Buenas tardes, compañeras y compañeros, y gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a la dirección de la Asociación Cultura Popular EL MANGLAR y a la Fundación ANDREU NIN por la invitación que me habéis brindado para poder hablar desde esta magnífica tribuna sobre la Insurrección de Asturias en octubre del 34.

Entrando ya en el tema que nos ocupa hoy, comenzaré mi disertación manifestando que octubre del 34 no se puede decir que haya sido una revolución derrotada, sino abortada. Y, desde mi punto de vista, las causas de aquella frustración hay que buscarlas más en la debilidad y los errores de la propia izquierda, que en la habilidad o fortaleza de la burguesía española. Sólo en la región asturiana los trabajadores, fundamentalmente los mineros, pudieron poner en marcha el proyecto insurreccional que había madurado en sus conciencias desde finales de 1933. Y Asturias pudo comenzar, pero no podía ganar sola la revolución. El grito de Asturias, “Uníos, Hermanos Proletarios “(UHP), no se pudo hacer fuera de la comuna asturiana, y la respuesta tendríamos que buscarla, en primer lugar, en las diversas estrategias que desarrollaron los partidos políticos y las organizaciones obreras, confrontados a la prueba de la práctica en su nivel más elevado: la lucha por el poder.

Antón Saavedra y Miguel Angel Fernández en El Manglar de Oviedo, el 12 de noviembre de 2019

Son conocidas al respecto las condiciones exteriores e interiores que hicieron avanzar rápidamente la voluntad unitaria de la mayoría de los trabajadores desde 1933, tales como el ascenso del fascismo en Europa; la contraofensiva de la derecha y peso creciente de su ala más reaccionaria – la CEDA -, que se confirmaría en las elecciones de noviembre de 1933; la comprensión de la necesidad de superar la grave división existente en el movimiento obrero, agudizado desde 1932 en el enfrentamiento entre las dos grandes organizaciones obreras de masas, UGT y CNT, cada una con más de un millón de afiliados, en un país de veintitrés millones y medio de habitantes y cuatro millones de trabajadores asalariados.

En plena crisis económica, la UGT mantenía una línea de apoyo al gobierno republicano-socialista, especialmente a la política de Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo, mientras la CNT que, a partir del fracaso de la insurrección del Baix Llobregat en enero de 1932, y de la terrible represión que le siguió, había pasado a una posición de enfrentamiento frontal con el gobierno. Además, por si no fuera suficiente, esta radical división política entre los dos grandes sindicatos estaba acompañada de una división territorial, dándose la circunstancia de que en las zonas de hegemonía cenetista, las fuerzas ugetistas eran débiles, ocurriendo otro tanto a la inversa, cuya única excepción significativa era precisamente Asturias.

Antón Saavedra en El Manglar de Oviedo, el 12 de noviembre de 2019

Habría que esperar a marzo de 1934 para que UGT y CNT constituyeran la ALIANZA OBRERA DE ASTURIAS como modelo que serviría de referencia al Movimiento Obrero sobre una base de independencia de clase, dejando claro que “aquellas organizaciones que tuvieran relaciones orgánicas con partidos burgueses las romperían automáticamente”; un programa ofensivo para “conseguir el triunfo de la revolución social en España, estableciendo un régimen de igualdad económica, política y social, fundado sobre principios socialistas y federalistas”; y constitución de un Comité Nacional, “que será el único que autorizadamente podrá ordenar al que quede en OVIEDO los movimientos a emprender en relación con el general en toda ESPAÑA”.

En un principio, la ALIANZA OBRERA tuvo una feliz acogida en la dirección del PSOE, controlado por el bloque Largo Caballero – Prieto, aunque no se debe de ignorar la honda crisis que atravesaba el PSOE en sus cuadros dirigentes. Tres tendencias encontradas, reforzadas por las propias incompatibilidades personales existentes entre los líderes, aparecían claramente expuestas. Por un lado, la posición revolucionaria, abrazada con entusiasmo por los elementos jóvenes del partido, la cual estaba encabezada por Largo Caballero, que llega al campo de la revolución decepcionado del reformismo socialdemócrata y de la colaboración gubernamental republicano – socialista. Opuesto a este grupo estaba la fracción representada por Julián Besteiro, que preconizaba la acción parlamentaria y la educación de las masas para un futuro papel directivo de la vida nacional, que no veía realizable de modo inmediato. La postura de Indalecio Prieto ocupaba el tercer grupo, cuya estrategia siempre consistía en ir acoplando su actuación a la marcha de los acontecimientos, más inclinado a la política general que a la de clase y suavizado, por entonces, de sus antiguos fervores revolucionarios.

Antón Saavedra y Miguel Angel Fernandez en El Manglar de Oviedo, el 12 de noviembre de 2019

Ya, desde mediados de 1933, el discurso dominante de los socialistas era el de su facción de izquierda que, tras las elecciones de noviembre, pasó a plantear abiertamente el agotamiento de la vía parlamentaria y la necesidad de luchar por “la dictadura del proletariado”, tal como se recoge en la carta enviada por Largo Caballero a Maurin, en febrero de 1934: “… como las derechas para sostenerse necesitan su dictadura, la clase trabajadora, una vez logrado el poder, ha de implantar también su dictadura, la dictadura del proletariado. La hora de los choques decisivos se va acercando. El movimiento obrero debe prepararse para la revolución”.

Parece normal que un lenguaje de este calibre en boca de uno de los baluartes de la política de reformas moderadas del primer bienio republicano, y dirigente clave del PSOE-UGT en aquellos momentos, despertara ilusiones en el movimiento obrero, incluso entre los revolucionarios, pero la amarga experiencia nos iba a demostrar que las palabras revolucionarias se superponían con una continuidad socialdemócrata en aspectos esenciales. Las consecuencias de aquella política, sólo formalmente unitaria, fueron desastrosas para la revolución y constituyeron un grave obstáculo para la tarea central de atraerse a la CNT a la Alianza, por eso las Alianzas Obreras constituyeran sólo un breve episodio en la política del PSOE y que fueran abandonadas inmediatamente después de octubre, siendo muy interesante destacar al respecto otro de los aspectos de esta política socialista en 1934, como fue el carácter “secreto” del programa de la insurrección, hasta el punto de que el mismísimo Largo Caballero llegó a afirmar tiempo después que “la experiencia nos había demostrado la inutilidad de los programas en estos casos”.

Francamente, resulta muy difícil saber a qué clase de “experiencia” se refería Largo Caballero, al margen del programa, pactado entre Prieto y él, que sólo se daría a conocer en enero de 1936, el cual, como dice el historiador Tuñón, “no afectaba al sistema capitalista ni a la economía de mercado, ni al sistema democrático parlamentario”, lo que nos hace pensar que la función de ese programa respondía exclusivamente a sellar el compromiso interno entre Largo Caballero y Prieto y, más precisamente, garantizar a este que, si la insurrección triunfaba, se guardaría el “izquierdismo” bajo siete llaves y se volvería  poner en marcha la experiencia reformadora del primer bienio. Y la razón que se nos ocurre de ocultar el programa fue que su publicación hubiera demostrado la falsedad del radicalismo verbal de Largo Caballero, al quedar claramente constatado que el programa no solamente estaba en las antípodas de la “dictadura del proletariado” o del programa de la ALIANZA OBRERA ASTURIANA, sino que además estaba en clara contradicción con la línea editorial que desarrollaba EL SOCIALISTA, cuando en el mes de julio decía que “La República se muere de una enfermedad contagiosa. De suciedad (…) Y en este trance, ¿qué decir?, ¿qué hacer? Nosotros decimos esto: que se muera. Y hacemos esto otro: prepararnos para la nueva conquista”.

Así, pues, los socialistas españoles, a pesar de toda la vocinglería levantada por ellos, nunca aspiraron a llevar adelante una revolución social. Los sucesos de Asturias se produjeron como consecuencia lógica de las premisas sicológicas establecidas por el clima revolucionario alentado desde los altos mandos de los socialistas y sus aliados. Pero la revolución de Asturias sobrepasaba las verdaderas pretensiones socialistas y no llegaban a tanto como aspiraban los verdaderos revolucionarios de aquella hora que, pese a quien pese, fueron los mineros, con sus miserables condiciones de vida y trabajo, sus agotadoras jornadas laborales por unos salarios de mierda, porque la revolución asturiana se basó, como es sabido, en dos organismos principales: las ALIANZAS OBRERAS y el SINDICATO MINERO. Ellos debieron atender a la preparación sicológica, a la labor organizativa, al armamento y a la formación de milicias.

Antón y Miguel Angel en El Manglar de Oviedo, el 12 de noviembre de 2019

Efectivamente, se ha hecho casi siempre especial hincapié en la importancia de las ALIANZAS OBRERAS, en su originalidad y fuerza, pero octubre del 34 fue obra de ¡¡¡ MINEROS !!!, y estos contaban con una organización sindical poderosa, encuadrada en las filas de UGT, que constituyó el verdadero nervio y clave de octubre del 34. Además, no debemos ignorar que el Partido Comunista de España no era todavía aquel gran partido que conocimos en la clandestinidad española como el único partido verdaderamente organizado y estructurado que luchó contra el franquismo.

Desde mi punto de vista, lo que demuestra la experiencia, incluyendo la experiencia de 1934, es que la lucha por el poder necesita un programa revolucionario, es decir, un conjunto coherente de tareas asumidas por una amplia vanguardia y que puedan traducirse entre las masas trabajadoras en los objetivos concretos que las lleven a luchar por destruir el viejo poder y construir el poder revolucionario. En la situación concreta de 1934, un programa así era la condición para desarrollar una política de alianzas dentro de la clase obrera y con el campesinado, por lo que se puede concluir afirmando que la “ausencia” de programa solo sirvió para que el PSOE pudiera hacer la política de Prieto, con el lenguaje de Largo Caballero.

Así se perdió una experiencia de inmenso valor que sólo ASTURIAS había llevado hasta sus últimas consecuencias. Allí, en la región asturiana, la realización efectiva del “frente único” permitió establecer un verdadero poder local, en el cual pudieron coexistir sin grandes problemas, concepciones aparentemente antagónicas sobre el “modelo de sociedad”, de tal manera que, entre el Comité de La Felguera, dirigido por los anarquistas, y el de Mieres, de dirección socialista, no hubo finalmente grandes diferencias prácticas.

La Insurrección del 34 en Asturias en El Manglar de Oviedo, el 12 de noviembre de 2019

Claro que lo que hizo la COMUNA ASTURIANA fue destruir a nivel local el poder de la burguesía, estableciendo un poder obrero de excepción, en condiciones de guerra, ¡¡¡¡y resistir!!!! ¡¡¡No se podía hacer más en aquellas condiciones !!!, entre otras cuestiones, porque para hacer triunfar la insurrección a nivel estatal, la lucha planteaba tareas mucho más complejas. Cuando el primer manifiesto de la ALIANZA ASTURIANA estaba reclamando la creación de una ALIANZA OBRERA NACIONAL lo que estaba exigiendo era el cumplimiento de una de las condiciones políticas, no sólo organizativas, para la victoria de la insurrección: es decir, la existencia de una dirección central del movimiento revolucionario, capaz de dirigir la batalla contra el poder estatal burgués.

En efecto, compañeras y compañeros, aquella batalla se perdió, pero la lucha debe continuar y para ella deben servir las lecciones de OCHOBRE DEL 34, máxime si no queremos cerrar los ojos ante la gravísima situación que vivimos en nuestro país, especialmente en nuestra región asturiana donde seguimos pagando la venganza de la burguesía que nunca fue capaz de superar aquella Revolución de Octubre de 1934 abortada, que nunca perdida, tal y como alguien dejó dicho: “Al proletariado se le puede derrotar, pero jamás vencer”. Sirvan estas palabras de homenaje al recuerdo de todos y todas los luchadores y luchadoras que supieron estar a la altura de las circunstancias en esta lucha contra el imperio burgués, muy especialmente a mi “güelu”, José SAAVEDRA ZAPICO “José Cantera”, del que cada vez me siento más orgulloso de ser su nieto.

Muchas gracias por vuestra atención.

“Por primera vez en la historia de nuestra democracia, el candidato de la primera fuerza política es incapaz de lograr los apoyos que le permitan ganar la investidura y garantizar la gobernabilidad del país. Y esa incapacidad, señor Rajoy, es, en exclusiva, suya”

(Pedro Sánchez, el 31 de agosto de 2016 en el Congreso de los Diputados)

Sin embargo, remontándome al último debate de la fallida, por segunda vez, investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados del 25 de julio de 2019, el líder de UNIDAS PODEMOS, Pablo Iglesias, después de abstenerse, le lanzaba una muy severa profecía a Sánchez en la que afirmaba literalmente: “usted nunca más volverá a ser presidente del Gobierno”.

Desde aquel momento quedaba roto el proyecto del gobierno de coalición PSOE-UP y Sánchez declaraba, poco tiempo después, que la posible entrada de Podemos en el Gobierno le “quitaba el sueño”. Así, de esa manera, Sánchez provocaba la repetición electoral que el pueblo español acaba de celebrar el reciente 10 de noviembre. Durante ese periodo interminable entre convocatorias electorales el pipiolo de La Moncloa se pasó todo el tiempo haciendo cálculos sobre los rendimientos de sus estrategias, creyendo que las nuevas elecciones le darían una ventaja apreciable de escaños respecto a los que ya tenía,  prometiéndoselas muy felices: subiría hasta 150 escaños, según los vaticinios del CIS tenazista, hundiría a UNIDAS PODEMOS – incluso le crearía la marca blanca errejonista de Más País – y le restaría poder de presión, acabaría con Ciudadanos – única predicción que se ha cumplido -, y mantendría en la irrelevancia a VOX.

Pero las cosas, a veces, no ocurren como uno desea, entre otras cuestiones, porque la gente sabe que se juega el futuro cada vez que se acude a votar en unas elecciones, olvidándose que el futuro cambia constantemente, de tal manera que cada vez que se convocan elecciones, cambian las condiciones y nada de lo que los sondeos puedan aventurar termina siendo como deseaba cada cual. En efecto, los ciudadanos y ciudadanas de este país hemos ido a votar por tercera vez en este año y de nuevo las sensaciones son nuevas, llegando a la conclusión principal de que el país se ha desbordado como consecuencia de la tan soberbia como irresponsable decisión del presidente en funciones, Pedro Sánchez, por convocar nuevas elecciones generales, solo porque UNIDAS PODEMOS no le permitía dormir tranquilo, además de “no fiarse nada de ellos”.

Tras una campaña centrada en Catalunya y en la salida de los despojos de Franco del Valle de los Caídos, la bajada de la participación castigó al PSOE, dejando un solo ganador claro: la extrema derecha, que logra duplicar sus apoyos y se convierte en tercera fuerza con 52 escaños, un 15,1% de los votos y más de 3,5 millones de sufragios. El PSOE, creyendo en los augures paniaguados que le aseguraron seguir siendo la más guapa y la mejor vestida, pero perder, aunque sean tres escaños (760.000 votos menos respecto a las elecciones del 28 de abril), es perder por mucho, porque en absoluto era lo que esperaban. Ahora, como partido más votado – la mayoría la otorga el Congreso de los Diputados -, anuncian conversaciones, desde mi punto imposibles, salvo que vuelvan al redil de UNIDAS PODEMOS, cuando dejan claro que su única propuesta es: déjenme gobernar. Como si gobernar solo fuera un asunto suyo.

Desde mi punto de vista, nunca debieron haberse celebrado las elecciones del 28 de abril. La ensoñación de una victoria tan inapelable que diera paso a un Gobierno monocolor se le ha esfumado al líder del PSOE con toda la crudeza de un despertar traumático y con una aritmética parlamentaria mucho más complicada. La representación parlamentaria surgida del 10 de noviembre refleja una sociedad plural y un territorio diverso. España es poco uniforme, por más que le pese a ese sector de la extrema derecha que quiere acabar con unas realidades que no sabe afrontar más que amenazando con ilegalizar sus expresiones políticas y con liquidar los autogobiernos. Los efectos colaterales de esta estúpida estrategia sanchista saltan a la vista: la nueva consulta ha permitido que la extrema derecha sume un millón de votos más y se sitúe en el Parlamento con 52 diputados, resultado impensable hace unos meses cuando habían obtenido 24; que Ciudadanos, que podía haber sido un apoyo decisivo a un gobierno liderado por el PSOE, con sus 56 escaños, haya desaparecido prácticamente del mundo político; que Esquerra Republicana de Cataluña haya perdido 2 diputados y que los fanáticos de JxC los hayan ganado a su vez.

Eran las 23.51 horas del 10 de noviembre cuando Pedro Sánchez apareció en el balcón de Ferraz. Saludó a las masas. Y de pronto se escucharon gritos que clamaban: «¡Con Iglesias, sí! ¡Con Iglesias, sí!» y seguidamente el coro añadió otro sonoro mensaje: «¡Con Casado, no! ¡Con Casado, no!». ¡Ah! Se notaba en Sánchez una cierta incomodidad. Sin perder las formas, advirtió: «Bueno, dejadme terminar. Os veo muy activos. Por favor, dejadme terminar».

Es decir, con los resultados del 10-N en la mano, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, tiene la investidura mucho más difícil que tras los comicios de abril. Porque ahora, o pacta con Iglesias o se tiene que reunir con Casado para explorar la gran coalición con el PP, que tan ansiosamente vienen propiciando Felipe González y José María Aznar con sus compinches. Y eso, a “Sánchez el rojo” le revuelve las tripas y el alma, porque si ambos le dicen que no a sus pretensiones que serán las de un gobierno en solitario del PSOE con apoyos externos de UP y PP gratis total, pues en ese caso los españoles se habrán dado cuenta que el problema y el amo del bloqueo es Sánchez.

De repente, a menos de 48 horas del cierre de los colegios electorales, aparecían Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados para informar del preacuerdo escrito para el establecimiento de un gobierno de coalición entre el PSOE y UNIDAS PODEMOS, manifestando su intención de dejar atrás “cualquier reproche” y dar paso a una nueva etapa: “El proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier desencuentro político que hayamos tenido en los meses anteriores”, ha señalado Pedro Sánchez, que definía el acuerdo como “ilusionante, emocionante y esperanzador” para los españoles.

Aun sin tener asegurados apoyos suficientes, han presentado este acuerdo todavía poco concreto “para cuatro años“: “Este nuevo gobierno va a ser un gobierno rotundamente progresista porque va estar formado por PSOE y UNIDAS PODEMOS y porque va a trabajar por el progreso de los españoles. Lo único que no cabrá será el odio y la confrontación”, ha asegurado el todavía presidente en funciones. Iglesias, por su parte, ha insistido en que ambos trabajarán “en favor de la justicia social” y mostraba sus buenas intenciones: “Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este Gobierno”: “¡españoles, no nos dejéis solos, no permitáis que terminemos de negociar este acuerdo solos, y sobre todo no nos dejéis gobernar solos!”

No obstante, hay que dejar dicho que esto solo es un primer paso, queda mucho por hacer. Son varios años de desencuentros, acuerdos fallidos, desconfianza y acusaciones, recelo y no poco resentimiento acumulado, y todo eso no se evapora con un abrazo ni firmando un documento de principios generales.

Desde luego, no seré yo quien se oponga a este principio de acuerdo para un gobierno de coalición en España. Es más, estoy encantado de que el PSOE y UNIDAS PODEMOS hayan llegado a un acuerdo programático para formar un Gobierno de coalición que saque a España del bloqueo político en el que está inmerso desde las elecciones legislativas del pasado mes de abril. Además, estoy convencido de que el acuerdo saldrá bien; es decir, que Pedro Sánchez dormirá a pierna suelta y Pablo Iglesias no se dedicará a puentearlo mientras tanto. Por la cuenta que les trae, que nos trae, tendrá que haber lealtad y solidaridad. Pero, no nos engañemos, faltan demasiados días y se van a multiplicar las presiones y las maniobras para sabotear este acuerdo. Se van a poner todos los palos imaginables en las ruedas, tratando de buscar las vueltas e intentar enfrentar a los firmantes del pacto. Desde los partidos de la derecha hasta la mayoría de medios, articulistas y tertulianos, por no hablar de las maniobras baroniles en las propias filas de la coalición PSOE-UNIDAS PODEMOS que tampoco faltarán a la cita. Y por supuesto el poder económico, al que no le gustaba una coalición en primavera, y sigue sin hacerle la mínima gracia, por no hablar de una iglesia profundamente preocupada, pues consideran que este gobierno podría poner cerco a sus privilegios fiscales y educativos.

El presidente del Círculo de Empresarios se une al de CEOE y pide “acuerdos a la alemana con PSOE y PP” que den estabilidad al país y eviten pactos con partidos extremos “en este momento de caída económica”

Por si lo dicho no fuera suficiente, hoy, 19 de noviembre, acaba de hacerse pública la sentencia de los ERES de Andalucía – el mayor caso de corrupción habido en nuestro país -, que declara ilegal el sistema por el que el Gobierno andaluz del PSOE robó el dinero del erario público para repartir 679 millones de euros en “ayudas públicas” y otro tipo de ayudas ajenas a los fines a que debían ir destinadas entre los años 2000 a 2009, se añade en la sentencia, que condena a 19 altos cargos del gobierno, entre los que se encuentran los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán, que a su vez ocuparon la mismísima presidencia del PSOE federal.  Un fallo que llega en un momento delicado para la política española, en plenas negociaciones de gobierno entre el PSOE y UNIDAS PODEMOS que, sin duda alguna, tendrá sus consecuencias.

Lógicamente, mi percepción no puede ser coincidente con la que  tienen, por ejemplo, los empresarios, que andan muy preocupados estos días con el pacto de la izquierda, porque entienden que la economía española se va a bolivarizar y van a volver las cartillas de racionamiento. Si fuera así deberían estar hasta contentos, con los corralitos regresará el estraperlo, que tan pingües beneficios les dio a sus abuelos y a sus castas. Si de mí dependiera, les regalaba un contenedor de lexatines y les contaba en pocas palabras qué han hecho los empresarios, sin duda financiadores por tierra, mar y aire de las derechas, para que el PSOE, ganador de los comicios de abril y noviembre, se haya visto obligado a pactar con el Diablo (para ellos, Pablo Iglesias): Nada, absolutamente nada.

Por eso, como no han hecho nada, absolutamente nada, pues toca educación y sanidad públicas por un tubo. Y se le dará una vuelta de tuerca a la reforma laboral para quitarle el punto de esclavitud que le dio el bipartidismo turnista PPSOE con contratos y salarios de mierda. Y se subirán el salario mínimo interprofesional y las pensiones, blindando el sistema público de las mismas en la Constitución como uno de los derechos fundamentales. Y se promoverá la construcción de más viviendas sociales, cerrándole el paso a los fondos buitre. Y no se permitirá la explotación laboral de los jóvenes y se aprobarán medidas para traerlos del exilio. Y se crearán medidas para impulsar la industrialización y el sector primario. Y serán enterrados como decidan sus familias todos los hallados de esos más de 100.000 republicanos desaparecidos del tiro en la nunca y la cuneta. Y, por supuesto, se abrirá una vía de diálogo en Cataluña una vez que los bomberos dejen de ser pirómanos.

Los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán han sido condenados por el fraude de los ERE en una sentencia contundente que prácticamente asume las tesis defendidas durante el proceso por la Fiscalía Anticorrupción. La sentencia dictada este martes por la Audiencia de Sevilla dispone que Griñán deberá cumplir 6 años de prisión y Manuel Chaves 9 de inhabilitación especial por delitos de malversación y prevaricación en el primer caso y por prevaricación el segundo. También han sido condenados a prisión otros nueve ex altos cargos: los ex consejeros Antonio Fernández (7 años), José Antonio Viera (7 años), Francisco Vallejo (7 años), Carmen Martínez Aguayo (6 años), los ex viceconsejeros Agustín Barberá (7 años), Jesús María Rodríguez (6 años), el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (7 años), el ex director general Juan Márquez (7 años), el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano (6 años).

El pacto suscrito para un gobierno de coalición también se compromete a luchar contra el cambio climático, trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción, proteger los servicios públicos, siendo otro aspecto fundamental el de reconocer el derecho a una “muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad” e impulsar políticas feministas, así como una Ley de igualdad laboral y garantizar la justicia fiscal y el equilibrio presupuestario.

La perspectiva de un gobierno de coalición entre el PSOE y UNIDAS PODEMOS abre, sin embargo, interrogantes sobre los que es preciso reflexionar. A nadie le cabe dudas de que el PSOE es un partido socialdemócrata que, como toda la socialdemocracia, sea europea o americana, ha devenido en “socio-liberal”. Esto es, gestiona lo existente, no critica el modelo neoliberal, pero tiene predisposición la existencia de un porcentaje de gasto social que vaya a ayudas sociales que moderen la exclusión que genera este modelo. Recordemos que el PSOE apoyó el Tratado de Maastricht, neoliberalizó la economía española, reformó el artículo 135 de la Constitución, neoliberalizando los derechos sociales al subordinarlos al pago de la deuda. La reciente sentencia del TC basada en las reformas laborales del bipartidismo turnista PPSOE, considerando “procedente” el despido de quien esté de baja más de 9 días en dos meses, supedita el derecho constitucional de la salud a los beneficios empresariales. La deriva socio-liberal del PSOE es evidente, la cual, si bien suele moderarse ante la amenaza que representan las nuevas formas de fascismo expresado por las nuevas ultraderechas europeas y la española, menos novedosa – es el conservadurismo católico y monárquico de los siglos XIX y XX – no obstante, sigue siendo una amenaza.

Sostenían Carlos Marx y Friedrich Engels en “El manifiesto comunista” que el Estado es un instrumento de la clase burguesa y que, por tanto, es imposible la revolución con su ayuda e, incluso, con su mera existencia. Desde esa realidad, cualquier cambio social tendría que venir de los movimientos sociales, de los excluidos, de los subalternos, de los que están descontentos con su situación y ven sus demandas insatisfechas. Y esa insatisfacción se convierte en un factor para el cambio.  El Estado, efectivamente, deja hacer unas cosas y, en cambio, dificulta otras, e ignorar esto cuando entras en el Estado es la mejor garantía para estrellarse. Sería Bob Jessop, el politólogo marxista más reputado en lo referente a la teoría del Estado, quien mejor expresaría esa síntesis: el Estado es una condensación de las luchas de clases del pasado, que han ido construyendo un Estado donde los ganadores de las peleas sociales han ido dejando su sesgo. La conclusión es que para el Estado es más fácil atender a unas demandas que a otras. Sin embargo, que al final esa inclinación se imponga depende de la correlación de fuerzas. Para inclinar la correlación de fuerzas, estar a los mandos del Estado ayuda, pero en absoluto basta. Por eso los grandes cambios se hacen con el apoyo popular presionando en las calles.

Un paso adelante que puede romper finalmente el bloqueo político que vive España. Así analizan los medios de todo el globo de forma mayoritaria el hecho de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hayan firmado un acuerdo preliminar para formar un gobierno de coalición en España. Se enfatiza especialmente el hecho de que el pacto se haya producido solo 48 horas después del 10N y superando los desencuentros que ambos partidos han protagonizado desde abril. Pero se subraya que se trata de un «avance» significativo en un país en el que hasta ahora los partidos había sido reacios a comprometerse y aliarse. En este sentido se apunta que el acuerdo busca también responder y enfrentarse a Vox y la extrema derecha que salió reforzada en las elecciones.

En ese contexto, el preacuerdo para un gobierno de coalición entre el PSOE y UNIDAS PODEMOS debe de servir, entre otras cuestiones, para abrir las preguntas acerca del papel del Estado en el cambio social. En Europa, le ha correspondido a la socialdemocracia gestionar socialmente el capitalismo, ayudado por las presiones de los partidos a su izquierda y de los sindicatos. Pero con la llegada de las crisis económicas, los partidos de la Internacional Socialista, entre los que se encuentra el PSOE, fueron abandonando progresivamente los contenidos socialistas y, al contrario, fueron introduciendo las propuestas neoliberales. Precisamente, contra esa derechización del PSOE nació Podemos. Y si el PSOE ha sobrevivido es porque ha podemizado su discurso. ¿Lo hará también con sus prácticas?

A nadie se le escapa que el Estado en el que va a participar UNIDAS PODEMOS será, en cualquier caso, un Estado heredado de los siglos pasados, el Estado construido desde los Reyes Católicos, retado por los liberales fusilados en las playas y ahorcados en las plazas por los Borbones, apuntalado por Cánovas del Castillo, escrito en piedra y sangre durante el franquismo y restaurado por Juan Carlos I y el PSOE. El Estado, según nos recuerda Bob Jessop, es una condensación de las relaciones sociales del pasado y de cómo se solventaron los conflictos, y de cómo las luchas actuales enfrentan esas tendencias.

En realidad, las posibilidades de cambio tienen mucho que ver con la nueva conciencia que generó el 15M y que rompió el bipartidismo en España, pero el sistema reaccionó y tomó sus medidas. Con esa lógica sistémica se inventó a Ciudadanos y por lo mismo lo ha dejado caer cuando no le ha sido útil. Unidas Podemos no va a poder cambiar España con sus actuales 35 diputados en esta legislatura que se presenta. Y tampoco lo podría hacer teniendo la mayoría absoluta, porque los cambios son lentos y requieren de un apoyo popular y para eso es esencial poder explicar lo que se está haciendo en cada momento. Hay asuntos que se pueden cambiar porque la correlación social de fuerzas ha cambiado, pero otros van a reclamar mucha conciencia, mucha explicación y mucha participación ciudadana.

El Movimiento 15-M, también llamado movimiento de los indignados, fue un movimiento ciudadano formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011, convocada por diversos colectivos, donde después de que varios grupos de personas decidieran acampar en plazas de diferentes ciudades de España esa noche de forma espontánea,​ se produjeron una serie de protestas pacíficas en España, con la intención de promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo PSOE-PP​ y del dominio de bancos y corporaciones, así como una «auténtica división de poderes» y otras medidas con la intención de mejorar el sistema democrático.

Desde mi punto de vista, cuatro grandes asuntos debieran marcar la tarea de UNIDAS PODEMOS en el todavía hipotético gobierno de coalición con el PSOE: FRENAR un probable gobierno alternativo donde esté presente la derecha y, en su caso, de la extrema derecha; HACER virar al Gobierno y a la Unión Europea desde posiciones neoliberales a posiciones socialistas acordes con la Constitución; ABRIR vías institucionales que permitan alumbrar una democracia más profunda (democratizar las instituciones del Estado, especialmente la judicatura, con un especial énfasis en las desigualdades de género; buscar un nuevo consenso territorial; incrementar la participación ciudadana en todas las políticas públicas y en la gestión del Estado; fomentar la organización social; ayudar a la democratización de las empresas; dignificar la memoria; mejorar los sistemas electorales; reforzar la lucha contra la corrupción; fomentar el respeto a los derechos humanos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado); ACOMPAÑAR el empoderamiento social en su voluntad de construir una ciudadanía crítica y organizada.

Es verdad que el gobierno tendrá una sola voz sobre los temas de Gobierno, pero todas las formaciones que integran UNIDAS PODEMOS, tendrán su programa siempre insatisfecho, buscando una mayor incidencia social constantemente apelando a la utopía y reclamando las urgencias sociales, sin olvidar un solo momento que sus objetivos políticos siempre serán más ambiciosos que lo que se puede desarrollar ahora mismo en un Gobierno de la Unión Europea.  ¡¡¡ CLARO QUE SE PUEDE!!!

Buenas tardes, y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias al compañero Joaquín por la organización de este acto para hablar de las pensiones desde esta magnífica tribuna de la Asociación Cultura Popular El Manglar, y gracias a la compañera Carmen por sus palabras hacia mi persona, pero yo solo soy un compañero más que no pretende sino aportar un poco de luz en el oscuro túnel de las pensiones que, junto con el paro y la corrupción, suponen los mayores y más graves problemas que tenemos planteados en nuestro país.

Es verdad que todos los avances, mejoras y acuerdos alcanzados en los últimos meses de lucha por unas pensiones dignas son bienvenidos, como lo son las principales reivindicaciones que reclaman las plataformas de pensionistas, pero la lucha en la calle y en las instituciones no puede cesar hasta lograr una solución permanente que impida que estas se pongan en cuestión, protegiendo las pensiones públicas hasta elevarlas en la Constitución a la categoría de derecho fundamental a la vez que prohibiendo su privatización y pérdida de poder adquisitivo.

Público asistente a la charla sobre pensiones en El Manglar de Oviedo, el 2 de diciembre de 2019

Estamos cansados de escuchar que las mujeres y los pensionistas son dos colectivos sociales poco permeables a las exigencias políticas: en ambos casos se los tenía por votantes mayoritariamente cautivos por la clase dominante, casi siempre conservadora en lo imaginario, pero también de izquierdas. Tanto es así que los partidos no suelen tenerlos de partida entre sus preocupaciones electorales; apenas en los días de campaña les suelen hacer guiños que luego olvidan cuando se instalan en los sillones del poder.

Pero en los últimos tiempos esta actitud y esta sensación han empezado a cambiar. Las mujeres, respaldadas por el peso intelectual, artístico y laboral que han cobrado, alzan su voz en defensa del derecho a la igualdad que les asiste, y han conseguido, sino la culminación de sus objetivos, sí avances muy importantes. Lo han demostrado también, y de manera más sorprendente, los pensionistas. Después de muchos años con las pensiones encubiertamente congeladas, han reaccionado en defensa de sus derechos.

Las manifestaciones en muchas de las grandes ciudades han despertado entre ellos una conciencia, social y política, fundamentada en la reivindicación legítima de un derecho adquirido. Sus argumentos, nuestros argumentos, son convincentes: hemos tributado varias décadas para garantizarse un futuro tranquilo y, por lo tanto, solo reclamamos lo que se nos adeuda, y las movilizaciones de las compañeras y compañeros por todos los rincones de España son el ejemplo de que la lucha continúa.

Y, sin más preámbulos, me vais a permitir que comience mi intervención con unas reflexiones a modo de sinopsis, centradas en los conceptos que titulan mi ponencia.

Anton Saavedra en la charla sobre pensiones en El Manglar, el 2 de diciembre de 2019

LA PRIMERA, para poner de manifiesto que nuestro sistema público de pensiones está en una permanente deconstrucción, al  igual que viene ocurriendo con la mayor parte de los sistemas europeos, de acuerdo con el discurso corsario del Banco Mundial para el abordaje a los sistemas públicos de pensiones, asumidos por la Unión Europea en sus libros Verde y Blanco sobre pensiones, y muy recientemente desarrollados a través del PRODUCTO PANAEUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES (PEPP), aprobado por el Parlamento Europeo, el 4 de abril de 2019, con los votos favorables de los populares y liberales, la abstención del PSOE y el voto en contra de UNIDAS PODEMOS.

Un plan de pensiones de ahorro a largo plazo con muy escasas posibilidades para su rescate, por no decir nulas, que no busca sino canalizar más dinero hacia los mercados de capitales, impulsando el programa de la Unión de Mercados de Capitales.

En realidad, se trata de una “colecta” del capital que, al grito corsario del neoliberalismo viene a decir algo así como: ¡¡¡Ahorradores, prestadle dinero al capital, necesita liquidez!!!

Las sucesivas reformas perpetradas por los gobiernos del bipartidismo PPSOE durante los últimos 35 años nos han abocado a un futuro de pensiones precarias y pensionistas empobrecidos donde, según estimaciones de la propia Comisión Europea, en 2030 un ciudadano con un salario de 1000 euros recibirá una pensión de 600 euros, y en 2050 será tan sólo de 465 euros. Por lo tanto, el problema no es si las pensiones se podrán pagar el mes que viene: el problema es que las pensiones públicas del futuro, caso de seguir existiendo, no van a permitir una vida digna después de muchos años de trabajo.

Ello, sin olvidar que, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, el 32,6 % de los pensionistas cobran en la actualidad menos de los 8.200 euros que delimita el umbral de la pobreza. Es decir, más de tres millones de personas, de las cuales el 60 por ciento de los pensionistas que perciben pensiones por debajo del umbral de la pobreza son mujeres.

LA SEGUNDA, para constatar que la estructura legal de nuestro sistema de pensiones no es más que el resultado de reformas que siempre han tenido como argumento evitar la quiebra de la Seguridad Social, elevando primero, en 1985, con el gobierno felipista del PSOE, desde 10 a 15 años el periodo mínimo de cotización para acceder a pensión; después, en 2011, con el gobierno de Zapatero, elevando la edad de jubilación desde 65 a 67 años; y más recientemente la introducción por parte del gobierno Rajoy del “factor de sostenibilidad”, eliminando la revalorización automática de las pensiones a partir de 2013, aunque mucho antes ya lo había comenzado a realizar el gobierno de Zapatero con la congelación de las pensiones en el año 2010.

Desde mi punto de vista, el problema de la sostenibilidad del sistema público de pensiones siempre se ha venido planteando de la peor forma posible, tratándolo como un problema técnico cuando, en realidad, se trata de un problema político. Se trata de querer enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medio, cuando el verdadero quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende con ello que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos son los que producen” cuando la variable importante es “cuánto se produce”. ¿Cómo es posible que, según el último informe anual de Credit Suisse sobre la riqueza mundial, el 1% de la población mundial posea el 45 % de la riqueza, y el 50 % menos del 1%?

Antón y Carmen en la charla sobre pensiones en El Manglar de Oviedo, el 2 de diciembre de 2019

Es decir, para financiar las pensiones lo que importa es la riqueza que un colectivo produce, más allá de cuántos trabajadores lo producen. Por eso resulta más que vergonzoso que un tema de economía tan elemental se utilice tan superficial y erróneamente. Se olvidan esos economistas del neoliberalismo que, con el cambio tecnológico, cada trabajador está produciendo mucho más que antes, está incrementando la productividad, por lo que no debe importar tanto el número de trabajadores, sino la riqueza que producen.

Lo ocurrido con la agricultura puede servir como ejemplo de lo dicho:  Hace cincuenta años el 30 por ciento de la población activa trabajaba en la agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5 por ciento, pero ese 4,5 por ciento produce más que el 30 por ciento anterior. Por lo tanto, habrá que ir pensando en la necesaria cotización de las máquinas.

Sí, compañeras y compañeros, es hora de empezar a hablar de cómo hacer que coticen las máquinas a la Seguridad Social. Dado que una de las principales causas del desempleo reside en el fenómeno de acumulación de capital en forma de máquinas muy competitivas, éstas deberían ser gravadas con un impuesto específico destinado, entre otros, al pago de las pensiones

Si a ello sumamos las nefastas reformas laborales, que han precarizado el empleo, otorgando más poder a los empresarios en perjuicio de los trabajadores, esto nos ha llevado a unos salarios reales menores y, con ello, a una mayor dificultad para cotizar.

Cuando el empleo es seguro, estable y de calidad, el sistema de pensiones ingresa lo suficiente para repartir y no sufre, pero si el empleo se vuelve inseguro, inestable y de baja calidad, el sistema entra en zona roja e ingresa menos de cuánto debe repartir.

