LA MUERTE TIENE UN PRECIO

El precio de las residencias para personas de la tercera edad se dispara. La compra de estos activos se ha encarecido un 50% en el último año, según datos de la consultora Angomed. Como consecuencia, los inversores apuestan por la promoción de este tipo de activos. En los últimos tres años, las residencias de personas de la tercera edad se han convertido en un reclamo para los fondos e inversores. El creciente interés por estos activos ha implicado un aumento de su precio, con un crecimiento de más del 50% en un año (EJEPRIME, 9 de julio de 2019)

Evidentemente la muerte hay que pagarla, variando el precio de los distintos pretanatorios según se produzca en un establecimiento para mayores de gestión pública en comparación con otro de gestión privada, resultando los de la gestión privada mucho más caros en general, pero, además, el precio de la muerte también variará en función de la Comunidad Autónoma en donde se ubiquen los pretanatorios, teniendo en cuenta si estos se encuentran dentro de una zona urbana o más bien apartada.

Sin embargo, el principal problema para las personas mayores que necesiten de una atención profesional está en la imposibilidad para poder afrontar el precio de su muerte en un pretanatorio privado, siendo entonces cuando se recurre a la posibilidad de hacerse con una de las plazas públicas que ofrecen las distintas Comunidades Autónomas, produciéndose el maldito problema de las listas de espera, solventado en una gran mayoría a través de todo tipo de “enchufes” y “mordidas”. Y es que la demanda de personas mayores que solicitan tener una plaza en un pretanatorio público supera con creces a la oferta existente – a la fecha de hoy, 8 de setiembre de 2021, más de 12.000 personas mayores se encuentran en lista de espera – debido, principalmente, a los altos precios de los establecimientos privados cuando el único ingreso en la inmensa mayoría es el procedente de las pensiones.  Pero, además, es importante tener un pleno conocimiento del funcionamiento del catálogo de servicios que ofertan los establecimientos de la privada, porque algunos no se incluyen en el precio de base, por lo que el precio final se puede ver incrementado bastante.

Según los informes realizados en el año 2018 por los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) se concluye que 3,15 millones de jubilados cobran pensiones muy por debajo del umbral de pobreza, fijado en 8.200 euros anuales, dándose el mayor número de esta clase de pensionistas en Andalucía con 651.617 y Cataluña con 521.763, cifras que se agravan cuando nos referimos a la brecha de género, ya que el 60,4% de los pensionistas que cobran retribuciones por debajo del umbral de la pobreza son mujeres, un total de 1,9 millones.

Fuente: Elaboración a partir de los datos de los Presupuestos de la Seguridad Social 2018. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Actualmente existen en España 8,7 millones de pensionistas que cobran 9,5 millones de pensiones, cuyo importe medio es de 932,3 euros mensuales, de acuerdo con los últimos datos publicados por la Seguridad Social, cuyo gasto fue de 8.925,1 millones de euros en febrero, siendo la mayoría de las pensiones de jubilación (5,9 millones), seguidas por las de viudedad (1,5 millones), las de incapacidad permanente (948.393), orfandad (338.644) y a favor de familiares (41.093).

La pensión mínima oscila entre los 565,3 euros mensuales del jubilado menor de 65 años con cónyuge, pero no a su cargo hasta los 1.183,4 euros que percibe alguien con 65 años procedente de una gran invalidez y con cónyuge a cargo. No obstante, la más habitual es la del jubilado de 65 años y con cónyuge a cargo, que asciende a 788,9 euros mensuales. Las pensiones mínimas de viudedad oscilan entre los 484,2 euros mensuales que percibe alguien menor de 60 años hasta los 739,5 euros de una persona que tenga cargas familiares.

Una persona mayor con necesidad de atención asistencial profesional, muy difícilmente podrá afrontar el coste de una plaza residencial privada si sólo cuenta con su pensión como ingreso recurrente y el acceso a una plaza pública continúa teniendo largos periodos de espera (PENSIUM, 23 de enero de 2018).

