No pondremos cordones sanitarios a nada ni a nadie, como otros…

Realizada la verdadera encuesta que nos muestran los resultados del 28 de abril de 2019, y pasado el miedo que, una vez más se nos trató de inocular con la llegada del fascismo a nuestro país, es necesario dejar muy claro que los fascistas no han entrado en el Congreso de los Diputados. Ya estaban. El “hostiazu” electoral del PP y la ruidosa entrada de Vox solo significa que los escaños que van a ocupar los pistoleros del nazionalsocialismo  españolista, eran los que venían ocupando los aznaristas y los aguirristas. Es decir, la ultraderecha fascista y retrógrada estaba contenida en el PP y no ha crecido en votos, solo ha dado unos tiros al aire convenientemente amplificados, y las urnas se han encargado de certificar que la mayoría del pueblo español ni quiere a la derecha corrupta del PP ni mucho menos a la ultraviolenta en Vox.

Yo, que tenía 27 años cuando murió Franco, sé muy bien lo que era el franquismo. Eso es Vox. Y esa sombra del franquismo a través de esa organización franquista es lo que, desde las elecciones andaluzas, con su apoyo al gobierno de la “triple A” en la Junta de Andalucía, se ha venido proyectando sobre el país, entre otras cuestiones, porque, tanto la organización criminal del PP como su xerocopia de C’s, no solo se lo permitieron, sino que lo propiciaron. El generoso ofrecimiento realizado por Casado en los finales de campaña para que Vox ocupara el lugar que quisieran en el futuro gobierno de la derecha tras las elecciones del 28-A, era el ultimo paso hacia ese retorno al pasado. Y esa sombra es la que se ha difuminado con los resultados electorales de este domingo, porque para gobernar como lo hizo Franco es necesario una guerra civil y una dictadura. En democracia un nacionalismo español de esa naturaleza no es mayoritario, más bien todo lo contrario.

—¡Con Rivera no! ¡Con Rivera no! —vuelven a clamar los centenares de militantes y simpatizantes socialistas apiñados en Ferraz.
—Lo he escuchado, pero mirad una cosa: nosotros no vamos a hacer como ellos, que ponen cordones sanitarios. La condición es respetar la Constitución española y avanzar en justicia social, regeneración y limpieza. Pero eso será a partir de mañana.

Así lo entendió Adolfo Suárez y los demás políticos del régimen de Franco que lo acompañaron en la llamada Transición con su proyecto político de UCD para dirigir España desde la derecha, pero en democracia, distanciándose de lo que había sido el franquismo. Un proyecto político que duraría hasta el año 1982, cuando Alianza Popular, un partido constituido por siete exministros de Franco, liderados por Fraga, con la finalidad de proyectar en la democracia española le herencia del “antiguo régimen”, se quedaría con el espacio político de centro. Muy reducido en tamaño durante más de una década, pero claramente hegemónico en el espacio a la derecha del PSOE. Pues bien, esa herencia del “antiguo régimen” no ha dejado de estar presente desde entonces en la derecha española. Hábilmente escondida durante algún tiempo dentro del PP, pero ocupando su espacio y condicionando el debate político en el interior del PP y en sus relaciones con los demás partidos.

El ganador de la jornada electoral ha sido, claramente,  el PSOE, que recupera el liderazgo parlamentario y electoral. No será fácil componer el Gobierno, pero con un PP hundido  alcanzar un acuerdo de legislatura está al alcance de Sánchez con un precio asequible, siempre, claro está, que lo permita la oligarquía financiera. Junto al PSOE los otros ganadores han sido los nacionalistas vascos y catalanes que, quizá, agobiados por la presión centralizante del pistolerismo voxiano han captado más votos que nunca. Los resultados de ERC y Bildu, son, cuando menos muy llamativos, casi asombrosos y obligan a todo el mundo a una reflexión sobre estrategias inteligentes de futuro, ya que las vigentes hasta hoy han resultado ser un fracaso.

No han pasado ni 24 horas de los resultados electorales del 28-A y las élites económicas del país —el Ibex, la patronal y los grandes bancos— apuestan ya sin tapujos por un pacto entre PSOE y Ciudadanos.

Por otra parte, los Ciudadanos del Rivera tratan de aparentar plena satisfacción por los resultados obtenidos, pero la procesión va por dentro, su estrategia no sale bien parada aunque doble el número de escaños. La realidad no es tan brillante como quieren hacer ver a su parroquia y a los demás, cuando ni siquiera han alcanzado a su original pepero.

A la vista de los resultados que se suceden cada vez que se celebran elecciones, ha quedado muy claro que esa España franquista es radicalmente minoritaria. Lo fue con Fraga y los “siete magníficos”, y lo está siendo con Abascal y Vox. Sin embargo, no podemos ignorar que ha tenido una gran capacidad de atemorizar, incluso para que, desde el PSOE, se aprovecharan de ello en las elecciones celebrados del 28-A.

Esto es lo que ha certificado el resultado electoral de este domingo. Desde mi punto de vista, es el mensaje más importante de estas elecciones. Se ha descartado el espejismo del franquismo como potencial alternativo de futuro, y con ello se ha despejado también la posibilidad de recurrir al artículo 155 de la Constitución Española y se ha evidenciado la necesidad de hacer política para conseguir la integración de las “nacionalidades” en el Estado de una manera que resulte aceptable de forma general. Los resultados electorales en Catalunya y Euskadi hablan por sí solos.

Somos el socialismo que le gusta gobernar para cambiar cosas”, afirmó Carmen Calvo en la Cadena Ser. “Nosotros ya gobernamos con 84 escaños, el PSOE no le tiene miedo a nada. Tenemos un respaldo más que suficiente para ser el timón de este barco que tiene que seguir su rumbo”, afirmó.

Ahora toca que en esta legislatura Pedro Sánchez haga un pacto de coalición con Unidas Podemos y forme un gobierno realmente de izquierdas que suponga un cambio efectivo y no una edición de neobipartidismo. No debe olvidar lo que Susana Díaz y su desprecio por la izquierda provocó en Andalucía. La posibilidad de un pacto con Ciudadanos – rechazado por una mayoría de afiliados la misma noche electoral frente a la sede del PSOE  en Ferraz –, sería firmar un certificado de defunción socialista. Qué duda cabe que van a existir muchas y serias dificultades para formar Gobierno y dirigir políticamente el país, pero el resultado electoral ha despejado la duda que todavía sobrevolaba sobre el país 80 años después del fin de la guerra civil. Se acabó. No hay alternativa franquista a la democracia española.

Pero tampoco nos engañemos, ni nadie trate de engañarnos. El voto que metemos cada cuatro años en una urna tiene que servir para algo más que representar esa baratísima y obnubilante gallofa que los amos del dinero tienden a las masas para hacerles creer que rigen sus destinos, mientras ellos se dedican a seguir despojando la riqueza de las naciones y concentrarlas en unas pocas manos. Hasta la fecha, no hubo ni izquierda ni derecha que haya osado oponerse, desde el gobierno y en defensa de la libertad, a las grandes concentraciones de poder financiero y mediático, suficiente para deducir que la corrupción es inseparable del estado de partidos y que la naturaleza del régimen que vivimos es la propia de una oligarquía.

Entre las Elecciones Generales de 2011 y 2019, la derecha española se ha ido fragmentando hasta situarse en tres grandes partidos con representación parlamentaria. Lo que no ha variado en exceso es el número de votantes. De los 10,87 millones de votos que reunía el Partido Popular en 2011, hoy hay cerca de 11,2 millones de personas que han repartido su voto entre PP, Ciudadanos y Vox.

Sin embargo, la democracia institucional es posible. Basta con cambiar el sistema electoral y separar los poderes del Estado. Basta con prohibir el escandaloso cinismo de que hombres y mujeres de un mismo partido, y de una misma elección, sean a la vez legisladores, gobernantes, jueces, administradores, consejeros jurídicos y auditores del Estado… Ha llegado la hora de blindar el sistema público de pensiones como uno de los derechos fundamentales de la Constitución, con su incremento anual del coste de la vida; de que la verdad, la justicia y la reparación se haga realidad en una ley de Memoria histórica; de la derogación de la nefasta reforma laboral; de la derogación de la ley Mordaza; de acabar con los privilegios de la iglesia con la denuncia del concordato con el Vaticano; de que el pueblo español elija libre o democráticamente si quiere monarquía o república; de…

En fin, los pueblos de España han vuelto a repartir cartas en el ajedrez político y han dado otra patada al tablero y a la aritmética parlamentaria. Ahora empieza la etapa de las alianzas, con la reválida de las elecciones del 26 de mayo cuyos resultados serán decisivos para el reparto de poder y para abrir una nueva fase de coaliciones.

ANTON SAAVEDRA

Escudo de los guajes de Lada.

Queridos amigos y amigas, vecinas y vecinos del Barrio San José de Lada y alrededores:

Un año más nos volvemos a encontrar en este magnífico escenario del restaurante Savannah de Gijón para celebrar el “V ENCUENTRO ANUAL DE LOS GUAJES DE LADA”, y lo vamos a celebrar sin que tengamos que lamentar la pérdida de ninguno de los asistentes al encuentro del año pasado. Este año 2019 estamos reunidos exactamente 140 personas, pero desde este momento ya tenemos que estar pensando en incrementar el número de asistentes para el año 2020 al objeto de lograr una gran familia cada vez más numerosa.

Es posible hacer amigos y amigas a lo largo de nuestras vidas, pero probablemente ninguna ni ninguno será tan importante como los amigos y amigas de la infancia, entre otras cuestiones, porque cuando eres niño o niña, hacer amigos y amigas es lo más sencillo y el concepto de la amistad que se tiene durante la infancia es muy simple y los sentimientos de rencor y envidia no son capaces de inundar nuestras mentes infantiles del mismo modo que suele ocurrir con las mentes adultas.

Luisina MARRÓN dirigiéndose a los guajes de Lada, el 11 de mayo de 2019

Esa amistad inocente de nuestra infancia estaba basada en divertirse, en pasarlo bien y descubrir el mundo, en ser felices. Pero también, la amistad de nuestra infancia que se nutre fundamentalmente de juegos, riñas y reconciliaciones tan sencillas como inocentes, nos devuelven maravillosos y mágicos momentos con los que no hay que disimular, ni aparentar, ni intentar ser otra persona que no somos porque nos conocen verdaderamente. Y estarán, tienen que seguir estando de por vida, a pesar de los años, de la distancia e incluso de la desconexión.

Es con los amigos de la infancia con quienes hemos aprendido no solo a confiar, sino a demostrar que somos confiables y descubrir la responsabilidad que se tiene con una persona que confía en ti. Los amigos y amigas de la infancia son los primeros que nos guardaron las espaldas, con los que formamos los primero equipos, contamos los primeros secretos y con quienes compartimos las dudas que nos causaban vergüenza… 

Ellos fueron los primeros en identificar nuestros puntos fuertes y tus puntos débiles, experimentando nuestras primeras torpezas, nuestra cabezonería o nuestro carácter difícil y aún, así, contaban con nosotros todos los días.

De hecho, no solo contaban con nosotros, sino que iban a buscarnos para lo más importante: jugar. Con ellos y ellas compartimos nuestros primeros sueños, montamos naves espaciales o caminos de bomberos, jugamos a la comba y al castro. Además, fueron a los primeros que les contamos lo que queríamos ser cuando fuésemos mayores.

Los amigos de la infancia siempre están ahí. Pueden pasar años y años, pero cuando te encuentras con ellos y ellas siempre hay algo que nos une. Son una excusa maravillosa para viajar a un tiempo en el que las preocupaciones tenían que ver con aprenderse lecciones y no llegar demasiado sucios a casa ni demasiado tarde. Un tiempo en el que se hacían travesuras por el sencillo placer de hacerlas, un tiempo en el que muy poco importaba cuánto tenías sino cuánto eras capaz de crear y disfrutar.

Marisa Viego y Chus Fernández con los diplomas recibidos por los organizadores de la comida anual de “LOS GUAJES DE LADA”, el 11 de mayo de 2019

Y, hablando de la distancia, contamos hoy aquí, entre nosotros, con la presencia de CHUS y su compañera MARISA, que se han trasladado desde Bruselas hasta Gijón para compartir con nosotros esa amistad de la infancia a la que me estaba refiriendo, para quien los organizadores del evento han decidido hacerles un pequeño homenaje a modo recuerdo. Por lo tanto, ruego a CHUS y MARISA se acerquen hasta el escenario para dar cumplimiento al acuerdo adoptado.

Muchas gracias y, sin más, damos comienzo a la folixa del año 2019.

“Apelo a la responsabilidad de los líderes nacionales para no dejar en manos de la ultraderecha la estabilidad de gobiernos autonómicos y municipales. Es hora de que se levante el cordón sanitario al PSOE, que ha ganado rotundamente”. (26 de mayo de 2019?

Una primera cuestión ha quedado muy clara: el PSOE ha resultado victorioso en las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019, ganando ampliamente las elecciones europeas, las municipales y las autonómicas, y logrando mayorías absolutas en Castilla-La Mancha y en Extremadura.

Con estos resultados obtenidos, el PSOE se coloca en una posición de claro liderazgo en la política española, frente a una derecha dividida y también frente a su izquierda, UNIDAS PODEMOS, que ha sufrido una severa derrota, debido también a sus divisiones y guerras internas.

Una de las frases de campaña repetidas machaconamente por Pedro Sánchez en sus mítines fue la referida a que “el 26-M tenemos que rematar la faena del 28-A». Es decir, el presidente en funciones del gobierno de España, Pedro Sánchez, encaraba los comicios del 26-M como una suerte de reválida al vuelco electoral que había logrado en las recientes elecciones celebradas el 28-A, de tal manera que la participación se antojaba de nuevo clave, porque tanto la extenuación del votante como un miedo a la ultraderecha de Vox, ciertamente diluido tras sus 24 escaños, jugaban en su contra. En efecto, el PSOE ha ganado las elecciones municipales y europeas, pero apenas registra un avance significativo a nivel territorial, donde no tienen asegurado revalidar todos sus feudos y no logran materializar la gesta de la Comunidad de Madrid.

Es más, la noche del PSOE se cuenta por los hitos pendientes: entre ellos, Aragón y Castilla y León, uno de los feudos que atesoraba y otro de los que esperaba arrebatar al PP. Para ambos, los socialistas necesitarán recurrir a Ciudadanos. Esa era la razón por la que el presidente del Gobierno, moderadamente eufórico desde el balcón de Ferraz, apelaba al sentido de la responsabilidad de Ciudadanos. Necesita rescatar al “naranjito” de la foto de Colón. Disuadirlo de los cordones sanitarios. Reclutarlo para los gobiernos autonómicos que Ciudadanos puede otorgar a la gloria y a la resurrección de Pablo Casado. La lista de objetivos sensibles comprende las comunidades de Murcia, Castilla y León, Aragón y La Rioja, pero, mención aparte merece la Comunidad de Madrid que, tal y como ha quedado dicho, vuelve a escapársele por muy poco a Ángel Gabilondo. De esta manera, el PP de Pablo Casado salva los muebles, a pesar de que cae respecto a las anteriores europeas, autonómicas y municipales, pero mantiene la joya de la corona, la Comunidad de Madrid, y recupera la guinda: el ayuntamiento de la capital. La victoria del PSOE es tan elocuente como la derrota de los populares, pero Sánchez tiene tantas razones para el desconcierto como Casado las tiene para la satisfacción. Es la paradoja invertida a los comicios municipales y autonómicos de 2015: ganaba claramente el PP, exactamente como ahora le ha sucedido al PSOE, pero el pacto del PSOE y PODEMOS invirtió el signo de los gobiernos. Perdía el ganador. Ganaban los perdedores.

La derecha y la extrema derecha logran in extremis salvar la Comunidad de Madrid. Tras un recuento de infarto que se ha dado la vuelta a la mitad y ha arrojado hasta un empate entre bloques, la balanza se ha inclinado finalmente hacia la derecha. (26 de Mayo de 2019)

Por eso, Casado celebraba la victoria en los balcones de Génova. Recuperaba el PP la alcaldía. Conservaba la Comunidad. Y se protegía a sí mismo de la cuestión sucesoria rodeándose de banderas españolas. Casado ha resistido gracias a un buen mal resultado.  Lo hará como en Andalucía: con una “alianza de perdedores” –como llamaba a los pactos parlamentarios hace no tanto–, con menos escaños y votos de los que ha tenido nunca y con la ultraderecha de Vox como socio imprescindible de Gobierno. Pero el PP se mantiene como primera fuerza de la derecha, sube en porcentaje en las europeas respecto a las generales de hace un mes y le gana por un amplio margen a su principal rival, Ciudadanos, frustrado en su estrategia de superar al PP y convertirse en el nuevo líder de la derecha. No lo ha conseguido ni en las europeas ni en una sola de las autonomías, ni tampoco en ninguna ciudad relevante. Ni siquiera logran el sorpaso en la Asamblea de Madrid, donde confiaban en ser primera fuerza de la derecha como lo habían sido en las elecciones generales del 28 de abril. Podrá ser socio de Gobierno en todas las administraciones del PP, pero en un papel subalterno que, además, tendrá que compartir con la extrema derecha de Vox.

Por otra parte, refiriéndome a Vox, esta organización de la extrema derecha logra un resultado aún peor que el de las generales, pero serán socios de gobierno del PP en las autonomías de Madrid y Murcia y en todas las ciudades importantes, para desgracia de sus ciudadanos. Respecto a las generales, en las europeas Vox se deja en porcentaje más de un tercio de sus votos y la mayoría de ellos vuelven al PP, aunque todavía logra entrar en el parlamento europeo con tres escaños.

En Catalunya, la lista de Carles Puigdemont le gana a la de Oriol Junqueras, tras la victoria de ERC sobre JxCAT en las generales de hace un mes. ERC, sin embargo, se lleva una de las batallas más disputadas: la alcaldía de Barcelona, que pierde Ada Colau por un escasísimo número de votos.

Respecto al momento en el que hará efectiva su renuncia, pues no se quedará al frente de la oposición, ha dicho que habrá que ver el momento adecuado pero que seguirá “en funciones hasta que se constituya el nuevo Ayuntamiento y se elija al nuevo alcalde”. (26 de mayo de 2019)

Como ha quedado dicho, UNIDAS PODEMOS sufre una derrota sin paliativos, hasta el punto de debilitar su posición a la hora de negociar el gobierno del Reino de España, con un retroceso generalizado de todas sus candidaturas autonómicas, al margen de la fractura de Madrid, donde la “operación Errejón”, cochinada en las cloacas ferrazianas, no fue suficiente para que el PSOE recuperara el gobierno de la comunidad madrileña, agravada con la pérdida del ayuntamiento presidido por Manuela Carmena. 

A modo de conclusión, a falta de más elementos para hacer un análisis mucho más completo y exhaustivo, y más allá de las ganancias y pérdidas de unos y otros, el 26M confirma una tendencia general que ya marcó los resultados de abril: el crecimiento de los partidos que han apostado por la moderación, castigando a aquellas fuerzas que han jugado a llevarlo todo a los extremos más desaforados del lío y el conflicto, resultando ser los grandes derrotados de la jornada electoral los apóstoles de la tensión: Ciudadanos y Vox. Los naranjas porque ven como el PP aleja con claridad cualquier opción de que se les dispute su posición de liderazgo en la oposición en esta legislatura. La extrema derecha de Vox porque retrocede incluso por debajo de sus expectativas más conservadoras. La reconquista va a tener que esperar y mucho. La arrancada del caballo que montaba ufano Santiago Abascal se ha quedado en una parada de pollino.

El votante de izquierda se ha decantado por la oferta de voto útil socialista y ha demostrado con nitidez su cansancio y su decepción respecto a las divisiones que han marcado los últimos meses de Podemos y sus socios. El votante de derecha le ha vuelto a dar la razón a Mariano Rajoy: prefieren la moderación, aunque sea forzada como en el caso de Pablo Casado, y tienden a alejarse del ruido y el jaleo que han competido por encarnar Albert Rivera y Santiago Abascal.

A partir de ahora empieza lo importante de las elecciones: cumplir y exigir el cumplimiento de las promesas electorales por parte de la oposición, donde nos espera el blindaje de nuestro sistema público de pensiones hasta elevarlas en la Constitución a la categoría de derecho fundamental a la vez que prohibiendo su privatización y pérdida de poder adquisitivo; derogación de la reforma laboral; ley de la verdad, la justicia y la reparación sobre la Memoria Histórica; cumplimiento de nuestra Constitución en materia de Sanidad, Vivienda y Educación; el cambio de la ley electoral, donde el voto de Ávila o Soria tenga el mismo valor que el voto en el País Vasco o en Cataluña; lograr la independencia del poder judicial ; la renuncia a los aforamientos y demás privilegios; la lucha contra la corrupción y el paro…

ANTON SAAVEDRA

Junquera, trofeo Zamora con el Real Madrid al encajar 19 goles en 22 partidos la temporada 1967-68

No es nada fácil escribir unas palabras para recordar a mi amigo JUNQUERA, fallecido el 6 de mayo de 2019, a la edad de 73 años, porque se agolpan en los recuerdos su bondad y su amistad de muchos años y tantas aventuras compartidas. JUNQUERA era una persona de 1,94 de estatura y 130 kilos de peso que se correspondían con la grandísima persona que era. Muy pocas personas pueden atravesar el camino de la eternidad con un bagaje de afecto, de aprecio y de bonhomía tan inmenso como el que se lleva consigo el inolvidable JUNQUERA, siempre con su espíritu generoso, noble y desprendido.

Siempre me decía mi padre que, amigos, lo que se llama amigos, se contaban con los dedos de la mano, porque hacer amigos no es tarea nada sencilla y conservarlos requiere de mucho cuidado, cariño y comprensión, pero una vez que llamamos a alguien “amigo” sabemos que por siempre ocupará un espacio en nuestros corazones. En absoluto pretendo yo castigarme con la angustia de haber perdido a este gran amigo, pero siento que es injusto que no esté más entre nosotros. Sólo espero que allí donde esté sea realmente feliz, haciendo lo que le gustaba: comer y disfrutar con el fútbol, especialmente con sus equipos del alma, el UPLANGREO y el REAL MADRID.  

Junquera formando parte de una de las alineaciones del Real Madrid. Por la izquierda de pié: JUNQUERA; Calpe, De Felipe, Sanchís; Pirri, Zoco; Miguel Perez, Amancio, Groso, Velázquez y Gento.

Conocí a JUNQUERA de guaje – más bien de “guajón”, debido a su gran envergadura física -, jugando con su equipo de La Nava (Langreo) en el campo de fútbol de Lada, junto con otro fenómeno del fútbol español y, sin lugar a dudas, su gran amigo del alma PEPE LAVANDERA. Curiosamente – muy poca gente lo sabe – JUNQUERA jugaba de delantero centro, pero en cierta ocasión se lesionó el portero del equipo, y tuvo que ponerse él como portero, de tal manera que enseguida recaló en la Cruz Blanca de La Felguera, con la que quedaría campeón juvenil de Asturias, hasta alcanzar el trofeo ZAMORA con el Real Madrid en la temporada 1967-68, al encajar 19 goles en 22 partidos, quedando campeón de la liga del fútbol, título que lograría en sus nueve años que permaneció en el club merengue en cinco ocasiones, logrando también la copa del rey en otras tres temporadas. Previamente, JUNQUERA había jugado con el UPLangreo de segunda división entre los años 1963 y 1966.

Otra de las cuestiones de JUNQUERA que poca gente conoce era su vinculación con la minería, compatibilizando su categoría de lampistero en el Pozo Lláscares (Pozo Candín) con la portería del equipo langreano, hasta recalar en el Real Madrid, donde también compartió piso y equipo con su amigo/hermano PEPE LAVANDERA, hasta que éste fue cedido al Celta de Vigo.

Luisma, Lavandera, Antón, Nieves y Junquera (enero de 2019)

De regreso a su terruño asturiano, JUNQUERA se iniciaría en varios negocios, al igual que había hecho en Zaragoza, donde colgaría las botas debido a sus maltrechas rodillas (1975-77), pero él no estaba hecho para los negocios, solo estaba dotado para el fútbol y para extender su gran corazón, allí donde encontraba una causa donde el pudiera echar una mano, a veces las dos. Al final, regentaría un bar en la localidad langreana de Sama donde nos reuníamos a diario para ver y hablar de fútbol, y preparar la comida de los domingos, fecha del cierre semanal, haciéndola coincidir con el lugar donde le tocaba jugar al UPLANGREO. Me quedan, lógicamente, los grandes momentos pasados en las comidas, y las bromas de amigos que siempre se gastaban entre PEPE LAVANDERA y él: “A Pepe si lu dejo solu, piérdese por estos pueblos”, aunque PEPE no se quedaba atrás en las comidas: “Esti pa qué cojones pide un platu, si va a comer la perola entera”. En cierta ocasión jugaba el UPLangreo en Tineo, y paramos en un chigre a la entrada para tomar una botella de sidra. En el mostrador había toda una empanada cortada en trozos que fuimos cogiendo una o dos veces. Cuando nos dimos cuenta la empanada había desparecido, a lo que LAVANDERA le dijo a JUNQUERA: “chaval, te zampaste toa la empana, yo me aparto, nun vayan a pensar que vengo contigo”, pero la respuesta campechana fue: “cagon ros, ¿pa que tan los pinchos, más que pa comelos ? ¡ que los cobre no te jode, ta buenísima ! De repente, el dueño que había oído la conversación y las risas nuestras se presenta con otra empanada, agradeciendo que hubiésemos comido la anterior a la vez que le daba la razón a JUNQUERA. No me acuerdo si la comió también, jajaja…

Compañero y amigo JUNQUERA: imagino que donde te encuentras ya no sientes ese dolor físico que te causaba tu enfermedad y que ya no tienes esa pena en tu espíritu de ver sufrir a los tuyos con tus padecimientos. Nunca me gustaron las despedidas y menos aún, cuando es para decir adiós a un gran amigo y muy grande persona como tú.

ANTÓN SAAVEDRA

Los “Amigos de Luisma” en la pulpada gallega celebrada en El Carbayu de Langreo, el 21 de junio de 2019.

El Carbayu, 21 de junio de 2019

Querido amigo: Las personas que te conocimos y tuvimos el privilegio de ser tus amigos queremos recordarte con cariño.

Efectivamente, han transcurrido casi dos meses desde aquel maldito 6 de mayo de 2019 que nos dejaste y, hoy, que tenías que estar aquí, con nosotros, en estas comidas que tanto disfrutabas, queremos recordarte guardando un minuto de silencio en tú honor.

Yo, personalmente, creyendo recoger el sentir de todos nosotros, nos alegramos de haberte conocido y haber sido tu amigo. Tu muerte nos causó una gran tristeza y nadie podrá ocupar tu lugar, entre otras cuestiones, porque siempre fuiste un amigo sincero dispuesto a dar la mano a los demás. Y, si alguna persona de los presentes, está autorizado para certificar esta afirmación, esa persona se llama Pepe Lavandera, sin lugar a dudas, su gran amigo del alma, su hermano, diría yo.

Antón Saavedra interviniendo en el homenaje al compañero Junquera, donde se guardó un minuto de silencio en El Carbayu, el 21 de junio de 2019

Sé que nos estás escuchando en este instante, querido amigo, sé que siempre estás pendiente de las personas que te queríamos y apreciábamos tu amistad. Hace dos escasos meses tu espíritu partió al más allá, pero, para nosotros, sigues viviendo en nuestros corazones, porque fuiste y seguirás siendo único y maravilloso. Toda aquella masa corporal que tenías en tú 1,94 metros de estatura se corresponden exactamente con la calidad humana que siempre supiste poner por delante, ante cualquier situación que se presentase. De verdad, amigo, nos apena recordar tu muerte, pero nos queda la enorme satisfacción de haberte conocido y estar a tú lado durante muchos años, disfrutando con aquellas comidas de los domingos cuando, junto con Miguelín y Pepe Lavandera, íbamos a ver a tú equipo del alma, nuestro Unión Popular de Langreo.

Los “Amigos de Luisma” guardan un minuto de silencio en honor de nuestro compañero y amigo Junquera en El Carbayu, el 21 de junio de 2019

Estoy seguro que si hoy estuvieras en esta “pulpada gallega” que tanto te gustaba, el compañero José Manuel se hubiera quedado corto en los kilos de pulpo importados desde Lugo, pero yo hubiera pagado muy gustosamente de mi bolsillo el doble de kilos, o el triple… Así que, sin más palabras, vamos a guardar un minuto de silencio en tú honor. Descansa en paz, compañero.

ANTON SAAVEDRA

Para el líder del PSOE, España es una nación de naciones. “Aquellos que niegan que España es una nación de naciones… ¿Que están diciendo, que ser español es la única identidad posible?”

«Una de las principales lecciones que he «sacado en estos casi tres años» como máximo responsable del PSOE ha sido comprender la naturaleza del país. España es una nación de naciones. Cataluña es una nación dentro de otra nación que es España, como lo es también el País Vasco, y esto es algo de lo que tenemos que hablar y reconocer» (Pedro SÁNCHEZ en TVE, el 31 de octubre de 2016)

Si algo ha venido caracterizando a Pedro Sánchez por encima de cualquier otro aspecto es su condición camaleónica, su capacidad de cambiar de relato y de afirmar un día lo contrario de lo que declaró el día anterior. Ya lo decía su elocuente vicepresidenta Carmen Calvo: “Eso era antes de ser presidente”. Así, en las recientes elecciones del 28 de abril de 2019 mostraba una apariencia radicalmente distinta de la realidad, presentándose como buen tartufo con una nueva careta.

Los 170 escaños favorables (137 del PP, 32 de Ciudadanos y uno de Coalición Canaria) no eran suficientes. Rajoy necesitaba seis síes más en la primera votación y 11 abstenciones en la segunda cuando basta con mayoría simple.
“La responsabilidad a partir del 2 de septiembre seguirá recayendo sobre Rajoy – decía el líder del PSOE, Pedro Sánchez -. Si no es capaz, también será su responsabilidad. No la del PSOE”. Pero añadió, de forma ambigua: “A partir de ahí, creo que no podemos adelantar más cuestiones. Los procesos de investidura son vivos y dinámicos y veremos qué ocurre a partir de esta fecha”. Pese a las preguntas reiteradas sobre si descartaba la posibilidad de intentar formar Gobierno, no hubo forma de que lo aclarase. “El PSOE siempre estará en la solución”, se limitó a decir. Pero al final, el “no es no”, se transformó en un Sí, y Rajoy fue presidente del gobierno de España.

Por eso, a la hora de juzgar los méritos y deméritos del doctor Sánchez tendremos que fijarnos en sus obras y no en sus palabras. Si queremos intuir cómo se va a comportar en el futuro, no podemos fiarnos de sus promesas, sino que deberemos proyectar hacia adelante la historia pasada, no solo desde que es presidente del Gobierno, sino al menos desde su enroque en el “no es no”.   En efecto, aquel “no es no” a la investidura de Mariano Rajoy fue el lema usado por Pedro Sánchez y sus compinches para oponerse a la investidura de Mariano Rajoy, forzando unas terceras elecciones, aludiendo que existía un gobierno alternativo que no era posible por las líneas rojas que le había impuesto el aparato del partido. De esa manera, aquel “no es no” quedaba transformado en un mensaje polarizador y sectario: o estabas con Pedro o estabas con Rajoy, con el aparato o con las bases. De ahí que los y las sanchistas llegaran a señalar de golpistas o traidores a los defensores de la abstención para que pudiera gobernar la banda criminal del PP. Lo sorprendente es que Pedro Sánchez haya asumido en su investidura a la presidencia el planteamiento de quienes fueron sus antagonistas internos en el mismo PSOE. Sánchez se opuso a esa abstención, hizo el lema del “no es no” y ahora entra en una contradicción flagrante, retractándose de lo que sostuvo, de lo que le llevó a la secretaría general del PSOE.

Si nos remontamos a enero del 2017 nos encontraremos con un Pedro Sánchez candidato a primarias que nos revela en una entrevista en “la Sexta” cómo se había equivocado al no intentar pactar con Pablo Iglesias afirmando que había recibido muchas presiones del IBEX 35 y de los grandes medios de comunicación del país para que no lo hiciera. En la misma cadena, tres años después, sin embargo, reconoce públicamente que no está recibiendo ninguna presión para no integrar en su gobierno a Pablo Iglesias y que sólo responde a la presión de sus convicciones.

Desde luego, no seré yo quien dude de que Pedro Sánchez tenga convicciones; todo el mundo las tiene. Pero no sé yo si las convicciones de Pedro Sánchez son las que le hacían defender, cuando tenía 84 diputados, que la mayoría de la moción de censura era una alternativa viable y de progreso para la gobernabilidad de España o las que hoy le impiden formalizar un gobierno de coalición con Pablo Iglesias desde que ha descubierto que PODEMOS sigue defendiendo exactamente la misma España plurinacional emanada del mismísimo XXXIX Congreso Federal del PSOE, de junio de 2017. Desde mi punto de vista, puedo pensar y pienso que las ambiciones de Pedro Sánchez son mucho más fuertes que sus convecciones, y que ambas son ciertas dependiendo del contexto.

Durante estos 80 días, desde la celebración de las elecciones generales, el candidato Sánchez ha reconocido haber dedicado el 99 por ciento del tiempo a discutir con Pablo Iglesias si este debía estar o no en el Gobierno. Es fácil imaginar que el resto del tiempo es el que ha dedicado a pedir a Casado y Ribera la abstención con el sólido argumento de «o gobierno yo o gobierno yo», y «si no lo permitís seréis los responsables de una repetición electoral».

Es por ello que, durante estos 80 días he tenido la impresión de algo que ya había vivido: la construcción de nuevos relatos paralelos a la realidad que sirven más para futuros manuales de resistencia con cambios de eslóganes – del no es no al yo es yo – que para una negociación seria y responsable del que, habiendo ganado las elecciones con 123 diputados, ha recibido el encargo de conformar amplios acuerdos no sólo para una investidura sino para garantizar un Gobierno estable.

Resulta curioso que, habiéndose producido el tercer peor resultado electoral del PSOE durante la modélica transición, con sólo 123 escaños, Pedro Sánchez y compinches estén mostrándose tan henchidos, ufanos y soberbios, sobre todo a través de sus hooligans fanáticos en las redes sociales. Quieren gobernar ellos solos con pactos puntuales y algún acuerdo de investidura que no les comprometa demasiado. Me parece muy legítimo, sin duda, y hasta factible, pero esconde la carencia de sentido de Estado de los actuales rectores del PSOE.

La intención de Sánchez, imitando a Portugal, no va más allá de seguir en la senda de las plataformas personalistas que se estilan en otros países, donde el dirigente es más importante que el partido. Si nos fijamos en la campaña electoral realizada, la marca PSOE casi estuvo desaparecida centrando todo en el ídolo socialdemócrata. Por eso quiere un Gobierno monocolor para centrar todos los objetivos en su persona y su equipo. El partido es para Sánchez un trampolín, la organización que sostiene el entramado de su cúpula directiva. No quiere compartir escenario con ningún otro partido y menos con UNIDAS PODEMOS por temor a que le obligue a desarrollar políticas de izquierda al servicio del pueblo y de la clase trabajadora, muy distintas y distantes de las políticas del neoliberalismo que vienen desarrollando con sus socios del bipartidismo PPSOE.

Carmen Calvo ha defendido que Sánchez ya no es candidato y aunque, como el presidente dijo anoche en una entrevista en Telecinco, no elude su responsabilidad como ganador de las elecciones y mantendrá nuevos contactos con Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado, ahora “otros deben enfrentarse a su propia realidad y responsabilidad”. El Ejecutivo insiste en pedir la implicación de Unidas Podemos, PP y Ciudadanos y de nuevo sitúa a todos al mismo nivel. A los dos partidos del centro derecha les demanda su abstención para que el Gobierno no dependa de los independentistas, pero sobre todo pone el foco en el PP porque su mensaje, al contrario que Rivera, “es más conciliador”.

La estrategia es doble. Por un lado, la personalista, como si quien hubiese estado “tocado por los dioses del socialismo” fuese Pedro Sánchez. Y, por otro lado, la libertad para pactar con la derecha libremente y sin cortapisas. Como reconocen en Moncloa, de esta forma pueden pactar cuestiones más sociales y algunas con apariencia de izquierdas con UNIDAS PODEMOS, Compromís y ERC y todas las económicas o de ajustes con la derecha, léase PNV, Ciudadanos o PP.  Para ello, el ínclito José Luis Ábalos nos pone como ejemplo de coalición con gobierno monocolor a Portugal, que como todo el mundo sabe es comparable por magnitud y estructura del Estado con no se sabe qué, pero no con España. Nuestro país está descentralizado y es más grande que el país vecino por lo que no es un marco de comparación, aunque sí de aprendizaje. La Asamblea Nacional posee 230 escaños de los que el Partido Socialista tiene el 37,39% de los mismos (86) y la oposición de derechas el 46,52% (107), el resto son partidos de izquierdas (Bloque de izquierda, CDU y PAN). En España a la izquierda del PSOE sólo está UNIDAS PODEMOS, el resto está a su derecha o con los nacionalismos, en su mayoría también dependientes de la burguesía vasca o catalana. No es la misma situación, en absoluto se le parece.  En realidad, lo que quiere Sánchez, además de tener todo el foco centrado en él y su equipo, es ver si los demás terminan de fallecer y así poder gobernar durante una década, pero eso es jugar con fuego cuando en el resto de Europa se ha demostrado que las coaliciones de Gobierno funcionan y se avanza.  Por una vez estaría muy bien que desde el PSOE se pensase en la ciudadanía y no en sus intereses partidistas, porque tener sentido de Estado es lo mínimo que se le puede pedir. Y eso supone que, aunque Pedro Sánchez quiera ser el más guapo del baile, ocupando el centro de la pista, debe dejar que los demás también bailen, sobre todo cuando se representa a casi cuatro millones de ciudadanos y ciudadanas, como es el caso de UNIDAS PODEMOS.

Vamos a ser muy claros. Lo que le está pasando al PSOE desde el 15M lo tiene como un pollo sin cabeza. Desde que la gente se echó a la calle a gritar aquello de “PSOE-PP la misma mierda es” ha perdido el pulso. Por supuesto que estamos hablando del partido que pactó la segunda restauración monárquica, erigiéndose en el principal sostén del Rey, especialmente de Juan Carlos I; del que organizó los GAL para practicar el peor de los terrorismos, como ha sido el terrorismo de Estado; del que desmanteló nuestra industria, nuestra agricultura y nuestra ganadería; del que nos metió en la OTAN y también en la CEE y el euro. Jamás la derecha de los siete magníficos con Fraga a la cabeza, que hoy conforman el “trifachito”, como herederos de la España franquista, hubiera podido articular por sí misma estas y otras acciones. Hacía falta un partido que obrara en el imaginario social como un partido de izquierdas. Que lo fuera realmente, quedaba en segundo plano. Con el Pedro Sánchez resucitado hemos estado dispuestos a primar la urgencia democrática sobre la memoria. Pero parece que lo que es persevera en su ser.

Desde La Moncloa y desde el Gobierno se restó trascendencia a la oferta hecha por el líder de Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, al entender que sigue sin moverse de sus posiciones insistiendo en un Gobierno de coalición. Ante esto, se repite desde el PSOE que la oferta del candidato socialista se mantiene también en los términos en los que se ha descrito lo que llaman un Gobierno de cooperación: pacto programático, pacto parlamentario y pacto para que miembros de este partido entren en las instituciones, pero nunca en el Consejo de Ministros.

¿Qué Sánchez es el que está negociando con UNIDAS PODEMOS el gobierno de España? ¿El del discurso de izquierdas que ganó la Secretaría General con su enfrentamiento a barones y banqueros? ¿El burócrata de toda la vida del PSOE? ¿El que encabezó la comisión del PSOE para la reforma del artículo 135 de la Constitución, el que dijo que había que endurecer el delito de rebelión, el que amenazó con más artículo 155 en Catalunya, el que insultó a Corbyn? ¿El que le echó la culpa al IBEX 35 o el que le echa la culpa a Pablo Iglesias?

Sánchez acaba de dar pistas: ha pactado con los liberales y la derecha europea para entregarle la presidencia de la Comisión Europea a Van der Layen, ministra conservadora de defensa de Angela Merkel en el gobierno de Gran Coalición que tienen allí sus socios socialdemócratas del SPD. Al tiempo, postula a Nadia Calviño, su perfil más neoliberal, a la presidencia del Fondo Monetario Internacional. Siendo Europa el freno a las políticas sociales ¿qué hace Sánchez apoyando los perfiles más conservadores que dificultarán muchísimo cualquier avance en España?

Mientras, en España sigue confiando su futuro a otro golpe de suerte gestionado por otros, como el que le sacó del barro con la moción de censura, al tiempo que representa el guion de mercadotecnia de su asesor monclovita Iván Redondo. Pero no le están saliendo las cuentas. Pedro Sánchez ha demostrado que, además de un nefasto presidente del Gobierno, ha sido un torpe estratega al negociar su investidura. La soberbia por su victoria, tan holgada respecto a los demás partidos como pírrica para ser elegido, no le ha dejado ver la realidad. Se ha equivocado al pedir por las bravas la abstención del PP y Ciudadanos, en lugar de ofrecerles lo que podía haberles convencido. Era previsible, no obstante, que Pedro Sánchez se acercara antes al partido de Pablo Iglesias, a su “socio preferente” como así ha sido. Pero, de nuevo por la soberbia, pretendió ganarse el apoyo de UNIDAS PODEMOS sin nada a cambio. Mareó la perdiz con el Gobierno de cooperación, progresista, ecologista y demás zarandajas sin ni siquiera sentarse a charlar o a negociar con el líder del partido morado. Creyó que Pablo Iglesias le apoyaría sin rechistar y, cuando comprobó que el gobierno de coalición era requisito imprescindible para conseguir los 42 escaños, vetó al líder del partido, al hombre que había urdido y negociado la moción de censura que le hizo presidente. Y ese fue el principio del fin, después de haber asistido  a la gestión poselectoral más obscena, desquiciada y chapucera de nuestra historia democráctica.

Además, no sabe ni negociar. Primero, porque Pedro Sánchez ha estado tocando la lira desde el 28-A y en los dos últimos días ha pretendido cerrar un acuerdo. La soberbia le ha impedido asumir que un pacto de Gobierno requiere más tiempo y más trabajo. Por otra parte, Pedro Sánchez no puede humillar a UNIDAS PODEMOS con ministerios de pitiminí para salir del paso y embucharse sus 42 escaños bajo la modalidad del “gratis total”.  Pedro Sánchez se ha dormido en los laureles, ha despreciado a casi cuatro millones de votantes de UNIDAS PODEMOS, convencido que saldría a hombros del hemiciclo. Su soberbia, su torpeza y su escasa inteligencia política le han llevado al fracaso. Y, al final, ha salido con el rabo entre las piernas. Desde mi humilde opinión, cuando un partido atraviesa muchas veces la línea roja y se empecina en seguir anteponiendo sus intereses al bien común, acaba sufriendo tal deterioro que pierde sus ideas y principios fundamentales y solo conserva como ideología el ansia de poder. Eso es lo que le ha ocurrido al PSOE, un partido arrasado por la CORRUPCIÓN y el abuso de poder, que se mantiene unido únicamente porque extrae grandes beneficios y privilegios del ejercicio del poder a costa de lo que sea para mantenerse en él.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, traslada este viernes al rey el fracaso de la sesión de investidura de Pedro Sánchez. El parlamento rechazó este jueves por segunda vez otorgar su confianza al candidato socialista debido a la falta de apoyos después de que el PSOE y Unidas Podemos no lograran alcanzar un acuerdo para formar un gobierno de coalición.

Por lo tanto, Pedro Sánchez no se mereció superar la votación de investidura en el Congreso de los Diputados. Y, no se la mereció, desde mi punto de vista, por su arrogancia. No se la mereció por su incapacidad de diálogo. No se la mereció porque rozó lo inmoral cuando, careciendo de mayoría absoluta acabó culpando a los demás de no querer votarle gratuitamente, a cambio de nada. No se la mereció por el desprecio a UNIDAS PODEMOS y a su líder Pablo Iglesias, el político más brillante, de largo, en la tribuna del Congreso de los Diputados. Y no se la mereció, sobre todo, porque la jornada ha tenido mucho de teatro y de engaño a la gente, ya que Sánchez no quiere nada de lo que dice: ni un gobierno de coalición, ni dialogar, ni acuerdos con las formaciones de izquierdas. Quiere ir, lisa y llanamente, a elecciones el 10 de noviembre.

