar y la fiebre privatizadora que vino a partir de la reforma del artículo 135 de la Constitución con el objetivo de  rescatar la banca con el dinero del erario.

Desde esos momentos muchas residencias para ancianas y ancianos poco o nada tienen que ver con el modelo familiar y casi idílico que ofrecen sus anuncios. Más bien son aparcamientos de abuelas y abuelos, padres y madres, gestionados con la mente puesta en el negocio lucrativo, muchos de ellos por fondos de inversión no especializados, cuya principal característica es la precariedad: “Muchos trabajamos en turno partido, pero tenemos que tener disponibilidad total. Por esto hay muchas gerocultoras que trabajan en hasta dos y tres centros. Médicos y enfermeros ganan mucho menos que en el sector sanitario, por lo que tampoco se quedan, y el seguimiento se resiente”, según el testimonio público de Pilar Ceprián, afiliada a CC.OO. y gerocultora desde hace más de 25 años.

Los últimos datos publicados por el IMSERSO, indican que de los 5.457 centros residenciales que hay en España, cerca de un 75% son de titularidad privada. Es decir, más de 4.000 centros pertenecen al sector privado, mientras que apenas llega a 1.400 el número de residencias públicas, un “mercado” que viene creciendo a un ritmo superior al 4% interanual, según un informe de la consultora DBK Informa, el cual viene siendo denunciado reiteradamente por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones que rechaza este modelo de gestión de las residencias de mayores en España, “cuya principal finalidad es el beneficio económico, no el bienestar y la salud de las personas”.

Los recortes del neoliberalismo practicado en España por el bipartidismo PPSOE y las privatizaciones masivas no hicieron más que contribuir a la agudización del problema, hasta el extremo de que, desde los inicios del problema, la tan cacareada Ley de Dependencia viene acumulando un recorte en los Presupuestos Generales del Estado en torno a los 6.000 millones de euros. Ahondando más en el problema, nuestro país no tiene suficientes plazas públicas de residencia con sus casi 380.000 plazas por lo que harían falta como mínimo de otras 18.000 más para alcanzar las 5 camas por cada 100 mayores que recomienda la OMS, según distintos informes profesionales realizados sobre la cuestión.

Si algo ha quedado claro es que la privatización del sector es una de las grandes culpables, sino la que más, de la masacre que estamos viviendo durante las malditas fechas pandémicas del coronavirus, pudiendo afirmar que la cifra de mortandad en los centros privados casi duplica a las de las públicas.

Desde mi punto de vista, a raíz de muchos casos que me constan fehacientemente a través de familiares y sindicalistas de la Corriente Sindical de Izquierdas en Asturias, presentes en los geriátricos, tanto públicos como privados, esta generación está siendo tratada como si fueran apestados, funestos, algo así como la economía o la vida: triaje, testamento vital, pacientes de riesgo y descabello en función de la esperanza de vida

“En la Residencia Palacio de Leceñes en Siero, cincuenta y dos personas se han visto afectadas por el coronavirus. Desde el primer caso, Sanidad se hizo cargo de la gestión dando palos de ciego: no actuando con determinación y con escaso éxito (…) en los últimos días, cuando se suponía que todo estaba ya controlado y se encauzaba la situación, algunos ancianos que habían sido negativos en la PCR han tenido que ser derivados al HUCA, ya que presentaban baja saturación de oxígeno y diferentes complicaciones. Uno de estos, de los que ya se creía que estaban a salvo, falleció (…) La situación es límite en Leceñes, además de los residentes, entre la plantilla, aumenta el trabajo y escasea el personal, ya que debido a la situación que presenta el centro es imposible la contratación para cubrir las vacantes, declinan la oferta. Los trabajadores doblan turnos y se desempeñan sin descanso, seguir así es insostenible. Se han solicitado refuerzos al SESPA, a la Consejería de Derecho y Bienestar y al ERA, que tratan de hacer lo posible, pero la escasez de personal es la norma en esta situación. Como medida última y desesperada, la dirección de la residencia está intentando recurrir a familiares y conocidos para cubrir estas plazas, pero parece tarea imposible” (La Voz de Asturias, el 29 de octubre de 2020)

En efecto, se ha perdido mucho tiempo y los equipos de protección para atender el personal, desde mascarillas hasta los trajes pasando por los guantes, han llegado tarde, las bajas de trabajadores se han precipitado y los test para todos los usuarios y empleados han llegado con cuentagotas. Y mientras tanto, los ancianos y ancianas, que han estado compartiendo a pelo comedor o baño cuando no habitación, iban cayendo como moscas.

Como ha quedado dicho, la mismísima ministra de Defensa, Margarita Robles, desvelaba públicamente en la mañana del 24 de marzo de 2020, el «dramático» estado de algunos centros de ancianos que han visitado estos días los militares, dentro de la «operación Balmis» que lucha contra la contención del coronavirus. Un panorama dantesco del que no se libra absolutamente ninguna comunidad: «Vamos a ser absolutamente implacables y contundentes con el trato que se dé a los mayores en las residencias. El Ejército en algunas visitas ha podido ver a algunos ancianos absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas».

