CON LA IGLESIA HEMOS TOPAO

El   día 15 de abril de 2015, los Mensajeros del “ángel de la muerte” se hacían cargo de la gestión de la residencia Virgen del Carbayo en la localidad asturiana de Ciaño, en Langreo, Hasta entonces este antiguo Asilo era gestionado por las Hermanas de los Ancianos Desamparados, que han trabajado en la zona desde que en el año 1947 el marqués de San Feliz les cediera el edificio para que lo destinaran a la atención a personas desfavorecidas.

En España, allá por la primera mitad del siglo XX, existían instituciones para ancianos pobres atendidos por Órdenes religiosas en las que convivían conjuntamente con enfermos, dementes y huérfanos, es decir, unas instituciones que acogían a todo tipo de población faltan de la institución familiar, por cualquier motivo, bajo la tutela de la Iglesia.

El rechazo social a la persona indigente fue común a lo largo de la historia de la humanidad, siendo copiosas las evidencias que lo demuestran, entre ellas un elocuente grafito rescatado en Pompeya con el siguiente párrafo: “Odio a los pobres. Quien quiera algo a cambio de nada es un necio. Que pague y lo obtendrá”. Por contra, los Evangelios están salpicados de frases incitando a socorrer a los más necesitados; subrayando asimismo que el acto de dar no siempre es desinteresado, predominando los casos de hipocresía, y agregan a este propósito que “cuando des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha”.

La estructura económica de la sociedad medieval favorecía el que grandes estratos de población sufrieran situaciones de apremiante precariedad, propiciatorias de traspasar con facilidad el umbral de la miseria. Es sabido que la subsistencia de quienes dependían exclusivamente de las labores del campo estaba a merced de la bondad o mezquindad estacional de las cosechas, de las indisposiciones de la salud o incluso de unos excesivos gravámenes impositivos, sin ignorar una serie de contingencias que, como la lepra, la peste, las sucesivas hambrunas o las guerras abocaban a una situación carencia real, cumpliendo inexorablemente durante esos intervalos temporales el nexo entre la enfermedad y la indigencia. Por otra parte, es sobradamente conocido como una de las formas básicas de relación interaristocrática la llamada economía del don y el contradón, una de las características más definitorias de la relación social que establecen los dominantes con los de su grupo.

En efecto, de la mayoría de los textos y documentos clásicos relativos a la dádiva se desprende una actitud agonista motivada por la ambición de status. La acción de quien da es interesada, en el sentido de que prevé a cambio otro don por parte del receptor. Sin embargo, la existencia del grupo aristocrático no es comprensible más que desde la perspectiva de su contrario, aquél que produce para que el aristócrata ostente su estilo de vida y que no tiene acceso al sistema de relaciones sociales que los dominantes establecen entre ellos, a la vez que se produce una ruptura social irrecuperable, pues el mendigo, elemento marginal excluido de las normas de la reciprocidad, no podrá devolver nunca al rico lo que de él obtuvo.  Tras el presumido gesto altruista se enmascara, pues, un intercambio de intereses que consolida ideológicamente la bondad de las desigualdades, ya que con la pretensión de mitigarlas se refuerzan los mecanismos de dominación, de tal manera que los dones objetivan y hacen patentes las relaciones de respeto, dependencia, autoridad y poder sobre las que reposaba el orden social arcaico y, posteriormente, todo el sistema del evergetismo, siendo el principal propósito de tales gestos filantrópicos no aliviar la pobreza, sino más bien la búsqueda de la consideración y de honor a través del gasto público que sirve para afianzar la jerarquía social, sancionando las desigualdades vigentes en cada comunidad.

Allí donde se establecen temporalmente, nuestros mendicantes, al igual que los demiurgos, son percibidos como forasteros, cuyo estatuto comparten, gozando para su salvaguarda, de protección sobrenatural, tal como corresponde a los miembros del cuerpo social que no participan activa y plenamente en la colectividad. Por eso están amparados por los dioses que, bajo las más diversas apariencias, recorren pueblos y ciudades en forma de errantes peregrinos, para ver la justicia o la maldad de las personas. Obviamente, la mendicidad supuso y supone una necesidad vital para la subsistencia del clero en todas las partes del mundo. Resulta significativo, sin embargo, que aun cuando se contara con subvenciones por parte de la ciudad, se siguiera apelando a la generosidad de los fieles, sin olvidar que la limosna de los fieles es un gesto religioso; comparable, por tanto, al gesto de piedad de quienes echan monedas para llenar los “cepos” sagrados.