Ya hemos señalado en reiteradas ocasiones que el doctor Sánchez es un impostor. Un hombre que, por conseguir un doctorado, es capaz de encomendar a un negro que le aliñe una ensalada de plagios, mientras él se encarga de aliñar el tribunal que bendiga el bodrio, ¿de qué no será capaz por conseguir una presidencia del Gobierno? Todos los pasos que han conducido al fiasco de la investidura fallida no eran más que las típicas artimañas de un impostor que, a la vez que se burlaba de las masas cretinizadas, aspiraba a conquistar su voto, convirtiendo para ello las instituciones del Estado en un tabladillo de la farsa. ¿Qué sentido, me pregunto yo, tenía pretender el voto de una organización como UNIDAS PODEMOS que, según afirma el doctor Sánchez, quería instaurar en el seno del gabinete ministerial un comisariado o gobierno paralelo? ¿A qué ha estado jugando este falsario durante los últimos meses? Porque, como ha quedado patente, él nunca pretendió compartir gobierno con UNIDAS PODEMOS, sino tan sólo que UNIDAS PODEMOS le regalara sus votos gratis et amore, y así repetir la jugada de la moción de censura.

Para lograr este objetivo, el doctor Sánchez nos ha venido dando la matraca durante más de ochenta días, repitiendo como un papagayo que un gobierno socialista era la «única alternativa» querida por la «voluntad popular»; lo cual, aparte de una sandez filosófica, es una distorsión cognitiva como una catedral. Pues la «única alternativa» – tampoco se sabe si querida por la «voluntad popular» -, era un gobierno de coalición en el que el doctor Sánchez podía elegir socio. Pero, en lugar de elegirlo y ponerse a negociar con él, este impostor se dedicó a gallear, como si todos sus posibles estuviesen obligados a entregarle la investidura a cambio de nada, amenazados por la sombra de unas nuevas elecciones en las que el PSOE sanchista, poco más que auguraba sacar mayoría absoluta y desaparecer a UNIDAS PODEMOS.

Pablo Iglesias le ha dejado claro a Pedro Sánchez que su partido no se va a dejar “pisotear ni humillar”. Por último, el líder de Unidas Podemos le ha lanzado una advertencia al del PSOE: “Si convoca nuevas elecciones, me temo que usted nunca será presidente”.

Así hasta que, para completar la farsa, el doctor Sánchez fingía una falsa negociación con UNIDAS PODEMOS, en la que ha probado las artimañas más rocambolescas, todas ellas desmontadas por Pablo Iglesias. Y ahora el impostor pretende además que nos traguemos que el responsable del fiasco es Iglesias, que siempre dejó claro que no habría investidura sin gobierno de coalición. Las últimas palabras de Pablo Iglesias fueron las más contundentes acusando al PSOE de pisotearlos, censurando su incapacidad para alcanzar acuerdos, a la vez que lanzaba todo un mísil a Sánchez: “Mucho me temo que, si no es presidente ahora, no lo será nunca”.

Por supuesto, nada nos extrañaría que el doctor Sánchez lograra imponer al final su «relato»; no en vano tiene a su servicio toda una legión de jenízaros mediáticos encargados desde hoy de desprestigiar y convertir en un ogro al líder de UNIDAS PODEMOS, a quien hasta hace poco ensalivaban el bálano. Una cuestión al respecto está muy clara, y es que el Goebbels de Hitler existió en la política real, y los Ivanes y los Tezanos de Pedro Sánchez también existen en La Moncloa y en Ferraz

¿Dónde están los miles y miles de socialistas decentes? ¿Dónde están aquellos que gritaban la noche electoral ante la sede madrileña del PSOE “Con Rivera NO”? ¿Por qué guardan ese cobarde silencio ante los atropellos de Pedro Sánchez, sus errores y escándalos? A mí solo se me ocurre una única respuesta, tantas veces reiterada, y es que el PSOE ha renunciado desde hace tiempo a sus ideales y principios y que sólo existe ya para gobernar y extraer del gobierno los beneficios y ventajas que otorga el poder: reparto de cargos, dinero abundante, poder, brillo… El hecho de que España esté padeciendo tan mal gobierno que retrocede en lo económico y lo ético en absoluto parece importarles, a pesar de que los signos del deterioro son ya evidentes: enfriamiento de la economía, rabia ante una nueva subida de impuestos, cuando ya el país está en la cúspide europea del expolio fiscal, abandono de los principales problemas del país, como son la derogación de la reforma laboral o el blindaje del sistema público de las pensiones como uno de los derechos fundamentales de la Constitución, la falta de una ley sobre la Memoria Histórica donde la verdad, la justicia y la reparación sean una realidad patente, la derogación de la Ley Mordaza, el desprestigio internacional…

Federico Engels, pensador y dirigente socialista alemán (1820-1895)

En realidad, el Estado no es más que una máquina para la opresión de una clase por otra, lo mismo en la república democrática que bajo la monarquía; y en el mejor de los casos, es un mal que se transmite hereditariamente al proletariado triunfante en su lucha por la dominación de clase.

El proletariado victorioso, lo mismo que hizo en la Comuna, no podrá por menos de amputar inmediatamente los lados peores de este mal, entretanto que una generación futura, educada en condiciones sociales nuevas y libres, pueda deshacerse de todo este trasto viejo del Estado.

Federico Engels, en el vigésimo aniversario de la Comuna de París,
Londres, 18 de marzo de 1891.

La historia de los años treinta en el Estado español es la crónica de la revolución proletaria y la contrarrevolución burguesa. Todos los acontecimientos que se sucedieron desde los años veinte y que cristalizaron en el golpe fascista que causó la gran tragedia de España — la forma más aguda que puede adoptar la lucha de clases — pusieron de manifiesto los intereses irreconciliables de capitalistas y terratenientes, de la casta militar y eclesiástica con los de millones de trabajadores de la mina, la fábrica y el campo. Todos los regímenes políticos que se sucedieron, estarían y siguen estando condicionados por este hecho.

El Directorio militar de Primo de Rivera constituye la primera etapa de la Dictadura de Primo de Rivera instaurada en España durante el reinado de Alfonso XIII tras el triunfo del Golpe de Estado de Primo de Rivera del 13-15 de septiembre de 1923. Directorio militar fue el nombre que se dio a la institución integrada exclusivamente por militares (ocho generales y un contralmirante) que bajo la presidencia del general Miguel Primo de Rivera debía asesorarle en las funciones de gobierno y en la promulgación de los decretos que tendrían fuerza de ley . En diciembre de 1925 el Directorio militar fue sustituido por un gobierno en el que había militares y civiles presidido también por Primo de Rivera, que será conocido como Directorio civil, y que constituye la segunda y última etapa de la Dictadura primorriverista que finalizó en enero de 1930.

De esa manera, durante todo este período histórico, la burguesía buscaría desesperadamente las formas de dominación que le permitiesen contener la marea revolucionaria que se les venía encima. Lo intentaron primero con la dictadura de Primo de Rivera y, posteriormente, sacrificando la odiada monarquía de Alfonso XIII por la República; pero a lo que nunca renunciaron, y ahí radicaba y radica el problema esencial, fue a mantener la mano firme sobre sus propiedades, sobre la tierra, las minas, las fábricas y la banca, a imponer a los trabajadores y los campesinos famélicos su régimen de explotación, sus jornales de miseria y hambre, sus jornadas de sol a sol. Apoyándose en la Iglesia católica y la casta militar, la oligarquía española no pretendía renunciar a ninguno de sus privilegios y era consciente, sobradamente consciente, que ello le llevaba a un enfrentamiento decisivo con el movimiento obrero.

Desde esa perspectiva, la clase dominante española toleraba incluso las formas democráticas como un mal menor, siempre y cuando el poder económico, y por tanto el político, siguiesen estando firmemente bajo su control, pero en la medida que el traje del parlamentarismo democrático burgués fue incapaz de servir a este objetivo, la burguesía no vaciló en desprenderse de él y adoptar los métodos del golpe militar, la guerra civil y el fascismo. Toda la palabrería acerca de la democracia, libertades cívicas, elecciones, sufragio universal, fue arrojada al contenedor de la basura y reemplazada por otras más afines: cruzada anticomunista, orden, propiedad, patria, censura, cárceles, fusilamientos…

La República proclamada el 14 de abril de 1931 en absoluto sirvió para trastocar los límites de la propiedad capitalista. Como reflejo del ascenso de la lucha de clases y de las enfermedades que corroían al capitalismo español, ésta despertó las esperanzas de una vida mejor para millones de personas oprimidas durante generaciones. Las ilusiones en la democracia y en un cambio fundamental en sus condiciones de existencia, florecieron en todos los rincones del país. Pero estas ilusiones no tardaron mucho en marchitarse. Para los oprimidos del campo y la ciudad, la República no trajo grandes cambios en sus condiciones de vida, mientras mantenía lo esencial del dominio terrateniente y capitalista de la sociedad.

Discurso de Jose María Gil-Robles, lider de la CEDA ante 1000 asistentes en Covadonga, el 9 de setiembre de 1934: “Hay que ir a un Estado nuevo, y para ello se imponen deberes y sacrificios. ¡Qué importa que nos cueste hasta derramar sangre! (…) Para realizar este ideal no vamos a detenernos en formas arcaicas. La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer”.

El agrupamiento de los títeres políticos de la burguesía española liderados por Gil Robles, consciente de la irremediable escalada del movimiento obrero y la incapacidad de la República para contenerla, desbrozaría el camino para imponer un régimen de corte fascista que aplastase a las organizaciones obreras y la capacidad combativa del proletariado. Toda la obra contrarrevolucionaria cedista tanto en el terreno legislativo como en la realidad de la lucha de clases, encontraba su sintonía con el triunfo de Hitler en Alemania y Dolffus en Austria. La amenaza de un triunfo similar en el Estado español era tan real como reales eran los discursos de Gil Robles y otros destacados líderes de la CEDA a favor de un régimen de ese tipo.

La insurrección obrera del 5 de octubre de 1934 vino a cortar esta perspectiva de consolidar un Estado fascista mediante la utilización de los mecanismos del parlamento burgués. Fue la insurrección armada en Asturias y el frente único de la izquierda a través de las Alianzas Obreras, lo que desbarató todos los planes de la CEDA. Sin este ensayo previo, difícilmente puede entenderse la resistencia al fascismo con las armas en la mano durante los tres años de guerra civil y revolución social.

La historia de España hasta 1931 se había caracterizado por siglos de continua e inexorable decadencia, marcada por periódicas y aisladas sublevaciones campesinas y un asfixiante control de todas las esferas del poder por parte de la monarquía y los terratenientes. Incapaz de llevar a cabo una revolución burguesa como en Francia o Gran Bretaña, la clase dominante española era un conglomerado formado por la vieja aristocracia nobiliaria, la burguesía agraria y comercial del centro y sur de España y una débil burguesía industrial que participaba cómodamente de los privilegios económicos que este estado de cosas le proporcionaba, donde el saqueo, los chanchullos y las corrupciones eran el pan nuestro de cada día.

Así, a lo largo de toda la historia del siglo XIX el papel de la burguesía se reduciría a la búsqueda permanente de acuerdos y coaliciones con las viejas clases del pasado feudal, donde la compra de grandes extensiones de tierra, de títulos de nobleza y los matrimonios con la aristocracia fueron la práctica común de los burgueses, y nuevos lazos de unión se forjaron en negocios comunes. Por otra parte, la alta burguesía financiera que empezaba a despegar en Euskadi o la burguesía industrial de Catalunya, irían adquiriendo posiciones en los gobiernos de Madrid, sustentando las formas antidemocráticas del viejo régimen que tan bien les servían para explotar sus negocios.

Directorio militar de Primo de Rivera con el el rey Alfonso XIII de Borbón.

La dictadura de Primo de Rivera mientras intentaba ocultar los crímenes del colonialismo español en Marruecos y los desastres militares – como el de Annual – seguía amparando los intereses de los grandes capitales y el proteccionismo, a la vez que ponía en marcha una represión feroz contra el movimiento obrero organizado – centrado especialmente contra la CNT -, el aplastamiento de las luchas obreras, la organización del terrorismo patronal y una legislación laboral reaccionaria, con la excepción de  UGT – PSOE que se prestaron a un vergonzoso colaboracionismo con la dictadura de Primo de Rivera, lo que no evitó que, finalmente, la dictadura se enfrentase a un movimiento creciente de descontento.

En efecto, durante la crisis del régimen monárquico pesaron mucho más los intereses de clase de la burguesía que el mantenimiento de una reliquia política heredada del pasado pero inservible para la nueva situación creada, fenómeno que no suponía ninguna novedad, porque ya,  durante la revolución rusa de febrero de 1917, muchos de los políticos más venales y comprometidos con el zarismo, observando el colapso del régimen y el empuje de las masas, no dudaron en abrazar el nuevo régimen republicano para salvar el pellejo y seguir manteniendo el poder en sus manos. Lo mismo ocurriría en los años de la llamada modélica transición española – en realidad la segunda restauración monárquica -, cuando centenares de destacados prohombres de la dictadura franquista se convirtieron, de la noche a la mañana, en demócratas de toda la vida.

Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, el jefe del cuarto militar de Alfonso XIII, el general Berenguer, fue el encargado de salvar la monarquía y de paso a la oligarquía. De esta manera, en el mes de febrero de 1930 el nuevo gobierno militar quedaba conformado con representantes de la aristocracia, el clero y el ejército. Pero esta prolongación formal de la vida del régimen no ocultó su crisis terminal. En las filas de la burguesía las divergencias sobre el rumbo de los acontecimientos crecían día a día, y, mientras un sector abogaba por la represión y el palo, el otro, el más sutil e inteligente se inclinaba por la reforma, pero los dos se equivocaban, porque, mientras las concesiones políticas provocaban un auge del movimiento reivindicativo, por otra parte, el mantenimiento de la opción represiva tampoco resolvía la crisis y la contestación social, de tal manera que, ante la gravedad que adoptaban los acontecimientos, una mayoría de los políticos burgueses del régimen se inclinaron por calmar a las masas respaldando una salida “democrática”. De esta manera individuos que habían desarrollado su carrera política reprimiendo las luchas obreras y sirviendo fielmente a la monarquía se convirtieron de la noche a la mañana en republicanos y demócratas, hasta el extremo de que sujetos como Miguel Maura o el ex ministro monárquico Niceto Alcalá Zamora juraron su adhesión a la República, llegando incluso a ser presidente del gobierno de la II República, a la vez que señalaba el camino para otros muchos.

Paralelamente el movimiento de oposición que se extendía entre la clase trabajadora iba contagiando a sectores cada vez más amplios de la pequeña burguesía y los estudiantes, mientras la política colaboracionista y vacilante de los líderes del PSOE-UGT iba permitiendo a los representantes de la pequeña burguesía republicana hacerse con el protagonismo del momento y asumir la iniciativa, aunque los trabajadores afiliados a la UGT y la CNT seguían participando en gran número de huelgas.

El Pacto de San Sebastián fue la reunión promovida por la Alianza Republicana que tuvo lugar en San Sebastián el 17 de agosto de 1930 a la que asistieron representantes de todos los partidos republicanos, a excepción del Partido Federal Español, y en la que se acordó la estrategia para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la Segunda República Española. En octubre de 1930 se sumaron al Pacto, en Madrid, las dos organizaciones socialistas, el PSOE y la UGT

Por aquel entonces, las ilusiones de los líderes socialistas en la revolución democrático – burguesa eran tantas que la alianza con los partidos republicanos se profundizó y cristalizó en el llamado “Pacto de San Sebastián”, en el que se acordó un plan de acción para proclamar la República y constituir un gobierno provisional. Es decir, los dirigentes del PSOE en colaboración con los republicanos, confiaron en los mandos militares para el pronunciamiento, en lugar de organizar y preparar militarmente la insurrección en las minas, fábricas y latifundios, y este método conspirativo, que tanto gustaba al líder socialista Indalecio Prieto, buscando la participación de la oficialidad en lugar de la acción organizada de las masas de la clase obrera, tendría consecuencias funestas en octubre del 34.

Por si había duda de los objetivos del movimiento, Manuel Azaña lo aclaraba en el mitin del 28 de octubre en la plaza de toros de las Ventas de Madrid: “La República le es tan necesaria al proletariado como a la burguesía liberal, pero nosotros no tenemos el pensamiento ni los socialistas tienen ahora la ambición de que nuestra fuerza común concluya en una república socialista. Pensamos en una república burguesa y parlamentaria, tan radical como los republicanos más radicales consigamos que sea, si tenemos opinión y votos para ello”. Con el régimen monárquico totalmente corrompido y carente de base social, incapaz de contener la radicalización de las capas medias y el movimiento obrero, el general Berenguer proponía en los comienzos de 1931 la celebración de elecciones legislativas, una propuesta que sería rechazada por el movimiento obrero y los líderes republicanos y también por los sectores más perspicaces de la burguesía que no estaban dispuestos a prolongar la agonía del régimen. La dictablanda de Berenguer, entró en crisis definitiva, y el rey, acosado, intentó remontar la situación con un gobierno urdido por el conde de Romanones, uno de los grandes terratenientes y plutócrata, pero el nuevo gobierno presidido por el almirante Aznar sólo escribió el epitafio de la odiada monarquía.

En este contexto de extrema polarización, amplios sectores de la burguesía comprendieron que el final de la monarquía era cuestión de muy poco tiempo. El gobierno acosado intentó ganar tiempo convocando para el 12 de abril elecciones municipales, con la esperanza de contener el movimiento de la oposición y lograr el apoyo de los sectores republicanos al establecimiento de una monarquía constitucional. Pero ya era tarde. Las ansias de acabar de una vez por todas con la monarquía, de alcanzar las libertades democráticas, contagiaban a toda la sociedad, donde, incluso la CNT no pudo impedir que miles de militantes votaran a las candidaturas de la conjunción republicano-socialista.

A pesar del fraude electoral y la intervención de los caciques monárquicos en las zonas rurales, el triunfo de las candidaturas republicano-socialistas fue masivo en las grandes ciudades. El delirio de las masas se desató en las principales capitales y ciudades del país, cuando la República fue proclamada por el monárquico Niceto Alcalá Zamora a las ocho y media de la noche del 14 de abril de 1931.

La proclamación de la Segunda República Española consistió en la instauración el 14 de abril de 1931 del nuevo régimen político republicano que sucedió a la monarquía constitucional de Alfonso XIII de Borbón, que había quedado «deslegitimada» al haber permitido la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)​ y que había fracasado en su intento de vuelta a la «normalidad constitucional» con la dictablanda del general Berenguer (1930-1931).

Sin embargo, después de haber leído tanto sobre el carácter de la de la República española, para cualquiera que quiera entender las contradicciones que se desarrollaban en los años treinta, lo cierto fue que la burguesía no tuvo más remedio que ceder el paso a la República, tratando de ganar tiempo y poder restablecer una correlación de fuerzas más favorable para sus intereses, aunque la dictadura del capital lo pueda envolver en formas políticas aparentemente diferentes, siempre que garanticen su dominio sobre el conjunto de la sociedad. Obviamente, para cualquier marxista siempre será preferible una república democrática a una dictadura policial o militar. Pero esta preferencia no es el producto de ningún fetiche hacia las formas políticas burguesas, ni ninguna concesión al cretinismo parlamentario, tan común en los dirigentes reformistas del movimiento obrero. La razón de esta preferencia es bien sencilla: en un régimen formalmente democrático es más fácil hacer propaganda, agitar por las ideas del socialismo científico, y las oportunidades para la organización revolucionaria de los trabajadores son mayores.

Es decir que, aunque la República española de 1931 pudiera presentar estas ventajas democráticas, incluida la elección parlamentaria del presidente de la República, el régimen social en el que se basaba era exactamente el mismo en el que se sustentaba la monarquía corrupta de los Borbones: la sociedad capitalista. Como Largo Caballero afirmó en no pocas ocasiones, repúblicas hay muchas, pero a los trabajadores sólo nos interesa la república socialista, aquella que refleja un cambio radical en las relaciones de propiedad a favor de los oprimidos. Para la burguesía se trataba en cambio de modificar el régimen político y garantizar lo esencial: el dominio económico que le permitiese explotar a millones de campesinos y trabajadores y garantizar sus privilegios.

Tal y como ha quedado dicho, la historia de la insurrección del 34 tiene mucho que ver con lo anterior, pues, aunque la forma política republicana se mantenía, eso no impedía a la burguesía lanzar una ofensiva generalizada contra los trabajadores y sus organizaciones. Efectivamente, la burguesía española se había encaramado al carro del republicanismo sembrando todo tipo de ilusiones entre la población, ilusiones democráticas que también reflejaban el ansia de liberación social de las masas. En la imaginación de millones de trabajadores había triunfado la convicción de que la República traería la tan ansiada como necesaria reforma agraria, mejores condiciones salariales, de trabajo y de hábitat, el fin del poder de la Iglesia, el derecho de autodeterminación… Pero la burguesía siempre tuvo y tiene en su programa unos planes muy diferentes.

El Gobierno Provisional de la Segunda República Española fue el gobierno que ostentó el poder político en España desde la caída de la Monarquía de Alfonso XIII y la proclamación de la República el 14 de abril de 1931 hasta la aprobación de la Constitución de 1931 el 9 de diciembre y la formación del primer gobierno ordinario el 15 de diciembre. Hasta el 15 de octubre de 1931 el gobierno provisional estuvo presidido por Niceto Alcalá-Zamora, y tras la dimisión de éste a causa de la redacción que se había dado al artículo 26 de la Constitución que trataba la cuestión religiosa, le sucedió Manuel Azaña al frente del gobierno.

Aquel gobierno provisional republicano, excesivamente preocupado por las formas del derecho y el mantenimiento de las esencias liberales, fijó el reconocimiento de la libertad de conciencia y culto, del derecho sindical y del derecho de propiedad como piezas esenciales, así como el sometimiento de los actos gubernamentales a las cortes constituyentes… España se encontraba en el umbral de un régimen de democracia liberal, mantenedor del orden social basado en la propiedad privada de los medios de producción y circulación, es decir, lo que suele llamarse un régimen de democracia burguesa.

Pronto quedaron claros los límites del primer gobierno de conjunción republicano socialista. La estructura de clases de la sociedad española de 1931 muestra muy claramente la gran polarización de la misma y los límites de cualquier política que no atacara las causas materiales de tantos siglos de opresión. Aproximadamente el 70% de la población se concentraba en el medio rural, la mayoría en condiciones penosas, afectadas por hambrunas periódicas entre cosecha y cosecha. Dos tercios de la tierra estaban en manos de grandes y medianos propietarios. En la mitad sur el 75% de la población tenía el 4,7% de la tierra mientras el 2% poseía el 70%. Los que las explotaban, pues el 38% de la tierra cultivable permanecía sin cultivar, lo hacían con mano de obra jornalera y sueldos de miseria de dos o tres pesetas diarias. En el mejor de los casos los jornaleros de Andalucía y Extremadura estaban en paro de 90 a 150 días al año.

La posición de la agricultura en la economía nacional era predominante. Aportaba el 50% de la renta nacional y constituía dos tercios de las exportaciones. Los métodos de explotación eran muy primitivos y la existencia de una gran población jornalera hacía que los terratenientes obviasen la introducción de maquinaria moderna. La pequeña propiedad agraria de menos de 10 hectáreas de superficie, alcanzaba las 8.014.715 de hectáreas; las medias y grandes fincas de más de 100 hectáreas, ocupaban casi 10 millones de hectáreas. En el centro, sur y oeste de la península más de 2 millones de jornaleros malvivían en condiciones de extrema explotación.

La burguesía no tenía intereses contrapuestos a los del terrateniente, por el hecho de que el burgués y el terrateniente en la mayoría de las ocasiones eran el mismo individuo. El conde de Romanones, era uno de los grandes terratenientes del Estado español, cuyas propiedades se extendían por Guadalajara y toda Castilla la Mancha, pero además era concesionario de la producción de mercurio, principal accionista de las minas del Rif, de las de Peñarroya, de los ferrocarriles, presidente de Fibras Artificiales SA. Esta era la composición de la clase dominante. ¿Dónde estaba pues, la burguesía nacional progresista aliada del proletariado en la etapa de la revolución democrática? Sencillamente no existía.

El capital industrial y financiero estaba muy concentrado. Las grandes familias, no más de 100, poseían la parte fundamental de la propiedad agraria, industrial y bancaria. Por otra parte, el capital extranjero había penetrado extensamente en la economía española y dominaba sectores productivos, como la minería, y de las comunicaciones de carácter estratégico para el desarrollo del país.

El Estado español y la Iglesia católica parecen formar un enlace eterno. Esta unión en su versión actual comenzó con el Concordato firmado por el dictador Franco y el papa Pio XII en 1953. El primero agradecía así a la Iglesia su incondicional apoyo al golpe de Estado de julio de 1936 y posterior guerra, y buscaba desesperadamente un apoyo internacional que dignificase su régimen político e hiciese olvidar las atrocidades pasadas y presentes. El segundo conseguía de un plumazo volverse a hacer dueño de las conciencias del pueblo español, y de paso llenaba su bolsa. El dictador acudía a los actos religiosos solemnes bajo palio, cual dios-faraón del siglo XX. Se firmaba entonces un acuerdo entre un régimen fascista genocida y una Iglesia que había callado o contemporizado ante Mussolini y Hitler.

Pero, además, esta clase dominante contaba con firmes aliados en el clero y el ejército. En 1931, según datos obtenidos de una encuesta elaborada por el gobierno, integraban el clero 35.000 sacerdotes, 36.569 frailes y 8.396 monjas que habitaban en 2.919 conventos y 763 monasterios, aunque estos datos eran en realidad muy incompletos puesto que siete diócesis de las 55 existentes se negaron a elaborar la encuesta, como lo demuestra el censo general de población de 1930 con 136.181 clérigos y demás familia. Lógicamente, el mantenimiento de este auténtico ejército de sotanas, auténtica colmena de zánganos,  consumía una parte muy importante de la plusvalía extraída a la clase obrera y a los jornaleros, con un presupuesto para la iglesia que ascendía a 52 millones de pesetas en 1930, permitiendo que sus miembros más destacados viviesen a todo lujo, tales como el cardenal Segura que tenía una renta anual de  40.000 pesetas y todos los obispos disponían de sueldos que oscilaban entre 20.000 y 22.000 pesetas al año.

La iglesia era un auténtico poder económico, y actuaba como tal en el mantenimiento del orden social. Según datos del Ministerio de Justicia de 1931, la Iglesia poseía 11.921 fincas rurales, lo que la hacía ostenta el primer lugar entre los terratenientes, con un valor declarado de dichas fincas y bienes de 76 millones de pesetas y su valor comprobado de 85 millones. A esto se deben de añadir los patronatos eclesiásticos dependientes de la corona, con un capital de 667 millones, y los títulos de renta al 3% concedidos a la Iglesia como “compensación” por la desamortización del siglo anterior. Pero había más. Respecto a las congregaciones religiosas, la única estadística hecha en 1931 que se refería tan sólo a la provincia de Madrid, dio un valor de 54 millones en fincas urbanas y 112 millones en las rurales.

Esta iglesia de los “pobres” representaba para millones de hombres y mujeres el poder que los condenaba a una existencia miserable, y la furia de la población contra este poder eclesiástico, contra el terrateniente y contra el burgués tenía plena justificación

Refiriéndonos al brazo armado de la oligarquía – el ejército -, este estaba formado por 198 generales, 16.926 jefes y oficiales, y 105.000 soldados de tropa. Los oficiales, seleccionados cuidadosamente de los medios burgueses y monárquicos jugaban un papel protagonista en los acontecimientos políticos.

Resultados de los procesos electorales celebrados en España durante los años 1931, 1933 y 1936.

En este panorama, el éxito arrollador de las candidaturas republicano-socialistas en las elecciones legislativas de junio de 1931 revelaban el profundo movimiento social que había alumbrado la era republicana, y como suele ocurrir en los momentos de grandes cambios en la conciencia de las masas, la victoria de sus candidatos animó la lucha reivindicativa, tanto en el frente industrial como en el campo, y la lucha de la clase obrera en favor de la jornada de 8 horas, de incrementos salariales, de subsidio de paro y de reforma agraria se extendió por todos y cada uno de los rincones de nuestro país, pero sus luchas se topaban con el poder de la oligarquía que, en ningún momento entraba en sus planes hacer concesiones serias.

Por otra parte, la depuración del ejército de elementos reaccionarios, monárquicos y desafectos al nuevo régimen republicano quedó en agua de borrajas, favoreciendo el gobierno de conjunción el retiro de los mandos que no querían asegurar fidelidad a la República, a la vez que les garantizaba su paga de por vida. En cualquier caso, la mayoría de los militares de carrera, vinculados a la dictadura de Primo de Rivera y a la monarquía, y con un historial reaccionario acreditado, permanecieron en sus puestos. Los capitalistas españoles sabían que mantener intacta la composición de clase del ejército era una garantía contra posibles movimientos revolucionarios que desbordasen la legalidad capitalista, y muy pronto tuvieron ocasión de comprobarlo con su actuación represora y criminal en la insurrección del 34, y mucho más concretamente en Asturias.  (Próximo capítulo: Y ESTALLO LA DINAMITA…)

José Manuel Grossi Mier “Manolé” nació en Oviedo el 18 de junio de 1905. Organizador del Bloque Obrero y Campesino en Asturias y vicepresidente del Comité Regional de la Alianza Popular en 1934. Luchador incansable hasta los últimos días de su vida, falleció en la localidad francesa de Brignoles el 14 de junio de 1989.

“Los rudos semblantes de los mineros aparecen preocupados, inquietos. Interrogándose unos a otros con la mirada. ¿Qué va a pasar? ¡La CEDA, no! La participación de la CEDA en el Gobierno sería una primera victoria oficial del fascismo. Aceptar esto, sin resistencia, sin lucha, sería tanto como prepararse la derrota, el aplastamiento, la tumba. Sería una complicidad”.

Manuel Grossi Mier. “La insurrección de Asturias” (1978).

En octubre de 1934 por toda España sonó el grito de la Huelga General Revolucionaria frente al retroceso en las reformas emprendidas con el advenimiento de la República, por el triunfo de las derechas en 1933 y por la entrada de tres fascistas en el gobierno.

Ante la amenaza que esto suponía para la república y para la clase obrera, el pueblo decidió luchar, aunque fue Asturias el centro de la insurrección popular, quedando sola en mitad de la tierra

En efecto, se habían celebrado las elecciones en noviembre-diciembre de 1933 resultando vencedora la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), dirigida por Gil Robles, que nunca había reconocido a la República. Su campaña había sido millonaria, empleando todos los medios, desde la radio hasta el lanzamiento de al menos diez millones de folletos desde avionetas, llegando incluso a proclamar su objetivo en un mitin tras el regreso del Congreso Hitleriano de Núremberg: “la conquista de un Estado Nuevo, rectificar la república”. La formación del gobierno fue encargada a Alejandro Lerroux del Partido Republicano Radical, segundo partido más votado, y acérrimo enemigo del anarcosindicalismo y el catalanismo, a la vez que cómplice del Golpe de Estado de Sanjurjo del 10 de agosto de 1932. Con esta alianza los cedistas esperaban obtener la liquidación de toda o gran parte de la legislación reformadora del bienio anterior, permitiendo el retorno de frailes y monjas al ejercicio de la enseñanza, archivando el proyecto de ley de intervención de los sindicatos en la industria, no eliminando la Reforma Militar, pero favoreciendo el ascenso de altos cargos de derechas contrarios a la República, a la vez que promulgaba una Ley de Amnistía para los participantes en el intento golpista de Sanjurjo y para los acusados de evasión de capitales tras la llegada de la República, dejando, además, sin efecto la confiscación de tierras a los “Grandes de España” que habían apoyado dicha intentona. Frente a la reducción de salarios y a estos hechos el pueblo trabajador no tardó en responder.

En España, en el reinado de Alfonso XIII, se puede decir que no existen electores en el marco de la vida rural; lo que existen son diferentes cacicatos o áreas de influencia personalista con los que hay que contar

Ante este tétrico panorama, tal y como nos confirma el historiador Rodríguez Muñoz en su libro sobre la revolución de octubre de 1934 en Asturias, “en la noche del 3 al 4 de octubre, el diputado socialista Teodomiro Menéndez viajó en tren de Madrid a Oviedo. En el forro de cuero de su sombrero llevaba escondido un pequeño papel que contenía la consigna del Comité Revolucionario Nacional para el de Asturias. Eran aproximadamente las diez y media de la noche cuando Teodomiro Menéndez llegó a las oficinas de “Avance”. Allí le esperaban Ramón González Peña, Graciano Antuña, Javier Bueno y Francisco Martínez Dutor. El papel contenía una escueta consigna: “Huelga general insurreccional”, y la clave con la que sería confirmada telegráficamente. Todo debía de estar preparado para ese momento”.

El plan de los revolucionarios era bastante simple, primero darse a conocer, segundo buscar la rendición pacifica de los cuarteles de la Guardia Civil y si esto no pasaba, tomarlo por la fuerza, pero para tomarlos por la fuerza se necesitaban armas, y eso significaba tener una organización clandestina para conseguirlas sin levantar sospechas. Esto se consiguió socializando las armas en pequeñas cantidades de la fábrica de armas de Trubia, y también trayéndolas desde Éibar, a través de una red creada por el sindicato de trasporte de la UGT y Juventudes Socialistas. La dinamita, elemento fundamental de la revolución, era socializada directamente desde los polvorines de las minas asturianas. Así, el total de armas, se calculan en 1.300 fusiles y 4 ametralladoras, que fueron guardándose en catorce depósitos, diez de los socialistas, dos de los anarquistas y otros dos de los comunistas.

José SAAVEDRA Zapico “José Cantera” (1º de la izquierda), mi güelu, y Teodomiro Menéndez en plena preparación de la revolución del 34 en la localidadad asturiana de Aller.

En todo este periodo ocurrió el incidente del vapor Turquesa, un pequeño barco que transportaba un alijo de armas, en una falsa operación de compra-venta de armas que tenía el destino falso de Etiopia. El plan, dirigido por Indalecio Prieto tenía como objetivo que la armas se descargasen en Andalucía para ser transportadas a Madrid, pero la huelga de los campesinos en Andalucía en el verano del 34 provocó que se cambiasen los planes y se decidiese fondear en Muros del Nalón por estar menos vigilado. Sin embargo, la demora del capitán en descargar provocó las sospechas de la Guardia Civil procediéndose al registro del barco encontrándose con el alijo de armas y, aunque no lograron que se descargaran todas las armas, si impidieron un mayor rearme de los revolucionarios.

De este modo, en la madrugada del día 5 de octubre de 1934, comunistas, anarquistas y socialistas iniciarían con fuerza y con esperanza desbordante el camino hacia el futuro, dispuestos a teñir el negro carbón con el rojo heroico de su sangre. Los mineros fueron convocados para enfrentarse a guarniciones militares, guardias civiles y de asalto. Y con todos los preparativos listos, comenzó la revolución, tomándose rápidamente los 23 cuarteles de la Guardia Civil en las cuencas del Caudal y del Nalón, y el cuartel de Manzaneda, también, aunque con una pequeña resistencia, cuartel que era importante para la toma de Oviedo.

La capital del principado no fue rendida de forma inmediata, y permitió a la guarnición poder atrincherarse, aunque la poca dotación – unos 1.000 hombres -, no impidió que la columna de mineros de Mieres, liderada por el que sería proclamado generalísimo de la revolución, Ramón González Peña, entró en el Ayuntamiento de Oviedo el día 6, aunque los cuartes de Santa Clara y Pelayo no fueron tomados y los acuartelados se limitaron a resistir esperando los refuerzos.

El incendio de la Universidad de Oviedo, que causó la destrucción de decenas de miles de libros, la pinacoteca y el propio edificio, del que solo quedaron en pie los muros, la arquería del claustro y el monumento a Valdés Salas, Inquisidor General que fundó la Universidad en el siglo XVI, a día de hoy ya no hay plena constancia de que el trágico episodio tenga la firma de los revolucionarios que combatieron en la capital. Así lo prueban una serie de testimonios fiables, entre los que destacan una anotación sobre los bombardeos en la zona cercana a la Universidad por aviones del Gobierno procedentes del aeródromo de León del general López Ochoa en su libro Campaña militar en Asturias en octubre de 1934…

Sin embargo, una de las actuaciones que la burguesía y su gobierno formularon contra los revolucionarios fue la de incendiarios, cuando los verdaderos incendiarios fueron ellos, el ejército y las fuerzas públicas.

El 7 de octubre se produciría el primer bombardeo en el barrio de La Argañosa. Ese mismo día, el grupo de milicianos dirigidos por Juan Ambou consiguió hacerse con el control del transporte ferroviario entre la capital y el centro de Asturias, y de la fábrica de armas La Manjoya. El coronel Navarro había elegido la torre de la catedral en atalaya de la que disparar a los mineros produciendo un gran número de bajas, proponiéndose entre los trabajadores la destrucción del edificio por medio de la dinamita, desechada la proposición por el Comité de Oviedo, siendo uno de los más tenaces defensores de la decisión contraria a la destrucción el líder de los mineros Ramón González Peña. En la noche del día 9, el comandante Alonso Vega ordenaba incendiar el Teatro Campoamor, que era una posición estratégica para los milicianos, no en vano el teatro se encontraba a escasos metros del antiguo convento de Santa Clara, cuartel general de los guardias de asalto que se resistían a entregarse. Esa misma noche era incendiada la redacción del periódico AVANCE y todo el edificio del Centro Obrero Socialista de Oviedo donde se encontraba instalada la redacción. Cuestión aparte merece el incendio del edificio de la Universidad de Oviedo achacado a los mineros, cuando la realidad fue, según una anotación de los bombardeos en la zona cercana a la Universidad por aviones del Gobierno procedentes del aeródromo de León del general López Ochoa en su libro Campaña militar en Asturias en octubre de 1934, eximen de toda responsabilidad a los insurrectos.

El día 8 desembarcaron fuerzas al mando del teniente coronel López Bravo, quién sería destituido por Hidalgo de Cisnero (ministro de la Guerra), aconsejado por Francisco Franco y después de que Calvo Sotelo le acusase de haber ordenado a los soldados “no disparar contra sus hermanos”, con lo que finalmente, sería sustituido por el teniente coronel Yagüe.

El día 9 de octubre los aviones lanzaron octavillas advirtiendo de que Asturias estaba sola y que se mandarían potentes columnas de España y África para detener la revolución. Sin embargo, los mineros asturianos no se amedrentaron y prosiguieron con la lucha.

El día 11 de octubre se producía la primera crisis del Comité Revolucionario Regional debido a la llegada de refuerzos por el norte de la ciudad, al afianzamiento del frente sur debido a los refuerzos procedentes de León y al envío, desde allí, de 18 aviones de reconocimiento y 12 de bombardeo. Los mineros y obreros conseguirían resistir heroicamente durante una semana más. La decisión tomada por el Comité provocó un fuerte rechazo en las milicias, cuyos jefes reunidos en Oviedo terminarían constituyendo un nuevo Comité, que optaría por continuar hasta la última bala, hasta el último cartucho.

Nada sencillo sería el avance de la columna de López Ochoa desde Lugo y el de las tropas africanas de Gijón al mando de Yagüe, viéndose obligados a aumentar el terror aéreo al no poder detener la heroicidad del pueblo asturiano, llegando a la cifra de 37 bombarderos y 3 aviones de reconocimiento. Además, emplearon las tácticas del terror para que el miedo detuviese al pueblo en armas, fusilando a 19 milicianos en la explanada del cuartel Pelayo, a 9 vecinos del barrio obrero de La Tenderina, a 19 en Villafría, a 5 en la “Fuente del Caño”, a 14 en las casas donde se habían escondido, a 10 en San Esteban de las Cruces, entre ellos dos niños… Era la antesala de lo que estaba por venir. El grito de ¡vienen los moros! se convirtió en la voz de alarma de una pesadilla que avanzaba con dedos de guadaña y corazón de yugo y flechas, una voz que volvería a resonar apenas dos años más tarde, pero esa vez lo haría por toda España.

Los moros llegaron a Asturias para sofocar la Revolución de 1934, y entraban a saco, asesinando y robando. Fueron los primeros en entrar en Oviedo, y la carnicería, violaciones, robos, que se produjeron en las dos horas que les daban los “honorables” oficiales del Ejército español, causaba espanto. Tanto era así que el pacto entre Ochoa y Belarmino Tomás consistió -entre otros puntos sin relevancia- en que los moros no entraran los primeros en los pueblos de las cuencas mineras. Estuvieron durante meses en Asturias, y volvieron de nuevo para combatir al lado de Franco y sus compinches.

El ministro de Guerra para acabar con los revolucionarios de Asturias llamaría a los generales Franco y Goded, que traen a la legión y tropas regulares de Marruecos, así como dos acorazados – el Cervera y el Jaime I – para bombardear núcleos urbanos como pasó con Gijón. El despliegue se haría en cuatro frentes, el del sur, tras pasar por Pajares, dirigidos por el general Bosch y Balmes, son detenidos por 3.000 mineros en Vega del Rey, pero el uso de artillería y la colaboración de la Guardia Civil impiden que triunfen los revolucionarios. En Gijón desembarco la legión y los regulares africanos que acaban tomando la ciudad debido más a la huida de la población que por la eficacia militar, aunque hasta el día 16 habría combates. Otro frente entraría por Galicia en dirección Trubia y el cuarto por el este asturiano que fue detenido por los blindados que tenían los mineros en La Felguera. Pero los heroicos mineros de Asturias resistirían hasta el final, hasta la tarde del 16 de octubre de 1934 cuando Yagüe al mando de dos banderas de la legión, el tabor de Regulares, un batallón de Infantería y una batería de artillería conseguía doblegar la resistencia de Oviedo, tal como se recoge en el diario monárquico ABC: “los legionarios han hecho una verdadera limpia de enemigos en la ciudad con procedimientos expeditivos y eficaces”. Hechos que serían celebrados por los tres ministros de la CEDA, cortejo al que se sumó Francisco Franco, quién ya conocía la valentía minera desde su participación represora en la huelga de 1917, habiendo sido él quien promovió el envío de los africanistas a Asturias.

Octavillas que se lanzaban desde los aviones gubernamentales para atemorizar a los mineros revolucionarios

En Campomanes, a donde habían llegado veinte camionetas ocupadas por fuerzas de la guardia civil y de la guardia de asalto seguiría la batalla, finalizada cuando a los últimos 400 milicianos se les agotó la munición y decidieron retirarse. Con barbas y aspecto demacrado por diez días de combate, pero conservando aún en sus pechos la lumbre que incendió Asturias, cantaron la Internacional en su desfile por las calles de Mieres, mientras que las gentes salían a recibirlos con orgullo.