En ese escenario, la reforma del sistema efectuada por el gobierno Zapatero en 2011 no hizo más que consolidar los principios corsarios al discurso oficial sobre las pensiones, y su reforma laboral de 2010 no sólo supuso una verdadera desamortización del mercado de trabajo, despojando la política de empleo de su dimensión social y devolviendo a manos privadas la regulación de las relaciones laborales, sino que fue una auténtica bomba de relojería en el corazón de nuestra Seguridad Social, de tal manera que, desamortizado el mercado laboral, la desamortización del sistema público de pensiones quedaba convertido en el más lucrativo negocio privado.

LA TERCERA, para afirmar que el objetivo de fondo no es otro que acabar con el sistema público de pensiones, lo cual procurará un doble beneficio al capital. El más evidente: promocionar el negocio de los sistemas privados de pensiones y lograr que las cotizaciones gestionadas actualmente por la Seguridad Social lo sean por agencias privadas propiedad del oligopolio bancario, dando más dinero fresco a la banca para seguir especulando en los mercados financieros.

Charla sobre pensiones en El Manglar de Oviedo, el 2 de diciembre de 2019

Se trata de trasladar el modelo “piñerista”, implantado bajo la dictadura militar de Pinochet en Chile, allá por el año 1981, donde jubilarse en aquel país hermano es algo así como sacarse un carnet de pobre para los ya de por sí pobres. En efecto, Chile fue pionero en el establecimiento del sistema privado obligatorio, aunque curiosamente se mantuvo y todavía se mantiene el sistema público de reparto para las fuerzas armadas. En la actualidad, casi dos millones de los pensionistas chilenos viven con la limosna de 140 dólares mensuales que el gobierno introdujo a partir del año 2008, siendo una de las principales reivindicaciones del movimiento obrero chileno desde el año 2016 la lucha permanente por volver al sistema público de pensiones. Una lucha que se desarrolla estos días en toda su crudeza con el triste balance de 45 trabajadores chilenos muertos y más de 2.000 heridos graves por las balas de las fuerzas policiales y del ejército.

Y los “piñeristas” españoles, procedentes de la escuela de Chicago, caso concreto del exministro de Hacienda y Economía con el PSOE, Carlos Solchaga, están inmersos en ese abordaje corsario para convencer a los gobiernos del bipartidismo PPSOE de que la vía buena es la de favorecer los fondos privados de pensiones a costa de recortar nuestro sistema público, hasta llegar incluso a su desaparición.

¿De dónde saca el exministro Solchaga que los pensionistas no hemos cotizado lo suficiente? ¿Por qué quiere tener en cuenta solo las cotizaciones que pagan los trabajadores? ¿Quién ha producido la riqueza de la que vive el resto de la sociedad?

Los pensionistas españoles han trabajado un mínimo de 35 años para cobrar su pensión. ¿Puede presentar el exministro Solchaga los cálculos de que no han pagado lo suficiente para financiar sus pensiones?

Afirma también, el exministro Solchaga que, si tuvieran los pensionistas un sistema de capitalización, estos cobrarían la mitad de lo que cobran ahora. En absoluto parece darse cuenta este energúmeno de que está incurriendo en una muy grave contradicción: si con el sistema de capitalización privado cobrarían menos es porque con sus cotizaciones no alcanzarían para cobrar más, mientras que con lo que cotizan a las pensiones públicas cobrarían doble. Es decir, el sistema público de pensiones permite un mejor nivel de vida a los ancianos que el sistema privado. Y, por supuesto, no vamos a preguntar cuanto dinero tiene invertido el señor Solchaga en los, sin duda jugosos, fondos privados que probablemente tiene para sus pensiones, derivados de los 600.000 euros al año que percibe por sus múltiples actividades para los grandes empresarios del IBEX35. Además, exministro Solchaga: si no hay dinero para las pensiones públicas, ¿de donde sale el dinero para las pensiones privadas?

En otras palabras, existen poderosos sectores de las finanzas que buscan una España en la que jubilarse con cierta dignidad sea solo un privilegio reservado para aquellas y aquellos agraciados que cobran auténticas millonadas de dinero. Al respecto, conviene preguntarse si en el futuro las grandes empresas como el Corte Inglés o las grandes cadenas, tendrán su propio sistema de pensiones privados con entidades bancarias como el BBVA, Santander u otras, aunque no parece probable, debido, sobre todo, a la experiencia de muchas empresas en EE.UU. y en nuestro país, entre otros, donde muchas empresas importantes tenían su propio fondo de pensiones y quebraron, desapareciendo el dinero de las pensiones, caso concreto de la conocida ENRON, por no hablar del fondo de pensiones de TELEFONICA aquí, en España.

LA CUARTA, para confirmar que  el objetivo de los gobiernos neoliberales del bipartidismo turnista PPSOE no fue otro qué alcanzar el mayor debilitamiento de la clase trabajadora, porque sin pensiones garantizadas, los trabajadores seguiremos siendo ciudadanos temerosos ante nuestro futuro, cada vez más incapaces de movilizarse en defensa de nuestros intereses, y ni siquiera de perder un solo día de cotización para hacer una huelga, quedando obligados a trabajar hasta el fin de sus días, aquellos que tengan el “privilegio” de tener un puesto de trabajo.

Charla sobre pensiones en El Manglar de Oviedo, el 2 de diciembre de 2019

Se trata, compañeras y compañeros, de ir al desmantelamiento de lo que un día se llamó el “Estado del Bienestar” que siguió al final de la II Guerra Mundial, con sus políticas de pleno empleo y amplios servicios públicos redistribuidores de renta y riqueza logrados a través de la “lucha de clases”, esa “lucha de clases” que hoy se va transformando en una “lucha de frases”.

Estamos viviendo, amigas y amigos, un periodo de sindicalismo débil y de fuerte integración de muchos dirigentes sociales y políticos al pensamiento ortodoxo, lo que ha llevado a que muchos sindicatos, autoproclamados de clase, hayan aceptado acríticamente el análisis y las soluciones ofrecidas por los dirigentes económicos y políticos del neoliberalismo, considerándolos como el “mal menor”; otros, incluso, se están beneficiando de la privatización de las pensiones, lo que les ha conducido a debilitar fuertemente la oposición a estas.

Mirad, compañeras y compañeros: pudiendo ser cierto que la Seguridad Social cerró 2018 con un déficit equivalente al 1,2 % del PIB, ¿por eso no se pueden pagar las pensiones? ¿a quién puede escandalizar un déficit tan exiguo como el de la Seguridad Social? ¿Acaso no cerraron las Administraciones Públicas en 2009 con un déficit del 11% del PIB, en 2010 del 9,4%, en 2011 del 9,6%, en 2012 del 9, en 2016 del 4,51 %, en 2018 con el 2,9%, y se financió?

¿No se puede financiar un déficit del 1,2 % o es que depende de a quién vaya destinado el dinero? Recordemos que buena parte del déficit de aquellos años se debió al rescate bancario, y resulta más que indignante cuando el gobierno pepero de Mariano Rajoy ha destinado al rescate de las Cajas de Ahorros, la misma suma que había en la llamada “hucha” de las pensiones.

Utilizar este método de asignación del déficit a las políticas con insuficientes recursos propios, implicaría afirmar que existe también déficit en el capítulo de defensa, infraestructuras, protección ciudadana o justicia.

No es que el déficit de la Seguridad Social sea elevado: la clave radica en si los trabajadores tenemos o no la misma capacidad de presión que la banca para que el Estado ponga el presupuesto a su servicio.

Mirad, compañeras y compañeros: manejando exactamente los mismos números que manejan los turnistas gobiernos del PPSOE, el dinero de nuestras cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los últimos treinta años, éste ha servido, se ha utilizado para muchas cosas, desde la financiación de la sanidad hasta las pensiones no contributivas pasando por la financiación de los propios Presupuestos Generales del Estado.

Sí, compañeras y compañeros, con el dinero de nuestras cotizaciones, de vuestras cotizaciones, se han financiado hasta los Presupuestos Generales del Estado, y si todo ese dinero se hubiese destinado exclusivamente al fondo de las pensiones, ahora mismo ese fondo de pensiones tendría ¡¡¡MEDIO BILLÓN DE EUROS!!!

Por lo tanto, si el dinero de nuestras cotizaciones ha estado financiando otras políticas, sería justo que ahora otras políticas, otros impuestos, financien a las pensiones. En absoluto habría ningún problema de sostenibilidad si el fondo de pensiones hubiese sido destinado a las pensiones. Sí, claro que hay dinero para las pensiones. Claro que el sistema de pensiones es sostenible. Los que no son sostenibles son los corsarios del neoliberalismo gubernamental al abordaje del Estado del Bienestar.

¿De dónde puede sacar el Estado más dinero para no tener déficit y garantizar las pensiones? Buscad en internet, buscad la palabra GESTHA, que es una organización de inspectores de Hacienda que se dedica a informarle a nuestro pueblo de lo que está ocurriendo tras la cortina de la economía y los impuestos.

Y estos inspectores, que saben perfectamente de qué se está hablando, nos dan los siguientes datos escalofriantes: En España se defraudan todos los años 90.000 millones de euros, que equivalen al 8,6% del PIB. Una cifra cuatro veces superior a las ayudas destinadas a los parados, más del 90% del presupuesto anual para la salud o el 88% del gasto destinado a las pensiones.  Y dicen mucho más: el 72 % de ese fraude lo tienen los grandes empresarios de este país. En España, por lo tanto, está sobrando dinero.

Charla sobre pensiones en El Manglar de Ovied, el 2 de diciembre de 2019

Pero hay un fraude que pone los pelos de punta y que demuestra realmente a quienes sirven determinados políticos y sus gobiernos. Existe una cosa que se llama Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). Es decir, un señor quiere pagar menos dinero y menos impuestos por su dinero y funda una SICAV, pero le ponen una condición: tiene que haber por lo menos cien personas y entre todas juntar 2,4 millones de euros. Yo pongo 2 millones y el resto lo reparto entre las 99 personas o “mariachis”. Desde ese momento yo no pago el 35 % de impuestos, sino que pago el 1 %. ¡¡¡Claro que es un escándalo, esto es un robo consentido!!!

El caso es que los inspectores de Hacienda cuando se dieron cuenta de qué estaba haciendo el señor y sus “mariachis”, quisieron meterle mano. Y cuando empezaron los trámites, el PSOE, el PP, CIU y PNV aprobaban una ley en el Congreso por la cual, esto se quita a los inspectores de Hacienda y se le pasa a una entidad nueva que se llama Comisión Nacional de Valores (CNMV), y ésta lo primero que dice es que: Aquí ya no se mete mano a estos señores y, además, olvídense de retroactividades.

Por eso, cuando nos dicen que en España no hay dinero, decidles que “eso es mentira”. Qué están mintiendo como malditos bellacos. ¡¡¡Hay dinero, mucho dinero!!!, el problema es si se quiere ir por él. Si se va a los paraísos fiscales, si se coge la fiscalidad, si se tiene el valor cívico de meterle mano a uno de los problemas más gordos que hay junto con el de la economía sumergida, precisamente, uno de los mayores lastres para el crecimiento del país con una cifra de dinero oculto a los ojos del Estado en torno al 20% del PIB.

Por cierto, ¿por qué todos los partidos, a excepción de UNIDAS PODEMOS, se han opuesto a que la banca devuelva los 60.600 millones procedentes del dinero de los contribuyentes para el rescate de la banca? Sirva como comparativa para confirmar que esta cuantía sería suficiente para volver a llenar la tan manoseada “hucha de las pensiones”, pero todos los partidos, con la excepción de UNIDAS PODEMOS, se oponen porque la banca es quien les mantiene, es la que manda en el país, es la que que maneja los hilos que mueven las marionetas sentadas en las poltronas ministeriales.

El Estado no quiere tener más ingresos. Pero no porque el Estado sea misericordioso con los que tienen el dinero. Es que el Estado es el dominguillo, el criado, el títere del auténtico poder económico; por lo tanto, nuestro problema es con el poder. Lo que pasa es que el gobierno se interpone, porque es el fiel manijero de ese poder.

Todo lo que se nos ha contado sobre nuestras pensiones es mentira. No es verdad que gastemos en pensiones de manera desproporcionada.

Nuestro país se gastó el año pasado en pensiones un 12% de su Producto Interior Bruto, muy por debajo de Francia (15%), Alemania (14,4%), Portugal (14,9%), por no hablar de Italia (16,5%) o Austria (14,6%), y muy por debajo de la media de la zona euro (13,6%), según los datos oficiales de Eurostat, la oficina estadística de la UE.

Pero, además, el sistema de pensiones cumple una función macroeconómica evidente, no en vano representa el 12 % del PIB actual orientado a consumo y, por tanto, una fuente básica de demanda de bienes y servicios suministrados por empresas, profesionales y administraciones públicas, con impacto evidente en la actividad económica, el empleo y la generación de retornos relevantes también, vía impuestos.

Por otra parte, constituye un mecanismo potentísimo de cohesión social, territorial y, muy especialmente, de solidaridad intergeneracional. Por lo tanto, la consecuencia lógica de todo ello es una formulación de “cómo debemos actuar para preservar, reforzar y garantizar nuestro sistema público de pensiones, el mismo sistema, a ser posible mejorado, del que tienen que seguir disfrutando nuestros hijos y nietos”

Ni siquiera es cierto que el déficit de la Seguridad Social se deba a un aumento espectacular de los pensionistas. Se debe, sobre todo, tal y como ha quedado dicho, a las sucesivas reformas laborales que han mandado a los trabajadores a la precariedad permanente con salarios de subsistencia.

Y no es que los salarios sean bajos porque se produzca menos riqueza que antes. Al contrario, ahora se produce más, tal y como ha quedado dicho. El problema es como se está distribuyendo ese dinero, cada vez más en menos manos, dónde los salarios son la principal base sobre la que se produce este trasvase de riqueza que acaba en manos de la oligarquía financiera.

Se trata de caminar, amigas y amigos, hacia una redistribución más justa, más equitativa, de la inmensa riqueza que produce nuestro país, comenzando por los salarios, y exigiendo que no haya ningún salario por debajo de 1.200 euros mensuales, a la vez que poniendo fin a este continuo saqueo sobre el conjunto de la población trabajadora.

Además, abundando más en el tema, ¿por qué se habla del “déficit” de la Seguridad Social y no de otros organismos del Estado? ¿Cuál es el déficit de la Casa Real? ¿Y del Ministerio de Defensa? ¿Cuánto dinero de nuestros impuestos se destina todos los años a la Iglesia? ¿Y cuánto al rescate de las autopistas? ¿Cerramos la Universidad? ¿Dejamos de hacer carreteras?

Solamente, por hablar del gasto militar en España por estar en la OTAN y la UEO, con sus gastos de personal, incluida la seguridad social, supone hablar de 2,47 billones de pesetas, es decir el 2,8 por ciento del PIB. Y lo mismo podríamos decir de la financiación de la Iglesia por parte de todos los gobiernos que se sucedieron en las poltronas ministeriales durante los años que llevamos de la segunda restauración monárquica, con cifras que superan muy ampliamente los 15.000 millones de euros anuales. ¿Seguimos hablando de cuánto nos cuesta la colmena de los zánganos y zánganas de la Casa Real?

Por lo tanto, decir que la Seguridad Social se encuentra al borde de la quiebra es una estupidez, porque detrás de la Seguridad Social está el Estado con todos sus recursos financieros.

En absoluto se trata de carencia de medios, es un problema de opciones: de a quien se da y a quien se quita, de qué gastos son prioritarios y, sobre todo, cuánto se recauda y de dónde.

En definitiva, compañeras y compañeros, ningún colectivo ha sido tan castigado económicamente como el de los pensionistas. Nadie ha sido tan estafado como los jubilados. Ninguna demagogia tan despreciable como la dirigida a los ancianos y ancianas, a quienes se asusta con el miedo a quitarles su pensión, cuando no la aceleración de su muerte.

Al respecto, es bien conocida la frase de aquel Ministro de Economía japonés afirmando que “el deber patriótico de los viejos es que se mueran cuando les corresponda, esto es, lo más pronto posible”, un pensamiento muy deseado por esos corsarios del neoliberalismo, aunque no lo digan tan claro, utilizando narrativas un pelín más sofisticadas, como por ejemplo que “el alargamiento de los años que los ancianos viven está creando un enorme problema a la economía del país”

En realidad, siempre según Eurostat, la agencia de datos de la Unión Europea, el porcentaje de la población anciana es prácticamente la misma en España (19 %) que el promedio de los países de la UE-15 (19,03 %) y ligeramente inferior a la de la UE-28 (19,4 %). No es cierto, por lo tanto, que nuestro país sea uno de los países con “más viejos” o “más abuelos”.

No es la pirámide de población, ni el incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos del bipartidismo PPSOE.

Público asistente a la charla de las pensiones en el Manglar de Oviedo, el 2 de diciembre de 2019

El riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal en España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4 %), inferior incluso a Grecia (34,9%) y a Portugal (36,1%), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente, y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo.

Antón Saavedra en El Manglar, el 2 de deciembre de 2019

En la actualidad, compañeras y compañeros, más del 50% de los ¡¡¡ NUEVE MILLONES DE PENSIONISTAS !!! está por debajo del Salario Mínimo y casi el 35% apenas llegan al mínimo, una situación mucho más gravosa para las mujeres, que de media cobran un 30% menos que los hombres, pero la cruda realidad es que ni al Gobierno, ni a la Patronal, les preocupa en lo más absoluto el sistema público de pensiones y la sostenibilidad de los pensionistas.

¿Hay alguna razón para que no se puedan pagar las pensiones? ¿Existe el menor riesgo de que dejen de cobrarse? El único peligro posible no nace de los hechos objetivos, sino de una ideología que considera pernicioso cualquier mecanismo redistributivo.

Introducir la incertidumbre, la duda y el miedo entre aquellas personas que, por haber llegado a la última etapa de su vida, se sienten más indefensas y son más vulnerables al argumento de la inseguridad es simplemente canallesco, porque el día que se diga que no hay dinero para el pago de las pensiones, ese día será que ha quebrado el Estado, y si esto llegase a ocurrir, entonces sería cuando el problema de nuestras pensiones, dejaría de ser un problema.

Por lo tanto, es necesario seguir luchando en la calle y en las instituciones a través de nuestros representantes políticos, para dar soluciones al problema de nuestras pensiones. Y para lograrlo, es totalmente necesario seguir llenando los parlamentos y ayuntamientos de compañeras y compañeros rojos, verdes y moradas, procedentes, no sólo de la universidad, sino de las fuerzas del trabajo y, como no, del propio colectivo de pensionistas.

En la actualidad, cada vez que toca la paga doble de nuestras pensiones, se nos machaca constantemente con que se han sacado tantos millones de la “hucha” de las pensiones, dejándonos “caer” que esto se va acabando. Pues bien, cuando se acabe que la vuelvan a llenar, así de fácil, pero que nadie trate de seguir engañándonos con el cacareado PACTO DE TOLEDO.

En efecto, éste ha sido para las prestaciones sociales lo que fueron los PACTOS DE LA MONCLOA de 1978 para los derechos laborales: las bases que propiciaron el principio del fin de un conjunto de derechos duramente conquistados a lo largo de la historia por el MOVIMIENTO OBRERO.

Aquellos “Pactos de La Moncloa” de 1978 fueron alborozadamente saludados como “una gran conquista para la democracia y los derechos de los trabajadores” de igual manera que el “Pacto de Toledo” de 1995 provocó el éxtasis de sus actores, declarando a los cuatro vientos que, gracias al pacto, quedaban garantizadas para el futuro los derechos sociales y el Sistema de Seguridad Social, incluida la jubilación, cuando la cruda realidad es que el “Pacto de Toledo” ha servido para introducir muy sibilinamente una novedad que, a la postre, ha resultado nefasta para los intereses de la clase trabajadora, al consagrar el llamado principio de “separación y diferenciación de las fuentes de financiación” del sistema.

¿Alguien piensa todavía que aquella proposición de ley que parió el Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995 a iniciativa de los pujolistas catalanes había caído del cielo? ¡Que va! Aquello respondía, igual que ahora ocurre con el PEPP referido al inicio de mí intervención, a una ofensiva internacional en contra de las pensiones públicas y a favor de las privadas, que partía del Banco Mundial y de la Unión Europea.

Carmen, Antón y Loly en El Manglar de Oviedo, el 2 de diciembre de 2019

¿Qué se esconde tras tan ampuloso epígrafe?  Pues, lisa y llanamente, que a partir de la firma del “pacto”, la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva dependerán básicamente de las cotizaciones sociales, quedando excluida la posibilidad de complementar tal financiación con cargo a otras partidas de los Presupuestos Generales del Estado, creando para ello lo que se ha venido en llamar la “hucha” del Sistema de Seguridad Social, cuyos ingresos – exclusivamente provenientes de las cuotas sociales – deberán servir para el pago de las correspondientes prestaciones, de tal forma que una previsión – verdadera o falsa – de incapacidad de tal “hucha” para garantizar los pagos a medio y largo plazo, se traducirá inmediatamente en recortes de las prestaciones o, incluso de su desaparición pura y dura.

Si para algo ha servido el PACTO DE TOLEDO ha sido para mantener a la sociedad inconscientemente tranquila respecto a una supuesta robustez del sistema de reparto, donde se aceptaba sin más el marco de debate fijado previamente por el pensamiento corsario, cuando la realidad, oculta una elección profundamente ideológica: o mantener las pensiones en el ámbito de las políticas del bienestar, como una responsabilidad pública, o seguir aceptando su lento traslado hacia la esfera estrictamente individual.

En este contexto, resultaba muy interesante escuchar los argumentos y compromisos del PSOE en sus campañas electorales cuando, refiriéndose a las pensiones han dejado hablado y escrito “que tú pensión está en peligro, porque el Gobierno del Partido Popular ha fomentado el empleo precario y las cotizaciones son más bajas que nunca. Su objetivo no es otro que agotar el Fondo de Reserva para destruir el sistema público de pensiones y después privatizarlo. No lo podemos permitir”.

Pues bien, ahora que está a punto de lograrse un gobierno de coalición PSOE-UNIDAS PODEMOS, los y las pensionistas tenemos que seguir en la lucha, porque “gobierne quien gobierne las pensiones se defienden”, tal y como demostramos recientemente en la multitudinaria manifestación de los pensionistas en Madrid, el 16 de octubre de 2019, y tendremos que seguir demostrando el próximo 16 de diciembre en Oviedo.

Para el caso de que se llegue al gobierno de coalición, la nueva situación pondrá a prueba, además de las tácticas de los partidos que lo integran, las convicciones de sus bases que participan en movimientos sociales, teniendo que optar entre acatar las razones de estado que reclaman los partidos o permanecer fieles a sus principios. Ocurrirá, por ejemplo, en el caso de militantes de Unidas Podemos que son activistas del movimiento de pensionistas. De entrada, habrá que valorar si resulta satisfactorio o insuficiente este compromiso del futuro gobierno en materia de pensiones.

Público asistente a la charla sobre las pensiones en El Manglar de Oviedo, el 2 de diceembre de 2019

Es decir, por mucho que sigan rebuznando los González, Aznar y demás compinches, las pensiones deben de seguir siendo sustentadas con cualquier tipo de partida presupuestaria y no sólo con las cotizaciones, a la vez que exigiendo el blindaje de las mismas en la Constitución Española de acuerdo con su artículo cincuenta que obliga al Estado a tener recursos suficientes para el pago de pensiones y su revisión periódica. Una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones, y que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones.

Es una broma cruel decirle a alguien que cobra 700 euros al mes que se haga un plan de pensiones privado. La verdad sobre nuestras pensiones es muy sencilla. Donde nosotros vemos un derecho, ellos ven el gran negocio.

Por eso, la movilización de la clase trabajadora, del conjunto de la ciudadanía, en contra de este ataque brutal contra la vida y la dignidad de las personas, es la única herramienta válida para paralizar este proceso tan irracional como inhumano.

En Francia acaban de convocar una huelga general del transporte contra la reforma de las pensiones. ¿Sabéis cuales son los motivos de la misma? Porque el gobierno de Macron quiere ampliar la edad de jubilación desde los 62 años hasta los 64 y aumentar el número de años contribuidos necesarios para jubilarse, así como fusionar en uno solo los 42 regímenes de pensiones hoy vigentes y distintos en función de cada profesión. Aquí, en nuestro país, el gobierno del PSOE ha elevado la edad de jubilación hasta los 67 años y nos hemos quedado tan panchos.

Es cierto que, tal y como se recogía en los Presupuestos Generales del Estado, aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy para los años 2018 y 2019, las pensiones actuales se han incrementado con el 1,6 por ciento, y las mínimas con un 3 por ciento; que la base reguladora para las pensiones de viudedad se ha  incrementado hasta el 60 por ciento, y que el temible “factor de sostenibilidad” ha quedado anulado, de momento; pero no es menos cierto que, siendo positivas todas estas conquistas arrancadas, en absoluto sirven para ahuyentar las amenazas que se ciernen sobre las pensiones.

En definitiva, la Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Algunos propugnan hoy volver a ese estado recuperando un capitalismo salvaje. Si los gobernantes y legisladores hincan la rodilla ante el poder económico, nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas es aprestarnos a la defensa civil con todas las armas que tengamos a nuestro alcance.

Muchas gracias.

“…sin moralidad, toda riqueza es escasa, todo poder es débil: donde las leyes autorizan la desigualdad de las fortunas; cuando la mala distribución de las riquezas pone la opulencia en pocos y la indigencia en el mayor número, entonces no hay crecimiento sostenible, y por ese camino la sociedad entrará en quiebra y las instituciones perderán toda legitimación”.

(Gaspar Melchor de JOVELLANOS, desde su reclusión en Bellver, el año 1802)

¿Qué ha pasado con nuestra región que de ser uno de los motores de la industria española, contribuyendo decisivamente a que España ocupara un lugar destacado entre los países más industrializados del mundo, haya pasado a convertirse en una región que de ser importadora de mano de obra procedente de otros lugares esté perdiendo lo más importante para el futuro como son los jóvenes, cuyo destino es el exilio “a no se sabe dónde” por falta de expectativas? ¿Qué ha ocurrido con aquella región de la vieja industrialización europea del carbón y del acero que tan solidariamente contribuyó a eliminar la terrible hambruna que había en España como consecuencia de aquel golpe del fascismo contra el gobierno legítimo de la II República que trajo la incívica guerra? ¿Qué está ocurriendo en Asturias para que sea la región española con menor crecimiento económico desde la llegada de la segunda restauración monárquica, camino de consolidarse como una región periférica en Europa, entre otras cuestiones, porque ha desaprovechado todas las posibilidades de una reindustrialización efectiva, por carecer de una clase empresarial pujante, y por tener una clase política clientelista y corrupta?

La industria en España había llegado de la mano de las instituciones públicas y del capital extranjero de los países industrializados, pero la burguesía española, salvo la excepción que marca toda regla, jamás apostó por la industrialización y por el cambio de los medios de producción, quedando, lógicamente, atrasada con respecto a las economías europeas más pujantes. La burguesía siempre prefirió invertir su dinero fuera de Asturias, primero en la adquisición de tierras, y después en la especulación inmobiliaria, y, a la larga, la artesanía autóctona no pudo competir con los productos industriales.

El 17 de septiembre de 1844 es fundada en Londres la Asturian Mining Company, que establece en la vega de Sueros, entre Mieres del Camino y Ablaña, en el concejo asturiano de Mieres, una fundición de hierro. Su único alto horno se puso en funcionamiento en 1848, proporcionando el primer hierro de calidad en España utilizando coque (conocido entonces como «el método inglés»). El establecimiento fue conocido, entonces y posteriormente, como la fábrica de Mieres.

En efecto, sería el carbón el motor indispensable de la actividad económica e industrial en el primer mundo que pondría en movimiento las máquinas de la era del vapor como símbolo de aquella industrialización, y ello condujo a la fundición del mineral de hierro en las siderurgias, compensando aquella falta de compromiso autóctono con el de procedencia extranjera, en su mayoría inglés, belga y francés, así como con el procedente de otras provincias españolas como el madrileño, vasco, catalán o riojano, siendo estos capitales los que impulsarían las inversiones foráneas para la integración de la minería del carbón y la industria pesada.

Desde la investigación de los recursos y las reservas mineras de Guillermo Schultz y Adrianne Paillete, que fueron la base para la explotación y el proceso de la industrialización de la región asturiana, éste ha sido llevado a cabo por la burguesía foránea, tales como el banquero sevillano Aguado (1833), la Real Compañía Asturiana de Minas de capital belga (1844), el inglés John Mauby (Asturiana Mining Company en 1844), el banquero francés Numa Guilhou (Compagnie Minière et Metallurgique des Asturies en 1874), el riojano Pedro Duro Benito (Metalúrgica Duro en 1857) y la sociedad francesa Minas y Fábricas de Moreda y Gijón (1879).

En 1858, Pedro Duro Benito creaba la empresa Sociedad Metalúrgica de Langreo, más tarde Duro y Compañía, en La Felguera (Asturias) aprovechando los ricos recursos de la zona (carbón, agua, transporte, etc.) para dedicarla a la producción siderúrgica y la extracción de carbón. La compañía se convertiría a finales del siglo XIX en la principal siderurgia española.

Sin embargo, la revolución industrial no se dio en aquella Asturias del siglo XVIII, pues teniendo, como tenía, las materias primas básicas y una abundante y barata mano de obra, había una ausencia de preparación debido a la falta de enseñanzas técnicas, una carencia de ahorro autóctono suficiente para canalizar hacia la industria y unas muy malas comunicaciones con la meseta, cuya consecuencia principal fue la pérdida de la supremacía de la siderurgia asturiana en 1880, ante el empuje de las modernas factorías vascas, donde sí funcionaba la burguesía vasca de los Ybarra, los Martínez Rivas, los Lezama-Leguizamón, los Sota o los Chavarri, poniendo “patas arriba” aquella primera industrialización asturiana, tratando de justificar aquel fracaso en los elevados costes del carbón asturiano, mucho menos competitivo que los carbones ingleses. Además, los hierros de primera fusión carecían del suficiente valor añadido para hacerlos comercialmente más atractivos – seguían manifestando sus detractores a la vez que competidores -, sin que se generaran capitales propios desde Asturias suficientes para la inversión fabril ni si lograra una mayor y necesaria diversificación empresarial.

La realidad era que, en 1863, las Juntas Generales reunidas en Gernika habían tomado la decisión que cambiaría el curso de la historia económica vasca al suprimir la prohibición de exportar mineral de hierro procedente de sus minas de Ortuella, Galdames o Somorrostro más allá de los límites del Señorío de Vizcaya, lo que, a efectos prácticos, suponía la gran oportunidad para hacer negocios sin precedentes, creándose una auténtica aristocracia económica favorecida, tanto por el preciado mineral férrico como por los mercados internacionales ávidos de tan valiosa materia prima. A cambió, dicho de una manera más entendible, se aprovechaba el mismo barco que llevaba el hierro a Inglaterra para traer el carbón inglés con destino a la siderurgia vasca.

En esas condiciones se llegó a la segunda industrialización asturiana – coincidente con el régimen político de la Restauración borbónica -, comprendida entre la crisis de 1886-1896 y la primera guerra mundial (1914 -1918), que se prolongaría artificialmente hasta la depresión de la década de 1930, donde jugaron un papel decisivo el movimiento obrero, el impulso empresarial, el fenómeno indiano y la expansión educativa.

En efecto, corrían los finales del siglo XVIII cuando el estancamiento extranjero se vería compensado con la llegada de los capitales coloniales, los cuales, de la mano del proteccionismo aduanero de Cánovas del Castillo,  hicieron posible una cierta diversificación industrial: La Algodonera de Gijón (1890), La Estrella de Gijón (1893), fábricas de sidra, azucarera, gas, electricidad y vidrio, cuando Gijón comienza a ser uno de los primeros núcleos fabriles, surgiendo de nuevo gentes de fuera de Asturias, como el ingeniero vasco José Tartiere y Lenegre, el empresario berciano Policarpo Herrero Vázquez o el catalán Pedro Masaveu Rovira, que van a desarrollar su capacidad empresarial en Asturias.

La Algodonera se fundaría en Gijón en 1899 por un grupo de empresarios catalanes, y fue una industria textil puntera en Asturias. Cerró sus puertas el 7 de noviembre de 1966 tras 67 años de actividad.

Después de tanto retraso, la situación empezaría a cambiar rápidamente cuando estos capitalistas nacionales y extranjeros compraron empresas mineras – la burguesía vasca adquiría minas en Asturias para fundar en 1890 la Hullera de Turón -, montando empresas metalúrgicas y construyendo el ferrocarril de Langreo para dar salida a los carbones de la zona.

Desde ese momento, la marcha industrial de Asturias fue – en comparación con el resto del país – imparable y acabó convirtiendo a la región asturiana en el centro de la industria minera y siderúrgica de España, resaltando en este periodo una serie de hechos importantes, tales como el reajuste del sistema de comunicaciones con la articulación del mercado regional, y su inserción en el nacional a través de obras como el ferrocarril de Pajares o el puerto de El Musel; el regreso de los capitales indianos como consecuencia de la guerra colonial de 1898; el protagonismo de las cámaras de comercio gracias a la política proteccionista, y la aparición de una diversificación empresarial (aunque un tanto limitada) con la producción de energía eléctrica, el cemento, los  explosivos y las bebidas industriales.

El puerto de Gijón que engloba una extensa franja marítima terrestre que va desde el puerto deportivo al Musel y zona de Aboño, acogió en exclusividad la actividad portuaria hasta 1907, año en el que se inician la explotación comercial de El Musel, principalmente, con las exportaciones de mineral y de hierro y carbón. Sucesivamente el puerto se iría ampliando en sus espigones y muelles convirtiéndose en los años cuarenta en el principal puerto español en movimiento de tráficos. La actividad industrial de Asturias tuvo en el Puerto de Gijón su principal aliado, desde el principio (mediados del siglo XIX) con los embarques de graneles sólidos procedentes de las cuencas mineras asturianas del Caudal y del Nalón (en el caso del carbón), y de la zona de Carreño (en el caso de mineral de hierro).

La primera guerra mundial (1914-1918), como consecuencia de la necesidad de primeras materias de las potencias beligerantes, supondría una coyuntura excepcional para la industria extractiva y metalúrgica asturiana, a la que proporcionó cuantiosas ganancias, sobre todo con la transformación de sus productos. Sin embargo, estos beneficios no supieron emplearse para dinamizar el tejido regional de pequeñas y medianas empresas.

La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) daría paso a una economía centralizada, en la que la demanda pública suplía el mercado exterior, de tal manera que el Estado quedaba transformado en el garante del crecimiento económico que aseguraba los pedidos industriales mediante barreras arancelarias en un intento de mantener los niveles de vida y empleo, llegando a alcanzar en esta etapa de entreguerras los mejores tiempos para el carbón y la siderurgia. Pero aquel tímido repunte económico quedaría bruscamente interrumpido por la depresión de los años treinta en Asturias, caracterizada por la llegada con retraso de la crisis de 1929, la inestabilidad social – que dio lugar a la Revolución del 34 – y el golpe fascista contra el gobierno legítimo de la II República que trajo la guerra incivil a nuestro país.

Finalizada aquella contienda fratricida, el país quedaría desangrado por el conflicto bélico de tres años de duración, en el que se habían sacrificado una gran cantidad de recursos muy valiosos para un país atrasado como España, que se concretó en graves pérdidas materiales; caída de la producción agrícola y la ganadera de un 20 % y un 25% respectivamente, así como un descenso en la producción industrial en torno al 30%; agotamiento de las reservas de oro y divisas; deterioro de las infraestructuras y, lo más importante, las miles y miles de pérdidas humanas. La consecuencia más inmediata de aquel conflicto bélico fue la caída del nivel de la renta, que no se recuperó hasta mediados de los años cincuenta, el consumo se hundió y los productos básicos de primera necesidad quedaron racionados hasta 1952, quedando la vida cotidiana de los españoles dominada por el hambre, la escasez de fuentes de energía y las enfermedades.

En abril de 1966 las empresas Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, Fábrica de Mieres, S. A., Industrial Asturiana Santa Bárbara, S. A. y Hullera Española, S. A., proponen al Estado una concentración denominada HENOSA (Hulleras y Energías del Norte, S. A.), con un capital social de 7000 millones de pesetas. El Estado y las empresas privadas constituirían la sociedad a partes iguales para la explotación conjunta de minas de carbón y de centrales térmicas. El proyecto sufrió varios cambios, siendo el más importante de ellos el abandono de la actividad eléctrica. La solución final sería impuesta por el Decreto 486/1967, de 9 de marzo de 1967, por el que se creaba la Empresa nacional “Hulleras del Norte, S. A.” (HUNOSA) con el objeto de “la explotación de minas de carbón, así como la realización de cuantas actividades con ella se relacionen”, sumándose al proyecto minero Carbones Asturianos, S. A. y Nueva Montaña Quijano, S. A.

Aislada del resto del continente – condenado a la Segunda Guerra Mundial – y asolada tras el conflicto, España se sumergió en una forzosa autarquía, donde el carbón era la única fuente energética autóctona. Por eso Franco la convirtió en fuerza motriz de toda la industria, estimulando la producción mediante la concesión de toda clase de ventajas a las empresas mineras, procediendo a la militarización de los mineros, a la vez que ampliando la jornada laboral, quedando establecidas dos o tres horas sin paga para ayudar a la recuperación de la posguerra.

La etapa autárquica (1939-1959) se caracterizaría por una atonía empresarial propia de una economía en reconstrucción fuertemente intervenida y cerrada al exterior. El aislamiento internacional y la ideología del nuevo régimen persiguieron una autosuficiencia energética y un proyecto de industrialización que fuese capaz de sustituir las importaciones exteriores por producciones propias donde la región asturiana, tradicional productora de carbón y hierro, fue la gran beneficiada de esta economía centralizada a través de la industriaINIzación, de acuerdo con la concepción de las autoridades franquistas de la autarquía, no solo como una respuesta a una situación temporal de emergencia, en el mundo de la escasez de la posguerra, sino como una verdadera política de Estado, concebida como una necesidad patriótica que descansaba en la creencia de que España era un país rico en minerales y otros recursos y que alejaba a España de las deudas exteriores.

Por su cercanía al mar y a los yacimientos hulleros y de mineral de hierro, junto con la tradición industrial asturiana, el puerto determinaría la instalación de Ensidesa en suelo avilesino en los años cincuenta del pasado siglo XX. El nacimiento de aquel gigante modificaría la vida y la estructura socioeconómica de una villa que multiplicó por cuatro su población en apenas dos décadas.

Agotado el modelo autárquico, el Plan de Estabilización de 1959 no buscaba sino el engranaje de la economía española en el marco de la economía internacional, para aprovechar su nuevo ciclo expansivo, y gracias a las plantas de ENSIDESA en Avilés y UNINSA en Gijón – ésta última como fusión de Fábrica Mieres, Duro Felguera y Fábrica de Moreda, las tres de capital privado -, Asturias recuperaba parte del protagonismo en la siderurgia que había perdido un siglo antes, asistiendo en este periodo a una intensa emigración del campo a las ciudades y a un retroceso del sector primario en favor del secundario que abrazaba ya a un 45% de la población.