El Madrid del primer tercio del S. XIX quedaba constreñido por las murallas mandadas construir por Felipe IV, encerrando en un pequeño espacio a demasiados habitantes. Población que se vio incrementada por ser Madrid, Villa y Corte concentrando a la burguesía emergente, la aristocracia y el poder con su correspondiente aporte de riqueza. El desarrollo económico no pudo absorber las fuertes oleadas de inmigración que llegaba a la ciudad procedente de un campo que se depauperaba como consecuencia de las reformas y desamortizaciones liberales. En este contexto, Madrid era un hervidero de pasiones: epidemia de cólera, masas de inmigrantes y malas condiciones económicas, lo que propiciaba que se agolpasen en sus calles multitud de mendigos, niños abandonados, prostitutas…etc. Joaquín Vizcaíno, marqués viudo de Pontejos, fue quien planteó la necesidad de establecer un nuevo recogimiento de pobres, idea que se plasma en la fundación del Asilo de Mendicidad de San Bernardino, totalmente municipal.

Pues bien, esos asilos para ancianos indigentes han dado hoy paso a las residencias para ancianos o residencias para la tercera edad, atendidas no sólo por religiosas, como los antiguos asilos, sino gestionadas y atendidas, mayoritariamente, por personal seglar, pertenezcan o no a la Administración pública.

En efecto, es la oferta de plazas privadas la que se ha incrementado espectacularmente en los últimos años, poniendo de relieve la lentitud de aplicación y el relativo fracaso de otras alternativas asistenciales o servicios que han contribuido a su extensión, entre otras cuestiones porque el internamiento o aparcamiento de ancianos y ancianas, en nuestro país, no está, ni mucho menos, en vías de desaparición; por el contrario, se incrementa y, además, constituye la única solución viable, desde su propia perspectiva, para una gran cantidad de ancianos.

Pero, ¿quién y como se hace negocio hoy en España con el aparcamiento de los ancianos y ancianas en esos establecimientos, de los cuales, muchos de ellos se pueden calificar como pretanatorios?

Comenzaremos afirmando que el llamado sector residencial para el cuidado de los mayores está en manos privadas en casi su totalidad, con apenas 50.000 plazas de gestión pública, aunque privatizados todos sus servicios de limpieza y comida, entre otros, que representan el 13% del total, siendo el principal operador la iglesia católica, apostólica y romana, por delante de cualquier grupo empresarial presentes en el negocio residencial.

A la hora de adentrarnos en materia es necesario dejar perfectamente constatado que en este modelo residencial español existen bastantes anomalías a tener muy en cuenta que no son sino expresiones del capitalismo más salvaje del siglo XXI y del capitalismo incipiente del siglo XIX, destacando, entre todas ellas, los pelotazos multitudinarios que se vienen dando, comprando y vendiendo grupos de residencias al objeto de sacar el máximo beneficio en el menor tiempo posible, donde los residentes son lo menos importante, creando para ello complicadas estructuras societarias con el objetivo de eludir los impuestos y exprimir al máximo la caja de los establecimientos residenciales para conseguir todo el dinero efectivo que puedan, sin olvidarnos, claro está, de un hecho específico que sirvió, entre otras cuestiones, para abrir de par en par las puertas a los fondos del capital privado, como fue el desguace de las Cajas de Ahorros y Montes de Piedad.