Los restos del Ejército Rojo se concentraron en Sama de Langreo el 18 de octubre, donde el tercer comité formado días antes negoció la rendición y Torrens Llompart, teniente de la Guardia Civil, prisionero y colaborador, sería el encargado de conducir las negociaciones con el general López Ochoa. Ante las condiciones inaceptables, el mismo presidente del comité, Belarmino Tomás, fue a entrevistarse el mismo 18 de octubre con el general Ochoa en Oviedo, estableciéndose un pacto entre los dos masones:  La entrega de prisioneros y de las armas, a cambio de volver a los puestos de trabajo con normalidad, sin más represalias que las de los tribunales de Justicia y que, ni el Tercio ni los Regulares fueran en la cabeza de las fuerzas que entrasen en las cuencas, tal como manifestaba Belarmino Tomás en su alocución a la muchedumbre concentrada en la plaza del Ayuntamiento de Langreo: “Tened en cuenta, camaradas, que nuestra situación no es otra que la de un ejército vencido. Vencido momentáneamente. Todos, absolutamente todos, hemos sabido responder como corresponde a trabajadores revolucionarios. Socialistas, comunistas, anarquistas y obreros sin partido, empuñamos las armas para luchar contra el capitalismo el 5 de octubre, fecha memorable para el proletariado de Asturias (…) No somos culpables del fracaso de la insurrección, puesto que en esta región hemos sabido interpretar el sentir de la clase trabajadora, que ha sabido demostrar su voluntad con hechos concretos. No sabemos quién o quienes han sido los culpables del fracaso de nuestro movimiento. El tiempo permitirá que todo se ponga en claro. Lo que si podemos decir es que en el resto de las provincias los trabajadores no han respondido como era su deber. Y ante esa abstención, el Gobierno ha podido combatirnos, no sin antes tener que movilizar cerca de cuarenta mil hombres armados con los medios de guerra más modernos y perfeccionados (…) Tenemos fusiles, ametralladoras y cañones, pero nos falta lo esencial, que son las municiones. No disponemos de un solo cartucho (…) Ninguna ayuda podemos esperar del proletariado del resto de la Península, ya que no es más que un mero espectador del movimiento de Asturias, y ante esta situación no es posible seguir luchando por más tiempo con las armas en la mano (…) El acuerdo adoptado por unos y otros, junto con el Comité Regional, ha sido el de tramitar la paz. Así se ha hecho y he aquí las bases presentadas por el general Ochoa…”

Un pacto, por cierto, que nunca se cumplió por parte de los “ganadores” de aquella lucha de clases, iniciándose por parte del gobierno un “castigo ejemplar para evitar una repetición de hechos semejantes”, manifestaba el fascista Gil Robles.

La Revolución de Asturias el año 1934

El 3 de diciembre quedaba aprobado el Decreto de Rescisión de Contratos Individuales aplicado a la huelga de octubre por “abusiva”. Los empresarios lo aprovecharon para realizar sus soñados despidos masivos, teniendo que recordar el propio gobierno el 31 de agosto de 1935 que los nuevos contratos del personal seleccionado respetasen las condiciones de trabajo anteriores. Además, exigieron la disolución de los sindicatos y de los partidos políticos que participaron en la revolución de octubre. Se les prohibió el desarrollo de cualquier actividad hasta abril de 1935 cuando el “estado de guerra” fue sustituido por el “estado de alarma.” Pero sus periódicos permanecieron cerrados hasta, al menos, diciembre de 1935, en el caso de El Socialista, y las Casas del Pueblo no volvieron a abrir sus puertas hasta febrero del año siguiente.

“No es de cobardes deponer las armas cuando claramente se ve que es segura la derrota. (…) Conocemos el ensañamiento con que viene actuando el ejército enemigo. Los crímenes, los atracos, los robos y las violaciones están a la orden del día del Tercio y los Regulares. (…) También hemos concertado (…) que no habría represalias. Yo creo, y conmigo el resto de los camaradas de los Comités, que ningún caso debemos hacer de lo que sobre este particular nos ha dicho el general enemigo.

En los tres meses siguientes continuaron las detenciones, al menos 25000. Las dependencias municipales, sindicales y religiosas se convirtieron en prisiones provisionales. Algo de lo que mostraría orgullo el canónigo Arboleya diciendo que era “una contribución de la Iglesia a nuestras tremendas responsabilidades, como católicos, de que la ira de Dios, causada por la malsana propaganda socialista, pasara por Asturias.” Los centros obreros y los domicilios de los insurrectos fueron asaltados. Los presos torturados y silenciados por la única prensa que era publicada, quién extendió sus mentiras sobre el terrible “terror rojo” desatado en Asturias. Mintieron sobre “la masacre de Carbayín” localidad en la que fueron asesinados 24 personas de la cuenca del Nalón, la mayoría de ellos enterrados vivos en la escombrera de la antigua mina de El Rosellón, todos ellos acusados de insurrectos que habían vuelto a establecer una guerrilla, cuando la realidad fue que, en su mayoría, los asesinados ni siquiera tenían afiliación política alguna ni habían participado en nada de lo que se les acusaba.

Finalizada la revolución, se produce la gran huida. Se intuye la represión y miles de trabajadores procuran alejarse del lugar en el que vivieron los sucesos. Poblaciones como Olloniego, Turón, Aller, Langreo, Mieres, etcétera, quedaron abandonadas por los trabajadores comprometidos en el reciente movimiento. En esta peregrinación no estaban solos los hombres, ya que se dieron numerosos casos de familias enteras que huyeron a través de los montes, en busca de la aldea perdida, de la guarida alejada.

Sola en mitad de la tierra, Asturias, que, con su ejemplo de unidad obrera, sembraría la semilla para la unidad del pueblo español bajo el nombre del Frente Popular. Aquella Asturias que consiguió, a base de unir cientos de lumbres, convertirse en la inmensa luz de un faro que iluminó al proletariado español e internacional había sido derrotada, pero no vencida, porque dos años más tarde volvería a levantar su furia y su vida contra el fascismo. Asturias caída, no fue muerta, porque roja es su sangre y negra su tierra, y en la memoria de todos los pueblos del mundo resuena su viejo grito, de saludo, de despedida y de futuro: ¡¡¡ UNIOS HERMANOS PROLETARIOS !!!, gravado por siempre en cada estrella y en cada recuerdo de la lucha de los oprimidos. La Revolución de Octubre en Asturias supuso un hito en la historia del movimiento obrero español, llegando a la unidad en la lucha entre comunistas, anarquistas y socialistas.

A partir de ahí pueden los cerriles gobernantes publicar todo tipo de folletines y panfletos para tratar de desvirtuar este hermoso movimiento revolucionario de Asturias; pueden seguir ladrando contra él las Cortes reaccionarias, tratando de difamarlo; pueden seguir calumniando cuanto quieran los plumíferos a tanto la línea; pueden, en fin, anatematizarlo día tras día todos los clérigos desde sus púlpitos, pero la REVOLUCIÓN DEL 34 quedará grabada en la historia del movimiento obrero internacional con letras de oro, donde los mineros han sido, una vez más, los que han dado como nadie pruebas de valor, de heroísmo, de generosidad, de sacrificio y de disciplina.

Benito PÉREZ GALDÓS (Las Palmas de Gran Canaria 1843-1920), fue un escritor español representante de la novela realista española del siglo XIX, académico de la Real Academia Española desde 1897 y candidato al Premio Nobel de 1912.

«Los dos partidos que se han concordado para turnarse pacíficamente en el Poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. Carecen de ideales, ningún fin elevado los mueve; no mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza, pobrísima y analfabeta. Pasarán unos tras otros dejando todo como hoy se halla, y llevarán a España a un estado de consunción que, de fijo, ha de acabar en muerte. No acometerán ni el problema religioso, ni el económico, ni el educativo; no harán más que burocracia pura, caciquismo, estéril trabajo de recomendaciones, favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia práctica, y adelante con los farolitos.  Han de pasar años, lustros tal vez, quizá medio siglo largo, antes que este Régimen, atacado de tuberculosis étnica, sea sustituido por otro que traiga nueva sangre y nuevos focos de lumbre mental»

Benito PÉREZ GALDÓS (Episodios Nacionales, el año 1912)

Mucho se ha escrito sobre la Transición – mejor ponerle el nombre real de Segunda Restauración Borbónica – y los trepidantes acontecimientos que cambiaron España después de la muerte del Dictador aquel 20 de noviembre de 1975. Desde el primer momento las estanterías de las librerías comenzaron a llenarse de ejemplares sobre el tema con enfoques, en su mayoría coincidentes, sobre el “éxito” de aquel experimento y comentarios casi siempre laudatorios hacia sus principales protagonistas: partidos políticos, agentes sociales, instituciones económicas, y, por supuesto, sobre el papel del Rey Juan Carlos de Borbón como figura estelar y, hasta hace muy poco, intocable. Sin embargo, a pesar de tanta oferta literaria sobre este periodo de nuestra historia reciente, resulta casi imposible encontrar en esas mismas estanterías de las librerías algún estudio basado en hechos y testimonios sobre la tesis contraria para demostrar que la Transición fue un fracaso.

El Pacto de la Transición no es más que un redivivo del “pacto canovista del Pardo”, tal como denunciaba Pérez Galdós en sus Episodios Nacionales, poniendo negro sobre blanco, precisamente en referencia a los tiempos del bipartidismo decimonónico. Es decir, el bipartidismo turnista al más puro estilo Cánovas y Sagasta que determinó la adaptación sin condiciones de las fuerzas de progreso a un régimen de poder que mantenía intactos los intereses y la influencia de las élites que habían prosperado en el largo y penoso período anterior a la Transición. Dicho de otra manera, más entendible y real: el dominio feudal de las élites económicas y estamentales al objeto de que la minoría oligárquica siguiera manteniendo, como sigue manteniendo, sus intereses económicos hasta elevarlos a la universalidad, es decir, a que se transfiguren alevosamente en los intereses generales del país.

En efecto, un régimen político basado en el turnismo entre los dos grandes partidos de la época: el conservador y el liberal, cuya autoría política se debe a Cánovas del Castillo, principal líder conservador de la historia del país, que diseñó la Restauración de acuerdo con el viejo principio elitista del «gobierno de la inteligencia».

El cacique había sido una pieza más en la estructura de la Administración centralizada: era el jefe local de uno de los partidos, eslabón en la cadena de una de las muchas clientelas que componían el sistema político. Como tal su misión consistía en la manipulación electoral tendiente a la consecución de unos resultados más o menos ficticios, muchas veces obtenidos por medios ilegales, favorables a su jefe de filas.

Pero, aunque las elecciones se regularon en principio por un sistema censitario, el trampeo y el fraude electoral funcionaba gracias a un complejo sistema de clientelas conocido como caciquismo: una organización piramidal que arrancaba del cabeza de partido en el gobierno y del partido en la oposición y se extendía a las provincias a través de un complicado sistema de notables provinciales y locales. Sometido a este esquema, el ritual electoral era pura pantomima y la corrupción sistémica, estructural. Cada cacique, con la ayuda del gobernador civil de su provincia, conseguía imponer en su colegio electoral la victoria del partido señalado. Agotada la acción de gobierno de un partido, desgastado por el ejercicio del poder, era el turno de la oposición. El rey disolvía las Cortes y convocaba elecciones que invariablemente ganaba quien había sido previamente señalado, de tal manera que el cambio tenía un efecto inmediato en la administración, con el cese de la mayoría de los funcionarios para ser sustituidos por los del partido de turno.

Históricamente cuando hablamos del “régimen del 78” nos estamos refiriendo a la Constitución en la que cristalizó todo el largo proceso de la Transición, que comienza en 1970 con los procesos de Burgos, cuando la movilización social derrotó por primera vez a la dictadura imponiéndole la conmutación de las penas de muerte contra los condenados, por penas de prisión; y terminaría con el golpe de Estado borbónico del 23 de febrero de 1981 que legitimaba como “demócrata” de toda la vida al nuevo jefe del Estado, el rey Juan Carlos de Borbón y Borbón, elegido por las armas del ejército franquista bendecidas por los sacramentos de la iglesia católica y apostólica para seguir defendiendo los intereses de la burguesía. No, no fue un proceso lineal en el que algunos falangistas y franquistas redomados se reconvirtieron en “demócratas”, agrupándose alrededor de la figura de Suárez y la UCD, mientras otros se encastillaban en el bunker franquista, con Fraga y los suyos como referentes; sino que fue un periodo de duras, durísimas luchas obreras, estudiantiles y populares, con decenas de muertos, heridos, detenidos, como las huelgas de Ferrol, Vitoria, Madrid, Barcelona y, sobre todo, las huelgas mineras de Asturias …

Dicho de otra manera, fue un periodo agudo de la lucha de clases, resultado de la crisis de una de las dictaduras más salvajes del siglo XX, solo equiparable a la nazi. Qué duda cabe, aquella fuerza del movimiento obrero abrió grietas entre la burguesía, logrando dividirla en varios bandos sobre la política de cómo enfrentar y derrotar al movimiento obrero y popular. La UCD representaba al sector “negociador”, mayoritario a partir del 76, tras la muerte del dictador y las grandes huelgas de comienzos de ese año, que tumbaron el primer gobierno de la monarquía, presidido por Arias Navarro con Fraga Iribarne como hombre fuerte.

Por su parte, Alianza Popular recogía los sectores duros que negaban cualquier negociación con los representantes del movimiento obrero y lo que se dio en llamar la “oposición” democrática, agrupada en la PLATAJUNTA – fusión de la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia que agrupaba a todos los partidos de la oposición -, donde la reconciliación, el consenso, el olvido, el mirar hacia adelante y no reabrir heridas, el evitar el enfrentamiento entre hermanos y, sobre todo, el ruido de sables, fueron las expresiones que dominaron todo debate político en los tiempos que transcurrieron desde la muerte del dictador Franco, el 20 de noviembre de 1975, hasta la publicación de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978. Por lo tanto, se puede afirmar sin temor a equivocarse que la “modélica Transición” no fue tanto el resultado de la debilidad de la movilización social, tal y como muchas veces se quiere hacer creer, como de la izquierda política, donde solo en el caso del PCE se podía contar con la única estructura organizada en casi todo el país – principalmente en todas las zonas mineras de Asturias y Villablino en León -, con decenas de miles de militantes que contrastaba con la evidencia de un PSOE que, en 1974 apenas llegaba a los 1.500 afiliados en el interior, más o menos, los mismos que tenía cualquiera de los otros  partidos de la extrema izquierda. Como señalara con ironía Vázquez Montalbán, sobre la base de esta «correlación de debilidades» se escenificó la Transición.  De ahí surgió el acuerdo entre un reformismo franquista carente de legitimidad y unos partidos de izquierda que casi sólo contaban con legitimidad. 

Los siete ‘padres’ de la Constitución en 1978. De pie, de izquierda a derecha: Miguel Herrero (UCD), Gabriel Cisneros (UCD), Jordi Solé Tura (PCE) y Miquel Roca (Minoría Vasco-Catalana). Sentados, de izquierda a derecha: Manuel Fraga (AP), José Pedro Pérez-Llorca (UCD) y Gregorio Peces-Barba (PSOE).

En definitiva, la cláusula subyacente de los pactos se escribió a fin de estabilizar por vía de urgencia el nuevo marco político – el régimen constitucional -: se trataba de poner fin a un movimiento obrero fuerte, cuyas expectativas resultaban peligrosas para la operación. Por tanto, el problema de la “modélica Transición” era el problema de la crisis, a un tiempo política, económica y social, y había que desactivar esa fuerza oscura y heroica que durante unos años empujó más allá los elementos de crisis, y en torno a este problema es como se explican todos los grandes actos de la “modélica Transición”: la urgencia con la que se emprendió el proceso constituyente, que este se pusiera en marcha sobre la base de los resultados de unas elecciones casi provisionales, la renuncia a celebrar un amplio debate constitucional, la aún más rápida firma de los Pactos de la Moncloa, la escenificación de los consensos y el rápido cierre del 23F, entre otros. Se trataba, y cuanto antes, de limitar el número de actores políticos, de crear rápidamente los marcos de estabilidad electoral para garantizar las posiciones conquistadas, lo que sólo se podía lograr tratando de controlar y encauzar la conflictividad.

Además, frente a la imagen de una transición pacífica regalada por un régimen que “dio libertades” por arte de magia de los “aperturistas”, hubo una realidad muy distinta, la de unos años de agudos procesos de lucha, con miles de casos de tortura, casi 600 asesinatos políticos y unas cárceles que a fecha de la muerte de Franco tenían más de 5.000 presos políticos y 25.000 procesados políticos en libertad provisional.

De la “modélica Transición” no quedó más que un final ambivalente, sin ningún efecto pedagógico: la conquista de las libertades civiles y de un régimen representativo se hizo a costa de la liquidación de un vasto ciclo de movilizaciones sociales, donde los mineros asturianos siempre estuvieron en la vanguardia de las luchas sociales. Los costes se pagaron en forma de apatía y desinterés en la política, una democracia mediocre y la desesperación ante una crisis económica que se prolonga en el tiempo. El régimen de la “modélica Transición” apenas ha podido ocultar este modesto balance. Su historia posterior se ha construido sobre la construcción de su propio mito: la glorificación de los pactos, la responsabilidad del pueblo, la grandeza y el sentido de Estado de los protagonistas, siendo el único elemento de consolación, especialmente para aquellos que creíamos en las posibilidades de la época, aquella letanía del «no se pudo ir más allá, pero se hizo lo que se pudo, nuestra democracia es como la de los demás».

Es decir, si sustituimos Restauración por Transición obtendremos resultados demasiado parecidos cuando no iguales, y no es casual, ya que la Restauración actuó como el gran referente de los políticos del reformismo franquista, tales como Manuel Fraga Iribarne, José María Areilza o Torcuato Fernández-Miranda, siendo incluso el referente de algunas de las cabezas de la oposición como Enrique Tierno Galván por el PSP o Gregorio Peces Barba en representación de aquel PSOE que los mismos poderes oligárquicos se habían encargado de secuestrar en Suresnes, allá por el año 1974. Todos ellos sabían que el arreglo consistía, sobre todo, en un pacto entre las élites, una solución oligárquica, establecida tal y como quería Cánovas por el acuerdo entre los grandes partidos políticos, enfrentados en lo accesorio y conformes en lo fundamental.

Efectivamente, los pactos no fueron sino el acta sobre el nacimiento de una clase política nueva, hecha a partir de los restos del franquismo político y de un complejo proceso de filtración y selección de las élites del antifranquismo que conforman el actual bipartidismo turnista PPSOE.

Desde mi punto de vista, esta “modélica Transición” fue una época tan rica en propuestas y experimentos, como pobre y frustrante en ocasiones perdidas, donde el desengaño desbordó los límites de la «clase obrera», y el desencanto, la desafección política, la rápida erosión de la legitimidad de los actores sindicales, de los partidos políticos y de las instituciones en general, fueron rasgos dominantes en amplios sectores sociales. El fenómeno castigó de una forma severa a toda una izquierda que había concitado las esperanzas del CAMBIO, que propiamente había sido el laboratorio político de la época, pudiendo concluir que la “modélica Transición”, para una inmensa mayoría del pueblo español, supuso la creación de un gigantesco cementerio donde fueron enterrados la extrema izquierda, el Partido Comunista de España, el experimento de reconstrucción de la CNT, el movimiento obrero en general, salvo las honrosas y minoritarias excepciones, quedando en todo el proceso de destilado y reducción de la izquierda, un concentrado posibilista bajo las siglas del PSOE, con un alcohol que apenas compensó su bajísima graduación con el acceso al gobierno en 1982, del que siguen bebiendo, a la fecha de hoy, los mismos oligarcas que beben en la derecha oficial, tal y como se ha demostrado a lo largo de sus más de veinte años ocupando las poltronas ministeriales, cuya propiedad sigue perteneciendo a la clase dominante.

La brutal represión franquista tuvo efectos devastadores para el movimiento obrero. Sin embargo, socialistas, comunistas y libertarios se esforzaron en crear redes clandestinas que evitaran su completa desaparición. Por otra parte, los trabajadores mostraron actitudes de rechazo y resistencia y, esporádicamente, de protesta ante las nuevas condiciones de vida y de trabajo impuestas, así como de aprovechamiento de la propia legalidad franquista para defender sus intereses. Desde el inicio de la década de los años 60, un movimiento obrero renovado, con las CC.OO. como principal expresión organizada y mediante una conflictividad creciente, se convirtió de nuevo en un actor importante en la vida socio-política española, contribuyendo de manera determinante a la crisis final de la dictadura.

La derrota del movimiento obrero quedaría perfectamente escenificada en la arena de la crisis, pasando de aquella posición ofensiva y de fuerza en la década de los años setenta a una cada vez más defensiva y débil, en la medida que la política de rentas, la desinversión y el paro le fueron conquistando terreno. Por otra parte, las fracturas comenzaron a multiplicarse en todas direcciones:  entre jóvenes y mayores, entre los trabajadores con empleo y los que quedaron en paro, entre los fijos de las grandes empresas y los subcontratados, y, lo más grave, donde antes existía una propensión al reconocimiento y la solidaridad se dio paso a una multiplicidad de situaciones individualizadas, sometidas a una creciente vulnerabilidad y desconfianza entre la clase trabajadora, hasta el extremo de dejar de «homogeneizarla” para quedar convertida  en una vulgar lucha «corporativa», fundamentada principalmente en el lucha por los privilegios de unos pocos.

Todo sucedió bastante rápido, de tal manera que, a mediados de los años 80, con el PSOE en el gobierno del Reino de España, el ataque contra el mundo obrero parecía haberse completado, quedando el movimiento obrero reducido a los núcleos en reconversión, a aquellas ciudades que dependían completamente de la industria y en las que la supervivencia de las grandes empresas se consideraba sinónimo de futuro. En el resto, la acusación de corporativismo – la relegación del conflicto a una defensa de intereses particulares – acabaría por destruir lo poco que quedaba de capacidad política al movimiento obrero. Las políticas de la “modernización felipista” del PSOE habían conseguido imponer su criterio, y la vasta alianza social que constituyó el antifranquismo quedaba como reliquia para guardar en los archivos de las Fundaciones creadas al efecto para el uso de los estudiantes de la Historia del MOVIMIENTO OBRERO.

Con la crisis social, y la destrucción del movimiento obrero, vino el vacío político, o lo que es lo mismo la crisis de la izquierda. Así, desde los finales de la década de los setenta, esta sería incapaz de encontrar otra palanca para empujar en una dirección de transformación social. Aquellos movimientos sociales creados durante las décadas de los sesenta y los setenta apenas lograron llenar esta ausencia. Centrados sobre aspectos particulares y protagonizados por sujetos sociales dispares, quedaron convertidos en poco más que en mecanismos para la ampliación de derechos, antes que en portadores de otras formas de democracia o de proyecto social, y por si esto fuera poco, la política del PSOE, hecha de reformas parciales y de integración institucional, conseguía neutralizar su potencial de oposición cuando no la desaparición de los mismos movimientos sociales.

No obstante, en contra de lo que se pudiera suponer, la crisis económica apenas desbarató el bloque social sobre el que se sostuvo aquel proyecto modernizante que la democracia había heredado del franquismo. A pesar de las tasas dramáticas del paro, la expansión de la administración y de los servicios sociales trajeron la creación de casi un millón de empleos públicos entre 1977 y 1986, casi los mismos que se habían perdido en la industria. En términos de gobernabilidad, la ampliación de los cuerpos públicos y la creación de nuevas instituciones, principalmente de la mano de los gobiernos autonómicos, permitió crear clientelas, apoyos institucionales sólidos y sectores sociales satisfechos, muy importantes todos ellos para el voto cautivo en los procesos electorales. De hecho, la autocomplacencia de estos segmentos sociales fue la marca de la época y el núcleo «íntimo» de los consensos.

Cuando comienza la crisis de los años 70, existe un claro problema social en España. El dictador estaba muriendo y comenzaban los problemas para la sucesión. Estos problemas hacen posible la transición política que ocurrirá paralelamente con la crisis de estos años, y esta crisis económica está unida totalmente con el cambio social. La sociedad española se encuentra en un cambio constante y las medidas de ajustes se aplazan unos años creando mayores desequilibrios en la economía española, aunque con la muerte del dictador y el paso hacia la llamada democracia hacen más sencillo el consenso para los ajustes.

Quizás en ningún otro aspecto, esta sociedad autosatisfecha alcanzó mayor grado de crueldad y cinismo que en las imágenes dominantes de la crisis social, presentando esta como un problema de seguridad y de pobreza, nunca como un problema político. De esta manera, la “modélica Transición” lograba reordenar las posiciones sociales legítimas y con ello garantizar la nueva paz democrática. La recuperación económica de mediados de los años ochenta tampoco produjo esos cambios tan significativos que tanto se encargan de cacarear a diario los voceros oficiales del régimen a través de los distintos medios de comunicación, entre otras cuestiones, porque el retorno del crecimiento económico no devolvió al país a las posiciones políticas y sociales anteriores. Antes, al contrario, la nueva prosperidad, aunque siguiera proyectándose en la resaca de las reclamaciones de un Estado de bienestar moderno, se dirigió hacia una sociedad de consumo más diferenciada, galvanizada en torno a símbolos de opulencia – como la vivienda unifamiliar – que remitían exclusivamente a las imágenes y proyecciones de la clase media, cuando no de una «nueva riqueza» estimulada por la especulación bursátil e inmobiliaria. El nuevo modelo de crecimiento que se consolidó en aquellos años, realizado principalmente sobre bases propiamente financieras, prescindió de la centralidad de la industria. De hecho, desde mediados de los años ochenta, la economía española se volcó en lo que habían sido sus «otras» especializaciones durante el franquismo, esto es el turismo y la construcción, de tal manera que el futuro de nuestro país ha quedado basado en lo que dure el sol, la playa y el turismo.

Sin embargo, la idea de que en la génesis de toda la “modélica Transición” habían participado, tanto los que habían perdido la guerra que vino como consecuencia del golpe fascista de 1936 como aquellos que la habían ganado, tal y como si hubiera sido en condiciones iguales, ha sido otra de las semillas de ese relato mítico que ha permitido durante todos estos más de cuarenta años que algunos franquistas redomados hayan sido tratados y enterrados como demócratas de toda la vida mientras que aquellos y aquellas que defendieron la democracia y la libertad, luchando contra la dictadura, sigan reposando sus restos en no se sabe que fosa de las miles y miles repartidas por todo el territorio español, hasta el extremo de que la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de este país desconocen los crímenes de la dictadura porque la producción de ignorancia acerca de ese pasado tan reciente ha sido una política de Estado.

¡¡¡ LAS FOSAS DE LA VERGUENZA !!! Bajo los cimientos que sustentan una suerte de democracia moderna con serios altibajos desde 1978 se erige un pasado enmarcado en el olvido. Perdidos entre las bastas tierras de España descansan hacinados cientos de miles de muertos, convertidos en símbolos de la vergüenza de un país que reniega de ellos. La propia España los asesinó con una guerra y una dictadura que los mayores evitan recordar y los jóvenes desconocen. Son las víctimas de un tiempo que ahora se tacha de confuso, de innecesario y hasta de inexistente.

¿Cómo es posible que en un país como el nuestro se pueda ser licenciado en Historia cuando en la mayoría de nuestras universidades no se haya leído una sola página acerca del franquismo, o que tengamos, según Amnistía Internacional, una de las peores formaciones en derechos humanos del núcleo central de la Unión Europea? Que duda cabe, la ocultación de este pasado traumático, de sus consecuencias, de la permanencia de sus injusticias, tienen que tener un límite, y en este caso tiene que ser la incorporación de una nueva generación, la de los nietos, a la vida pública, principalmente cuando más de un 65 por ciento de la población española que tiene derecho al voto – 24 millones de votos -, no pudo participar en el referéndum constitucional que amparaba la Restauración Monárquica, en unos casos porque no tenía edad para ello, y en otros por el simple hecho de no haber nacido. Una nueva generación que necesita contrastar el relato heredado para ponerlo a prueba y cuestionarlo antes de decidir si lo adopta o si necesita elaborar uno nuevo. Entre otras cuestiones – la fundamental -, porque el debate sobre la relación del presente con nuestro pasado, sobre la recuperación de la Memoria Histórica, sobre el abandono que han sufrido las víctimas del franquismo, debe ser considerada como uno de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, porque solo desde la  dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria democrática pueden contribuir no solo a rechazar esta democracia de muy baja intensidad que trajo consigo la “modélica transición” o Segunda Restauración Monárquica, aportando el conocimiento del pasado como herramienta para comprender las causas y orígenes de los problemas actuales, sino también a la progresiva conformación de un nuevo discurso político basado en la cultura de la democracia participativa, la justicia social y el respeto a los derechos humanos, donde la Verdad, la Justicia y la Reparación se hagan realidad. Un discurso político que era, precisamente, el que propiciaban los miles y miles de hombres y mujeres cuyos restos todavía yacen enterrados en las malditas fosas abiertas a lo largo y ancho de nuestro país.

Pedro GARFIAS ZURITA (Salamanca, 27 de mayo de 1901 – Monterrey, México, 9 de agosto de 1967) fue un poeta español de la vanguardia inicialmente ligado al Ultraísmo.

Asturias, si yo pudiera si yo supiera cantarte…Asturias verde de montes y negra de minerales. /// Yo soy un hombre del Sur, polvo, sol, fatiga y hambre, hambre de pan y horizontes… ¡Hambre! /// Bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado sin venas para aliviarte. /// Los ojos ciegos los ojos, ciegos de tanto mirarte sin verte, Asturias del alma, hija de mí misma madre. /// Dos veces, dos, has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida, y las dos te la jugaste. /// ¿Quién derribará ese árbol de Asturias, ya sin ramaje, desnudo, seco, clavado con su raíz entrañable /// que corre por toda España crispándonos de coraje? Mirad, obreros del mundo su silueta recortarse /// contra este cielo impasible vertical, inquebrantable, firme sobre roca firme, herida viva su carne. /// Millones de puños gritan su cólera por los aires, millones de corazones golpean contra sus cárceles. /// Prepara tu salto último lívida muerte cobarde prepara tu último salto que Asturias está aguardándote /// sola en mitad de la Tierra, hija de mí misma madre.

La Guerra Civil había resultado tan destructiva que hicieron falta muchos años para que se recuperara aquel país destrozado como consecuencia del golpe fascista del 36 que trajo consigo la incívica guerra española. Tras la guerra, las tierras se habían convertido en tumbas que hacían estériles las semillas del pan, y los senderos del agua se convirtieron en desiertos por donde navegaban tan solo el olor de la pólvora y las lágrimas de tanto entierro. Llegó el hambre, y para que comieran todos, sobre todo los más pobres, los hombres del gran poder inventaron una colección de cupones dentro de una cartilla, a la que se llamó popularmente la cartilla de racionamiento que duro hasta el año 1952, la cual había que exhibir para comprar determinados artículos. El pan era de muy mala calidad. Tenía un color grisáceo y un sabor a tono con su aspecto. Eran aquellos tiempos en que Asturias recibía oleadas de inmigrantes extremeños, andaluces y gallegos a trabajar en las minas o en “las campanas” de Ensidesa. Se veían a la hora en que llegaba el tren con familias enteras que descendían de los vagones trayendo consigo, en “fardelas” y maletas de cartón atadas con cordeles, todo lo que tenían.

Las cuencas mineras se llenaron de emigrantes, en su mayoría procedentes de Extremadura, Galicia y Andalucía. Según cuentan muchos testimonios, algunos carecían de documentación oficial (los sin papeles de entonces), otros habían sido sacados de las cárceles del franquismo como perdedores de la guerra para ser mineros, y otros muchos habían abandonado el campesinado para buscar un trabajo más o menos remunerado y fijo todo el año.

Se puede afirmar sin exponerse a ninguna exageración que una de las constantes del régimen franquista a lo largo de su existencia fue la práctica de la represión política, social y cultural, correspondiéndole a la región asturiana el trágico honor de ocupar el primer escalón en lo que significó la acción más feroz de la España derrotada. Su prestigio revolucionario del movimiento obrero minero, fundamentado en los acontecimientos de octubre del 34, la nítida definición que tomó la guerra incivil como guerra de clases, entre otros, explican el carácter de revanchismo exacerbado con que los” “vencedores” actuaron en las zonas “liberadas”, iniciándose la “caza del rojo” desde el primer momento del triunfo franquista. Si a ello añadimos que la peculiar situación de ocupación militar que soportó Asturias como consecuencia de la presencia en el monte del “Maquis”, la exacerbación de los ánimos que el hecho generaba entre los “vencedores” y el movimiento de partidas guerrilleras y “contrapartidas” fueron la causa en la perduración de las formas represivas más feroces, por medio de las cuales se intentaba no solo controlar el fenómeno del “Maquis”, sino también el apoyo social con que contaba en los valles, la cuestión no necesita mayor explicación.

Los asturianos opuestos al régimen, que no habían “huido” en compañía de sus jefes hacia el exilio mexicano y otros países – cada vez me siento más orgulloso de mi güelu José SAAVEDRA Zapico “José Cantera” -, quedaron expuestos en todo momento a las acciones de las bandas incontroladas, pero perfectamente controladas por la Falange, a caer bajo la jurisdicción del aparato legal sobre el que se fundamentó el mismo estado fascista del franquismo, el cual consideraba muy grave delito la defensa y la práctica de las libertades y derechos democráticos como la huelga o el derecho de asociación fuera de las organizaciones  de la FET y las JONS, además de otros cuya interpretación siempre estaban al arbitrio de sus propios tribunales. A los efectos oportunos, el régimen franquista se apresuró a recoger en el Fuero del Trabajo, en la Declaración XI, que no quedaría impune ninguna perturbación de la producción, recogiendo en la Ley Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, del 1 de marzo de 1.940, y la Ley de Seguridad del Estado, del 29 de marzo de 1.941, que cualquier pena sería justificada si con ello se castiga y penaliza a los promotores de actos huelguísticos, sin olvidar las connotaciones características que suponía para la minería unas penas más extremas, habida cuenta de que dicho sector estaba militarizado. Un bando emitido por el Coronel Jefe de Orden Público en Asturias, José Enrique Ramírez, recordaba a los mineros que “en la zona aún permanecía declarado el Estado de Guerra, que todos los mineros estaban militarizados y por tanto sujetos al Código de la Justicia Militar, que ningún minero podía abandonar su puesto de trabajo sin orden expresa o sin permiso, y que cualquiera de estas faltas se castigaría con el máximo rigor…”

Lógicamente, en este contexto histórico dominado por una implacable represión, los mineros iniciaron un largo calvario, en el cual tuvieron claro que la guerra no había finalizado para ellos. En absoluto resultaba nada fácil reorganizarse en aquellas circunstancias en las que a la violencia represiva del régimen había que añadir la debilidad inicial de unas organizaciones cuyos hombres más valiosos habían fallecido, otros se encontraban en las cárceles sentenciados a largos años de prisión o esperando la ejecución ante un pelotón de fusilamiento, y otros supervivientes que habían “huido” hacia el exilio. 

…por otro lado, las viudas de los mineros tenían el “privilegio” de trabajar en la mina por la mitad del sueldo y echando más horas que sus compañeros varones. No tenían derecho a la paga por silicosis porque trabajaban en el exterior, aunque eran las que más polvo respiraban. Su paraguas para protegerse de la lluvia y el orbayo, que en Asturias es habitual, era un simple saco a modo de capirucho.
Si el trabajo del minero era duro en aquella época, cómo podría ser el de la minera, que además hacía de “entibadora” de toda la vida familiar.

Así, mientras que ELLOS eran “paseados” y abandonados sus cadáveres en las cunetas y tapias de los cementerios, encarcelados o se unían a las “guerrillas del monte” para continuar la lucha contra el fascismo, ELLAS – las mujeres -, permanecían en los pueblos, a cargo de sus familias y sirviendo de enlaces a “los del monte”, siendo juzgadas en Tribunales Militares  en los que se decidía qué mujeres debían de ser vejadas y marcadas por haber contribuido al derrumbe de la “moral católica”, previo el “informe de conducta”, emitido por el comandante de puesto de la Guardia Civil, el alcalde y el jefe local de Falange, quedando extendido el corte de pelo al rape y la ingesta de aceite de ricino para provocarles diarreas y pasearlas por las calles principales de los pueblos  “liberados”, acompañadas por la banda de música, en aquellas prácticas realizadas por las bandas paramilitares de falangistas, requetés, guardia civil y somatenes, con el consentimiento y visto bueno de las autoridades militares, que lo controlaban absolutamente todo. 

Se trataba, ante todo, de exhibir una especie de mujer deformada por la República, en su inmensa mayoría hijas, esposas, madres, hermanas o sobrinas de quienes habían defendido aquel sistema  republicano legítimamente constituido. Era algo más que un abuso sobre las mujeres. Fue fue un ataque furibundo al modelo de mujer libre, moderna e independiente, que no perseguía sino el modelo de aquella mujer nacionalsindicalista como base para una nueva familia cristiana que, junto al sindicato vertical y el municipio, debía constituirse como uno de los principales pilares en la construcción del nuevo estado franquista. Es decir, retroceder a la sociedad patriarcal y a un papel de sumisión que parecía haber quedado superado, a través de la Sección Femenina de la FET y de las JONS, para quien “la vida de toda mujer, tal como se puede recoger de su revista MEDINA, en agosto de 1.944, no es más que un eterno deseo de encontrar  a quien someterse”, hasta el punto de que “cuando estéis casadas, pondréis en la tarjeta vuestro nombre propio, vuestro primer apellido y después la partícula ‘de’, seguida del apellido de vuestro marido.”

Con el cambio de década la clase obrera va a conocer la incorporación de un nuevo núcleo que en el futuro se convertiría en el embrión de lo que fueron las COMISIONES OBRERAS en España. Por supuesto, me estoy refiriendo al núcleo constituido por los mineros de La Camocha en el concejo asturiano de Gijón, a donde se van incorporando inmigrantes procedentes, en su mayoría, de las cuencas centrales asturianas, con predominio de la cuenca del Nalón, dándose la circunstancia  de que en el año 1.960, tan sólo un 40 por ciento de la población residente en la parroquia de Vega era originaria de Gijón, correspondiendo el resto a gente de las cuencas y emigrantes de otras zonas de España, de los cuales, muchos de ellos habían pasado por departamentos penales como consecuencia de su actividad política y sindical en la guerra, configurándose La Camocha como una explotación propicia para la organización del movimiento obrero, sobre todo, teniendo en cuenta el cierto aislamiento de la explotación fuera de los núcleos principales de la población, muy distinto a otros enclaves en el Nalón o Caudal.

La Camocha entró así en la leyenda del movimiento obrero y no solo por ser el ‘mito fundacional’, sino por su protagonismo en las luchas de los años cincuenta y porque, junto a otros pozos, fue una de las sólidas fortalezas obreras desde las que se lanzaría en 1962 la gran huelga minera, ‘la huelgona’.

Así llegamos al año 1.956, cuando un desacuerdo con las primas establecidas de producción, produce un creciente malestar que dará lugar a un “bajo rendimiento” protagonizado por los picadores durante varios días. Las condiciones de trabajo de los mineros silicóticos, la recuperación de la madera por parte de los posteadores, la reducción de la jornada en trabajos con agua…, se van sucediendo como causas de una inquietud reinante y ven confluir en torno a estos y otros motivos similares el descontento a trabajadores de muy distintas tendencias, quedando conformada la “primera comisión obrera de mineros” que integran Casimiro BAYON, militante del partido comunista; Francisco “el Quicu“, militante de la JOC; Pedro GALACHE, independiente y Gerardo TENREIRO, falangista y excombatiente de la División Azul. Como precedente de una sucesión de reivindicaciones no satisfechas, se producía finalmente la huelga de NUEVE DIAS sostenida en enero de 1.957, en cuyo transcurso ya interviene aquella “comisión obrera” que tanta fama daría a la Mina de la Camocha. Es decir, en La Camocha se había iniciado la puesta en práctica de la nueva táctica del Partido Comunista de España, abriendo paso en Asturias a una fase de conflictividad laboral que alcanza magnitudes hasta la fecha inusitadas, siendo los mineros del Nalón los que llevan el peso fundamental de los conflictos que se suceden al de La Camocha. El primero de ellos, extendido a partir del Pozo María Luisa que se prolonga por espacio de tres semanas, entre el 9 y el 31 de marzo de 1.957, afectando a varios miles de trabajadores en varias explotaciones, y produciéndose el encierro de los mineros en el interior del Pozo María Luisa a partir del día 26 de marzo, el cual sería secundado por otras explotaciones como el Pozo Fondón y San Luis de La Nueva, dando lugar a una de las más espeluznantes anécdotas, cuando el gobernador Civil de Asturias, Labadie Otermin, le comunicaba al ministro Camilo ALONSO VEGA el hecho de los mineros encerrados en los pozos y este energúmeno fascista le contestó: ¡¡¡Pues, que tabiquen los pozos!!!

Al año siguiente, nuevamente María Luisa y el Pozo Fondón, desencadenarían un conflicto de mayor envergadura, al que se incorporan mineros del Caudal, Gijón e incluso algunas explotaciones de la cuenca minera leonesa de VILLABLINO, donde el Partido Comunista tenía cierta implantación.

Asturias y sus mineros ocupaban en la primavera de 1962 las páginas de algunos de los periódicos más importantes del mundo, de París a Sidney y de Londres a Washington. Pocos estudiosos dejan de subrayar hoy, medio siglo después, que las luchas de aquel año marcaron un antes y un después en la evolución de una dictadura que negaba las más elementales libertades políticas y sindicales, donde los mineros del carbón lideraron unas movilizaciones sin las cuales resulta imposible explicar hoy la larga marcha del antifranquismo. «Allí va a comenzar», afirma Jorge M. Reverte en su muy leído «La furia y el silencio», libro que dedica a recordar aquellos acontecimientos, «una huelga que cambiará la conciencia de un país humillado y moralmente miserable».

“Parece mentira, con la limpieza de comunistas que hemos hecho y todavía queda la raíz”, decía un asombrado coronel fascista que presidía el juicio militar a uno de los mineros que había participado en la huelga de 1.962, refiriéndose, claro está, a esa raíz, imposible de extirpar, esa cristalización de décadas de lucha obrera – aunque la única estructura orgánica existente era la del Partido Comunista, para los fascistas todos los opositores al régimen eran comunistas – la que se manifestó en las cuencas mineras asturianas, constituyendo el punto de partida para la reorganización del movimiento obrero en la dictadura franquista, con la explosión de la huelga minera de 1962 que, con una duración de varios meses, sirvió para cambiar el curso de la dictadura, como señal para la reorganización del Movimiento Obrero en España, y el principio del fin de la dictadura fascista, pasando a formar parte de la Memoria Histórica como patrimonio de la clase obrera y el pueblo español.

La crisis del sector minero, la falta de comunicación en el marco sindical, el rechazo obrero a unos planes laborales promocionados por la patronal al margen de los trabajadores, y la contención salarial de la política estabilizadora de 1.959, además de la tensión acumulada por las huelgas de 1.957 y 1.958, anunciaban un escenario extremadamente conflictivo para la década de los sesenta, de tal manera que el 7 de abril saltaba la chispa de la Huelga Minera del 62, con el despido arbitrario de siete picadores del Pozo Nicolasa de Fábrica Mieres, expandiéndose muy rápidamente por todas las explotaciones mineras de Asturias hasta su normalización, allá por el mes de setiembre, dejando un cierto regusto de victoria en unos y la sensación de continuar la lucha en otros por conseguir la liberación de los más de cuatrocientos compañeros mineros privados de libertad, en su mayoría militantes comunistas. En efecto, ni siquiera habían transcurrido tres meses desde la finalización de la Huelga Minera del 62 cuando en noviembre del mismo año quedaban constituida la “Oposición Sindical” para el “desarrollo de la lucha por las reivindicaciones obreras de carácter económico y la democratización de los sindicatos franquistas”, siendo sus órganos de proselitismo y encuadramiento de trabajadores y a la vez, de la acción política las Comisiones Obreras, cuyo programa preveía tres etapas para su desarrollo: En la primera, serían organizadas huelgas en las empresas con acentuado signo reivindicativo económico, en las que además de prescindir de la intervención de la Organización Sindical, se acentuaría cuanto fuera posible para desprestigiar a todas las representaciones sindicales, desde los Enlaces y Vocales de Jurados de Empresa, hasta las Juntas provinciales y supremos Mandos Nacionales.

«La huelgona» del 62, que supuso el resurgimiento del movimiento obrero en España y reveló, por primera vez, la vulnerabilidad del régimen de Franco, tuvo su escenario inicial en el pozo Nicolasa.  Fue un gran estallido obrero que resquebrajó los cimientos de la dictadura y que tuvo una onda expansiva de carácter internacional. Nicolasa fue la mecha, y ahora también la piedra que recordará el conflicto medio siglo después.

La segunda etapa, estaría constituida por la organización de concentraciones y manifestaciones de obreros en la calle para plantear las reivindicaciones laborales, pero procurando presentar algunas peticiones generales atrayentes para la clase trabajadora, tales como la modificación del salario mínimo y pensiones de la seguridad social. Esta etapa sería fundamental para ir constituyendo en las fábricas y talleres agrupaciones de obreros, que se distinguirían con el nombre de “Comisiones Obreras”.