A partir de esta cruda realidad, perfectamente constatada a través de los datos y cifras oficiales de la Seguridad Social, se puede entender perfectamente el grave problema que supone para las personas mayores a la hora de poder acceder a una plaza residencial que les pueda garantizar un mínimo de vida saludable y digna en los últimos años de su vida, sabiendo que los precios de las residencias quedan establecidos en función de la comunidad autónoma en la que vivan las personas, de tal manera que existen grandes variaciones en el precio de cada una de ellas.  

En España, existen 17 comunidades autónomas dentro del territorio, donde en 8 de ellas el precio de sus residencias privadas alcanza un precio medio de 1,900 euros con el IVA incluido, siendo las comunidades con precios más altos las de Madrid y Cataluña, cuyos precios se sitúan por encima de 2.000 euros al mes, situándose en la otra cara de la moneda las comunidades con precios más bajos, tales como Castilla-La Mancha con un precio de 1.291 euros al mes, manteniendo las comunidades de Extremadura y Aragón un precio en la media española con 1.700 euros al mes. Por otra parte, de acuerdo a los últimos datos publicados por el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS) el precio medio de una plaza es de 1.850 euros al mes en los establecimientos públicos y 1.955 en los privados.  Lógicamente, a la vista de las cifras que ofrecen las pensiones y los precios de las residencias o pretanatorios, qué duda cabe, resulta muy difícil, por no decir imposible, que las personas mayores puedan afrontar por sí solos el precio de su pretanatorio, sin olvidar que, debido a las repercusiones actuales que están teniendo sobre la población mayor la pandemia del coronavirus y la previsión de que sigan ocurriendo, teniendo que incorporar nuevas medidas higiénicas, como la utilización de las mascarillas, estas han afectado a los precios de los pretanatorios.

Las asociaciones de residencias están pidiendo un incremento de los precios para poder dar una mejor respuesta y prevenir los contagios en las residencias, un incremento legítimo que, sin embargo, en absoluto se corresponde con el abandono y el deterioro existente en una gran mayoría de los pretanatorios que gestionan.

Muy recientemente, la pandemia del coronavirus, entre algunas cuestiones positivas, aunque de una forma dramática, puso de manifiesto la más que precaria situación en la que muchos mayores pasan los últimos años de vida en estos pretanatorios, sin olvidarnos de los más de 40.000 ancianos y ancianas fallecidas a causa de la misma.  

A modo de ejemplo, en un devastador informe del Diputado del Común (Alto Comisionado del Parlamento de Canarias), la abogada Milagros Fuentes González, se hace un relato verdaderamente espeluznante sobre el estado de los centros de mayores en la comunidad autónoma de Canarias, desvelando las terribles condiciones de muchos de estos pretanatorios, donde las ratas, cucarachas, chinches o casos de sarna entre los internos y las internas suelen ser acompañantes permanentes de las personas en los establecimientos residenciales. Un informe que se elaboró en base a 25 visitas a centros de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Palma, entre febrero y diciembre de 2019.

En esta misma línea, se describe también una generalizada falta de mantenimiento de las instalaciones, una escasa higiene y poca atención a los residentes. Según María Milagros Fuentes, autora del informe, en la visita a un centro los inspectores se percataron también de que los residentes no hablaban y al día siguiente, al hacer una toma de datos, se dieron cuenta de que “los tenían a todos chutados, con medicación”.

Milagros Fuentes González, abogada en ejercicio, decana y ex concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, será una de las nuevas adjuntas al Diputado del Común, a propuesta del PSOE. Fuentes, licenciada en Derecho por La Laguna, se convirtió en 1979 en la primera mujer en el ejercicio profesional de la abogacía en Santa Cruz de La Palma, de donde es natural y donde tiene abierto despacho profesional. Está en posesión de la Gran Cruz al Mérito en el ejercicio de la Abogacía en 2016, entre otras distinciones.