En realidad, este invento de las Cajas de Ahorros fue obra del clero, que surgiría como la respuesta protestante a los montes píos católicos, de tal manera que, en lugar de prestar a los humildes, decidieron crear unas instituciones para que pudieran guardar su poco dinero y recibir un pequeño interés a cambio; empleando ese dinero para prestarlo a muy bajo interés. Las cajas llegarían a España en la primera mitad del siglo XIX, por Real Decreto de María Cristina de Borbón, unidas a los Montes de Piedad para conseguir una doble función benéfica y financiera, pero el gobierno y los partidos políticos acabarían metiendo la mano en las cajas y al final los ahorros de los pobres acabaron financiando la deuda del estado, cuando no llenando los bolsillos de sus gestores, principalmente políticos y algunos sindicalistas. Entre eso y que muchas cajas se metieron en negocios que no debían, la mayoría acabarían quebradas. 

Las noticias publicadas hoy, 12 de julio de 2016, acerca de la compra por parte de la Corporación Masaveu de más acciones de Liberbank y sobre el peso de ese grupo de la oligarquía asturiana y de los fondos de inversión mexicanos en el accionariado del banco son la mejor prueba de las maniobras especulativas ligadas al proceso de privatización/liquidación de Cajastur, con la impagable ayuda de los directivos que han pilotado todo este proceso de saqueo. Resulta evidente que lo que menos interesa a estos grupos económicos es la viabilidad a medio y largo plazo de la entidad y, por tanto, de los puestos de trabajo, pero también resulta evidente que el equipo directivo de Liberbank está desarrollando una política que sólo favorece los intereses de esos grupos especuladores (Foto de la antigua sede del Monte de Piedad en Oviedo, en la plaza Alfonso II El Casto).

En efecto, los primeros asilos en España eran de carácter religioso y estaban basados en el concepto de caridad, iniciándose cierta profesionalización en los principios de los años setenta, con la elaboración del primer Plan Gerontológico de la Seguridad Social en 1971 y la creación del IMSERSO en 1972, cuando empezaron a surgir los primeros “cuchitriles” privados a los que llamaban residencias y donde permanecían hacinados los ancianos y ancianas, hasta el extremo de llegar a usar métodos muy poco ortodoxos para que permanecieran dormidos el mayor número de horas, sobre todo por la noche.

Por aquellos tiempos, la iglesia católica ya era dueña de múltiples residencias, pero seguiría abriendo otras muchas, hasta llegar a ser el principal operador en el sector, tanto en geriátricos en propiedad como en el número de centros gestionados, desplegando toda su actividad a través de múltiples entidades como Cáritas e incluso los propios obispados, siendo las más importantes las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, toda una potencia en el sector, con 112 geriátricos y 15.000 plazas, repartidos por todas las comunidades autónomas, salvo en las Islas Baleares y Euskadi.

Los negocios son los negocios: Sor Rosario tiene 70 años y lleva 16 entre estas paredes de la residencia de ancianos de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, ubicada en la madrileña calle Padre Damián 22, a solo cinco minutos a pie del Santiago Bernabéu: “Nos enteramos de la venta del edificio en marzo. No sabemos nada más”. Junto a sor Rosario viven 18 monjas, 163 ancianos y 29 trabajadores. Todos ellos deberán abandonar estas instalaciones de 18.512 metros cuadrados el 8 de noviembre de 2021. La Iglesia, que tutela la fundación, ha vendido los inmensos pabellones residenciales y la parroquia de San Jorge, con la que colinda, a la Universidad privada de Nebrija. Esta es la segunda venta conocida que ha hecho el Arzobispado de Madrid en menos de un año a través de una de las 71 fundaciones que controla.

Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul ocupan la segunda compañía de monjas, gestionando 43 centros y 3.000 camas. Las Hermanitas de los Pobres, en tercer lugar, gestionan 20 centro con 1.500 plazas.

Cáritas Española, creada por la Conferencia Episcopal de la iglesia católica, dispone de 26 geriátricos con 1.800 plazas, amén de otros establecimientos residenciales cuya gestión la tiene encomendada a terceros, la mayoría de ellos a nombre de fundaciones, siendo una de las más importantes la Fundación San Rosendo en Galicia, fundada por el cura Benigno Moure Cortés, que bajo control directo del obispado de Orense lleva la gestión de 45 geriátricos con un total de 2.800 plaza.