Las crisis energéticas de los años 1973 y 1976, que  causaron el alza de los precios del petróleo, ponían en evidencia las principales deficiencias del proceso de industrialización asturiano, como eran su basamento  casi exclusivo sobre el ciclo del carbón y el acero, sin haber generado un sector fuerte en la industria transformadora; la insuficiencia durante muchos años  de un sistema de comunicaciones adecuado, tanto interiores como extra provinciales; y la incidencia de estructuras públicas, siempre al servicio del capital privado. En definitiva, la falta de políticas en la minería y en la industria por parte del Estado impusieron la brutal reconversión, cuyo plan aprobaría el gobierno felipista del PSOE en 1983.

En efecto, apenas ocupados los aposentos gubernamentales, el gobierno de Felipe González comenzaría a calificar de necrosis el proceso de deterioro industrial que había heredado de sus predecesores, lanzándose de inmediato a una “reconversión industrial” que, disfrazada bajo el pomposo nombre de “MODERNIZACION DEL APARATO INDUSTRIAL”, supuso el cierre masivo de empresas industriales sin un desarrollo paralelo de nuevas industrias, hasta el extremo de que sectores enteros fueron desmantelados y miles de trabajadores pasaron a engrosar las cifras del paro.

Naval Gijón echa el cierre. Y esta vez es el definitivo. A lo largo de sus últimos 20 años de historia nació como entidad mercantil en 1984 tras la fusión de otros dos astilleros ha estado parado varias veces por falta de producción y ha vivido cierres patronales como consecuencia de las movilizaciones de sus trabajadores. El astillero llevaba agonizando desde la reconversión industrial de los años ochenta, cuando tuvieron lugar las protestas más contundentes. Ahora el Ayuntamiento de Gijón asegura que los terrenos del astillero se destinarán a usos industriales, pero lo cierto es que el paisaje de la bahía de Gijón ha cambiado mucho en los últimos años. Donde hace medio siglo había siete astilleros, hoy hay dos playas artificiales, un acuario, un centro de talasoterapia y varias urbanizaciones de lujo.

Estas reconversiones han supuesto el mayor proceso de destrucción de tejido productivo en la historia de nuestro país, que sirvió para quebrar las bases de un desarrollo de la industria nacional sólido e independiente, siendo la reconversión minero-siderurgia, junto con la del sector naval, especialmente salvaje y dolorosa, con el arrasamiento de las comarcas mineras y siderúrgicas asturianas como la del Nalón, Caudal y Gijón, al ser desmantelados sus altos hornos, clausuradas sus explotaciones mineras del carbón, y  abandonados sus astilleros navales, donde Asturias ocupaba un lugar privilegiado en la tercera potencia mundial de construcción de barcos que ocupaba España.

A modo de conclusión se puede afirmar, por una parte, que el declive industrial de Asturias, como una de las regiones de la antigua industrialización europea ha estado íntimamente ligado a la estructura económica regional, y por otra, que la economía de estas regiones se han caracterizado por estar vertebradas alrededor de unas unidades propulsivas económicas que son las que generaron en su entorno un entramado de empresas de pequeña dimensión que, en gran parte, eran dependientes de las grandes empresas tradicionales del carbón y del acero, es decir, se trata de regiones que dependían de un solo sector, de un solo monocultivo,  que están fuertemente especializadas en un tipo de actividad, y en las que puede que exista una aparente diversificación en otros sectores, pero, en realidad, la misión de estos otros sectores era la de ser proveedores del sector predominante, dependiendo totalmente de él. Si a ello añadimos que las empresas de la región asturiana nunca fueron capaces de renovar sus tecnologías y de crear nuevas actividades productivas, el resultado salta a la vista. Tal como se recogía literalmente en un editorial del FINANCIAL TIMES en marzo de 1991, “durante los años de expansión, se vio un gran crecimiento de las inversiones financieras que en su mayor parte han derivado hacia actividades de tipo especulativo en lugar de incrementar el tejido productivo”.

Con la adhesión a la Comunidad Europea en 1986, que limitaba la intervención estatal propia de la anterior economía centralizada, comenzó la privatización acelerada de aquellos sectores que todavía quedaban en manos públicas, a excepción de la minería,  iniciándose  una serie de acontecimientos como la internacionalización de las empresas asturianas – dirigidas desde centros de decisión cada vez más alejados del ámbito local -, el predominio decidido del sector terciario sobre el secundario y la formación de una gran conurbación en la zona central.

«Ciudad Astur», la gran conurbación donde se apiña más del ochenta por ciento de la población del Principado, revela su dimensión en las imágenes nocturnas captadas por los satélites de la NASA, cuando el brillo de las luces artificiales permite identificar con precisión el volumen de las grandes concentraciones humanas.

En efecto, la pérdida de población y el envejecimiento de sus habitantes siguen siendo una constante para el conjunto de Asturias que se viene arrastrando desde el año 1985 y que se ha ido agravando con los años. Según nos indica el INE, hay siete concejos asturianos que aumentaron su población entre el comienzo del nuevo siglo, en el año 2000, y el registro del padrón correspondiente a 2018, y la mayor parte de ellos se encuentra en el área central de la región. En números absolutos, el concejo que más ha crecido en la última década en Asturias ha sido Oviedo, pasando de los 200.411 habitantes empadronados en el año 2000 a los 220.020 que le atribuye la cuenta del INE para 2018. Le sigue Gijón, la ciudad más poblada, que también ha aumentado en habitantes, aunque en una proporción menor, pasando de 267.426 habitantes al comienzo del nuevo siglo hasta los 271.843 en el padrón del 2018. En esa lista de siete concejos que han crecido se encuentran Llanera, Siero, y también Noreña, con dos concejos fuera del área central que han aumentado su población entre el año 2000 y 2018 aunque con un crecimiento muy pequeño. Se trata de los concejos de Llanes y Villaviciosa. El resto de los concejos de Asturias vio menguada su población en la última década, algunos de manera muy drástica, caso concreto de las comarcas mineras que antaño fueron las que generaron la riqueza y la población en la región asturiana.

Y gente es lo que lleva perdiendo nuestra región desde comienzos del presente siglo. Gente joven, principalmente, o sea aquellos y aquellas que habrían de renovar el paisaje y mejorarlo, pero que no lo harán, porque la pérdida de jóvenes asturianos se ha revelado en todo su dramatismo abriendo un boquete que está llevando a Asturias a un futuro geriátrico cuyas consecuencias ni siquiera se han empezado a calibrar por parte de sus gobernantes.

Más de 40.000 jóvenes menores de 35 años que han emigrado de Asturias en la última década – según el expresidente de Asturias Vicente Álvarez Areces, era una “leyenda urbana” -, lo hacen por obligación, porque su tierra natal no les ofrece desde hace mucho tiempo la posibilidad de un salario suficiente para vivir con un mínimo de dignidad. Si estos 40.000 jóvenes expulsados se suman a los 70.562 parados que el INEM contabilizó en setiembre de 2018, y a ello añadimos los desempleados que rotan de una manera permanente, las cifras encienden todas las alarmas que nos anuncian una Asturias de viejos. Es decir, Asturias sufre la esclerosis de una sociedad sin jóvenes, sin el potencial de dinamismo que se va con ellos. Esa es nuestra incapacidad para retener a quienes deberían tomar el relevo. Así de sencillo y terrible: los que se quedan hemos sido incapaces de retener a los que se van.

Sin embargo, los indicadores del bienestar social, tales como la larga esperanza de vida, las altas pensiones, los niveles de renta y de consumo superiores a la media española con tasas de pobreza y de desigualdad sensiblemente inferiores y el elevado nivel educativo alcanzado, en absoluto reflejan la magnitud del problema que tiene Asturias, ya que este bienestar tan solo esconde una relación con lo que ha sido una fortaleza del movimiento obrero y con las compensaciones recibidas a cambio del desmantelamiento  de los sectores industriales en los que se asentó aquella prosperidad que no volverá, al menos sobre aquellas bases de una región de la vieja industrialización del carbón y del acero como ocurrió en Asturias, más bien todo lo contrario, cuando el porvenir amenaza con un empeoramiento en la medida que vayan desapareciendo las transferencias de las rentas que, por ahora, siguen manteniendo algo más que una economía de ficción.

Aquella Asturias obrera, dinamitera, revolucionaria, antifranquista e industrial. Aquella Asturias de migrantes y acogida, de asturianos y asturianas que aún conservan su acento extremeño, andaluz o gallego. Aquella Asturias que fuera hogar de mujeres que hicieron posible la resistencia clandestina contra la dictadura, pagando con torturas su papel imprescindible en las huelgonas de los años 60. Aquella Asturias es la que permanece hoy en la UVI, agonizando a la vez que olvidándose de que la lucha fue y sigue siendo el único camino para encarar el futuro como un colectivo que confíe en sus posibilidades de progreso.

ANTON SAAVEDRA

Hay una lumbre en Asturias

que calienta España entera,

y es que allí se ha levantado,

toda la cuenca minera…

de Chicho Sánchez Ferlosio

en Radio España Independiente (La Pirenaica)

 En efecto, durante casi cuarenta años España había vivido bajo una férrea dictadura franquista que, entre otras cosas, tenía como objetivo principal la aniquilación de lo que era una auténtica fortaleza del movimiento obrero en su lucha por lograr unas mejores condiciones de trabajo y de vida y, sobre todo, por conquistar la libertad y la democracia secuestradas por el golpe fascista contra el gobierno legítimo de la II República de España. No era suficiente declarar a las organizaciones obreras fuera de la ley, de acuerdo con el Decreto Ley de 13 de setiembre de 1936, sino que era necesario liquidar físicamente a toda una generación de dirigentes obreros y políticos, de tal manera que todos aquellos y aquellas que de cualquier manera habían apoyado al gobierno republicano podían ser condenados a 12 años de prisión, a muerte, siempre a discreción de los tribunales, por rebelión militar, o adhesión, auxilio, inducción, excitación y apología de la misma, siendo condenados a muerte los que habían destacado como dirigentes en los partidos y sindicatos.

Eran maquis, guerrilleros antifascistas de resistencia, dispuestos a defender sus ideales allá donde fuera preciso el uso de las armas. Pero su existencia, clave en la lucha contra el régimen franquista, deja ver nexos de unión determinantes con un sector clave en el sector productivo de entonces, la minería.

Así, desde finales de 1937 Asturias, como el resto del país, quedaba sumergida en una negra noche, en la que empezaría a aparecer una temblorosa luz en los finales de la década de los años cincuenta y principios de los sesenta, gracias, sobre todo, a las luchas de los mineros. La huelga de Mina La Camocha en el año 1958 – lugar y fecha donde nació la primera Comisión Obrera -, ponía en pie a la minería asturiana con una larga huelga que se extendería por toda la cuenca minera, pero sería el año 1962 cuando Asturias protagonizaría una de las huelgas más importante contra el franquismo, tal y como ha quedado relatado en otro capítulo de este libro, iniciándose el 7 de abril en el Pozo Nicolasa de Mieres – único pozo superviviente en Asturias a día de hoy – que terminaría paralizando toda la cuenca minera, extendiéndose por zonas de Euskadi, Cataluña, Madrid, Valencia, León y Galicia, llegando a asustar de tal manera al régimen franquista que, con fecha 4 de mayo decretaba el Estado de Excepción en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa, a la vez que decretaba la suspensión del artículo 14 en todo el estado por dos años, un artículo que se refería a la libertad de residencia donde la policía podía deportar y confinar a cualquier ciudadano o ciudadana.

La ilegal paralización del trabajo en determinadas minas de carbón y otras empresas, impone la necesidad de salvaguardar dentro de la Ley, el interés general; por lo que debe el Gobierno aplicar las previsiones de los artículos treinta y cinco del Fuero de los Españoles Orden Público (…) Quedan en suspenso, en las provincias de Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa, durante el plazo de tres meses, contados desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley, los artículos doce al dieciséis y dieciocho del Fuero de los Españoles, promulgado el diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco (…) FRANCISCO FRANCO.

Es decir, la represión que la dictadura había puesto en marcha desde el inicio de aquella negra noche fue ejercitada de una manera constante, salvaje y cruenta a base de miles de detenciones, despidos, destierros, torturas y encarcelamientos de los trabajadores y sus familias. Pero, a pesar de todo, el movimiento obrero, descabezado de sus dirigentes sindicales y políticos, consiguió mantener viva la llama de la rebeldía. No obstante, hubo que esperar a mediados de los años setenta para que esa luz se convirtiera en la antorcha que lograra acabar con la dictadura para dar paso a la democracia. Después de esta victoria, los mineros del carbón formaron parte activa en la lucha antifranquista contribuyendo con varias semanas de paros a la oleada de huelgas de 1976 que finalmente liquidaría la dictadura. Se podría decir que estos años son el final de un largo ciclo de luchas ofensivas, que combinaban a menudo lo laboral con lo político.

A partir de los años 80, especialmente a partir de la integración de nuestro país en la Comunidad Económica Europea, nuestros carbones, el carbón del Estado español, comenzaría una serie de ajustes sucesivos como consecuencia de la nueva ofensiva neoliberal, ejercida en España por el gobierno felipista del PSOE, y de la competencia de los mercados internacionales con mano de obra más barata en otros países que extraían el llamado “carbón de sangre”.

Si a ello sumamos la progresiva burocratización de los llamados sindicatos mayoritarios – SOMA-FIA-UGT y CC.OO. -, cuyas direcciones, en los momentos más decisivos más importantes de la lucha, apostaron más por la negociación que por la movilización, ello abriría un periodo de luchas defensivas que han durado hasta el día de hoy, con dos elementos comunes: el cierre de las explotaciones mineras y el fracaso en la diversificación de la economía de las cuencas mineras.

Siendo verdad que durante el periodo contemplado fueron convocadas bastantes huelgas en el sector carbonero, no es menos cierto que todas acabaron con la firma de acuerdos insuficientes, con prejubilaciones, recolocaciones y promesas no cumplidas de reconversión que han dejado unas comarcas sin futuro a la vista.

Refiriéndonos a la empresa pública de HUNOSA, ésta tenía en los finales de siglo cerca de 28.000 trabajadores y hoy apenas llega a los 500 mineros. El resto de la minería española del carbón sufrió las mismas consecuencias por el “efecto dominó” de Hunosa. Es decir, se compró la paz social a cuenta de unas prejubilaciones desmovilizadoras para los mineros, en unas condiciones óptimas para ellos, pero sin pensar en ningún momento lo que se avecinaba para sus hijos e hijas y para las cuencas mineras, con un paro juvenil altísimo y un despoblamiento vertiginoso que están resultando demoledoras para la región asturiana, de tal manera que ya nadie habla de la reindustrialización, aquel mantra de los gobiernos autonómicos, ayuntamientos y sindicatos que se esfumó con los fondos mineros, una millonaria liquidación por el cierre de la minería asturiana, cuando Francisco Álvarez-Cascos era el vicepresidente del gobierno de Aznar y el virrey del PSOE en Asturias era el somático José Ángel Fernández Villa.

El actual Campus universitario surge como iniciativa de los sindicatos mineros asturianos, dentro de las obras financiadas con los llamados «fondos mineros». Para el primer edificio, denominado Edificio Científico-Tecnológico, se seleccionaron los terrenos de las instalaciones de exterior del Pozo Barredo, dentro del casco urbano de Mieres. Este pozo, que había pertenecido a HUNOSA, había finalizado su actividad productiva en el año 1995.

Aquellos fondos mineros se fueron al fondo del pozo del despilfarro y la corrupción. No contemplaban el apoyo a iniciativas propias, en pequeñas y medianas empresas, en un territorio con más de un siglo de tradición industrial y mano de obra cualificada, para poner en marcha un tejido industrial dinámico como el del País Vasco. El Gobierno asturiano, los sindicatos mineros y los ayuntamientos, que gestionaron aquellos fondos, los destinaron a enriquecer a pícaros que montaron empresas fantasmas solo para cobrar las subvenciones: coge el dinero y corre. También a polideportivos, boleras y obras absurdas y megalómanas, como una autopista al pequeño concejo de Bimenes que no tiene tráfico, una Universidad en Mieres que no tiene alumnado, varios museos repartidos por el territorio asturiano que nunca llegaron a abrir sus puertas, o el macrogeriátrico del Montepío Minero por valor de 31 millones de euros, buena parte de los mismos desviados presuntamente a los bolsillos de Fernández Villa y su lugarteniente José Antonio Postigo, dos de los principales imputados en la “OPERACIÓN HULLA”, próxima a ser juzgada en los Tribunales de Justicia.

El virrey del PSOE asturiano, José Ángel Fernández Villa, ejerció como un consumado encendedor de barricadas en presencia de los medios televisivos y demás que él mismo controlaba a través de sus esbirros mediáticos de “a tanto la línea” o a “tanto el puesto de trabajo” …

En efecto, los mineros siempre fueron en todo el mundo la vanguardia del movimiento obrero y la revolución, por eso colocaron al pueblo asturiano en el mapa de la historia con la Comuna de 1934, con aquellas huelgas del 62 que hicieron tambalearse al franquismo y con las huelgas del año 70. Así llegamos a la huelga minera del año 2012, siendo el detonante el anuncio por parte del gobierno del Partido Popular de una reducción drástica de las partidas destinadas a la minería en España, pues se planteaba un recorte que suponía pasar de 703 a 253 millones de euros, esto es un recorte del 64 por ciento.  Este recorte suponía una vulneración del Plan de la Minería del Carbón y la ley de Presupuestos, y ante este panorama los principales sindicatos del sector minero, el SOMA-FITAG-UGT y CC. OO., tras declararse rotas las negociaciones el 17 de mayo de 2012 con la patronal minera – Carbunión -, convocaron una serie de paros en todo el sector minero del Estado español, anunciados para los días 23, 24, 30 y una huelga general en todas las comarcas españolas para el 31 de mayo como apoyo del sector en una gran manifestación del sector en la capital de España.

Dentro de estas acciones de lucha programadas entre los dos sindicatos de SOMAFITAG-UGT y CC.OO. en la noche del 28 de mayo y sin que se hubiese establecido previamente ningún pacto entre los sindicatos, cinco trabajadores del Pozo Candín iniciaban un encierro en el interior del pozo, tal y como habían hecho días antes varios mineros en Santa Cruz del Sil en León de la mano del propio empresario a la vez que presidente de la patronal Carbunión, Vitorino Alonso. Otro encierro de siete mineros tendría lugar en el Pozo Santiago de la localidad allerana de Caborana – cinco del SOMAFITAG-UGT y dos de CC.OO. –, aunque estos dos últimos abandonarían a las pocas horas de iniciarse el encierro por haberlo decidido su propio sindicato. Paralelamente, un grupo de mineros llevaban a cabo todo tipo de acciones con la colocación de barricadas en diversas carreteras asturianas, autovías y carreteras nacionales produciéndose durísimos enfrentamientos con las fuerzas antidisturbios de la guardia civil y policía nacional, que se saldó con la detención de varios mineros y muchos heridos entre los trabajadores y fuerzas del orden público.

Decenas de mujeres de mineros que estaban acreditadas para asistir como invitadas al debate de Presupuestos Generales del Estado en el Senado han sido desalojadas de la sala de plenos tras proferir cánticos en defensa de la minería y en contra de los recortes a las ayudas al carbón. El incidente se ha producido después de que el Pleno de la Cámara Alta votara una de las siete enmiendas de rechazo a estos recortes que ha presentado el Grupo Socialista y que ha sido rechazada con los votos del PP, que tiene mayoría absoluta.

Después del fracaso en las reuniones mantenidas por los sindicatos con el gobierno en torno al Plan de Carbón se decide convertir  la  huelga  en  indefinida, donde los cortes de  carretera,  las barricadas  y  las manifestaciones  pasaron  a  ser  el  pan  de  cada  día  de unos  trabajadores  que  se  embarcaban  en   un  conflicto  que   se  prolongaría   hasta el mes de agosto, destacando durante todo este periodo de lucha la organización de un  grupo de  mujeres  que  se  hicieron  llamar  “Las  mujeres del  carbón”, integrado principalmente por  mujeres esposas,  hijas, hermanas  y  madres  de  los mineros  principalmente, que tendrían como principal objetivo la reivindicación al gobierno sobre la reconsideración de su decisión en el recorte de las partidas destinadas al sector minero bajo el lema de que “Que se cumpla lo pactado”, organizando todo un programa de actividades en apoyo de los mineros en huelga, con manifestaciones y protestas en diferentes instituciones como el Senado, parlamento autonómico y ayuntamientos.

La Guardia Civil ha detenido al menos a once mineros por enfrentarse con los agentes en diversos puntos de Asturias. Por una parte, diez personas fueron arrestadas tras colocar una barricada en Bendición, en el municipio asturiano de Siero, en el marco de las movilizaciones de la huelga de la minería del carbón

Así se llegó a la fecha del 15 de junio cuando en  las  inmediaciones del pozo Sotón de Sotrondio se produce  uno de  los enfrentamientos más duros y graves de todo el  conflicto entre los mineros y las fuerzas policiales, de tal manera que a las siete de  la  mañana se habían cortado varios  tramos de carretera que empujaron a  los antidisturbios  a acudir a los  lugares  de  las  barricadas  para  desmontarlas,  siendo recibidos por los mineros con petardos, voladores y todos tipo de proyectiles contra los uniformados,  con un balance final de varios heridos de ellos,  además  de  uno de los  fotógrafos, al que una pelota de goma disparada por los antidisturbios alcanzaba en su pecho. El enfrentamiento fue muy duro y se prolongó durante más de tres horas, incluido el corte del tráfico ferroviario entre Asturias y León, hasta que los antidisturbios lograron acabar con las barricadas. No obstante, aquello supuso el envío de nuevas dotaciones de antidisturbios a Asturias por orden del Ministerio del Interior, y ese mismo día, CC.  OO.  convocaba a los huelguistas a una manifestación que recorría las calles de Oviedo, siendo el SOMAFIA-UGT quien convocaba al día siguiente dos marchas a pie, una entre Barredos y el pozo Candín de Langreo, y otra entre Mieres y el Pozo Santiago, del concejo de Aller, donde se mantenían los encierros, logrando convocar a miles de personas, pero dejando en evidencia la ruptura de las relaciones entre los dos sindicatos mayoritarios que, por no ponerse de acuerdo, no se pusieron ni en el color de las camisetas que se lucieron en todas las acciones del conflicto, al vestir de negro los “cocosos” y de verde los “somáticos”.

El fotógrafo de La Nueva España, José Ramón Silveira, herido por un pelotazo de la guardia civil en los enfrentamientos entre los mineros y la guardia en las inmediaciones del Pozo Sotón, el 15 de junio de 2012.

No obstante, aquel enfrentamiento sindical no fue obstáculo para convocar una huelga general de la minería en las cuencas mineras españolas para el 18 de junio, con un alto seguimiento del comercio y los servicios de las cuencas mineras en señal de apoyo a la huelga, concluyendo la misma con una multitudinaria manifestación entre las localidades de La Felguera y Sama de Langreo, donde el sindicalista José Ángel Fernández Villa aprovechaba para anunciar una  marcha a pie de los mineros de toda España a Madrid que  finalizaría con una gran concentración  en  la  capital, quedando fijada la misma para el 22 de junio  bajo el nombre de “Marcha Negra”.

Los mineros de la Marcha Negra han llegado en torno a las dos de la madrugada a la madrileña Puerta del Sol arropados por el calor popular de miles de personas que les han recibido con aplausos, vítores y cánticos. De esta forma, han puesto fin a una caminata de cerca de 500 kilómetros que iniciaron hace 19 días en protesta por los recortes del Gobierno al sector del carbón.

De esa manera, tal y como se había previsto, más de 200 mineros comenzaban la marcha a Madrid en columnas organizadas desde los tres puntos emblemáticos de Bembibre y Villablino en León, con 120 mineros; Mieres de Asturias, con 80; y Andorra de Teruel, con 40, llegando a Madrid el día 11 de julio, desafiando al intenso calor durante los casi 500 kilómetros recorridos para exigir la continuidad de las ayudas al sector, que el gobierno del PP había reducido en un 64 por ciento, aunque sería mucho más grande el calor recibido por parte del pueblo madrileño que se volcaría de manera multitudinaria en su recibimiento nocturno del 14 de junio,  o el de miles y miles de compañeras y compañeros que nos desplazamos al día siguiente en autocares desde todos los rincones mineros de España para aplaudir y vitorear la gesta de los compañeros mineros en su llegada a Madrid.  

A su regreso de Madrid, el grado de las movilizaciones había comenzado a descender, debido entre otras cuestiones al incremento de los efectivos de las fuerzas del orden que copan las cuencas mineras, tal como si tratase de un asedio militar, pero, sobre todo al cansancio, la desesperación y una cierta sensación de engaño  a los mineros,  que no ven una salida clara al conflicto, sin olvidar del daño que estaba ocasionando la ruptura de la unidad sindical entre CC.OO. y SOMAFITAG-UGT. Si a ello se añade el nuevo fracaso en las negociaciones entre los sindicatos y el gobierno que hacen repensar a las élites sindicales una pronta salida antes de que el conflicto se les vaya definitivamente de su control, estos deciden la vuelta al trabajo al llegar a la conclusión de que no va a ver una solución a corto plazo después de 65 días de una huelga que no había logrado la consecución de sus objetivos, salvo que estos no fueran otros que seguir con la operación de poner fin a la minería con la condena de muerte para las comarcas mineras, tal y como estaba decidido desde febrero de 1983, siendo presidente del gobierno Felipe González y, lo más grave, la muerte del movimiento obrero minero, tal y como ha quedado demostrado, cuando las consecuencias del duro conflicto, tales como los juicios contra los luchadores mineros,  las multas millonarias o la mismísima condena a cárcel de muchos de ellos no tuvieron, ni mucho menos, una respuesta solidaria en ninguno de sus aspectos.

Es decir, de todo aquello que hacía tanto tiempo había sido una fortaleza del movimiento obrero mundial solo queda el mito, hasta el extremo de que cada vez que iban descendiendo en número, los mineros fueron también diluyendo su combatividad y su conciencia de clase. Desde luego, no es este lugar para debatir si la clase obrera sucumbió a los cantos de sirena del neoliberalismo o ante nuevos métodos de producción que acabaron con las minas y las grandes fábricas. Pero ningún sitio mejor que Asturias para observar el fenómeno. Frente a los últimos cierres de las explotaciones mineras en Asturias, la única oposición fue la de los mineros subcontratados en empresas privadas, buena parte de ellos ni siquiera mileuristas. Estos llegaron a encerrarse en el pozo Santiago, uno de los dos últimos cerrados por Hunosa, pero tuvieron que replegar armas porque la nueva aristocracia obrera del pandillerismo sindical los amenazaron y sus compañeros fijos en la empresa pública los ignoraron.

Claro que sigue siendo discutible acordar si todavía existe clase obrera. Pero, desde luego, sus históricos valores de lucha, de solidaridad y de compañerismo han desaparecido prácticamente con las minas, gracias sobre todo a gente entregada en cuerpo y alma a la burguesía para llevar a cabo operación de tal calibre, caso concreto del virrey del PSOE en Asturias que puso en juego su propia vida antes de que cerraran un solo pozo en Hunosa. Él sigue vivo, pero las explotaciones mineras y sus comarcas han sido enterradas. R.I.P.

Antón Saavedra, nació en Moreda de Aller, el 30 de mayo de 1948. Trabajador de la empresa minera de HUNOSA (1969-2011), fue secretario general de la Federación Estatal de U.G.T. (1977-1988), vicepresidente de la Internacional Minera (1979-1989) y miembro de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (1986-1994), formando parte del Comité Confederal de U.G.T. (1976-1988)

La única clase capaz de enfrentarse a la burguesía, destruir su sistema e iniciar la construcción del socialismo es la clase obrera por dos razones fundamentales: por el lugar que ocupa en el proceso de producción y por su potencialidad unitaria y organizativa. En absoluto se trata de una simple pelea por la distribución de la renta, sino que hay que entenderlo como una lucha de clase contra clase. Jamás se podrá alcanzar un cambio revolucionario del sistema burgués si la producción no es tomada por la clase trabajadora.

(ANTON SAAVEDRA, en un mitin celebrado en Riotinto de Huelva, el año 1977)

Los últimos días del franquismo llegaron cuando el movimiento obrero estaba en la calle con nuestras movilizaciones y reivindicaciones, donde los mineros asturianos volvieron a jugar un papel fundamental. Sin esas luchas las libertades hubieran llegado por arriba y con cuentagotas, pero sería la matanza de cinco trabajadores en los tristes acontecimientos de Vitoria el 3 de marzo de 1976 que venían a demostrar que, tanto Fraga Iribarne como Martin Villa y sus sicarios, no iban a dudar en seguir disparando contra los trabajadores. No obstante, teniendo en cuenta que esa medicina no había servido en plena lucha contra el franquismo, y la represión podía tener el efecto de “boomerang”, se optó por integrar a la oposición en una responsabilidad de Estado. Así, de esa manera, se puede entender la Reforma Política liderada por el falangista y ex-Ministro Secretario General del Movimiento Adolfo Suárez, cuya lectura no era otra que la siguiente: “De acuerdo, entramos por la vía de las reformas democráticas, o sea por la vuestra, para salir con la nuestra, lo que vale decir componer una democracia que nos permita recuperar la “paz social” …

En ese escenario, la estrategia de la oposición consistió en un aceleramiento del ritmo y la extensión de la reforma intentando capitalizar las movilizaciones de la calle y centros de trabajo. Que los trabajadores tenían capacidad de convocatoria quedó demostrado con el paro general del 12 de noviembre de 1976 convocado por un frente unitario de corta existencia – la Coordinadora de Organizaciones Sindicales -, contra el decreto del gobierno que restringía los salarios y la seguridad en el empleo. En efecto, tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, en España se produjo un período movilizador sin precedentes en su historia. Solo en los primeros tres meses de este año, se convocaron 17.731 huelgas sectoriales – entre ellas destaca con luz propia la de los mineros asturianos que mantuvieron casi tres meses de huelga y movilizaciones diarias -, y se perdieron más de 150 millones de horas de trabajo según los datos del Ministerio de la Gobernación franquista.

La nulidad del presidente Arias Navarro y sus escasas intenciones de cambio chocaban frontalmente con los intereses de los millares de trabajadores que ansiaban la ruptura con la dictadura. Entretanto, cabe destacar el papel de tope de la movilización que supusieron las negociaciones entre las “cúpulas” de partidos, sindicatos y gobierno. Aquellas ansias por garantizarse un espacio político en el “reparto de la tarta” que suponía la inevitable transición a una democracia “a la occidental” de tipo burgués hizo que desde las cúpulas sindicales se abogara por una unidad de acción con muchas reservas. Serán estas cúpulas sindicales las que, ante las exigencias de unidad de sus afiliados de base, promoverán un Congreso Sindical Constituyente ese mismo verano con vistas a crear una gran central sindical unitaria para todo el Estado: La Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS). Una Coordinadora que, si bien supuso una unidad de facto en las movilizaciones, no se plasmó en una unidad real desde la base ante las direcciones que recibían los afiliados de mirar con recelo a los compañeros de otros sindicatos. Especialmente grave fue la actitud de la Comisión Ejecutiva de la UGT en todo este proceso que, apenas dos días después de la conformación de la COS, mandó una circular donde llamaba a mantener una “actitud tensa, vigilante y ofensiva que desmonte todo intento manipulador de CC.OO.”

En los finales de 1976, la cuestión del tránsito a la democracia se centró fundamentalmente en quién llevaría la iniciativa política del cambio y cuáles serían las fuerzas políticas que iban a hegemonizar el proceso de transición. El fracaso de la política rupturista permitió que los sectores aperturistas procedentes del franquismo tuvieran un amplio margen de maniobra en la conducción de la reforma

Para analizar la escasa vida de la COS es importante entender las distintas concepciones que se tenía desde cada una de las centrales sindicales, de tal manera que, mientras desde la UGT era vista como una posibilidad táctica de acrecentar su implantación en los centros de trabajo, desde CC.OO. y la USO se buscaba que esta estructura avanzara hacia la construcción de un sindicato único, sabedores de que tenían la hegemonía dentro del movimiento obrero español.

Las razones del fracaso de la COS no se entenderían sin el oportunismo que sacudió a la izquierda española en los últimos años del franquismo y los primeros de la transición democrática, personalizados por un PSOE y un PCE mucho más interesados en afianzarse asientos en el nuevo gobierno y repartirse un pedazo del espectro político que se ampliaba tras la muerte del dictador que en plantear una alternativa de ruptura. Esta claudicación impregnó con fuerza al movimiento obrero y sindical español, con un contenido ideológico mucho más difuso y laxo, que nos acabó llevando a la situación que vivimos en la actualidad.

El 18 de noviembre de 1976, tras veinticinco horas de debate, en lo que es conocido como el último Pleno de las Cortes franquistas, se dio luz verde a la Ley para la Reforma Política, con el resultado de 425 votos a favor, 59 votos en contra y 13 abstenciones.

El consenso de dos años que siguió entre la oposición y el gobierno de Suárez fue, en realidad, un pulso para determinar los parámetros de la reforma, y el resultado fue una serie de medidas como las primeras elecciones generales del 15 de junio de 1977, los Pactos de la Moncloa en octubre del mismo año y la redacción y promulgación de una nueva Constitución a finales de 1978 que, si bien fueron más allá de lo que los títeres de la burguesía en el gobierno tenían pensado ceder, también descuidaron áreas vitales para el nuevo movimiento obrero. Asi, mientras el PSOE y PCE pudieron implantarse en el nuevo escenario político, el movimiento sindical fue dejado al margen de la reforma, en un triste papel de meras correas de transmisión. Materias cruciales que afectaban a la capacidad de los nuevos sindicatos para reclutar afiliados y negociar fueron subordinadas al establecimiento de la estructura política de la nueva democracia parlamentaria.

Durante todo el mes de agosto, el Gobierno provisional monocolor de la “Unión de Centro Democrático” -formación política ad hoc constituida por la fracción reformista del franquismo – presidido por el ex falangista Adolfo Suárez, se estuvo reuniendo con los sindicatos CC.OO. y UGT para urgirles que convenzan a los trabajadores de que acepten la política de moderación salarial, a fin de acabar con la inflación y garantizar las ganancias crecientes de los capitalistas, los privilegios de la Corona, de la oligarquía política y los suyos propios como parte política institucional del sistema.

Es necesario recordar que los Pactos de la Moncloa, firmados por ocho representantes de la nueva configuración de fuerzas políticas, entre ellos Santiago Carrillo por el PCE y Felipe González por el PSOE, con una amenaza – blandida por los propios sindicalistas convertidos en personas de orden – de que las movilizaciones podían significar un riesgo de golpe militar, y el ejército del 18 de julio parecía intacto, aunque no lo estaba. También se acordó mantener el aumento de los salarios por debajo del nivel de inflación, lo que supuso un recorte del 7% del nivel de vida de los asalariados. A cambio, se prometieron algunas reformas sociales y económicas que, en el transcurso del tiempo transcurrido, todavía siguen olvidadas en los cajones de los despachos ministeriales que se vinieron sucediendo hasta la fecha.

Es decir, en la forma pactada y controlada en que se llevó a cabo la transición se encuentra la clave que explica el tipo de relación establecido entre sindicalismo y política, de tal manera que, fracasada la ruptura democrática, las cesiones que tuvieron que aceptar los sindicatos fueron muy importantes, bloqueando, por una parte, el desarrollo de la libertad sindical en muchos de sus aspectos, ya que una de las claves del proceso de reforma era impedir la irrupción de las fuerzas sociales en la escena política de la transición, y agravando, por otra, la situación económica al quedar abandonadas las reformas estructurales tendentes a establecer un modelo económico más acorde con las aspiraciones del movimiento sindical. Si a ello sumamos los continuos enfrentamientos entre las grandes centrales sindicales impidiendo en gran medida la formación de un frente sindical común, se puede concluir diciendo que las diferentes estrategias de los sindicatos acabaron con el modelo de sindicalismo unitario que había predominado durante los últimos años del franquismo y los primeros momentos de la transición.

Sin perjuicio de que puedan existir causas históricas profundas que explican los niveles de organización y conciencia del movimiento obrero español, no existe duda alguna de que una parte fundamental de la situación que se vive en la actualidad debe imputarse a la política seguida por las élites de los sindicatos.

Resulta más que evidente que durante los primeros años de la transición, en los que estos ganaban audiencia y se implantaban entre los trabajadores, aunque sin consolidar, ni mucho menos, éstas élites sindicales utilizaron a las nacientes organizaciones no como un instrumento para elevar la conciencia de los trabajadores, sino, por el contrario, para hacerlos aceptar las políticas de austeridad y reconversión industrial, siendo la consecuencia más inmediata un fuerte retroceso organizativo de los sindicatos, tan rápido como se había producido anteriormente su crecimiento. La responsabilidad, por tanto, de la actual situación del movimiento obrero no hay que buscarla tanto en los efectos objetivos de las crisis, por duros que estos sean, sino de la política “seguidista y entreguista” de las élites de las llamadas centrales sindicales de clase y mayoritarias – U.G.T. y CC.OO. – desde el comienzo de la transición, tanto en el terreno político general, como en lo que se refiere a la salida de las crisis económicas.

 Desde esa perspectiva, el mercado y el supremo criterio en nombre de la competencia han servido y sirven para para justificar hasta lo injustificable. De esa manera, las políticas de austeridad y reconversión industrial eran las únicas posibles si no se quería ver reducida la competitividad de la economía del país; cualquier medida de política económica o social era buena siempre que contribuyera a conseguir un mercado más perfecto y competitivo, y mala para el caso contrario, de tal manera que el equilibrio de la balanza de pagos, el déficit público o las exportaciones, términos y problemas ajenos a los trabajadores, se han venido utilizando  como cortina de humo para ocultar las medidas más reaccionarias hasta el extremo de que la necesidad de solucionar los problemas de la burguesía había quedado instalada en la forma de pensar y actuar de una parte muy importante del movimiento obrero, y la intoxicación y el grado ideológico tan degradado había llegado a extremos tan grotescos que hasta algunos ministros del gobierno felipista del PSOE  llegaron a declarar con total impunidad, una y otra vez, la necesidad de elevar los beneficios a costa de los salarios, que el puesto de trabajo no era un derecho de propiedad del trabajador, que convenía destruir cientos de miles  de puestos de trabajo, desmantelando industrias susceptibles de satisfacer necesidades sociales.

Sin embargo, una cuestión eran las élites sindicales y otra muy distinta era el conjunto de los trabajadores, los cuales rechazaban mayoritariamente el pacto social a pesar de los intentos de las élites sindicales reformistas para embellecer los aspectos económicos del “compromiso histórico”, entre otras cuestiones, porque la clase obrera comprendía muy bien que no se trataba sino de hacerle pagar íntegramente el coste de la crisis y no confiaban en absoluto en las promesas de “prosperidad futura”. Si a ello sumamos el comportamiento de las élites sindicales reformistas que se pasaban la mitad del día insultándose entre ellas, las dificultades para poner en pie una respuesta unitaria y, sobre todo, la audiencia que encuentra entre los trabajadores el argumento de la “amenaza de golpe de Estado” ayudaron a crear cierto malestar en los centros de trabajo y barrios populares.