Este informe, entregado el pasado mes de noviembre de 2019 en el Parlamento, también llama la atención sobre los deficientes menús en las residencias, con preponderancia de “comidas preelaboradas, precocidas”, y que los residentes “comen solos, en un rincón del salón y de espaldas al resto de la actividad del centro”, alertando, asimismo, sobre la “falta de rigor” en el trabajo de muchos centros, donde no hay seguimiento ni evaluación de los residentes y muchas de las labores se realizan de manera “improvisada”, escaseando las habitaciones individuales, y, lo más inhumano, cuando vieron cómo, en muchos casos, los ancianos y ancianas son literalmente “aparcados” en habitaciones sin luz, en semisótanos, con barreras para el acceso o sin dotaciones necesarias como armarios o mesillas de noche para ubicar sus pertenencias personales: “Son pocos los centros que logran que las habitaciones sean zonas además de confortables, espacios humanizados y de apariencia agradable para sentirlos como un hogar” se detalla en el informe, donde también se recoge por los técnicos las personas que “se mantienen con manchas de restos de comida, sin cambios de ropa salpicada durante el resto de la jornada”.

Pero, a pesar de que el informe ha sido enviado al Parlamento y Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, pasado un tiempo más que prudencial, ni siquiera se han dignado en responder a las solicitudes – las últimas realizadas en agosto de 2020 -, continuando con las escasas o ninguna visita de los inspectores a los establecimientos: “Resulta indescriptible la conmoción que produce encontrar esta falta de higiene y salubridad en los centros, sin ser detectada por las administraciones encargadas de inspeccionar y velar por el funcionamiento en los recursos para personas mayores, y, a su vez, sin ser desvelada por familiares u otras personas que accedan a las instalaciones. Apelamos, a la responsabilidad social de trabajar por un mínimo de bienestar de las personas mayores”, se recoge literalmente en el informe.

Chinches, cucarachas y ratas, ancianos a los que se les cambia el pañal solo una vez por la mañana y otra por la tarde, colchones que da pena verlos, familiares que durante días y con gran preocupación desconocen si su ser querido se encuentra bien porque no pueden comunicarse, o insuficiencia de equipos de protección contra el covid para una plantilla que, además, es a todas luces insuficiente, son solo algunas de las quejas, lamentos o denuncias que no ahora, desde hace demasiado tiempo, tienen como origen la residencia de la tercera edad de Altabix en Elche.

En cuanto a la asistencia médica, hace constar que, según la información facilitada por los centros, las visitas médicas se distancian casi en un año y, en el caso de un episodio agudo únicamente acuden los profesionales de urgencias.

En otro apartado del informe, la Diputación del Común achaca el estado actual de las residencias de mayores al “boom de la mercantilización” de la atención residencial y que ha conllevado limitaciones de tratamientos, soledad de los residentes, falta de trabajadores con cualificación y empleos precarios y mal retribuidos.

Sin embargo, este maltrato y abandono de nuestros mayores no es una exclusiva de la Comunidad Canaria, sino que es una práctica muy común que se extiende a lo largo y ancho de nuestro territorio, donde las plagas causadas por las ratas y ratones, las hormigas o las cucarachas son las más frecuentes en estos espacios residenciales poco higienizados, aunque también existen otros muchos tipos de plagas, como puede ser la causada por la legionella, que pueden llegar a afectar de forma preocupante a los afectados, no en vano la trasmisión de enfermedades infecciosas, tales como la toxoplasmosis, la salmonella, la fiebre tifoidea o la legionelosis, es una de las consecuencias más negativas de la proliferación de estas plagas, ya que la transmisión de estas enfermedades se convierte en un factor de riesgo, de elevado porcentaje, cuando afectan a nuestros mayores, cuyas defensas tienden a disminuir a lo largo de los años, motivo por el cual son más propensos a contraer infecciones, fiebres y otras enfermedades, por lo que requieren unos cuidados especiales.