La tercera etapa culminaría con la aparición en la calle de las “Comisiones Obreras”, la presentación por ellas a los distintos Organos de la Administración Pública, escritos con peticiones generales y protestas contra la Organización Sindical y las manifestaciones masivas de trabajadores, procurando asimismo ir estableciendo relaciones con organizaciones estudiantiles, grupos de descontentos y organizaciones sindicales extranjeras, opuestas al régimen de Franco.

Celebración del décimo aniversario del Club Amigos del Nalón en el año 1970, del que me cabe el gran honor de haber sido su vicepresidente desde sus inicios del año 1969. En la foto se pueden apreciar personas como Fernández Inguanzo “El Paisano”, Arenas Machuca, Ordiales “El Peque”, Saturnino Márquez, Alberdi “Filichu”, Gerardo Iglesias, Nevado y tantas otras…

Con los resultados alcanzados por las listas presentadas por la “Oposición sindical” a las elecciones sindicales de 1.966, el Partido Comunista de España consideró que con el gran triunfo del nuevo movimiento obrero se habían logrado las metas que habían propagado en el año 1.962 para la organización de las Comisiones Obreras y su consolidación en muchísimos centros de trabajo, pero especialmente en la calle, lo que demandaba un nuevo plan de acción, de acuerdo con las nuevas circunstancias de la vida nacional y con validez para alcanzar el definitivo derrocamiento del Sindicato Vertical y del Régimen franquista, elaborado en la reunión de su Comité Central del mes de setiembre de 1.966: “… Los comunistas, que hemos apoyado consecuentemente a las Comisiones Obreras, estimamos que esta experiencia en lugar de cristalizar pugnas y divisiones, debe servir para que todos los que se sienten parte de la clase obrera, superen los obstáculos habidos hasta aquí, se unan sin resentimientos y coordinen su actividad a fin de dar al nuevo movimiento una fortaleza, un peso y un mordiente todavía mayor. Comunistas, socialistas, católicos, cenetistas, falangistas de izquierda y tradicionalistas , donde los hay, todos los trabajadores deben unirse para luchar por sus comunes intereses de clase (…) Los elegidos lo han sido para luchar, para encabezar las próximas acciones de combate de las masas trabajadoras (…) Constituye para nosotros, los comunistas, un motivo de satisfacción el hecho de que nuestra orientación sobre las Comisiones Obreras haya sido aceptada (…) La práctica ha demostrado que era una línea justa que ha llevado a nuestro Partido a obtener una gran victoria contra el franquismo y entre la clase obrera (…) Lo que era una aventura era aferrarse a los viejos moldes, pues hay que tener en cuenta que la masa obrera de hoy no ha conocido ni la U.G.T. ni a la C.N.T. y había que ir a la unidad total”.

En este contexto de la lucha minera sería injusto no reconocer la fundamental labor realizada por la conocida “Radio Pirenaica”, especialmente en aquellos años en donde no existía internet  ni otros medios de comunicación, y, siendo muy cierto que ésta era una emisora comunista que, sin ocultar en ningún momento sus señas de identidad, siempre estuvo ligada en su trayectoria a la historia del Partido Comunista de España, a su línea política, a su evolución interna y a su concepción de las tareas propagandísticas, no es menos cierto que, mientras otros procedían a repartirse los tesoros robados al pueblo español a base de golpes y acusaciones entre sí, dejando “tirados” en el exilio a los verdaderos luchadores republicanos, “La Pirenaica” quedó convertida en la verdadera voz del antifranquismo. Aquella emisora sirvió, entre otras cuestiones, para decirles a quienes combatían en el interior que no estaban solos en la lucha que mantenían “cara a cara” contra la dictadura franquista, y para explicarles a quienes no combatían que había gente que sí lo hacía, recordándoles en todo momento que hubo un pueblo llamado España que había sido libre, siendo necesario integrarse en la lucha para arrancar aquella libertad que habían secuestrado los fascistas.

Lógicamente, aquellos “cacharros de madera” causaban bastante dolor de cabeza al dictador Franco, hasta el punto de que ordenó la instalación de interferencias controladas por Carrero Blanco con el objeto de dificultar y evitar que la señal no llegase a nuestros receptores, contraatacando con emisiones volantes desde Bulgaria o Hungría, elevando la potencia o cambiando las frecuencias, pero a pesar de la ayuda económica y tecnológica procedente de los EE.UU. para que no pudiéramos escuchar “La Pirenaica” – en las huelgas mineras del 62 en Asturias ya conectaba yo con la emisora, organizándome pocos años después en la “Juventud Norteña” y “Amigos del Nalón”, auténticas tapaderas del Partido Comunista, aunque nunca llegué a militar en el mismo, ya que mis preferencias estaban en el PSOE y U.G.T. -, a pesar de los pitidos, zumbidos y ruidos de fondo, enseguida localizábamos la conexión tras aquella melodía de “Suspiros de España” y su saludo diario a los oyentes, que ha quedado grabado en la mente de miles y miles de españoles: ”Aquí Radio España Independiente…”

Escuchar esta radio era un acto de desobediencia al gobierno del general Franco y estaba prohibido hacerlo, siendo castigada su sintonización con penas de años de prisión, pero las noticias de “La Pirenaica” eran tan buenas y no estaban censuradas que hasta los partidarios del régimen franquista se apiñaban alrededor del altavoz de los receptores de sus aparatos de radio para conocer las verdaderas noticias de las situación de España.
“La Pirenaica había que escucharla por las noches con el receptor bajo mínimos porque en la España de Franco, lo más que abundaban eran los confidentes, chivatos, soplones y si alguien denunciaba a un vecino por escuchar “La Pirenaica” a la Policía Armada o Guardia Civil, la cosa podía terminar en una seria condena.

Aquella emisora clandestina, en realidad fue una de las pocas ventanas por las que los españoles podían asomarse al exterior durante la criminal dictadura franquista pero, sobre todo, fue la vía que nos permitió a muchos de nosotros enterarnos de todo aquello que al régimen no le interesaba que supiéramos, como las huelgas de los mineros en Asturias; las gestas de “los del monte”; el proceso de Julián Grimau; los movimientos que iban surgiendo en la Universidad; el mensaje de Menéndez Pidal con el documento firmado por 1.161 intelectuales, estudiantes y obreros, exigiendo libertad de asociación, libertad sindical, derecho de huelga, libertad de información y expresión; la revolución cubana; el proceso 1.001 de las Comisiones Obreras; las bombas atómicas de Palomares; el proceso de Burgos; las corrupciones urbanísticas y de todo tipo en el régimen… Es decir, todo aquello que Radio Nacional y el NO-DO silenciaban o, lo que era mucho peor, manipulaban y tergiversaban, hasta querer hacernos creer que “Jesucristo había muerto electrocutado en una de las redes de alta tensión de FENOSA”.

Ssssh…, ahora va a hablar ella, decía mi padre a la hora de sintonizar el aparato de radio, con el volumen muy bajo y poniendo el dedo índice delante de sus labios:” Aquí Radio España Independiente, estación pirenaica, la única emisora española sin censura de Franco… trasmitiendo por campos de onda de …” En efecto, se trataba de una emisora creada por el Partido Comunista de España en el marco de la creación de emisoras de radio por parte de diversos partidos comunistas de Europa durante la Segunda Guerra Mundial como un elemento más de la lucha por sus propósitos, la cual comenzaría a emitir desde Moscú el 22 de julio de 1.941 – la emisora, en contra de lo que tantas veces se ha dicho, nunca trasmitió desde los Pirineos ni desde Praga -, aunque para eliminar la sensación de lejanía que podía significar para los oyentes españoles fue utilizado el apelativo de “estación pirenaica”.

Francisco Franco Bahamondee​f​ (Ferrol, 4 de diciembre de 1892-Madrid, 20 de noviembre de 1975) militar y dictador español, integrante del grupo de altos cargos de la cúpula militar que dio el golpe de Estado de 1936 contra el Gobierno democrático de la Segunda República, dando lugar a la guerra civil española. Fue investido como jefe supremo del bando sublevado el 1 de octubre de 1936, y ejerció como caudillo de Españaa desde el término del conflicto hasta su fallecimiento en 1975. En abril de 1937 se autoproclamó jefe nacional de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), partido único resultado de la fusión de la fascista Falange Española de las JONS y de la Comunión Tradicionalista.

(…) El derecho al trabajo que tienen todos los españoles, como principio básico declarado en el punto 15 del programa de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, no ha de ser regateado a los prisioneros y preso rojos, en tanto en cuanto no se oponga, en su desarrollo, a las previsiones que en orden a la vigilancia quienes olvidaron los más elementales deberes de patriotismo (…) Por las razones expuestas, DISPONGO: (…) Artículo 3.º.- Cobrarán en c0ncepto de jornales, mientras trabajen como peones, la cantidad de dos pesetas al dia, de las que se reservará. una peseta con cincuenta céntimos para manutención del interesado, entregándosele los cincuenta céntimos restantes al terminar la semana. Este jornal será de cuatro pesetas diarias si el interesado tuviere mujer que viva en la zona nacional, sin bienes propios ni medios de vida, y aumentado en una peseta más por cada hijo menor de quince años que viviere en la propia zona, sin que en ningún caso pueda exceder dicho salario del jornal medio de un bracero en la localidad. El exceso sobre las dos pesetas diarias que se señala como retribución ordinaria será entregado directamente a la familia del interesado. Cuando el prisionero preso trabaje en ocupaci6n distinta de la de peón, será aumentado el jornal en la cantidad que se señale. Artículo 4.º.- Los presos y prisioneros de guerra tendrán la consideración de personal militarizado, debiendo vestir el uniforme que se designará, y quedando sujetos, en su consecuencia, al Código de ]usticia Militar y Convenio de Ginebra de 27 de Junio de 1929… (Decreto 281, del 28 de mayo de 1937)

En efecto, aquella guerra incivil provocada por el golpe de Estado de FRANCO y sus sicarios se dio por concluida en abril de 1939, pero la represión contra los vencidos y disconformes con el régimen dictatorial del franquismo se prolongaría hasta los inicios de 1970, de tal manera que miles y miles de prisioneros fueron obligados a realizar trabajos forzosos para las autoridades franquistas y para las grandes empresas.

Presos republicanos en las dependencias del Campo de Concentración habilitado junto al pozo minero del Fondón pertenciente a la empresa DURO-FELGUERA (Archivos de Hunosa recogidas de un contenedor de basura).

Así, desde los primeros días del golpe fascista los sublevados habían comenzado a servirse de la fuerza de trabajo de los prisioneros republicanos para obtener una mano de obra forzada y gratuita, en condiciones de auténtica esclavitud. Junto a los incipientes campos de concentración, los rebeldes creaban este sistema de trabajo forzado en su propio beneficio, al que no tardaría en unirse el edificio ideológico del concepto de REDENCION DE PENAS POR EL TRABAJO, con la publicación del decreto firmado por Franco el 28 de mayo de 1937, por el que los golpistas  determinaban la necesidad de convertir a los prisioneros republicanos en mano de obra barata, siendo encuadrados en Batallones de Trabajo militarizados, en los que todos estaban obligados a trabajar en lo que se les ordenase.

En realidad, Franco se había adelantado con muchos años de antelación a la creación de la primera Empresa de Trabajo Temporal que se implantó en España, creando el denominado fichero fisio técnico en el que se recopilaron todo tipo de datos sobre centenares de miles de prisioneros republicanos de toda España, para utilizarlos como esclavos al servicio del Estado franquista en la reconstrucción del país. En los principios de 1941, esto es un par de años después de finalizada la guerra incivil, ya constaban en el fichero fisio técnico 103.369 penados de los cerca de 300.000 presos amontonados por las cárceles españolas, todos ellos preparados para trabajar obligatoriamente al servicio del Estado, en unas condiciones laborales y de vida inhumanas, constantemente  sometidos a todo tipo de vejaciones y malos tratos, y apenas sin recibir ningún tipo de salario o contraprestación económica, ya que de las DOS PESETAS que percibían en concepto de jornal diario – el jornal de un obrero libre del año 1940 oscilaba entre las siete y las nueve pesetas -, una y media se las quedaba el Estado, y el resto – ¡ CINCUENTA céntimos ! – debía servir a los presos para comprarse el calzado, la ropa de trabajo o alguna raída manta y enviar lo que le sobraba (¡¿?!) a la famélica familia, la cual había sido también represaliada y desprovista por los sublevados de toda suerte de ingresos en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas.

Un grupo de mineros procedentes del Campo de Concentración del Pozo Fondón, preparados para coge jaula y comenzar su jornada diaria (Archivos de Hunosa recogidas de un contenedor de basura).

Como diría el mismísimo dictador de la voz amariconada: “el derecho al trabajo que tienen todos los españoles, como principio básico declarado en el punto quince  del programa de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, no ha de ser regateado por el Nuevo Estado a los prisioneros y presos rojos, en tanto y cuanto no se oponga, en su desarrollo, a las previsiones que en orden a vigilancia merecen, quienes olvidaron los más elementales deberes de patriotismo…Tal derecho al trabajo, viene presidido por la idea de derecho función o de derecho deber, y en lo preciso, de derecho obligación”. Es decir, con su decreto, Franco había convertido un derecho en una obligación para los presos, transformándolos en vulgares esclavos.

La reducción de penas a cambio de trabajo se articulaba mediante el mecanismo de canjear un día de pena menos, por cada dos días de trabajo, siempre a expensas de que el jefe militar y el sacerdote penitenciario del Batallón de Trabajadores certificaran y comprobaran  que el preso demostraba, en sus obras y en la manifestación de sus nuevas “creencias” políticas y religiosas que se estaba integrando con la Nueva España y la Falange; no en vano, si bien había sido el propio Franco quien había puesto en marcha aquel suculento negocio a costa de sus prisioneros políticos, sin embargo, el verdadero ideólogo de tan macabro invento había sido el jesuita José Agustín Pérez del Pulgar, uno de los “cruzados” que no contemplaba ningún tipo de piedad ni clemencia para los presos políticos del franquismo, sino que preconizaba para todos ellos poco menos que la Ley del Talión en sus escritos: “es muy justo que los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a los que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista”.

El tal Pérez del Pulgar, que había nacido en Madrid en 1875, había regresado a esta ciudad meses después de iniciada la guerra, habiendo permanecido un tiempo refugiado en la embajada de Bélgica por temor a que lo mataran los anarquistas por sus hazañas bélicas, pero nada más regresar de su escondite puso en marcha el Instituto Católico de Artes e Industrias, antepasado directo de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia de Comillas. No solo eso, sino que en estrecho contacto con la Junta Técnica del Estado trató de lograr el reconocimiento vaticano del nuevo régimen político y, en sintonía con el militar jurídico, Máximo Cuervo Radigales, futuro director general de Prisiones, ideó el sistema de Redención de Penas por el Trabajo, que inmediatamente haría suyo el general Franco.

Mineros republicanos en el “comedor” del Campo de Concentración del Pozo Mosquitera de la empresa DURO-FELGUERS, el año 1942 (Archivo de Hunosa recogidas en un contenedor de basura).

Meses antes de su fallecimiento, ocurrido en noviembre de 1939, el jesuita dejaría en la imprenta su libro “La solución que España da al problema de sus presos políticos”, editado por la Librería Santarén en el que, aparte de otorgar al Caudillo la paternidad casi exclusiva del sistema, comentaba con elogio las disposiciones legales que lo conformaban. De hecho, el jesuita lo ponía en consonancia con ese derecho al trabajo que decían defender tanto el partido único, Falange Española y Tradicionalista de las JONS, como el propio Franco, y lo presentaba como modelo privilegiado de moderación, caridad cristiana y justicia vindicativa.

Hay que dejar muy clara constancia de que una parte del castigo a los defensores de la democracia y a sus familias fue alejarlos de sus lugares de origen, por lo que a Asturias llegaron muchos presos procedentes de otras regiones con tradición minera, donde a su vez fueron desterrados muchos asturianos. Las familias que se quedaron y también las que siguieron a sus maridos y padres de las criaturas, eran controladas por las Juntas Locales del Patronato de Redención de Penas, compuestas por el alcalde falangista, un sacerdote y una mujer vinculada con Acción Católica. Este ente era el encargado de entregarles los 50 céntimos por el trabajo de sus maridos o hijos siempre y cuando fuesen demostrando arrepentimiento y adscripción al régimen fascista.

Así fue como llegó a Sama de Langreo desde Jaén Virtudes López Varela, siguiendo a su marido preso, Miguel Arenas Machuca, “con tan solo 300 pesetas en su bolsillo”, como escribe el republicano en su libreta de memorias. Un penoso viaje de días que emprendieron mujeres y críos por todo el Estado español con el fin de estar cerca de sus esposos y padres. “Me he preguntado muchas veces cómo sería aquel periplo de mi madre, a la que después tuve que acompañar de nuevo tantas veces al penal de Burgos, donde volvió a ser apresado seis años mi padre por su lucha en la clandestinidad con el Partido Comunista. Tenía que ir con ella para leerle los carteles de las estaciones porque era analfabeta”, rememora José Luis Arenas. “Mi padre siempre decía que si él había sufrido mucho – la guerra, la prisión durante 17 años en total, las torturas…- ella había padecido mil veces más. Y es verdad”, añade el hijo de Arenas Machuca.

Hoja de jornales del preso Fernando Bello en el Campo de Concentración del Pozo Fondón de la empresa DURO-FELGUERA (Archivo personal de Fernando Bello)

En esas mismas condiciones de miseria y analfabetismo, además de acompañada de su hija de 9 años llegó, procedente de Castro de Río (Córdoba), Dolores Álvarez Márquez, esposa del preso Francisco Bello García. Su hijo Fernando recuerda cómo en aquellos tiempos “no había una cuadra, una cueva ni un hórreo vacíos por los montes de las Cuencas”, donde se tuvieron que instalar muchas de las esposas y de los hijos de los reclusos republicanos. Las que ni eso encontraron, vivían en chabolas como en las que durante buena parte de la década de los años cincuenta siguieron viviendo familias como la de Bello y Arenas: “Separábamos la cocina de donde dormíamos con una tela y el techo era de cartón piedra, por lo que el agua entraba a menudo”, rememora Bello, que alcanzada la juventud y con su padre ya en libertad, se implicaría en la lucha antifascista clandestina del PCE, junto con el hijo de Arenas Machuca, ambos compañeros y vecinos míos en la barriada de La Juécara, aunque ellos como miembros del PCE y CC.OO. y yo como militante y activista de U.G.T. y PSOE. Su padre jamás le habló de lo vivido durante la guerra, el encarcelamiento o el trabajo como preso en la mina. Fue después de su muerte, cuando Fernando Bello pidió a Instituciones Penitenciarias el informe de su padre para solicitar la indemnización aprobada en los años 90 por el gobierno de Felipe González para los presos del franquismo, cuando descubrió que de joven aquel campesino había sido militante de la CNT.

Con un país destrozado, empobrecido, sin ningún tipo de producción industrial, con muy poco o nada que exportar y con una multimillonaria deuda de guerra contraída con la Alemania nazi y la Italia de Mussolini, que ambos venían exigiendo apresuradamente, de muy poco o de nada servían las drásticas medidas de control económico impuestas por la dictadura franquista. Las inversiones públicas necesarias para hacer frente a esta reconstrucción eran realmente inasumibles por parte de un Estado cuya moneda oficial – la peseta -, tenía en el año 1940 el 50 por ciento del valor que tenía antes del inicio de la sublevación  fascista, apenas cuatro años antes, con una renta nacional que se había situado de repente al nivel existente en 1914 y con una renta per cápita inferior en un 14 por ciento a la de 1936, con tasas de inflación que durante los años 40 oscilaron entre el 13 y el 23 por ciento, y con una población activa que se había reducido en más de medio millón de personas.

“Dormitorios” de los presos republicanos en el Campo de Concentración del Pozo San Mamés de la empresa DURO-FELGUERA, el año 1945 (Archivos de Hunosa recogidas en un contenedor de la basura).

Así las cosas, tal y como se recoge en los muchos documentos que hasta la fecha habían permanecido ocultos por el poder, se puede afirmar rotundamente que fueron los prisioneros republicanos los que más contribuyeron a “levantar” la España destruida, hasta integrarla en el club de las naciones industrializadas del mundo. Fueron los prisioneros republicanos los que construyeron las grandes obras hidráulicas del país; los que reconstruyeron los pueblos y ciudades de España; los ferrocarriles, aeropuertos y carreteras; las iglesias, catedrales y conventos; pero, por encima de todo y todos, fueron los mineros asturianos los que más contribuyeron a esa enorme labor con la extracción del carbón, tan fundamental para mover la industria a la vez que paliar la terrible hambruna existente en España, con los miles de prisioneros republicanos destinados a los Departamentos Penales de los Pozos Fondón, San Mamés, Mosquitera o Carbones Asturianos, entre otras muchas explotaciones.

El Patronato organizaba todo lo relativo al empleo de los presos republicanos como mano de obra barata y abundante, administración, iglesia y empresarios privados les pagaban la mitad que un trabajador libre. Unas 90 empresas – 60 de ellas privadas más la iglesia católica – se beneficiaron del trabajo forzado de los presos republicanos. Además la corrupción estaba muy extendida, había empresarios que desviaban alimentos, medicinas y materiales que tenían que ir a los presos y a sus familias para el mercado negro – estraperlo -, vendiéndolos a un precio superior al que tenían. Cuando llegaban a un campo de concentración los presos eran divididos en varias categorías: Afectos, dudosos, desafectos, jefes, oficiales del ejército republicano y presos comunes. En su libro “Esclavos por la Patria”, el periodista y escritor Isaías Lafuente profundiza mucho más y da todo tipo de datos y documentación, llegando incluso a cuantificaciones económicas precisas de los beneficios obtenidos por el franquismo a costa de la práctica esclavitud de sus prisioneros políticos: más de 130.000 millones de pesetas, unos 780 millones de euros. Ello se deduce del estudio de las muy detalladas memorias anuales remitidas a Franco por el Patronato para la Redención de Penas entre 1939 y 1970, conservadas aún en los archivos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

También los presos republicanos tenían tiempo para jugar a los “bolos” en el Campo de Concentración del Pozo Mosquitera de la empresa DURO-FELGUERA, el año 1942 (Archivo de Hunosa recogidas en un contenedor de basura)

Sólo entre los años 1939 y 1945, Franco dispuso mensualmente de una media de unos 10.000 presos políticos republicanos convertidos por él en sus esclavos, siendo en total durante aquellos años unos 110.000 los presos políticos laboralmente explotados en colonias, talleres, destacamentos penales y empresas privadas. El  profesor  Francisco  Moreno  Gómez  ha  cifrado  el  jornal  medio  de  un  preso  político  esclavizado por el franquismo en 4,75 pesetas, en el caso de ser un hombre con esposa y un hijo  a  su  cargo  y  que  estuviese  al  servicio  de  algún  organismo  público  del  Estado,  y  de  14  pesetas  si  trabajaba  al  servicio  de  una  empresa  privada,  de  las  que  sólo  50  céntimos  iban  a  parar al propio preso, 3 pesetas eran destinadas a su familia, 1,40 eran retenidas en teoría para su  alimentación  y  las  9,10  pesetas  restantes  iban  a  parar  a  Hacienda,  aunque  se  ignora  bajo  qué concepto se les sometía oficialmente a tan cuantiosa exacción fiscal. Este dinero era periódicamente ingresado por el Patronato para la Redención de Penas en una cuenta cifrada del Banco de España, a nombre del entonces subsecretario de Presidencia del Gobierno, Luis CARRERO BLANCO, conforme ha podido documentar y probar recientemente el catedrático de Historia del Pensamiento de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Antonio Miguel BERNAL, en el  interesante ciclo de conferencias que se ha celebrado en dicho centro universitario bajo el título “Los presos del Canal. 1940-1962”.

Estas  jornadas, coordinadas por el citado catedrático,   fueron  organizadas  por  la  universidad  hispalense  en  colaboración  con  la  “Fundación  El  Monte”  y  el  sindicato  CGT,  y  se  han  dedicado  al  estudio  de  la  utilización  sistemática  de  prisioneros  políticos  como  trabajadores  forzados  en  las  obras  de  construcción del canal Bajo del Guadalquivir, entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, de 150 kilómetros  de  longitud,  90  de  los  cuales  fueron  íntegramente  realizados  por  unos  10.000  prisioneros  políticos  del  franquismo,  desde  muy  poco  después  del  final  de  la  guerra  civil,  y  hasta más de dos décadas después, hasta el año 1962.

Tras el impacto causado por la publicación del libro de Isaías Lafuente, estas jornadas sevillanas han contribuido para dar a conocer muchos otros aspectos sobre la feroz e implacable represión que el franquismo ejerció contra sus opositores, especialmente en la posguerra. Aunque se tenían algunas referencias merced a la publicación de las memorias y testimonios vivos de algunos antiguos presos políticos del franquismo, como ha sido mi caso al poder hablar con bastantes presos en el Departamento Penal del Pozo Fondón – Florentino Vázquez, Canga Uribelarrea, Arenas Machuca, Francisco Bello, Samuel Fernández “el Cabritu” y otros muchos -, ha sido ahora cuando se ha documentado ya con rigor histórico la existencia en la España de la guerra y la posguerra civil de auténticos campos de exterminio.  A  diferencia  de  los  campos  de  concentración,  en  los  que  los  prisioneros  políticos  eran  utilizados  sistemáticamente  como  “esclavos”  y  donde  en  no  pocos  casos los internados fallecían también a causa de las pésimas condiciones de vida y trabajo a las que se encontraban sometidos, los campos de exterminio franquistas eran, al igual que sus homólogos nazis de tan triste recuerdo, centros destinados fundamental y casi exclusivamente a la pura y simple ejecución de sus internados.

Antón Saavedra en el lugar donde estuvo el Campo de Concentración del Pozo Fondón, hoy destinado como lugar para que hagan sus cacas los perros

En definitiva, el sistema de reducción de penas a través del trabajo fue una forma más de represión en el marco de un sistema totalitario y fascista, con tintes conservadores y pretendidamente tradicionalistas, donde las empresas privadas, caso concreto de la DURO-FELGUERA en la cuenca minera del Nalón, tuvieron a su servicio como trabajadores forzados a prisioneros políticos del franquismo, siendo la iglesia católica española, el más importante e influyente apoyo de FRANCO tras haber declarado formal y oficialmente que la insurrección militar era una “CRUZADA”, quien más se benefició de este trabajo esclavo, pero a la fecha de hoy, a diferencia de los jerarcas nazis juzgados y condenados en Núremberg por la esclavitud, las deportaciones y los asesinatos que cometieron,  ninguno de los responsables de la política, el ejército y la iglesia españoles fue nunca juzgado ni reprobado por ello, ni durante el franquismo – evidentemente – ni durante toda la segunda restauración borbónica franquista en España. A diferencia de las empresas alemanas que han pedido perdón a las víctimas antinazis que esclavizaron, abonándolas también miles de millones en marcos, ninguna de las empresas españolas que se enriquecieron con este trabajo esclavo han pedido perdón a los forzados que fueron explotados por ellas y no han abonado nunca ni un céntimo en concepto de indemnizaciones. A diferencia de las iglesias católicas y de otras confesiones que en Alemania han pedido perdón por haberse beneficiado del trabajo esclavo de judíos, gitanos, rusos o polacos, la iglesia Católica Apostólica y Romana nunca ha pedido perdón porque la solidez de su actual patrimonio inmobiliario se sustenta en buena parte de obras ejecutadas por prisioneros políticos republicanos y antifranquistas encerrados y explotados en contra de su voluntad.

Felipe González Márquez (Sevilla, 5 de marzo de 1942) es un abogado y político hispanocolombiano. Fue secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 1974 hasta 1997 y presidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996.

“Compañeros mineros: Vosotros conocéis mejor que nadie las luchas sindicales. Quizá porque tengáis los pies firmemente sentados sobre la tierra, mostráis siempre el mayor realismo en la lucha contra la injusticia. (Felipe González en el 43º Congreso de la Internacional de Mineros celebrado en Madrid, el año 1979)

Que la minería estaba condenada de muerte queda certificado por el hecho de que, cuando Felipe González tomó posesión como presidente del gobierno en el Reino de España, después de que el PSOE ganara las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, lo primero que hizo fue reunirse con los catorce directores de los principales periódicos españoles en una cena celebrada en el Palacio de La Moncloa, el 16 de febrero de 1983, para anunciarles el cierre de la minería asturiana: “Es necesario un cambio de mentalidad. Asturias necesita adaptarse a una nueva civilización, en la que la mina deje de ser el centro de atención y la gente tiene que ser consciente de que a HUNOSA apenas si le quedan unos diecisiete años de vida”.

Libro publicado por la Federación Estatal de Mineros de U.G.T, ofreciendo las múltiples soluciones que existían para la empresa minera de HUNOSA.

Bastantes años atrás, después de haber mantenido múltiples reuniones con Felipe González y miembros de la ejecutiva del PSOE, desde la Federación Estatal de Mineros de U.G.T. decidimos elaborar un amplio y riguroso informe sobre HUNOSA bajo el título “EL FRAUDE DE HUNOSA. Génesis y desarrollo. Alternativa a una crisis permanente”, que sería publicado en un libro que se agotó en muy pocos días, produciendo un gran escándalo, hasta el punto de acabar con el secretario general de la Federación Estatal de Mineros de U.G.T, autor de este libro, en los tribunales de justicia por una querella criminal interpuesta por el presidente de HUNOSA, José Manuel Fernández FELGUEROSO, aunque posteriormente ordenaría retirarla de los juzgados.

Por aquel entonces, nosotros pensábamos, y seguimos pensando, que no solucionar el problema de HUNOSA, suponía: “no aprovechar los recursos energéticos propios, en la situación actual de crisis, incrementando la dependencia energética del exterior; seguir dilapidando los recursos estatales, aportados por los contribuyentes, de forma continua y creciente;  continuar hipotecando la balanza de pagos por las importaciones a realizar; deteriorar, aún más, la imagen de la empresa pública; no evitar los accidentes laborales (posible muerte de 250 compañeros en los próximos diez años), originados por un freno en la participación y gestión de los trabajadores en este campo; anular la posibilidad de creación de nuevos puestos de trabajo, que pueden ser originados por la diversificación efectiva de actividades; fomentar la ya aparecida frustración sindical y política de los trabajadores, originada como consecuencia de la carencia de soluciones realistas y válidas a la situación creada; la generación de un incremento de la conflictividad social en Asturias con unas salidas de imprevisibles consecuencias…”

Asimismo, seguíamos participando desde la Federación Estatal de Mineros de U.G.T. dentro de la Comisión de Industria del Área de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, presidida por Javier SOLANA DE MADARIAGA, hasta que llegó la elaboración del programa electoral del PSOE a las elecciones del 28 de octubre de 1982, coordinado por Joaquin ALMUNIA AMANN, donde logramos plasmar íntegramente nuestra política minero-energética, elaborada desde una perspectiva netamente socialista al servicio del pueblo español, con la participación ilusionante de unos cuarenta profesionales de la más alta cualificación, publicada el año 1981 en el libro “Alternativa Energética”, prologado por el economista y diputado del PSOE, Enrique BARÓN: “Desde la investigación de nuestros recursos minerales hasta su transformación pasando por una explotación racional y humana de los mismos”.

Libro publicado por las Federaciones Estatales de Minería y Energía de U.G.T. donde queda recogído todo el programa minero-energético que el PSOE ofreció al pueblo español el 28 de octubre de 1982

Sin embargo, mientras la elaboración del programa teórico permanecía en las manos del partido y del sindicato de U.G.T., las decisiones se gestaban en ámbitos totalmente ajenos al PSOE y, lo más deleznable, bajo presupuestos ideológicos muy distintos y distantes de nuestro país, de tal manera que,  apenas ocupadas las poltronas del gobierno por parte del PSOE enseguida comenzaría a fraguarse la gran venganza contra la minería asturiana por parte de la oligarquía financiera a través de sus correspondientes títeres de turno en el gobierno.

Efectivamente, con la llegada del PSOE al gobierno del Reino de España, desde la Federación Estatal de Mineros de U.G.T. iniciamos una serie de reuniones con el mismísimo Felipe GONZÁLEZ en sus aposentos monclovitas para tratar del necesario diseño y puesta en marcha de una Política Minera al servicio de España, en una de ellas con la participación del entonces ministro de Industria y Energía, Carlos SOLCHAGA, celebrada el 31 de enero de 1984, dando paso al comienzo de las reuniones que por aquel entonces manteníamos todos los últimos viernes de cada mes en su despacho con él y su equipo ministerial, para tratar de poner en marcha la política minero – energética que el PSOE había prometido al pueblo español en su programa electoral, donde “el carbón nacional – nos decía el Ministro Solchaga – debería jugar un papel destacado en la disminución de la dependencia energética del exterior, y este gobierno considera que es estrictamente necesario la supervivencia, tanto de HUNOSA, como del carbón asturiano…

Felipe González y Antón Saavedra en el Palacio de La Moncloa, el año 1984

En una de las reuniones celebradas en el mes de diciembre de 1984, el ministro nos ofreció la cantidad de 600.000 millones de pesetas para la creación de un tejido industrial alternativo para las comarcas mineras – Zonas de Urgente Reindustrialización en el Valle del Nalón y Valle del Caudal, destinando 300.000 millones de pesetas para cada Z.U.R. -, siempre y cuando que nosotros desde la Federación Estatal de Mineros de U.G.T. aceptaremos dejar HUNOSA con una plantilla de 14.500 trabajadores sobre los 21.018 que había en aquel momento, cuestión que nada nos preocupaba, puesto que en HUNOSA sobraba mucha gente improductiva, repartida por cualquier despacho en cualquier edificio de las cuencas como consecuencia de la integración en HUNOSA de muchas empresas, cuando lo que realmente se necesitaba eran picadores y barrenistas, entre otras categorías de interior, considerando aquella oferta como una base muy positiva para llegar al acuerdo.

Además, paralelamente, nosotros seguíamos manteniendo reuniones con el sindicato minero y el viceministro del carbón de la URSS, país que había establecido unos protocolos con HUNOSA para la solución de los problemas de mecanización y producción en la empresa minera, los cuales estaban aparcados en las mesas de los despachos hasta que nosotros los relanzamos desde la Federación Estatal de Mineros de U.G.T. Allí, en la URSS, concretamente en la zona minera ucraniana del Donbass tuvimos ocasión de visitar el interior de varios pozos mineros similares a las explotaciones mineras asturianas – capas verticales de todas las potencias, con fallas, una profundidad que alcanzaban los mil metros, incluso se trataba de pozos que habían sido rescatados de sus inundaciones durante la segunda guerra mundial, alcanzando una productividad siete veces superior a la minería asturiana -, pero también tuvimos ocasión de visitar los talleres donde se fabricaban las rozadoras que picaban el carbón, de tal manera que cada rozadora era destinada a su capa de carbón, después de haber procedido previamente al correspondiente estudio técnico-geológico de todas las características que presentaba cada una de ellas – dureza del carbón, hastiales, distancias de los talleres, etcétera -, lo que nos hizo pensar el porqué no podíamos hacer lo mismo en España.

El viceministro del carbón de la URSS con Antón Saavedra en una visita al Pozo Lenin en la cuenca minera ucraniana del Donbass, el año 1979.

En efecto, de regreso a nuestro país, una vez estudiado por los técnicos de nuestra organización sindical, decidimos, a partir de los talleres que la empresa tenía en El Entrego (talleres de Santana), dotados de unos grandísimos profesionales en la materia, hacer la propuesta de trasladarlos a los terrenos del Polígono Industrial en la localidad langreana de Riaño para ir a la creación del “gran taller” para la fabricación de todas las rozadoras necesarias, no solo para HUNOSA sino para el conjunto de la minería española, la cual generaría cuatro veces más de puestos de trabajo que había en los talleres de Santana, pero, claro, por aquel entonces, el virrey del PSOE en Asturias, José Ángel Fernández Villa que, aunque era miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, no participaba físicamente en aquellas reuniones protagonizadas exclusivamente entre la Federación Estatal de Mineros de U.G.T y el gobierno de la nación –  cuestión que nunca aceptó de buen grado -, aprovechando un mitin electorero del PSOE en su localidad natal de Tuilla soltó aquella colosal parida de que “para cerrar un solo pozo en HUNOSA habrá que pasar por encima de mi cadáver”, hasta el punto de que en lo que sería nuestra última reunión mantenida con Solchaga en junio  de 1985, éste nos sorprendía con aquella lapidaria frase: “… No me toques los cojones Antón, la mina de carbón español más rentable es la que está cerrada.”

¿ No resulta casi milagroso, que Villa todavía continúe con vida al día de hoy, después de haberla puesto en juego durante el transcurso de aquel mitin electorero del PSOE, celebrado en su pueblo natal de Tuilla, el 9 de junio de 1986…?

Lógicamente, la respuesta no se hizo esperar desde la Federación Estatal de Mineros de U.G.T y, después de varias reuniones de trabajo con la Federación Estatal Minera de CC.OO., presidida por el compañero Manuel Nevado Madrid, decidimos convocar la primera huelga general sectorial en España durante el periodo de la II Restauración Borbónica, para los días 17 y 18 de diciembre de 1985, exigiendo una política minera negociada, el cumplimiento del Plan Energético Nacional, que los propios diputados del PSOE habían aprobado en el Congreso de los Diputados, así como el establecimiento de las necesarias y adecuadas medidas de seguridad en nuestras minas a fin de cortar la trágica sucesión de muertes en el sector, con un balance de 75 muertos en aquel año de la huelga general minera.

Antón Saavedra y Manuel Nevado en el parque de Mieres durante la concentración de mineros en la huelga general minera de España, el año 1985

La huelga resultó un rotundo éxito de participación, secundado por el total de los mineros españoles, salvo una inmensa mayoría de los afiliados al SOMA-U.G.T. que tuvieron que soportar las vergüenzas de sus compañeros que les hacían pasillo en las plazas mineras, tirándoles maíz y pesetas, en su camino desde la lampistería hasta los castilletes, cuando decidieron no secundar la huelga general minera porque, tanto sus dirigentes somáticos, como los gobiernos nacional, autonómico y municipal con mayorías absolutas del PSOE, así como las Comisiones Ejecutivas del partido en sus distintos niveles federal, regionales y locales, con sus respectivos Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados y Parlamentos Autonómicos, les engañaban diciéndoles que la minería del carbón no corría ningún peligro de desaparición, y que nada de lo que nosotros decíamos era verdad, pero sin  aceptar en ningún momento el desafío público al que ellos mismos nos retaron públicamente, caso concreto del propio Ministro de Industria y Energía, el canario Luis Carlos CROISSIER, aceptado desde el primer minuto por nosotros donde quisieran, como quisieran y cuando quisieran.

Ese fue el verdadero problema que originó lo que varios “voceros” de los medios de comunicación al servicio del SOMA-UGT-PSOE comenzaran a inventar como un enfrentamiento Villa-Saavedra o Saavedra-Villa, y en ese contexto comenzó a fraguarse el cierre de las explotaciones y la muerte de las comarcas mineras que tan sibilinamente había anunciado el “trilero” sevillano Felipe González ciegamente secundado por sus peones en Asturias, caso concreto del mismísimo Presidente del Gobierno del Principado de Asturias, el “burguesito” aupado por Villa a la presidencia del Principado de Asturias, Don Pedro de Silva y Cienfuegos-Jovellanos que llegaría a afirmar en el periódico de La Nueva España del 8 de agosto de 1990 que “Villa opina lo mismo que yo respecto a la reconversión minera, con la única diferencia de que él habla desde una postura sindical y yo institucional”, a la vez que nos recordaba en el mismo acto celebrado en Posada de Llanes que “él era un producto político de la cuenca”.

Encierro de mineros en las minas turolenes de Estercuel, acompañados del diputado del PSOE por Teruel en el Congreso de los diputados, Ramón Espallargas, en apoyo de la huelga general de la minería española, el año 1985

De esa manera, de mentira en mentira y de victoria en victoria hasta la derrota final, la actividad que caracterizó a los municipios mineros asturianos durante tantos años comenzaba su cadena de cierres mineros, disfrazada con la asunción por parte del Gobierno del Principado de Asturias, Juan Luis Rodríguez Vigil, con un acelerado Plan de Reindustrialización que el gobierno felipista se encargaba de rebajar con el agua de un nuevo bautismo, llamándole Plan de Dinamización, firmado en solitario por el SOMA-UGT que, pese a los adornos y aditivos, con la puesta en escena de SODECO – creada en 1988 por acuerdo del INI, el Principado de Asturias, sindicatos de UGT y CC.OO., partidos políticos y ayuntamientos, para el desarrollo económico de la zona minera central asturiana – y el “mecheru” de La Pereda en Mieres, iba a suponer un mazazo contundente al perder 2.260 empleos directos de HUNOSA entre 1987-1991, arrancando con el abandono del Pozo Cerezal de San Martin del Rey Aurelio, en marzo de 1989, a pesar de la oposición unánime de todos los partidos políticos representados en la Junta General del Principado de Asturias, para continuar en julio de 1990 con el cierre del Pozo Venturo, último pozo profundizado en el Valle del Nalón, también del mismo municipio que el anteriormente citado.

Aquella operación de cierre de pozos mineros y muerte de las comarcas mineras no respondían sino a un plan perfectamente diseñado en el tiempo, para el que se había elegido a la persona adecuada – José Ángel Fernández Villa -, dotándole de toda la infraestructura necesario para llevarlo a cabo hasta su final. Yo mismo me había negado a ser el “elegido” para llevar a cabo tan sibilina y criminal labor. En efecto, celebrábamos una cena en el restaurante Niza de Oviedo, el día de 1977, donde participaron Juan Ramón Kindelán (exdirector general de Minas con el gobierno felipista del PSOE), Rafael Fernández (exsenador del PSOE por Asturias y expresidente del gobierno preautonómico de Asturias), Eduardo Albizu “Lalo” (exdiputado del PSOE por Vizcaya y miembro de las ejecutivas del PSOE y UGT), Luis Gómez Llorente (exdiputado del PSOE por Asturias y exvicepresidente del Congreso de los Diputados), Marcelo García Suarez (exmiembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de U.G.T), Avelino Cadavieco (histórico del PSOE), Fernando Vega (exsecretario de organización de la Federación Estatal de Mineros de U.G.T.) y yo mismo, a lo que lógicamente me negué, no sin antes dejar muy claro mi decisión firme de combatir con todas mis fuerzas aquella barbaridad que hoy ya es una triste realidad.

Al cierre de los pozos Cerezal y Venturo se sumarían los de la Mina San Víctor de Turón, el 16 de julio de 1991, y, en abril de 1992, otra vez el concejo de San Martín del Rey Aurelio volvía a ser noticia por el cierre del mítico Pozo San Mamés, famoso durante los tiempos de la dictadura franquista por haber sido uno de los campos de trabajos forzados que esclavizaba la empresa DURO-FELGUERA. El último día del mes de julio de ese mismo año era sellado el Pozo Mosquitera, en la localidad langreana de Tuilla, donde también existió otro campo de concentración con mano de obra esclava y republicana al servicio de la misma empresa DURO-FELGUERA, y el 1 de noviembre de 1991 le tocaba el turno al Pozo Polio, en el concejo de Mieres, cuya profundización trajo consigo la construcción de la barriada minera de Rioturbio para dotar de vivienda a los trabajadores de la mina.

El letrero que aparece encima de la cabeza de estos dos líderes del pandillerismo somático y cocoso “Embarque del personal” lo dice todo

De repente, entre la noche del 22 de diciembre de 1991 y la tarde del 3 de enero de 1992, se producía un hecho histórico en la minería asturiana con el encierro de las cúpulas sindicales mineras del SOMA-UGT y CC.OO. en el Pozo Barredo de Mieres, encabezadas por sus secretarios generales José Ángel Fernández Villa y Antonio González Hevia, que iba a servir para pegar el gran acelerón a los cierres mineros en una operación disfrazada muy sibilinamente como la gran salvación de la minería, pero también para iniciar el gran negocio minero – allí tuvimos ocasión de saber cómo los mismísimos presidentes de Cajastur, Ángel Fernández Noriega y del gobierno del Principado de Asturias, Juan Luis Rodríguez Vigil, se encargaban personalmente de ser portadores serviles de las “ricas viandas navideñas al angostadas” y los cotizados “caldos de gran reserva riojana y la ribera del Duero” para los encerrados en el interior del Pozo Barredo de Mieres, donde se encontraba su “padre político”, José Ángel Fernández Villa -, del que todas las partes salieron muy satisfechas.