Esta Fundación San Rosendo sería creada en 1992, siendo amamantada por la Xunta presidida por Manuel Fraga y la mafia caciquil orensana de los Baltar centrando sus servicios en la atención y el cuidado de ancianos, inválidos y necesitados, alcohólicos, minusválidos físicos y psíquicos en sus distintos grados y familias necesitadas, entre otras actividades, figurando como presidente honorario, por lo menos hasta 2020, el cura Benigno.

Este cura, amigo del exministro franquista y expresidente de la Xunta de Galicia entre 1990 y 2005 Manuel Fraga Iribarne, el único hombre capaz de imponerse a Manuel Fraga – se dice que hasta le dejaba fumar sus cigarros cohibas en el despacho presidencial -, y una de las pocas personas a las que el ex presidente temía y respetaba a partes iguales, recibiría las más altas distinciones del gobierno gallego por su “meritoria labor” en el cuidado de los ancianos y ancianas, hasta que en el año 2008 sería condenado a cinco años de cárcel por robar 573.673 euros a una de las “ancianitas” ingresada en uno de sus establecimientos con un grado muy avanzado de alzhéimer.

En efecto, la Audiencia Provincial de Orense condenaba al presidente de la Fundación San Rosendo, el cura Benigno Moure, a cinco años de cárcel por los delitos de apropiación indebida de los bienes de una anciana incapacitada, además de imponer al notario Alejo Calatayud ocho meses de multa por falsedad documental por el mismo caso, según consta en la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense tras el juicio celebrado el 2 y 3 de abril de 2008 contra ambos.

De esa segregación ética y estética de su casa matriz, Cáritas, nació Fundación San Rosendo, regida por un patronato que preside Benigno Moure, a través del cual alcanzó el cielo del éxito en la tierra y el reconocimiento de las administraciones por su obra social, como la medalla Castelao, Plata de Plata de Galicia; Grelo de Ouro y un largo etcétera, al tiempo que arreciaban las críticas de parte de la sociedad orensana por la supuesta explotación laboral y deficitaria atención a los pacientes ingresados en el centro asistencial (En la foto Fraga Iribarne y el cura Benigno Moure)

El caso se había iniciado como consecuencia de una denuncia presentada por el sobrino de la anciana Maria Vázquez Covela, ingresada junto con su marido en el geriátrico “Nuestra Señora de Os Gozos” en la localidad orensana de Monterrey – Pereiro de Aguilar.

Según se puede leer en la sentencia, el matrimonio tenía un “significado patrimonio inmobiliario y un importante capital en dinero” en una sucursal de Banesto, de tal manera que, cuando el director bancario quiso proponer a los titulares opciones para rentabilizarlo tuvo que contactar con Benigno Moure “que controlaba personalmente las visitas”, diciéndole al agente bancario que la fundación se hacía cargo de la administración y gestión del patrimonio, surgiendo la idea de incluir al cura como “autorizado” en las cuentas bancarias “lo que la anciana María Vázquez Covela aceptó asintiendo con la cabeza y firmando”. Tras fallecer el marido, también afectado de alzhéimer, el estado de la mujer motivó en 1999 que la fundación pidiese a la Fiscalía su incapacitación legal que fue decretada en noviembre de 2001 con el nombramiento como tutor de su sobrino y único heredero César Vázquez Romero.

Esta sentencia condenatoria contra el cura, sería recurrida por el cura ante el Tribunal Supremo, que dictaría una impresionante sentencia en 2011 por la que se ratificaba la condena de cinco años de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida: “el acusado Benigno Moure”, en la convección de que la mujer carecía de herederos forzosos, procedió a vender sus bienes inmuebles y a vaciar sus cuentas bancarias, “con intención de transferir ilícitamente a la Fundación San Rosendo la integridad del patrimonio”.

No obstante, a pesar de la sentencia judicial firme, la Diócesis de Ourense y el Partido Popular seguían presionando para que Moure no ingresara en prisión, llegando a convocar una manifestación en 2011, hasta que, finalmente, el cura sí pasaba por la cárcel de Pereiro de Aguiar, aunque sólo durante dos meses. Un castigo simbólico que rápidamente sería sustituido por la colocación de una pulsera magnética en el tobillo del condenado, para garantizar que pernoctase en su vivienda, hasta que, un año más tarde la Junta de Prisiones le retiraba el tercer grado y la pulsera para dejar en libertad al delincuente de la sotana.