Recientemente, tal y como recogemos del diario EL PAIS (11-11-2020), el pasado 27 de octubre de 2020 la Xunta de Galicia intervenía la residencia de Salvaterra de Miño, en el área metropolitana de Vigo, la cual llegó a acumular 110 contagios (84 residentes y 26 trabajadores) que ahora han disminuido a 91 (64 residentes, tras el fallecimiento de 13, y 27 empleados) y era necesario “garantizar la calidad asistencial” y la “correcta protección” de la salud de todos ellos, indicó la Consejería de Política Social.

Sarna, baños sucios, presencia de ratas, cucarachas, hormigas y chinches, restos de comidas anteriores en el comedor, residuos de peluquería, colillas y colchones apilados en los pasillos. Esto es lo que los técnicos de la Diputación del Común se encontraron en las 25 visitas que realizaron durante 2019 a los centros de mayores de Canarias y que han plasmado en un informe que ya está en manos del Parlamento desde noviembre.

Transcurridos 14 días, la situación del centro es terrorífica, según la denuncia registrada el pasado mes de octubre de 2020 en la Inspección de Servicios Sociales de la Xunta por la Asociación Trabajadoras de Residencias de Galicia (Trega).

El escrito, respaldado con fotografías y vídeos, revela situaciones extremas de abandono con ancianos “encerrados bajo llave en habitaciones sin timbre”; residentes que “en un 90% de los casos presentan úlceras” provocadas por la inmovilidad y por llevar “los mismos pañales durante mucho tiempo”; colchones rotos y sucios, como las sábanas que “apenas les cambian”; escaso mantenimiento y salubridad de las instalaciones; camas que no son clínicas y no pueden elevarse; aseos no adaptados y escasez de material. Este es el espeluznante escenario que describen el texto y las fotografías de la denuncia registrada por Trega.

La Fiscalía Superior de Galicia ha abierto diligencias sobre la situación de la residencia de mayores de Salvaterra de Miño, intervenida por la Xunta a raíz de una denuncia. El defensor del paciente se hizo eco de las denuncias de trabajadoras del centro sobre la falta de limpieza en las instalaciones, equipos de protección individual vulnerables y desatención de los mayores, con llagas y úlceras por presión al permanecer horas sin cambiarlos de posición.

Sin embargo, el dato más sangrante que hace honor al título del capítulo “La muerte tiene un precio” es el que refleja la cifra de muertos por el coronavirus en los pretanatorios y la evolución de las pensiones en España, destacando por encima de todos los pretanatorios el de Monte Hermoso (Madrid), la Fundación Elder en Tomelloso (Ciudad Real), el centro asistido de personas mayores, en Segovia capital, la residencia Amavir, en Vilanova del Camí (Barcelona) y por último, la residencia Joaquín Rosillo, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

Las papeleras de la entrada al cementerio de Tomelloso (Ciudad Real) rebosan de guantes de látex y mascarillas usadas, abandonados ahí por familiares que en las últimas semanas han visto cómo tenían que enterrar a sus muertos -hasta 15 en un solo día- en una población arrasada por la pandemia del coronavirus. «En fila india, uno tras otro, así hemos tenido que enterrar a los fallecidos durante tres semanas sin un solo día de descanso», cuenta un operario del cementerio municipal.

En Tomelloso, por ejemplo, el municipio al que muchos han denominado como el Wuhan de La Mancha, han fallecido alrededor de 200 personas por coronavirus. Una cifra especialmente sangrante si se tiene en cuenta que tiene 36.000 habitantes, siendo uno de los epicentros de la pandemia la residencia de ancianos Fundación Elder, con 155 camas ocupadas, donde murieron 50 personas, de tal manera que el establecimiento tuvo que ser intervenido por la Junta de Castilla-La Mancha después de que su director, el periodista y concejal del PP en el municipio, José Manuel Sampedro, fuera acusado de negligencia.