Los militares han levantado acta como agentes de la autoridad, según el decreto del estado de alarma, y el ministerio de Defensa decidía remitir los atestados a la fiscalía general del Estado por si hubiera indicios de algún delito: «Tenemos que estar todos juntos; tenemos que trabajar todos juntos. Que las cosas se podían hacer mejor, sin duda; que cada uno tiene su propia opinión, sin duda, pero, por favor, insistía la ministra Robles, en su mensaje de unidad frente a la adversidad: pongámonos todos a evitar polémicas y salir adelante, porque al virus no se le gana tratando de ponerse medallas, hacemos las cosas con toda la voluntad de servicio público, con la idea de salvar vidas humanas y no perdernos en discusiones políticas».

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que los miembros de las Fuerzas Armadas han encontrado en las residencias de mayores a ancianos muertos en sus camas y ha avisado de que serán “implacables y contundentes” contra este tipo de acciones. “El Ejército ha podido ver ancianos, mayores, absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas”, ha apuntado Robles en declaraciones a Telecinco (23-03.2020)

La realidad es que mientras unos y otros, es decir, entre los unos del gobierno autonómico y los otros del gobierno central, se tiraban los trastos a la cabeza, la comunidad aragonesa alcanzaba el mayor porcentaje del total en el contexto del Estado español, con el 90,31%, situando inmediatamente detrás a Navarra, con el 87,95%, y Extremadura con el 84,84%, alcanzando la Comunidad de Madrid el porcentaje del 68,74 %, de tal manera que, al día de hoy, 24 de agosto de 2021, cuando estoy redactando este ensayo, hemos alcanzado la cifra de 4.804.424 casos de coronavirus confirmados con prueba diagnóstica de infección activa y 83.527 muertos con test positivo, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad:

Andalucía: 777.299 infectados y 10.600 muertos.

Aragón: 156.190 infectados y 3.698muertos.

Asturias: 69.900 infectados y 2.049 muertos.

Baleares: 94.615 infectados y 906 muertos.

Canarias: 90.700 infectados y 921 muertos. 

Cantabria: 43.922 infectados y 594 muertos.

Castilla-La Mancha: 227.764 infectados y 6.108 muertos.

Castilla-León: 292.646 infectados y 7.145 muertos.

Cataluña: 886.082 infectados y 15.101 muertos.

Ceuta: 7.095 infectados y 124 muertos.

Comunidad Valenciana: 496.481 infectados y 7.597 muertos.

Extremadura: 98.073 infectados y 1.867 muertos.

Galicia: 179.283 infectados y 2.535 muertos.

Madrid: 867.974 infectados y 15.764 muertos.

Melilla: 10.374 infectados y 101 muertos. 

Murcia: 135.965 infectados y 1.669 muertos.

Navarra: 80.834 infectados y 1.213.

País Vasco: 250.666 infectados y 4.721 muertos.

La Rioja: 38.561 infectados y 814 muertos.

Dicho contundentemente en un lenguaje claro y preciso: No proporcionar deliberadamente el cuidado necesario a quien ha pagado por él y lo necesita, es un crimen, y dejar morir a sabiendas a los ancianos y ancianas en las residencias también es otro crimen, de igual manera que cualquier médico que acepte y aplique el triaje mengeliano sin denunciarlo son, lisa y llanamente, cómplices del crimen.

Con 68 pacientes en Urgencias pendientes de ingreso; el 80% de los quirófanos cerrados por contaminación tras el temporal y una presión que no deja de aumentar ni en UCI ni en planta, el Hospital Virgen de la Salud de Toledo totalmente colapsado. Con 472 pacientes COVID en el límite: Virgen de la Salud: 191 pacientes COVID en planta. Virgen del Valle: 103 pacientes. Provincial: 57 pacientes. Parapléjicos: 84. El 80% de los Quirófanos del Virgen de la Salud cerrados como consecuencia del temporal. Es decir, mientras la sanidad de Castilla- La Macha permanecía colapsada y muchas de sus instalaciones derrumbadas por el temporal, el nuevo hospital de Toledo permanecía inutilizado, sin encamación, ni UCI ni quirófanos activos, principalmente por falta de presupuesto, debido entre otras cuestiones, a las disputas y enfrentamientos políticos.

En absoluto estamos en una guerra como decían los altos jerifaltes militares en sus comparecencias públicas, sino que asistimos a una catástrofe para la que existen suficientes recursos si se organizan bien y si se quiere. No puede ser que haya hospitales cerrados como el Universitario de Toledo – uno de los mejor dotados de Europa, con una superficie construida equivalente a más de 34 campos de fútbol – y no haya camas en Barcelona, según dicen. No puede ser que los jefes de las taifas jueguen a “ser solidarios” enviando el material que quieran a otras taifas que les caigan bien. No puede ser que cada cual compre por ahí el material que le apetezca. Esto es un cachondeo ineficiente y asesino. Dejar morir a la gente no solo es radicalmente inhumano, sino que el triaje atenta muy claramente en contra de los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión (artículos 20 y 21) y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (artículo 5), pero, además, el triaje va en contra del derecho a la vida de que goza toda persona (artículo 2 de la Carta), independientemente de su edad o discapacidad.