Tras el ajetreo del juicio, la condena, los recursos, la petición de indulto al Consejo de ministros y las pruebas médicas para avalar su impedimento y librarse de la cárcel, el tal Moure seguía con su vida de siempre, como si nada hubiese ocurrido. Es decir, el cura delincuente Benigno Moure siguió presidiendo la Fundación San Rosendo durante la investigación y el juicio, y lo hizo incluso hasta el año 2011, cuando la sentencia firme lo inhabilitó legalmente para ocupar esta posición. Sin embargo, Moure dejaba de ser presidente para ser presidente de honor, manteniendo una posición de reconocimiento social a pesar de ser un reconocido ladrón, de tal manera que la demanda interpuesta por César Vázquez, uno de los sobrinos de la anciana estafada, sólo fue un paréntesis en su trayectoria en la Fundación San Rosendo, que en ese año de crisis contó con un presupuesto de 42,7 millones de euros.

A la vista de los hechos constatados y perfectamente documentados, resulta del todo vergonzoso que un ladrón que roba a los ancianos enfermos, después de haber permanecido dos meses en la cárcel, ni haya dimitido ni esté en la cárcel para cumplir los cinco años de la sentencia del Tribunal Supremo, paseándose por las calles de Orense “con su pasado glorioso intacto”. ¿Habrá obrado algún milagro de la iglesia o alguna gracia divina que la mente humana no alcanza a comprender, o será que en este país la justicia se interpreta según la dirección en la que chifle el viento?

La triste realidad es que “la grave enfermedad” que le certificó el Instituto de Medicina Legal de Galicia, hasta nueve patologías, varias óseas, lo exime de ingresar en la cárcel y de la inhabilitación, de tal manera que la misma Audiencia Provincial que le había condenado, tendría en cuenta el informe médico según el cual el cura necesita cama motorizada ortopédica, “un impedimento para un régimen carcelario”. ¿Tendrá algo que ver en este desagradable asunto el grado de corrupción alcanzado en los organismos e instituciones del Estado, sobre todo, a la hora de toparse con la iglesia?

Pero, no solo se robaba y se sigue robando a los ancianos en estos pretanatorios llamados geriátricos, ni tampoco se usan estos exclusivamente para el cuidado de los ancianos y ancianas, porque la iglesia católica, una de las instituciones más ricas del mundo, económicamente hablando, ya hacía muchos años que se había dado cuenta del gran negocio doble que suponía para sus repletas arcas la explotación de este sector de las residencias a partir de los antiguos asilos: el de la gestión y el inmobiliario.

De esta manera, sin salir de la Fundación San Rosendo del cura Benigno Moure, una mera alegación durante el periodo de exposición pública del Plan General de Urbanismo de Vigo del año  2005, le bastó a la iglesia para recalificar un solar de 1.395 metros cuadrados, cuyo uso pasó de dotacional a residencial contra la lógica de todo el ámbito, reservado para dotaciones, y pese a las exigencias de la Consellería de Educación, que consideraba “imprescindible” el colegio público que funcionaba en el edificio.

Nueve patologías, varias de ellas óseas y certificadas por el Instituto de Medicina Legal de Galicia, y la necesidad de usar una “cama motorizada ortopédica” le sirvieron al cura orensano Benigno Moure para eludir la prisión por la condena de cinco años de cárcel por robar casi 600.000 euros a una anciana enferma de alzhéimer. Sin embargo, el cura sigue caminando todos los días erguido, sin bastón y con aparente buen aspecto a su puesto de trabajo como presidente de la Fundación San Rosendo pese a la condena firme del Supremo que le obliga a ingresar durante cinco años en la cárcel y a no presidir fundaciones asistenciales (EL PAÍS, 19 de noviembre de 2009)

La especulación de la operación cuestiona la actividad de una fundación que, según declara en sus estatutos fundacionales, “quiere ser voz y lucha contra las marginaciones y pobrezas de todo tipo”. La clausura, por parte de la Vicepresidencia de la Xunta, de una residencia de ancianos que funcionaba en el mismo edificio dejaba despejado el camino al negocio inmobiliario de la Fundación San Rosendo.