Entrando de lleno en el aludido tema de las pensiones, con los últimos datos publicados por la Seguridad Social correspondientes al año 2020, el impacto del coronavirus también tiene sus repercusiones, habiendo creciendo a un ritmo menor de lo esperado hasta los 9,809 millones (+0,8%), quedándose prácticamente igual que el año anterior. Y es que tanto las altas como las bajas de pensiones han sufrido una importante pérdida durante el pasado año, que los expertos vinculan a los efectos de la pandemia. El dato más significativo es el máximo histórico alcanzado en las bajas en pensiones, que han aumentado un 14% respecto a 2019, una cifra nunca vista en la última década que, necesariamente, hay que relacionarla con el aumento de fallecidos.

En concreto, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), desde enero hasta diciembre de 2020 han causado alta 531.843 nuevas pensiones, un 5% menos que en el mismo periodo del año pasado. Por otro lado, desde enero han causado baja 517.924 pensiones, un 14,3% más que los que causaron baja el año anterior. Esto supone que de enero a diciembre de 2020 el sistema de la Seguridad Social registró cerca de 65.000 pensiones menos respecto a 2019 en el lado de las bajas.

Por si no fuera suficiente, teniendo en cuenta que los móviles de cualquier crimen, salvo los crímenes pasionales, siguen siendo el poder del dinero, en este caso el dinero procedente de las cotizaciones de los trabajadores, no solo para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, sino para tener el día de mañana acceso a unas residencias que les permita vivir con dignidad los últimos años de su vida, nos vamos a referir al crimen que se está perpetrando contra el sistema público de nuestras pensiones. Para ello nada mejor que seguir el rastro del dinero.

En efecto, en nuestro país, los actuales planes de pensiones privados llevan ahorrados en torno a los 110.000 millones de euros, esto es la décima parte del Producto Interior Bruto, una pequeña parte de lo que significa el gran negocio de las pensiones en manos de los grandes bancos y aseguradoras cuando logren ganar la guerra iniciada contra el sistema público de las pensiones hasta desaparecerlo, usando, para ello, la vieja estrategia de tratar de convencer de que el sistema público no tiene futuro.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; y el presidente de CECALE, Santiago Aparicio, aplauden tras la firma del acuerdo del Ejecutivo nacional con los agentes sociales para reformar las pensiones, a 1 de julio de 2021, en Madrid.

Una estrategia, por cierto, impulsada desde la propia Comisión Europea a través de sus planes de pensiones individuales para complementar los sistemas de pensiones públicos y de empleo existentes, así como los planes privados de pensiones nacionales, en los distintos países del IV Reich (pan-European personal Pension Product-PEPP), regulado por el Reglamento del Parlamento Europeo 2019/1238, de 20 de junio de 2019, de acuerdo con el documento base elaborado por el megafondo de inversión estadounidense BlackRock, dándoles un plazo a sus países miembros hasta junio de 2022 para trasponerlo a sus ordenamientos jurídicos, de tal manera que, según datos de la propia Comisión Europea, los activos gestionados en el gran mercado de las pensiones personales de toda la Unión Europea podría triplicarse hasta los 2,1 billones de euros en 2030.

Es decir, la quiebra premeditada y metódica de la Seguridad Social y nuestro sistema público de pensiones por parte de todos los partidos gobernantes desde 1980 y por la inmensa mayoría del arco parlamentario desde los Pactos de Toledo de 1995 tenían un objetivo muy claro: entregar a los corsarios del neoliberalismo el 45% de la partida del gasto social que actualmente se dedica a las pensiones públicas, esto es, un crimen a cámara lenta, en vivo y en directo.