Según ha revelado InfoLibre, el 18 de marzo de 2020, el Gobierno autonómico de Madrid envió a todas las residencias de mayores de su comunidad un protocolo con los criterios de exclusión que debían tenerse en cuenta, en el contexto de la COVID-19, a la hora de derivar a pacientes a hospitales. Según esos criterios, no debían ser trasladadas las personas gravemente enfermas ni aquellas con una discapacidad física o mental, falleciendo, entre el 25 y el 30 de marzo de 2020, 1.364 internos de residencias de mayores de Madrid, de los cuales solo el 13 % habían sido hospitalizados.

No era la primera vez que la figura del vicepresidente del gobierno japonés, Taro Aso, se convierte en polémica. Sus declaraciones son ya conocidas por todos y estas últimas se suman a una larga lista que incluyen comentarios despectivos contra ancianos o desempleados, por ejemplo: “Hitler, quien mató a millones de personas, no era bueno incluso si sus motivos eran los correctos”, dijo Aso durante su intervención en una reunión de un grupo de políticos del gobernante Partido Democrático Liberal (PLD), celebrada en Yokohama. (El Economista, 30 de agosto de 2017)

Esta esquela adelantada de nuestros viejos recuerda las declaraciones de aquel vicepresidente de las Finanzas en el gobierno japones, Taro Aso, cuando refiriéndose a la problemática de las pensiones, pidió a los ancianos del país que “se dieran prisa en morir” para que de esta manera el Estado no tenga que pagar su atención médica. “Dios no quiera que ustedes se vean obligados a vivir cuando quieran morir. Yo me despertaría sintiéndome mal sabiendo que todo el tratamiento está pagado por el Gobierno”, dijo Aso durante una reunión del Consejo Nacional sobre la reforma de la Seguridad Social, según informa el diario británico The Guardian (22 de enero de 2013). “El problema no se resolverá a menos que ustedes se den prisa en morir”, acabaría remachando.

No era la primera vez que este miserable, uno de los políticos más ricos de Japón, cuestionaba el deber del Estado en relación a los pensionistas. Ya en 2008, ejerciendo de primer ministro, llegó a calificar de “chochos” a los pensionistas que deben cuidar mejor de su salud: “Veo a gente de 67 ó 68 años constantemente ir al médico”, soltó en una reunión de economistas, para preguntarse: “¿Por qué tengo que pagar por las personas que sólo comen y beben y no hacen ningún esfuerzo? Yo ando todos los días y hago otras cosas, pero yo voy a pagar más impuestos”.

Por si no fuera suficiente, con fecha 7 de julio de 2015 sería la mismísima directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, quien ahondaría, aún más, en esta miserable política de acabar con los ancianos al manifestar públicamente que “El Fondo Monetario cree que hay que tomar más medidas de terapia de shock y cita entre ellas el recorte de las pensiones, el aumento de las cotizaciones y la posibilidad de que los Estados privaticen por completo el sistema de pensiones y contraten aseguradoras privadas para la cobertura de ese llamado riesgo de que la gente viva más de lo esperado. El Fondo reclama también que se recorten aún más las prestaciones y se retrase aún más la edad de jubilación ante el riesgo de que la gente viva más de lo esperado” (Diario 16, el 13 de marzo de 2010).

Christine Lagarde, directora gerente de FMI, quiere que la reunión de primavera en Washington sirva para mirar hacia delante. En este contexto, exige a los Gobiernos que reconozcan que el envejecimiento les puede crear un serio problema en el futuro y que es un riesgo. Para neutralizar sus efectos, recomienda combinar el aumento de la edad de la jubilación con otras medidas. Para el retraso de la edad de jubilación, propone que se ligue a la esperanza de vida, de modo que el número de años en que los jubilados cobran la pensión no aumente. En la reciente reforma española del sistema de pensiones que retrasaba la edad de jubilación a los 67 años de forma progresiva ya se prevé un mecanismo de este tipo, llamado factor de sostenibilidad, pero ese retraso no basta. El Fondo cree que hay que tomar más medidas recortando las pensiones, aumentando las cotizaciones y que los Estados contraten con aseguradoras privadas la cobertura de ese “riesgo de que la gente viva más de lo esperado”. Así, el informe de estabilidad financiera plantea que se recurra a los mercados de capitales para que se transfiera el riesgo de la longevidad de los planes de pensiones a las instituciones que tienen más capacidad para gestionarlo (El País, 12 de abril de 2012)

Por cierto, un pensamiento muy deseado por esos corsarios del neoliberalismo europeo y español, aunque no lo digan tan claro, utilizando narrativas un pelín más sofisticados, como, por ejemplo, que el “alargamiento de los años que los ancianos viven está creando un enorme problema a la economía del país”.

A este paso, de seguro que acabaremos copiando de los esquimales, que cuando sus padres son demasiado mayores los dejan a la intemperie glacial en la puerta de la choza.

¿Tendrá algo que ver esto con el coronavirus? ¡Ahí lo dejo para la reflexión ¡