Luis REDONDO (1933-2013) empezó desde muy joven en el movimiento obrero desde el PCE y CC.OO. en la clandestinidad. En 1978 fue elegido Secretario General de Xixón, de esta última organización, en el mismo congreso en el que él y la mayoría de militancia de su zona se pronunciaron contrarios a los Pactos de la Moncloa: “Teníamos que estar en contra, de los Pactos de la Moncloa y de la Constitución por responsabilidad política y social, porque era una traición clara a la clase obrera”. Ahí empezó el proceso que le llevaría a ser expulsado de CCOO y PCE en 1981, año en el que fundaría con otros compañeros y compañeras la Corriente Sindical d’Izquierda. Cansados de pelear contra el burocratismo, el ordeno y mando, el alejamiento y traición a las bases, las poltronas, las expulsiones, la negación del asamblearismo como forma de tomar decisiones y de luchar, entienden que hay otra forma de hacer sindicalismo y trabajo político.

Lógicamente, este estado de ánimo contradictorio quedaba perfectamente reflejado en el seno de las propias centrales sindicales mayoritarias y en las movilizaciones obreras y populares que se seguían produciendo, topándose las centrales con bastantes dificultades para imponer la disciplina en sus filas, organizándose importantes corrientes de oposición en su seno, como la que me tocó vivir en vivo y en directo en la onubense zona minera de Nerva-Riotinto Minera, la de UGT de Álava, CC.OO. de Mondragón, química de CC.OO. en La Coruña o la construcción de CC.OO. en Badalona, llegando incluso a la escisión y creación de nuevas centrales sindicales, caso concreto de la CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDA en la localidad asturiana de Gijón, a la que me referiré muy concretamente por ser uno de los pocos sindicatos de clase existentes actualmente en España, con una implantación en permanente expansión territorial y afiliación.

En efecto, tal y como ha quedado dicho, la aceptación de los Pactos de la Moncloa, incluso su entusiasta defensa por parte de la dirección de CC.OO. supuso un nuevo punto de fricción entre la política oficial del sindicato y los deseos de importantes sectores de la militancia y cuadros partidarios de responder a la crisis con más movilizaciones y combatividad, en lugar de la línea de moderación imperante, dando lugar a la constitución de un frente de oposición a la línea oficial del sindicato que se denominará a sí mismo “Corriente de Izquierda de CC.OO.”, integrada por militantes del Movimiento Comunista, Liga Comunista Revolucionaria, Organización Revolucionaria de Trabajadores o Bandera Roja, la cual sería capaz de desplazar de la dirección de la Unión Comarcal de Gijón a la tendencia pro-PCE, ocupando los órganos locales y apareciendo muy pronto  los enfrentamientos y la falta de correspondencia con los órganos regionales hasta llegar a la expulsión de muchos militantes significativos, mientras en el caso de Luis Redondo, persona clave en el PC y CC.OO. durante la clandestinidad y con gran prestigio dentro del movimiento obrero, el partido seguía trabajando activamente para evitar que ocupara cualquier cargo de responsabilidad. No obstante, estas tensiones internas dentro del PC asturiano estallarían finalmente en marzo de 1978 durante el transcurso de la III Conferencia Regional celebrada en la localidad candasina de Perlora, dando lugar a una muy grave crisis cuyas repercusiones desbordarían el marco del partido a la vez que tendrían una importancia decisiva en el curso que seguirán los acontecimientos en el seno de CC.OO.

Aunque los primeros documentos elaborados y hechos públicos por la Corriente de Izquierda de CC.OO. tengan fecha de 1977, los orígenes de lo que hoy es la CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDA se remontan al año 1976, cuando se comenzaron a adoptar posiciones críticas respecto a varias cuestiones, tales como la intensificación de las movilizaciones, la unidad sindical, el momento organizativo de las Comisiones Obreras, la pluralidad interna o lo que se consideraba el peligro de transformación del sindicato en una organización monolítica bajo el control del PCE. Ante aquella situación creada se pasó a defender la necesidad de incrementar la presión en favor de la ruptura democrática, cuestionando la actitud que venía manteniendo la dirección de CC.OO. respecto a la elevada conflictividad que se estaba produciendo en todo el país.

El sábado 16 de junio eran detenidos y encarcelados los compañeros Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, dirigentes de la Corriente Sindical de Izquierdas, en ejecución de la sentencia que los condena a tres años de cárcel por defender los derechos de los trabajadores. Fue en marzo de 2005 cuando el Ayuntamiento de Gijón, formado por PSOE e IU, denunció a Cándido y Morala como autores de romper el cajetín de una farola durante las luchas de Naval Gijón. Durante el juicio, a pesar de que las grabaciones de la policía nacional demostraban que no habían sido ellos, se desestimaron las pruebas que dejaban claro su inocencia y se tuvieron en cuenta sólo aquellas que permitían la condena. La finalidad no era otra que condenar, para alejarlos de las luchas obreras, a estos dos compañeros comprometidos con la defensa de los intereses de la clase trabajadora desde un sindicalismo comprometido, reivindicativo, luchador y alejado de la burocratización.

Después de muchos conflictos, entre ellos el de Duro – Felguera, donde el sindicalista José Manuel Martínez MORALA había sido uno de sus principales protagonistas, la Corriente de Izquierda quedaría excluida del seno de CC.OO. pero ello, en absoluto supuso la dispersión de sus efectivos ni su desaparición como opción sindical con una presencia efectiva entre la clase obrera, principalmente en la localidad asturiana de Gijón. Por el contrario, el componente humano que había dado vida a la Corriente durante su permanencia en CC.OO. reforzado con otras nuevas incorporaciones, mantendría la cohesión interna y seguiría desarrollando su actividad sindical dentro de las líneas ya definidas a lo largo de los años precedentes, dando origen a una nueva organización bajo el nombre de CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERA (CSI) en el año 1982, sufriendo un permanente acoso con ataques y descalificaciones constantes que buscaban en todo momento su aislamiento, llegando incluso a practicar la unidad en este aspecto con U.G.T. que llegarían a firmar un documento confidencial entre CC.OO. y SOMA-UGT del Pozo Candín de Hunosa para “acabar con la Corriente Sindical de Izquierda como fuese” ante el avance espectacular que habían tenido en las últimas elecciones sindicales celebradas en el pozo minero.

A modo de conclusión se puede afirmar que la Corriente Sindical de Izquierda como organización al margen de CC.OO. no es el resultado de la voluntad escisionista de sus integrantes. Por el contrario, su actividad se orientaría de forma permanente a su fortalecimiento como corriente interna de CC.OO., criticando la práctica imperante en el sindicato, pero trabajando por su transformación desde dentro. Si ha surgido la Corriente Sindical de Izquierda como una nueva organización, ello se debe a que previamente habían sido expulsados de CC.OO., siendo la razón fundamental para que la dirección regional de Asturias, con el consentimiento de la cúpula estatal, tomara la drástica decisión de expulsar a una corriente interna que representaba un tercio del sindicato en Asturias, precisamente, el carácter mayoritario que ésta representaba dentro de la unión comarcal más numerosa de la región como era Gijón.

José León Delestal (1921-1989) es un escritor, periodista, dramaturgo y poeta asturiano de la localidad langreana de Ciaño que dedicó una parte importante de su obra a los mineros, destacando las canciones de “La mina y la mar” y “Si yo fuera picador”.

Y un reloj que aún marcaba

las cinco y media del día

en que el grisú vino al tajo

hambriento de carne viva

(Letra de José León Delestal de su composición “Si yo fuera picador”, interpretada por “El Presi”)

A estas alturas de la historia se sabe que la minería fue durante más de un siglo el corazón palpitante de un pueblo, que hizo posible el desarrollo económico, social, político y cultural, aunque los verdaderos artífices de esta hazaña – los mineros – se murieron y se siguen muriendo en el anonimato como almas condenadas al olvido. La dramática historia de las minas y los mineros en Asturias está escrita con sangre, pero no sólo con la sangre vertida en las galerías, sino también con la sangre derramada en los campos de combate y en las masacres perpetradas por la burguesía y sus títeres gubernamentales dictatoriales y neoliberales. Así es como la historia del movimiento obrero asturiano, que recoge el enorme caudal de la memoria colectiva, registra en sus páginas la revolución del 34, la guerra incivil del 36 o las huelgonas del 62, sólo para citar las más trascendentales y las que mejor se conservan en la memoria.

Muchos han sido los mártires que, a pesar de haber ofrendado sus vidas a la causa de los oprimidos, fueron ninguneados por la historia oficial. No obstante, aunque sus nombres y apellidos no figuren en las páginas de los libros en las escuelas, sabemos que a ellos les debemos la democracia actual y los procesos de cambio que se experimentan en el país, lejos de las dictaduras militares, los consorcios imperialistas y los gobiernos neoliberales que, una y otra vez, vulneraron los Derechos Humanos y los principios democráticos, amparados en la ley de la impunidad impuesta por los dueños del poder, quienes también creían ser los dueños de las riquezas naturales. Los estudiantes, a través de los libros de historia, novelas, y poemas, deben enterarse de que la democracia de la cual gozan hoy, se la deben en parte a los mineros, que supieron luchar a brazo partido, a trancas y barrancas, para que sus hijos no vivieran despojados de dignidad y derechos, para que no repitieran la historia del pasado ni sufran los tormentos de las dictaduras militares.

Al hilo de las 869 víctimas producidas por el terrorismo etarra, entre civiles y fuerzas armadas o cuerpos policiales desde la muerte de Franco que, de manera machacona nos recuerdan en sus campañas electorales los títeres de la burguesía encuadrados en los partidos políticos de la derecha y sus extremos derechos y zurdos, me viene a la memoria cuando, allá por finales de los años setenta, fui víctima de una querella criminal presentada por la patronal minera de León por llamar terrorismo empresarial a la mayoría de los accidentes mortales que se estaban sufriendo en el sector por falta de medidas de seguridad, la cual no se llegó a juzgar por haber sido retirada con antelación por los mismos que contribuían a producir el terrorismo empresarial denunciado.  Sin embargo, tendrían que pasar muchos años para que una Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de diciembre de 2015 dejase establecido que la utilización de expresiones como “terrorismo empresarial” pronunciadas en concentraciones sindicales o expuestas en pancartas no se puede considerar vulnerador del derecho al honor de las empresas al producirse en el marco de un conflicto laboral.

La Audiencia Provincial de León acaba de confirmar con fecha 11 de diciembre de 2019 el auto de imputación dictado por el Juzgado de Instrucción 4 hace casi dos años y medio, por el que imputaba formalmente a la dirección de la Hullera Vasco Leonesa por la muerte de los seis mineros del pozo Emilio del Valle en 2013, atribuyéndoles formalmente presuntos delitos de homicidio con imprudencia grave, entre otros al presidente de la empresa minera –en liquidación-, Antonio del Valle, el vicepresidente o el consejero delegado, Arturo del Valle y el vocal de la sociedad, Aurelio del Valle.

Por lo tanto, a la vista de que se siguen produciendo accidentes mortales por las mismas causas de antaño, tal como el último ocurrido en el pozo Emilio Valle de la Hullera Vasco Leonesa, el 28 de octubre de 2013, causando la muerte de seis compañeros, aprovecho estas páginas para reiterarme, una vez más, en mis convicciones sobre el “terrorismo empresarial”. Al respecto, creo necesario recordar que aquella querella criminal contra mi persona había sido como consecuencia de un accidente mortal ocurrido en la mina Rio de la empresa Combustibles de Fabero, el 19 de noviembre de 1984, causando la muerte de tres compañeros y siete quemados de extrema gravedad que fallecerían a los pocos días. Eran las 8,30 horas de aquel lunes, 19 de noviembre, cuando los mineros se disponían a iniciar su tarea diaria, después de que la empresa hubiera parado los ventiladores durante el sábado y el domingo, como venía siendo norma, seguramente basándose en que la mina era poco grisuosa, además del ahorro energético que ello suponía para la empresa, pero aquella mañana el grisú vino al tajo y la falta de ventilación – su único enemigo – explosionó causando la gran tragedia. Aquella imprudencia temeraria por falta de medidas de seguridad, definida por mi como “terrorismo empresarial” fue la que me llevó a los tribunales víctima de una querella criminal presentada por la empresa, aunque mucho antes ya habíamos ejercido desde la Federación Estatal de Mineros de UGT la ACCIÓN POPULAR contra la dirección de la empresa y la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía en León: “AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE PONFERRADA. Don Germán Fra Núñez, procurador de los tribunales, en nombre y representación de José Antonio Saavedra Rodríguez, mayor de edad, casado, con domicilio en la barriada de La Juécara, Pab.2, núm.1, en Sama de Langreo (Asturias), y secretario general de la Federación Estatal de Mineros de UGT, y en calidad de ACUSADOR POPULAR, representación que acredito con copia de poder bastanteado que acompaño, ante el Juzgado comparezco y digo: Que bajo la dirección de la letrado que firma este escrito formulo QUERELLA CRIMINAL al amparo de los artículos 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contra Don Mario Moliner, Don Juan María Casado Margolles, Don Fernando Bernaldo de Quirós y Martín y Don Miguel Casanueva Viedma por la comisión de sendos delitos de IMPRUDENCIA TEMERARIA, con resultado de muerte, tipificados en el Código Penal, en el artículo 565, en base a los hechos que se relacionan (…)

Aquella acción popular era la primera vez que se ejercía por un sindicato en España, pero todo tenía una explicación al comprobar que ejercer la acción popular en nuestro país era muy poco popular porque, mientras a los presuntos responsables de la imprudencia temeraria, el juzgado les imponía un millón de pesetas, a la UGT minera nos exigieron tres millones. Y eso habiendo tres actos de procesamiento.

¿Qué ocurrió aquella madrugada en Nicolasa? Los compañeros de las víctimas lo tenían claro: nada que hubiera podido recriminarse al trabajo de catorce hombres experimentados y profesionales. Tiempo después, la justicia dirimió que la causa del accidente había ido en relación con una deficiente ventilación que, por decirlo de forma tan poética como poco lo es la tragedia, ‘excitó’ al grisú hasta hacerle explotar.

Más de 5.000 mineros perdieron la vida en los accidentes ocurridos en las minas asturianas, según el libro de Mario García Antuña “Catástrofes mineras asturianas” publicado en el año 2015. Un libro necesario e imprescindible que refleja el auténtico drama de la mina describiendo de una manera detallada los principales accidentes acaecidos en las explotaciones asturianas, perfectamente documentados, aunque obviamente la cifra aumentaría sustancialmente de tener constancia de las víctimas desde el inicio de la minería. Es decir, en Asturias no se moría por las bombas como ocurría en el País Vasco a las que tanto hacen mención los de la organización criminal del PP y la extrema derecha y fascista del Abascal y su banda, se moría y se sigue muriendo por la violación constante, cotidiana, de las más básicas normas de seguridad y prevención en las condiciones de trabajo por parte de unos cínicos empresarios más interesados en la ganancia que en la salud y la integridad física del trabajador. Por otra parte, resulta hasta grotesco escuchar a los políticos, cuando quieren darse valor entre ellos mismos y a sus electores, recordando que nuestro país ha sabido conquistar un puesto de mucho respeto en el conjunto de las naciones más industrializadas del planeta, pero no dicen, sin embargo, cuánto ha costado este éxito a los trabajadores de la mina en términos de salud. ¿De cuántos muertos, inválidos y silicóticos ha tenido necesidad la clase política y empresarial española para tener un puesto preminente en la mesa del progreso económico, para sentarse – como suele decirse – entre los diez países más industrializados del mundo?

La minería es una de las industrias en donde se ve más claro el carácter salvaje del capitalismo. También se ve en la agricultura. Cada niño que muere hoy de hambre, afirmaba hace pocos años Jean Ziegler, relator de la ONU en este tema, es un niño asesinado. La relación de la gran agricultura estadounidense con el hambre en el mundo y con las consecuencias mortales del hambre es un pecado de omisión. Pero la relación entre la minería y la muerte por asesinato de algunas de las personas que resisten localmente sus proyectos es un pecado de comisión. De comisión de crímenes: es preciso aterrorizar si no se puede convencer o sobornar.

Ocurre, lisa llanamente, que la fábrica, la mina, están construidas a la medida de la ganancia, no a la medida del hombre. Y el empresario, cuando introduce nuevos medios técnicos, solo mira el aumento de la ganancia y no a la protección de la vida y la salud del trabajador. Es una antigua verdad. El capital jamás ha tenido cuidado por la salud y la duración de la vida del trabajador, cuando no está obligado a tales cuidados por la sociedad, de tal manera que los mineros han pagado un alto tributo de sangre y muerte a la ganancia que, hoy, a pesar del cierre de las explotaciones mineras de carbón, todavía se siguen produciendo muertos, inválidos, silicóticos, viudas y huérfanos.

Ante la permanente intoxicación consciente por parte de la burguesía minera y sus títeres gubernamentales tratando de hacer ver a la opinión pública la idea de que la minería es una fuente reiterada de huelgas, un estudio económico realizado para la Federación Estatal de Mineros de UGT en el año 1984, nos indicaba que el número de días perdidos por este concepto para el año 1983 en el subsector del carbón en España era de 131.412 jornadas mientras el absentismo por accidentes de trabajo era cuatro veces superior al número de días perdidos por huelgas. Pues bien, ante esta situación, nadie, absolutamente nadie, dice nada. Ni la patronal ni la Administración. La primera, porque el coste de este absentismo lo pagan los mineros con su sangre derramada en los accidentes de trabajo y la Seguridad Social porque abona los días de baja. La segunda, porque no se querían enterar de lo que estaba pasando en el sector, representando el importe económico de los días perdidos por accidentes más de 3.000 millones de pesetas al año.

No obstante, con esta tétrica situación sobre el tablero las condiciones de trabajo y de seguridad en las labores comenzaban a cambiar por efectos de la dura lucha que se venía librando, donde los mineros rechazábamos, una y otra vez, la tentativa patronal y gubernamental de responsabilizar del accidente a la distracción de personal, a los hechos fortuitos, refutando el concepto – largamente aceptado – según el cual el accidente dependía de la mala suerte, de la fatalidad. Salta a la vista así el “fatalismo” que la burguesía patronal quiere acreditar, según el cual el accidente de trabajo o la silicosis, en el fondo, no serían sino efectos del “caso” o, todavía peor, riesgos inevitables que amenazan al hombre en cuanto tal y no por estar obligados a moverse a ritmos obsesivos en lugares peligrosos y en ambientes malsanos.

La silicosis es la neumoconiosis producida por inhalación de moléculas de sílice, entendiendo por neumoconiosis la enfermedad ocasionada por un depósito de polvo en los pulmones con una reacción patológica frente al mismo, especialmente de tipo fibroso. Encabeza las listas de enfermedades respiratorias de origen laboral en países en desarrollo, donde se siguen observando formas graves. La silicosis es una enfermedad fibrósica-pulmonar de carácter irreversible y considerada enfermedad profesional incapacitante en muchos países. Es una enfermedad muy común en los mineros.

Pero, si grave era este escenario de los accidentes, tan grave, o más, era el referido a las enfermedades profesionales de la mina, especialmente el referido a la criminal silicosis. Aunque en plena década de los años treinta del siglo XX la silicosis ya había irrumpido en nuestro país como un problema laboral de primera magnitud, no sería hasta el año 1944 cuando la minería del carbón obtendría el reconocimiento como tal. Sin embargo, desde el año 1935 ya comenzaba a funcionar en España el primer centro especializado en el tratamiento de la silicosis en la localidad andaluza de Linares, consecuencia de la política social que la II República y su apuesta por la homologación internacional en materia de legislación laboral iban facilitando la visualización social del problema y la adopción de medidas preventivas, asistenciales y compensadoras, solo frenadas por aquel golpe de estado fascista que trajo la tragedia a nuestro país, imposibilitando el  desarrollo  reglamentario  de  la  ley  de  enfermedades  profesionales  de 1936, que ya incluía a la silicosis.

Una primera característica del seguro de silicosis fue su cobertura extremadamente restrictiva.  En su promulgación, en 1941 (Decreto del 3 de setiembre de 1941), el seguro sólo incluía a las minerías del plomo y del oro siendo la ausencia más palmaria la de la minería del carbón que, como ha quedado dicho, no sería incluida en el seguro hasta enero de 1944, siendo como era uno de los sectores estratégicos en aquellos años de la autarquía que se plasmó en un incremento importante de la producción carbonera y del número de mineros hasta alcanzar en el año 1952 una cifra en torno a los 95.000 mineros en España, de los cuales, más de la mitad – 50.477 – desarrollaban sus tareas en Asturias.   

Otros sectores productivos, tanto en el importante sector de la minería metálica – como la del hierro de Vizcaya, la del cobre en Huelva o la del plomo en la sierra de Cartagena -, en la que la medicina de la época habían detectado un importante grado de silicosis, como en otros procesos de reconocido riesgo silicógeno, no serían incluidos en el seguro hasta el año 1961, dependiendo su protección frente a las enfermedades profesionales en el régimen franquista al amparo de la legislación de accidentes de trabajo que partía de la ley republicana de 1932, sin que el ordenamiento jurídico español contara con una verdadera ley de enfermedades profesionales.

Con la entrada en vigor del nuevo régimen del seguro, en 1961 (Real Decreto 792 del 15 de abril de 1961), las cifras de afectados por silicosis comenzaron a crecer de manera considerable, de tal manera que en el año 1963 el fondo compensador ya tenía reconocidos a 16.545 pensionistas en activo por silicosis, cifra que en 1969 ya alcanzaba a 32.346 personas. De ellas casi las dos terceras partes, es decir, 19.509 trabajadores, habían sido reconocidas al amparo del nuevo sistema del seguro, que había entrado en vigor en 1962. Sin embargo, los casos que se reportan de silicosis no se corresponden ni mucho menos con la realidad. ¿En qué estadísticas oficiales se encuentran reflejados el número real de silicóticos? No creemos que se halle en ninguna, no existen, y al no existir las estadísticas, entonces ¿dónde pueden estar?, siendo la respuesta obvia: en los pulmones de los trabajadores de la mina. ¿Ahora se pueden ir a recoger esos pulmones que se han prestado durante tanto tiempo a las empresas y a los gobiernos por cuatro miserables pesetas?

Una prueba de lo que estoy afirmando en cuanto a la poca eficacia de las medidas adoptadas y la total descoordinación entre los organismos creados para llevarlas a cabo fue que durante la década de los sesenta la evolución del grave problema de la silicosis no solo había mejorado, sino todo lo contrario, cuando en 1968 los nuevos casos de silicosis seguían apareciendo hasta alcanzar los 2.500 anuales, correspondiendo el 68% de todos los casos de pensiones por enfermedad profesional a la minería del carbón. Además de afectar a un mayor número de trabajadores, la enfermedad aparecía en edades muy tempranas, con formas complicadas que precisaban asistencia médica especializada y que producían una alta mortalidad en los mineros con edades inferiores a los 50 años. Era ésta la demostración inequívoca de que la enfermedad seguía siendo tributaria de la escasez de medidas de prevención técnica, que posibilitaba la existencia de concentraciones elevadas de polvo en los lugares de trabajo, así como la deficiente prevención médica, que en la mayoría de las ocasiones se limitaba a diagnosticar la enfermedad en las fases complicadas.

A la capacidad clínica del INS se une la experiencia técnica, investigadora y docente acreditada en casi cinco décadas de existencia en las que ha desarrollado con éxito funciones de prevención de patologías neumológicas de origen ocupacional y medioambiental, en especial de la neumoconiosis. También realiza, entre otras labores, estudios epidemiológicos y de detección de necesidades de salud, diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias ocupacionales, así como valoración de la capacidad funcional de sus pacientes.

Pero, también aquella década de los sesenta fue cuando los mineros asturianos constituían una fortaleza del movimiento obrero contra el franquismo decididos a decir ¡basta ya de tanta masacre minera!, logrando el régimen especial para la minería del carbón dentro del sistema de la Seguridad Social y la consecución de una vieja aspiración de los trabajadores, de la que tanto me hablaba mi padre – víctima mortal de la silicosis del tercer grado – como fue la creación del Instituto Nacional de Silicosis, similar a los existentes en otras regiones de Europa. De esta manera, en 1968, dentro del marco de la negociación de una huelga minera, el entonces Ministro Secretario General del Movimiento, José Solís Ruiz, prometía dotar a Asturias con un centro sanitario especial dedicado a la asistencia de los mineros, y el 18 de julio de 1970 el Ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, inauguraba en Oviedo el Instituto Nacional de Silicosis que tan buenos resultados está obteniendo, tanto en la prevención como en el tratamiento de la terrible enfermedad y, sin embargo, tantos años olvidada.

No podría poner final a este capítulo sin hacer mención específica a la promulgación del Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprobaba el Estatuto del Minero, del que me enorgullezco haber sido, junto con mis compañeros de la Federación Estatal de Mineros de UGT, uno de sus principales impulsores elaboradores , logrando para el conjunto de los mineros españoles la jornada laboral más corta de la minería mundial, así como una de las  legislaciones en materia de seguridad social, prevención y seguridad minera más avanzadas del planeta.

En definitiva, como colofón de todo lo escrito, se puede concluir diciendo, una vez más por mi parte, que la sociedad española en su conjunto debe de agradecer y premiar necesariamente el sacrificio que la dedicación a ésta profesión supone, reconociéndosele la categoría de “SERVICIO SOCIAL AL ESTADO ESPAÑOL

“…sin moralidad, toda riqueza es escasa, todo poder es débil: donde las leyes autorizan la desigualdad de las fortunas; cuando la mala distribución de las riquezas pone la opulencia en pocos y la indigencia en el mayor número, entonces no hay crecimiento sostenible, y por ese camino la sociedad entrará en quiebra y las instituciones perderán toda legitimación”.

(Gaspar Melchor de JOVELLANOS, desde su reclusión en Bellver, el año 1802)

¿Qué ha pasado con nuestra región que de ser uno de los motores de la industria española, contribuyendo decisivamente a que España ocupara un lugar destacado entre los países más industrializados del mundo, haya pasado a convertirse en una región que de ser importadora de mano de obra procedente de otros lugares esté perdiendo lo más importante para el futuro como son los jóvenes, cuyo destino es el exilio “a no se sabe dónde” por falta de expectativas? ¿Qué ha ocurrido con aquella región de la vieja industrialización europea del carbón y del acero que tan solidariamente contribuyó a eliminar la terrible hambruna que había en España como consecuencia de aquel golpe del fascismo contra el gobierno legítimo de la II República que trajo la incívica guerra? ¿Qué está ocurriendo en Asturias para que sea la región española con menor crecimiento económico desde la llegada de la segunda restauración monárquica, camino de consolidarse como una región periférica en Europa, entre otras cuestiones, porque ha desaprovechado todas las posibilidades de una reindustrialización efectiva, por carecer de una clase empresarial pujante, y por tener una clase política clientelista y corrupta?

La industria en España había llegado de la mano de las instituciones públicas y del capital extranjero de los países industrializados, pero la burguesía española, salvo la excepción que marca toda regla, jamás apostó por la industrialización y por el cambio de los medios de producción, quedando, lógicamente, atrasada con respecto a las economías europeas más pujantes. La burguesía siempre prefirió invertir su dinero fuera de Asturias, primero en la adquisición de tierras, y después en la especulación inmobiliaria, y, a la larga, la artesanía autóctona no pudo competir con los productos industriales.

El 17 de septiembre de 1844 es fundada en Londres la Asturian Mining Company, que establece en la vega de Sueros, entre Mieres del Camino y Ablaña, en el concejo asturiano de Mieres, una fundición de hierro. Su único alto horno se puso en funcionamiento en 1848, proporcionando el primer hierro de calidad en España utilizando coque (conocido entonces como «el método inglés»). El establecimiento fue conocido, entonces y posteriormente, como la fábrica de Mieres.

El 17 de septiembre de 1844 es fundada en Londres la Asturian Mining Company, que establece en la vega de Sueros, entre Mieres del Camino y Ablaña, en el concejo asturiano de Mieres, una fundición de hierro. Su único alto horno se puso en funcionamiento en 1848, proporcionando el primer hierro de calidad en España utilizando coque (conocido entonces como «el método inglés»). El establecimiento fue conocido, entonces y posteriormente, como la fábrica de Mieres.

En efecto, sería el carbón el motor indispensable de la actividad económica e industrial en el primer mundo que pondría en movimiento las máquinas de la era del vapor como símbolo de aquella industrialización, y ello condujo a la fundición del mineral de hierro en las siderurgias, compensando aquella falta de compromiso autóctono con el de procedencia extranjera, en su mayoría inglés, belga y francés, así como con el procedente de otras provincias españolas como el madrileño, vasco, catalán o riojano, siendo estos capitales los que impulsarían las inversiones foráneas para la integración de la minería del carbón y la industria pesada.

Desde la investigación de los recursos y las reservas mineras de Guillermo Schultz y Adrianne Paillete, que fueron la base para la explotación y el proceso de la industrialización de la región asturiana, éste ha sido llevado a cabo por la burguesía foránea, tales como el banquero sevillano Aguado (1833), la Real Compañía Asturiana de Minas de capital belga (1844), el inglés John Mauby (Asturiana Mining Company en 1844), el banquero francés Numa Guilhou (Compagnie Minière et Metallurgique des Asturies en 1874), el riojano Pedro Duro Benito (Metalúrgica Duro en 1857) y la sociedad francesa Minas y Fábricas de Moreda y Gijón (1879).

En 1858, Pedro Duro Benito creaba la empresa Sociedad Metalúrgica de Langreo, más tarde Duro y Compañía, en La Felguera (Asturias) aprovechando los ricos recursos de la zona (carbón, agua, transporte, etc.) para dedicarla a la producción siderúrgica y la extracción de carbón. La compañía se convertiría a finales del siglo XIX en la principal siderurgia española.

Sin embargo, la revolución industrial no se dio en aquella Asturias del siglo XVIII, pues teniendo, como tenía, las materias primas básicas y una abundante y barata mano de obra, había una ausencia de preparación debido a la falta de enseñanzas técnicas, una carencia de ahorro autóctono suficiente para canalizar hacia la industria y unas muy malas comunicaciones con la meseta, cuya consecuencia principal fue la pérdida de la supremacía de la siderurgia asturiana en 1880, ante el empuje de las modernas factorías vascas, donde sí funcionaba la burguesía vasca de los Ybarra, los Martínez Rivas, los Lezama-Leguizamón, los Sota o los Chavarri, poniendo “patas arriba” aquella primera industrialización asturiana, tratando de justificar aquel fracaso en los elevados costes del carbón asturiano, mucho menos competitivo que los carbones ingleses. Además, los hierros de primera fusión carecían del suficiente valor añadido para hacerlos comercialmente más atractivos – seguían manifestando sus detractores a la vez que competidores -, sin que se generaran capitales propios desde Asturias suficientes para la inversión fabril ni si lograra una mayor y necesaria diversificación empresarial.

La realidad era que, en 1863, las Juntas Generales reunidas en Gernika habían tomado la decisión que cambiaría el curso de la historia económica vasca al suprimir la prohibición de exportar mineral de hierro procedente de sus minas de Ortuella, Galdames o Somorrostro más allá de los límites del Señorío de Vizcaya, lo que, a efectos prácticos, suponía la gran oportunidad para hacer negocios sin precedentes, creándose una auténtica aristocracia económica favorecida, tanto por el preciado mineral férrico como por los mercados internacionales ávidos de tan valiosa materia prima. A cambió, dicho de una manera más entendible, se aprovechaba el mismo barco que llevaba el hierro a Inglaterra para traer el carbón inglés con destino a la siderurgia vasca.

En esas condiciones se llegó a la segunda industrialización asturiana – coincidente con el régimen político de la Restauración borbónica -, comprendida entre la crisis de 1886-1896 y la primera guerra mundial (1914 -1918), que se prolongaría artificialmente hasta la depresión de la década de 1930, donde jugaron un papel decisivo el movimiento obrero, el impulso empresarial, el fenómeno indiano y la expansión educativa.

En efecto, corrían los finales del siglo XVIII cuando el estancamiento extranjero se vería compensado con la llegada de los capitales coloniales, los cuales, de la mano del proteccionismo aduanero de Cánovas del Castillo,  hicieron posible una cierta diversificación industrial: La Algodonera de Gijón (1890), La Estrella de Gijón (1893), fábricas de sidra, azucarera, gas, electricidad y vidrio, cuando Gijón comienza a ser uno de los primeros núcleos fabriles, surgiendo de nuevo gentes de fuera de Asturias, como el ingeniero vasco José Tartiere y Lenegre, el empresario berciano Policarpo Herrero Vázquez o el catalán Pedro Masaveu Rovira, que van a desarrollar su capacidad empresarial en Asturias.

La Algodonera se fundaría en Gijón en 1899 por un grupo de empresarios catalanes, y fue una industria textil puntera en Asturias. Cerró sus puertas el 7 de noviembre de 1966 tras 67 años de actividad.

Después de tanto retraso, la situación empezaría a cambiar rápidamente cuando estos capitalistas nacionales y extranjeros compraron empresas mineras – la burguesía vasca adquiría minas en Asturias para fundar en 1890 la Hullera de Turón -, montando empresas metalúrgicas y construyendo el ferrocarril de Langreo para dar salida a los carbones de la zona.

Desde ese momento, la marcha industrial de Asturias fue – en comparación con el resto del país – imparable y acabó convirtiendo a la región asturiana en el centro de la industria minera y siderúrgica de España, resaltando en este periodo una serie de hechos importantes, tales como el reajuste del sistema de comunicaciones con la articulación del mercado regional, y su inserción en el nacional a través de obras como el ferrocarril de Pajares o el puerto de El Musel; el regreso de los capitales indianos como consecuencia de la guerra colonial de 1898; el protagonismo de las cámaras de comercio gracias a la política proteccionista, y la aparición de una diversificación empresarial (aunque un tanto limitada) con la producción de energía eléctrica, el cemento, los  explosivos y las bebidas industriales.

El puerto de Gijón que engloba una extensa franja marítima terrestre que va desde el puerto deportivo al Musel y zona de Aboño, acogió en exclusividad la actividad portuaria hasta 1907, año en el que se inician la explotación comercial de El Musel, principalmente, con las exportaciones de mineral y de hierro y carbón. Sucesivamente el puerto se iría ampliando en sus espigones y muelles convirtiéndose en los años cuarenta en el principal puerto español en movimiento de tráficos. La actividad industrial de Asturias tuvo en el Puerto de Gijón su principal aliado, desde el principio (mediados del siglo XIX) con los embarques de graneles sólidos procedentes de las cuencas mineras asturianas del Caudal y del Nalón (en el caso del carbón), y de la zona de Carreño (en el caso de mineral de hierro).

La primera guerra mundial (1914-1918), como consecuencia de la necesidad de primeras materias de las potencias beligerantes, supondría una coyuntura excepcional para la industria extractiva y metalúrgica asturiana, a la que proporcionó cuantiosas ganancias, sobre todo con la transformación de sus productos. Sin embargo, estos beneficios no supieron emplearse para dinamizar el tejido regional de pequeñas y medianas empresas.

 La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) daría paso a una economía centralizada, en la que la demanda pública suplía el mercado exterior, de tal manera que el Estado quedaba transformado en el garante del crecimiento económico que aseguraba los pedidos industriales mediante barreras arancelarias en un intento de mantener los niveles de vida y empleo, llegando a alcanzar en esta etapa de entreguerras los mejores tiempos para el carbón y la siderurgia. Pero aquel tímido repunte económico quedaría bruscamente interrumpido por la depresión de los años treinta en Asturias, caracterizada por la llegada con retraso de la crisis de 1929, la inestabilidad social – que dio lugar a la Revolución del 34 – y el golpe fascista contra el gobierno legítimo de la II República que trajo la guerra incivil a nuestro país.

Finalizada aquella contienda fratricida, el país quedaría desangrado por el conflicto bélico de tres años de duración, en el que se habían sacrificado una gran cantidad de recursos muy valiosos para un país atrasado como España, que se concretó en graves pérdidas materiales; caída de la producción agrícola y la ganadera de un 20 % y un 25% respectivamente, así como un descenso en la producción industrial en torno al 30%; agotamiento de las reservas de oro y divisas; deterioro de las infraestructuras y, lo más importante, las miles y miles de pérdidas humanas. La consecuencia más inmediata de aquel conflicto bélico fue la caída del nivel de la renta, que no se recuperó hasta mediados de los años cincuenta, el consumo se hundió y los productos básicos de primera necesidad quedaron racionados hasta 1952, quedando la vida cotidiana de los españoles dominada por el hambre, la escasez de fuentes de energía y las enfermedades.

En abril de 1966 las empresas Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, Fábrica de Mieres, S. A., Industrial Asturiana Santa Bárbara, S. A. y Hullera Española, S. A., proponen al Estado una concentración denominada HENOSA (Hulleras y Energías del Norte, S. A.), con un capital social de 7000 millones de pesetas. El Estado y las empresas privadas constituirían la sociedad a partes iguales para la explotación conjunta de minas de carbón y de centrales térmicas. El proyecto sufrió varios cambios, siendo el más importante de ellos el abandono de la actividad eléctrica. La solución final sería impuesta por el Decreto 486/1967, de 9 de marzo de 1967, por el que se creaba la Empresa nacional “Hulleras del Norte, S. A.” (HUNOSA) con el objeto de “la explotación de minas de carbón, así como la realización de cuantas actividades con ella se relacionen”, sumándose al proyecto minero Carbones Asturianos, S. A. y Nueva Montaña Quijano, S. A.

Aislada del resto del continente – condenado a la Segunda Guerra Mundial – y asolada tras el conflicto, España se sumergió en una forzosa autarquía, donde el carbón era la única fuente energética autóctona. Por eso Franco la convirtió en fuerza motriz de toda la industria, estimulando la producción mediante la concesión de toda clase de ventajas a las empresas mineras, procediendo a la militarización de los mineros, a la vez que ampliando la jornada laboral, quedando establecidas dos o tres horas sin paga para ayudar a la recuperación de la posguerra.

La etapa autárquica (1939-1959) se caracterizaría por una atonía empresarial propia de una economía en reconstrucción fuertemente intervenida y cerrada al exterior. El aislamiento internacional y la ideología del nuevo régimen persiguieron una autosuficiencia energética y un proyecto de industrialización que fuese capaz de sustituir las importaciones exteriores por producciones propias donde la región asturiana, tradicional productora de carbón y hierro, fue la gran beneficiada de esta economía centralizada a través de la industriaINIzación, de acuerdo con la concepción de las autoridades franquistas de la autarquía, no solo como una respuesta a una situación temporal de emergencia, en el mundo de la escasez de la posguerra, sino como una verdadera política de Estado, concebida como una necesidad patriótica que descansaba en la creencia de que España era un país rico en minerales y otros recursos y que alejaba a España de las deudas exteriores.

Por su cercanía al mar y a los yacimientos hulleros y de mineral de hierro, junto con la tradición industrial asturiana, el puerto determinaría la instalación de Ensidesa en suelo avilesino en los años cincuenta del pasado siglo XX. El nacimiento de aquel gigante modificaría la vida y la estructura socioeconómica de una villa que multiplicó por cuatro su población en apenas dos décadas.