Al Plan General del ayuntamiento de Vigo, presidido por la alcaldesa del PP, Corina Porro, se presentarían más de 60.000 alegaciones, siendo aceptada la de la Fundación San Rosendo, atribuyendo los responsables del plan “a un error en la edición del documento presentado para la aprobación inicial del Plan Xeral de Ordenación Municipal” que la parcela figurara como equipamientos y otorgándole la calificación de residencial, para viviendas.

Aquella recalificación o “pelotazo” supuso la creación de una isla en el conjunto del ámbito, que se destinaba a equipamientos, contradiciendo los compromisos asumidos en la historia y transacción del inmueble, pero representaba un negocio urbanístico de mucho dinero para la Fundación San Rosendo.

Queda muy claro que a la iglesia no le interesaba ni la residencia ni el colegio en su edificio, cuando, según fuentes del propio centro educativo, ya les habían anunciado en 2004 que el colegio iba a ser cerrado mientras se estudiaba el uso urbanístico que le iban a dar al edificio, hasta que en marzo de 2006, el director de la Obra Social de Caixanova pedía el cierre del colegio aduciendo que la Fundación San Rosendo necesitaba contar con la totalidad del inmueble para sus fines “profundamente entroncados con la acción social y más acordes a las actuales necesidades que la sociedad presenta”.

Los vecinos del barrio del San Roque observan atónitos desde hace semanas el trasiego diario y nocturno de personas en un edificio desocupado hace años. Y no es un inmueble cualquiera. De diez plantas levantadas sobre una parcela de 4.100 m2 próxima al hospital Xeral y la Plaza de España, antiguamente albergó una residencia de ancianos y hasta no hace mucho un centro de Primaria. Lindante con el Colegio Hogar, fue construido en 1960 por la Caja de Ahorros Municipal de Vigo, que lo vendió en 1987 a la Fundación San Rosendo, conocida por los problemas judiciales de su creador, el cura Benigno Moure.

Aquella residencia de la tercera edad Nuestra Señora de la Esperanza, según la página web de la Fundación San Rosendo: “Es un edificio de mitad del siglo pasado, con siete plantas que antiguamente fue hotel. Sus habitaciones con baño y hall, salón de televisión, salas de estar y capilla, cocina y comedor se reparten los más de 3.000 metros construidos. En la actualidad dispone de 25 plazas para ancianos válidos”, pero, “está pendiente de modificación y destino”, previene la propia Fundación.

La Vicepresidencia de la Xunta, sin embargo, archivó en septiembre de 2006 el expediente de concesión del permiso de inicio de actividades del geriátrico porque, pese a los requerimientos realizados durante tres años no había hecho nada por subsanar sus deficiencias, de tal manera que, con el suelo recalificado y sin residencia de ancianos, a la Fundación sólo le quedaría desalojar el colegio, cuyo “pelotazo” urbanístico  permitió dedicar el solar a vivienda, con una edificabilidad total de 7.390 metros cuadrados, alcanzado un precio de la vivienda en aquella zona superior a los 4.000 euros el metro cuadrado.

Es verdad que, permanentemente, oímos hablar de que los cuidados de larga duración y la atención a la dependencia constituyen el “cuarto pilar” del Estado de bienestar, pero no es menos cierto que nuestro país sigue envejeciendo, hasta el punto de que para el año 2033, una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que supone tener más de doce millones de ancianos frente a los nueve millones que existen en la actualidad. Es decir, nos enfrentamos a un tema recurrente sobre todo cuando se habla de cómo se van a mantener nuestras actuales y futuras pensiones, pero, sin embargo, apenas se habla de cómo se van a cuidar a esos ancianos y ancianas que algún día seremos nosotros mismos.

A la vista de esta realidad, presentada mucho más agravada a la vuelta de la esquina, resulta más que evidente que las residencias de ancianos siguen sin estar consideradas como un tema esencial y prioritario y que el debate público que necesitamos para encararlo no se está dando en profundidad, mucho menos si el Estado siguen manteniéndolo en manos de la iglesia católica y de las multinacionales surgidas al efecto, de las que nos ocuparemos en otro capítulo específico. Estamos, lisa y llanamente, ante un problema relacionado con las políticas del capitalismo neoliberal y de austeridad que restringen el gasto público o limitan las contrataciones de personal por parte de las administraciones.