¿Quién podría pensar que un asunto como el de las prejubilaciones mineras pudiera tener tanto grano que desbrozar hasta quedar transformado en el “GRAN NEGOCIO” para el Estado, la Patronal, ¿la Banca y el Pandillerismo sindical del SOMA-UGT y CC.OO.? El ¡¡¡ MEDIO BILLON DE PESETAS !!! que el Gobierno puso encima de la llamada Mesa de Negocios, más que de negociación, para el enterramiento de la minería del carbón hizo olvidarse a los negociantes, de los trabajadores y sus nefastas consecuencias para nuestras comarcas mineras, sin importarles las personas que las conforman, poniéndose de inmediato manos a la obra para establecer el reparto. Primero argumentan de cara a la galería, y se les llena la boca de bonitas palabras hablando de inversiones sociales, becas para la minería, cursos de formación que administran desde el pandillerismo sindical, como una de las fuentes millonarias de su financiación. También hablan de carreteras en las comarcas mineras para facilitar el desarrollo económico alternativo al desmantelamiento de la industria del carbón y aún les queda mucho dinero para hablar de inversiones en industrias y creación de empleo…

Por parte de la PATRONAL, ésta recibirá una cantidad por cada tonelada de carbón que deje de producir. El acuerdo establecido de cuatro trabajadores por cada once jubilados no se cumplirá, como ha quedado demostrado en el tiempo, proliferando todo tipo de subcontratas, porque tanto la patronal y sus pandilleros sindicales siguen argumentando que es la única manera de mantener el empleo en la minería.

Otro de los grandes beneficiarios han sido los BANQUEROS, que se pelean materialmente por administrar la gestión de los dineros de los prejubilados – yo mismo me peleé con Villa en el Consejo de Administración de HUNOSA, cuando desde Cajastur y Caixa catalana se partían la cara por hacerse con el pago de tan suculenta tarta dineraria -, en cuya gestión también se llevan su “mordida revolucionaria” el pandillerismo sindical somático y cocoso. ¿Qué ha sacado el Gobierno a cambio? ¡¡¡ PAZ SOCIAL!!!

Pero, continuando con el programa de cierres pactados con el gobierno del PSOE, llegamos al año 1993 con el cierre de cinco explotaciones mineras. Así, con fecha 11 de enero, quedaba paralizado el Pozo Olloniego, en el concejo de Oviedo, que ya había sido cerrado por primera vez en agosto de 1972 y se consideraba centro piloto y experimental de las nuevas técnicas mineras. Un día después, esto es el 12 de enero, le tocaba el turno al Pozo San José de Turón, y en menos de una semana se procedía al cierre de los Lavaderos de Turón, llegando al 30 de abril, cuando dejaba de funcionar el Pozo Entrego, histórica explotación que databa del año 1909, y el 10 de noviembre desaparecían oficialmente los Talleres de Turón, ubicados en La Cuadriella.

Ya en el año 1994, el 31 de julio para ser más exactos, asistimos al cierre del Pozo Barredo de Mieres, lugar del encierro minero comentado, y el 1 de setiembre lo hacía el Pozo Santa Bárbara de Turón donde, por primera vez, cara a cara y abroncado fuertemente por los mineros en la asamblea del primer relevo minero, que incluso lo amenazaron con arrojar por la caña del pozo, a Villa se le escapaba un juicio desnudo que significaba un giro radical en su discurso habitual de cuando anteponía su vida al cierre de cualquier pozo minero: “La actividad minera ya no tiene ningún futuro, hay que buscar empleos alternativos”.

Sin apenas tregua, en el verano de 1995, salía el último relevo del Pozo Fondón en Sama de Langreo, que durante muchos años de la dictadura franquista albergó otro campo de concentración al servicio de la DURO-FELGUERA, con mano de obra esclava procedente de los batallones republicanos, y así hasta llegar al año 1998, cuando dejaba de funcionar el Pozo San Luis de La Nueva en Langreo, al que seguirían el Pozo Tres Amigos en Mieres, el 31 de diciembre de 2000;  el Pozo Siero, antiguas Minas de Solvay en Lieres, y el Pozo Samuño en la localidad langreana de Ciaño, ambos el 31 de diciembre de 2001; produciéndose, un año más tarde, el cierre de los Lavaderos de Sovilla en Mieres.

Pero aquella sangría de cierres, surgida de aquel encierro “salvador” de la minería asturiana, continuaba su marcha enloquecida y, en octubre de 2003 le tocaba el turno al Pozo San Antonio, en Moreda de Aller, hasta llegar al mes de mayo de 2004 cuando se procedía al cierre del Pozo Pumarabule, en la localidad sierense de Carbayín, y así hasta llegar al 27 de junio de 2007, cuando salían los últimos mineros del Pozo Figaredo, para poner punto y final a dos siglos de minería en el Valle de Turón, que llegó a tener más de 20 explotaciones en funcionamiento. Ese mismo año, concretamente el 31 de julio, se procedía al cierre de los Lavaderos de Modesta, después de los daños sufridos en un incendio declarado, de muy dudosa autoría.

Esto es lo que queda de la venganza de la burguesía con Asturias: 5.000 muertos en accidentes mineros, de los cuales una parte de ellos, solo un pequeña parte, yacen en lo que ha quedado de la minería: un cementerio en la plaza del Sotón.

El Pozo Candín de Langreo cerraría sus instalaciones en el 2013, al que continuaron los cierres de los Pozos Sotón de Sotrondio y Montsacro de Riosa, el 31 de diciembre de 2014, y más recientemente las instalaciones del Pozo María Luisa de Langreo, en diciembre de 2016, y los Pozos Carrio de Laviana y Santiago de Aller, en diciembre de 2018.

Al final, se hacía realidad las profecías de los líderes del pandillerismo somático y cocoso cuando glayaron al unísono que “el encierro del Pozo Barredo había marcado un antes u un después”: antes del encierro había 20.000 mineros y ahora quedan exactamente 450, resultando muy extraño, casi milagroso, que Villa todavía continúe con vida al día de hoy, después de haberla puesto en juego durante el transcurso de aquel mitin electorero del PSOE, celebrado en su pueblo natal de Tuilla, el 9 de junio de 1986…

Carlos Solchaga Catalán (Tafalla, 28 de mayo de 1944) es un economista, político español y exdirigente del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Socialista de Navarra, en el Partido Socialista Obrero Español. Fue ministro de Industria durante el primer mandato de Felipe González, y posteriormente ministro de Economía y Hacienda  de España.

” La mina más rentable de carbón es la que está cerrada. Hay que ser realista y, aunque suene duro, es necesario enfrentar  a la gente con la realidad del cierre de las minas ” (Carlos Solchaga Catalán, ministro de Industria y Energía del gobierno de España, el año 1985)

En aquella reunión comentada sobre la cena que tuvo lugar en el restaurante Niza de Oviedo, el 4 de junio de 1977, tuvimos ocasión de leer un artículo de la revista “El Valle informativo”, firmado por el ingeniero de minas y miembro del grupo de economistas del PSOE, Juan Manuel Kindelán, que versaba sobre “El futuro del carbón asturiano”, y coincidía en su literalidad con la ponencia expuesta en la conferencia que habíamos celebrado aquella mañana en el Hotel España de Oviedo sobre  “La Empresa Pública”, cuyo artículo no hacía más que confirmar por adelantado las posiciones del gobierno del PSOE en boca de su propio presidente Felipe González aquel 16 de febrero de 1983:  “entre 1970 y 1976, las subvenciones concedidas al carbón producido por Hunosa y las pérdidas de la compañía, compensadas por los presupuestos generales del Estado, superan los treinta mil millones de pesetas cada año, lo que significa más de un millón de pesetas por trabajador. Una cantidad qué, invertida adecuadamente, hubiera podido dar trabajo ampliamente al cien por cien de la plantilla total de Hunosa”.

El origen del clan oligárquico de los Bustélidos y los Sotélidos es la tía Carlota, la madre de los cuatro hermanos Bustelo: José Ramón Jipy, Francisco, Carlos y Carlota Milota. Cuentan de la tía Carlota que guardaba una agenda en la que apuntaba los nombres de los amigos de sus hijos. Hubo una época en que no estar en la agenda de la tía Carlota era casi una desgracia. Eso no le pasó al monárquico canario Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla, que acabó casándose con su hija Carlota Bustelo García del Real

Lógicamente, el tal Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla, perteneciente al clan oligárquico de los “Bustélidos y los sotélidos” por su vinculación matrimonial y monárquica con Carlota Bustelo García del Real, sería el hombre elegido por el PSOE para iniciar el cierre de las explotaciones mineras como Director General de Minas (1982-85) como uno de los principales y más viscerales defensores de la energía nuclear, y más tarde como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos-ENRESA (1985-94), hasta llegar a la presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear-CSN.

El engaño a un pueblo para llevar a cabo la gran venganza contra Asturias por parte de la burguesía española siempre se fundamentó en el problema de los costes, aludiendo siempre que se trataba de un carbón “sucio”, impregnado de tierra y minerales, lo cual obligaba a lavarlo previo uso, encareciendo más los costes, en este caso debido a los gastos de añadir un proceso a la producción, pero también porque en el lavado se perdía parte del producto.  Por otro lado, las proporciones de azufre y fósforo en el carbón asturiano no eran las más óptimas a la hora de proporcionar un poder calorífico ideal de cara a su empleo en las centrales térmicas. De repente, estos enterradores del sector minero se habían olvidado que, los carbones de Hunosa eran y siguen siendo carbones coquizables en más de un 80 por ciento – el 20 por ciento restante pensado para poder hacer mezcla y elaborar “pasta coquizable” según demanda de volátiles -, utilizado en grandes cantidades en los altos hornos para la elaboración de hierro y otras muchas aplicaciones, por lo que parece un auténtico despilfarro usar carbón coquizable para quemar en las térmicas, y, por lo tanto, una de las soluciones viables para la minería del carbón era la elaboración de coque.

La multinacional Arcelor  importar este año de 2019 más de 130.000 toneladas de cok a través de El Musel para abastecer sus hornos altos. Esta práctica no es nueva. En ocasiones las factorías asturianas ya han recurrido a este mecanismo. De hecho, la compañía se vio obligada a ello tras el incendio que sufrieron las baterías de Avilés el pasado mes de octubre. En esta ocasión se volverá a recurrir a cok procedente de Francia, en concreto de la factoría que Arcelor tiene en Dunkerque.

Otra de las cantinelas reiteradas hasta la saciedad por estos “sabios” del electrofascismo mundial se justificaba en la estrechez y fracturación de las vetas del carbón asturiano, obteniendo más rocas y tierra que carbón cuando se perforaban sus galerías. Además, dado que las vetas de mineral en la región rara vez son continuas y a veces están inclinadas, para llegar al carbón hay que cavar múltiples galerías en diferentes direcciones y a diversas alturas. Por tanto, las explotaciones asturianas nunca han podido compararse con las de minas países donde el carbón es de más calidad y las explotaciones usan maquinaria pesada de forma intensiva en minas a cielo abierto en las cuales el carbón se encuentra formando grandes depósitos naturales casi en superficie, debido a todo lo cual concluían que el carbón asturiano constituyó desde su primer momento un producto deficiente y totalmente incapaz de competir en calidad o precio con el carbón de prácticamente cualquier país con una minería desarrollada y buenos yacimientos.

Es decir, desde hace mucho tiempo, de una manera permanente y machacona, se nos viene echando en cara a los mineros, al pueblo asturiano, de que somos un sector subvencionado, y es verdad, pero se silencia que por cada euro de subvención que recibía el carbón, el estado español recibía 3,3 euros en la imposición directa y, lo más importante, se silencia que por cada empleo minero se generan hasta tres puestos de trabajo entre indirectos e inducidos. En este mismo orden de cosas, ¿han calculado los gobiernos del turno cuántos euros se ahorraría el estado español de la costosísima factura energética que tenemos que pagar todos los contribuyentes españoles por esa brutal y peligrosísima dependencia del exterior – en torno al ochenta y dos, por cierto -, si este gobierno apostase de una manera sensata por nuestros carbones autóctonos? ¿Por qué ese afán, me pregunto yo, a la hora de señalar a nuestros carbones como receptores de ayudas estatales a su necesaria explotación? ¿Por qué no los gastos del ejército y la policía, o las carreteras, o las subvenciones millonarias a fondo perdido para la banca y las empresas privadas, por no hablar del impuesto de patrimonio a las grandes fortunas? Por cierto, ¿dónde se equilibran los presupuestos del ministerio del Interior o los del Defensa, Educación o la Justicia, ¿subvencionados al cien por cien por las arcas del estado? ¿Cerramos la Universidad? ¿Y las cárceles? ¿Desaparecemos la casa real española?

No, mil veces no, en absoluto se trata de una carencia de medios, sino de un problema de opciones: de a quien se da y se quita, de qué gastos son prioritarios y, sobre todo, de cuánto se recauda y de dónde. No es un problema de fondos, sino principalmente de cómo se distribuye lo que la sociedad generamos; y el carbón, pese a quien pese, genera riqueza, empleo y bienestar para el conjunto de la sociedad española.

Carbón cien por cien coquizable en el pozo Montsacro de Riosa. De hecho. este pozo era propiedad de Ensidesa antes de sus integración en Hunosa para su autoabastecimiento del carbón coquizable para sus instalaciones de Avilés.

Sin embargo, tal parece que, este salvaje crimen contra el carbón y sus comarcas mineras, llevado a cabo por todos y cada uno de los gobiernos turnistas que surgieron de la “modélica transición” o Segunda Restauración Borbónica en forma de bipartidismo PPSOE, lo vienen justificando con palabras como la de la competitividad; la reducción del empleo bajo la de la rentabilidad y, como les resulta muy difícil encontrar un nombre adecuado para justificar la reducción absoluta de carbón, se recurre a la estúpida sustitución de lo que no es sino un plan minero de reducción absoluta por un plan de incremento de la producción relativa, es decir por un plan de incremento de la productividad, quedando englobadas, todas ellas, en el concepto de racionalización.

Sin embargo, lo que ellos llaman competitividad no es sino el modo, la manera de designar su capitulación ante los criterios industriales y económicos impuestos por las potencias hegemónicas europeas y mundiales; lo que llaman rentabilidad es tan sólo una reducción de los problemas sociales, políticos y culturales a términos contables, de cuenta de resultados; y lo que llaman incremento de la producción no es más que un eufemismo para disimular la reducción del empleo. Por eso, lo que llaman racionalidad económica es precisamente el nombre de la mayor irracionalidad que uno pueda imaginarse en el terreno de la economía política.

¿Cómo se puede comparar la productividad de nuestros carbones con la productividad de los países con mega explotaciones mineras a cielo abierto, como las de La Guajira en Colombia, por ejemplo, dónde, según los informes de la mismísima Organización Internacional del Trabajo trabajan más de 200.000 niños y niñas en sus explotaciones mineras, o en la minería africana donde, según las mismas fuentes de la O.I.T, trabajan otros 200.000 niños y niñas en su minería – solamente en el Congo africano trabajan más de 40.000 – por salarios de mierda que no alcanza ni para un simple bocadillo de mortadela. Esa es la productividad de los carbones depositados en el puerto gijonés del Musel por la GOLDMAN SACHS, a cuyo frente se encuentra el excomisario de la Competencia de la UE, el irlandés Peter Sutherland, sustituido por el exsecretario general del PSOE, Joaquín Almunia; y los directivos de la poderosísima banca mundial ocupando la dirección del Banco Central Europeo y la del Fondo Monetario Internacional, por no hablar de las presidencias de Grecia e Italia, sin olvidarnos de los renombrados exministros que han sentado su trasero en las poltronas ministeriales del gobierno turnista español. Sería como pretender comparar la productividad en la construcción de una vía férrea o una autopista por los terrenos increíblemente montañosos de Asturias, con la productividad de la construcción de vías férreas o autopistas en las llanuras francesas.

La multinacional británica Lissan Coal Company, que tiene su sede en Irlanda del Norte, se ha convertido en la primera compañía que opera en los terrenos ganados al mar con la ampliación de El Musel. Lissan almacena y criba carbón en un espacio de la ampliación colindante con la concesión de EBHISA, terminal por la que descarga el mineral que luego distribuye a otros puertos embarcándolo en buques más pequeños por el viejo muelle norte.

Por lo tanto, seamos serios y sensatos: las fuentes energéticas son escasas en todo el mundo, y bajo ningún concepto se pueden ni deben menospreciar, por razones de la dificultad de su explotación, donde quiera que se encuentren.

El carbón, nuestro carbón, como el petróleo, está inserto en un sistema industrial, social, en una cultura dada a un nivel histórico determinado y no puede separarse de ningún modo de este sistema; la separación es tan sólo una apariencia para quien está operando instalado en otro sistema. Y esto es así porque el valor de cambio que puede incorporar un producto estará siempre en función del valor de uso. Si el petróleo del golfo pérsico tiene valor de cambio es porque está en función del uso que de él hacen la industria, las centrales térmicas, los automóviles, es decir, todo el sistema económico y cultural. Pero, además, el carbón, nuestro carbón, es también una fuente de energía, hoy por hoy, una fuente de energía insustituible, la única fuente nacional de energía de que España dispone. Sobre todo, el carbón, nuestro carbón, fue y tendrá que seguir siendo una riqueza que, como es conocido, apareció históricamente en Asturias, desenvolviéndose en ella siguiendo la ley de la vida; la ley del trabajo, del dolor y del sudor, pero no por ello dejó de constituirse en víscera del cuerpo de Asturias, casi en el corazón de nuestra región.

Los mineros asturianos constituyeron un modelo ejemplar, casi mítico, y las minas se han forjado luchando con el carbón y con muchas y por otras muchas cosas, entre ellas la libertad y la democracia en nuestro país. Prácticamente, las minas del carbón asturiano fueron una de la fuentes que permitieron la subsistencia y el crecimiento de Asturias, que hicieron posible la industria de las cuencas y de fuera de ellas, constituyendo la base del desarrollo moderno de Asturias y, con él, en una grandísima medida, el de España, y ello quiere decir, lisa y llanamente, que no se puede separar el carbón y quienes giran en torno a este trabajo, sin hacer que se desgarre todo el organismo social y cultural de Asturias, abriendo una gran herida sangrante muy peligrosa en el conjunto de España. No, tampoco se trata de defender nuestros carbones por una especie de nostalgia, como una “seña de identidad” asturiana, entre otras cuestiones, porque tenemos que ser muy conscientes de que los recursos carboníferos son finitos, y que dentro de cien o más años, las minas se agotarán, y no vamos a ser tan pesimistas como para creer que Asturias no va a sobrevivir al carbón de sus cuencas.

La historia de la minería en Asturias se remonta a la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los ilustrados de la época fomentaron la extracción de hulla para hacer progresar económicamente al país. En 1780, Carlos III dictó una ley incentivando la creación de compañías que se encargasen de la extracción del carbón.
Hacia 1800 la producción alcanzaba las 4100 toneladas.

De lo que se trata es de no cambiar de la identidad actual por otra más vil y canalla, de no convertir Asturias en un bosque de eucaliptos para fabricar pasta de papel. Y cerrando nuestras minas, como han hecho los gobiernos del bipartidismo turnista del PPSOE surgido de la II Restauración Borbónica, estamos condenados a no poder desarrollar nuestra identidad viviente en formas históricas más elevadas.

Por ello es preciso apoyarse en lo que tenemos seguro y positivo para poder, desde allí, preparar la transformación. Es posible que sea demasiado tarde para hacer algo por un mundo demasiado viejo, y demasiado pronto para saber algo de un mundo demasiado nuevo.

A veces, también es necesario estar al borde del precipicio para comenzar a caminar en otra dirección. Puede que nos encontremos en una encrucijada, pero estar en la encrucijada es justamente lo contrario de encontrarse en un callejón sin salida. Todo es dar con el camino, y “se hace camino al andar”. Y para andar ese camino tenemos que reflexionar antes de vociferar, tenemos que unir antes que disgregar, porque esa es una tarea de nadie en particular y de todos en general que requiere sumar y no dividir voluntades y esfuerzos, estimular iniciativas, sembrar solidaridades, remontar adversidades como han sabido hacer siempre los mineros, en los momentos más difíciles de la historia del movimiento obrero en su lucha a muerte contra la burguesía.

Jamás ha existido en nuestro país una política minera clara y definida, aplicando medidas puntuales para situaciones desesperadas, reduciendo el horizonte a la situación de cada día, abriéndose camino la idea para todos los detractores de nuestra minería de que el carbón es una maldición. Pues bien, el carbón no es ninguna maldición, es un problema como tantos otros, menor que otros muchos y que tiene, por supuesto, soluciones perfectamente viables desde la cuádruple vertiente de la rentabilidad económica, social, estratégica y, sobre todo, energética, de cara a la necesaria disminución drástica de nuestra brutal y peligrosísima dependencia energética del exterior en torno al 74 por ciento, según Eurostat, por el que tenemos que pagar una factura anual de 55.000 millones de euros.

Estados Unidos ha decidido ya el lugar en que se establecerá FutureGen, una central de generación eléctrica de carbón sin emisiones contaminantes. Se trata de Mattoon, en Illinois, región escogida por sus condiciones geológicas. Y es que la planta de FutureGen es la primera del mundo de su tipo, por la combinación de tecnologías que incluye. El control de emisiones se realizará por medio del enterramiento del dióxido de carbono bajo el suelo. Con un presupuesto de 1.500 millones de dólares, generará 275 MW, con los que se suministrará energía a 150.000 hogares estadounidenses.

Por si ello no fuera suficiente, al carbón se le ha cargado con el “sambenito” de ser el principal causante de todos los males que atentan contra la vida del planeta tierra por su gran contaminación. En efecto, hace veinte años el concepto medioambiental que estaba de moda era la “lluvia ácida”, después, unos años más tarde, el concepto de moda era el “efecto invernadero” provocado, según los “sabios pronucleares del electrofascismo”, por las emisiones de ceodós, y en la actualidad se sigue hablando del “efecto invernadero”, cuando el último concepto de moda es el “recalentamiento del planeta”. Hace muy poco tiempo se echaba la culpa del efecto invernadero al anhídrido carbónico emitido por las centrales térmicas. Ahora se admite que hay otros gases, tales como el metano, los óxidos de nitrógeno, los compuestos clorofluocarbonados y otros, que pueden tener un efecto perjudicial sobre el medio ambiente, sin que científicamente se haya demostrado su contribución al “efecto invernadero”, ni siquiera su efecto perjudicial.

En todo caso, la contribución del carbón a los efectos mencionados no tiene la importancia que en un principio se creyó, sino que es bastante más reducida, según los estudios científicos realizados al efecto, destacando la contribución de la “Britisch Coal”, la del Departamento de la Energía de los EE.UU., la de la CIAB, la de CEPCEO y la del Instituto Mundial del Carbón. De todos ellos se puede acotar que la contribución mundial del carbón al “efecto invernadero” está comprendida entre el siete y el quince por ciento. Más aún, si nos limitamos a Europa, que consume el diez por ciento del carbón mundial, estaríamos hablando como máximo de un dos por ciento. ¿Cuánto supone la contribución de los carbones españoles al “efecto invernadero”? De cualquiera de las maneras, el problema “no es de frío, sino de abrigo”. Quiero decir que es exigible en cada momento la puesta en práctica de toda la legislación existente, así como de todos los medios tecnológicos, que son muchos y efectivos, hasta reducir al máximo su incidencia con el medio ambiente. Por cierto, ¿cuánto vienen destinando los gobiernos del bipartidismo PPSOE en nuestro país para investigar esas tecnologías? ¿Somos pobres porque investigamos poco o investigamos poco porque somos pobres

La producción de carbón en España cayó un 43% en 2016 hasta el mínimo histórico de las 1,74 millones de toneladas y el sector perdió 1.022 empleos en todo el país, con un descenso del 38%. Los datos provisionales de la patronal Carbunión constatan que la compra de mineral en el exterior, que se situó en las 14,67 millones de toneladas, multiplicó por nueve la producción de carbón nacional.

Además, que nuestro país importe carbón de Colombia, Sudáfrica o de la China – sobre todo de la China, nuestros nuevos amos -, en lugar de producirlo en nuestro subsuelo, en absoluto soluciona esos problemas, sino que los traslada. La experiencia ha demostrado que incluso los aumenta. Quien importa carbón obtenido de las minas a cielo abierto de estos países citados y otros, está explotando a estos países económica y ecológicamente. Muerte, represión y saqueo son palabras sin las cuales no podría existir este tipo de explotaciones. Van unidas al igual que van unidos los gobiernos nacionales y las multinacionales, encargadas de llevarse los minerales y las divisas, dejando contaminación, destrucción y alguna que otra migaja.

Hace 56 millones de años, un misterioso aumento de carbono en la atmósfera hizo subir la temperatura en todo el mundo, hasta el punto que se fundieron los polos. La causa, según los científicos especializados en el tema, fue una emisión de carbono masivo y, en términos geológicos, repentino. Aquello duró 150.000 años, hasta que el exceso de carbono fue reabsorbido, produciéndose todo tipo de sequías, inundaciones, plagas de insectos y algunas extinciones. Sin embargo, una cuestión ha quedado muy clara, clarísima: el carbón no fue responsable de nada, por la sencilla razón de que le faltaban muchos millones de años para formarse. ¡Ya está bien de escuchar eso de que “si es verde, vale”! ¡¡¡ Y si es negro, como el carbón de nuestras minas, y rojo como el minero que defiende el carbón, el empleo y el futuro de nuestras comarcas mineras, también, no te jode!!!

Muy recientemente, apenas hace un mes, el último informe del Panel Intergubernamental de la ONU sobre cambio climático (IPCC), tan alarmista como los anteriores, sería muy contundentemente contestado por los responsables científicos de la Internacional Science Coalition, dejando claro “el historial ilícito con que cuenta el IPCC – ONU, que incluso incluye recomendaciones reformuladas de asesores científicos expertos para encajar en la agenda alarmista. De forma inexplicable, el IPCC-ONU ha aumentado su confianza de que los gases de efecto invernadero antropogénicos causaron la mayor parte del calentamiento en el último siglo, a pesar del hecho de que sus previsiones siempre han fracasado de manera estrepitosa. Es muy triste que este informe del IPCC – ONU dé a los gobiernos una confianza injustificada para imponer las regulaciones sobre el CEODOS que sean tan severas que las fuentes energéticas más importantes del mundo y combustibles de hidrocarburos vuelvan atrás, sentenciando a miles de millones de las personas más vulnerables del mundo a la miseria en cuánto a la pobreza energética”. En el mismo orden de cosas, el doctor Tim Ball, de la University of Winnipeg, afirmaba que “la reputación del IPCC – ONU es irrecuperable, para añadir a continuación de una manera literal que “los gobiernos, medios y personas deberían por su parte echar un ojo al informe del NONGOVERNMENTAL INTERNATIONAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (NIPCC), quien deja demostrado que el equilibrio de la evidencia indica que los cambios climáticos peligrosos causados por el hombre no están sucediendo, algo que todo el mundo, la izquierda, la derecha y el centro deberían recibir como algo bienvenido”. Desde luego, no seré yo el atrevido que discuta estas cuestiones científicas, pero sí dejarlas perfectamente constatadas por la defensa de una minería del carbón al servicio del pueblo.

El carbón se va a convertir en uno de los protagonistas de  la Conferencia de Naciones Unidas sobre Clima que se celebra esta semana en Katowice (Polonia), una de las regiones productoras de carbón más grandes de Europa. El consumo del carbón está aumentando en todo el mundo, ya que muchos países siguen atrasando inversiones significativas en energías renovables.
Se espera que la generación eléctrica con carbón a nivel mundial continúe aumentando hasta en un 10% desde ahora hasta 2027, con el crecimiento más rápido previsto en China. Es un cambio de tendencia, después de su disminución en los últimos cinco años, particularmente en Estados Unidos y Europa, donde el consumo disminuyó a una tasa promedio del 5% por año.

Desde mi punto de vista, pienso que la única solución para nuestros carbones es la nacionalización del sector minero español, desde la investigación de nuestros recursos hasta la transformación de los mismos, pasando por una explotación racional de los mismos, dentro de una política energética al servicio del pueblo. Y aquí, tengo que levantar la voz para manifestar que una de las características radical de nuestra minería, es que los yacimientos mineros españoles son bienes demaniales según nuestra Constitución, y ello significa que son bienes públicos y que la administración tiene la obligación de preocuparse y velar su gestión por parte de los concesionarios, sujetos siempre a los requisitos de interés común.

En definitiva, el problema de la minería asturiana nunca fue un problema de costes, ni mucho menos de contaminación, como se nos ha pretendido justificar por parte de los títeres gubernamentales del bipartidismo turnista del PPSOE. Una cuestión debe de quedar muy clara al respecto: los gobiernos del bipartidismo PPSOE nunca fueron ni son el poder real en el Reino de España, sino el alto funcionariado de su gran burguesía. De ahí que, habiéndose lucrado ésta del sector minero, siempre en manos privadas, se procediera a su nacionalización en HUNOSA – en realidad una socialización de las pérdidas para seguir con la privatización de las ganancias – en los finales de los años sesenta, y más tarde, proceder a su desaparición. En absoluto se trataba ni se trata de una cuestión de rentabilidad y eficacia, en último término, sino de una cuestión de clase, la de eliminar a los mineros del suelo asturiano, como bastión principal del movimiento obrero.

Desde mi punto de vista, existe un motivo de venganza por parte de la burguesía imperante contra esta región, no en vano fueron los mineros asturianos los que pusieron en jaque a los gobiernos de la burguesía en los años 1934 y 1936, pero, además, sigue existiendo un enfrentamiento ideológico de fondo: las zonas donde había minería votan socialismo y comunismo mayoritariamente, llámense Langreo, Mieres, Lena, Aller, Riosa, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio, Teverga, Cangas de Narcea, Tineo, incluido Gijón con la influencia de la Mina La Camocha…

Carlos Ferrer Salat (Barcelona, 22 de marzo de 1931 – 18 de octubre de 1998) fue un economista, empresario y político  español,  siendo el impulsor y fundador de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE (1987-1998).

“Puedo decir que algunos propietarios de minas integradas en HUNOSA me han dicho, más o menos confidencialmente, que si hubiesen sabido el precio que el Estado les iba a pagar hubiesen comprado antes muchas otras minas”.

Carlos Ferrer Salat, presidente de la CEOE. (Actualidad Económica”, 16 de mayo de 1970)

Refiriéndome a los comienzos de la década de 1840 y una vez concluida la primera guerra carlista, las noticias relativas a la abundancia y calidad de los recursos mineros asturianos, junto con ciertas revisiones introducidas en la Ley de Minas, consiguieron atraer a la región a los capitales extranjeros y a la burguesía española, cuyas empresas introdujeron las técnicas mineras para el laboreo del carbón por medio de técnicos foráneos.

No obstante, si por algo se ha caracterizado la minería asturiana a lo largo de su historia ha sido por una sistémica corrupción mafiosa en la que estaban y siguen estando implicados todo tipo de empresarios, inspectores de minas, ingenieros, las elites de los municipios mineros y de la región que intervinieron en su desarrollo, así como dirigentes del sindicalismo minero, motivo principal de este capítulo.

Alejandro María de Aguado y Remírez de Estenoz, en francés Alexandre Aguado, (Sevilla, 29 de junio de 1784-Gijón, 12 de abril de 1842) fue un banquero español, Marqués de las Marismas del Guadalquivir.

Desde personajes de la nobleza y el mundo de las finanzas, como Alejandro Aguado, marqués de las Marismas del Guadalquivir (1784-1842), el afrancesado y banquero parisino favorito de Fernando VII o el grupo financiero encabezado por el marido morganático de  la reina María Cristina de Borbón, el sargento militar Agustín Muñoz, posteriormente duque de Riánsares (1808-1873), pasando por los conocidos cuatreros como  Vitorino Alonso “Don Vito” en León y Teverga o Fernando Brugos “El Ruchu” en La Camocha, hasta llegar a sindicalistas como el secretario general del SOMAFIA-UGT, José Ángel Fernández Villa y sus “consiglieris”, en sus versiones del “VILLAMOCHO” y la más reciente del “Caso HULLA”, por no hablar de empresas como Iberdrola o Endesa, todos ellos y ellas que, con la implicación gubernamental del momento, siempre estuvieron más interesados en la especulación con las acciones de las empresas mineras que en “hacer mina”, practicando un capitalismo de amiguetes en el que también intervenían alcaldes metidos en la trama minera, extendiendo la corrupción en las ventas del carbón extranjero que hacían pasar como carbones autóctonos, no solo para evitar el pago de los aranceles establecidos sino para ganar colosales cantidades de dinero a través de un fraude a la hacienda española, conocido y consentido por las administraciones, muchos de sus funcionarios implicados también en el negocio de las “tramas mafiosas del carbón”.

Así las cosas, de acuerdo con el magnífico y exhaustivo trabajo del profesor universitario asturiano, Luis Aurelio González, publicado en su libro “ORO NEGRO, DINERO SUCIO” (octubre de 2017) el desarrollo minero-industrial de Asturias, históricamente hablando, fue realizado en un ambiente de corrupción, mediante diferentes argucias legales, como la constitución de sociedades pantallas instrumentales, evitando la restrictiva legislación minera en dimensión de los registros, así como el pago de impuestos, práctica que iniciaría el citado Marqués de las Marismas, Alejandro Aguado, con la constitución de una multitud de compañías con “amiguetes” de su círculo más próximo, para poder hacerse  con grandes cotos mineros en los concejos de Langreo y Siero, todo ello, con el consentimiento o anuencia de los inspectores del distrito, en la mayoría de las ocasiones también fomentadas por el propio gobierno de la nación, tal y como se puede leer en los periódicos de la época.

Agustín Fernando Muñoz y Sánchez, (Tarancón, 4 de mayo de 1808–El Havre, 13 de septiembre de 1873),​ I duque de Riánsares, grande de España, I marqués de San Agustín y I duque de Montmorot en Francia, fue un militar español, caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro y segundo esposo de la reina regente María Cristina.​

En este mismo orden de cosas, el tal Duque de Riánsares, esposo de la reina Borbona María Cristina, sería la cabeza principal de un grupo de políticos-empresarios que utilizaban sus privilegiadas relaciones con el aparato del Estado para enriquecerse, es decir un grupo que había institucionalizado una forma absolutamente corrupta de hacer negocios en torno al carbón. Un grupo sin el cual, durante muchos años, no se podía emprender ningún tipo de negocios fuera de su entramado mafioso, basando sus actividades corruptas en la búsqueda de beneficios rápidos mediante la especulación, el robo y la estafa permanente al Estado, empezando por las grandes subvenciones que consiguió para la construcción del Ferrocarril de Langreo – tercer ferrocarril que funcionó en España y piedra angular sobre la que se asentó la expansión minera e industrial de aquellos años, iniciando su andadura en 1852 para transportar el carbón de la cuenca minera del Nalón hasta el puerto marítimo de Gijón –, así como la aplicación interesada de la legislación española de compañías por acciones en la liquidación de The Asturias Mining Company; lo mismo que la  excepción que consiguió en la aplicación de la legislación sobre sociedades para su Compagnie Miniére et Métalurguique des Asturies.

Mujeres mineras cargando el carbón de las minas asturianas en los vagones del Ferrocarril de Langreo

Pero, también en esa temprana época comenzaban algunos empresarios mineros en Asturias con el tráfico de carbones, comprando carbón en el extranjero para revenderlo como carbón autóctono, consiguiendo sustanciales beneficios al evitar el pago de los aranceles, una práctica que sigue muy vigente al día de hoy, tal y como trataremos de demostrar documentalmente.

A modo de ejemplo, y dentro de este sucio escenario, durante el periodo comprendido entre 2010-17, la empresa ENDESA abasteció sus centrales españolas con carbón procedente de las conflictivas minas Cesar, ubicadas en el municipio colombiano de La Jagua de Ibirico, tal y como ha revelado en 2018 la empresa propietaria de Endesa – la italiana ENEL – durante su Junta de Accionistas celebrada en Roma, el 27 de mayo de 2018.

Para entender el por qué ENEL ha realizado ahora este doloroso acto de sinceridad delante de sus accionistas es necesario remontarse a las primeras investigaciones sobre este “carbone insanguinato”, que es como los accionistas críticos denominaban al mineral en los documentos oficiales de la compañía.

Documento de la empresa eléctrica ENEL denunciando en su Junta de Accionista las actuaciones mafiosas de ENDESA en la minería colombiana

En junio de 2014, Pax – una organización católica holandesa que lleva décadas trabajando en Colombia para ayudar a las víctimas del conflicto armado -, entregaba un informe en el que habían empleado varios meses de trabajo e investigación para su realización, cristalizando el mismo en la publicación de “El lado oscuro del carbón: violencia paramilitar en la región de César”. En el mismo se analizaban las relaciones entre grupos paramilitares y las empresas mineras que habían explotado la región de César desde mediados de los años noventa, siendo las empresas principales en la explotación la estadounidense Drummond, la suiza Glencore, que entró en Colombia adquiriendo Prodeco y sus minas en 1995, y finalmente Goldman Sachs que controlaba un número de proyectos locales bajo la marca Colombian Natural Resources, CNR. Aquel informe pasó desapercibido en Colombia, pero no así en Europa, donde comenzó su sigilosa escalada hasta acabar en manos de los principales accionistas de ENEL incluyendo a su director ejecutivo Francesco Starace: “Tomaremos en serio todas las indicaciones que nos habéis dado, pero estamos cansados ya de esta historia y el carbón de Colombia nos interesa lo justo. Iremos a ver en persona qué pasa en Colombia y si no nos gusta, saldremos”.

En efecto, ENEL viajó a las minas de Colombia para pedir aclaraciones, resultando evidente que las respuestas no fueron satisfactorias porque a la vuelta decidieron cortar la relación con la promesa de que no comprarían más carbón en César, pero sí en La Guajira.

“De acuerdo al seguimiento realizado por la ENS, desde el 1 de enero de 1973 hasta el 30 de noviembre de 2018, en las zonas mineras de Colombia se han registrado al menos, 14.805 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas, por bandas paramilitares contratadas por las empresas. Entre éstas, 3.180 homicidios, 406 atentados contra la vida, 242 desapariciones forzadas, 7.281 amenazas de muerte y 1.900 desplazamientos forzados”, se revela en este informe. De los sindicalistas quienes han perdido su vida, 2.849 son hombres, 331 son mujeres y 929 son dirigentes sindicales.

Cuando el conflicto armado entre ejército y paramilitares bajó de intensidad a comienzos del siglo XXI, la actividad comercial de estas empresas se disparó, y lo mismo ocurrió con las denuncias sobre su actividad. Los datos arrojados apuntan a que, desde 1996, más de 3.000 personas han sido asesinadas en César y más de 50.000 han sido desplazadas a la fuerza de sus tierras para dejar paso a las explotaciones de carbón. Al mismo tiempo, el incremento de la producción hizo caer el precio del carbón en los mercados internacionales y las principales compañías eléctricas europeas se lanzaron por el carbón colombiano. Estás prácticas criminales de estas sucursales mineras colombianas – Drummond y Prodeco-Glencore y Goldman Sachs – no son nuevas, aunque es la primera vez que la ENEL y ENDESA admiten haber trabajado con ellas. El sindicalista colombiano Javier Orozco Peñaranda, exiliado en España, con el que tuve el honor de compartir una charla, nos decía que “el carbón que se importa de Colombia se saca en condiciones de esclavitud”.

El 95 por ciento del carbón extraído en Colombia se exporta – de eso 70 por ciento a Europa, entre los que se encuentra España, obteniendo altas para los consorcios energéticos –, a costa de ese “carbón de sangre.
Pero también fuera de las minas la explotación de carbón exige sus víctimas:
Aproximadamente 130.000 personas fueron expulsadas, gran parte de manera violenta, durante los años pasados solo en la región de las minas de Cerrejón.

Este “carbón de sangre”, a base de mano de obra esclava en unas condiciones laborales aberrantes y paramilitares contratados por estas empresas mineras para matar a los sindicalistas mineros y echar a los granjeros de sus tierras, es el que asegura el suministro a los países de Europa, entre los que se encuentra España, obligando a cerrar sus minas porque es mucho más barato – dicen -, aunque sea otra de las grandes mentiras que se manejan en el mercado.

Paradójicamente, días antes de que ENEL anunciara su ruptura con las empresas aludidas, una delegación de empresas asturianas encabezadas por Isaac Pola, exDirector General de Minería y Energía y exconsejero de Industria en el gobierno autonómico del Principado de Asturias, visitaban las instalaciones de esas empresas mineras en Colombia para cerrar “alguna contratación para empresas asturianas”, siendo el puerto gijonés del Musel la principal vía de entrada del carbón colombiano en España, hasta dejarlo convertido en la mayor mina de España, con millones y millones de toneladas amontonadas con ese “carbón de sangre” a la espera de su especulación en el mercado de futuros, sobre todo, después de que el gobierno español procediera al cierre de todas sus explotaciones mineras.

Pero este “carbón de sangre” no solo era extraído en tierras colombianas, porque sus métodos mafiosos y criminales también se practicaban en nuestro país, concretamente en la localidad asturiana de Teverga, de la mano del cuatrero Vitorino Alonso “Don Vito”, que comentaremos a continuación.

De repente, aquellas minas teverganas de HULLASA, que durante muchos años habían estado intervenidas por la Hacienda Pública, comenzaron milagrosamente a obtener beneficios desde el primer día de la gestión de “Don Vito”. Pero lo más sorprendente era que, con más de la mitad de la plantilla en el paro y sin haber invertido una sola peseta de los ¡¡¡ dos mil millones de pesetas !!! que tan generosamente había recibido del gobierno felipista del PSOE para modernizar las instalaciones, “extraía” el total de la producción que le había asignado el Gobierno. ¿Cómo era posible que la explotación minera tevergana se transformase, de la noche a la mañana, en el negocio más rentable de la economía española?

El modus operandi consistía en trasladar en camiones el carbón importado desde la zona portuaria hasta una explanada que tenía “Don Vito” en el pueblo gijonés de Pinzales, donde también se llevaba el carbón extraído en Teverga, Minas de Ventana y otras cortas a cielo abierto de la zona, al margen de los camiones con residuos de lavadero y escombrera que también basculaban allí, para proceder a mezclarlo y colocarlo estratégicamente en la caja del camión que descargaría en térmica un 60 por ciento de carbón y otro 40 por ciento de tierra, de tal manera que con una tonelada de carbón sudafricano colombiano, adquirida por aquel entonces al precio de 4.000 pesetas, se sacaban casi dos toneladas y media vendidas al precio de 16.000 pesetas cada tonelada, siendo abonada la diferencia de 4.000 a las 16.000 pesetas por el Estado. Como la operación resulta sumamente sencilla de realizar, cada uno puede echar sus propias cuentas, y cuando lo multiplique por la cantidad de millones de toneladas de carbón que se meten en las térmicas españolas en esas condiciones, se podrá comprender el súbito enriquecimiento de tanto “chorizo” felipista a cuenta del robo multimillonario que se comete, se sigue cometiendo, contra nuestra Hacienda Pública en una descarada connivencia con los gobiernos del PSOE, en sus vertientes estatal y regional.

Pero, ¿quién coño era aquel Victorino Alonso García? ¿De qué cloaca habían sacado semejante hampón para transformarlo en el empresario minero por excelencia del régimen felipista del PSOE? ¿Por qué los gobiernos del bipartidismo PPSOE le permitían continuar con sus prácticas mafiosas, permitiéndole incluso que siga extrayendo carbón en explotaciones a cielo abierto totalmente ilegales, dándose la grotesca situación de que muchas de las cuales se realizan en territorio leonés del Valle de Laciana, declarado ni más ni menos que Reserva Mundial de la Biosfera? ¿Cómo se puede tener la cara de cemento armado para “machacar” constantemente al sufrido contribuyente español, y a la vez permitir a este narco-carbonero la realización de uno de los mayores fraudes contra el erario público?