Agotado el modelo autárquico, el Plan de Estabilización de 1959 no buscaba sino el engranaje de la economía española en el marco de la economía internacional, para aprovechar su nuevo ciclo expansivo, y gracias a las plantas de ENSIDESA en Avilés y UNINSA en Gijón – ésta última como fusión de Fábrica Mieres, Duro Felguera y Fábrica de Moreda, las tres de capital privado -, Asturias recuperaba parte del protagonismo en la siderurgia que había perdido un siglo antes, asistiendo en este periodo a una intensa emigración del campo a las ciudades y a un retroceso del sector primario en favor del secundario que abrazaba ya a un 45% de la población.

Las crisis energéticas de los años 1973 y 1976, que  causaron el alza de los precios del petróleo, ponían en evidencia las principales deficiencias del proceso de industrialización asturiano, como eran su basamento  casi exclusivo sobre el ciclo del carbón y el acero, sin haber generado un sector fuerte en la industria transformadora; la insuficiencia durante muchos años  de un sistema de comunicaciones adecuado, tanto interiores como extra provinciales; y la incidencia de estructuras públicas, siempre al servicio del capital privado. En definitiva, la falta de políticas en la minería y en la industria por parte del Estado impusieron la brutal reconversión, cuyo plan aprobaría el gobierno felipista del PSOE en 1983.

En efecto, apenas ocupados los aposentos gubernamentales, el gobierno de Felipe González comenzaría a calificar de necrosis el proceso de deterioro industrial que había heredado de sus predecesores, lanzándose de inmediato a una “reconversión industrial” que, disfrazada bajo el pomposo nombre de “MODERNIZACION DEL APARATO INDUSTRIAL”, supuso el cierre masivo de empresas industriales sin un desarrollo paralelo de nuevas industrias, hasta el extremo de que sectores enteros fueron desmantelados y miles de trabajadores pasaron a engrosar las cifras del paro.

Naval Gijón echa el cierre. Y esta vez es el definitivo. A lo largo de sus últimos 20 años de historia nació como entidad mercantil en 1984 tras la fusión de otros dos astilleros ha estado parado varias veces por falta de producción y ha vivido cierres patronales como consecuencia de las movilizaciones de sus trabajadores. El astillero llevaba agonizando desde la reconversión industrial de los años ochenta, cuando tuvieron lugar las protestas más contundentes. Ahora el Ayuntamiento de Gijón asegura que los terrenos del astillero se destinarán a usos industriales, pero lo cierto es que el paisaje de la bahía de Gijón ha cambiado mucho en los últimos años. Donde hace medio siglo había siete astilleros, hoy hay dos playas artificiales, un acuario, un centro de talasoterapia y varias urbanizaciones de lujo.

Estas reconversiones han supuesto el mayor proceso de destrucción de tejido productivo en la historia de nuestro país, que sirvió para quebrar las bases de un desarrollo de la industria nacional sólido e independiente, siendo la reconversión minero-siderurgia, junto con la del sector naval, especialmente salvaje y dolorosa, con el arrasamiento de las comarcas mineras y siderúrgicas asturianas como la del Nalón, Caudal y Gijón, al ser desmantelados sus altos hornos, clausuradas sus explotaciones mineras del carbón, y  abandonados sus astilleros navales, donde Asturias ocupaba un lugar privilegiado en la tercera potencia mundial de construcción de barcos que ocupaba España.

A modo de conclusión se puede afirmar, por una parte, que el declive industrial de Asturias, como una de las regiones de la antigua industrialización europea ha estado íntimamente ligado a la estructura económica regional, y por otra, que la economía de estas regiones se han caracterizado por estar vertebradas alrededor de unas unidades propulsivas económicas que son las que generaron en su entorno un entramado de empresas de pequeña dimensión que, en gran parte, eran dependientes de las grandes empresas tradicionales del carbón y del acero, es decir, se trata de regiones que dependían de un solo sector, de un solo monocultivo,  que están fuertemente especializadas en un tipo de actividad, y en las que puede que exista una aparente diversificación en otros sectores, pero, en realidad, la misión de estos otros sectores era la de ser proveedores del sector predominante, dependiendo totalmente de él. Si a ello añadimos que las empresas de la región asturiana nunca fueron capaces de renovar sus tecnologías y de crear nuevas actividades productivas, el resultado salta a la vista. Tal como se recogía literalmente en un editorial del FINANCIAL TIMES en marzo de 1991, “durante los años de expansión, se vio un gran crecimiento de las inversiones financieras que en su mayor parte han derivado hacia actividades de tipo especulativo en lugar de incrementar el tejido productivo”.

Con la adhesión a la Comunidad Europea en 1986, que limitaba la intervención estatal propia de la anterior economía centralizada, comenzó la privatización acelerada de aquellos sectores que todavía quedaban en manos públicas, a excepción de la minería,  iniciándose  una serie de acontecimientos como la internacionalización de las empresas asturianas – dirigidas desde centros de decisión cada vez más alejados del ámbito local -, el predominio decidido del sector terciario sobre el secundario y la formación de una gran conurbación en la zona central.

«Ciudad Astur», la gran conurbación donde se apiña más del ochenta por ciento de la población del Principado, revela su dimensión en las imágenes nocturnas captadas por los satélites de la NASA, cuando el brillo de las luces artificiales permite identificar con precisión el volumen de las grandes concentraciones humanas.

En efecto, la pérdida de población y el envejecimiento de sus habitantes siguen siendo una constante para el conjunto de Asturias que se viene arrastrando desde el año 1985 y que se ha ido agravando con los años. Según nos indica el INE, hay siete concejos asturianos que aumentaron su población entre el comienzo del nuevo siglo, en el año 2000, y el registro del padrón correspondiente a 2018, y la mayor parte de ellos se encuentra en el área central de la región. En números absolutos, el concejo que más ha crecido en la última década en Asturias ha sido Oviedo, pasando de los 200.411 habitantes empadronados en el año 2000 a los 220.020 que le atribuye la cuenta del INE para 2018. Le sigue Gijón, la ciudad más poblada, que también ha aumentado en habitantes, aunque en una proporción menor, pasando de 267.426 habitantes al comienzo del nuevo siglo hasta los 271.843 en el padrón del 2018. En esa lista de siete concejos que han crecido se encuentran Llanera, Siero, y también Noreña, con dos concejos fuera del área central que han aumentado su población entre el año 2000 y 2018 aunque con un crecimiento muy pequeño. Se trata de los concejos de Llanes y Villaviciosa. El resto de los concejos de Asturias vio menguada su población en la última década, algunos de manera muy drástica, caso concreto de las comarcas mineras que antaño fueron las que generaron la riqueza y la población en la región asturiana. De momento, los jabalíes ya han comenzado a elegir su aposento alrededor de los museos creados con los fondos mineros – ninguno de ellos ha llegado a funcionar -, en lo que antaño fueron grandes núcleos de población minera, tales como el Museo de los Quesos, en Morcín; el Centro de la Fauna Salvaje, en Rioseco; el Museo de la Tonada, en Mieres; la Casa del Urogallo, en Caso; el Centro de Interpretación del Río y la Trucha, en Laviana; o el Centro de Interpretación de La Carisa, en Aller, por no hablar del   Centro de Estudios Medioambientales de El Entrego hace unos años, un edificio que nunca fue utilizado y que tras 16 años fue derribado.

En el año 1900, con solo 637.801 habitantes en la región, la mayoría de los municipios tenía más población que ahora, pero el traslado de los habitantes de la periferia al centro ha hecho que más del 80 % de la región viva en menos del 20% del territorio, con el resultado de 755 pueblos sin habitantes y 303 con un solo residente, produciéndose este éxodo en las alas de la región y en las comarcas mineras. Y cuando esto ocurre, es decir, cuando extensas áreas de terreno no tiene un mínimo de densidad poblacional, el territorio se empobrece, dándose el hecho grave de alcanzar el mayor porcentaje de psicopatías y de suicidios

Y gente es lo que lleva perdiendo nuestra región desde comienzos del presente siglo. Gente joven, principalmente, o sea aquellos y aquellas que habrían de renovar el paisaje y mejorarlo, pero que no lo harán, porque la pérdida de jóvenes asturianos se ha revelado en todo su dramatismo abriendo un boquete que está llevando a Asturias a un futuro geriátrico cuyas consecuencias ni siquiera se han empezado a calibrar por parte de sus gobernantes.

Más de 40.000 jóvenes menores de 35 años que han emigrado de Asturias en la última década – según el expresidente de Asturias Vicente Álvarez Areces, era una “leyenda urbana” -, lo hacen por obligación, porque su tierra natal no les ofrece desde hace mucho tiempo la posibilidad de un salario suficiente para vivir con un mínimo de dignidad. Si estos 40.000 jóvenes expulsados se suman a los 70.562 parados que el INEM contabilizó en setiembre de 2018, y a ello añadimos los desempleados que rotan de una manera permanente, las cifras encienden todas las alarmas que nos anuncian una Asturias de viejos. Es decir, Asturias sufre la esclerosis de una sociedad sin jóvenes, sin el potencial de dinamismo que se va con ellos. Esa es nuestra incapacidad para retener a quienes deberían tomar el relevo. Así de sencillo y terrible: los que se quedan hemos sido incapaces de retener a los que se van, hasta ocupar en la actualidad el porcentaje más bajo de menores de treinta años (23,6 %) de todas las regiones que conforman la Unión Europea.

Barbón estuvo atento a las palabras del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes y al final de los actos en el Santuario, todos los asistentes tenían la percepción de que entre ambos parece haber buena sintonía. A lo largo de su homilía Sanz Montes agradeció la presencia de Barbón hoy en Covadonga e hizo suyas las palabras del presidente del Principado de Asturias «cuando dijo con acierto que los problemas que tenemos en la región serían de modo distinto resueltos si en lugar de mirar solo por nuestros intereses partidistas tuviéramos una mirada amplia por Asturias, colaborando mutuamente».

Pero, mientras esto ocurre, nuestros gobernantes siguen viajando a Covadonga para rezar a la santina esperando el milagro en vez de poner en marcha las necesarias políticas que logren poner freno a este declive demográfico que permita fijar población en las alas de la región y en las comarcas mineras, como lo demuestra el hecho de que el “Plan Demográfico del Principado de Asturias, 2017-2022” ni siquiera haya salido de los despachos gubernamentales, siendo necesaria su actualización para el caso de que se quiera hacer algo, entre otras cuestiones, porque la realidad ha superado negativamente las previsiones del documento guardado.

Sin embargo, los indicadores del bienestar social, tales como la larga esperanza de vida, las altas pensiones, los niveles de renta y de consumo superiores a la media española con tasas de pobreza y de desigualdad sensiblemente inferiores y el elevado nivel educativo alcanzado, en absoluto reflejan la magnitud del problema que tiene Asturias, ya que este bienestar tan solo esconde una relación con lo que ha sido una fortaleza del movimiento obrero y con las compensaciones recibidas a cambio del desmantelamiento  de los sectores industriales en los que se asentó aquella prosperidad que no volverá, al menos sobre aquellas bases de una región de la vieja industrialización del carbón y del acero como ocurrió en Asturias, más bien todo lo contrario, cuando el porvenir amenaza con un empeoramiento en la medida que vayan desapareciendo las transferencias de las rentas que, por ahora, siguen manteniendo algo más que una economía de ficción, sin olvidarnos de que la ratio de 1,2 entre trabajadores ocupados y pensionistas hace de la Seguridad Social el más importante sostén de la región asturiana.

Aquella Asturias obrera, dinamitera, revolucionaria, antifranquista e industrial. Aquella Asturias de migrantes y acogida, de asturianos y asturianas que aún conservan su acento extremeño, andaluz o gallego. Aquella Asturias que fuera hogar de mujeres que hicieron posible la resistencia clandestina contra la dictadura, pagando con torturas su papel imprescindible en las huelgonas de los años 60. Aquella Asturias es la que permanece hoy en la UVI, agonizando a la vez que olvidándose de que la lucha fue y sigue siendo el único camino para encarar el futuro como un colectivo que confíe en sus posibilidades de progreso.

INTERVENCIÓN DE ANTÓN SAAVEDRA EN LA VIII CONFERENCIA INTERNACIONAL SINDICAL DE MINEROS CELEBRADA EN BUDAPEST DURANTE LOS DÍAS 5 Y 8 DE AGOSTO DE 1980.

Revolviendo por mis archivos me encuentro con este discurso ofrecido en la Conferencia Internacional Sindical de Mineros organizada en Budapest por la FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL entre los días 5 al 8 de agosto de 1980, a la que asistí invitado por el Sindicato Minero de la URSS.

Compañero presidente, queridos colegas:

Quiero en primer lugar y en nombre de la Federación Estatal de Mineros de la UGT de España, agradeceros muy sinceramente esta oportunidad que nos habéis brindado para poder participar en esta magna conferencia que tanto ha de significar para el futuro de todos los mineros del mundo.

Al recibir esta invitación de vuestra organización, los mineros españoles hemos entendido que cuando se trata de defender los verdaderos intereses de los trabajadores nunca deben de existir barreras de ningún tipo, porque entonces dejaríamos de ser internacionalistas, y es precisamente en el internacionalismo, en la unión de la clase trabajadora, donde radica nuestra declaración de principios, desde que nuestro fundador Pablo Iglesias, allá por el año 1888 diera vida a lo que es la Unión General de Trabajadores de España.  Y, es precisamente, por ello, que nuestra organización está abierta a todas las tendencias sindicales del mundo que realmente tengan como objetivo común y permanente la lucha por la liberación de los pueblos, la lucha contra el desarme mundial. En definitiva, compañeros, la lucha por evitar con todos los medios una tercera guerra mundial.

En segundo lugar, quiero expresar nuestra más enérgica repulsa y condena contra el régimen fascista impuesto tan recientemente en el país hermano de Bolivia, a la vez que expresamos nuestra solidaridad activa, no solo con el pueblo boliviano, sino con todos los pueblos del continente latinoamericano, donde las dictaduras fascistas al servicio de las multinacionales y la CÍA, son más bien la regla que la excepción.

Por eso, compañeros, al dirigirme desde esta tribuna internacional, es muy difícil contener el grito y hablar serenamente, aunque nuestra actual situación exige mucha serenidad, exige que miremos al futuro sin renunciamientos imperdonables, con afán de justicia, pero nunca de venganza, con el temple suficiente para medir las consecuencias de nuestras palabras y de nuestro comportamiento político.

Cuando estamos asistiendo a esta magna conferencia internacional de mineros, la crisis energética mundial, el fomento a la minería y el resurgimiento del carbón como fuente de energía constituyen una trilogía de plena actualidad. Por ello, las reflexiones que sobre estos temas realizan aquellas personas que por circunstancias de la vida estamos asumiendo responsabilidades directas en el sector minero suponen una clarificación trascendental. De ahí, una vez más, tengamos que expresar nuestra felicitación al comité organizador por este acierto que tanto va a suponer en un futuro inmediato.

Sin más preámbulos, quiero pasar a exponer de una manera breve y esquemática, debido a la amplitud del programa y al corto espacio de tiempo que disponemos, la situación de la minería en España.

Nuestro país cuenta en la actualidad con una plantilla total de 100.000 mineros, de los cuales 55.000 están dedicados a la extracción del carbón, repartidos en 157 empresas con una producción anual de 23 millones de toneladas.

Esta producción es sacada al exterior por métodos artesanales, ya que solamente tenemos mecanizado un 9 por ciento de la misma, siendo la producción extraída con métodos parcialmente mecanizados un 30 por ciento, y el resto se extrae por métodos que aún recuerdan a nuestros abuelos. Del total de nuestra producción, un 23,60 por ciento corresponde a minería de cielo abierto, el 16,40 por ciento a minas de montaña, y el resto, esto es, el 60 por ciento, extraído en pozos verticales.

En este mismo escenario, a la hora de hablar de nuestras reservas, tenemos que manifestar la poca seriedad manifestada a la hora de confeccionar este tipo de información. Los datos suministrados, tanto por organismos nacionales como internacionales, pero siempre bajo el patrocinio del Ministerio de Industria y Energía, las evaluaciones de reservas y recursos arrojan una disparidad suficientemente expresiva, reflejo de la falta de coherencia y homogeneidad en el tratamiento de tan importante asunto. En este sentido resulta de máximo interés reseñar que las últimas cifras obtenidas por el Ministerio aludido cuadriplican las del Plan Energético Nacional’78, más conocido por nosotros como el plan del “electrofascismo”.

La última evaluación realizada en nuestro país nos ha confirmado las posibilidades reales de dar más importancia al carbón en el sector energético de la que actualmente se le concede. Se asegura que existen recursos potenciales a descubrir del orden de los 5.100 millones de toneladas de lignito a menos de 600 metros de profundidad. Esto nos lleva a la necesidad ineludible de exigir la puesta en práctica de un intensivo plan de investigaciones a fin de conocer las reservas y los recursos de que disponemos realmente, máxime en momentos como los actuales en el que el panorama energético está solamente clarificado para la estrategia de las multinacionales energéticas.

Los recursos evaluados hasta el momento son del orden de los 3.592 millones de toneladas y las reservas seguras del orden de los 2.138 millones de toneladas.

La minería española atraviesa una situación crítica, ello como consecuencia de no haber existido en nuestro país una auténtica política minera, pudiendo decir, sin caer en demagogia alguna, que la minería española ha sido una cuestión totalmente ajena y extraña a todos los gobiernos que se vinieron sucediendo en las poltronas ministeriales hasta la fecha. Mientras en los países de la CECA se está produciendo una cierta reorganización, tanto desde el punto de vista estructural como tecnológico, en nuestro país todo quedaba prácticamente igual, de tal manera que en el año 1976 España tenía 1,5 veces más de minas de carbón que toda la CECA, dándose el caso de que durante el periodo 1967-1976 la producción por mina y año en nuestro caso quedaba igual, mientras en los países de la CECA se incrementaba 1,75 veces. El dimensionamiento de las minas crece en la CECA, según el número de mineros en 1,76 veces mientras en nuestro país disminuye.

En el año 1971 se puso en marcha el Plan Nacional de Explotaciones Mineras, el cual preveía para el periodo 1971-80 un crecimiento de la producción de carbones del 117 por ciento, alcanzando el cumplimiento solo un 71 por ciento de media anual, produciéndose el mayor incumplimiento del plan precisamente en los subsectores de la hulla y lignito, que es donde mayor peso específico tiene la empresa pública.

La aparición de la crisis energética junto a la brutal dependencia que padece nuestro país – la mayor de todo el mundo occidental – nos obliga a exigir la intensificación de nuestros recursos autóctonos de una manera racional a fin de ir eliminando la gran vulnerabilidad que padecemos actualmente.

Por otra parte, si hemos aceptado la Constitución elaborada en el Congreso de los Diputados, no tenemos por menos que ponerla en práctica. Al respecto, no podemos olvidar que esta ley suprema contempla los yacimientos mineros españoles como bienes demaniales, y ello significa que son bienes públicos y que la administración tiene la obligación inexcusable de preocuparse y velar su gestión por parte de los concesionarios, sujetos siempre a los requisitos de interés común.

Desde mi punto de vista, pienso que la única solución para nuestra minería es la NACIONALIZACIÓN DEL SECTOR, desde la investigación de nuestros recursos hasta su transformación en energía, pasando por una explotación racional y humana de los mismos, dentro de una POLÍTICA ENERGÉTICA AL SERVICIO DEL PUEBLO.

Desde esta perspectiva las medidas que hemos propuesto al gobierno de España de una manera urgente pasan por:

• La potenciación al máximo de la investigación de los recursos energéticos.

• El desarrollo de un plan de investigaciones de recursos energéticos revisado y actualizado periódicamente.

• La reestructuración de las líneas productivas, dada la total irracionalidad de la misma en la actualidad, yendo a la creación de unidades de mayor volumen de producción desarrollando medidas que favorezcan la creación de cotos mineros.

• Incremento de la mecanización y la racionalización del trabajo.

• Promulgación del ESTATUTO DEL MINERO que ya hemos presentado al gobierno desde el año 1977.

Dentro de mi breve intervención no me voy a referir aquí a la problemática existente en las cuestiones relativas a la seguridad social, seguridad e higiene, accidentes y enfermedades profesionales, hábitat minero de los trabajadores, entre otras cuestiones porque la dureza de la misma os iba a costar trabajo de creer. Basta decir que durante el último año hemos sufrido 121 accidentes mortales, 169 accidentes muy graves y 13 de carácter reservado, de ahí nuestra lucha en torno a la consecución del aludido ESTATUTO DEL MINERO que palíe en gran medida el drama de nuestra minería.

Compañeros:

Siendo muy consciente de que esta problemática sobre la minería española es similar a la de muchos países que he visitado en estos años, es por lo que quiero levantar la voz para manifestar: NAVEGAMOS EN EL MISMO BARCO Y TODO LO QUE NO SEA COORDINAR ESFUERZOS SERÁ PERDER EL TIEMPO.

Muchas gracias

INTERVENCIÓN DE ANTÓN SAAVEDRA EN EL MITIN DEL PSOE EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE OVIEDO, EL 1º DE MAYO DE 1977.

Otro discurso encontrado entre los papeles de la maleta vieja sobre mi intervención en el primer mitin del PSOE en Asturias desde la segunda restauración monárquica celebrado en el Palacio de los Deportes de Oviedo, junto con Luis Gómez Llorente, el 1º de mayo de 1977.

Compañeras y compañeros, trabajadores de la minería, de la siderurgia, de la agricultura, de todas las ramas de la producción. A todos los que, con vuestro trabajo diario manual, intelectual o cultural, contribuís al progreso de un pueblo recibid un fraternal saludo en nombre de la Federación Estatal de Mineros de U.G.T.

Hace cuarenta años que no habíamos tenido ocasión de expresarnos públicamente con esta relativa libertad, y hoy, al realizar un acto de verdadera trascendencia para la gran causa del trabajo os dirigimos nuestra voz amiga para manifestaros nuestros problemas, nuestras aspiraciones y nuestra alternativa sindical. Pero, antes quiero exponer las causas que a nuestro juicio dan lugar a la lucha latente que hoy existe entre el capital y el trabajo.

La causa primordial de esta guerra pasiva, que algún día por la fuerza misma de las circunstancias puede tornarse en activa, consiste en la desastrosa organización de la propiedad y de todas las organizaciones de corte fascista existentes que, cual argolla en el cuello del sentenciado a muerte oprime al esclavo moderno, al trabajador del pueblo español. Ahí tenemos esa mole, tan ineficaz como como corrupta, conocida por la Organización Sindical, creada por el régimen anti obrero de Franco para controlar y reprimir las verdaderas aspiraciones de la clase trabajadora. Y si esas palabras pudieran parecer demagogia para algunos, ahí tenemos las últimas fechorías del conocido Sindicato del Crimen que culminaron con el vil asesinato de cinco defensores de la clase trabajadora en el despacho laboral de la calle madrileña de Atocha, por no hablar de los compañeros de Vitoria asesinado por las balas de la policía y guardia civil.

Sin embargo, ese capitalismo intransigente y cerril no ha conseguido destruir la obra de nuestro Sindicato Minero. Sus realizaciones históricas, a pesar de la destrucción de sus cuadros y a pesar de la incautación de sus locales, todo ello perpetrado por cientos de pistoleros a sueldo, aún continúan.

Pero, ¿cómo no hemos de recordar a las famosas bandas de las contrapartidas, compuestas por falangistas; a la brigadilla especial y a los todavía existentes y conocidos somatenes, auténticos chivatos y esquiroles al servicio de la policía, guardia civil, de las empresas y del propio sindicato vertical fascista?

Nosotros, la UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, queremos que se realice la justicia en todas las relaciones humanas. Queremos la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores libres, honrados e inteligentes. Queremos que sea el trabajo la base sobre la que descanse la sociedad.

Queremos que los instrumentos del trabajo, la tierra, las minas, las fábricas, los ferrocarriles, etc. sean propiedad de la sociedad entera. Con esta realidad quedaría por solo este hecho el trabajador emancipado económicamente y, por lo tanto, en condiciones de pactar con entera independencia y de ejercitar con libertad todos los derechos inherentes a la personalidad humana, siempre que nosotros mismos cumplamos con el imprescindible deber de producir.

La UNION GENERAL DE TRABAJADORES ha propugnado desde siempre, y propugna ahora, una estrategia UNITARIA. En este sentido, como central sindical representativa de la clase trabajadora e identificada con las verdaderas aspiraciones de esta, lucha por alcanzar, en primer lugar, y como objetivo prioritario, la LIBERTAD SINDICAL que, en un contexto general de libertades democráticas, permita a los trabajadores optar libremente por las alternativas sindicales existentes para que éstas puedan desarrollar, sin ningún tipo de trabas ni cortapisas, los legítimos medios de acción sindical que garanticen y promocionen los intereses de clase de los trabajadores. En segundo lugar, y a partir de la libertad sindical, crear las condiciones necesarias que posibiliten un proceso que, conjuntamente con las demás centrales sindicales democráticas, conduzca a la UNIDAD SINDICAL orgánica de la clase trabajadora.

Actualmente, compañeros, la conquista de la libertad sindical implica una serie de condiciones que la UGT no está dispuesta a olvidar. ¡¡¡ Qué menos podemos ofrecer a aquellos hombres y mujeres que dejaron sus vidas en lucha por una España libre, democrática, socialista y republicana!!!

La desaparición y desmantelamiento de las estructuras sindicales fascistas, desde la propia de los Enlaces Sindicales y Jurados de Empresa, pasando por las U.T.T., hasta llegar al propio Ministerio de Relaciones Sindicales.

Ratificando esta estrategia permanente de rechazo de los sindicatos verticales y de boicot constante a las elecciones sindicales oficiales, la U.G.T. considera que la desaparición del Verticato exige ineludiblemente el abandono de todos los cargos sindicales, para que los trabajadores a través de las centrales sindicales democráticas permita iniciar una tendencia de sustitución de estos cargos por órganos representativos e independientes elegidos democráticamente en las asambleas de trabajadores. Pero el desmantelamiento de las estructuras verticalistas implica también la devolución de los bienes expoliados a la U.G.T. en 1.939.

Por otra parte, el patrimonio sindical acumulado a partir de ese año por la Organización Sindical con las cuotas sindicales extraídas obligatoriamente durante cuarenta años de los salarios de los trabajadores, deberá ser restituido a la clase trabajadora a través de las Centrales Sindicales representativas. Por eso, la U.G.T. se opone radicalmente a la conversión de la actual Organización Sindical en el aparato “parasindical” (A.I.S.S.) controlado por el gobierno. Un aparato que se pretende subvencionar con una tasa parafiscal obligatoria a detraer de los salarios de los trabajadores para acoger y refugiar en él a todo tipo de traidores y estómagos agradecidos de este régimen fascista, a la vez que frenar y obstaculizar la libre afiliación de los trabajadores a las centrales sindicales. Pero también, desde la U.G.T., entendemos que el Estado debe de reconocer y garantizar el derecho a la estabilidad en el empleo de quienes en calidad de funcionarios o trabajadores de la Organización Sindical han accedido a su empleo en forma regular y han desempeñado funciones no represivas contra la clase trabajadora.

El análisis de nuestra alternativa sindical de cara a la conquista de las libertades no puede pasar por alto el tema de la crisis económica y de sus posibles soluciones. Es más, la gravedad de la misma está condicionando de manera decisiva la posibilidad de encontrar una salida a la actual situación política y sindical. Se trata de una crisis del sistema capitalista en su conjunto, que ha repercutido rápidamente en un país inserto de lleno en los mecanismos económicos del bloque occidental.

El sistema de relaciones laborales impuesto por la dictadura ha cumplido, una vez más, el papel para el que fue creado como instrumento de control y represión de los trabajadores. Gracias a la utilización de los mecanismos legales y a la indefensión jurídica de nuestra clase ante la patronal, ésta se ha servido del poder para trasladar los costes sociales de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, con el resultado de un vertiginoso incremento del paro, la aceleración del ritmo de crecimiento de la tasa de inflación y, en general, el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo que afectan, principalmente, a los asalariados y sectores más desfavorecidos de la población, por otra parte totalmente ajenos al origen de la crisis.

¿Por qué se ha esperado a 1976 para hablar del pacto social? Los trabajadores no sentimos ningún placer hundiendo la economía, pero tampoco estamos dispuestos a pagar la crisis del podrido y corrupto capitalismo español. Para la UNION GENERAL DE TRABAJADORES, el pacto social solo tiene un nombre: RUPTURA DEMOCRÁTICA.

Vamos a la conquista del socialismo en libertad a través del uso de las libertades democráticas y no usando nunca ni la violencia ni la dictadura. Queda claro que, para la U.G.T., cualquier solución pasa por el restablecimiento de cauces válidos para la confrontación entre trabajadores y patronos. Una alternativa de este tipo, concebible solo en un entorno de libertades sindicales y democráticas, debe de ser la premisa para la elaboración, a nivel político, de un programa para la fase de transición, elaboración en la cual las organizaciones sindicales democráticas deben de intervenir haciendo oír su voz.

La U.G.T. proclama la necesidad imprescindible de una situación de LIBERTAD SINDICAL como punto de partida de un proceso que conduzca a la UNIDAD SINDICAL, concebida ésta sobre la base de la concepción de un sindicalismo de masas, de libre afiliación y a través de un debate permanente ante la clase trabajadora sobre las distintas opciones ofrecidas por las centrales sindicales existentes, pero ello sin perjuicio de que lleve a cabo todos los esfuerzos posibles para llegar a ser la central sindical unitaria de la clase trabajadora. Por su historia, por su concepción de sindicalismo libre, de clase, democrático, independiente, revolucionario e internacionalista. Por sus alternativas de lucha, la U.G.T. puede encuadrar a todos los trabajadores, organizados o no políticamente, y asumir sus planteamientos.

Finalmente, teniendo en cuenta que me encuentro entre mis compañeros mineros en su mayoría, quisiera resaltar algunos aspectos sobre la nefasta política del carbón que venimos sufriendo los mineros de toda España.

Todos vemos cómo de manera constante, los patronos quieren hacernos ver que, efectivamente, los mineros estamos viviendo de las limosnas que nos dan los trabajadores de otras regiones, pero, desde la Federación Estatal de Mineros de UGT tenemos que desmentir contundentemente esa gran mentira y lo fundamentamos, cuando es sabido que el gobierno de la nación ha fijado, con la idea de favorecer a las industrias de las térmicas y siderúrgicas, unos precios muy bajos al carbón. Es decir, el sector carbonero se está sacrificando en beneficio de que otras industrias puedan ser más competitivas, financiándolas de manera indirecta.

En el año 1967, cuando las empresas carboneras comenzaron a chocarse entre unos precios obligatoriamente bajos y unos salarios y cargas sociales más altas, las empresas fueron auxiliadas con una subvención total de 115 pesetas por tonelada, pero resulta significativo, al respecto, hacer una comparación con las subvenciones que reciben por tonelada los distintos países europeos: En Alemania 433 pesetas, en Holanda 260, en Francia 614 y en Bélgica 941. En los finales del año 1975 estábamos pagando la tonelada de carbón polaco al precio de 73,80 dólares y la americana a 78,80 dólares, mientras la media del carbón español la estábamos pagando a una media de 38 dólares. Es decir, hemos pagado por el carbón de importación aproximadamente el doble que por el carbón nacional.

Y ello quiere decir que, si se liberasen nuestros carbones de las argollas de los precios políticos y se equiparase al de importación, el sector carbonero español obtendría moderados beneficios, con la consiguiente eliminación de las subvenciones estatales. No es verdad que nuestro carbón le cueste dinero al contribuyente. Por el contrario, con el sacrificio de este sector se está subvencionando a otras industrias. Si la siderurgia española no puede equiparar el precio de nuestros carbones a los que paga la siderurgia europea, la conclusión es clarísima: o está mal concebida, o está mal desarrollada o está mal dirigida, pero lo que es totalmente inadmisible es que pague las culpas de todo ello la históricamente mal tratada minería española. El carbón es nuestra única fuente de energía, por eso hay que mantener su explotación desde la cuádruple vertiente económica, social, energética y estratégica, sobre todo con la actual crisis energética que se agrava, aun más, con el incremento brutal de los últimos precios del petróleo.

Desde esta perspectiva, la Federación Estatal de Mineros de UGT planteamos tres alternativas de solución para la industria carbones: la primera que se cumplan los reiterados acuerdos de los Consejos de Ministros – el primero ya data del 26 de junio de 1970 – en los que se reconozca la imperiosa necesidad de igualar los precios del carbón española a los que se están importando; la segunda, que sea permitida la exportación de una parte de nuestros carbones, porque el mercado internacional nos pagará por ellos en cada momento el precio justo que se ha establecido; y la tercera, la más importante, que se vaya a la definición de una auténtica política minera en España, desde la investigación de nuestros recursos hasta la transformación de los mismos, pasando siempre por una mejoras en las condiciones de trabajo de los mineros.

Compañeras y compañeros: con fe en la idea y sin miedo en el corazón para realizar nuestra completa emancipación económica y social marchemos todos unidos y con la frente levantada hasta hacer realidad los objetivos de la clase trabajadora.

¡¡¡ VIVA LA LIBERTAD SINDICAL !!!

¡¡¡ VIVA LA CLASE TRABAJADORA  !!!

¡¡¡ VIVA LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES !!!

INTERVENCIÓN DE ANTÓN SAAVEDRA SOBRE LA LEY DE GARANTÍA DE DERECHOS Y PRESTACIONES VITALES, EL 20 DE FEBRERO DE 2020

Junta General del Principado de Asturias

Buenos días, señora presidenta, señorías:

Muchas gracias por concederme la palabra para exponer nuestro punto de vista, nuestras inquietudes y también nuestras aspiraciones respecto a la implantación de un mecanismo esencial para la cohesión de nuestra sociedad, como es el proyecto de ley que nos toca debatir sobre la “Garantía de los Derechos y Prestaciones Vitales”.

El Gobierno de Asturias habla de “blindar las principales medidas para dar cobertura a personas en situación de vulnerabilidad, y sigue hablando de asegurar, consolidar y agilizar los apoyos económicos destinados a aquellos colectivos que más lo necesitan” en su proyecto de Ley. Hasta aquí todo muy bonito. Pero ¿dónde está el dinero para llevarlo a la práctica? ¿De donde va a salir ese dinero? ¿Acaso tiene este gobierno autónomo la capacidad para legislar una reforma fiscal equitativa que, efectivamente, haga pagar más a aquel que más renta tiene, a la vez que obligue a pagar lo mismo a todos los individuos independientemente del origen de su renta, cuando se dedica a andar miagando por Madrid en busca de las correspondientes migajas para nuestra región?

Hemiciclo antiguo de la Junta General del Principado de Asturias, el 0 de febrero de 2020

Un ejemplo de lo que estoy tratando de reflexionar acerca de la falta de dotación presupuestaria para cualquier iniciativa que se presente, lo supone la Ley de Dependencia, promulgada por el gobierno de España, el 30 de noviembre de 2006, y que actualmente se encuentra en el limbo, con más de un millón de afectados, entre dependientes y sus cuidadores familiares que, en el mejor de los casos, reciben cantidades irrisorias, cuando no se las han cancelado en su totalidad por falta, precisamente, de presupuesto, dándose en múltiples ocasiones – demasiadas – que muchos de los dependientes aún no hayan recibido las ayudas mientras la muerte ya se ha llevado por delante a quiénes cuidaban y amaban.

Señorías: En España somos millonarios en leyes. Tenemos leyes para todo, pero nuestro país está entre los países del mundo que más viola o incumple las leyes, incluida la ley fundamental de la Constitución. Hace 42 años que se aprobó la Constitución española, y muy lejos de los discursos oficialistas habituales, quiero recordar hoy que nuestra Constitución, habiendo marcado un hito importantísimo en nuestra historia, solo tiene un problema. ¿Se cumple nuestra Constitución? Pues depende. Hay muchos artículos constitucionales que se cuestionan o directamente que no se cumplen.

Una lectura atenta del texto arroja la conclusión de que unos cuantos artículos tal parece que sean papel mojado, retórica o brindis al sol:

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio” (Artículo 31). Pero la progresividad fiscal se incumple de modo sistemático según multitud de evidencias: las grandes empresas pagan porcentualmente muchos menos impuestos que las medianas o pequeñas, y los ricos y las grandes fortunas muchísimos menos que las clases medias o bajas. El coste del fraude fiscal en España asciende a unos 90.000 millones de euros al año, alrededor del 24% del PIB.

“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia…” (Artículo 35). Pero más de un millón de hogares tienen a todos sus miembros en paro, según la EPA; más de tres millones de personas están inscritas como paradas en los Servicios Públicos de Empleo, de las que más de un millón y medio no cobran ninguna prestación, y la crisis ha traído un fenómeno nuevo: trabajadores con empleo, pero con una remuneración tan insuficiente para satisfacer sus necesidades que ya son considerados técnicamente “pobres”.

“Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo” (Artículo 40). Al respecto, resulta muy difícil decir cuál de las dos premisas de este artículo de la Constitución se cumple menos, cuando las desigualdades económicas cada vez son mayores, siendo España, como es, junto a Estado Unidos, el país del mundo, donde más aumenta la desigualdad, según la OIT.

“Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto” (Artículo 43). Sin embargo, la privatización de servicios o el copago de medicinas y servicios, son algunas de las consecuencias del austericidio implantado en su día por el bipartidismo PPSOE con la reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución para salvar a la banca, hasta el punto de ser la OCDE quien acaba de hacer público un informe que sitúa a España entre los países que más han recortado en Sanidad.

Antón Saavedra en la Junta General del Principado de Asturias, el 20 de febrero de 2020

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” (Artículo 47). Pero los datos son también aquí contundentes y numerosos. La burbuja inmobiliaria y su estallido ha hecho que cientos de miles de españoles estén atrapados en hipotecas que valen más que sus casas, produciéndose en España una media diaria de 200 desahucios, entre los que se encuentran los DESAHUCIOS DE MINA LA CAMOCHA que seguimos librando en la actualidad.

“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad” (Artículo 50). Pero las dos reformas del sistema de pensiones, tanto la del Gobierno de Zapatero en 2011 como la del Gobierno de Rajoy en 2013 han venido reduciendo los derechos de los pensionistas, su poder adquisitivo, donde más del 80 por ciento de las pensiones están muy lejos de alcanzar el salario mínimo fijado por el gobierno y, lo más grave, el asalto que estamos sufriendo por parte de los corsarios del neoliberalismo al sistema público de las pensiones públicas para implantar los planes de pensiones  privadas.

“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos” (Artículo49). Pero, tal y como ha quedado dicho al principio, la ley de Dependencia ha sido una de las más recortadas por todos los gobiernos de España y de las autonomías, hasta el punto de encontrarse amenazados por el cierre muchos de los centros de atención debido a los recortes que se vienen sucediendo.

En definitivo, pienso, de una manera tan sincera como efectiva, que al gobierno autónomo de Asturias le tiene mucha más cuenta ejercer la presión ante Madrid, pero una presión auténtica, para tratar de hacer cumplir estos y otros aspectos de la Constitución, muy distinto a seguir mendigando la limosna a que nos tienen acostumbrados, la mayoría de las veces pensando más en la rentabilidad partidista y electoralista que en los verdaderos problemas del pueblo asturiano.