A modo de ejemplo, un informe del Consejo General de Enfermería elaborado en 2019 advertía de la necesidad de crear 125.000 nuevas plazas de enfermería para acercar la ratio de atención de 5,8 profesionales por mil habitantes española a la media de la UE, de 8,2. Por su parte, la geriatría es una especialidad relativamente nueva y, en cierto modo, no totalmente aceptada. En España, en 2018, había 850 geriatras entre la sanidad pública y la privada y las plazas MIR ofrecidas para ese servicio eran menos del 0,9% del total.

La gran política pública que se iba a enfrentar a esta cuestión fue la Ley de Dependencia de 2006 promulgada por el gobierno de Zapatero. Un sistema destinado a garantizar ayuda a domicilio, centros de día y ayudas económicas para las cuidadoras familiares y profesionales, pero que, al adolecer de un verdadero soporte económico, el mismo ha quedado transformado en una gran chimenea echando humo, especialmente cuando sabemos que nuestro país está muy por debajo de la media de la OCDE en gasto público en dependencia y en porcentaje de personas atendidas por el sistema o empleados en el sector de cuidados.

Además, los recortes impuestos desde la crisis, las listas de espera, y las trabas burocráticas de todo tipo que se encuentran los solicitantes, conllevan que la tasa real de cobertura del sistema no supere el 50%, según un informe del Centro de Estudios Fiscales.

Estamos hablando de un sistema enorme cuyo coste es de casi 8.000 millones de euros – financiados en un 80% con dinero público y en un 20% por los ciudadanos – y que son claramente insuficientes. Otro problema importante de la ley es que abre la puerta a la externalización de esos servicios.

Por si no fuese suficiente, los recortes tras recortes de las administraciones centrales y autonómicas, encargadas de financiar la ley al 50%, se suceden hasta dejar transformadas las prestaciones en una insultante limosna, eso después de haber realizado un largo y farragoso camino para determinar el grado, del uno al tres, en función del cual, se adjudica una ayuda económica, asistencial o una plaza en un centro, en su mayoría gestionados por los “buitres carroñeros” de las multinacionales o por los “cuervos” de la curia vaticana, dejando muy clara constancia de que la financiación del Sistema de Dependencia recae mayoritariamente en las personas usuarias, cuyos principales ingresos son las pensiones.

Nuestro sistema actual de pensiones contributivas no está ligado a las necesidades de esas personas, sino a su contribución a la Seguridad Social durante su vida laboral, donde sería deseable una sociedad salarial con empleo estable y adecuadamente remunerado que pudiera garantizar el futuro del sistema, pero, la realidad actual se aleja mucho de ese deseado escenario, ya que somos  una sociedad “post-salarial”, donde prima el empleo cada vez más inestable y más precario, entrada tardía y difícil permanencia en el mercado laboral, y períodos grandes de desempleo.

De otra parte, las pensiones no contributivas palían en parte esta situación, pero su baja cuantía las hace inadecuadas como alternativa. Así que es necesario buscar una fuente de ingresos complementaria para garantizar un mínimo vital para las personas mayores. No tiene sentido que este nuevo sistema esté basado en la limitación del acceso o del recorte de la prestación, como se propone desde las posiciones del neoliberalismo turnista del PPSOE. Por lo tanto, es necesario acudir a fuentes alternativas a los salarios para su financiación, vía Presupuestos Generales del Estado, entre otras.