No se trata de ningún globo sonda del gobierno, sino de una cruda realidad, hasta el extremo de que si las cosas salen tal y como tiene previsto el gobierno de España, más de 13 millones de trabajadores – 80 % de la población activa – tendrán un plan de pensiones de empleo en 2030, un modelo de ahorro complementario que combina una promoción del Estado, la participación de las empresa y los llamados sindicatos mayoritarios de CC.OO. y UGT – son accionistas de Gestión de Previsión y Pensiones SA, del BBVA, donde cada uno de ellos dispone de un 20% de participaciones, y Fonditel, perteneciente a Telefónica, donde controlan un 15% del accionariado, cada uno -, amén de la transferencia de millones de euros de ahorros a la banca, las aseguradoras y los grandes fondos de inversión. Se trata de ir degradando lo público para que la gente, en el momento en que pase de la pobreza, empiece a ahorrar en las pensiones privadas.

Se trata de ir degradando lo público para que la gente, en el momento en que pase de la pobreza, empiece a ahorrar en las pensiones privadas, esto es, una vuelta de tuerca más en el proceso de privatización de las pensiones iniciado hace ya décadas, con la diferencia de que lo ocurrido en esta ocasión se hace con el llamado gobierno más “progresista de la historia” formado por el PSOE y UNIDAS PODEMOS con el que algunos habían alimentado algunas expectativas optimistas, pero la línea directiva de las medidas adoptadas no se diferencia de las anteriores, ni siquiera de las establecidas por el gobierno del PP, con la diferencia de que en esta ocasión los negociadores – Gobierno, Patronal y Sindicatos – no han tenido ningún rubor al exhibir algunos “caramelos”, como los que se dan a los niños para engañarles y que acepten cualquier cosa, entrando a jugar un papel tan asqueroso como peligroso, cuando aceptan elementos que van a suponer graves desventajas para los pensionistas.

Por ejemplo, el incremento de la edad de jubilación, vendiéndolo como “voluntario”, ofreciendo un bono a los que sigan trabajando, me parece gravísimo cuando lo que de verdad va a incrementar es la división del movimiento obrero. Es verdad que puede haber pensionistas que necesiten o quieran seguir trabajando, de la misma manera que habrá otros que no, pero no es menos cierto que la reivindicación más importante del movimiento obrero, que ha sido siempre la del mantenimiento de la edad de jubilación, incluso rebajándola, queda destruida.

Otra de las repercusiones que tendrá el acuerdo entre el Ejecutivo de la coalición progresista y la troika formada por la patronal CEOE, CC.OO. y UGT va mucho más lejos, cuando se trata de elevar hasta 35 años el periodo para el cálculo de las pensiones, con las consiguientes dificultades para poder acceder a una residencia geriátrica, una cuestión prevista para implantar en el año 2022, con el objetivo de ir disminuyendo las pensiones públicas hasta que todos aquellos trabajadores que puedan pagarlo entren en la pensión privada, siguiendo el modelo “piñerista” bajo el gobierno de la dictadura de Pinochet en 1973, potenciando los planes privados para que, tal y como ha ocurrido en Chile, la inmensa mayoría de los trabajadores, especialmente los jóvenes, no puedan acceder a la jubilación, de acuerdo a los intereses del capital financiero global.

En este auténtico crimen perpetrado contra los trabajadores y pensionistas, los sicarios del neoliberalismo han elegido el modelo de planes privados establecido en el País Vasco, consistente en que todos los trabajadores de la empresa, con una parte del dinero de la empresa, que ya se compensará con la subida de un salario menor, y otra parte, procedente de la nómina del trabajador, se establezcan pensiones privadas, de lo que surge un pregunta evidente: Si eso lo hacen con las pensiones privadas, ¿por qué no han hecho con las pensiones públicas?

Es decir, ¿por qué ese dinero tiene que estar gestionado por los entes privados, los bancos privados y las compañías de seguro, en lugar de haber hecho lo mismo gestionado por el sector público? Lisa y llanamente no se hace porque se trata de un modelo íntegramente neoliberal y absolutamente privatizado.