Muchas gracias.

“…sin moralidad, toda riqueza es escasa, todo poder es débil: donde las leyes autorizan la desigualdad de las fortunas; cuando la mala distribución de las riquezas pone la opulencia en pocos y la indigencia en el mayor número, entonces no hay crecimiento sostenible, y por ese camino la sociedad entrará en quiebra y las instituciones perderán toda legitimación”.

(Gaspar Melchor de JOVELLANOS, desde su reclusión en Bellver, el año 1802)

¿Qué ha pasado con nuestra región que de ser uno de los motores de la industria española, contribuyendo decisivamente a que España ocupara un lugar destacado entre los países más industrializados del mundo, haya pasado a convertirse en una región que de ser importadora de mano de obra procedente de otros lugares esté perdiendo lo más importante para el futuro como son los jóvenes, cuyo destino es el exilio “a no se sabe dónde” por falta de expectativas? ¿Qué ha ocurrido con aquella región de la vieja industrialización europea del carbón y del acero que tan solidariamente contribuyó a eliminar la terrible hambruna que había en España como consecuencia de aquel golpe del fascismo contra el gobierno legítimo de la II República que trajo la incívica guerra? ¿Qué está ocurriendo en Asturias para que sea la región española con menor crecimiento económico desde la llegada de la segunda restauración monárquica, camino de consolidarse como una región periférica en Europa, entre otras cuestiones, porque ha desaprovechado todas las posibilidades de una reindustrialización efectiva, por carecer de una clase empresarial pujante, y por tener una clase política clientelista y corrupta?

La industria en España había llegado de la mano de las instituciones públicas y del capital extranjero de los países industrializados, pero la burguesía española, salvo la excepción que marca toda regla, jamás apostó por la industrialización y por el cambio de los medios de producción, quedando, lógicamente, atrasada con respecto a las economías europeas más pujantes. La burguesía siempre prefirió invertir su dinero fuera de Asturias, primero en la adquisición de tierras, y después en la especulación inmobiliaria, y, a la larga, la artesanía autóctona no pudo competir con los productos industriales.

El 17 de septiembre de 1844 es fundada en Londres la Asturian Mining Company, que establece en la vega de Sueros, entre Mieres del Camino y Ablaña, en el concejo asturiano de Mieres, una fundición de hierro. Su único alto horno se puso en funcionamiento en 1848, proporcionando el primer hierro de calidad en España utilizando coque (conocido entonces como «el método inglés»). El establecimiento fue conocido, entonces y posteriormente, como la fábrica de Mieres.

El 17 de septiembre de 1844 es fundada en Londres la Asturian Mining Company, que establece en la vega de Sueros, entre Mieres del Camino y Ablaña, en el concejo asturiano de Mieres, una fundición de hierro. Su único alto horno se puso en funcionamiento en 1848, proporcionando el primer hierro de calidad en España utilizando coque (conocido entonces como «el método inglés»). El establecimiento fue conocido, entonces y posteriormente, como la fábrica de Mieres.

En efecto, sería el carbón el motor indispensable de la actividad económica e industrial en el primer mundo que pondría en movimiento las máquinas de la era del vapor como símbolo de aquella industrialización, y ello condujo a la fundición del mineral de hierro en las siderurgias, compensando aquella falta de compromiso autóctono con el de procedencia extranjera, en su mayoría inglés, belga y francés, así como con el procedente de otras provincias españolas como el madrileño, vasco, catalán o riojano, siendo estos capitales los que impulsarían las inversiones foráneas para la integración de la minería del carbón y la industria pesada.

Desde la investigación de los recursos y las reservas mineras de Guillermo Schultz y Adrianne Paillete, que fueron la base para la explotación y el proceso de la industrialización de la región asturiana, éste ha sido llevado a cabo por la burguesía foránea, tales como el banquero sevillano Aguado (1833), la Real Compañía Asturiana de Minas de capital belga (1844), el inglés John Mauby (Asturiana Mining Company en 1844), el banquero francés Numa Guilhou (Compagnie Minière et Metallurgique des Asturies en 1874), el riojano Pedro Duro Benito (Metalúrgica Duro en 1857) y la sociedad francesa Minas y Fábricas de Moreda y Gijón (1879).

En 1858, Pedro Duro Benito creaba la empresa Sociedad Metalúrgica de Langreo, más tarde Duro y Compañía, en La Felguera (Asturias) aprovechando los ricos recursos de la zona (carbón, agua, transporte, etc.) para dedicarla a la producción siderúrgica y la extracción de carbón. La compañía se convertiría a finales del siglo XIX en la principal siderurgia española.

Sin embargo, la revolución industrial no se dio en aquella Asturias del siglo XVIII, pues teniendo, como tenía, las materias primas básicas y una abundante y barata mano de obra, había una ausencia de preparación debido a la falta de enseñanzas técnicas, una carencia de ahorro autóctono suficiente para canalizar hacia la industria y unas muy malas comunicaciones con la meseta, cuya consecuencia principal fue la pérdida de la supremacía de la siderurgia asturiana en 1880, ante el empuje de las modernas factorías vascas, donde sí funcionaba la burguesía vasca de los Ybarra, los Martínez Rivas, los Lezama-Leguizamón, los Sota o los Chavarri, poniendo “patas arriba” aquella primera industrialización asturiana, tratando de justificar aquel fracaso en los elevados costes del carbón asturiano, mucho menos competitivo que los carbones ingleses. Además, los hierros de primera fusión carecían del suficiente valor añadido para hacerlos comercialmente más atractivos – seguían manifestando sus detractores a la vez que competidores -, sin que se generaran capitales propios desde Asturias suficientes para la inversión fabril ni si lograra una mayor y necesaria diversificación empresarial.

La realidad era que, en 1863, las Juntas Generales reunidas en Gernika habían tomado la decisión que cambiaría el curso de la historia económica vasca al suprimir la prohibición de exportar mineral de hierro procedente de sus minas de Ortuella, Galdames o Somorrostro más allá de los límites del Señorío de Vizcaya, lo que, a efectos prácticos, suponía la gran oportunidad para hacer negocios sin precedentes, creándose una auténtica aristocracia económica favorecida, tanto por el preciado mineral férrico como por los mercados internacionales ávidos de tan valiosa materia prima. A cambio, dicho de una manera más entendible, se aprovechaba el mismo barco que transportaba el carbón de Inglaterra hasta el País Vasco para llevar el hierro con destino a la siderurgia inglesa.

En esas condiciones se llegó a la segunda industrialización asturiana – coincidente con el régimen político de la Restauración borbónica -, comprendida entre la crisis de 1886-1896 y la primera guerra mundial (1914 -1918), que se prolongaría artificialmente hasta la depresión de la década de 1930, donde jugaron un papel decisivo el movimiento obrero, el impulso empresarial, el fenómeno indiano y la expansión educativa.

En efecto, corrían los finales del siglo XVIII cuando el estancamiento extranjero se vería compensado con la llegada de los capitales coloniales, los cuales, de la mano del proteccionismo aduanero de Cánovas del Castillo,  hicieron posible una cierta diversificación industrial: La Algodonera de Gijón (1890), La Estrella de Gijón (1893), fábricas de sidra, azucarera, gas, electricidad y vidrio, cuando Gijón comienza a ser uno de los primeros núcleos fabriles, surgiendo de nuevo gentes de fuera de Asturias, como el ingeniero vasco José Tartiere y Lenegre, el empresario berciano Policarpo Herrero Vázquez o el catalán Pedro Masaveu Rovira, que van a desarrollar su capacidad empresarial en Asturias.

La Algodonera se fundaría en Gijón en 1899 por un grupo de empresarios catalanes, y fue una industria textil puntera en Asturias. Cerró sus puertas el 7 de noviembre de 1966 tras 67 años de actividad.

Después de tanto retraso, la situación empezaría a cambiar rápidamente cuando estos capitalistas nacionales y extranjeros compraron empresas mineras – la burguesía vasca adquiría minas en Asturias para fundar en 1890 la Hullera de Turón -, montando empresas metalúrgicas y construyendo el ferrocarril de Langreo para dar salida a los carbones de la zona.

Desde ese momento, la marcha industrial de Asturias fue – en comparación con el resto del país – imparable y acabó convirtiendo a la región asturiana en el centro de la industria minera y siderúrgica de España, resaltando en este periodo una serie de hechos importantes, tales como el reajuste del sistema de comunicaciones con la articulación del mercado regional, y su inserción en el nacional a través de obras como el ferrocarril de Pajares o el puerto de El Musel; el regreso de los capitales indianos como consecuencia de la guerra colonial de 1898; el protagonismo de las cámaras de comercio gracias a la política proteccionista, y la aparición de una diversificación empresarial (aunque un tanto limitada) con la producción de energía eléctrica, el cemento, los  explosivos y las bebidas industriales.

El puerto de Gijón que engloba una extensa franja marítima terrestre que va desde el puerto deportivo al Musel y zona de Aboño, acogió en exclusividad la actividad portuaria hasta 1907, año en el que se inician la explotación comercial de El Musel, principalmente, con las exportaciones de mineral y de hierro y carbón. Sucesivamente el puerto se iría ampliando en sus espigones y muelles convirtiéndose en los años cuarenta en el principal puerto español en movimiento de tráficos. La actividad industrial de Asturias tuvo en el Puerto de Gijón su principal aliado, desde el principio (mediados del siglo XIX) con los embarques de graneles sólidos procedentes de las cuencas mineras asturianas del Caudal y del Nalón (en el caso del carbón), y de la zona de Carreño (en el caso de mineral de hierro).

La primera guerra mundial (1914-1918), como consecuencia de la necesidad de primeras materias de las potencias beligerantes, supondría una coyuntura excepcional para la industria extractiva y metalúrgica asturiana, a la que proporcionó cuantiosas ganancias, sobre todo con la transformación de sus productos. Sin embargo, estos beneficios no supieron emplearse para dinamizar el tejido regional de pequeñas y medianas empresas.

 La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) daría paso a una economía centralizada, en la que la demanda pública suplía el mercado exterior, de tal manera que el Estado quedaba transformado en el garante del crecimiento económico que aseguraba los pedidos industriales mediante barreras arancelarias en un intento de mantener los niveles de vida y empleo, llegando a alcanzar en esta etapa de entreguerras los mejores tiempos para el carbón y la siderurgia. Pero aquel tímido repunte económico quedaría bruscamente interrumpido por la depresión de los años treinta en Asturias, caracterizada por la llegada con retraso de la crisis de 1929, la inestabilidad social – que dio lugar a la Revolución del 34 – y el golpe fascista contra el gobierno legítimo de la II República que trajo la guerra incivil a nuestro país.

Finalizada aquella contienda fratricida, el país quedaría desangrado por el conflicto bélico de tres años de duración, en el que se habían sacrificado una gran cantidad de recursos muy valiosos para un país atrasado como España, que se concretó en graves pérdidas materiales; caída de la producción agrícola y la ganadera de un 20 % y un 25% respectivamente, así como un descenso en la producción industrial en torno al 30%; agotamiento de las reservas de oro y divisas; deterioro de las infraestructuras y, lo más importante, las miles y miles de pérdidas humanas. La consecuencia más inmediata de aquel conflicto bélico fue la caída del nivel de la renta, que no se recuperó hasta mediados de los años cincuenta, el consumo se hundió y los productos básicos de primera necesidad quedaron racionados hasta 1952, quedando la vida cotidiana de los españoles dominada por el hambre, la escasez de fuentes de energía y las enfermedades.

En abril de 1966 las empresas Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, Fábrica de Mieres, S. A., Industrial Asturiana Santa Bárbara, S. A. y Hullera Española, S. A., proponen al Estado una concentración denominada HENOSA (Hulleras y Energías del Norte, S. A.), con un capital social de 7000 millones de pesetas. El Estado y las empresas privadas constituirían la sociedad a partes iguales para la explotación conjunta de minas de carbón y de centrales térmicas. El proyecto sufrió varios cambios, siendo el más importante de ellos el abandono de la actividad eléctrica. La solución final sería impuesta por el Decreto 486/1967, de 9 de marzo de 1967, por el que se creaba la Empresa nacional “Hulleras del Norte, S. A.” (HUNOSA) con el objeto de “la explotación de minas de carbón, así como la realización de cuantas actividades con ella se relacionen”, sumándose al proyecto minero Carbones Asturianos, S. A. y Nueva Montaña Quijano, S. A.

Aislada del resto del continente – condenado a la Segunda Guerra Mundial – y asolada tras el conflicto, España se sumergió en una forzosa autarquía, donde el carbón era la única fuente energética autóctona. Por eso Franco la convirtió en fuerza motriz de toda la industria, estimulando la producción mediante la concesión de toda clase de ventajas a las empresas mineras, procediendo a la militarización de los mineros, a la vez que ampliando la jornada laboral, quedando establecidas dos o tres horas sin paga para ayudar a la recuperación de la posguerra.

La etapa autárquica (1939-1959) se caracterizaría por una atonía empresarial propia de una economía en reconstrucción fuertemente intervenida y cerrada al exterior. El aislamiento internacional y la ideología del nuevo régimen persiguieron una autosuficiencia energética y un proyecto de industrialización que fuese capaz de sustituir las importaciones exteriores por producciones propias donde la región asturiana, tradicional productora de carbón y hierro, fue la gran beneficiada de esta economía centralizada a través de la industriaINIzación, de acuerdo con la concepción de las autoridades franquistas de la autarquía, no solo como una respuesta a una situación temporal de emergencia, en el mundo de la escasez de la posguerra, sino como una verdadera política de Estado, concebida como una necesidad patriótica que descansaba en la creencia de que España era un país rico en minerales y otros recursos y que alejaba a España de las deudas exteriores.

Por su cercanía al mar y a los yacimientos hulleros y de mineral de hierro, junto con la tradición industrial asturiana, el puerto determinaría la instalación de Ensidesa en suelo avilesino en los años cincuenta del pasado siglo XX. El nacimiento de aquel gigante modificaría la vida y la estructura socioeconómica de una villa que multiplicó por cuatro su población en apenas dos décadas.

Agotado el modelo autárquico, el Plan de Estabilización de 1959 no buscaba sino el engranaje de la economía española en el marco de la economía internacional, para aprovechar su nuevo ciclo expansivo, y gracias a las plantas de ENSIDESA en Avilés y UNINSA en Gijón – ésta última como fusión de Fábrica Mieres, Duro Felguera y Fábrica de Moreda, las tres de capital privado -, Asturias recuperaba parte del protagonismo en la siderurgia que había perdido un siglo antes, asistiendo en este periodo a una intensa emigración del campo a las ciudades y a un retroceso del sector primario en favor del secundario que abrazaba ya a un 45% de la población.

Las crisis energéticas de los años 1973 y 1976, que  causaron el alza de los precios del petróleo, ponían en evidencia las principales deficiencias del proceso de industrialización asturiano, como eran su basamento  casi exclusivo sobre el ciclo del carbón y el acero, sin haber generado un sector fuerte en la industria transformadora; la insuficiencia durante muchos años  de un sistema de comunicaciones adecuado, tanto interiores como extra provinciales; y la incidencia de estructuras públicas, siempre al servicio del capital privado. En definitiva, la falta de políticas en la minería y en la industria por parte del Estado impusieron la brutal reconversión, cuyo plan aprobaría el gobierno felipista del PSOE en 1983.

En efecto, apenas ocupados los aposentos gubernamentales, el gobierno de Felipe González comenzaría a calificar de necrosis el proceso de deterioro industrial que había heredado de sus predecesores, lanzándose de inmediato a una “reconversión industrial” que, disfrazada bajo el pomposo nombre de “MODERNIZACION DEL APARATO INDUSTRIAL”, supuso el cierre masivo de empresas industriales sin un desarrollo paralelo de nuevas industrias, hasta el extremo de que sectores enteros fueron desmantelados y miles de trabajadores pasaron a engrosar las cifras del paro.

Naval Gijón echa el cierre. Y esta vez es el definitivo. A lo largo de sus últimos 20 años de historia nació como entidad mercantil en 1984 tras la fusión de otros dos astilleros ha estado parado varias veces por falta de producción y ha vivido cierres patronales como consecuencia de las movilizaciones de sus trabajadores. El astillero llevaba agonizando desde la reconversión industrial de los años ochenta, cuando tuvieron lugar las protestas más contundentes. Ahora el Ayuntamiento de Gijón asegura que los terrenos del astillero se destinarán a usos industriales, pero lo cierto es que el paisaje de la bahía de Gijón ha cambiado mucho en los últimos años. Donde hace medio siglo había siete astilleros, hoy hay dos playas artificiales, un acuario, un centro de talasoterapia y varias urbanizaciones de lujo.

Estas reconversiones han supuesto el mayor proceso de destrucción de tejido productivo en la historia de nuestro país, que sirvió para quebrar las bases de un desarrollo de la industria nacional sólido e independiente, siendo la reconversión minero-siderurgia, junto con la del sector naval, especialmente salvaje y dolorosa, con el arrasamiento de las comarcas mineras y siderúrgicas asturianas como la del Nalón, Caudal y Gijón, al ser desmantelados sus altos hornos, clausuradas sus explotaciones mineras del carbón, y  abandonados sus astilleros navales, donde Asturias ocupaba un lugar privilegiado en la tercera potencia mundial de construcción de barcos que ocupaba España.

A modo de conclusión se puede afirmar, por una parte, que el declive industrial de Asturias, como una de las regiones de la antigua industrialización europea ha estado íntimamente ligado a la estructura económica regional, y por otra, que la economía de estas regiones se han caracterizado por estar vertebradas alrededor de unas unidades propulsivas económicas que son las que generaron en su entorno un entramado de empresas de pequeña dimensión que, en gran parte, eran dependientes de las grandes empresas tradicionales del carbón y del acero, es decir, se trata de regiones que dependían de un solo sector, de un solo monocultivo,  que están fuertemente especializadas en un tipo de actividad, y en las que puede que exista una aparente diversificación en otros sectores, pero, en realidad, la misión de estos otros sectores era la de ser proveedores del sector predominante, dependiendo totalmente de él. Si a ello añadimos que las empresas de la región asturiana nunca fueron capaces de renovar sus tecnologías y de crear nuevas actividades productivas, el resultado salta a la vista. Tal como se recogía literalmente en un editorial del FINANCIAL TIMES en marzo de 1991, “durante los años de expansión, se vio un gran crecimiento de las inversiones financieras que en su mayor parte han derivado hacia actividades de tipo especulativo en lugar de incrementar el tejido productivo”.

Con la adhesión a la Comunidad Europea en 1986, que limitaba la intervención estatal propia de la anterior economía centralizada, comenzó la privatización acelerada de aquellos sectores que todavía quedaban en manos públicas, a excepción de la minería,  iniciándose  una serie de acontecimientos como la internacionalización de las empresas asturianas – dirigidas desde centros de decisión cada vez más alejados del ámbito local -, el predominio decidido del sector terciario sobre el secundario y la formación de una gran conurbación en la zona central.

«Ciudad Astur», la gran conurbación donde se apiña más del ochenta por ciento de la población del Principado, revela su dimensión en las imágenes nocturnas captadas por los satélites de la NASA, cuando el brillo de las luces artificiales permite identificar con precisión el volumen de las grandes concentraciones humanas.

En efecto, la pérdida de población y el envejecimiento de sus habitantes siguen siendo una constante para el conjunto de Asturias que se viene arrastrando desde el año 1985 y que se ha ido agravando con los años. Según nos indica el INE, hay siete concejos asturianos que aumentaron su población entre el comienzo del nuevo siglo, en el año 2000, y el registro del padrón correspondiente a 2018, y la mayor parte de ellos se encuentra en el área central de la región. En números absolutos, el concejo que más ha crecido en la última década en Asturias ha sido Oviedo, pasando de los 200.411 habitantes empadronados en el año 2000 a los 220.020 que le atribuye la cuenta del INE para 2018. Le sigue Gijón, la ciudad más poblada, que también ha aumentado en habitantes, aunque en una proporción menor, pasando de 267.426 habitantes al comienzo del nuevo siglo hasta los 271.843 en el padrón del 2018. En esa lista de siete concejos que han crecido se encuentran Llanera, Siero, y también Noreña, con dos concejos fuera del área central que han aumentado su población entre el año 2000 y 2018 aunque con un crecimiento muy pequeño. Se trata de los concejos de Llanes y Villaviciosa. El resto de los concejos de Asturias vio menguada su población en la última década, algunos de manera muy drástica, caso concreto de las comarcas mineras que antaño fueron las que generaron la riqueza y la población en la región asturiana.

De momento, los jabalíes ya han comenzado a elegir su aposento alrededor de los museos creados con los fondos mineros – ninguno de ellos ha llegado a funcionar -, en lo que antaño fueron grandes núcleos de población minera, tales como el Museo de los Quesos, en Morcín; el Centro de la Fauna Salvaje, en Rioseco; el Museo de la Tonada, en Mieres; la Casa del Urogallo, en Caso; el Centro de Interpretación del Río y la Trucha, en Laviana; o el Centro de Interpretación de La Carisa, en Aller, por no hablar del   Centro de Estudios Medioambientales de El Entrego hace unos años, un edificio que nunca fue utilizado y que tras 16 años fue derribado.

De la mitad de los 776 pueblos abandonados en Asturias, según datos oficiales publicados por el Observatorio del Territorio de la Universidad de Oviedo en el año 2019, 351 se encuentran en la cuenca minera central – Mieres (136), Lena (43), Aller (38), Langreo (50), San Martín del Rey Aurelio (52) y Laviana (32) -, que siguen viviendo éxodos múltiples.

En el año 1900, con solo 637.801 habitantes en la región, la mayoría de estos municipios tenía más población que ahora, pero el traslado de los habitantes de la periferia al centro ha hecho que más del 80 % de la región viva en menos del 20% del territorio, con el resultado de 776 pueblos sin habitantes y otros 1.416 entre uno y cinco residentes, produciéndose este éxodo en las alas de la región y en las comarcas mineras. Y cuando esto ocurre, es decir, cuando extensas áreas de terreno no tiene un mínimo de densidad poblacional, el territorio se va desertizando y empobreciendo, dándose el hecho grave de alcanzar el mayor porcentaje de psicopatías y de suicidios

Y gente es lo que lleva perdiendo nuestra región desde comienzos del presente siglo. Gente joven principalmente, o sea, aquellos y aquellas que habrían de renovar el paisaje y mejorarlo, pero que no lo harán, porque la pérdida de jóvenes asturianos se ha revelado en todo su dramatismo abriendo un boquete que está llevando a Asturias a un futuro geriátrico cuyas consecuencias ni siquiera se han empezado a calibrar por parte de sus gobernantes.

Más de 40.000 jóvenes menores de 35 años que han emigrado de Asturias en la última década – según el expresidente de Asturias Vicente Álvarez Areces, era una “leyenda urbana” -, lo hacen por obligación, porque su tierra natal no les ofrece desde hace mucho tiempo la posibilidad de un salario suficiente para vivir con un mínimo de dignidad. Si estos 40.000 jóvenes expulsados se suman a los 69.957 parados que el INEM contabilizó en diciembre de 2019, y a ello añadimos los desempleados que rotan de una manera permanente, las cifras encienden todas las alarmas que nos anuncian una Asturias de viejos. Es decir, Asturias sufre la esclerosis de una sociedad sin jóvenes, sin el potencial de dinamismo que se va con ellos. Esa es nuestra incapacidad para retener a quienes deberían tomar el relevo. Así de sencillo y terrible: los que se quedan hemos sido incapaces de retener a los que se van, hasta ocupar en la actualidad el porcentaje más bajo de menores de treinta años (23,6 %) de todas las regiones que conforman la Unión Europea.

Barbón estuvo atento a las palabras del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes y al final de los actos en el Santuario, todos los asistentes tenían la percepción de que entre ambos parece haber buena sintonía. A lo largo de su homilía Sanz Montes agradeció la presencia de Barbón hoy en Covadonga e hizo suyas las palabras del presidente del Principado de Asturias «cuando dijo con acierto que los problemas que tenemos en la región serían de modo distinto resueltos si en lugar de mirar solo por nuestros intereses partidistas tuviéramos una mirada amplia por Asturias, colaborando mutuamente».

Pero, mientras esto ocurre, nuestros gobernantes siguen viajando a Covadonga para rezar a la santina con música de gaita y tambor a la espera de que se produzca el milagro en vez de poner en marcha las necesarias políticas que logren poner freno a este declive demográfico que permita fijar población en las alas de la región y en las comarcas mineras, como lo demuestra el hecho de que el “Plan Demográfico del Principado de Asturias, 2017-2022” ni siquiera haya salido de los despachos gubernamentales, siendo necesaria su actualización para el caso de que se quiera hacer algo, entre otras cuestiones, porque la realidad ha superado negativamente las previsiones del documento guardado.

Sin embargo, los indicadores del bienestar social, tales como la larga esperanza de vida, las altas pensiones, los niveles de renta y de consumo superiores a la media española con tasas de pobreza y de desigualdad sensiblemente inferiores y el elevado nivel educativo alcanzado, en absoluto reflejan la magnitud del problema que tiene Asturias, ya que este bienestar tan solo esconde una relación con lo que ha sido una fortaleza del movimiento obrero y con las compensaciones recibidas a cambio del desmantelamiento  de los sectores industriales en los que se asentó aquella prosperidad que no volverá, al menos sobre aquellas bases de una región de la vieja industrialización del carbón y del acero como ocurrió en Asturias, más bien todo lo contrario, cuando el porvenir amenaza con un empeoramiento en la medida que vayan desapareciendo las transferencias de las rentas que, por ahora, siguen manteniendo algo más que una economía de ficción, sin olvidarnos de que la ratio de 1,2 entre trabajadores ocupados y pensionistas hace de la Seguridad Social el más importante sostén de la región asturiana.

Aquella Asturias obrera, dinamitera, revolucionaria, antifranquista e industrial. Aquella Asturias de migrantes y acogida, de asturianos y asturianas que aún conservan su acento extremeño, andaluz, gallego o portugués. Aquella Asturias que fuera hogar de mujeres que hicieron posible la resistencia clandestina contra la dictadura, pagando con torturas su papel imprescindible en las huelgonas de los años 60. Aquella Asturias es la que permanece hoy en la UVI, agonizando a la vez que olvidándose de que la lucha fue y sigue siendo el único camino para encarar el futuro como un colectivo que confíe en sus posibilidades de progreso.

ANTON SAAVEDRA

“La gripe es un problema conocido, llevamos muchos siglos con ella, pero la gente no se agobia con la gripe porque es algo a lo que nos hemos acostumbrado y no podemos quitarnos de encima. Me sorprende este exceso de preocupación. En España ya no hay casos, y nunca ha habido transmisión del virus. Uno se infectó en Francia y otro en Alemania”. (Fernando Simón, director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, el 15 de febrero de 2020 en La Sexta TV)

Llama poderosamente la atención la fecha del 12 de febrero cuando los responsables del Mobile World Congres (MWC), evento que iba a celebrarse en Barcelona, decidían suspenderlo debido al brote del coronavirus detectado el 31 de diciembre de 2019 en la localidad china de Wuhan, pero la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, manifestaría al día siguiente que la cancelación nada tenía que ver con el coronavirus: “No es por ninguna alerta sanitaria en nuestro país, que estamos en una situación de respuesta muy buena”. Esa semana, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, también habló de “demasiada histeria” y el propio director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, sostenía que en España no existía por el momento “riesgo de infectarse” porque los dos casos confirmados habían contraído el virus en el extranjero. Ni siquiera la declaración de emergencia internacional por el brote del coronavirus realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 31 de enero, asustó a nuestras autoridades políticas y sanitarias a juzgar por la nota pública del ministerio de sanidad con declaraciones del director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias Fernando Simón: “En España, estamos trabajando desde la primera notificación de coronavirus en China”.

Carmen Calvo Poyato (vicepresidenta primera del gobierno), Begoña Gómez Fernández (esposa del presidente del gobierno, afectada por el coronavirus) y Nadia Calviño Santamaría (vicepresidenta tercera del gobierno) en la manifestación multitudinaria de Madrid por el Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2020.

Así se llega al 6 de marzo, con 374 casos y ocho muertos en España, cuando el ministro de Sanidad, el filósofo catalán Salvador Illa Roca, instaba a la Unión Europea a “garantizar la coherencia y consistencia de las medidas adoptadas por los Estados miembros frente al coronavirus”, pero, pese a ello, se siguió adelante con las manifestaciones del 8-M donde la mismísima Carmen Calvo sujetaba una de las pancartas en la concentración multitudinaria de Madrid, no sin antes haber animado públicamente a las mujeres a llenar sus calles  “porque les va la vida, les va su vida”, decía la vicepresidenta primera del gobierno en una entrevista periodística del día anterior a la manifestación mientras España se infectaba de coronavirus, con 600 nuevos casos declarados en Madrid el mismo 8 de marzo, entre ellos la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. “No recomendamos a nadie nada”, argumentaba Fernando Simón un día antes. “Si mi hijo me pregunta si puede ir, le diré que haga lo que quiera”. Las autoridades tampoco suspendieron los eventos deportivos y Vox mantuvo el acto multitudinario en Vistalegre, convocatoria a la que acudió su secretario general, Javier Ortega Smith, uno de los infectados por el coronavirus, al igual que su presidente, Santiago Abascal.

“España tiene un sistema sanitario fuerte y una red de alerta y detección con expertos profesionales que desde el primer minuto trabajan siguiendo las recomendaciones de la OMS”. (Twitter de Sánchez Castejón, el 1 de febrero de 2020)

Todas estas y otras declaraciones de “tranquilidad” a la población serían corroboradas por el mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ante el primer caso de coronavirus de un turista alemán confirmado en la isla canaria de La Gomera, asegurando en su cuenta de Twitter que el sistema sanitario español es “fuerte” y que había una red de alerta y detección “con expertos profesionales que desde el primer minuto trabajan siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, leyendo su discurso por teleprónter para declarar el estado de alarma en todo el territorio español. (Palacio de La Moncloa, 14 de marzo de 2020)

Es decir, supimos de la epidemia en China; después vimos cómo iban aumentando los casos en Irán, los inicios del problema en Italia, concretamente en la región de Lombardía, pero,  mientras los científicos venían avisando de lo que se avecinaba, los políticos españoles no acababan de querer enterarse de que el país estaba bajo una emergencia grave, con cerca de 3.000 contagios detectados, cuando, de repente, estando todo tan controlado, el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros extraordinario presidido por el presidente, Pedro Sánchez, acordaba la declaración del Estado de Alarma en todo el territorio nacional por un periodo, en principio de quince días, para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 en España. El presidente del gobierno había tardado exactamente 43 días en comparecer ante el pueblo español para reconocer la gravedad del asunto, leyendo a través del teleprónter un discurso tan largo como tedioso. Un tiempo transcurrido que nada tenía que ver con sus críticas al entonces presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, que tardó dos días en dar explicaciones públicas de los dos únicos casos afectados por la crisis del ébola fuera de nuestras fronteras, aunque él le exigía  la comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar la crisis producida: “Le pregunto señor Rajoy: ¿qué miedo tiene a comparecer en el Congreso?”, decía en aquella ocasión Pedro Sánchez, “¿qué es lo que tiene que ocultar? Si es que necesitamos políticos que no rehúyan los debates, que den la cara, que aclaren y den seguridad a los ciudadanos, que protejan a los profesionales de la sanidad pública y que no nos victimicen y responsabilicen de sus propios errores. Por eso, le digo al señor Rajoy que habrá podido rechazar con su mayoría absolutísima la comparecencia en el Congreso, pero voy a pedir una y mil veces la comparecencia del señor Rajoy en el Congreso para que rinda cuentas por la crisis del ébola”.

A pesar de los tres meses de movilización nacional sin precedentes en China, que ya ha conseguido hacer retroceder el número diario de personas infectadas hasta ganar la batalla reduciendo a cero contagios en la fecha del 19 de marzo de 2020 – Corea del Sur, con su rapidez en la respuesta y la responsabilidad de sus ciudadanos, solventaron con éxito su lucha contra el coronavirus sin decretar ningún confinamiento, pasando de ser el segundo país del mundo con mayor número de contagios diarios (909 el 29 de febrero) a una cifra de 16 contagios diarios que resulta verdaderamente sorprendente  -, las lecciones de la importancia de contener la enfermedad en el resto del mundo se han comenzado a aplicar tarde.

” Las Fuerzas Armadas están preparadas para responder a cualquier disposición que requiera el Gobierno con el decreto de declaración del estado de alarma”, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la foto, la ministra Margarita Robles pasa revista al Tercio Alejandro Farnesio 4º de la Legión.

Sin embargo, una epidemia como la que nos ha tocado en suerte gracias al coronavirus COVID-19 es una buena ocasión para replantearnos ciertos aspectos de nuestra existencia y, sobre todo, de nuestro modo de vida. Está sirviendo para poner al descubierto los aspectos superfluos o excesivos de nuestra cotidianidad a la vez que apreciar muy claramente lo que es sustancial de verdad. Hemos llegado a esta crisis después de más de una década de la Gran Recesión de 2007-2008 sin que la débil recuperación posterior haya permitido volver a situarnos en muchos casos en el punto de partida. Y como todos y todas tenemos que saber, las políticas de austeridad neoliberales, con la reforma del artículo 135 de la Constitución española para el rescate de la banca, han tenido efectos demoledores en el gasto público, muy especialmente en el gasto social. Esas políticas neoliberales del bipartidismo PPSOE y de CiU en Cataluña fueron las que propiciaron los recortes en todo lo que pudieron en la sanidad pública. En Madrid, hace doce años había 2.100 camas más que hoy y se perdieron 2.200 trabajadores. El colapso hospitalario para afrontar la crisis queda perfectamente explicado por esos recortes. Ahora proclaman que quieren contratar a 2.000 trabajadores con urgencia, pero ese número ni siquiera llega a las plantillas de hace doce años. Los profesionales de la sanidad – verdaderos héroes en la trinchera de esta guerra que se está librando contra el coronavirus – critican, además, que no se contraten no sanitarios, sin los cuales es imposible que funcionen los hospitales, como celadores o servicio de limpieza. En Cataluña, la situación no es mejor. La sanidad catalana es la que menos inversión por habitante realiza, 1.192 euros. El presupuesto destinado a sanidad bajó del 40% al 32% y ambas comunidades se han distinguido por desplazar hacia la sanidad privada una parte del dinero público, que ha servido para sostener económicamente los hospitales privados mientras se desprestigiaba a la sanidad pública.

Los profesionales de la sanidad son los verdaderos héroes en la trinchera de esta guerra contra el coronavirus, a la que todos, sin exclusión, nos debemos de sumar para contribuir a su derrota.

Por otra parte, los efectos sociales de la pandemia y de las necesarias medidas de contención se harán sentir a muy corto plazo en una economía en desaceleración progresiva ya muy por debajo del 2% del PIB. Grandes fábricas, como Seat y Nissan, han anunciado expedientes de empleo, en las pequeñas industrias y negocios la repercusión puede ser brutal; en el turismo y restauración la perspectiva es terrible. No será lo mismo para el gran capitalista que tiene reservas o capacidad de crédito bancario, que para el autónomo o el pequeño empresario. Es bien sabido que la pandemia por el coronavirus es el caparazón que trata de ocultar una gravísima crisis económica que no ha hecho más que empezar. Tan grave, que el cierre de empresas se extiende en cadena y de forma casi tan explosiva como el microorganismo. De esto apenas se informa, pero en los barrios obreros cunde la desesperación y la angustia, según podemos leer diariamente en los medios de comunicación. La enorme precariedad laboral, con sus nefastas reformas laborales del gobierno Zapatero en 2010 y gobierno de Mariano Rajoy en 2012, facilita los despidos con indemnizaciones míseras o directamente sin ninguna, por el sencillo procedimiento de no renovar el contrato.

La pérdida del empleo en estas condiciones supone la desaparición de todo ingreso para personas y familias que apenas lograban sobrevivir. Me remito a los datos del Indicador Europeo de Pobreza y Exclusión Social (2019) o al más reciente del Relator de la ONU para la Extrema Pobreza1: antes del coronavirus 12 millones de personas estaban por debajo de los indicadores mínimos de supervivencia y la mitad de la población no podía calentar en invierno su casa o comprar carne o pescado una vez a la semana. Sobre esta dramática situación caen los despidos masivos, la inmensa mayoría sin protección social.

Resulta verdaderamente escandaloso que el Real Decreto se haya publicado sin establecer medidas extraordinarias que son competencia del gobierno central destinadas a incrementar sustancialmente los recursos sanitarios, ya sobresaturados y claramente insuficientes para el aumento de las necesidades de asistencia que se espera. Y, sobre todo, es inaceptable la ausencia de medidas sociales y laborales, urgentes e imprescindibles, que detengan la sangría de despidos que está hundiendo aún más en la miseria a millones de personas.

La ministra de Sanidad Leire Pajín, el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE Pepiño Blanco, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, el año 2010.

Siendo verdad que, después de un duro enfrentamiento en el propio Consejo de Ministros entre la gente del PSOE con la de Unidas Podemos, al final y gracias a la presión ejercida por los componentes de la organización morada, quedase promulgado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En concreto, las medidas adoptadas en este real decreto-ley están orientadas a un triple objetivo. Primero, reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; segundo, apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo; y tercero, reforzar la lucha contra la enfermedad. No obstante, surge una pregunta, fundamental desde cualquier punto de vista. Dicho así todo parece muy bonito, pero ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Acaso se le van a exigir a la banca la devolución de los 60.000 millones de euros robados al contribuyente español?, ¿Va a promulgar el gobierno una reforma fiscal equitativa y eficiente, de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Española: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, al tiempo que desde el lado del gasto continúa en su apartado 2 “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”? ¿Será éste un redivivo de aquel Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, conocido como Plan E de Zapatero para reactivar la economía durante la gran recesión de 2008 que, al final, todo el preñado de irregularidades en su aplicación, presentaría unas “pérdidas” globales de 7.836 millones de euros, según el propio Tribunal de Cuentas?

Los ciclos y crisis en el capitalismo vienen sucediéndose de una manera irregular. Forma parte del movimiento anómalo de una economía que es intrínsecamente inestable. En efecto, la gran crisis de 2008 fue resultado de ese tipo de procesos. Y para sacar a flote a una economía que ha caído en el desequilibrio se necesita inyectarle liquidez en buenas cantidades. Por ejemplo, las medidas de política de flexibilidad monetaria aplicadas por la Reserva Federal se hicieron sentir antes de la crisis y sus efectos comenzaron a difundirse por toda la economía desde 2009-2010, pero esas cantidades astronómicas pasaron a fondos de pensión y departamentos de tesorería de grandes corporaciones, en donde solo sirvieron para aceitar la especulación a escala mundial, pero nunca a promover la inversión y el empleo.

Póster alertando a la ciudadanía sobre la gripe española en Alberta, Canadá, c. 1918. Da indicaciones sobre cómo usar una mascarilla. (Dominio público)

Pero, volviendo al objetivo principal y más importante de la guerra contra el COVID-19: la vida de las personas, y recogiendo experiencias de otras pandemias, nos remontaremos al año 1918, para hablar de la gripe española, una pandemia tan letal como las de siglos anteriores que significó la muerte, en dos años, de más de cuarenta millones de personas en todo el mundo. Aquella pandemia se había abalanzado sobre una Europa que aún no había salido de las calamidades de la Primera Guerra Mundial, donde los servicios médicos se vieron desbordados ante aquella amenaza también de origen incierto, como la que estamos sufriendo actualmente en España, aunque cada vez parece ser menos incierto.