A pesar de haber sido prohibido por varios Tribunales de Justicia y, especialmente, por el titular del Juzgado nº 2 de lo Contencioso-Administrativo de León, Fernando Javier Muñiz Tejerina, que instruyó la causa que ha provocado la SENTENCIA DE PARALIZACION Y CLAUSURA DE LA EXPLOTACION, el narco-carbonero DON VITO continuaba expoliando impunemente el carbón a cielo abierto de EL FEIXOLIN y otras, en pleno corazón de una RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA…

¿ Cómo es posible que a un personaje de esta calaña, que había tenido la desfachatez de prestar declaración bajo juramento ante los Tribunales Superiores de Justicia para afirmar que “no soy propietario ni de tan siquiera una de las acciones de cualquiera de la empresas del GRUPO ALONSO, es decir, tengo un componente accionarial igual a cero”; que incluso no presentaba declaraciones de patrimonio ni de renta, porque decía no tener más patrimonio que una vieja moto y vivía de las “propinas” de su padre, se le adjudicase por parte de Caja España – presidida y gestionada por los hombres de la máxima confianza del exsecretario general del PSOE y expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero -, la mayor empresa minera privada del país ? Me refiero, claro está, a la histórica MSP del conde de los Gaitanes, la cual había sido víctima de una polémica quiebra instada por la Cajastur “areccina” y la Caja España “zapateril”, pasando a ser propiedad de esta última entidad financiera, donde su presidente, Ángel Villalba, exsecretario general del PSOE castellano-leonés y excandidato a la presidencia del gobierno autonómico, se hizo con un asiento en su consejo de administración hasta finales del año 2.000.

DON VITO con su “protector” José Luis RODRIGUEZ ZAPATERO, expresidente del gobierno español… no en vano los grandes asuntos jurídicos del narco-carbonero se llevaban desde el despacho del padre de Zapatero, el exdecano del colegio de abogados de León y secretario del ayuntamiento leonés durante el franquismo…

La cuestión era que todo ese entramado mafioso de “Don Vito” era perfectamente conocido por los “hombres fuertes” del PSOE en las comarcas mineras lacianegas y bercianas de León, pero muy especialmente por el hombre de la máxima confianza de Zapatero en la presidencia de Caja España, Ángel Villalba, y sería éste quien a la hora de adjudicar una empresa de aquellas características a un “insolvente” que ni siquiera pagaba la manutención de las hijas que había tenido en su primer matrimonio con María del Mar Blanco Diaz, ordenó que figurase en el encabezamiento de la empresa la denominación genérica  de Grupo de Empresas de “Don Vito” (GEVA), donde ya figuraba “Don Vito” como presidente, administrador único o apoderado de cada una de las 39 empresas que componían el grupo por aquellas fechas.

En este entramado mafioso de empresas GEVA, con un capital social en torno a los 2.000 millones de pesetas, y un movimiento de dinero en suministros superior a los 40.000 millones de pesetas anuales, “Don Vito” utilizaba para la constitución de las sociedades a “seis consiglieris” fundamentalmente: Antonio Francisco de la Fuente Vidales, Manuel Fernández Alonso, Juan José Fernández López, Esteban Guerrero Contreras, Lucio Fernández Tascón y, desde el año 1.991, al “socialista del  PSOE-UGT” y exsubdirector general de minas en el gobierno de Felipe González , Juan Antonio Martín Moreno, un “experto en la ingeniería financiera” que, junto al capo “Don Vito”, negoció con su otro “compañero socialista del PSOE” en Caja España, Ángel Villalba, la más que vergonzosa adjudicación de la MINERO SIDERURGICO DE PONFERRADA para la “cosa nuestra”. ¡Tan era para ellos, que uno acabó como director general y el otro sentado en su bien renumerado consejo de administración!

Una de las prácticas que llamaban enormemente la atención en los aspectos contables del entramado mafioso GEVA era la referida a los incrementos de capital realizado en las sociedades del grupo, cuya causa común era la de canjear las deudas y los créditos que las sociedades tenían con WATERCARD, S.A., una sociedad inscrita en el registro público uruguayo, con NIF en España A-5241043, siendo su representante legal Esteban Guerrero Contreras. A través de varios informes de la INTERPOL URUGUAY, MADRID y WASHINGTON, pude saber fehacientemente que todo el entramado mafioso del narco-carbonero “Don Vito” tenía su vértice o pico del iceberg en tres empresas extranjeras: la citada WATERCARD, S.A.; ELBEIDA, S.A., también de nacionalidad  uruguaya, con NIF en España A-5241044 y con domicilio fiscal en el número 4 de la madrileña calle de Enrique Larreta; y FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION, sociedad de derecho norteamericano, del Estado de Delaware  – el único estado que permite dentro de las fronteras de EE.UU. la creación de “empresas fantasmas” – en cuyos certificados de constitución y fundación, acta de la primera junta y estatutos de la sociedad aparecen las firmas del señor William T. Quillen, como secretario de Estado de Delaware, y de María Jaquete Pasca como subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno felipista del PSOE.

Victorino Alonso García (La Vid de Gordón, León, 26 de agosto de 1952) es un empresario español, dedicado principalmente a la industria de la minería del carbón. El Grupo Alonso poseía hasta su liquidación las sociedades Unión Minera del Norte y Coto Minero Cantábrico, las dos principales empresas españolas del sector, que sumaban más de 4.000.000 de toneladas de carbón, lo que suponía el 40% de la producción nacional

Resulta gracioso, por grotesco, leer las actas de las asambleas extraordinarias de las sociedades anónimas WATERCARD y ELBEIDA, celebradas ambas a las 9 horas del día 18 de febrero de 1992, en la Plaza Independencia, 808, Apto. 1101 de Montevideo – donde sólo concurrió a cada una de las asambleas uno de los accionistas, representando la totalidad del capital de 5.000 $ con derecho a 5.000 votos -, para nombrar como administrador en ambas a Victorino Alonso García, habiendo actuado como presidente la señora Marta Otero de Dovat, y como secretaria, la señorita Graciela Sabella, única accionista que, poseyendo el don de la ubicuidad como el resto de los asistentes, asistió a las dos asambleas a la vez. Claro, que mucho más esclarecedoras resultarían las declaraciones del abogado uruguayo, Eduardo Sayagues Areco, ante el oficial principal de la INTERPOL – MONTEVIDEO – URUGUAY, Luis Pereira:

– ¿Posee usted conocimiento sobre las sociedades anónimas ELBEIDA Y WATERCARD? explique-

– Sí. En el año 1.992 un cliente del Estudio Ángel Prieto, economista español con despacho en la calle Recoletos, 4, de Madrid, nos encargó un informe sobre la legislación uruguaya en materia de sociedades del tipo holding, y meses después llamó por teléfono para pedirnos que adquiriéramos dos sociedades anónimas holding ya hechas. Cumpliendo el encargo, adquirimos las sociedades ELBEIDA Y WATERCARD al Estudio de contadores Lafitte y Lublenerman y, tal y como nos pidió el señor Prieto desde España, procedimos a retirar la documentación de las sociedades, quedando las mismas depositadas en el Estudio sin ninguna clase de actividad económica o comercial.

– Explique la relación de WATERCARD y ELBEIDA con el señor Victorino Alonso García. 

– Lo único que sabemos es que, desde el principio, el señor Prieto nos comunicó desde España que el señor Victorino Alonso García, español, sería administrador único de ambas sociedades.

– ¿Les informó el señor Prieto cómo operarían las sociedades WATERCARD y ELBEIDA?

– Lo único que nos comunicó fue que necesitaban desde España un estudio legalizado para poder operar en Europa, que sus clientes estaban por iniciar operaciones en la ex-Rusia.

¡Y vaya si iniciaron las operaciones en la ex Rusia, tal como decían los abogados uruguayos, refiriéndose a la URSS! Se trataba de recurrir a la importación masiva de carbones procedentes de la antigua república soviética de Ucrania, donde “Don Vito” ya había adquirido alguna “explotación” minera de la rica y extensa cuenca minera del DONBASS, para colocar sus producciones en las térmicas españolas, haciéndolo pasar por carbones nacionales – como vino siendo la norma de este narco-carbonero con el silencio encubridor del gobierno felipista del PSOE -, ya que nadie puede ignorar que con la integración de la MSP en la “cosa nuestra”, el gobierno del PSOE había puesto en manos de “Don Vito” un cupo de carbón en torno al 40 por ciento del total de la producción carbonera española.

Sobre las actuaciones de este cuatrero conocido por “El Tori” o “Don Vito” en la aludida empresa tevergana de HULLASA para que cada cual pueda juzgar si, de verdad, estamos ante un empresario creador de riqueza y empleo o, por el contrario, estamos ante un auténtico gánster empresarial que, en los momentos que necesite, también tiene sus “sicarios” al estilo de los paramilitares de los empresarios colombianos, para disparar contra los mineros que reivindican sus derechos, su mina, su comarca, caso concreto del compañero minero tevergano, Manuel Isaac Álvarez García, que fue asesinado por los tiros de la pistola disparada por uno de los sicarios de “Don Vito” – Francisco Álvarez Álvarez -, el día 30 de junio de 1992, en la plaza del Pozo San Jerónimo en Santianes de Teverga …

Jesús Urrutia García, exsecretario general de la FIA-UGT y exconsejero de Industria, Comercio y Turismo en el gobierno autonómico de Asturias (2000-2003)

“Esto de La Camocha no es nuevo, y, por lo tanto, es necesario que los gestores de las minas trabajen con legalidad y limpieza, vigilando el destino de los seis millones de toneladas de carbón que anualmente se importan en Asturias”.

Jesús Urrutia García, Consejero de Industria, Comercio y Turismo del gobierno autonómico de Asturias (2000-2003)

La cuestión es que, apenas habían transcurrido cuatro meses desde la “podredumbre generalizada del PSOE” que había dado el turno al gobierno del Partido Popular en 1996, cuando los diputados del PSOE, Javier Fernández Fernández – expresidente del gobierno autonómico de Asturias – y José Luis Rodríguez Zapatero – expresidente del Gobierno de España -, presentaban una denuncia en el Congreso de los Diputados sobre posibles irregularidades del Ministerio de Industria del gobierno presidido por Aznar en la tramitación de ayudas y cobro de subvenciones carboneras en algunas empresas mineras, aunque al final, alguien desde los escaños les apuntó “por lo bajini”, que no abrieran fuego con carbón, “no fuera a ocurrir que salieran ellos chamuscados”, y la cosa quedó en una pequeña ascua, cuando, de repente, todo el sector minero se quedaba convulsionado cuando ve reproducidas aquellas imágenes de la Guardia Civil llevándose detenidos a todos los miembros de la dirección de la emblemática mina de La Camocha, como si de unos vulgares ladrones de gallinas se tratase.

Víctor Zapico Zapico (Ciaño de Langreo 1947- Oviedo 2017) 

La mina de La Camocha se había segregado de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) para caer en las manos de otro cuatrero de la mafia carbonera que olvidaba sus pistolas en cualquiera cajón del despacho: Fernando Luis García Brugos, alias “El Ruchu”, siendo el motivo de su detención un supuesto fraude contra la Hacienda por valor de 15.000 millones en pesetas de 1999, donde destacaba con luz propia un exalto cargo del PSOE, archiconocido en los ambientes del carbotráfico y de las falsas inversiones sitgeskuwaitís para la implantación de Petromochos en Asturias: don Víctor Zapico Zapico.

Este apasionado exfalangista había llegado a las filas del PSOE de la mano de otro exfalangista como Fernández Villa, procedente del Partido Comunista de Asturias, quien le habría designado “ministrin” de Obras Públicas y Transportes en el gobierno felipista de Rafael Fernández para ocupar, primero la Dirección Regional de Minas, y más tarde la Consejería de Industria en el gobierno del Principado de Asturias, justamente desde donde mejor se podía controlar el contrabando del carbón.

Modus operandi de los carbones de importación depositados en la explanada de la Mina de La Camocha con destino a las térmicas de Aboño y Soto la Barca.

En efecto, aquellas fórmulas de “carbón sudafricano + carbón nacional + tierra de escombrera: tantas mil de pesetas, limpias de paja y polvo, por tonelada de carbón metida en térmica”, o , aquella otra de “carbón colombiano + carbón de cielo abierto + residuos de lavadero : tantas mil pesetas tan sucias como las anteriores” eran las empleadas con el pleno conocimiento de los responsables irresponsables del gobierno felipista, dándose casos tan espeluznantes de empresas que, sin tener trabajadores en plantilla, sin embargo, colocaban anualmente el cupo asignado por el gobierno de la nación, o el caso sangrante de HUNOSA que, para maquillar las cuentas de su corrupta gestión, recurría permanentemente a estas prácticas mafiosas a través de sus múltiples operadoras en los cielos abiertos, las cuales no hicieron otra cosa que hacer desaparecer pueblos enteros y degradar irreversiblemente una parte importante de esa Asturias que alguien, desde la propia Consejería de Industria, Comercio y Turismo, se empeño en eliminar aquello de “paraíso natural” para seguir “adelante, con nuestros negocios carboneros”.

Mina de La Camocha con el carbón de importación amontonado en la explanada de la empresa.

Pero, volviendo al “camochomocho” de Fernando Luis García Brugos “El Ruchu”, nada mejor que situarnos en el año 1997, cuando quedaba suscrito el nuevo sistema de ayudas regulado en el plan de la minería del carbón 1998-2005 y adaptado a la decisión CECA 2632/93. Este plan establecía un volumen de ayudas de 160.000 millones de pesetas anuales, de los cuales un 65 por ciento correspondían a las ayudas a la explotación y la reducción de  actividad, todo ello al margen de otros 704.000 millones de pesetas para el periodo, que hicieron del plan en marcha el gran negocio para el gobierno, la patronal, la banca y los pandilleros del sindicalismo somático y cocoso: el Gobierno compraba la paz social a los sindicatos mineros por unos miles de millones que, consignados en la partida de “formación”, no escondían más que la financiación encubierta de los aparatos sindicales; eso sí, dos o tres veces año convocaban alguna de las “huelgas pactadas con el gobierno” para que los trabajadores vean que todavía les queda algo de dignidad y vergüenza. La Patronal se lleva un porcentaje de cada tonelada de carbón que deje de producir, al margen de seguir percibiendo la subvención correspondiente a las toneladas que dicen extraer de sus minas, y la Banca se beneficia con la administración y gestión de los miles y miles de millones de pesetas destinadas a la prejubilaciones desmovilizadoras, todo ello encaminado al cierre de las minas, dejando las comarcas desoladas y empobrecidas, con alguna que otra carretera, sin enlaces, para que los jóvenes puedan marcharse hacia otros lugares en busca de lo que tan injustamente les robaron.

Carbón colombiano para la mina que Goldman Sachs tiene abierta en el Musel de Gijón.

De acuerdo con el nuevo sistema suscrito, durante el año 1999, la mina de La Camocha que había recibido 5.000 millones de pesetas en ayudas anuales del Estado, había comprado 90.000 toneladas de carbón sudafricano que transportó desde los puertos marítimos de Amberes y Ámsterdam hasta los puertos de Gijón y Avilés en 19 barcos, siendo el consignatario la firma Bergé Marítima. Desde las zonas portuarias serían transportadas en camiones hasta una explanada en los terrenos de La Camocha, alquilada a Trabajos y Explotaciones – empresa que gestionaba Juan José Cachero, uno de los socios de García Brugos en Carbones Linares –, donde se mezcla con el extraído en La Camocha y otros carbones de cielo abierto más el porcentaje correspondiente de tierra, y, ¡carretera la de las térmicas de Aboño y Soto Ribera!

De esta forma, el mix de coste mejoraba sensiblemente al mezclar carbón extraído de La Camocha a 132 euros por tonelada por un carbón que se pagó, fletes incluidos, entre 24 y 36 euros, es decir, casi cuatro veces más. Eso sin olvidar los porcentajes de cielo abierto y tierra añadida que, lógicamente, incrementaban las ganancias a cuenta del fraude permitido contra Hacienda, al recibir la mina, además del precio pagado por la térmica – igual que el internacional bien referenciado al índice McKluski bien referencial de la UE -, la subvención estatal, prevista para cubrir la diferencia entre el coste real de la producción y el precio de venta, esto es, 90 millones de euros en una sola tacada, o si se prefiere, 15.000 millones de pesetas.

Como bien decía el Consejero de Industria del Gobierno autonómico de Asturias, Jesús Urrutia, “todos los años entran seis millones de toneladas de esos carbones” que saca el negro sudafricano por el precio de una cerveza, o el niño colombiano por un bocadillo de mortadela, después de 12 y 14 horas de trabajo, como yo mismo he tenido ocasión de ver en ambos lugares, para que cuatro hijos de puta coman langosta con Dom Perignon a cuenta del erario público y del sacrificio de los mineros españoles que están condenados a sufrir el cierre de sus explotaciones como, de hecho, ya ha ocurrido.

Por fin, habiendo transcurrido 16 años desde aquella detención de 25 directivos que componían la cúpula directiva de Mina La Camocha por un supuesto fraude a la Hacienda, el 20 de enero de 2014 daban comienzo las sesiones judiciales en el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón contra los cinco imputados resultantes de las “añejas instrucciones” – Manuel Martín Martín (presidente, consejero y apoderado de Mina La Camocha), Ángel Manuel García Brugos (administrador único de Hullas de Coto Quirós), Guillermo Alfredo Honrubia Álvarez (apoderado tanto de Hullas Coto Quirós como de trabajos y Explotaciones), Víctor Zapico Zapico (apoderado de Mina La Camocha) y Margarita García Fernández (responsable de contabilidad y apoderada de Mina La Camocha) -, para los que la Fiscalía había solicitado 9 años de cárcel y una multa de más de 17.000 de euros para cada uno.

Charo Fernández Hevia, la “jueza roja”, dejó muestras más que evidentes en sus muchos años de ejercicio del Derecho en Asturias que no estaba dispuesta a renunciar a la coherencia y por eso tiñó siempre de sus ideas, de izquierdas, feministas y reivindicativas, su ejercicio profesional. No había una Charo Hevia jueza y una Charo Hevia ciudadana.

Nada hacía presagiar que aquella investigación, iniciada en 1998 por una denuncia presentada ante los juzgados de Oviedo por el autor de este libro, siendo diputado de Izquierda Unida, podía llegar a su celebración y mucho menos a una sentencia condenatoria, sobre todo cuando el proceso de instrucción había sido archivado en dos ocasiones, hasta que llegó este a las manos de una jueza valiente donde las hubiera – Rosario Fernández Hevia – que, después de más de diecisiete maratonianas sesiones, dictaba sentencia contra los cinco imputados de la “trama carbonera” de Mina La Camocha: Nueve años de prisión y una indemnización de 16 millones de euros para cada uno, así como otros 21 millones de euros a pagar proporcionalmente entre los cinco condenados, tras considerarlos culpables de fraude en el cobro de subvenciones europeas por vender a las térmicas carbón importado como si fuera de la mina de La Camocha, según la sentencia dictada acorde con las pruebas del delito: “informes de la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antifraude de la Guardia Civil (UCIFA) – actualmente integrada en la UCO, que dirigió la investigación con el apoyo de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón – sobre la llegada del carbón importado por los puertos de El Musel y Avilés, la mezcla en una explanada de la empresa minera y el reenvío a la térmica de Aboño; las declaraciones de los camioneros que acarrearon el carbón; las cartas que Hidrocantábrico envió a Mina La Camocha tras detectar mezcla de carbones; el informe del Instituto del Carbón (Incar) que constató la mezcla de carbones y coque de petróleo en una muestra del enviado a la térmicas; un informe pericial de dos técnicos de Hacienda, que concluyó que entraron irregularmente en Mina La Camocha 98.686,4 toneladas de carbón ajeno y otro informe pericial de un ingeniero de minas que cuestiona las cifras de producción declarada por la empresa“.

Manuel Martín, Margarita García, Victor Zapico, Guillermo Honrubia y Ángel Garcia Brugos en el banquillo de los acusados, siendo condenados a nueve años de cárcel y 25 millones de euros en el primer juicio de la “trama carbonera de La Camocha”.

Sin embargo, el juicio por el fraude de Mina La Camocha sería anulado, teniendo que volver a celebrarse un nuevo juicio con “otro juzgador”, según sentencia de la sección número 8 de la Audiencia Provincial de Gijón, presidida por María Luisa Barrio Bernardo-Rúa – fallecida el 20 de setiembre de 2017 – y a la que también pertenecen los magistrados Agustín Pedro Lobejón Martínez y Santiago Veiga Martínez que, si bien acepta los antecedentes de hecho de aquella sentencia, no admite la declaración de hechos probados, que queda sin efecto.

La sentencia considera que la jueza interrogó demasiado tiempo a los testigos, extralimitándose de su papel neutral en el desarrollo de la vista, y les hizo preguntas que revelaban “una previa toma de posición con respecto al objeto del enjuiciamiento”. El motivo es que la Audiencia Provincial aprecia “falta de imparcialidad”, mostrándose muy severa con la jueza del caso, Rosario Hevia, a la que acusa de “haberse extralimitado en su función de dirigir los debates, revelando el contenido de las preguntas formuladas, así como las valoraciones hechas con ocasión de los interrogatorios”. La Audiencia concluye que la jueza llegó a realizar preguntas innecesarias, de contenido incriminatorio, que revelaban un “juicio formado”, poniendo como ejemplo una pregunta que realizó esta a Víctor Zapico – éste solo respondía a su abogado defensor – diciendo que “lo normal no era que en la Mina La Camocha entraran camiones con carbón, sino que saliesen”.

De esa manera la decisión de la Audiencia, completamente excepcional – en 2015, el 97,1% de las sentencias penales recurridas ante la Audiencia asturiana fueron confirmadas íntegramente y solo el 0,27 fueron anuladas, según el boletín del Consejo General del Poder Judicial -, dejaba en el aire uno de los casos de corrupción más sonados de Asturias a la vez que cuestionaba con la mayor severidad a una jueza con una larguísima trayectoria de enfrentamientos con el estamento judicial asturiano. Hay que dejar clara constancia de que esta decisión judicial, “sorprendente” para algunos destacados juristas, cogió a Rosario Fernández Hevia ya fuera del partido judicial gijonés, pues en marzo de 2015 sería destinada como magistrada a la Audiencia de Valencia, tras 23 años en Asturias.

Tal como manifestaría la jueza Fernández Hevia a la revista Atlántica XXII desde su nuevo destino en Valencia, la repetición del juicio “No es algo habitual, pero entra dentro de la normalidad del funcionamiento judicial”, la jueza considera que no se le exige una imparcialidad imposible en cualquier ser humano: “No se trata de una imparcialidad total, sino de mantener una posición de neutralidad, y no hay límites marcados legalmente, entra en el criterio de cada Tribunal Superior o en este caso, al tratarse de la vía penal, de la Audiencia. Nos movemos en marcos que pueden ser más o menos amplios. En este caso, la Sala ha adoptado un criterio que respeto y acato”, señala la magistrada, que sí considera más excepcional la petición de las defensas de que se retire al fiscal del caso, Luis Miguel Llorente. “Me parecería más grave, no tengo memoria de algo similar”, asegura Fernández Hevia.

Una cuestión debe de quedar muy clara para los encargados y encargadas de la anulación del impecable y ejemplar juicio celebrado contra “la trama carbonera de Mina La Camocha”: En La Camocha “entraban camiones” con el carbón procedente de los puertos de Avilés y Gijón, así como de otras explotaciones mineras, y “salían camiones” con el carbón fraudulento para las térmicas de Abono y Soto Ribera. ¿Cómo se puede anular un juicio de estas características por este tipo de memeces? ¿Acaso el dinero robado en el colosal y multimillonario fraude al erario público también sirvió para pagar a algún que otro juez o jueza corrompido o corrompida?

Manuel Martin, Guillermo Honrubia y Ángel García Brugos condenados a siete años y medio de cárcel el primero, y cinco años y medió para los otros dos, además de una multa de 16 millones de euros para cada uno y otros 16 millones repartidos solidariamente entre los tres.

La cuestión es que, casi dos décadas después del comienzo de las pesquisas y tras dos juicios celebrados – el primero anulado, tal y como ha quedado explicitado -, con fecha de 2017, era  conocida la sentencia del segundo proceso, que condenaba a tres de los acusados – Manuel Martín, Ángel García Brugos y Guillermo Honrubia – por tres delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, aunque rebajaba sensiblemente los castigos del primer fallo al tener en cuenta la atenuante de «dilaciones indebidas». No obstante, el principal cambio es que absuelve a la imputada, Margarita García, directora contable de la explotación, que en el veredicto de 2014 fue considerada culpable.

El magistrado Luis Ortiz Vigil, juez titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de Gijón, condena al que fuera presidente de Mina La Camocha, Manuel Martín, a siete años y medio de prisión y al pago de 16 millones de euros de multa -6,1 correspondientes al primer ejercicio, 9,7 al segundo y 187.000 al tercero-, y al apoderado de Trabajos y Explotaciones y Hullas de Coto Quirós, Guillermo Honrubia, y al administrador único de HCQ, Ángel García Brugos, a cinco años y tres meses de cárcel y 16 millones de euros de multa, cada uno. Además, los tres condenados deben abonar al Estado de forma conjunta y solidariamente 16 millones de euros, más los intereses legales, en concepto de responsabilidad civil, y sufragar cada uno un cuarto de las costas del juicio. El fallo también incluye la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Sobre Guillermo Honrubia y Ángel García Brugos la sentencia aprecia «responsabilidad criminal» en concepto de autores por la ejecución de actos que permitieron el desarrollo del comportamiento defraudador. Su condena es de cinco años y medio de cárcel – un año y nueve meses por cada uno de los ejercicios– y una multa de 16 millones para cada uno. La cuarta acusada, Margarita García, quedó absuelta al no apreciarse, «a diferencia de lo ocurrido con el resto de acusados», su posible responsabilidad criminal. Según el documento, «resulta asumible la tesis de descargo», consistente en que la acusada «carecía, en su posición de persona responsable de la contabilidad de la entidad Mina La Camocha, de facultad alguna decisoria». Los otros dos acusados ya fallecieron: el dueño de la mina, Fernando García Brugos, durante la instrucción de la causa, y el director de servicios y también exconsejero de Industria, Víctor Zapico, que murió el 15 de abril de 2017.

La sentencia considera probado que la explotación obtuvo durante los años 1998, 1999 y 2000 millonarias ayudas destinadas por el Ministerio de Industria y Energía para la reducción de la actividad – unos 93 millones de euros-, pero también que Manuel Martín, con la finalidad de obtener un beneficio económico, «modificó de forma esencial el destino» de estas ayudas. De hecho, según el fallo, queda probado que adquirió unas 98.000 toneladas de carbón importado o nacional de cielo abierto -más barato que el propio – para mezclarlo con el de Mina La Camocha y después revenderlo a la térmica de Aboño, bajo la apariencia de que todo era extraído de los yacimientos gijoneses y, por tanto, merecedor de las ayudas.

Parte de este mineral fue comprado justificándolo como destinado a vales para los trabajadores, mientras que la mayor parte se camufló a través de empresas interpuestas: Hullas del Coto Quirós, del mismo propietario que Mina La Camocha, y Trabajos y Explotaciones. De ahí que Manuel Martín tenga una pena superior, ya que a él se le considera «autor por la ejecución directa, material y voluntaria» de los delitos, mientras que a Guillermo Honrubia y Ángel García Brugos se les considera, igualmente autores, pero por «la ejecución de actos que permitieron el desarrollo del comportamiento defraudador».

Miguel López Villar, otrora poderoso vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de la Junta que presidía su amigo Aznar fue condenado por prevaricación por conceder de forma irregular desde su responsabilidad en la Junta de Castilla y León subvenciones a empresas mineras asesoradas por su esposa, Rosario Carballo.

Como se podrá apreciar, las “puertas giratorias” también se abren en el sector minero, donde los principales empresarios mineros de España siempre les ha gustado rodearse de antiguos cargos de la Administración, conocedores de los entresijos del sistema, y Fernando García Brugos “El Ruchu”, propietario de Mina La Camocha ya fallecido no era una excepción, fichando a un exconsejero de industria como Víctor Zapico para la dirección general de servicios de la explotación gijonesa, el buque insignia de su conglomerado minero y también contratando los servicios de asesoría del exconsejero de Economía de Castilla y León presidida por Aznar, Juan Miguel Pérez Villar -inhabilitado en 1995 para ejercer cargos públicos, por prevaricación al dar subvenciones irregularmente a empresas mineras – y que fue el asesor fiscal de Mina La Camocha entre 1996 y 2006, que tuvo la desfachatez de calificar como “impecable” la contabilidad de la explotación gijonesa en su comparecencia como testigo en juicio oral, manteniendo su opinión a pesar de que inspectores de Hacienda echaron en falta la llevanza de parte de los libros y documentos necesarios para comprobar la veracidad de la contabilidad de la mina.

Respecto a los informes de los inspectores de Hacienda que echaban en falta el registro auxiliar del libro diario, con el que poder comprobar los asientos contables mensuales, el exconsejero de Castilla y León señaló que eso fue lo que “interpretó” el inspector de Hacienda, pero que sí había hojas que recogían esos datos, y refiriéndose al motivo por el que no fueron hallados esos libros contables, Pérez Villar respondió que “porque no los presentarían para la inspección”. ¿Porque no le interesaría a la empresa?, repreguntó el fiscal: “Pues claro”, contestó el testigo. La Agencia Tributaria no sólo echó en falta libros contables de los ejercicios 1998 y 1999, sino también balances e inventario, algo que el asesor fiscal dijo no recordar.

José Ángel Fernández Villa (Tuilla, Langreo, enero de 1943) es un sindicalista y político español, conocido por haber sido secretario general del SOMA-UGT durante 34 años. Fue senador del PSOE (1999-2003) y diputado del PSOE en la Junta General del Principado de Asturias (1983-2007). El 13 de octubre de 2009 recibió la Medalla al Mérito del Trabajo por parte del gobierno del PSOE, siendo expulsado del PSOE y del SOMA-UGT en octubre de 2014 por “chorizo”. El 20 de septiembre de 2018 fue condenado a tres años de cárcel por apropiación indebida de fondos pertenecientes al sindicato, a una multa de 24.000 euros y a indemnizar al SOMA 431.330 euros.

“Llevo sesenta años en primera línea de este negocio”.

José Ángel Fernández Villa (Diario La Nueva España, el 6 de junio de 2012)

Quien así se expresaba era el mismísimo Villa al encararse a su amigo de juventud y exminero de Hunosa, el jefe de la Policía Nacional de Antidisturbios, durante la protesta minera que cortaba los accesos de los camiones al puerto gijonés de El Musel, según las grabaciones publicadas por el diario La Nueva España, el 6 de junio de 2012: “joder, habíamos hablado y habíamos quedado en que no iba a suceder nada. Pero de golpe y porrazo aparecen… Yo no les echo la culpa a ustedes, ustedes obedecen criterios políticos y, bueno…”.

En efecto, Villa y sus compinches se habían presentado en el parque de carbones de Aboño a parar los camiones de El Musel, pero, tal y como afirmaba el presidente de la patronal del transporte Cesintra, Enrique Riaño, “nunca hemos visto a Villa presentarse allí para denunciar el fraude con el carbón de importación”.

Agentes de la UCO, a su llegada a los juzgados de Oviedo, con la documentación recogida en el domicilio del exsecretario general del SOMA-FITAG-UGT José Ángel Fernández Villa (30-05-2017)

¿Cómo iba a denunciar Villa el negocio montado en torno al carbón de importación cuando él mismo, como secretario general del SOMAFIAUGT, también formaba parte de la “trama carbonera”, recibiendo las correspondientes “mordidas” que mensualmente eran recaudadas por sus secuaces en las correspondientes empresas a las que se les había logrado cupo para meter el carbón en la térmica?

El “cupo” consistía en un acuerdo entre el gobierno y las eléctricas para introducir un mínimo de carbón nacional en las térmicas, el cual funcionó durante muchos años, sirviendo para ir alargando la agonía de una minería condenada a fenecer por decisión de una burguesía fielmente representada en el gobierno por el bipartidismo PPSOE, pero, sobre todo, para el enriquecimiento de patronos y pandilleros del sindicalismo. Unos cupos que el SOMAFIA manejaba, a través de su control político en la Consejería de Industria y Dirección Regional de Minas, donde el capo Villa había colocado a “consiglieris”, como Víctor Zapico o el mismísimo expresidente del gobierno asturiano, Javier Fernández, siendo el siguiente paso la elección de los secuaces encargados de visitar a las empresas para recaudar el porcentaje acordado previamente en concepto de “mordida”.

Primero fue el encierro en el Pozo Barredo de Hunosa, y después el de Mina La Camocha, ambos protagonizados por el mismo comediante que había dejado sentenciado que “antes de cerrar un solo pozo minero había que pasar por encima de su cadáver”, aunque al día de hoy siga vivo y todos los pozos cerrados. (Salida del encierro de Mina La Camocha, el 28 de setiembre de 2007)

Pero también, en el caso concreto de Mina La Camocha, un acuerdo tácito establecido entre la dirección de la empresa y las cúpulas somáticas y cocosas había transformado la mina en una especie de “chiringuito” donde iban a parar todos los familiares, funcionarios sindicales y amiguetes del pandillerismo sindical que, por distintos motivos no tenían donde cotizar a la seguridad social, algunos de ellos sin ni siquiera pisar las instalaciones de la mina. Al fin y al cabo, la mina no necesitaba mucho dotarse de profesionales mineros ya que su principal objetivo consistía en servir de tapadera para lograr los cupos con destino a la térmicas, tal y como ha quedado explicitado ampliamente en otro capítulo de este libro.

De esta manera, dirigentes sindicales como el exsecretario general de CC.OO. en Asturias, o el exsecretario general del SOMAFIAUGT en la comarca de Siero, acabarían adscritos a la Mina de La Camocha, sin haber pisado nunca una mina, y ello sin olvidarnos de sujetos que entraron en la plantilla con edades superiores a los 50 años para acabar prejubilándose en la empresa pública de Hunosa, donde fueron integrados todos los trabajadores de Mina La Camocha cuando esta cerró sus instalaciones el 28 de diciembre de 2007, después de setenta y dos años de actividad, con una plantilla que llegó a tener 1.600 trabajadores, y que supuso un importante motor económico para Gijón y para Asturias.

Paradójicamente, según se iba reduciendo el número de mineros, se iba incrementando el “poder” de los sindicatos en un contexto cada vez más escaso de recursos, con unas cuencas mineras donde había muy poco trabajo y una generación entera no tenía de que vivir, como no fuera seguir viviendo de las prejubilaciones y jubilaciones de sus padres y abuelos o tomar el camino del exilio. Pero los sindicatos gestionaban mucho dinero público, muchas redes clientelares y mucha influencia, especialmente el SOMA-PSOE, que se fue haciendo cada vez más mayoritario y sacándole más ventaja a CC.OO.

Este “chiringuito farmaceutico”, instalado en terrenos de la Hunosa en Turón, nunca llegaría a funcionar, pero el Tribunal Supremo ratificaba una sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias que inhabilitaba a Sadim Inversiones, la filial de diversificación de Hunosa, para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante un periodo de dos años por no velar por los fondos públicos en la quiebra de Laboratorios Diasa Pharma. La extinta firma farmacéutica de Turón estaba participada en un 40% por la hullera pública. También le exige el abono de un máximo de 420.774 euros por los impagos tras la liquidación de la farmacéutica, que corresponde a la deuda generada por el retraso en la entrada en concurso de acreedores de la empresa…

No obstante, pese a la multimillonaria lluvia de dinero recibido a través de los “fondos mineros”, la salida a la crisis minera nunca fue una salida solidaria ni mucho menos. Aquello fue “un sálvese quien pueda” a base de algún que otro “chiringuito”, de aquellos creados bajo la premisa de “coge el dinero y corre”, eternamente agradecidos al pandillerismo somático, pero que sirvieron también para dejar al descubierto que muchos de esos pandilleros sindicales eran unos auténticos “chorizos”.

Como ha quedado dicho, uno de los “chorizos” que se enriquecieron con el saqueo de la caja pública fue, precisamente, el secretario general del SOMAFIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, tal y como se informaba desde el diario EL PAIS en su portada correspondiente al 7 de octubre de 2014 que “el líder histórico de los mineros asturianos ocultó 1,4 millones de euros a Hacienda”. Pero en contra de lo que se pudiera pensar de que se trataba de una brillante investigación periodística, aquello respondía a una muy pensada y decidida filtración. Aquello era una voladura controlada, un golpe a uno de los líderes del pandillerismo sumiso a la burguesía, quien, pensando que nada le podía ocurrir por haberse prestado tan servilmente a los intereses y objetivos de la burguesía, había ignorado aquello de que “Roma no paga a traidores”, hasta el extremo de que, una vez realizada la operación encomendada del cierre de los pozos mineros y condena de las comarcas mineras a la miseria y a la desesperación, sería arrojado como un “kleenex” al contenedor de la basura.

Villa formando parte de la Comisión Ejecutiva del PSOE junto a su protector Alfonso Guerra.

En efecto, el modo en que Villa afloró el dinero fue tan cutre que cuesta creer que hubiera sido el virrey del PSOE en Asturias. Estaba tan seguro de que nada le podía ocurrir que le pareció hasta normal presentarse en el banco con bolsas llenas de dinero. Él era “el Padrino”, aquel que los domingos aparcaba su Audi A6 o su Mitsubishi en la plaza y se ponía a leer la prensa mientras la gente iba subiendo al coche a pedirle favores: “Oye, padrino, búscame un empleo para mi hija en el geriátrico de Felechosa, en el sanatorio Adaro, en el HUCA, o en cualquiera de los “chiringuitos” creados al efecto”.

Lógicamente, el incierto origen de aquellos 1,4 millones de euros “lavados” causaron un auténtico terremoto en las filas de la “famiglia” SOMA-UGT-PSOE, y no era para menos. Nos encontramos ante un hecho que por sí mismo suponía una enmienda a la totalidad del régimen político asturiano, no en vano Villa había sido el factótum de ese régimen fraguado durante la Segunda Restauración Monárquica o “modélica transición”. Por sus manos habían pasado las principales decisiones sobre la presidencia del Gobierno autonómico de Asturias – Rafael Fernández, Pedro de Silva, Juan Luis Rodríguez Vigil, Antonio Trevín y Javier Fernández – y de la Caja de Ahorros – desde Ángel Fernández Noriega hasta Manuel Menéndez Menéndez -; por no hablar de los alcaldes y concejales de los ayuntamientos de las comarcas mineras asturianas, así como todo tipo de chiringuitos y organismos públicos. Villa era el hombre a quien el todopoderoso vicepresidente del gobierno de España, Alfonso Guerra, había apoyado incondicionalmente, situándole como único asturiano en la ejecutiva federal del PSOE. De esa manera Guerra “El Canijo” controlaba todos los hilos a través de quien había sido becado políticamente para ostentar el virreinato asturiano desde su centro de operaciones en Hunosa con la fuerza de su “chequera sindical”. 

Villa con el también todopoderosos vicepresidente del gobierno del PP, Francisco Alvarez Cascos, con quien se reunía secretamente en el chalet que Isidro Fernández Rozada tiene en la localidad leonesa de Valjunco. Allí se disponía la asignación y destino de los “fondos mineros”, especialmente aquellos que iban destinados al hormigón para las carreteras, no en vano eran los que más porcentaje dejaban…

Todos estos y otros muchos personajes que, de repente, habían sufrido la terrible enfermedad de la amnesia crónica, son deudores de Villa. De ahí la urgente necesidad que tuvieron, desde el principio, de buscar un sospechoso distanciamiento del personaje en cuestión. Los prohombres del SOMA-UGT y la FSA-PSOE, empezando por un cínico e hipócrita Javier Fernández y terminando por los dirigentes del pandillerismo somático, se mostraban sorprendidos por el descubrimiento de lo que no era más que la punta de la punta de un iceberg de colosales dimensiones, pretendiendo matar al padre en la profundidad de los fondos mineros, algo, por otra parte, muy propio de los herederos que tratan de liberarse de su dictador, pero también de construir un cortafuego para ponerse a salvo de la onda expansiva de aquella voladura minera.

Al respecto, resulta tan grotesco como vomitivo tener que leer el confuso artículo firmado por su antiguo compinche del pandillerismo sindical, el ex secretario general de CCOO de la minería, Antonio Hevia, que con el título de “linchamiento moral de Villa”, publicaba el diario La Nueva España, en su edición del 21 de agosto de 2016, un extraño artículo en el que sostiene que lo que denomina “demonización” del exlíder del SOMA, sin explicar en qué consiste tal cosa, hace daño al agonizante sindicalismo minero.

Antonio Hevia: “Nunca tuve constancia de que Villa, ni nadie, recibiera comisiones de los empresarios del carbón” (Comparecencia en la Junta general del Principado de Asturias)

No, Antonio Hevia, no. A Villa no lo ha demonizado nadie, a Villa lo fusilaron al amanecer desde el Gobierno de Mariano Rajoy, difundiendo su nombre, en diferentes momentos y operaciones políticas, junto con los de Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Diego Torres – ex socio de Iñaki Urdangarin –, la famiglia Pujol Ferrusola, así como el del hombre bomba de Martinsa Fadesa, Fernando Martín, en una operación de libro de las que se suelen organizar desde las cloacas del Estado, al publicar unos pocos nombres seleccionados de una lista secreta de 30.000 evasores que se acogieron a la amnistía fiscal del 2012 – hoy sin publicar a pesar de las múltiples promesas realizadas por el actual presidente de España en funciones, Pedro Sánchez -, y en aquel fusilamiento de Villa, tal y como ha quedado explicitado exhaustivamente en mi libro sobre el “VILLAMOCHO”, cooperó, puede que más cogido por los cataplines que por otra cosa, el ya expresidente de la FSA-PSOE y del gobierno autonómico de Asturias Javier Fernández, que en este asunto vive sin vivir en él, y no le llega la camisa al cuerpo. En su artículo, Hevia dice algo, no sé si con toda la intención, de manera inocente, o por torpeza: “desconozco las razones que puede tener Villa para permanecer en silencio, cuestión que nos sorprende a los que le conocimos más de cerca, aunque desde posiciones políticas diferenciadas, pero solamente faltaría para terminar de cuadrar el círculo que alguien le hubiera enviado un SMS diciéndole: José Ángel, sé fuerte”.

Resultaba más que evidente que si el pandillero Hevia, gran amigo y colaborador de Villa, y único que parece salir a dar tímidamente la cara por él ante su fusilamiento político, desconoce las razones por las que el ex líder del SOMA permanece en silencio, no hay forense ni picapleitos que pueda defender que lo hace por razones de salud que le impidan decir la verdad. Eso sí, flaco favor le hace también al compararle con Bárcenas, para que todos veamos a continuación al presidente Javier enviándole un SMS como el que Rajoy envió a su antiguo tesorero y hombre de confianza.

Aparentemente, su amigo Hevia le estaba haciendo un flaco favor a Villa, al reconocer públicamente que éste permanece en silencio de manera deliberada, cuando la Audiencia está a punto de decidir si tiene que declarar o no amparándose en razones médicas, salvo que en realidad el artículo aludido fuera más retorcido de lo que parecía a primera vista. Por otra parte, para nadie de todos aquellos que conocemos bastante el percal podemos tener duda alguna que, si Hevia dijo lo que dijo, lo ha hecho con pleno consentimiento y conocimiento de Villa.

Así las cosas, tras sortear múltiples obstáculos derivados de las “enfermedades” esgrimidas por la defensa de Villa para evitar ser juzgado, el día 22 de junio de 2018 daban comienzo las sesiones del juicio con este sujeto sentado en el banquillo de los acusados junto con su “consiglieri” Pedro Castillejo. Un sitio indeseado, sobre todo si se llega a él como consecuencia de una querella criminal presentada por los que un día fueron sus compañeros y consiglieris en el SOMAFIAUGT, su sindicato, aquel sindicato que había gobernado durante 34 años con puño de hierro y poderes omnímodos, sin que sus conmilitones le pusieran ninguna pega o reparo. Una querella, por cierto, muy difícil de entender al ser presentada por el secretario general somático, José Luis Alperi, un hombre que había sido aupado a la cúspide del sindicato por el propio Villa.