Paradojas de la vida, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT figuran entre los grandes beneficiados de la reforma de las pensiones públicas y del creciente negocio que se abre para las privadas. Todo ello porque los dos sindicatos son accionistas de referencia de las gestoras de pensiones de BBVA y de Telefónica, líderes del mercado en España. Como todo accionista de una compañía, los sindicatos son regados cada año con un jugoso dividendo, pago que, además, es más elevado cuanto mejor vaya el negocio de las pensiones privadas; y éste irá mejor, se prevé, conforme vayan mermando las públicas, por la creciente necesidad que van a tener los ciudadanos de compensar los menguantes ingresos procedentes de la Seguridad Social con ahorro privado. Justo lo que tantas veces ellos mismos han criticado.

De ahí, la necesidad de seguir exigiendo el blindaje de nuestras pensiones en la Constitución como uno de sus derechos fundamentales, que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones, y que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones.

Las pensiones que ahora cobran millones de ciudadanos, capaces de tirar un gobierno abajo cuando se lo propongan, están siendo sufragadas por las cuotas del colectivo de los trabajadores en activo. De ahí la eticidad del ecosistema de las pensiones públicas en la modalidad de reparto ahora tensionado por la última reforma, de tal manera que cada generación asiste con su esfuerzo a la precedente para que el vínculo social trascienda del cerco privatista de la mera individualidad.

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales para una primera fase de la reforma de las pensiones, pero pese a los mensajes triunfalistas del Ejecutivo por el pacto, las medidas se quedan cortas para Bruselas, que ya ha transmitido a España que los cambios más duros –que ahora ha obviado- deben estar aprobados antes de 2023.  Es decir, si el Gobierno quiere acceder al desembolso de fondos, que podría tener lugar en junio de 2022 y ser de unos 12.000 millones de euros, tendrá que acreditar que ha cumplido ciertos hitos y metas en las reformas prometidas a Bruselas como la laboral y la de pensiones.

Nadie puede ignorar que el sistema público de pensiones tiene que corregir sus evidentes deficiencias estructurales para cumplir su misión constitucional en el Estado social y democrático de derecho, pero una cosa muy distinta es aprovechar la crisis pandémica para aplicar la doctrina del miedo, manipulando el engranaje del mecanismo como si fuera un ente aislado de la realidad. Antes del harakiri que algunos pregonan como salida del atasco, sería más que necesario tratar de que el país cambie hacia un modelo productivo más justo y de mayor valor añadido; buscando el pleno empleo con mejores retribuciones; aumentando la productividad y las inversiones para dotar al tejido industrial de músculo competitivo; acabar con la fuga de cerebros (padecemos la mayor tasa de paro juvenil de la UE, población de riesgo sobre la que pende la espada de Damocles de una deuda pública que roza el 130% del PIB); a la vez que combatiendo el fraude fiscal, la economía sumergida y la corrupción.

En definitiva, está confirmándose por parte de todos los partidos la hoja de ruta trazada en la última reunión del Pacto de Toledo, cuando quedaron aprobadas las 21 recomendaciones, ratificadas el 19 de noviembre en el Congreso por 262 votos a favor, 78 abstenciones y dos votos en contra. Adversarios en casi todo lo demás, el bloque gubernamental PSOE-Unidas Podemos se amancebaba con el Partido Popular y C,s para dar vía libre al crimen de las pensiones o “pensionazo” tras el acuerdo a tres bandas suscrito el pasado uno de julio por el gobierno de coalición progresista PSOE-Unidas Podemos y los autodenominados “agentes sociales” (la nueva troika formada por la CEOE, CC.OO. y UGT), donde el ministro Escrivá aprovechó para revelar la propina que llegará pasado el verano para que los jubilados del Baby Boom – ocho millones de trabajadores nacidos entre 1960 y 1975 – trabajen más para cobrar menos.