Según un miembro del personal sanitario francés, la inconsciencia de la gente favorecía la extensión del problema: “La ignorancia y la ligereza de la masa del público, la incomprensión de las necesidades de aislamiento, de profilaxis, alargan a seis meses una epidemia cuya duración habitual no sobrepasa las seis semanas”. En aquel ambiente de angustia y miedo atroz, la prensa del país galo no dudó en culpar de la gripe al enemigo germano. Las teorías más descabelladas parecían creíbles en aquellos momentos. Circulaban rumores sobre conservas llegadas desde España en las que los agentes del káiser habrían introducido agentes patógenos. Lo cierto es que Alemania se vio igualmente afectada por la gripe. Cuando la contienda finalizó, el contraespionaje francés no había podido detener a nadie bajo la acusación de practicar la guerra biológica.

Sería muy deseable que alguna vez se informara en el Congreso de los Diputados sobre las verdaderas funciones de organizaciones tan oscuras, aunque cada vez más claras, como el Foro de Davos, donde participa el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Pues bien, hoy, como ayer, tampoco faltan las teorías conspiratorias. En Cuba, por ejemplo, está circulando el rumor de que el coronavirus es fruto de una operación emprendida por Estados Unidos, basando esta confirmación en que el país más afectado es China, rival de los norteamericanos en la pugna por la hegemonía mundial. Por supuesto, no es la única hipótesis que circula en foros conspiranoicos que manejan la Alta Finanza Internacional. De hecho, el Foro de Davos, donde participa el presidente del gobierno de España, ya realizó un ejercicio contra una epidemia de coronavirus, en octubre de 2019, con la participación del Johns Hopkins Center for Health Security y de la Bill & Melinda Gates Foundation. El ejercicio en cuestión tuvo lugar en Nueva York, exactamente el 18 de octubre de 2019, dos meses antes del inicio de la pandemia en China, y su objetivo explícito del ejercicio realizado en Nueva York era planificar la respuesta de ciertas transnacionales y gobiernos ante una pandemia de coronavirus, cuando nada permitía predecir el inicio de la epidemia detectada en la ciudad china de Wuhan a inicios de diciembre.

Más de 200 empresas anunciaron que se unirán a la nueva plataforma de Acción Covid lanzada la organizadora del Foro de Davos. La alianza incluye bancos, como Bank of America; compañías farmacéuticas, como AstraZeneca; tecnológicas como Google o Microsoft; o firmas de seguros, como Allianz o Zurich, entre otras. Hasta ahora se han sumado desde España Acciona, Santander y Naturgy. La plataforma contará con el apoyo de la OMS, y funcionará como una red en la que los directores ejecutivos de las multinacionales, y otros representantes corporativos, ofrecerán su ayuda en proyectos específicos, o en el intercambio de mejores prácticas.

Ya, en enero de 2016, en la reunión del World Economic Forum en Davos, Suiza, se había parido un proyecto muy ambicioso con el objetivo de explorar nuevas vías de desarrollo de las respuestas a los retos más importantes a nivel global en relación a las enfermedades infecciosas emergentes. Se había gestado en el seno de la OMS y por interés de varios gobiernos, entidades de diversa naturaleza y múltiples expertos.

Este proyecto se ha concretado en la entidad Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) que ha sido oficialmente presentada en la reunión de 2017 del Foro Económico Mundial, nuevamente en Davos (Suiza), con los objetivos de estimular, financiar y coordinar el desarrollo de nuevas vacunas frente a enfermedades infecciosas capaces de causar brotes y epidemias, especialmente en casos en los que los incentivos del mercado por sí solos son insuficientes, siendo sus impulsores iniciales, además de la Organización Mundial de la Salud (OMS),  los gobiernos de Noruega e India, Welcome Trust, Bill and Melinda Gates Foundation y el World Economic Forum, contando con un presupuesto de, al menos, 1000 millones de dólares para los próximos 5 años, con dos objetivos principales: avanzar en el desarrollo de candidatos de vacunas para las enfermedades de mayor interés, y desarrollar una plataforma técnica e institucional para coordinar la respuesta ante la emergencia de patógenos. En cuanto a las entidades fabricantes de vacunas y de tecnología y las dedicadas al desarrollo de ensayos clínicos en fase III, la propuesta incluye compartir riesgos y beneficios y exige una política de precios razonable. En fin, una “suerte de política de aseguramiento global” a decir de J. A. Rottingen (NEJM, 2017), que ha despertado gran interés en gobiernos y fabricantes y repercusión en los medios de comunicación. En la actualidad está circulando un vídeo por las redes sociales y en WhatsApp que los distintos medios de información al servicio exclusivo de la Alta Finanza Internacional se han apresurado a calificar de bulo donde – dicen ellos – se vienen difundiendo opiniones de personas no expertas en el tema y rumores sobre el origen del coronavirus. ¿Y si el coronavirus no hubiese sido tan impredecible? La triste realidad es que, al día de hoy, sexto día del confinamiento por el estado de alarma decretado por el gobierno de España, llevamos la cifra de 20.000 casos diagnosticados, entre los que se encuentran afectados la expresidenta privatizadora de la sanidad pública en Madrid, Esperanza Aguirre y su marido, y 1.043 muertos. Esa es la cruda y triste realidad.

Día 26 de marzo

Son las 8,00 horas cuando me dispongo a seguir escribiendo mi diario, aunque me temo que voy a volver para la cama como consecuencia de los vértigos que estoy padeciendo como consecuencia de mis cervicales pinzadas. Seguro que algo está influyendo las horas que permanezco sentado ante el ordenador durante el confinamiento que estamos padeciendo todo el pueblo español. A ver que pasa. Me he levantado, y después de pegarme la ducha frio de todos los días, esperando a desayunar con Irma hacia las 10,00 horas, reanudo mi diario de hoy, cuando se cumplen doce días de privación de libertad para circular por la calle, y lo primero que hago es consultar las fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad para ver el número de infectados (49.515) y muertos (3.647) que tenemos actualizados a las 7,52 horas.

Tal y como os prometí en la noche de ayer, refiriéndome al debate celebrado en el Congreso de los Diputados, diré que jamás había asistido, mientras no me daba el sueño, a un debate tan absurdo, no solo por las formas – un reducidísimo número de diputados en el hemiciclo, hasta las tantas horas, mientras el resto votaba desde su casa -, sino por el contenido del mismo que no fue sino una xerocopia de los anteriores, donde  el coronavirus sigue causando estragos en una España frágil y semidesnuda, por mucho fortaleza que pretenda mostrarnos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por mucha vestimenta de gala que se quiera usar para la ocasión. Eso sí, fue un Pleno donde se emplearon las peores formas del “carroñerismo político” por parte de la derecha pepera y sus extremos voxianos, pero la triste y dura realidad que tratan de evadir en el porqué de la masacre que sigue ocasionando el COVID-19 – jamás he visto a ninguno de ellos visitar un hospital o una residencia de ancianos, aunque acudan bien equipados de material sanitario, de ese material del que siguen adoleciendo los profesionales sanitarios, para darles ánimo y reconocimiento a su trabajo -, no está sirviendo más que para demostrar su manifiesta ineptitud e incapacidad para seguir permaneciendo un segundo más en sus escaños.

Pero, ¿qué coño se nos está ocultando aquí? A mí no me cabe ninguna duda de que algo grave, o mucho, se nos está ocultando, entre otras cuestiones, porque en política nada ocurre por casualidad, y en esta catástrofe que tiene confinado a la tercera parte de la población mundial, mucho menos. Aquí hay “gatu encerrau”. Al respecto, me viene a la memoria una reunión telemática que tuvo lugar hace pocos días entre expertos de variada especialización, todos ellos pertenecientes a la International Association of Health Policy, procedentes de varios países y continentes para analizar la respuesta de los países en diferentes continentes a la pandemia actual de coronavirus.

IMRHS es una revista internacional de acceso abierto, mensual, revisada por pares con el objetivo principal de proporcionar investigación y aplicaciones relacionadas con las ciencias médicas y de la salud. El International Journal of Medical Research & Health Sciences (IJMRHS) tiene como objetivo publicar trabajos de investigación originales que contribuyan significativamente a mejorar el conocimiento científico en ciencias médicas.

Aquella reunión organizada por la revista International Journal of Health Services, tenía como propósito compartir información y conocimientos con un objetivo común: ayudar a las organizaciones internacionales y nacionales a resolver la enorme crisis social creada por la pandemia del coronavirus, extrayendo varias conclusiones.  La primera, que la pandemia iba a ocurrir, habiéndose alertado que el mundo no estaba preparado para ello a no ser que se tomaran medidas urgentes para paliar sus efectos negativos, pero tales alertas no solo no se atendieron e ignoraron, sino que muchos Estados, caso concreto de España o Italia, optaron por aplicar políticas públicas que no han hecho más que deteriorar la infraestructura de servicios a base de recortes de gasto público y privatizaciones, así como otras políticas públicas desreguladoras de mercados laborales que han disminuido la protección social de amplios sectores de la población, afectando primordialmente a las clases populares de tales países.

Esta evidencia científica, ampliamente publicada en revistas académicas, ha puesto de manifiesto el enorme impacto negativo que tales políticas han tenido en la disponibilidad y calidad de los servicios sanitarios y sociales, con notables reducciones del número de camas hospitalarias y del personal sanitario desde la crisis del 2008. ¿Alguien se acuerda de la reforma constitucional en su artículo 135 para rescatar a la banca a cuenta del “austericidio” (recortes en sanidad, educación y pensiones) realizada con nocturnidad y alevosía por el bipartidismo PPSOE durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo también secretario general del PSOE?

Otros estudios han mostrado también el impacto de las reformas laborales neoliberales, que han deteriorado la calidad de vida de amplios sectores de las clases populares en estos y en muchos otros países, como en los Estados Unidos de Norteamérica. Estas políticas, basadas en los recortes del gasto público social y reformas del mercado de trabajo que incrementaron la precariedad, fueron ampliamente aplicadas en muchos países y estimuladas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Central Europeo, entre otros, dejando sin protección a amplios sectores de la población y debilitando el sistema de protección social, pieza clave en la respuesta a la pandemia que estamos viviendo ahora en España y en otros países. ¿Alguien se acuerda de las Reformas Laborales de 2010 (gobierno Zapatero) y 2012 (Gobierno de Rajoy) todavía vigentes en la actualidad?

Los enormes déficits de camas, de médicos y enfermeras, de mascarillas, de ventiladores y un largo etcétera se han hecho patentes en cada uno de estos países, donde la austeridad tuvo mayor impacto. Y déficits similares aparecen en los servicios sociales de atención a las personas mayores y a las personas dependientes, especialmente agudos en estos momentos de la pandemia.

La segunda observación que hicieron los expertos es que la causa de la pandemia era predecible, así como el modo de responder a ella. Y lo que también se sabía y se sabe es que hay recursos para contenerla y resolverla. En aquellas reuniones hubo un amplio consenso en que el mayor problema que existiría no sería la falta de recursos, sino las enormes desigualdades en la disponibilidad de estos recursos. No sería, pues, un problema económico, sino político. No había, ni ha habido voluntad política para anular las condiciones que han causado la pandemia. Así de claro.

Dentro de este escenario es necesario preguntarse por las fuerzas económicas y financieras que dominan esos Estados, y la respuesta no creo que sea muy difícil de contestar, cuando en el caso español sabemos que las políticas económicas y sociales fueron promovidas por aquellas políticas que representaban los intereses minoritarios de grupos económicos y financieros que siempre anteponen sus beneficios particulares al bien común, aunque luego su amor a la filantropía les lleve a regalar al Estado material sanitaria para tratar públicamente de  lavar su sucia imagen labrada a base de explotar laboralmente a niños  en régimen de esclavitud por esos países llamados del Tercer Mundo, como si hubiera varios mundos.

Más claro, para esos palmeros de sus propios verdugos, si algún día les da por leer este diario. El neoliberalismo que mata pasa en todo momento por ir desapareciendo las intervenciones del Estado que favorezcan el bien común, hecho responsable del enorme descenso de la calidad de vida y bienestar de las poblaciones, contribuyendo con ello a crear pandemias como la del COVID-19. De ahí la necesidad que tienen todos estos títeres del bipartidismo PPSOE al servicio de esa ideología de negar e incluso de ocultar la existencia de esas crisis.

En este sentido, es profundamente erróneo intentar resolver la gran escasez de material de protección para los profesionales del sector sanitario a base primordialmente y/o exclusivamente de la compra de tales productos en el mercado nacional o internacional. La realidad es que nos encontramos ante una escasez internacional de estos productos debido a su gran demanda, escasez que precisamente beneficia a sus productores, que aumentan los precios, aprovechándose de una situación excepcional. Por eso, pienso que en una situación de “guerra” como les gusta llamar al gobierno de España y a su Ejército, el Estado hace lo que debe hacer para conseguir los materiales que necesita para armarse, confiscando y nacionalizando industrias si ello fuera necesario. España tiene una industria textil muy desarrollada, y no hay falta de material para hacer mascarillas. Se tiene que obligar a las empresas a que las hagan, y pronto, solo por poner un ejemplo. Pero no, es más fácil atemorizar al pueblo y privarles de la libertad mediante un Real Decreto que declara el Estado de Alarma. Es más fácil alarmar a todo un pueblo, mientras vemos como aquella generación que levantó este país a base de sudor y lágrimas se muere por culpa de unos irresponsables que actúan como vulgares corsarios de ese neoliberalismo. Claro, para ellos siempre supone una pensión menos a pagar.

La web del Ministerio llevaba sin actualizar el reporte de casos desde las 18.00 horas del 6 de marzo hasta el 9. En Twitter, solo se informaba del volumen de contagios, pero no del recuento de fallecidos, algo que sí hicieron en las comparecencias públicas los días 6, 7 y 8, tanto el portavoz del gobierno en materia sanitaria, Simón, como el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Porque, vamos a ver: ha quedado archidemostrado hasta la saciedad de que el gobierno de Pedro Sánchez es responsable de no haber adoptado las medidas pertinentes en su tiempo para evitar la catástrofe que sigue amenazando la vida a cualquiera de nosotros, por mucha privación de libertad que se nos haya impuesto.

Hoy tenemos nuevos documentos que ahondan más en el asunto, tal y como podemos ver en la página web del ministerio de Sanidad que reproducimos. En la misma se puede constatar perfectamente las fechas que el mismísimo ministro de Sanidad, Salvador Illa, aclararía en una rueda de prensa de cómo en la última semana de febrero el contagio «importante» del coronavirus se había detectado en algunos territorios de España, en concreto, en la Comunidad de Madrid: “Lo que detectamos la tarde-noche del día 8 de marzo quiere decir que se produjo ocho o diez días antes, estimamos que hacia la última semana de febrero”.  Y yo me pregunto: ¿No tuvo el gobierno de España margen de actuación más que suficiente, antes del 14 de marzo, cuando se tomaron las medidas para el confinamiento en nuestras casas mediante el Real Decreto que declaraba el Estado de Alarma en España?

Sin embargo, siendo esta una verdad como la catedral de La Almudena en Madrid, no es menos cierto que los Presupuestos Generales del Estado, con los que viene actuando el gobierno de España, son los mismos del gobierno pepero de Mariano Rajoy que, elaborados por el ministro Montoro, contemplan los recortes a la sanidad española, uno de los motivos principales de la carencia del material sanitario en nuestra sanidad.  Aquí pongo punto y final a mi diario de hoy, más temprano que otros días, no sin antes ver las últimas actualizaciones del ministerio sobre las cifras de infectados (56.197) y muertos (4.145) a las 17,00 horas.

Día 27 de marzo

Otro día más encerrado en la jaula, y van 13 días. Me levanto, después de haber dormido como un lirón toda la noche, aunque muy endemoniado cuando acabo de escuchar por la radio y leído en las distintas redes sociales comentarios de cuatro imbéciles tertulianos y usuarios de las redes que se consuelan porque los EE.UU. de Norteamérica ya superan a España en número de muertos e infectados, cuando en España ya alcanzamos la cifra de 4.858 muertos y 64.059 infectados a las 11,30 horas, según las fuentes del ministerio de Sanidad.

En este momento me empiezan a reaparecer los fuertes dolores cervicales y espalda de ayer, con ciertos conatos de vértigos, y dejo de escribir, optando por salir a comprar la prensa y aprovechar para dar el paseín diario desde casa al quiosco de la prensa y tumbarme en el sofá a la lectura de mi tercer libro en lo que llevamos de confinamiento. En esta ocasión me decidido por “NUDO ESPAÑA”, de Pablo Iglesias y Enric Juliana, que trata sobre los desafíos y las oportunidades que tenemos por delante: Europa y la ola de cambios tecnológicos que se avecina, el sintomático giro italiano, la proyección latinoamericana , el futuro de la monarquía, el relato de la transición y los gobiernos democráticos, la situación de Cataluña, el PSOE y PODEMOS, la nueva competición en la derecha o el fortalecimiento del feminismo entre otros muchos aspectos que prometen ser muy interesantes.

Son las 18,00 horas cuando me dispongo a reiniciar mi tarea ante el ordenador para ver si soy capaz de seguir escribiendo mi diario, y mi preocupación, como decía por la mañana, es de máxima preocupación al escuchar y leer la información que se refiere a la situación que atraviesan los hospitales públicos rayando el colapso mientras las clínicas y hospitales de gestión privada con financiación pública miran para otro lado, cerrando sus instalaciones y enviando a sus trabajadores al paro.

Imagen de un hospital de Barcelona con los enfermos por los pasillos.

El impacto de la crisis del COVID-19 en la sanidad privada tiene dos caras. Mientras una parte de sus recursos están a disposición de las administraciones para asistir a pacientes infectados, las consultas, operaciones y pruebas ajenas a la pandemia, incluidas las concertadas con la pública, se han suspendido, optando la mayoría de los grupos por el recorte de sus plantillas, procediendo incluso al cierre de siete policlínicos en la Comunidad de Madrid “por tiempo indefinido”, porque, alegan las empresas, deben ahorrar gastos para seguir sobreviviendo. Es preciso señalar, no obstante, que la sanidad privada factura en España en torno a los 6.500 millones de euros (Informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) generados en sus 460 hospitales que representan el 60% del total de España, pero – siguen manifestando – la crisis del coronavirus ha desplomado nuestra actividad en torno al 80 por ciento.

En este debate sobre sanidad pública/sanidad privada, surgido a raíz del ingreso de la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, que ingresó en uno de los hospitales privados más exclusivos de Madrid,  como es la clínica Ruber, para tratarse de una infección respiratoria (infectada del coronavirus), pienso que, estando en su pleno derecho de elegir entre la sanidad pública o la privada, como funcionaria y beneficiaria de Muface que es, desde mi punto de vista, ha cometido un gran error que destroza para siempre su discurso socialista sobre la preponderancia de lo público sobre lo privado, pero, en fin, solo le deseo una feliz recuperación. Yo, como afiliado y cotizante al sistema público de seguridad social también tuve la opción para disfrutar durante parte de mi época laboral y parlamentaria de un seguro privado que me permitía elegir clínica y especialista médico donde quisiera, aunque jamás lo usé, ni yo ni mi familia. De hecho, teniendo que ser ingresado varias ocasiones en los hospitales públicos de Asturias – tres ingresos en las UCI del Valle del Nalón y el HUCA en Oviedo, para el tratamiento de dos infartos agudos de miocardio y colocación de un bypass aortocoronario -, puedo afirmar radicalmente que fui tratado mejor que en ningún hotel de lujo, desde las mujeres de la limpieza hasta el médico, pasando por las enfermeras y auxiliares.

Llegados a esta extrema situación de los hospitales públicos, no se me ocurre más que pensar en la estructura sanitaria del Ejército español. A pesar de contar con una buena infraestructura sanitaria repartida por las distintas provincias y regiones de España y dotada de muchos medios materiales y humanos tan necesarios en estos momentos, sin embargo, no es verdad, como están machacando por las redes los palmeros de la banderita rojigualda, que las Fuerzas Armadas estén desplegando sus hospitales de campaña militares en ningún punto de España. Lo que están haciendo, además de desinfectar puntos críticos, es colaborar con diferentes administraciones en el levantamiento de infraestructuras improvisadas para tratar de descongestionar los centros sanitarios como ocurre en Asturias o en el hospital de campaña – no militar – que el Ayuntamiento de Madrid levantó en IFEMA en un tiempo récord con la ayuda de los militares.

De hecho, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Miguel Ángel Villarroya, confirmó en una de sus comparecencias públicas que el Gobierno aún no ha solicitado ninguno de los hospitales de campaña con los que cuentan las Fuerzas Armadas y que, en este caso, sí que están completamente equipados y listos para desplegarse en poco tiempo, aunque otros mandos militares consideran  que esto tendría que ser la última opción, pues entienden que existiendo la posibilidad de medicalizar hoteles u otros establecimientos no tiene sentido usar unas instalaciones más preparadas para zonas de guerra en las que no existe otra posibilidad médica más. Pero, ¿no decía el jefe supremo del Ejercito que estábamos en una guerra?

Por si no fuera suficiente el riesgo de colapso en los hospitales públicos, más de lo mismo podemos decir sobre lo que está ocurriendo con los ancianos alojados en los distintos geriátricos – algunos de ellos no son merecedores de llevar ese título -, dándose el caso de fallecimientos por coronavirus sin atención de ningún tipo, caso concreto de los 19 ancianos fallecidos en la residencia Monte Hermoso de Madrid, sin que ninguna fuente oficial del Gobierno Autónomo de Madrid haya confirmado dato alguno, teniendo que ser los propios familiares los que han dado la información a la agencia EFE.

Ante esta tétrica situación que tenemos planteada en España, sin embargo, tal como decía al inicio de mi diario, la máxima preocupación de cuatro estúpidos, unos tertulianos en los distintos medios de comunicación – nunca tuve tanta información que me desinformara tanto -, y otros usuarios de las redes sociales con la pandemia del coronavirus que se ha instalado en España es consolarse con que ésta se haya extendido en EE.UU. alcanzando cifras superiores a las que tenemos en nuestro país. ¿Qué culpa tendrá el pueblo norteamericano que sufre las consecuencias de unos dirigentes locos que ponen en juego las vidas de sus ciudadanos para mantener sus intereses personales?

“Perdemos miles de personas cada año por la gripe y nunca hemos cerrado el país. Perdemos mucha más gente en accidentes de automóvil y no los prohibimos. Morirá mucha gente, pero perderemos más gente si sumimos al país en una recesión o una depresión enorme”. (Donald Trump en su comparecencia en la Casa Blanca, el 24 de marzo de 2020).

En efecto, remontándonos al mes de febrero el presidente estadounidense Donald Trump había declarado públicamente que solo se contaban cinco contagiados por coronavirus y que en unos días habrían “uno o dos”. Pues bien, habiendo transcurrido un mes ha quedado demostrado, que su chulesca retórica de costumbre le ha traicionado a modo de boomerang, al quedar convertidos los EE.UU. desde el jueves, 26 de marzo, en el país con más infectados del mundo por el Covid-19 (82.404 infectados), superando a China (81.782) e Italia (80.590) y España (64.059), aunque nuestro país todavía permanezca por encima en el número de muertos.

Con 330 millones de residentes, Estados Unidos es la tercera nación más poblada del mundo, lo que significa que presenta un gran potencial para que el virus se expanda.  Si a ello añadimos que la nación norteamericana, cuna del capitalismo por excelencia,  donde más de 40 millones de sus habitantes no pueden costearse un seguro sanitario debido, principalmente, a sus tremendos costes y al juego sucio de las aseguradoras, que han convertido ésta en el más lucrativo de los negocios en lugar de un derecho, de tal manera que “o pagas o te mueres “ , las consecuencias que se presentan con el coronavirus puede ser mucho peor que los efectos producidos por los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki ordenados por Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio del Japón en 1945, con un balance de 120.000 muertos y otros 130.000 afectados de por vida.

Pero, ¿que más les da a estos asesinos como Trump y los que le precedieron en las poltronas de la Casa Blanca seguir ingiriéndose a la vez que interviniendo por las armas de guerra aquellos países que le interesan para saquearlos y robarles sus riquezas y poder seguir manteniendo el dominio del Mundo basándose en el pensamiento del “Destino Manifiesto”? Ellos basan esa filosofía del “Destino Manifiesto” en la convicción de que Dios eligió a Estados Unidos para ser una potencia política y económica, una nación superior al resto del mundo, y la forma de demostrarlo no es otra que “extenderse por todo el continente”. Esa es su filosofía, por eso al Trump le tira de los cojones el número de personas muertas que pueda ocasionar el coronavirus en el país norteamericano: “Perderemos gente, pero perderemos a más si sumimos el país en una recesión o una depresión enorme”. “Me encantaría tener abierto el país para el domingo de Pascua”. “Puedes destruir un país si lo apagas” … son algunas de las “lindezas” manifestadas por este hijo de la gran puta en la comparecencia pública que tuvo lugar en la Casa Blanca, el 24 de marzo de 2020. Y marcho pa la cama, porque me pone los pelos de punta, siendo las 10,30 horas.

Día 28 de marzo

Son las 19,00 horas de mis catorce días de confinamiento y, aunque me haya levantado de la cama a las 10,00 horas no he escrito una sola palabra en mi diario, principalmente, porque ni mi espalda ni mis cervicales me permiten estar sentado mucho tiempo delante del ordenador. Tengo unos dolores muy fuertes y, después de pegarme dos duchas, una caliente y otra fría, me dispongo a desayunar con Irma, para salir a continuación a comprar la prensa y tres kilos de naranjas de zumo para evitar que ella coja más pesos de lo normal. De vuelta a casa intento ponerme a escribir, pero, como quiera que los dolores no me remiten, me tumbo en el sofá para seguir con el muy interesante libro de Enric Juliana y Pablo Iglesias “NUDO ESPAÑA” y dormir una larga siesta hasta que reinicio el relato de mi diario.

Esta vez, al hilo de los muchos artículos periodísticos y opiniones en las redes sociales vertidos sobre la condición humana que tratan de marcar un antes y un después de esta crisis del coronavirus comenzaré el diario con una reflexión sobre este asunto, para continuar disertando sobre las mentiras y “falsificaciones” que nos vienen ofreciendo desde el gobierno a la hora de contabilizar las cifras reales de muertos e infectados por el coronavirus.

En efecto, esta plaga del coronavirus nos está ofreciendo una inmejorable ocasión para cambiar nuestra desquiciada forma de vida. Sin embargo, tal y como nos ha enseñado el Apocalipsis, los hombres y mujeres de este planeta, siempre nos hemos distinguido, después de sufrir una calamidad, por volver a las andadas y esta conducta irracional, tristemente repetida en todos los crepúsculos de la Historia, se repetirá también ahora. Nadie tenga la menor duda.

Naturalmente, este modelo de vida globalista como modelo indiscutible de organización social, económica y política, en realidad no era más que el “marco” que la nueva mutación del capitalismo precisaba para seguir concentrando la propiedad; pero las masas cretinizadas acabaron – acabamos – encontrándole el gustillo a los nuevos hábitos que tal “marco” les imponía – nos imponía -, resumida en un consumo a troche y moche de pacotilla, birrias, morrallas y baratijas, incluyendo tanto la compra de productos venidos de los parajes más recónditos del atlas como el consumo mismo del atlas, mediante la expansión mastodóntica del turismo. Así de esta manera hemos convertido el planeta en un aquelarre de bulimia universal, que en los amos del cotarro era bulimia de acaparadores y en las masas disfrute de consumidores insaciables. Con lo guapu que ye el nuestru paraíso de Asturias, y que tan pocos asturianos lo conozcamos en toda su dimensión.

Sí, estamos agotando el planeta, y de ese agotamiento solo hay un responsable: nosotros y nosotras. Me viene a la memoria en este momento aquella reflexión de Kant sobre el ser humano: “con un leño tan torcido como aquél del cual ha sido hecho el ser humano no puede forjarse nada que sea del todo recto”. ¿Pesimismo antropológico? Quizá, pero sobre todo realismo antropológico. Basta con echar una mirada retrospectiva a nuestras acciones realizadas durante el pasado siglo XX para comprender hasta qué punto han quedado manifestados y realizados los “vicios capitales” enunciados por Tomás de Aquino. Pues bien, quiero tratar en estas breves reflexiones expuestas en mi diario de confinamiento la consecuencia de esa terrible propiedad humana:  la codicia y su hermana gemela, la avaricia.

La avaricia como afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto y concreto con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. La codicia, por su parte, como afán excesivo de riquezas o de personas, para su utilización ilícita, inmoderada y/o criminalmente lucrativa. También es aplicable en situaciones donde la persona experimenta la necesidad de sentirse por encima de los demás desde un punto de vista relacionado con el poder, la influencia política, el resplandor social, la ostentación, el éxito económico, sexual y de cualquier otra manera imaginable, permitiéndose incluso, en un obsceno alarde de cinismo, dar lecciones de supuesta probidad moral.

Son precisamente, tanto la codicia y la avaricia las generadoras de la deslealtad, la traición deliberada -especialmente para el beneficio personal- como es el caso de dejarse sobornar o exigir la recompensa ilícita antes de que los hechos se produzcan, pero es también la búsqueda y acumulación de dinero, objetos y posesiones de todo tipo mediante el abuso de poder de cualquier tipo, la estafa, el robo, el secuestro y el asalto en todas las variedades imaginables. Todo ello valiéndose del engaño, el poder económico y político, los variados mecanismos de presión, la manipulación, la tergiversación o descalificación de las leyes que estorban, pasando por encima o engañando a las autoridades íntegras y de todo lo que puede quedar de limpio del entramado social y económico de la sociedad.

La filtración de los ‘papeles de Panamá’ solo ha demostrado una práctica financiera común. Sin embargo, el efecto que causa el desvío de fondos hacia paraísos fiscales hasta el momento no ha sido detallado. Según diversos informes de distintos organismos, la economía mundial ha duplicado su valor en los últimos 30 años, alcanzando los 78 billones de dólares. El problema radica en que aproximadamente el 8% de este valor (7,6 billones de dólares) se esconde en paraísos fiscales. Para tener una idea, el PIB de Alemania y el Reino Unido juntos es menor a esta cifra. Si estos capitales se quedaran en sus países de origen, cerca de 190.000 millones de dólares en impuestos al año estarían disponibles para los Gobiernos de todo el mundo.

Hace 12 años, cuando estalló la crisis de 2008, los expertos pronosticaban que la misma iba a servir para que los ricos y superricos se apretaran el cinturón. Más impuestos, quizás. O, en todo caso, que entrarían en una fase de opulencia más discreta, menos ostentosa, pero lo que se puso de moda fue el austericidio como forma de recortar el bienestar social de los trabajadores –  principal herramienta del proceso productivo -, recortándoles la sanidad, la educación, las pensiones y la ley de la dependencia, tal como ocurrió en nuestro país con un gobierno dizque que socialista, reformando el artículo 135 de la constitución española en perfecta connivencia neoliberal del bipartidismo PPSOE, allá por el año 2010, para que la banca fuera rescatada de sus desmanes y aventuras con el dinero del erario público.

En efecto, el austericidio se puso de moda en el Occidente, pero no para los High Net Worth Individuals (HNWIs), y menos aún para los ultra HNWIs – acrónicos utilizados por los departamentos de gestión de activos de los bancos para denominar la cada vez más numerosa élite global de ricos y superricos cuyas fortunas se mantienen intactas, incluso incrementadas tras la crisis -, porque ellos, este grupo de hijos de puta, tal como bautizaría en 1962 el propio presidente de los EE.UU.  J.F. Kennedy a este grupo de financieros sin escrúpulos como el S.O.B. Club (Son of a bitch club, o club de los hijos de puta) manifestando literalmente que “Me parece siniestro que 100 multimillonarios tengan en sus manos las riquezas de este país que pertenece a 200 millones de personas… Luchare contra esto cuanto pueda”. Los autores intelectuales de su asesinato no creo que ofrezcan duda alguna por mucho que traten de ocultarlo.

Pues bien, los High Net Worth Individuals – con patrimonio neto de casi seis billones de dólares, sin incluir la vivienda mansión, el Porsche Cayenne y otros bienes de consumo – siguieron creciendo como la espuma en la crisis mencionada como en todas las crisis, incluida la que se avecina después del coronavirus. Es decir, seguiremos viendo todo tipo de “inversiones en pasión”, pasión por los automóviles de lujo, yates, aviones privados, mansiones por todo el mundo, amantes de lujo por cada rincón …

Si en algo nuestro país no es diferente es en la moda del austericidio para seguir el camino de estos ricos y superricos, hasta el extremo de que el número de millonarios en España aumentó en 22.100 personas el pasado año 2019, lo que supone un crecimiento del 10,9%, un mayor aumento que el registrado en el conjunto de Europa, que fue del 7,3%, e incluso que el experimentado en el resto del mundo, donde creció un 10,6%, según la consultora Capgemini.

Los 300 millones que el multimillonario Amancio Ortega ha donado a través de su fundación a la sanidad pública española para equipamiento contra el cáncer sólo representa la mitad de los casi 600 millones en impuestos que la compañía de Zara ha eludido con ingeniería fiscal, según un informe presentado por los Verdes en el Parlamento Europeo en 2016.

Respecto al arranque de la crisis que analizamos, el número de millonarios ha crecido en casi 100.000 personas desde 2008, en 97.100, con un alza del 76% en apenas diez años. Así, España contaba a cierre del pasado año 2018 con un total de 224.200 millonarios, quienes tenían una riqueza de 566.000 millones de euros, la mitad de todo el dinero que produce cada año el país. Lógicamente cada cual puede sacar sus propias conclusiones, incluyendo la fortuna, claro está, de una de las mayores fortunas de España y del mundo como es la lograda por el de Busdongo, Amancio Prada.

Peros también, refiriéndome al engaño y las ocultaciones aludidas al inicio de mi diario, las crisis están sirviendo para desenmascarar a los tramposos y a los corruptos que hacen negocios hasta con la muerte.

Así, de esa manera, tan acostumbrado como estaba yo todas las mañanas, tardes y noches a la triste y dolorosa tarea de mirar las estadísticas de muertos por el coronavirus, hoy observo con indignación y tristeza que todas esas cifras no responden a la realidad, por la simple razón de que están “falsificadas”, siempre según el informe elaborado por el Instituto de Salud Carlos III publicado por el diario El País este mismo sábado, 28 de marzo, en ningún momento desmentido por los portavoces del Gobierno que conforman el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, Fernando Simón y Raquel Yotti (directora del Instituto de Salud Pública Carlos III), en su comparecencia televisiva del mismo día por la mañana, donde el portavoz del Gobierno en materia de Sanidad afirmaría que en España los fallecimientos “en general se comprueban relativamente bien”, aunque sin dejar de reconocer que “en algunas circunstancias concretas puede haber un error, alguno que se escape”.

Informe elaborado por el Instituto de Salud Carlos III que demuestra como el coronavirus ha causado más decesos de los contabilizados (El País, 28 de marzo de 2020)

Primero fueron unas decenas, luego fueron cientos y ayer ya eran 4.858 los muertos por el patógeno, en su inmensa mayoría gente mayor con patologías previas. Pero, la realidad es aún más dura, según el informe que reproducimos es este diario, cuando el documento revela que el virus casi ha duplicado la mortalidad en algunas zonas de España. Llama la atención el caso de Castilla – León que, entre los días 17 y el 24 de marzo, haya registrado un total de 885 fallecidos, cuando lo esperable según las medias registradas en los años anteriores eran 500, según el propio Instituto de Salud Carlos III. Pues bien, de esas restantes 385 personas fallecidas (77% más), el recuento diario ofrecido por las administraciones correspondiente a esas fechas solo recogió 112, menos de una tercera parte.

Estos datos no vienen sino a confirmar que aún falta mucho por conocer de la epidemia. Era sabido que las cifras reales de los infectados era mucho mayor que la detectada, pero ahora también sabemos que también hay muchos más fallecidos, lo que nos viene a demostrar muy claramente que el impacto del coronavirus está siendo mucho más importante de lo que nos dicen los datos disponibles, tal y como llega a afirmar el exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la Organización Mundial de la Salud y actual profesor asociado en la Escuela Andaluza de Salud Pública, Daniel López Acuña.

En el mismo informe, resulta muy llamativo el caso de Madrid que tras detectar un exceso de la mortalidad hasta el día 16, volvió a valores normales justo cuando más se incrementaban las muertes por el coronavirus, lo que demuestra la poca credibilidad de las cifras que diariamente nos viene mostrando el Gobierno a través del ministerio de Sanidad.

En todo caso, ya me conformaría yo con poner punto y final pandemia con los 65.441 infectados y 5.127 muertos que tenemos a las 5,35 horas del día 28 de marzo de 2020. Buenas noches y hasta mañana.

Día 29 de marzo

Comienzo mi diario de hoy, 29 de marzo, a las 19,00 horas debido a que no arrecian los dolores de mi espalda y cervicales y lo hago, después de haber realizado, en este mis quince días de confinamiento, mi actividad de costumbre, esto es, ducha, aseo, desayuno, compra de la prensa y el pan, paseín diario desde casa a al quiosco de la prensa, comida, lectura y siesta.

Como casi todos los días, nada más abrir los ojos, sufro el bombardeo de las estremecedoras noticias sobre las muertes causadas por el coronavirus, ese enemigo invisible que nos está sacudiendo nuestra perspectiva sobre el porvenir, profundamente arraigado en los seres humanos, que alcanzan 78.797 infectados, de los cuales 9.444 son profesionales de la sanidad, y 6.531 muertos a las 12,30 horas de este día que estoy relatando.