Villa en el banquillo de los acusados junto a su compañera María Jesús y su “consiglieri” Castillejo: “Nunca me apropié del dinero del sindicato” y “jamás” se cuestionaron internamente las cuentas del sindicato minero SOMA-UGT que se aprobaban “por unanimidad”, afirmaba el ex secretario general del sindicato minero, José Ángel Fernández Villa.

Desde ese momento, la admiración por el “padrino” se había trocado en escándalo y toda la familia socialista del SOMA-UGT-PSOE pasaron a escenificar la condena del hereje, expulsado de sus filas de una manera exprés sin darle opción a abrir ni siquiera la boca, con un objetivo muy claro de querer hacer ver ante la opinión pública que lo del “Villamocho” era un caso de degradación personal, particular, que en absoluto afectaba a la “famiglia socialista”, y vino la primera querella del SOMA por supuesta apropiación indebida de 420.000 euros, a la que se sumaba la acusación de la Fiscalía pidiendo cinco años de cárcel. Sin embargo, dígase lo que se diga por parte de los querellantes en su conjunto, y preséntense las querellas criminales que se quieran, el juicio que se iniciaba no era más que el cuestionamiento de una larguísima etapa política asturiana en el que el virrey de Asturias – José Ángel Fernández Villa – mandaba por encima de las instituciones, tal y como ha quedado explicado con anterioridad.

Allí, sentado en el banquillo de los acusados, aquella imagen de un Villa con un pañuelo blanco limpiándose la baba que le caía entre sus labios distaba mucho de la de aquel otro poderoso Villa luciendo su cigarro puro “cohíbas” cuyo humo exhalaba entre el ordeno y mando. Sentado entre su compañera María Jesús Fernández y el otro acusado, su “consiglieri” Pedro Castillejo, podría hasta provocar cierta compasión, si no fuera porque durante 34 años había ejercido su poder omnipresente en Asturias.

Después de todo un proceso judicial realizado a base “trompicones” como consecuencia de las “locuras” y los ingresos hospitalarios de Villa, por fin, con fecha 20 de setiembre de 2018, la Audiencia Provincial hacía pública su sentencia condenatoria contra José Ángel Fernández Villa por un delito de apropiación indebida continuado.

Portada del diario La Nueva España, el 21 de setiembre de 2018

El tribunal, presidido por la Magistrada María Luisa Barrio, le imponía tres años de prisión y una multa de 24.000 euros – diez meses a razón de 80 euros el día -, así como la indemnización al SOMA de 431.330 euros, prácticamente la cuantía que el sindicato minero le reclamaba. Su condena se sumaba a la de su “consiglieri” Pedro Castillejo, el otro acusado en el juicio del “VILLAMOCHO”, que también fue condenado a dos años de prisión por el mismo delito, así como a la indemnización a la fundación somática INFIDE de 114.954 euros.

Con la sentencia en la mano, ésta considera probado que, desde noviembre de 1989 hasta enero de 2001, Villa «vino recibiendo» de la empresa Hunosa, además de otros ingresos por su condición de consejero de la empresa, cheques extendidos a su nombre por cantidades que el sindicato había de percibir en concepto de dietas por la asistencia de sus miembros al comité intercentros. Sin embargo, estos cheques, recoge la sentencia, los cobraba Villa bien directamente o bien a través de otra persona designada por él. Una apropiación que se eleva a 234.462 euros. También se considera probado que, a partir de febrero de 2001, cuando Hunosa modificó el sistema de abono y comenzó a hacerlo mediante transferencia bancaria, Villa abrió una cuenta bancaria a nombre del SOMA desde la que, a su vez, transfería el dinero recibido a otra cuenta, también a nombre de esta organización sin actividad sindical – el SOMA era una cosa y el SOMAFITAG-UGT era otra -, donde se recibían los citados ingresos por parte de la hullera pública. Sin embargo, era el SOMA-FITAG-UGT quien se encargaba de abonar las dietas por la asistencia al comité intercentros con los ingresos de sus afiliados.

Esta sentencia condenatoria contra José Ángel Fernández Villa ha sido acogida en Asturias con bastante indiferencia. La misma con la que la opinión pública ha condenado al ostracismo hace tiempo a quien fuera el generalísimo del PSOE y de los mineros asturianos durante 34 años.

El paro juvenil se duplica desde 2008 en la región y alcanza el 44,5% en el año 2018, y solo uno de cada cuatro trabaja o busca empleo. La falta de trabajo ha obligado a emigrar ya a más de 41.600 jóvenes de entre 16 y 35 años en la última década.

En realidad, la gente ya había condenado a Villa al olvido. Empezando por su extensa nómina de “parientes” políticos y pandilleros sindicales que le deben todo – a costa de liberaciones sindicales, cargos políticos o empleos en la Administración y en empresas privadas – y necesitaban enterrar su propio pasado, que siempre, por mucho que traten de esconderlo, siempre estará bajo sospecha. Ni uno solo de los políticos, sindicalistas, banqueros, empresarios o periodistas que se rendían a sus encantos e inclinaban la cabeza a su paso, en señal de reconocimiento a los favores concedidos, alzó la voz en defensa de su jefe y protetor desde que Villa cayó en desgracia, con excepción de sus “consiglieris” – José Antonio Postigo y Pedro Castillejo -, los otros dos dirigentes somáticos que comparten con él banquillo judicial. Y para la gente joven Villa no es más que un dinosaurio tan antiguo como Franco, a quien el que fuera todopoderoso líder político y sindical sirvió durante aquellos duros años como uno de sus confidentes policiales. Un chivato de la Brigada Político-Social al mando del temible Claudio Ramos. Probablemente eso se observe en especial en las cuencas mineras, donde un paro juvenil en torno al 45 por ciento tenga mucho que ver, para quienes lo padecen, con la corrupción del villismo, que condenó al paro o al destierro a los hijos de quienes disfrutaron de las prejubilaciones pactadas por el SOMA.

Buenas tardes, y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a los compañeros José Castañón y Cándido Carnero por la organización de este acto en mi pueblo natal de Moreda de Aller para hablar desde esta magnífica tribuna de la Casa de la Cultura, y gracias a los compañeros Pablo y Diana  que me acompañan. Es un honor contar con vuestra presencia aquí, entre nosotros, pero yo solo soy un compañero más que no pretende sino aportar un poco de luz en el oscuro túnel de las pensiones que, junto con el paro y la corrupción, suponen los mayores y más graves problemas que tenemos planteados en nuestro país.

Es verdad que todos los avances, mejoras y acuerdos alcanzados en los últimos meses de lucha por unas pensiones dignas son bienvenidos, como lo son las principales reivindicaciones que reclaman las plataformas de pensionistas, pero la lucha en la calle y en las instituciones no puede cesar hasta lograr una solución permanente que impida que estas se pongan en cuestión, protegiendo las pensiones públicas hasta elevarlas en la Constitución a la categoría de derecho fundamental a la vez que prohibiendo su privatización y pérdida de poder adquisitivo. De ahí la importancia de nuestro voto a la hora de meter la papeleta en las urnas ante cualquier proceso electoral.

Estamos cansados de escuchar que las mujeres y los pensionistas son dos colectivos sociales poco permeables a las exigencias políticas: en ambos casos se los tenía por votantes mayoritariamente cautivos por la clase dominante, casi siempre conservadora en lo imaginario, pero también de izquierdas. Tanto es así que los partidos no suelen tenerlos de partida entre sus preocupaciones electorales; apenas en los días de campaña les suelen hacer guiños que luego olvidan cuando se instalan en los sillones del poder.

Pero en los últimos tiempos esta actitud y esta sensación han empezado a cambiar. Las mujeres, respaldadas por el peso intelectual, artístico y laboral que han cobrado, alzan su voz en defensa del derecho a la igualdad que les asiste, y han conseguido, sino la culminación de sus objetivos, sí avances muy importantes. Lo han demostrado también, y de manera más sorprendente, los pensionistas. Después de muchos años con las pensiones encubiertamente congeladas, han reaccionado en defensa de sus derechos.

Las manifestaciones en muchas de las grandes ciudades han despertado entre ellos una conciencia, social y política, fundamentada en la reivindicación legítima de un derecho adquirido. Sus argumentos, nuestros argumentos, son convincentes: hemos tributado varias décadas para garantizarse un futuro tranquilo y, por lo tanto, solo reclamamos lo que se nos adeuda, y las movilizaciones de las compañeras y compañeros por todos los rincones de España son el ejemplo de que la lucha continúa.

Y, sin más preámbulos, me vais a permitir que comience mi intervención con unas reflexiones a modo de sinopsis, centradas en los conceptos que titulan mi ponencia.

LA PRIMERA, para poner de manifiesto que nuestro sistema público de pensiones está en una permanente deconstrucción, al  igual que viene ocurriendo con la mayor parte de los sistemas europeos, de acuerdo con el discurso corsario del Banco Mundial para el abordaje a los sistemas públicos de pensiones, asumidos por la Unión Europea en sus libros Verde y Blanco sobre pensiones, y muy recientemente desarrollados a través del PRODUCTO PANAEUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES (PEPP), aprobado por el Parlamento Europeo, el 4 de abril de 2019, con los votos favorables de los populares y liberales, la abstención del PSOE y el voto en contra de PODEMOS.

Un plan de pensiones de ahorro a largo plazo con muy escasas posibilidades, por no decir nulas, para su rescate, que no busca sino canalizar más dinero hacia los mercados de capitales, impulsando el programa de la Unión de Mercados de Capitales.

En realidad, se trata de una “colecta” del capital que, al grito corsario del neoliberalismo viene a decir algo así como: ¡¡¡Ahorradores, prestadle dinero al capital, necesita liquidez!!!

Las sucesivas reformas perpetradas por los gobiernos del bipartidismo PPSOE durante los últimos 35 años nos están abocando a un futuro de pensiones precarias y pensionistas empobrecidos donde, según estimaciones de la propia Comisión Europea, en 2030 un ciudadano con un salario de 1000 euros recibirá una pensión de 600 euros, y en 2050 será tan sólo de 465 euros. Por lo tanto, el problema no es si las pensiones se podrán pagar el mes que viene: el problema es que las pensiones públicas del futuro, caso de seguir existiendo, no van a permitir una vida digna después de muchos años de trabajo.

Ello, sin olvidar que, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, el 32,6 % de los pensionistas cobran en la actualidad menos de los 8.200 euros que delimita el umbral de la pobreza. Es decir, más de tres millones de personas, de las cuales el 60 por ciento de los pensionistas que perciben pensiones por debajo del umbral de la pobreza son mujeres.

LA SEGUNDA, para constatar que la estructura legal de nuestro sistema de pensiones no es más que el resultado de reformas que siempre han tenido como argumento evitar la quiebra de la Seguridad Social, elevando primero, en 1985, con el gobierno felipista del PSOE, desde 10 a 15 años el periodo mínimo de cotización para acceder a pensión; después, en 2011, con el gobierno de Zapatero, elevando la edad de jubilación desde 65 a 67 años; y más recientemente la introducción por parte del gobierno Rajoy del “factor de sostenibilidad”, eliminando la revalorización automática de las pensiones a partir de 2013, aunque mucho antes ya lo había comenzado a realizar el gobierno de Zapatero con el incremento cero para las pensiones. Por cierto, muy aplaudido por todos y cada uno de los diputados y diputadas del PSOE, puestos en pie, entre los que se encontraba el actual secretario general y presidente en funciones del gobierno de España, Pedro Sánchez, aquel 12 de mayo de 2010.

Desde mi punto de vista, el problema de la sostenibilidad del sistema público de pensiones siempre se ha venido planteando de la peor forma posible, tratándolo como un problema técnico cuando, en realidad, se trata de un problema político. Se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medio, cuando el verdadero quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende con ello que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos son los que producen” cuando la variable importante es “cuánto se produce”. Lo ocurrido con la agricultura puede servir como ejemplo de lo dicho:  Hace cincuenta años el 30 por ciento de la población activa trabajaba en la agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5 por ciento, pero ese 4,5 por ciento produce más que el 30 por ciento anterior. Por lo tanto, habrá que ir pensando en la necesaria cotización de las máquinas.

Sí, compañeras y compañeros, es hora de empezar a hablar de cómo hacer que coticen las máquinas a la Seguridad Social. De este modo, la pérdida de empleo para las personas no derivaría en una pérdida de ingresos para la Seguridad Social y podrían seguirse pagando las pensiones ahora y en el futuro, aunque haya muchos menos recursos humanos trabajando.

Si a ello sumamos las nefastas reformas laborales, que han precarizado el empleo, otorgando más poder a los empresarios en perjuicio de los trabajadores, esto nos ha llevado a unos salarios reales menores y, con ello, a una mayor dificultad para cotizar.

Cuando el empleo es seguro, estable y de calidad, el sistema de pensiones ingresa lo suficiente para repartir y no sufre, pero si el empleo se vuelve inseguro, inestable y de baja calidad, el sistema entra en zona roja e ingresa menos de cuánto debe repartir.

En ese escenario, la reforma del sistema efectuada por el gobierno Zapatero en 2011 no hacía más que consolidar los principios corsarios al discurso oficial sobre las pensiones, y su reforma laboral de 2010 no sólo ha supuesto una verdadera desamortización del mercado de trabajo, despojando la política de empleo de su dimensión social y devolviendo a manos privadas la regulación de las relaciones laborales, sino que supuso una auténtica bomba de relojería en el corazón de nuestra Seguridad Social, de tal manera que, desamortizado el mercado laboral, la desamortización del sistema público de pensiones quedaba convertido en el más lucrativo negocio privado.

LA TERCERA, para afirmar que el objetivo de fondo no es otro que acabar con el sistema público de pensiones, lo cual procurará un doble beneficio al capital. El más evidente: promocionar el negocio de los sistemas privados de pensiones y lograr que las cotizaciones gestionadas actualmente por la Seguridad Social lo sean por agencias privadas propiedad del oligopolio bancario, dando más dinero fresco a la banca para seguir especulando en los mercados financieros.

Se trata de trasladar el modelo “piñerista”, implantado bajo la dictadura militar de Pinochet en Chile, donde jubilarse en aquel país hermano es algo así como sacarse un carnet de pobre para los ya de por sí pobres.

Y los “piñeristas” españoles están inmersos en ese abordaje corsario para convencer a los gobiernos del bipartidismo PPSOE de que la vía buena es la de favorecer los fondos privados de pensiones a costa de recortar nuestro sistema público, hasta llegar incluso a su desaparición.

En otras palabras, existen poderosos sectores de las finanzas que buscan una España en la que jubilarse con cierta dignidad sea solo un privilegio reservado para aquellas y aquellos agraciados que cobran auténticas millonadas:

LA CUARTA, para confirmar que  el objetivo de los gobiernos neoliberales del bipartidismo turnista PPSOE no fue otro qué alcanzar el mayor debilitamiento de la clase trabajadora, porque sin pensiones garantizadas, los trabajadores seguiremos siendo ciudadanos temerosos ante nuestro futuro, cada vez más incapaces de movilizarse en defensa de nuestros intereses, y ni siquiera de perder un solo día de cotización para hacer una huelga, quedando obligados a trabajar hasta el fin de sus días, aquellos que tengan el “privilegio” de tener un puesto de trabajo.

Se trata, compañeras y compañeros, de ir al desmantelamiento de lo que un día se llamó el “Estado del Bienestar” que siguió al final de la II Guerra Mundial, con sus políticas de pleno empleo y amplios servicios públicos redistribuidores de renta y riqueza logrados a través de la “lucha de clases”, esa “lucha de clases” que hoy se ha transformado en una “lucha de frases”.

Por supuesto, tanto el gobierno actual del PSOE como los que le precedieron del PP, pueden seguir esgrimiendo cifras y más cifras en defensa de sus reformas antisociales, pero lo que no es de recibo es la interpretación que se puede hacer de cada una de ellas.

Pudiendo ser cierto que la Seguridad Social cerró 2018 con un déficit equivalente al 1,4 % del PIB, ¿por eso no se pueden pagar las pensiones? ¿a quién puede escandalizar un déficit tan exiguo como el de la Seguridad Social? ¿Acaso no cerraron las Administraciones Públicas en 2009 con un déficit del 11% del PIB, en 2010 del 9,4%, en 2011 del 9,6%, en 2012 del 9, en 2016 del 4,51 %, en 2018 con el 2,9%, y se financió?

¿No se puede financiar un déficit del 1,4 % o es que depende de a quién vaya destinado el dinero? Recordemos que buena parte del déficit de aquellos años se debió al rescate bancario, y resulta más que indignante cuando el gobierno de Mariano Rajoy ha destinado al rescate de las Cajas de Ahorros, la misma suma que había en la llamada “hucha” de las pensiones.

Utilizar este método de asignación del déficit a las políticas con insuficientes recursos propios, implicaría afirmar que existe también déficit en el capítulo de defensa, infraestructuras, protección ciudadana o justicia.

No es que el déficit de la Seguridad Social sea elevado: la clave radica en si los trabajadores tenemos o no la misma capacidad de presión que la banca para que el Estado ponga el presupuesto a su servicio.

Mirad, compañeras y compañeros: manejando exactamente los mismos números que manejan los turnistas gobiernos del PPSOE, el dinero de nuestras cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los últimos cuarenta años, éste ha servido, se ha utilizado para muchas cosas, desde la financiación de la sanidad hasta las pensiones no contributivas pasando por la financiación de los propios Presupuestos Generales del Estado.

Sí, compañeras y compañeros, con el dinero de nuestras cotizaciones, de vuestras cotizaciones, se han financiado hasta los Presupuestos Generales del Estado, y si todo ese dinero se hubiese destinado exclusivamente al fondo de las pensiones, ahora mismo ese fondo de pensiones tendría ¡¡¡MEDIO BILLÓN DE EUROS!!!

Por lo tanto, si el dinero de nuestras cotizaciones ha estado financiando otras políticas, sería justo que ahora otras políticas, otros impuestos, financiasen a las pensiones. En absoluto habría ningún problema de sostenibilidad si el fondo de pensiones hubiese sido destinado a las pensiones. Sí, claro que hay dinero para las pensiones. Claro que el sistema de pensiones es sostenible. Los que no son sostenibles son los corsarios del neoliberalismo gubernamental al abordaje del Estado del Bienestar.

¿De dónde puede sacar el Estado más dinero para no tener déficit y garantizar las pensiones? Buscad en internet, buscad la palabra GESTHA, que es una organización de inspectores de Hacienda que se dedica a informarle a nuestro pueblo de lo que está ocurriendo tras la cortina de la economía y los impuestos.

Y estos inspectores, que saben perfectamente de qué se está hablando, nos dan los siguientes datos escalofriantes: ¡¡¡En España se defraudan todos los años 90.000 millones de euros!!! Y dicen mucho más: el 72 % de ese fraude lo tienen los grandes empresarios de este país. En España, por lo tanto, está sobrando dinero.

Pero hay un fraude que pone los pelos de punta y que demuestra realmente a quienes sirven determinados políticos y sus gobiernos, esos mismos que han lanzado una campaña de desprestigio sobre Pablo Iglesias desde el reciente proceso electoral del 28 de abril.

Existe una cosa que se llama Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). Es decir, un señor quiere pagar menos dinero y menos impuestos por su dinero y funda una SICAV, pero le ponen una condición: tiene que haber por lo menos cien personas y entre todas juntar 2,4 millones de euros. Yo pongo 2 millones y el resto lo reparto entre las 99 personas o “mariachis”. Desde ese momento yo no pago el 35 % de impuestos, sino que pago el 1 %. ¡¡¡Claro que es un escándalo, esto es un robo consentido!!!

El caso es que los inspectores de Hacienda cuando se dieron cuenta de qué estaba haciendo el señor y sus “mariachis”, quisieron meterle mano. Y cuando empezaron los trámites, el PSOE, el PP, CIU y PNV aprobaban una ley en el Congreso por la cual, esto se quita a los inspectores de Hacienda y se le pasa a una entidad nueva que se llama Comisión Nacional de Valores (CNMV), y ésta lo primero que dice es que: Aquí ya no se mete mano a estos señores y, además, olvídense de retroactividades.

Por eso, que en España cuando dicen no hay dinero, decidles que “eso es mentira”. Qué están mintiendo como malditos bellacos.

¡¡¡Hay dinero, mucho dinero!!!, el problema es si se quiere ir por él. Si se va a los paraísos fiscales, si se coge la fiscalidad, si se tiene el valor cívico de meterle mano a uno de los problemas más gordos que hay junto con el de la economía sumergida.

Por cierto, ¿por qué todos los partidos, a excepción de UNIDAS PODEMOS, se han opuesto a que la banca devuelva los 60.600 millones procedentes del dinero de los contribuyentes para el rescate de la banca? Sirva como comparativa que esta cuantía sería suficiente para volver a llenar la tan manoseada “hucha de las pensiones”, pero todos los partidos, con la excepción de UNIDAS PODEMOS, se oponen porque la banca es quien les mantiene, es la que manda en el país, es la que que maneja los hilos que mueven las marionetas sentadas en las poltronas ministeriales.

El Estado no quiere tener más ingresos. Pero no porque el Estado sea misericordioso con los que tienen el dinero. Es que el Estado es el dominguillo, el criado, el títere del auténtico poder económico; por lo tanto, nuestro problema es con el poder. Lo que pasa es que el gobierno se interpone, porque es el fiel manisero de ese poder.

Todo lo que se nos ha contado sobre nuestras pensiones es mentira. No es verdad que gastemos en pensiones de manera desproporcionada.

Nuestro país se gastó el año pasado en pensiones un 12% de su Producto Interior Bruto, muy por debajo de Francia (15%), Alemania (14,4%), Portugal (14,9%), por no hablar de Italia (16,5%) o Austria (14,6%), y muy por debajo de la media de la zona euro (13,6%), según los datos oficiales de Eurostat, la oficina estadística de la UE.

Además, nuestras pensiones, según la estadística oficial comunitaria, están un 30% por debajo de la media europea en Paridades de Poder de Compra (PPA). Así, la pensión de jubilación española es inferior a la que mantiene a los pensionistas en Portugal y Grecia, y se encuentra muy lejos de las que perciben en Austria, Luxemburgo, Suecia, Holanda o Italia, quedando por detrás de nosotros las prestaciones que reciben los países del Este e Irlanda.

Pero, además, el sistema de pensiones cumple una función macroeconómica evidente, no en vano representa el 12 % del PIB actual orientado a consumo y, por tanto, una fuente básica de demanda de bienes y servicios suministrados por empresas, profesionales y administraciones públicas, con impacto evidente en la actividad económica, el empleo y la generación de retornos relevantes también, vía impuestos.

Por otra parte, constituye un mecanismo potentísimo de cohesión social, territorial y, muy especialmente, de solidaridad intergeneracional. Por lo tanto, la consecuencia lógica de todo ello es una formulación de “cómo debemos actuar para preservar, reforzar y garantizar nuestro sistema público de pensiones, el mismo sistema, a ser posible mejorado, del que tienen que seguir disfrutando nuestros hijos y nietos”

Ni siquiera es cierto que el déficit de la Seguridad Social se deba a un aumento espectacular de los pensionistas. Se debe, sobre todo, tal y como ha quedado dicho, a las sucesivas reformas laborales que han mandado a los trabajadores a la precariedad permanente con salarios de subsistencia.

Y no es que los salarios sean bajos porque se produzca menos riqueza que antes. Al contrario, ahora se produce más, tal y como ha quedado dicho. El problema es como se está distribuyendo ese dinero, cada vez más en menos manos, dónde los salarios son la principal base sobre la que se produce este trasvase de riqueza que acaba en manos de la oligarquía financiera.

Se trata de caminar, amigas y amigos, hacia una redistribución más justa, más equitativa, de la inmensa riqueza que produce nuestro país, comenzando por los salarios, y exigiendo que no haya ningún salario por debajo de 1.000 euros mensuales, a la vez que poniendo fin a este continuo saqueo sobre el conjunto de la población trabajadora.

Además, abundando más en el tema, ¿por qué se habla del “déficit” de la Seguridad Social y no de otros organismos del Estado? ¿Cuál es el déficit de la Casa Real? ¿Y del Ministerio de Defensa? ¿Cuánto dinero de nuestros impuestos se destina todos los años a la Iglesia? ¿Y cuánto al rescate de las autopistas? ¿Cerramos la Universidad? ¿Dejamos de hacer carreteras?

Solamente, por hablar del gasto militar en España por estar en la OTAN y la UEO con sus gastos de personal incluida la seguridad social supone hablar de 2,47 billones de pesetas, es decir el 2,8 por ciento del PIB.

Por lo tanto, decir que la Seguridad Social se encuentra al borde de la quiebra es una estupidez, porque detrás de la Seguridad Social está el Estado con todos sus recursos financieros.

En absoluto se trata de carencia de medios, es un problema de opciones: de a quien se da y a quien se quita, de qué gastos son prioritarios y, sobre todo, cuánto se recauda y de dónde.

En definitiva, compañeras y compañeros, ningún colectivo ha sido tan castigado económicamente como el de los pensionistas. Nadie ha sido tan estafado como los jubilados. Ninguna demagogia tan despreciable como la dirigida a los ancianos y ancianas, a quienes se asusta con el miedo a quitarles su pensión, cuando no la aceleración de su muerte.

Al respecto, es bien conocida la frase de aquel Ministro de Economía japonés afirmando que “el deber patriótico de los viejos es que se mueran cuando les corresponda, esto es, lo más pronto posible”, un pensamiento muy deseado por esos corsarios del neoliberalismo, aunque no lo digan tan claro, utilizando narrativas un pelín más sofisticadas, como por ejemplo que “el alargamiento de los años que los ancianos viven está creando un enorme problema a la economía del país”

En realidad, siempre según Eurostat, la agencia de datos de la Unión Europea, el porcentaje de la población anciana es prácticamente la misma en España (19 %) que el promedio de los países de la UE-15 (19,03 %) y ligeramente inferior a la de la UE-28 (19,4 %). No es cierto, por lo tanto, que nuestro país sea uno de los países con “más viejos” o “más abuelos”.

No es la pirámide de población, ni el incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos del bipartidismo PPSOE.

El riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal en España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4 %), inferior incluso a Grecia (34,9%) y a Portugal (36,1%), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente, y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo.

En la actualidad, compañeras y compañeros, más del 50% de los ¡¡¡ NUEVE MILLONES Y MEDIO DE PENSIONES EXISTENTES !!! está por debajo del Salario Mínimo y casi el 35% apenas llegan al mínimo, una situación mucho más gravosa para las mujeres, que de media cobran un 30% menos que los hombres, pero la cruda realidad es que ni al Gobierno, ni a la Patronal, les preocupa en lo más absoluto el sistema público de pensiones y la sostenibilidad de los pensionistas.

¿Hay alguna razón para que no se puedan pagar las pensiones? ¿Existe el menor riesgo de que dejen de cobrarse? El único peligro posible no nace de los hechos objetivos, sino de una ideología que considera pernicioso cualquier mecanismo redistributivo.

Introducir la incertidumbre, la duda y el miedo entre aquellas personas que, por haber llegado a la última etapa de su vida, se sienten más indefensas y son más vulnerables al argumento de la inseguridad es simplemente canallesco, porque el día que se diga que no hay dinero para el pago de las pensiones, ese día será que ha quebrado el Estado, y si esto llegase a ocurrir, entonces sería cuando el problema de nuestras pensiones, dejaría de ser un problema.

Por lo tanto, es necesario seguir luchando en la calle y en las instituciones a través de nuestros representantes políticos, para dar soluciones al problema de nuestras pensiones. Y para lograrlo, es totalmente necesario llenar los parlamentos y ayuntamientos de compañeras y compañeros rojos, verdes y moradas, procedentes, no sólo de la universidad, sino de las fuerzas del trabajo y, como no, del propio colectivo de pensionistas.

En la actualidad, cada vez que toca la paga doble de nuestras pensiones, se nos machaca constantemente con que se han sacado tantos millones de la “hucha” de las pensiones, dejándonos “caer” que esto se va acabando. Pues bien, cuando se acabe que la vuelvan a llenar, así de fácil, pero que nadie trate de seguir engañándonos con el cacareado PACTO DE TOLEDO.

En efecto, éste ha sido para las prestaciones sociales lo que fueron los PACTOS DE LA MONCLOA de 1978 para los derechos laborales: las bases que propiciaron el principio del fin de un conjunto de derechos duramente conquistados a lo largo de la historia por el MOVIMIENTO OBRERO.

Aquellos “Pactos de La Moncloa” de 1978 fueron alborozadamente saludados como “una gran conquista para la democracia y los derechos de los trabajadores” de igual manera que el “Pacto de Toledo” de 1995 provocó el éxtasis de sus actores, declarando a los cuatro vientos que, gracias al pacto, quedaban garantizadas para el futuro los derechos sociales y el Sistema de Seguridad Social, incluida la jubilación, cuando la cruda realidad es que el “Pacto de Toledo” ha servido para introducir muy sibilinamente una novedad que, a la postre, ha resultado nefasta para los intereses de la clase trabajadora, al consagrar el llamado principio de “separación y diferenciación de las fuentes de financiación” del sistema.

¿Alguien piensa todavía que aquella proposición de ley que parió el Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995 a iniciativa de los pujolistas catalanes había caído del cielo? ¡Que va! Aquello respondía, igual que ahora ocurre con el PEPP referido al inicio de mí intervención, a una ofensiva internacional en contra de las pensiones públicas y a favor de las privadas, que partía del Banco Mundial y de la Unión Europea.

¿Qué se esconde tras tan ampuloso epígrafe?  Pues, lisa y llanamente, que a partir de la firma del “pacto”, la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva dependerán básicamente de las cotizaciones sociales, quedando excluida la posibilidad de complementar tal financiación con cargo a otras partidas de los Presupuestos Generales del Estado, creando para ello lo que se ha venido en llamar la “hucha” del Sistema de Seguridad Social, cuyos ingresos – exclusivamente provenientes de las cuotas sociales – deberán servir para el pago de las correspondientes prestaciones, de tal forma que una previsión – verdadera o falsa – de incapacidad de tal “hucha” para garantizar los pagos a medio y largo plazo, se traducirá inmediatamente en recortes de las prestaciones o, incluso de su desaparición pura y dura.

Si para algo ha servido el PACTO DE TOLEDO ha sido para mantener a la sociedad inconscientemente tranquila respecto a una supuesta robustez del sistema de reparto, donde se aceptaba sin más el marco de debate fijado previamente por el pensamiento corsario, cuando la realidad, oculta una elección profundamente ideológica: o mantener las pensiones en el ámbito de las políticas del bienestar, como una responsabilidad pública, o seguir aceptando su lento traslado hacia la esfera estrictamente individual.

En este contexto, resultaba verdaderamente grotesco, antes de acceder a las poltronas gubernamentales, tener que escuchar a los máximos dirigentes del PSOE, argumentar en su escrito de campaña electorera, después de haber sido ellos los mayores incendiarios de las reformas laborales y de pensiones “que tú pensión está en peligro, porque el Gobierno del Partido Popular ha fomentado el empleo precario y las cotizaciones son más bajas que nunca. Su objetivo no es otro que agotar el Fondo de Reserva para destruir el sistema público de pensiones y después privatizarlo. No lo podemos permitir”.

Pues bien, ahora ya están ellos en el gobierno, y los pensionistas seguimos en lucha a la espera de lograr nuestras justas reivindicaciones, porque “gobierne quien gobierne las pensiones se defienden”.

Es decir, por mucho que sigan rebuznando los González, Aznar, Zapatero, Rajoy, Rivera y Pedro Sánchez, las pensiones deben de seguir siendo sustentadas con cualquier tipo de partida presupuestaria y no sólo con las cotizaciones, a la vez que exigiendo el blindaje de las mismas en la Constitución Española de acuerdo con su artículo cincuenta que obliga al Estado a tener recursos suficientes para el pago de pensiones y su revisión periódica. Una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones, y que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones.

Es una broma cruel decirle a alguien que cobra 700 euros al mes que se haga un plan de pensiones privado. La verdad sobre nuestras pensiones es muy sencilla. Donde nosotros vemos un derecho, ellos ven el gran negocio.

Por todo lo dicho, y por mucho más que irá apareciendo en el debate, la movilización de la clase trabajadora, del conjunto de la ciudadanía, en contra de este ataque brutal contra la vida y la dignidad de las personas, es la única herramienta válida para paralizar este proceso tan irracional como inhumano. Por eso, el próximo 16 de octubre tenemos que reventar Madrid acudiendo desde todos los rincones de España a la movilización convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones para exigir al gobierno, sea del color que sea, una pensión digna que garantice una vida decente.

En Francia acaban de convocar una huelga general del transporte contra la reforma de las pensiones. ¿Sabéis cuales son los motivos de la misma? Porque el gobierno de Macron quiere ampliar la edad de jubilación desde los 62 años hasta los 64 y aumentar el número de años contribuidos necesarios para jubilarse, así como fusionar en uno solo los 42 regímenes de pensiones hoy vigentes y distintos en función de cada profesión. Aquí, en nuestro país, el gobierno del PSOE ha elevado la edad de jubilación hasta los 67 años y nos hemos quedado tan panchos.

Es cierto, que las pensiones actuales se han incrementado, desde el pasado mes de julio, el 1,6 por ciento, y las mínimas con un 3 por ciento; que la base reguladora para las pensiones de viudedad se verá incrementada hasta el 60 por ciento, y que el temible “factor de sostenibilidad” ha quedado anulado, de momento; pero no es menos cierto que, siendo positivas estas conquistas arrancadas, en absoluto sirven para ahuyentar las amenazas que se ciernen sobre las pensiones.

De ahí, compañeras y compañeros, debemos de seguir insistiendo con mayor fuerza que nunca en que la única manera de que las pensiones públicas estén de verdad protegidas frente al abordaje de los corsarios del neoliberalismo es blindándolas en la Constitución, tal y como ha quedado expuesto.

Finalizando mí exposición, y recogiendo las palabras de mi admirado Julio Anguita, refiriéndose al “Informe PETRAS” de 1996: ¡¡¡Chavales, no tenéis futuro alguno, salvo que luchéis!!!

El “Informe PETRAS” trata de un encargo del gobierno felipista del PSOE al profesor PETRAS que, cuando se lo entregó al gobierno, y éste leyó su contenido, se lo pagó y lo guardó en un cajón.

Entre sus conclusiones se decía en 1996: “Estamos ante la primera generación de jóvenes que van a vivir peor que sus padres”, pero decía otra cosa terrible: “Es una generación criada entre algodones, no está acostumbrada a la lucha. Este es el problema, este país no tiene ningún futuro, salvo lo que duren el sol, las playas y el turismo”.

De nada sirven las poses rebeldes: solo sirve la lucha, por eso hay que preparar los “gomeros” para acertar a la cabeza del gigante Goliat y derribarle.

En definitiva, la Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Algunos propugnan hoy volver a ese estado recuperando un capitalismo salvaje. Si los gobernantes y legisladores hincan la rodilla ante el poder económico, nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas es aprestarnos a la defensa civil con todas las armas que tengamos a nuestro alcance. Muchas gracias.

Cartel anunciando el acto sobre la Insurrección de Asturias en el Ateneo Republicano de Valladolid, el 3 de octubre de 2019

Buenas tardes, compañeras y compañeros, y gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a la dirección del ATENEO REPUBLICANO DE VALLADOLID y a la Fundación ANDREU NIN por la invitación que me habéis brindado para poder hablar desde esta magnífica tribuna sobre la Insurrección de Asturias en octubre del 34. Muchas gracias a la compañera Orosia Castán por la magnífica lección de Memoria Histórica que nos ha dejado en la presentación de este acto.

Entrando ya en el tema que nos ocupa hoy, comenzaré mi disertación manifestando que octubre del 34 no se puede decir que haya sido una revolución derrotada, sino abortada. Y, desde mi punto de vista, las causas de aquella frustración hay que buscarlas más en la debilidad y los errores de la propia izquierda, que en la habilidad o fortaleza de la burguesía española. Sólo en la región asturiana los trabajadores, fundamentalmente los mineros, pudieron poner en marcha el proyecto insurreccional que había madurado en sus conciencias desde finales de 1933. Y Asturias pudo comenzar, pero no podía ganar sola la revolución. El grito de Asturias, “Uníos, Hermanos Proletarios “(UHP), no se pudo hacer fuera de la comuna asturiana, y la respuesta tendríamos que buscarla, en primer lugar, en las diversas estrategias que desarrollaron los partidos políticos y las organizaciones obreras, confrontados a la prueba de la práctica en su nivel más elevado: la lucha por el poder.

Antón y Miguel Angel ante un cartel pegado sobre la Inaurrección de ASturias en una cabina de teléfono en La Plaza de la Libertad en Valladolid, el 3 de octubre de 2019

Son conocidas al respecto las condiciones exteriores e interiores que hicieron avanzar rápidamente la voluntad unitaria de la mayoría de los trabajadores desde 1933, tales como el ascenso del fascismo en Europa; la contraofensiva de la derecha y peso creciente de su ala más reaccionaria – la CEDA -, que se confirmaría en las elecciones de noviembre de 1933; la comprensión de la necesidad de superar la grave división existente en el movimiento obrero, agudizado desde 1932 en el enfrentamiento entre las dos grandes organizaciones obreras de masas, UGT y CNT, cada una con más de un millón de afiliados, en un país de veintitrés millones y medio de habitantes y cuatro millones de trabajadores asalariados.

En plena crisis económica, la UGT mantenía una línea de apoyo al gobierno republicano-socialista, especialmente a la política de Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo, mientras la CNT que, a partir del fracaso de la insurrección del Baix Llobregat en enero de 1932, y de la terrible represión que le siguió, había pasado a una posición de enfrentamiento frontal con el gobierno. Además, por si no fuera suficiente, esta radical división política entre los dos grandes sindicatos estaba acompañada de una división territorial, dándose la circunstancia de que en las zonas de hegemonía cenetista, las fuerzas ugetistas eran débiles, ocurriendo otro tanto a la inversa, cuya única excepción significativa era precisamente Asturias.

Antón Saavedra, Miguel Ángel Fernández y Orosia Castán en el Ateneo Republicano de Valladolid, el 3 de octubre de 2019

Habría que esperar a marzo de 1934 para que UGT y CNT constituyeran la ALIANZA OBRERA DE ASTURIAS como modelo que serviría de referencia al Movimiento Obrero sobre una base de independencia de clase, dejando claro que “aquellas organizaciones que tuvieran relaciones orgánicas con partidos burgueses las romperían automáticamente”; un programa ofensivo para “conseguir el triunfo de la revolución social en España, estableciendo un régimen de igualdad económica, política y social, fundado sobre principios socialistas y federalistas”; y constitución de un Comité Nacional, “que será el único que autorizadamente podrá ordenar al que quede en OVIEDO los movimientos a emprender en relación con el general en toda ESPAÑA”.

En un principio, la ALIANZA OBRERA tuvo una feliz acogida en la dirección del PSOE, controlado por el bloque Largo Caballero – Prieto, aunque no se debe de ignorar la honda crisis que atravesaba el PSOE en sus cuadros dirigentes. Tres tendencias encontradas, reforzadas por las propias incompatibilidades personales existentes entre los líderes, aparecían claramente expuestas. Por un lado, la posición revolucionaria, abrazada con entusiasmo por los elementos jóvenes del partido, la cual estaba encabezada por Largo Caballero, que llega al campo de la revolución decepcionado del reformismo socialdemócrata y de la colaboración gubernamental republicano – socialista. Opuesto a este grupo estaba la fracción representada por Julián Besteiro, que preconizaba la acción parlamentaria y la educación de las masas para un futuro papel directivo de la vida nacional, que no veía realizable de modo inmediato. La postura de Indalecio Prieto ocupaba el tercer grupo, cuya estrategia siempre consistía en ir acoplando su actuación a la marcha de los acontecimientos, más inclinado a la política general que a la de clase y suavizado, por entonces, de sus antiguos fervores revolucionarios.

Público asistente al acto sobre La Insurrección de Asturias en el Ateneo Republicano de Valladolid, el 3 de octubre de 2019

Ya, desde mediados de 1933, el discurso dominante de los socialistas era el de su facción de izquierda que, tras las elecciones de noviembre, pasó a plantear abiertamente el agotamiento de la vía parlamentaria y la necesidad de luchar por “la dictadura del proletariado”, tal como se recoge en la carta enviada por Largo Caballero a Maurin, en febrero de 1934: “… como las derechas para sostenerse necesitan su dictadura, la clase trabajadora, una vez logrado el poder, ha de implantar también su dictadura, la dictadura del proletariado. La hora de los choques decisivos se va acercando. El movimiento obrero debe prepararse para la revolución”.

Parece normal que un lenguaje de este calibre en boca de uno de los baluartes de la política de reformas moderadas del primer bienio republicano, y dirigente clave del PSOE-UGT en aquellos momentos, despertara ilusiones en el movimiento obrero, incluso entre los revolucionarios, pero la amarga experiencia nos iba a demostrar que las palabras revolucionarias se superponían con una continuidad socialdemócrata en aspectos esenciales. Las consecuencias de aquella política, sólo formalmente unitaria, fueron desastrosas para la revolución y constituyeron un grave obstáculo para la tarea central de atraerse a la CNT a la Alianza, por eso las Alianzas Obreras constituyeran sólo un breve episodio en la política del PSOE y que fueran abandonadas inmediatamente después de octubre, siendo muy interesante destacar al respecto otro de los aspectos de esta política socialista en 1934, como fue el carácter “secreto” del programa de la insurrección, hasta el punto de que el mismísimo Largo Caballero llegó a afirmar tiempo después que “la experiencia nos había demostrado la inutilidad de los programas en estos casos”.

Ateneo Republicano de Valladolid, el 3 de octubre de 2019

Francamente, resulta muy difícil saber a qué clase de “experiencia” se refería Largo Caballero, al margen del programa, pactado entre Prieto y él, que sólo se daría a conocer en enero de 1936, el cual, como dice el historiador Tuñón, “no afectaba al sistema capitalista ni a la economía de mercado, ni al sistema democrático parlamentario”, lo que nos hace pensar que la función de ese programa respondía exclusivamente a sellar el compromiso interno entre Largo Caballero y Prieto y, más precisamente, garantizar a este que, si la insurrección triunfaba, se guardaría el “izquierdismo” bajo siete llaves y se volvería  poner en marcha la experiencia reformadora del primer bienio. Y la razón que se nos ocurre de ocultar el programa fue que su publicación hubiera demostrado la falsedad del radicalismo verbal de Largo Caballero, al quedar claramente constatado que el programa no solamente estaba en las antípodas de la “dictadura del proletariado” o del programa de la ALIANZA OBRERA ASTURIANA, sino que además estaba en clara contradicción con la línea editorial que desarrollaba EL SOCIALISTA, cuando en el mes de julio decía que “La República se muere de una enfermedad contagiosa. De suciedad (…) Y en este trance, ¿qué decir?, ¿qué hacer? Nosotros decimos esto: que se muera. Y hacemos esto otro: prepararnos para la nueva conquista”.

Luis Alberto, presidente del Ateneo Republicano de Valladolid, recibiendo un libro de Antón Saavedra para la biblioteca del Ateneo, el 3 de octubre de 2019

Así, pues, los socialistas españoles, a pesar de toda la vocinglería levantada por ellos, nunca aspiraron a llevar adelante una revolución social. Los sucesos de Asturias se produjeron como consecuencia lógica de las premisas sicológicas establecidas por el clima revolucionario alentado desde los altos mandos de los socialistas y sus aliados. Pero la revolución de Asturias sobrepasaba las verdaderas pretensiones socialistas y no llegaban a tanto como aspiraban los verdaderos revolucionarios de aquella hora que, pese a quien pese, fueron los mineros, con sus miserables condiciones de vida y trabajo, sus agotadoras jornadas laborales por unos salarios de mierda, porque la revolución asturiana se basó, como es sabido, en dos organismos principales: las ALIANZAS OBRERAS y el SINDICATO MINERO. Ellos debieron atender a la preparación sicológica, a la labor organizativa, al armamento y a la formación de milicias.