Puede sorprendernos saber que en 2018 la mayor renta anual media en España era la de las personas mayores de 65 años, lo que tiene más que ver con el deterioro de las rentas salariales y el mercado laboral en general, que con el aumento de las pensiones. Explica que sean estas últimas el sostén de muchas familias que han visto precarizadas al límite sus condiciones de vida, sobre todo desde la crisis de 2008, cuando el mismo gobierno de Zapatero imponía “Un esfuerzo especial, singular y extraordinario”, anunciando aquel 12 de mayo de 2010 las medidas para atajar el déficit que supusieron un vuelco total de su política económica hasta entonces y que, tres años después, con un Ejecutivo del PP continuaron siendo la receta aplicada para hacer frente a la crisis, con el resultado de la primera bajada del sueldo de los funcionarios  de la Historia y otros recortes significativos, como la congelación de las pensiones, también por primera vez durante el periodo que llevamos de restauración monárquica, por no hablar de la supresión del cheque-bebé, con un total de 15.000 millones de euros de ajuste entre los años 2010 y 2011.

La madre de Miguel ha muerto a los 87 años sin llegar a tiempo de recibir la prestación por dependencia que le reconocieron hace seis meses. En ese limbo, con derecho reconocido y sin ayudas, figuran 250.000 dependientes, casi el 20% de las solicitantes. En 2018 murieron a la espera, 30.400 personas, 80 al día, según la Asociación de directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Fue uno de los proyectos estrella del ejecutivo de Zapatero, que la vendió como la “cuarta pata” del Estado de Bienestar, tras la educación, la sanidad y las pensiones. Otro objetivo inconfeso era asentar el voto de las clases medias y bajas. Pero nació coja, sin un sistema de financiación claro y asegurado (20-05-2019)

Lo más grotesco sería cuando el PSOE y el PP siguiendo las directrices de la banca se pusieron de acuerdo, antes de las elecciones anticipadas, para reformar la Constitución en su artículo 135 en un tiempo récord con el objetivo de incluir una regla fiscal y poner un tope a la deuda pública. Tras estos años del austericidio con brutales recortes en la sanidad, educación o ley de la dependencia, los españoles sufrimos los efectos en nuestras propias carnes, con un incremento del paro en casi dos millones de personas, pasando del 20% al 27,2% de la población activa, hasta sumar más de seis millones de personas desempleadas.

“El PSOE está dispuesto a gobernar el cambio. Por ello, estoy dispuesto a reconocer y corregir algún error que cometimos en el pasado más reciente. Me refiero a la reforma del artículo 135 de la CE. Respeté la decisión del presidente Zapatero, en un momento de extraordinaria complejidad económica. Y porque lo respeté, voté a favor de modificar el artículo 135. Pero, creo que hoy es justo reconocer que con su aprobación debemos aprender de varios errores: no puede haber reforma de la CE sin el voto de los españoles. La reforma sirvió al PP para dar cobertura legal a los recortes en sanidad, educación y pensiones. Como actores de la reforma, se nos exige a los socialistas mayores dosis de responsabilidad en su modificación”. 

Sin embargo, menos sorprendente resulta saber que, aunque la mitad de las pensiones contributivas en España las cobran mujeres – más de cinco millones -, se trata, en gran parte, de pensiones de viudedad. La gran brecha de género, entre la media de 1.178 euros de los varones y los 757€ de las mujeres, se hace más profunda al ser también mujeres el 65% de las perceptoras de pensiones no contributivas, de mucho menor importe.

En definitiva, queda claro que existen muchos intereses económicos en juego, sobre todo por parte de la Iglesia y de las empresas privadas que siguen abriendo nichos de negocio sobre nuestras vidas. Son muchas las cuestiones a debatir sobre cómo generar una verdadera corresponsabilidad social en este ámbito. Cómo conseguir que este tema importe para que consigamos una suficiente financiación y condiciones laborales adecuadas, pero la principal vía para devolver esos servicios, o una parte de ellos,  al ámbito de lo público, acabando con las restricciones  presupuestarias y de contratación de personal impuestas por la austeridad constitucionalizada durante la crisis – el tristemente famoso 135 – que prioriza el pago de la deuda sobre el resto de gasto, también el social: la deuda – los bancos – sobre las personas. Pero, que sea público, no garantiza en absoluto la calidad del servicio ni las condiciones laborales. Tendríamos que conseguir también que los trabajadores, unos y otras, vayamos ganando más poder a través de la lucha de clases sobre nuestras propias condiciones de trabajo, más capacidad de decisión sobre la manera en la que se organiza el trabajo y los servicios.