Efectivamente, se ha hecho casi siempre especial hincapié en la importancia de las ALIANZAS OBRERAS, en su originalidad y fuerza, pero octubre del 34 fue obra de ¡¡¡ MINEROS !!!, y estos contaban con una organización sindical poderosa, encuadrada en las filas de UGT, que constituyó el verdadero nervio y clave de octubre del 34. Además, no debemos ignorar que el Partido Comunista de España no era todavía aquel gran partido que conocimos en la clandestinidad española como el único partido verdaderamente organizado y estructurado que luchó contra el franquismo.

Antón Saavedra firmando libros sobre La Insurrección de Asturias en el Ateneo Republicano de Valladolid , el 3 de octubre de 2019.

Desde mi punto de vista, lo que demuestra la experiencia, incluyendo la experiencia de 1934, es que la lucha por el poder necesita un programa revolucionario, es decir, un conjunto coherente de tareas asumidas por una amplia vanguardia y que puedan traducirse entre las masas trabajadoras en los objetivos concretos que las lleven a luchar por destruir el viejo poder y construir el poder revolucionario. En la situación concreta de 1934, un programa así era la condición para desarrollar una política de alianzas dentro de la clase obrera y con el campesinado, por lo que se puede concluir afirmando que la “ausencia” de programa solo sirvió para que el PSOE pudiera hacer la política de Prieto, con el lenguaje de Largo Caballero.

Así se perdió una experiencia de inmenso valor que sólo ASTURIAS había llevado hasta sus últimas consecuencias. Allí, en la región asturiana, la realización efectiva del “frente único” permitió establecer un verdadero poder local, en el cual pudieron coexistir sin grandes problemas, concepciones aparentemente antagónicas sobre el “modelo de sociedad”, de tal manera que, entre el Comité de La Felguera, dirigido por los anarquistas, y el de Mieres, de dirección socialista, no hubo finalmente grandes diferencias prácticas.

Claro que lo que hizo la COMUNA ASTURIANA fue destruir a nivel local el poder de la burguesía, estableciendo un poder obrero de excepción, en condiciones de guerra, ¡¡¡¡y resistir!!!! ¡¡¡No se podía hacer más en aquellas condiciones !!!, entre otras cuestiones, porque para hacer triunfar la insurrección a nivel estatal, la lucha planteaba tareas mucho más complejas. Cuando el primer manifiesto de la ALIANZA ASTURIANA estaba reclamando la creación de una ALIANZA OBRERA NACIONAL lo que estaba exigiendo era el cumplimiento de una de las condiciones políticas, no sólo organizativas, para la victoria de la insurrección: es decir, la existencia de una dirección central del movimiento revolucionario, capaz de dirigir la batalla contra el poder estatal burgués.

Antón Saavedra, Miguel Ángel Fernándfez y Orosia Castán en el Ateneo Republicano de Valladolid, el 3 de octubre de 2019

En efecto, compañeras y compañeros, aquella batalla se perdió, pero la lucha debe continuar y para ella deben servir las lecciones de OCHOBRE DEL 34, máxime si no queremos cerrar los ojos ante la gravísima situación que vivimos en nuestro país, especialmente en nuestra región asturiana donde seguimos pagando la venganza de la burguesía que nunca fue capaz de superar aquella Revolución de Octubre de 1934 abortada, que nunca perdida, tal y como alguien dejó dicho: “Al proletariado se le puede derrotar, pero jamás vencer”. Sirvan estas palabras de homenaje al recuerdo de todos y todas los luchadores y luchadoras que supieron estar a la altura de las circunstancias en esta lucha contra el imperio burgués, muy especialmente a mi “güelu”, José SAAVEDRA ZAPICO “José Cantera”, del que cada vez me siento más orgulloso de ser su nieto.

Muchas gracias por vuestra atención.

Covadonga, Manuel, Ovidio y Antón comiendo el bocadillo minero en Arenas de Cabrales, el 9 de octubre de 2019

Desde el año 2013 venimos disfrutando de la visita en Asturias de nuestra amiga mexicana COVADONGA NOVAL NICOLAU – este año hemos ampliado la familia con su hermano Ovidio – decidiendo realizar una visita a la tierra del queso cabrales en BULNES, de tal manera que a las 8,00 horas del día 9 de octubre iniciábamos nuestra excursión desde LANGREHOTEL, con Manuel de piloto y Antón de copiloto, en evitación de que no se nos pierda por el camino, jajaja…

Antón, Covadonga y Ovidio en Bulnes, el 9 de octubre de 2019

Una vez que llegamos a la villa de Arenas de Cabrales, después de comer el reglamentario bocadillo minero, nos dirigimo al pueblo de Poncebos, donde cogimos el funicular que nos lleva al pueblo de Bulnes. El pueblo de Bulnes es una parroquia perteneciente al concejo asturiano de CABRALES, con una superficie de 56,35 kilómetros cuadrados y una población de 34 personas repartidas entre Bulnes (22) y la aldea de Camarmeña (12). Está situada en el macizo central de los Picos de Europa y se encuentra situada a 649 metros sobre el nivel del mar distando 15 kilómetros de Carreña, capital del concejo de CABRALES, dividiéndose en dos barrios: Bulnes de Arriba o el Castillo y Bulnes de Abajo o La Villa. Tradicionalmente, sus vecinos han vivido de la ganadería y la elaboración del famoso queso cabrales, aunque actualmente es un importante centro turístico fundamentalmente de practicantes del montañismo o de amantes de la naturaleza.

Manuel y Covadonga en Arenas de Cabrales, el 9 de octubre de 2019

Hasta el año 2001, únicamente se podía acceder a Bulnes por un sendero, pero en la actualidad, los vecinos disfrutan de un funicular, cuyo uso es también turístico. Este tren de cable, que discurre por un túnel rectilíneo de 2227 metros, atraviesa las calizas de los Picos de Europa, más concretamente, las entrañas de la Peña Maín. Desde el año 2001 hace regularmente el trayecto entre Poncebos y Bulnes. El acceso a pie, el habitual de los habitantes de Bulnes hasta la construcción del funicular, se hacía y se puede seguir haciendo por una marcada senda a través de la Canal del rio Tejo, que serpentea en contínua subida.

Desde el puente de la Jaya, al lado del cruce de Poncebos, y hasta el mismo Bulnes, hay más de 400 metros de desnivel, con pendientes que llegan a alcanzar el 18 por ciento. El camino está jalonado por unas impresionantes paredes cortadas en vertical, entre las que destaca el Murallón de Amuesa. El camino – 1 hora y 15 minutos de subida – discurre al lado del rio Tejo, de aguas cristalinas. Nosotros elegimos el funicular para subir y bajar de Bulnes.

Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes

Una vez en el pueblo de BULNES, después de dejar preparado todo lo concerniente a la intendencia culinaria, nos dirigimos al mirador de Bulnes donde pudimos disfrutar ante nuestros pies el emblemático Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu – uno de los iconos de la región asturiana -, un pico calcáreo de origen paleozoico situado en el Macizo Central de los Picos de Europa de Asturias. Este pico se encuentra situado en el concejo asturiano de Cabrales y tiene una altitud de 2.519 metros y, aunque no se trata del pico más alto de la Cordillera Cantábrica, puede ser considerado como uno de sus picos más conocidos, así como una de las cumbres emblemáticas del alpinismo español, muy especialmente, por los 550 metros de pared vertical de su cara oeste que tantas desgracias humanas ocasionó. En su base se encuentra la Vega Urriellu, un valle de origen glaciar cuaternario.

Caracoles de Bulnes en el “restaurante Bulnes”, el 9 de octubre de 2019

La estampa del legendario Naranjo, al caer la tarde, es de las que nos pueden cortar las palabras. La luz saca los tonos anaranjados de la piedra, que han dado nombre al soberbio pico, y le dan un aspecto casi sobrenatural. Si quisiéramos acercarnos, tenemos una ruta apta que parte de la pequeña localidad de Sotres y conduce hasta la vega del Urriellu, donde nos encontraremos con un refugio para reponer fuerzas, pero esa no era nuestra misión, porque nosotros nos dirigimos de regreso al pueblo de Bulnes para disfrutar de las delicias culinarias que previamente habíamos acordado en el “Bar Restaurante Bulnes”, a base de embutidos caseros, quesos de la zona, chuletillas de cabritu, caracoles y tartas caseras de pera y de queso. Por supuesto, que no faltó el MEZCAL mexicano que todos los años trae nuestra amiga Covadonga para brindar por México y Asturias. En esta ocasión, la novedad estuvo en los chistes con los que no deleitó el amigo Ovidio, una maravillosa persona con la que no dejamos de reirnos todo el día.

Mirador de El Carbayu en la localidad langreana deCiaño, el 9 de octubre de 2019

El regreso para coger  el funicular lo fijamos para las 17,00 horas para dirigirnos directamente hasta la “Cueva del Queso Cabrales” situada en Arenas de Cabrales, donde pudimos apreciar el presente y el pasado del queso mediante una visita guiada de una hora aproximadamente, dividida en en dos partes: una que se desarrolla dentro de una cueva natural donde se da a conocer tanto el proceso de elaboración como el entorno y la vida de los pastores en los picos de Europa, y otra parte que consiste en un audiovisual de la elaboración hoy en día en una quesería, finalizando la misma con una degustación del queso cabrales y sidra.

Finalizada nuestra visita a la cueva nos dirigimos al pueblo langreano de Ciaño, para que nuestra amiga Covadonga pudiera colmar su interés de conocer “in situ” la ermita de “El Carbayu”, patrona de Langreo. Y desde El Carbayu nos dirigimos a nuestra cita anual con los churros y el chocolate en La Felguera, donde nos despedimos hasta el año 2020 con un ¡¡¡ VIVA MEXICO Y PUXA ASTURIAS !!!

ANTON SAAVEDRA

Buenas tardes, y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a las compañeras y compañeros de UNIDAS PODEMOS por la organización de este acto para hablar sobre las pensiones desde esta magnífica tribuna del Hotel de Asociaciones de Pola de Lena, y gracias a las compañeras Lourdes, Tere Dopazo y al compañero Mario Carmelo que me acompañan en este acto. Yo solo soy un compañero más que no pretende sino aportar un poco de luz en el oscuro túnel de las pensiones que, junto con el paro y la corrupción, suponen los mayores y más graves problemas que tenemos planteados en nuestro país.

Es verdad que todos los avances, mejoras y acuerdos alcanzados en los últimos meses de lucha por unas pensiones dignas son bienvenidos, como lo son las principales reivindicaciones que reclaman las plataformas de pensionistas, pero la lucha en la calle y en las instituciones no puede cesar hasta lograr una solución permanente que impida que estas se pongan en cuestión, protegiendo las pensiones públicas hasta elevarlas en la Constitución a la categoría de derecho fundamental a la vez que prohibiendo su privatización y pérdida de poder adquisitivo. De ahí la importancia de nuestro voto a la hora de meter la papeleta en las urnas el próximo 10 de noviembre.

Estamos cansados de escuchar que las mujeres y los pensionistas son dos colectivos sociales poco permeables a las exigencias políticas: en ambos casos se los tenía por votantes mayoritariamente cautivos por la clase dominante, casi siempre conservadora en lo imaginario, pero también de izquierdas. Tanto es así que los partidos no suelen tenerlos de partida entre sus preocupaciones electorales; apenas en los días de campaña, como está ocurriendo en esta campaña, les suelen hacer guiños que luego olvidan cuando se instalan en los sillones del poder.

Pero en los últimos tiempos esta actitud y esta sensación han empezado a cambiar. Las mujeres, respaldadas por el peso intelectual, artístico y laboral que han cobrado, alzan su voz en defensa del derecho a la igualdad que les asiste, y han conseguido, sino la culminación de sus objetivos, sí avances muy importantes. Lo han demostrado también, y de manera más sorprendente, los pensionistas. Después de muchos años con las pensiones encubiertamente congeladas, han reaccionado en defensa de sus derechos.

Sus argumentos, nuestros argumentos, son convincentes: hemos tributado varias décadas para garantizarse un futuro tranquilo y, por lo tanto, solo reclamamos lo que se nos adeuda, y las movilizaciones de las compañeras y compañeros por todos los rincones de España son el ejemplo de que la lucha continúa.

Y, sin más preámbulos, me vais a permitir que comience mi intervención con unas reflexiones a modo de sinopsis, centradas en los conceptos que titulan mi ponencia.

LA PRIMERA, para poner de manifiesto que nuestro sistema público de pensiones está en una permanente deconstrucción, al  igual que viene ocurriendo con la mayor parte de los sistemas europeos, de acuerdo con el discurso corsario del Banco Mundial para el abordaje a los sistemas públicos de pensiones, asumidos por la Unión Europea en sus libros Verde y Blanco sobre pensiones, y muy recientemente desarrollados a través del PRODUCTO PANAEUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES (PEPP), aprobado por el Parlamento Europeo, el 4 de abril de 2019, con el único voto en contra de UNIDAS PODEMOS.

Antón Saavedra y Tere Dopazo en la charla debate sobre pensiones celebrada en Pola de Lena, el 6 de noviembre de 2019

Un plan de pensiones de ahorro a largo plazo con muy escasas posibilidades, por no decir nulas, para su rescate, que no busca sino canalizar más dinero hacia los mercados de capitales, impulsando el programa de la Unión de Mercados de Capitales.

En realidad, se trata de una “colecta” del capital que, al grito corsario del neoliberalismo viene a decir algo así como: ¡¡¡Ahorradores, prestadle dinero al capital, necesita liquidez!!!

Las sucesivas reformas perpetradas por los gobiernos del bipartidismo PPSOE durante los últimos 35 años nos han abocado a un futuro de pensiones precarias y pensionistas empobrecidos donde, según estimaciones de la propia Comisión Europea, en 2030 un ciudadano con un salario de 1000 euros recibirá una pensión de 600 euros, y en 2050 será tan sólo de 465 euros. Por lo tanto, el problema no es si las pensiones se podrán pagar el mes que viene: el problema es que las pensiones públicas del futuro, caso de seguir existiendo, no van a permitir una vida digna después de muchos años de trabajo.

Ello, sin olvidar que, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, el 32,6 % de los pensionistas cobran en la actualidad menos de los 8.200 euros que delimita el umbral de la pobreza. Es decir, más de tres millones de personas, de las cuales el 60 por ciento de los pensionistas que perciben pensiones por debajo del umbral de la pobreza son mujeres.

LA SEGUNDA, para constatar que la estructura legal de nuestro sistema de pensiones no es más que el resultado de reformas que siempre han tenido como argumento evitar la quiebra de la Seguridad Social, elevando primero, en 1985, con el gobierno felipista del PSOE, desde 10 a 15 años el periodo mínimo de cotización para acceder a pensión; después, en 2011, con el gobierno de Zapatero, elevando la edad de jubilación desde 65 a 67 años; y más recientemente la introducción por parte del gobierno Rajoy del “factor de sostenibilidad”, eliminando la revalorización automática de las pensiones a partir de 2013, aunque mucho antes ya lo había comenzado a realizar el gobierno de Zapatero con la congelación de las pensiones en el año 2010. Por cierto, un cero patatero de incremento en las pensiones, muy aplaudido por todos y cada uno de los diputados y diputadas del PSOE en el Congreso de los Diputados, entre los que se encontraba el actual secretario general y presidente en funciones del gobierno de España, Pedro Sánchez.

Público asistente al debate sobre pensiones en Pola de Lena, el 6 de noviembre de 2019

Desde mi punto de vista, el problema de la sostenibilidad del sistema público de pensiones siempre se ha venido planteando de la peor forma posible, tratándolo como un problema técnico cuando, en realidad, se trata de un problema político. Se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medio, cuando el verdadero quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende con ello que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos son los que producen” cuando la variable importante es “cuánto se produce”.

Es decir, para financiar las pensiones lo que importa es la riqueza que un colectivo produce, más allá de cuántos trabajadores lo producen. Por eso resulta más que vergonzoso que un tema de economía tan elemental se utilice tan superficial y erróneamente. Se olvidan esos economistas del neoliberalismo que, con el cambio tecnológico, cada trabajador está produciendo mucho más que antes, está incrementando la productividad, por lo que no debe importar tanto el número de trabajadores, sino la riqueza que producen.

Lo ocurrido con la agricultura puede servir como ejemplo de lo dicho:  Hace cincuenta años el 30 por ciento de la población activa trabajaba en la agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5 por ciento, pero ese 4,5 por ciento produce más que el 30 por ciento anterior. Por lo tanto, habrá que ir pensando en la necesaria cotización de las máquinas.

Lourdes Suárez, Antón Saavedra, Tere Dopazo y Mario Carmelo en el debate sobre las pensiones en Pola de Lena, el 6 de noviembre de 2019

Sí, compañeras y compañeros, es hora de empezar a hablar de cómo hacer que coticen las máquinas a la Seguridad Social. Dado que una de las principales causas del desempleo reside en el fenómeno de acumulación de capital en forma de máquinas muy competitivas, éstas deberían ser gravadas con un impuesto específico destinado, entre otros, al pago de las pensiones

Si a ello sumamos las nefastas reformas laborales, que han precarizado el empleo, otorgando más poder a los empresarios en perjuicio de los trabajadores, esto nos ha llevado a unos salarios reales menores y, con ello, a una mayor dificultad para cotizar.

En ese escenario, la reforma del sistema efectuada por el gobierno Zapatero en 2011 no hizo más que consolidar los principios corsarios al discurso oficial sobre las pensiones, y su reforma laboral de 2010 no sólo supuso una verdadera desamortización del mercado de trabajo, despojando la política de empleo de su dimensión social y devolviendo a manos privadas la regulación de las relaciones laborales, sino que fue una auténtica bomba de relojería en el corazón de nuestra Seguridad Social, de tal manera que, desamortizado el mercado laboral, la desamortización del sistema público de pensiones quedaba convertido en el más lucrativo negocio privado.

LA TERCERA, para afirmar que el objetivo de fondo no es otro que acabar con el sistema público de pensiones, lo cual procurará un doble beneficio al capital. El más evidente: promocionar el negocio de los sistemas privados de pensiones y lograr que las cotizaciones gestionadas actualmente por la Seguridad Social lo sean por agencias privadas propiedad del oligopolio bancario, dando más dinero fresco a la banca para seguir especulando en los mercados financieros.

Se trata de trasladar el modelo “piñerista”, implantado bajo la dictadura militar de Pinochet en Chile, allá por el año 1981, donde jubilarse en aquel país hermano es algo así como sacarse un carnet de pobre para los ya de por sí pobres. En efecto, Chile fue pionero en el establecimiento del sistema privado obligatorio, aunque curiosamente se mantuvo y todavía se mantiene el sistema público de reparto para las fuerzas armadas. En la actualidad, casi dos millones de los pensionistas chilenos viven con la limosna de 140 dólares mensuales que el gobierno introdujo a partir del año 2008, siendo una de las principales reivindicaciones del movimiento obrero chileno la lucha permanente por volver al sistema público de pensiones. Una lucha que se desarrolla estos días en toda su crudeza con el triste balance de 45 trabajadores chilenos muertos y más de mil heridos graves por las balas de las fuerzas policiales y del ejército.

Y los “piñeristas” españoles, procedentes de la escuela de Chicago, caso concreto del exministro de Hacienda y Economía con el PSOE, Carlos Solchaga, están inmersos en ese abordaje corsario para convencer a los gobiernos del bipartidismo PPSOE de que la vía buena es la de favorecer los fondos privados de pensiones a costa de recortar nuestro sistema público, hasta llegar incluso a su desaparición. ¿De dónde saca el exministro Solchaga que los pensionistas no hemos cotizado lo suficiente? ¿Por qué quiere tener en cuenta solo las cotizaciones que pagan los trabajadores? ¿Quién ha producido la riqueza de la que vive el resto de la sociedad?

Los pensionistas españoles han trabajado un mínimo de 35 años para cobrar su pensión. ¿Puede presentar el exministro Solchaga los cálculos de que no han pagado lo suficiente para financiar sus pensiones?

Afirma también el exministro Solchaga que, si tuvieran los pensionistas un sistema de capitalización, estos cobrarían la mitad de lo que cobran ahora. En absoluto parece darse cuenta este energúmeno de que está incurriendo en una muy grave contradicción: si con el sistema de capitalización privado cobrarían menos es porque con sus cotizaciones no alcanzarían para cobrar más, mientras que con lo que cotizan a las pensiones públicas cobrarían doble. Es decir, el sistema público de pensiones permite un mejor nivel de vida a los ancianos que el sistema privado. Y, por supuesto, no vamos a preguntar cuánto dinero tiene invertido el señor Solchaga en los, sin duda jugosos, fondos privados que probablemente tiene para sus pensiones, derivados de los 600.000 euros al año que percibe por sus múltiples actividades para los grandes empresarios del IBEX35. Además, exministro Solchaga: si no hay dinero para las pensiones públicas, ¿de dónde sale el dinero para las pensiones privadas?

En otras palabras, existen poderosos sectores de las finanzas que buscan una España en la que jubilarse con cierta dignidad sea solo un privilegio reservado para aquellas y aquellos agraciados que cobran auténticas millonadas de dinero. Al respecto, conviene preguntarse si en el futuro las grandes empresas como el Corte Inglés o las grandes cadenas, tendrán su propio sistema de pensiones privados con entidades bancarias como el BBVA, Santander u otras, aunque no parece probable, debido, sobre todo, a la experiencia de muchas empresas en EE.UU. y en nuestro país, entre otros, donde muchas empresas importantes tenían su propio fondo de pensiones y quebraron, desapareciendo el dinero de las pensiones, caso concreto de la conocida ENRON, por no hablar del fondo de pensiones de TELEFONICA aquí, en España.

LA CUARTA, para confirmar que  el objetivo de los gobiernos neoliberales del bipartidismo turnista PPSOE no fue otro qué alcanzar el mayor debilitamiento de la clase trabajadora, porque sin pensiones garantizadas, los trabajadores seguiremos siendo ciudadanos temerosos ante nuestro futuro, cada vez más incapaces de movilizarse en defensa de nuestros intereses, y ni siquiera de perder un solo día de cotización para hacer una huelga, quedando obligados a trabajar hasta el fin de sus días, aquellos que tengan el “privilegio” de tener un puesto de trabajo.

Se trata, compañeras y compañeros, de ir al desmantelamiento de lo que un día se llamó el “Estado del Bienestar” que siguió al final de la II Guerra Mundial, con sus políticas de pleno empleo y amplios servicios públicos redistribuidores de renta y riqueza logrados a través de la “lucha de clases”, esa “lucha de clases” que hoy se va transformando en una “lucha de frases”.

Lourdes Suárez, Antón Saavedra, Tere Dopazo y Mario Carmelo en el debate sobre las pensiones en Pola de Lena, el 6 de noviembre de 2019

Estamos viviendo, amigas y amigos, un periodo de sindicalismo débil y de fuerte integración de muchos dirigentes sociales y políticos al pensamiento ortodoxo, lo que ha llevado a que muchos sindicatos, autoproclamados de clase, hayan aceptado acríticamente el análisis y las soluciones ofrecidas por los dirigentes económicos y políticos del neoliberalismo, considerándolos como el “mal menor”; otros, incluso, se están beneficiando de la privatización de las pensiones, lo que les ha conducido a debilitar fuertemente la oposición a estas.

Pudiendo ser cierto que la Seguridad Social cerró 2018 con un déficit equivalente al 1,2 % del PIB, ¿por eso no se pueden pagar las pensiones? ¿a quién puede escandalizar un déficit tan exiguo como el de la Seguridad Social? ¿Acaso no cerraron las Administraciones Públicas en 2009 con un déficit del 11% del PIB, en 2010 del 9,4%, en 2011 del 9,6%, en 2012 del 9, en 2016 del 4,51 %, en 2018 con el 2,9%, y se financió?

¿No se puede financiar un déficit del 1,2 % o es que depende de a quién vaya destinado el dinero? Recordemos que buena parte del déficit de aquellos años se debió al rescate bancario, y resulta más que indignante cuando el gobierno de Mariano Rajoy ha destinado al rescate de las Cajas de Ahorros, la misma suma que había en la llamada “hucha” de las pensiones.

Utilizar este método de asignación del déficit a las políticas con insuficientes recursos propios, implicaría afirmar que existe también déficit en el capítulo de defensa, infraestructuras, protección ciudadana o justicia.

No es que el déficit de la Seguridad Social sea elevado: la clave radica en si los trabajadores tenemos o no la misma capacidad de presión que la banca para que el Estado ponga el presupuesto a su servicio.

Mirad, compañeras y compañeros: manejando exactamente los mismos números que manejan los turnistas gobiernos del PPSOE, el dinero de nuestras cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los últimos treinta años, éste ha servido, se ha utilizado para muchas cosas, desde la financiación de la sanidad hasta las pensiones no contributivas pasando por la financiación de los propios Presupuestos Generales del Estado.

Sí, compañeras y compañeros, con el dinero de nuestras cotizaciones, de vuestras cotizaciones, se han financiado hasta los Presupuestos Generales del Estado, y si todo ese dinero se hubiese destinado exclusivamente al fondo de las pensiones, ahora mismo ese fondo de pensiones tendría ¡¡¡MEDIO BILLÓN DE EUROS!!!

Por lo tanto, si el dinero de nuestras cotizaciones ha estado financiando otras políticas, sería justo que ahora otras políticas, otros impuestos, financien a las pensiones. Sí, claro que hay dinero para las pensiones. Claro que el sistema de pensiones es sostenible. Los que no son sostenibles son los corsarios del neoliberalismo gubernamental al abordaje del Estado del Bienestar.

¿De dónde puede sacar el Estado más dinero para no tener déficit y garantizar las pensiones? Buscad en internet, buscad la palabra GESTHA, que es una organización de inspectores de Hacienda que se dedica a informarle a nuestro pueblo de lo que está ocurriendo tras la cortina de la economía y los impuestos.

Y estos inspectores, que saben perfectamente de qué se está hablando, nos dan los siguientes datos escalofriantes: En España se defraudan todos los años 90.000 millones de euros, que equivalen al 8,6% del PIB. Una cifra cuatro veces superior a las ayudas destinadas a los parados, más del 90% del presupuesto anual para la salud o el 88% del gasto destinado a las pensiones.  Y dicen mucho más: el 72 % de ese fraude lo tienen los grandes empresarios de este país. En España, por lo tanto, está sobrando dinero.

Pero hay un fraude que pone los pelos de punta y que demuestra realmente a quienes sirven determinados políticos y sus gobiernos. Existe una cosa que se llama Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). Es decir, un señor quiere pagar menos dinero y menos impuestos por su dinero y funda una SICAV, pero le ponen una condición: tiene que haber por lo menos cien personas y entre todas juntar 2,4 millones de euros. Yo pongo 2 millones y el resto lo reparto entre las 99 personas o “mariachis”. Desde ese momento yo no pago el 35 % de impuestos, sino que pago el 1 %. ¡¡¡Claro que es un escándalo, esto es un robo consentido!!!

El caso es que los inspectores de Hacienda cuando se dieron cuenta de qué estaba haciendo el señor y sus “mariachis”, quisieron meterle mano. Y cuando empezaron los trámites, el PSOE, el PP, CIU y PNV aprobaban una ley en el Congreso de los Diputados por la cual, esto se quita a los inspectores de Hacienda y se le pasa a una entidad nueva que se llama Comisión Nacional de Valores (CNMV), y ésta lo primero que dice es que: Aquí ya no se mete mano a estos señores y, además, olvídense de retroactividades.

Por eso, cuando nos dicen que en España no hay dinero, decidles que “eso es mentira”. Qué están mintiendo como malditos bellacos. ¡¡¡Hay dinero, mucho dinero!!!, el problema es si se quiere ir por él. Si se va a los paraísos fiscales, si se coge la fiscalidad, si se tiene el valor cívico de meterle mano a uno de los problemas más gordos que hay junto con el de la economía sumergida, precisamente, uno de los mayores lastres para el crecimiento del país con una cifra de dinero oculto a los ojos del Estado en torno al 20% del PIB.

Lourdes Suárez, Antón Saavedra, Tere Dopazo y Mario Carmelo en el debate sobre pensiones en Pola de Lena, el 6 de noviembre de 2019

Por cierto, ¿por qué todos los partidos, a excepción de UNIDAS PODEMOS, se han opuesto a que la banca devuelva los 60.600 millones procedentes del dinero de los contribuyentes para el rescate de la banca? Sirva como comparativa para confirmar que esta cuantía sería suficiente para volver a llenar la tan manoseada “hucha de las pensiones”, pero todos los partidos, con la excepción de UNIDAS PODEMOS, se oponen porque la banca es quien les mantiene, es la que manda en el país, es la que maneja los hilos que mueven las marionetas sentadas en las poltronas ministeriales.

El Estado no quiere tener más ingresos. Pero no porque el Estado sea misericordioso con los que tienen el dinero. Es que el Estado es el dominguillo, el criado, el títere del auténtico poder económico; por lo tanto, nuestro problema es con el poder. Lo que pasa es que el gobierno se interpone, porque es el fiel manisero de ese poder.

Todo lo que se nos ha contado sobre nuestras pensiones es mentira. No es verdad que gastemos en pensiones de manera desproporcionada.

Nuestro país se gastó el año pasado en pensiones un 12% de su Producto Interior Bruto, muy por debajo de Francia (15%), Alemania (14,4%), Portugal (14,9%), por no hablar de Italia (16,5%) o Austria (14,6%), y muy por debajo de la media de la zona euro (13,6%), según los datos oficiales de Eurostat, la oficina estadística de la UE.

Pero, además, el sistema de pensiones cumple una función macroeconómica evidente, no en vano representa el 12 % del PIB actual orientado a consumo y, por tanto, una fuente básica de demanda de bienes y servicios suministrados por empresas, profesionales y administraciones públicas, con impacto evidente en la actividad económica, el empleo y la generación de retornos relevantes también, vía impuestos.

Por otra parte, constituye un mecanismo potentísimo de cohesión social, territorial y, muy especialmente, de solidaridad intergeneracional. Por lo tanto, la consecuencia lógica de todo ello es una formulación de “cómo debemos actuar para preservar, reforzar y garantizar nuestro sistema público de pensiones, el mismo sistema, a ser posible mejorado, del que tienen que seguir disfrutando nuestros hijos y nietos”

Ni siquiera es cierto que el déficit de la Seguridad Social se deba a un aumento espectacular de los pensionistas. Se debe, sobre todo, tal y como ha quedado dicho, a las sucesivas reformas laborales que han mandado a los trabajadores a la precariedad permanente con salarios de subsistencia.

Y no es que los salarios sean bajos porque se produzca menos riqueza que antes. Al contrario, ahora se produce más, tal y como ha quedado dicho. El problema es cómo se está distribuyendo ese dinero, cada vez más en menos manos, dónde los salarios son la principal base sobre la que se produce este trasvase de riqueza que acaba en manos de la oligarquía financiera.

Se trata de caminar, amigas y amigos, hacia una redistribución más justa, más equitativa, de la inmensa riqueza que produce nuestro país, comenzando por los salarios, y exigiendo que no haya ningún salario por debajo de 1.200 euros mensuales, a la vez que poniendo fin a este continuo saqueo sobre el conjunto de la población trabajadora.

Además, abundando más en el tema, ¿por qué se habla del “déficit” de la Seguridad Social y no de otros organismos del Estado? ¿Cuál es el déficit de la Casa Real? ¿Y del Ministerio de Defensa? ¿Cuánto dinero de nuestros impuestos se destina todos los años a la Iglesia? ¿Y cuánto al rescate de las autopistas? ¿Cerramos la Universidad? ¿Dejamos de hacer carreteras?

Solamente, por hablar del gasto militar en España por estar en la OTAN y la UEO, con sus gastos de personal incluida la seguridad social, supone hablar de 2,47 billones de pesetas, es decir el 2,8 por ciento del PIB. Y, lo mismo podríamos decir de la financiación de la Iglesia por parte de todos los gobiernos que se sucedieron en las poltronas ministeriales durante los años que llevamos de restauración monárquica, con cifras que superan muy ampliamente los 15.000 millones de euros anuales. ¿Seguimos hablando de cuánto nos cuesta la colmena de los zánganos y zánganas de la Casa Real?

Por lo tanto, decir que la Seguridad Social se encuentra al borde de la quiebra es una estupidez, porque detrás de la Seguridad Social está el Estado con todos sus recursos financieros.

En absoluto se trata de carencia de medios, es un problema de opciones: de a quien se da y a quien se quita, de qué gastos son prioritarios y, sobre todo, cuánto se recauda y de dónde.

En definitiva, compañeras y compañeros, ningún colectivo ha sido tan castigado económicamente como el de los pensionistas. Nadie ha sido tan estafado como los jubilados. Ninguna demagogia tan despreciable como la dirigida a los ancianos y ancianas, a quienes se asusta con el miedo a quitarles su pensión, cuando no la aceleración de su muerte.

Al respecto, es bien conocida la frase de aquel Ministro de Economía japonés afirmando que “el deber patriótico de los viejos es que se mueran cuando les corresponda, esto es, lo más pronto posible”, un pensamiento muy deseado por esos corsarios del neoliberalismo, aunque no lo digan tan claro, utilizando narrativas un pelín más sofisticadas, como por ejemplo que “el alargamiento de los años que los ancianos viven está creando un enorme problema a la economía del país”

En realidad, siempre según Eurostat, el porcentaje de la población anciana es prácticamente la misma en España (19 %) que el promedio de los países de la UE-15 (19,03 %) y ligeramente inferior a la de la UE-28 (19,4 %). No es cierto, por lo tanto, que nuestro país sea uno de los países con “más viejos” o “más abuelos”.

No es la pirámide de población, ni el incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos del bipartidismo PPSOE.

José Castañón participando en el debate sobre las pensiones en Pola de Lena, el 6 de noviembre de 2019

El riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal en España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4 %), inferior incluso a Grecia (34,9%) y a Portugal (36,1%), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente, y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo.

En la actualidad, compañeras y compañeros, más del 60% de los ¡¡¡ NUEVE MILLONES DE PENSIONISTAS !!! está por debajo del Salario Mínimo y casi el 35% apenas llegan al mínimo, una situación mucho más gravosa para las mujeres, que de media cobran un 30% menos que los hombres, pero la cruda realidad es que ni al Gobierno, ni a la Patronal, les preocupa en lo más absoluto el sistema público de pensiones y la sostenibilidad de los pensionistas.

¿Hay alguna razón para que no se puedan pagar las pensiones? ¿Existe el menor riesgo de que dejen de cobrarse? El único peligro posible no nace de los hechos objetivos, sino de una ideología que considera pernicioso cualquier mecanismo redistributivo.

Introducir la incertidumbre, la duda y el miedo entre aquellas personas que, por haber llegado a la última etapa de su vida, se sienten más indefensas y son más vulnerables al argumento de la inseguridad es simplemente canallesco, porque el día que se diga que no hay dinero para el pago de las pensiones, ese día será que ha quebrado el Estado, y si esto llegase a ocurrir, entonces sería cuando el problema de nuestras pensiones, dejaría de ser un problema.

Por lo tanto, es necesario seguir luchando en la calle y en las instituciones a través de nuestros representantes políticos, para dar soluciones al problema de nuestras pensiones. Y para lograrlo, es totalmente necesario llenar los parlamentos y ayuntamientos de compañeras y compañeros rojos, verdes y moradas, procedentes, no sólo de la universidad, sino de las fuerzas del trabajo y, como no, del propio colectivo de pensionistas.

En la actualidad, cada vez que toca la paga doble de nuestras pensiones, se nos machaca constantemente con que se han sacado tantos millones de la “hucha” de las pensiones, dejándonos “caer” que esto se va acabando. Pues bien, cuando se acabe que la vuelvan a llenar, así de fácil, pero que nadie trate de seguir engañándonos con el cacareado PACTO DE TOLEDO.

En efecto, éste ha sido para las prestaciones sociales lo que fueron los PACTOS DE LA MONCLOA de 1978 para los derechos laborales: las bases que propiciaron el principio del fin de un conjunto de derechos duramente conquistados a lo largo de la historia por el MOVIMIENTO OBRERO.

Aquellos “Pactos de La Moncloa” de 1978 fueron alborozadamente saludados como “una gran conquista para la democracia y los derechos de los trabajadores” de igual manera que el “Pacto de Toledo” de 1995 provocó el éxtasis de sus actores, declarando a los cuatro vientos que, gracias al pacto, quedaban garantizadas para el futuro los derechos sociales y el Sistema de Seguridad Social, incluida la jubilación, cuando la cruda realidad es que el “Pacto de Toledo” ha servido para introducir muy sibilinamente una novedad que, a la postre, ha resultado nefasta para los intereses de la clase trabajadora, al consagrar el llamado principio de “separación y diferenciación de las fuentes de financiación” del sistema.

¿Alguien piensa todavía que aquella proposición de ley que parió el Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995 a iniciativa de los pujolistas catalanes había caído del cielo? ¡Qué va! Aquello respondía, igual que ahora ocurre con el PEPP referido al inicio de mí intervención, a una ofensiva internacional en contra de las pensiones públicas y a favor de las privadas, que partía del Banco Mundial y de la Unión Europea.

¿Qué se esconde tras tan ampuloso epígrafe?  Pues, lisa y llanamente, que a partir de la firma del “pacto”, la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva dependerán básicamente de las cotizaciones sociales, quedando excluida la posibilidad de complementar tal financiación con cargo a otras partidas de los Presupuestos Generales del Estado, creando para ello lo que se ha venido en llamar la “hucha” del Sistema de Seguridad Social, cuyos ingresos – exclusivamente provenientes de las cuotas sociales – deberán servir para el pago de las correspondientes prestaciones, de tal forma que una previsión – verdadera o falsa – de incapacidad de tal “hucha” para garantizar los pagos a medio y largo plazo, se traducirá inmediatamente en recortes de las prestaciones o, incluso de su desaparición pura y dura.

Lourdes Suárez, Antón Saavedra, Tere Dopazo y Mario Carmelo en el debate sobre las pensiones en Pola de Lena, el 6 de noviembre de 2019

Si para algo ha servido el PACTO DE TOLEDO ha sido para mantener a la sociedad inconscientemente tranquila respecto a una supuesta robustez del sistema de reparto, donde se aceptaba sin más el marco de debate fijado previamente por el pensamiento corsario, cuando la realidad, oculta una elección profundamente ideológica: o mantener las pensiones en el ámbito de las políticas del bienestar, como una responsabilidad pública, o seguir aceptando su lento traslado hacia la esfera estrictamente individual.

En este contexto, resultaba verdaderamente grotesco, tener que escuchar a los máximos dirigentes del PSOE los argumentos y compromisos de su campaña electorera, cuando dicen, refiriéndose al PP: “tú pensión está en peligro, porque el Gobierno del Partido Popular ha fomentado el empleo precario y las cotizaciones son más bajas que nunca. Su objetivo no es otro que agotar el Fondo de Reserva para destruir el sistema público de pensiones y después privatizarlo. No lo podemos permitir”.

¿Cómo se puede actuar con tanta frivolidad y tanto cinismo por parte del PSOE cuando han sido ellos, con su reforma laboral de 2010, quienes iniciaron el camino de la precarización, agravada por la reforma del PP en 2012?; Cuando se OLVIDAN de que su reforma de las pensiones en 2011 supuso la primera rebaja y el retraso de la edad de la jubilación; cuando CALLAN que su reforma del artículo 135 de la Constitución (pactada con el PP) da prioridad al pago de la deuda frente al dinero destinado a las prestaciones sociales y a los servicios públicos; cuando CALLAN que sus compromisos, y sus deudas millonarias con los bancos, les obliga, a ellos y al resto de los partidos, con excepción de UNIDAS PODEMOS, a incentivar los sistemas privados de pensiones… y cuando OLVIDAN que ese PP que “ponía en peligro las pensiones” estaba gobernando porque el PSOE se lo permitió con su ABSTENCIÓN, hasta que una moción de censura gestionada magistralmente por UNIDAS PODEMOS conseguía echarlos del gobierno.

Por lo tanto, el PSOE no puede seguir engañando al pueblo pretendiendo actuar de “apagafuegos” cuando forma parte del bloque de los “incendiarios”.

Pues bien, ahora ya están ellos en el gobierno, y los pensionistas seguimos en lucha a la espera de lograr nuestras justas reivindicaciones, porque “gobierne quien gobierne las pensiones se defienden”, tal y como hemos demostrado muy recientemente en la multitudinaria manifestación de los pensionistas en Madrid, el 16 de octubre de 2019, donde el único partido político que tuvo la dignidad de recibir en el  Congreso de los Diputados a los pensionistas fueron los de UNIDAS PODEMOS,  con sus máximos dirigentes, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, a la cabeza

De momento, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya nos ha vuelto a mentir, una vez más, en sus programas electoreros, cuando dice que va a incrementar las pensiones con el coste real de la vida, mientras presentaba su Plan Presupuestario 2020 con un incremento del 0,9% – 8,94 euros mensuales -, tal como figura en el documento entregado el día 15 de octubre de 2019 en Bruselas, al margen de las nefastas repercusiones que traerá para los trabajadores y pensionistas la “mochila austriaca” que figura en ese mismo documento y que, a muy groso modo, consiste  en aportar cada mes el 1,53 % detraído del salario bruto del trabajador para destinarlo a un fondo de capitalización, como si fuese una cuenta de ahorro, que teóricamente irá creciendo a lo largo de la vida laboral del trabajador, permitiéndole  disponer del mismo en el momento que es despedido ya que no recibiría ningún otro tipo de indemnización, de tal manera que será el propio trabajador quien se pague su despido.

Es decir, por mucho que sigan rebuznando los González, Aznar, Zapatero, Rajoy, Rivera y Pedro Sánchez, las pensiones deben de seguir siendo sustentadas con cualquier tipo de partida presupuestaria y no sólo con las cotizaciones, a la vez que exigiendo el blindaje de las mismas en la Constitución Española de acuerdo con su artículo cincuenta que obliga al Estado a tener recursos suficientes para el pago de pensiones y su revisión periódica. Una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones, y que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones.

Es una broma cruel decirle a alguien que cobra 700 euros al mes que se haga un plan de pensiones privado. La verdad sobre nuestras pensiones es muy sencilla. Donde nosotros vemos un derecho, ellos ven el gran negocio.

Por eso, la movilización de la clase trabajadora, del conjunto de la ciudadanía, en contra de este ataque brutal contra la vida y la dignidad de las personas, es la única herramienta válida para paralizar este proceso tan irracional como inhumano.

En Francia acaban de convocar una huelga general del transporte contra la reforma de las pensiones. ¿Sabéis cuáles son los motivos de la misma? Porque el gobierno de Macron quiere ampliar la edad de jubilación desde los 62 años hasta los 64 y aumentar el número de años contribuidos necesarios para jubilarse, así como fusionar en uno solo los 42 regímenes de pensiones hoy vigentes y distintos en función de cada profesión. Aquí, en nuestro país, el gobierno del PSOE ha elevado la edad de jubilación hasta los 67 años y nos hemos quedado tan panchos.

Es cierto que, tal y como se recogía en los Presupuestos Generales del Estado, aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy para los años 2018 y 2019, las pensiones actuales se han incrementado con el 1,6 por ciento, y las mínimas con un 3 por ciento; que la base reguladora para las pensiones de viudedad se ha  incrementado hasta el 60 por ciento, y que el temible “factor de sostenibilidad” ha quedado anulado, de momento; pero no es menos cierto que, siendo positivas todas estas conquistas arrancadas, en absoluto sirven para ahuyentar las amenazas que se ciernen sobre las pensiones.

De ahí, compañeras y compañeros, debemos de seguir insistiendo con mayor fuerza que nunca en que la única manera de que las pensiones públicas estén de verdad protegidas frente al abordaje de los corsarios del neoliberalismo es blindándolas en la Constitución, tal y como ha quedado expuesto.

En definitiva, la Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Algunos propugnan hoy volver a ese estado recuperando un capitalismo salvaje. Si los gobernantes y legisladores hincan la rodilla ante el poder económico, nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas es aprestarnos a la defensa civil con todas las armas que tengamos a nuestro alcance. Muchas gracias