Efectivamente, ante los grandes desastres, la reacción natural de cualquier ser humano nos anima al acercamiento, a la unión y al socorro, entre otras cuestiones, porque pienso que la solidaridad aumenta la supervivencia. Sin embargo, en la pandemia actual que nos está tocando en suerte, sometidos al distanciamiento y confinamiento forzoso, vivimos momentos solidarios y alegres, pero también nos toca vivir otros que se presentan cargados de un miedo indefinido, latente e incomodo, que nos roba la tranquilidad y nos transforma en personas suspicaces e irritables, no solo porque podamos temer que nos pueda ocurrir algo a  nosotros, a nuestros familiares y amigos, sino a personas que, sin conocerlas, también me preocupan en todo el mundo. Y algo de eso, o mucho – más que nunca -, es lo que me ha ocurrido hoy con la visión de un video de 5,29 minutos de duración grabado por uno de los asistentes en la charla celebrada el 25 de marzo de 2020 en un hospital madrileño sobre “Instrucciones sobre ética utilitarista ante las catástrofes”, donde una supuesta médica especialista explica al grupo de los profesionales sanitarios una serie de normas que, debido al interés que necesariamente tiene que despertar en cualquier persona, me he tomado la molestia de recoger  literalmente para transcripción al papel de acuerdo a las palabras de la supuesta doctora: “…a los equipos médicos para aplicar en una situación extrema de recursos, el valor principal es la utilitarista. Recordad los estudios de coste/utilidad (…) Años de vida ajustados por calidad. Los recursos no se destinan a quienes más los necesitan, sino con quien más podemos conseguir (…) El objetivo no es el beneficio individual, es el beneficio social, es decir, maximizar el número de vidas salvadas (…) En una catástrofe como la del 11-M se hace triaje de guerra: verde está leve, amarillo es recuperable, rojo es crítico (hay que actuar), negro es no recuperable y se le seda. Y gris son los pacientes que ni me molesto en triarlos porque tienen más de una edad, salvo que tenga síntomas y se le pone sedación (…) Ese es el protocolo de catástrofes que casi nadie conoce porque afortunadamente casi nunca hay catástrofes (…) La situación actual nos obliga a plantear que puede ocurrir una limitación extrema de recursos. Hay recursos logísticos, las camas de UCI que van a ser nuestro primer cuello de batalla. Las camas de hospitalización general que van a ser el segundo cuello de batalla, no van a ser la urgencia, va a ser la hospitalización (…) Recursos humanos, médicos, enfermeras, auxiliares, no hay más de los que somos, no podemos pintar médicos para que nos ayuden. Recursos materiales: los equipos de protección. En una guerra el soldado no se preocupa de las balas, pero si hay restricción de balas, no te dejan disparar a discreción sino, asegurar el tiro. Habrá momentos donde habrá que decir a quien se le tira la bala y a quien me la guardo para otro paciente (…) Registros logísticos: lo que se ha hecho es centralizar las camas de UCI, porque estas no son de mi hospital. Son de la Comunidad de Madrid. Y se van a asignar al paciente de toda la comunidad que más se beneficie de ello. No por gravedad, sino por años de vida recuperables. Esto es drástico, esto es horroroso. Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo (…) Si la curva no se aplana en los próximos días, y todos pensamos que no se va a aplanar, puede que lleguemos al desabastecimiento, límites tratamientos a los pacientes recuperados (…) No se está dando tratamiento a los ancianos de residencias. Ya se está negando el tratamiento a esos ancianos, y si es un COVID mala suerte”.

Así finaliza la charla de la doctora. ¡Tremendo! Que triste ser anciano, después haber trabajado tantos años para levantar este país de aquella guerra incivil que vino como consecuencia del golpe fascista contra el gobierno legítimo de la II República y haber contribuido con sus luchas a la conquista de un sistema público de sanidad, entre los mejores del mundo, que ahora les deja morir por falta de recursos.

¿Qué ha quedado de aquel código deontológico de Hipócrates donde se juraba que “¿Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo (…) En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, principalmente de toda relación vergonzosa con mujeres y muchachos, ¿ya sean libres o esclavos?

No es la primera vez que Aso, uno de los de los políticos más ricos de Japón, ha cuestionado el deber del Estado en relación a la población anciana. En 2008, mientras ejercía como primer ministro, calificó de “chochos” a los pensionistas que deben cuidar mejor de su salud. “Veo a gente de 67 ó 68 años constantemente ir al médico”, soltó en una reunión de economistas. “¿Por qué tengo que pagar por las personas que sólo comen y beben y no hacen ningún esfuerzo? Yo ando todos los días y hago otras cosas, pero yo voy a pagar más impuestos”.

Esta esquela adelantada de nuestros viejos me recuerda las declaraciones de aquel vicepresidente de las Finanzas en el gobierno japones, Taro Aso, cuando refiriéndose a la problemática de las pensiones, pidió a los ancianos del país que “se dieran prisa en morir” para que de esta manera el Estado no tenga que pagar su atención médica. “Dios no quiera que ustedes se vean obligados a vivir cuando quieran morir. Yo me despertaría sintiéndome mal sabiendo que todo el tratamiento está pagado por el Gobierno”, dijo Aso durante una reunión del Consejo Nacional sobre la reforma de la Seguridad Social, según informa el diario británico ‘The Guardian (22 de enero de 2013). El problema no se resolverá a menos que ustedes se den prisa en morir”, acabaría remachando.

A este paso, de seguro que acabaremos copiando de los esquimales, que cuando sus padres son demasiado mayores los dejan a la intemperie glacial en la puerta de la choza.

La cruda realidad de nuestros ancianos es que vienen siendo las víctimas de un gran negocio, perfectamente consentido por los gobiernos del bipartidismo PPSOE, a través de un grupo de multinacionales y fondos buitre – en bastantes ocasiones  también aparecen viejos conocidos que antaño fueron cargos políticos en la administración y en los gobiernos central y autonómicos quienes rigen este tipo de establecimientos que controlan en torno al  75% de las plazas en centros de la tercera edad y mueven todos los años una cifra de 5.000 millones de euros.

Desde constructoras como ACS, Sacyr o Eulen, pasando por aseguradoras como BUPA o Santa Lucía, hasta llegar a entidades religiosas como, por ejemplo, la Fundación San Rosendo, muy beneficiada por los gobiernos de Fraga en Galicia, y promovida por el cura, don Benigno, que fue condenado a pena de cárcel por quedarse con el dinero de una residente, todas ellas conforman esta red mafiosa en el “mercado” de nuestras y nuestros ancianos.

España supera los 590 muertos por coronavirus, muchos de los cuales son ancianos. En los últimos días en residencias de ancianos han fallecido al menos 48 mayores a causa del coronavirus, aunque posiblemente la cifra aumente ya que a varios no se les ha practicado la prueba del COVID-19.

Más de 2.000 ancianas y ancianos han fallecido en España hasta la fecha del 29 de marzo como consecuencia de la pandemia del COVID-1 que invade nuestro país, en su mayoría cadáveres abandonados durante horas o días, tal como pudimos saber recientemente por boca de la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, personal dándose a la fuga, como lo ocurrido en la residencia Monte Hermoso de Madrid, con 20 persona fallecidas, o confinándose con los enfermos para cuidarlos, como ocurre en la Residencia de Nuestra Señora de los Fresnos en la localidad asturiana de Langreo. Trabajadoras muy precarizadas – un 90% del total son mujeres–, sin medios ni formación requerida para abordar el problema. Responsables empresariales mirando para sus cuentas bancarias. Un gobierno totalmente desbordado que se ha visto obligado a enviar al Ejército para intentar averiguar el alcance del brote y contenerlo. Una gran tragedia cuyo balance final tardaremos en conocer. Pero, lo peor de todo, que se trata de un drama que se pudo y se puede evitar en toda su dimensión.

En efecto, a juzgar por los testimonios y los datos que hemos obtenido, perfectamente constatados, es necesario hacer una retrospectiva años atrás para saber que los problemas ya empezaron a aparecer hace bastantes años, aunque su fase de agudización provenga de  los años del austericidio impuesto por el bipartidismo PPSOE en 2010, con el asalto de los corsarios del neoliberalismo al Estado del Bienestar y la fiebre privatizadora que vino a partir de la reforma del artículo 135 de la Constitución con el objetivo de  rescatar la banca con el dinero del erario público.

Desde esos momentos muchas residencias para ancianas y ancianos poco o nada tienen que ver con el modelo familiar y casi idílico que ofrecen sus anuncios. Más bien son factorías de la atención, aparcamientos de abuelas y abuelos, padres y madres, gestionados con la mente puesta en el negocio lucrativo, muchos de ellos por fondos de inversión no especializados, cuya principal característica es la precariedad: “Muchos trabajamos en turno partido, pero tenemos que tener disponibilidad total. Por esto hay muchas gerocultoras que trabajan en hasta dos y tres centros. Médicos y enfermeros ganan mucho menos que en el sector sanitario, por lo que tampoco se quedan, y el seguimiento se resiente”, según el testimonio público de Pilar Ceprián, afiliada a CC.OO. y gerocultora desde hace más de 25 años.

Los últimos datos publicados por el IMSERSO, indican que de los 5.457 centros residenciales que hay en España, cerca de un 75% son de titularidad privada. Es decir, más de 4.000 centros pertenecen al sector privado, mientras que apenas llega a 1.400 el número de residencias públicas, un “mercado” que viene creciendo a un ritmo superior al 4% interanual, según un informe de la consultora DBK Informa.

Diez ancianos de la residencia de mayores Cáxar de la Vega, en Cájar -Granada-, han fallecido tras dar positivo en coronavirus. Desde hacía días, en el centro de mayores se habían registrado distintos casos de contagio por coronavirus. Pero la situación empeoró esta semana, cuando se empezaron a registrarlas primeras muertes. De ese modo, en estos cuatro días ya han perdido la vida diez mayores con COVID19. ( Ideal de Granada , el 26 de marzo)

Es decir, que los recortes del neoliberalismo practicado en España por el bipartidismo PPSOE y las privatizaciones masivas no hicieron más que contribuir a la agudización del problema, hasta el extremo de que, desde los inicios del problema, la tan cacareada Ley de Dependencia viene acumulando un recorte en los Presupuestos Generales del Estado en torno a los 6.000 millones de euros. Además, ahondando más en el problema, nuestro país no tiene suficientes plazas públicas de residencia con sus casi 380.000 plazas por lo que harían falta como mínimo de otras 18.000 más para alcanzar las 5 camas por cada 100 mayores que recomienda la OMS, según distintos informes profesionales realizados sobre la cuestión.

Desde mi punto de vista, queda muy claro que la privatización del sector es una de las  grandes culpables, sino la que más, de la masacre que estamos viviendo durante estas malditas fechas pandémicas del COVID-19, cuyo balance alcanza al día de hoy la cifra de 6.739 muertos y 79.000 infectados a las 8,00 horas del 30 de marzo, de los cuales, se puede decir para el conjunto de España que la mitad de los infectados están en residencias y la cifra de mortandad en los centros privados casi duplica a las de las públicas.

Día 30 de marzo

Hoy me he levanto a las 10,00 horas sin ningún dolor en mi espalda y cervicales para, después de pegarme una ducha y asearme – tengo que decir que desde el primer día de mi confinamiento tomé la decisión de dejarme, por primera vez en mi vida, la barba y el bigote hasta que acabe este cautiverio –, salir a comprar la prensa y la leche. Hace un frio de cojones en la calle y anuncian nieve para los próximos días, pero solo me acuerdo de aquellas personas – demasiadas – que no tienen medios para dotarse de una calefacción y se mueren todos los años de frio. Siento nostalgia de aquellas cocinas del carbón que tanto contribuyó a sacar a España de aquella gravísima crisis de posguerra, donde mi madre nos calentaba la cama con los ladrillos calentados en el horno de la cocina en aquellos duros inviernos.

Quiero comenzar diciendo que ayer tuve un sueño: vi casi todo el partido de fútbol entre el UPLangreo y el Racing de Santander en el Ganzábal, disfrutando de lo lindo con el espectáculo, pero una vez despierto ya me dí cuenta de que los sueños son sueños y la realidad me hace ver que estamos cumpliendo el primer día del segundo tiempo, es decir, el 16 día, de mi confinamiento por el Estado Alarma decretado en España. Rodeado por un pueblo silencioso y cautivo, un pueblo que se parece a un caracol oculto tras el caparazón que solo mostramos a la hora del aplauso desde la ventana. En ocasiones, sobre todo cuando era un guaje e ignoraba casi todo de mí, sigo preguntándome cómo hubiera reaccionado ante situaciones históricas difíciles, como la que estamos viviendo en estos momentos. Me pregunto, si hubiera sido capaz de esconder, por ejemplo, a un gitano o un judío, durante el periodo nazi, con el peligro que ello podía suponer. Pues bien, ahora estamos viviendo nuestra propia circunstancia crítica. Una prueba difícil, inesperada, pero es nuestra prueba, y el resto de nuestros días va a quedar marcado por lo que hicimos o dejamos de hacer, cuála fue nuestra actuación durante esta pandemia del COVID-19.

Es lunes, y Sama no es lo mismo sin el mercadillo semanal, sin las canciones de la tonada asturiana que todos los lunes protagoniza el grupo de “Caldillo” en el mesón de Los Serranos o la tertulia diaria en la sidrería de Les Escueles donde hablamos de todo y, por supuesto, de los partidos de fútbol de los domingos. Y de eso voy a reflexionar en mi diario de hoy. Un fútbol que se creyó importante hasta que el coronavirus le puso en   cuarentena, arrebatándole la atención y sus héroes, trasladando los aplausos de los estadios a los balcones y ventanas de las casas, haciéndoles ver que un barrendero es mucho más importante en estos momentos dramáticos, profesionalmente hablando, que cualquier futbolista, aunque se llame Messi, Ronaldo, Neymar o Kilian Mbappé.

Sí, unos bichitos de origen desconocido que, con fecha 31 de diciembre de 2019, el gobierno chino de Wuham anunció que las autoridades sanitarias estaban tratando a decenas de personas afectadas por aquel brote viral, hasta la fecha del 11 de enero, cuando los medios estatales chinos daban la noticia de la muerte del primer paciente, un hombre de 61 años que frecuentaba el mercado de Wuham. A partir de ahí, los infectados empezaron a contarse por miles, y los muertos por centenares. Entretanto, el virus cogía el avión para viajar por todo el mundo, poniendo a prueba a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la comunidad científica internacional, a los sistemas sanitarios de los países afectados, a los sistemas financieros globales y locales, a los medios de comunicación, a las cadenas de suministros y a los políticos, dispuestos estos a seguir las recomendaciones de la ciencia, pero con un ojo puesto en sus intereses partidistas y no perder votos por la toma de decisiones impopulares. Ahora, cuando estoy redactando este diario del 30 de marzo, el coronavirus ya es una pandemia que afecta a 192 países, infectando a 729.000 personas y causado la muerte de 34.000 de los que corresponden a nuestro país 85.195 infectados y 7.340 muertos.

De repente, nos hemos dado cuenta de que los futbolistas no eran tan importantes como parecían, es decir, sin el fútbol se puede vivir perfectamente, pero sin médicos, enfermeras, camioneros, repartidores de supermercados, dependientes del comercio alimentario, barrenderos, entre otras profesiones, estaríamos abocados a una muerte segura.

¿Quiere ello decir que se ha acabado el fútbol en nuestra sociedad cuando hayamos enterrado el coronavirus? ¡¡¡En absoluto!!! El fútbol debe de continuar practicándose tal y como lo concebía el marxista italiano, Antonio Gramsci, cuando se refería al mismo como “el reino de la lealtad humana ejercida al aire libre”. Es innegable que el fútbol de élite, la industria del fútbol, se ha convertido en un negocio. Es más, se ha convertido en una fachada tras la cual se realizan negocios de lo más inmorales, fraudes millonarios a la hacienda pública, impagos a la seguridad social… Pero, ¿Por qué vamos a renunciar a plantear la batalla? ¿Por qué vamos a seguir cediendo el fútbol al enemigo en vez de tratar de reapropiárnoslo, como en aquellos mejores y felices tiempos pegando patadas a un balón por los praos y escombreras de los barrios donde vivíamos, sobre todo cuando sabemos que el fútbol de los negocios, el mediático, no representa ni siquiera el uno por ciento de todo el fútbol? ¿Por qué caemos en la trampa, y llamamos “el fútbol” a esa industria futbolera en la que el balón es lo de menos?

El deporte rey en España acumula actualmente una deuda de 3.600 millones de euros, de los cuales 752 millones se le deben a Hacienda, según informó recientemente el Consejo Superior de Deportes (CSD). El fisco español es el mayor acreedor de los equipos de primera y segunda división. Además, la inmensa mayoría de los clubes europeos que se encuentran en concurso de acreedores son españoles.

El fútbol, tal y como siempre lo concebí desde mi niñez en la Barriada de Lada, es una actividad cultural, en tanto y cuanto aglutina un conjunto de saberes, creencias y modelos de conducta social, con un trasfondo serio, como las competiciones de temporada, en las que los “guajes” y jóvenes de un pueblo, zona o calle de barrio, tratan de apoderarse por la fuerza de un talismán guardado y defendido con la misma fuerza por los “guajes” y jóvenes de otro pueblo, zona o calle de otro barrio. El talismán permanece guardado dentro de la portería del equipo contrario, y penetrar en ese recinto de la propiedad ajena, en el templo sagrado del “otro”, para robarle lo más querido y salir corriendo con una alegría salvaje en el rostro es el objetivo, es el gol que los contrarios han logrado, dentro de las reglas de un juego.

Tal y como dejaría señalado el escritor Javier Marías, “el fútbol es la recuperación semanal de la infancia”, una mezcla de sentimentalidad y sano salvajismo, una escuela de comportamiento y nostalgia, y la escenificación de la épica al alcance de todo el mundo. Y vemos el fútbol como lo que seguramente es, en el fondo, para millones de aficionados a los que nos gusta el fútbol: un espectáculo que quizá merezca la pena tomarse en serio.

Además, este deporte tan masivo en el mundo entero ha sentado con gran arraigo popular, coincidiendo con la aparición de las primeras organizaciones obreras en los principales pueblos y ciudades de los principales centros industriales, caso muy concreto de nuestro pueblo langreano de Lada, donde la clase trabajadora comenzaba a advertir las inhumanas condiciones laborales y de vida de la proletarización, y se iban registrando las primeras iniciativas de lucha y resistencia declaradas contra el capitalismo en forma de dictadura fascista.

Así fueron naciendo las sociedades de resistencia, bibliotecas y clubs deportivos, presentándose como la mejor opción para la socialización de la clase trabajadora, como una excusa para el encuentro, la solidaridad y el autorreconocimiento como clase, además de poner en práctica principios modernos de regeneración de los pueblos, formando hombres y mujeres moral, física e intelectualmente íntegras para seguir luchando contra la explotación capitalista, así como contra la droga en sus distintas formas y otras lacras que nos llevan a la mayor de las miserias.

Ese es mi fútbol, el fútbol que a mi me gustaría que volviese otra vez, fuera de esas cantidades astronómicas por lo que no pasa por ser algo tan básico como pegarle patadas a un balón, casi instintivo, quizá por eso una cosa tan simple sea uno de los principales entretenimientos de los pueblos. ¿Cómo es posible que Messi pueda percibir 112 millones de euros, Ronaldo 96 y Neymar 92 por pegarle patadas a un balón entre junio de 2018 y junio de 2019, según la lista Forbes, para que ahora, como consecuencia del paro sufrido por los efectos colaterales del COVID-19, sus equipos presenten los correspondientes ERTES, cuyo dinero tendrá que salir del erario público, al margen, claro está, que al final estos tres resultaron ser unos delincuentes por hacer trampas a la hacienda española?

Me niego rotundamente, y me niego siendo una de las personas al que le gusta el fútbol, y mucho, pero el que quiera fútbol que se lo pague de su bolsillo, como yo hago pagando mi recibo anual como socio del UPLangreo, y si no les alcanza que se retiren de la competición y se dediquen a otras labores, como hacer mascarillas, guantes y batas para suministrarlas a la sanidad española.

Mientras el pueblo español permanecemos en este cautiverio sin fecha definitiva para lograr la libertad, los clubs siguen reuniéndose entre ellos para consensuar estrategias contra sus propias crisis, peleándose con sus jugadores para pedirles que colaboren cuanto antes y no a su debido tiempo, como ellos exigen, dándose situaciones de todo tipo en cada club de fútbol, cuando lo que tenían que hacer estos clubs del fútbol mercantilista era comenzar a pagar los millonarios pufos que adeudan a la Hacienda española y a la Seguridad Social con el dinero que vienen percibiendo todos los años por los derechos de televisión, entre otros millonarios ingresos.

Uno de los casos más paradigmáticos que explica esta situación es la que se refiere al Barsa – dejo al margen cualquier cuestión que pueda parecer una ojeriza sobre este club, por parte de una persona como yo que le gusta el Real Madrid – que ve peligrar  su modelo de club,  uno de los cuatro  que no es Sociedad Anónima Deportiva, junto con el Osasuna, Athletic de Bilbao y Real Madrid, en riesgo después de que el coronavirus haya agravado la delicada situación económica de la entidad a causa de la discutida y corrupta gestión de sus directivos que, en estos momentos preparan el ERTE para tramitar ante la Consejería de Trabajo de la Generalitat que afectará al conjunto de los 1.800 trabajadores implicados. Además, mientras los jugadores hablan de una reducción de sus salarios anuales en torno al 10% el plan del club habla de aplicar una rebaja del 70%, sin haber delimitado todavía si afectará también a los complementos de los jugadores, piedra angular del presupuesto y de la marca Barsa (1.047 millones de euros).

Conocí y he tratado y admirado a muchos futbolistas de la élite, entre ellos a mi gran amigo Junquera, fallecido el pasado 6 de mayo de 2019, y los puedo comprender cuando me dicen que, efectivamente, estaban muy bien pagados, pero por un corto periodo de tiempo, y que nunca consiguieron tributar como “renta irregular”, para cotizar sus ingresos de pocos años en un periodo aplazado en el tiempo. Su carrera es corta – me dicen – y puede ser más corta si una lesión grave se cruza en el camino. Pero, ¿de verdad que cualquier jugador de primera división podrá tener problemas el día de mañana con lo que viene percibiendo todos los años, salvo los casos muy concretos en que se fueron a la ruina por mala gestión de los negocios emprendidos en otras actividades cuando no arruinados por las orgías cocainómanas?

Digamos las cosas como son, el Barsa pretende pagarles menos porque no puede, no ingresa y está muy apretado, y será el cabeza de la fila que seguirán la mayoría de los clubs, sino todos. Esperemos que, del coronavirus, al margen de haber aprendido a lavarnos las manos a cada momento, sirva también para que no permitamos al gobierno de turno solucionarles los despilfarros y corrupciones de los clubs, presionados por las manifestaciones de sus aficionados y holigans en la calle, tal y como ocurriera antaño con el descenso a segunda división del Celta de Vigo y el Sevilla. Buenas noches y hasta mañana.

Día 15 de marzo

Esta mañana, al levantarme, siento que mi mente vacila por unos momentos y no hace más que preguntarse, una y mil veces: ¿Que ha ocurrido? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¡No puede ser cierto lo que nos está ocurriendo en España! Pero una vez en suelo firme, y constatada la realidad del reinado del coronavirus (COVID-19), me preparo para mentalizarme en el sentido de que no me quedan más cojones que asumir la realidad que comienzo a vivir confinado en mi casa durante, al menos, los próximos 15 días, privado de libertad para circular por la calle, de acuerdo con el decreto del gobierno promulgando el Estado de Alarma en todo el territorio español.

Lo primero que se me ocurre es comenzar a redactar una especie de diario donde recoger todos los pormenores que vayan ocurriendo durante el confinamiento, relatados de una manera fiel, esto es, llamando en todo momento a las cosas por su nombre y apellidos. Ello, no solo me servirá como terapia, sino también, y principalmente, como una herramienta válida ante cualquier otra catástrofe que pueda presentarse.

Lógicamente, comenzaré desde la fecha del 30 de enero de 2019, fecha en la que se produce el primer aviso serio de lo que hoy significa la guerra contra el coronavirus (COVID-19).

En efecto, nos remontaremos necesariamente a la fecha del 31 de enero, cuando quedaba confirmado por el Centro Nacional de Microbiología del primer caso de coronavirus en la isla canaria de La Gomera. A miles de kilómetros de distancia, en China, ya se estaba librando una dura batalla contra la enfermedad, quedando confinada la provincia de Hubei. La práctica totalidad de los medios de comunicación, especialmente los conocidos tertulianos y tertulianas televisivos de “a tanto la palabra”, llevaban días informando del virus que prendía como la pólvora en el pueblo chino – menos mal que no se trataba de Venezuela o Cuba -, pero en Europa, en España, estaba todo perfectamente controlado.

Claro que el gobierno y la oposición lo sabían, pero primaba la precampaña electoral del País Vasco y Galicia, cuyas elecciones habían quedado convocadas para el 5 de abril de 2020.

El día anterior, 30 de enero, en una reunión técnica que tuvo lugar en el ministerio de Sanidad, uno de los expertos en Salud Pública de la Organización Médica Colegial (Juan Martínez Hernández) alertaba al gobierno sobre los grandes peligros que suponía la presencia del coronavirus que podía ocasionar infecciones graves y mortales y contra los que no había todavía ni vacuna ni tratamiento, pero la mayoría de los expertos, entre los que se encontraba el director del Centro de Control de Alertas y Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, desoyeron las alertas expuestas y decidieron quitarle importancia. Es decir, el gobierno tenía datos, lo sabía, pero, quizás pensando más en el perjuicio que esto podía suponer para la economía impuso la inacción. Hoy se sabe que, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la agencia estatal de investigación adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, advirtió al Gobierno “desde el primer momento” de la “gravedad” del brote de coronavirus, pero el gobierno de España no decretó el Estado de Alarma hasta el día 14, cuando la cifra de muertos por el Covid-19 se elevaba entonces a 136.

Así llegamos al 4 de febrero cuando quedaba constituido un Comité de Coordinación Interministerial presidido por la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo Poyato, sin que hubiera ningún muerto, aunque sí 22 casos de infección. Ese día, el gobierno de España hacía público el mensaje de que la situación estaba controlada y que “los protocolos estaban funcionando”. Lógicamente, al no contemplar peligro alguno, tampoco se adoptaron las decisiones políticas requeridas, sin que se procediera a la adquisición de equipos de protección, acondicionamiento de centros o adquisición de equipos de ventilación mecánica, siempre en previsión de lo que pudiera ocurrir. ¿No hubiera resultado más barato haber usado el presupuesto para la adquisición de estos y otros elementos necesarios, apartando, por un momento, la vista de las pizarras presupuestarias y, sobre todo, pensando en priorizar la evitación de la pérdida de una sola vida humana?

Nos encontramos en la fecha del 13 de febrero cuando se registra el primer muerto en la provincia de Valencia, aunque no se tuvo conocimiento de ello hasta 20 días más tarde, esto es, el 4 de marzo. Una necropsia desvelaba el misterio de la neumonía “de origen desconocido” que había matado al paciente, pero en esos momentos el número de casos confirmados ya era de 160 infectados, siete de ellos en la UCI.

El 19 de febrero, el equipo de fútbol del Valencia viajaba a Milán para jugar el partido para la Champions League contra el Atalanta, siendo acompañado por más de 2.500 aficionados, a pesar de que la epidemia avanzaba a un ritmo alarmante en el país italiano, teniendo que suspender a los cuatro días los mundialmente famosos carnavales de Venecia a la vez que se procedía a la clausura de colegios, universidades y recintos de ocio en todo el norte de Italia. En China ocurría más de lo mismo, la alarma seguía extendiéndose y el gobierno chino procedió a cerrar los comercios, decretando aislamientos de la población.

Sin embargo, a finales de febrero, el gobierno de España todavía seguía ajeno a los peligros del coronavirus, dando prioridad, como el resto de los otros partidos políticos, a los mítines para las elecciones del 5 de abril en Galicia y País Vasco, mientras el virus iba ganando posiciones. Las bolsas comenzaban a hundirse ante el miedo del dinero que adelantaba lo que estaba por venir, dándose la coincidencia de que ese mismo día, 24 de febrero, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía de que el COVID-19 era una “amenaza real” y en Italia ya eran siete los muertos. Sería el 27 de febrero cuando el Ministerio de Sanidad hacía públicas sus primeras instrucciones al respecto: “En caso de tener fiebre o síntomas gripales y siempre que se haya estado en zona de riesgo en los últimos 14 días o en contacto con personas diagnosticadas de portar el virus, deberá permanecer en su domicilio y llamar al 112”.

En plena precampaña para las elecciones en Euskadi, en un acto celebrado en Vitoria con fecha  1 de marzo, el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pedía “confianza en la comunidad científica y en el sistema de sanidad pública que garantizaba la protección de la salud de todos los ciudadanos” a la vez que aseguraba que el gobierno trabajaba “codo con codo” con los ejecutivos autonómicos: “En este tipo de crisis no cuenta la ideología ni las opiniones, lo que cuenta es la ciencia y el conocimiento”, pero ese conocimiento que se había obviado un mes antes, cuando el gobierno descartaba la “explosión del caso”, seguía poniendo vendas en los ojos de nuestros gobernantes y dirigentes del PSOE, hasta el extremo de que su presidenta federal, Cristina Narbona, convocara una rueda de prensa el 2 de marzo para hacer una llamada a la movilización para que el día 8 de marzo “se vea a hombres y mujeres que comparten el grito en la calle contra el machismo”, convocatoria que sería rematada  al día siguiente por la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo Poyato, cuando afirmó públicamente: “Vamos a volver a salir para dar la mejor imagen de España”. No seré yo quien afirme que las manifestaciones del 8-M fueran el factor principal que precipitó la epidemia en Madrid, pero sí que fue uno más, y muy multitudinario.

La realidad fue que, con los ojos de nuestros gobernantes vendados y sus orejas taponadas, entre los días 5 y 8 de marzo, se produce un salto cuantitativo cuando se pasa de 90 a 202 infectados por el coronavirus y 8 muertos, confirmándose el primer fallecido en la fecha del 4 de marzo, aunque la muerte ya se había producido 20 días antes.

Pero, las manifestaciones convocadas para el 8-M se mantuvieron y se alentaron en toda España, acudiendo a las mismas cientos de miles de personas, sobresaliendo las convocadas en Madrid y Barcelona, aunque – todo hay que decirlo – no solo fueron las manifestaciones de las mujeres, sino también hubo partidos de fútbol y baloncesto, Vox celebraba su congreso multitudinario en el pabellón madrileño de Bellavista y se permitió el inicio de las Fallas en Valencia, asi como todo tipo de actos y espectáculos que concentraron a miles y miles de personas. Lo más irresponsable de lo ocurrido, desde mi punto de vista, fue la actuación del gobierno que, a pesar de que su portavoz en materia sanitaria, Fernando Simón, había reconocido públicamente la trasmisión comunitaria en Madrid, Vitoria y Labastida, seguía sin adoptar las medidas necesarias para la catástrofe que se avecinaba, aunque Madrid y el País Vasco, las dos regiones más afectadas, procedían al cierre de colegios, institutos, escuelas y universidades.

Estamos a 10 de marzo, cuando el ministro de Sanidad, el filosofo catalán Salvador Illa, después de que admitiera que Madrid y Vitoria suponían un alto foco de contagio, se procedía a convocar la Comisión Interministerial sobre el COVID-19 que sería presidida por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para analizar la situación, pero sin adoptar medidas contundentes, si no, más bien, para seguir amagando, a pesar de que el goteo de afectados por el virus continuaba, dándose en personas significativas como el secretario general de Vox, Ortega-Smith, el presidente del mismo partido, Santiago Abascal, la ministra de Igualdad, Irene Montero, la ministra de Política Territorial, Carolina Darías, la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, la expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Días Ayuso, la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra o el lider catalán de Esquerra Republicana de Cataluña, Pere Aragonés, entre otros muchos.

Así se llegó al 12 de marzo, cuando el Gobierno de España celebraba un Consejo de Ministros extraordinario para anunciar una serie de medidas, aunque sin concretar, pero dejando entrever la declaración del Estado de Alarma que ya venían vaticinando los medios de comunicación, optando por no dar el paso amparándose en el consejo de los científicos y en el “dinamismo” del virus. No obstante, se decidió el cierre de la enseñanza en toda España, de tal manera que los ciudadanos se alarmaron y corrieron a los supermercados para hacer acopio de víveres y papel higiénico hasta dejar por momentos las estanterías casi vacías. Las bolsas, no las de la compra de los clientes que usan en los supermercados, sino las otra donde los poderosos se juegan el dinero sufrían un descalabro, y aquello no anunciaba nada bueno.

El día 14 de marzo, esto es, a los dos días de aquel Consejo de Ministros extraordinario y 44 días después del aviso del 30 de enero, el Gobierno de España decretaba el Estado de Alarma, hablando el presidente, Pedro Sánchez, de una “crisis extraordinaria” en la que prometía movilizar “todos los recursos del Estado”, quedando confinado en sus casas todo el pueblo español, salvo las personas que por su profesión tuvieran que servir prestando sus tareas adoptando ciertas precauciones. A partir de aquí, cada cual que saque sus conclusiones a la hora de juzgar al gobierno en sus aciertos o en sus errores o, lo que sería peor y más rechazable, sus negligencias.

Tranquilos, que no cunda el pánico, está todo bajo control, nos decían desde el gobierno, cuando, de repente nos ordenan meternos en la jaula, confinados durante 15 días, por lo menos, por decreto del Estado de Alarma. Desde luego, si lo que temía el gobierno era la histeria colectiva, la táctica empleada fue de total acierto porque la ciudadanía siguió – seguimos – con la alegría acostumbrada, asistiendo a nuestras tertulias diarias en los chigres, a los estadios de fútbol, a los espectáculos programados, viajando en los trenes y autobuses abarrotados para acudir al trabajo, sobre todo,  incluyendo  las multitudinarias manifestaciones del 8-M, entre besos y abrazos, entre estornudos y toses, por mucho que la ministra de Igualdad, Irene Montero, una de las primeras infectadas por coronavirus trate ahora de parapetarse tras los expertos diciendo que las marchas masivas de aquel domingo “no fueron el problema”. Unas declaraciones que contrastan con las de el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ante los diputados admitía: “Si hubiéramos sabido lo que iba a pasar, claro que hubiéramos adoptado medidas, no el 8 de marzo sino 10 días antes”. No, compañera Irene Montero, te admiro y valoro mucho tu actividad y valentía política, pero en absoluto me importa que pertenezcas a UNIDAS PODEMOS, al PSOE, al PP o Ciudadanos. Pienso que te has equivocado, que has cometido una grave irresponsabilidad, y lo mejor que puedes hacer ahora es reponerte de tu enfermedad y no seguir insistiendo en justificar lo injustificable.

Creo que una pandemia como la que nos ha tocado en suerte gracias al coronavirus COVIC-19 tiene que servir para que todos nos replanteemos nuestra existencia y nuestro modo de vida. En las crisis es cuando suelen quedar al descubierto los aspectos superfluos o excesivos de nuestra cotidianidad y cuando más claramente se aprecia lo que es sustancial de verdad. Creo que esta pandemia tiene que servir para que salgamos – menos aquellos y aquellas que han sido víctimas de ella -, más fortalecidos, humana y solidariamente. Ese es mi objetivo, y por él seguiré ofreciendo todo mi esfuerzo y colaboración a todas las causas justas, sean del color que sean y ocurran en cualquier parte del único mundo que existe.

Día 31 de marzo

Son las 7,00 horas cuando me pongo ante el ordenador para iniciar mi diario en el 17 día de mi cautiverio. En esta ocasión comenzaré comentando acerca de uno de los cientos de wassap que recibo diariamente, el cual transcribo de forma literal: “A partir de mañana, nuevas reglas para la comunicación. Todas las llamadas serán grabadas. Todos los registros de llamadas telefónicas se registran. Todos los mensajes y llamadas de Whatsapp se graban. Monitoreo de Twitter. Monitoreo de Facebook. Monitoreo de todas las redes sociales y foros. Deja que los que no lo sepan. Todos los dispositivos están conectados a sistemas departamentales de servicio de escuchas telefónicas y CDMX gubernamentales y gubernamentales. Tenga cuidado de no enviar mensajes innecesarios o información contraria a las leyes y la moralidad. Evite compartir información confidencial con sus amigos y familiares. ¡Cuéntales a tus hijos y ten mucho cuidado! Muy importante transmitir este mensaje solo hoy. Porque a partir de mañana en el país ya existe otra forma de observación. Increíble, pero cierto. Simplemente envíelo hoy a todos sus seres queridos y amigos. “¡Todo lo que escribes o dices se puede usar en tu contra, incluso cualquier broma!”.

Ni que decir tiene que, de ser cierto el contenido de este mensaje, en absoluto pienso hacerles ni puto caso.

Solo me faltaba esto. Permanecer confinado en mi domicilio como respuesta al incendio del coronavirus, resguardado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluido el Ejército, con unas atribuciones sin precedentes en la historia de esta “modélica transición”, para que ahora me quiten la voz para seguir hablando y opinando como un ciudadano y no como un vasallo de nadie.

Pienso, y así me sigo expresando con toda claridad, sin importarme un ápice si se van a grabar o no grabar mis escritos, mensajes o llamadas realizadas desde mi teléfono, que estamos asistiendo a un grave deterioro de nuestra democracia pensando que solo se trata de un fenómeno transitorio y, sobre todo, del precio que tenemos que pagar razonablemente en el contexto de una catástrofe sin parangón – seguramente algunas medidas pueden ser inevitables, no lo sé -, pero sí sé que la fortaleza de un Estado de derecho se demuestra, precisamente, en los momentos más difíciles, y pensar, como parece ser que piensan nuestros gobernantes, que los derechos civiles solo son para cuando nos los podemos permitir es, lisa y llanamente, no creer en los derechos civiles. Así que, lo dicho: ni miedo, ni nada que se le pueda parecer. No me callaré, y seguiré escribiendo, hablando y enviando mensajes por mi teléfono como lo vine haciendo hasta la fecha antes del incendio de la pandemia ésta de los cojones.

Que duda cabe, esta crisis del coronavirus tiene su espejo sociológico en la explosión del coronamóvil, hasta el punto de que el ser humano necesita – necesitamos – comunicarse sin parar, en un frenético y melancólico non stop de tacto, visión y sonido. Los mensajes que nos llegan y que enviamos desde que empezó todo esto son absolutamente disjuntos, y eso tiene que ver con el estado de angustia en el que nos encontramos. Por un lado, chistes. Nunca en mi vida me habían enviado llegado tantos a través de mi wassap. Y por el otro lado, consejos de que no hagas esto o aquello … haz esto… Vigila … eso que compartes es un bulo que ha sido ya desmentido por el digital Maldita.es o por Newtral. Hay amigos que me llaman muy angustiados, y uno de los motivos de su angustia es que no sabe que mensajes sobre el coronavirus creerse y cuáles no, llegando casi siempre en nuestras conversaciones a la conclusión de que nunca tuvimos tanta información y, sin embargo, nunca estuvimos tan desinformados.

Me acaba de llegar un wassap de mi amigo Frani, en el grupo de los amigos de Luisma, para preguntarme como llevo el confinamiento, contestándole que estoy mentalizado para resistir hasta el final. “La verdad – me dice -, es que no se está tan aburrido en casa, pero me parece increíble que un paquete de arroz haya 8.976 granitos y en otro 8.982”. Otro mensaje que acabo de ver ahora en el grupo del wassap del pozo Santiago se trata de un vídeo sobre un cura siciliano de nombre don Leonardo Ricotra que para luchar contra el demonio de la pandemia pasea al Santísimo por las calles de Palermo, y asi todos los días a todas las horas.

Hasta aquí todo muy bien, pero no tan bien cuando tienes que soportar todo tipo de “lindezas” por parte de los conocidos jenízaros partidistas y sectarios que, sin argumentar absolutamente nada, se dedican a seguir metiendo el miedo con eso de que “estoy dando alas a la derecha y sus extremos con mis comentarios y artículos diarios publicados desde el confinamiento en mi blog “EL BLOG DE ANTON SAAVEDRA” y en mi página del Facebook”

Se está compartiendo en redes sociales una imagen que le atribuye la frase “los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía mundial. Tenemos que hacer algo y ya” a la ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde. Pero no hay pruebas de que sean declaraciones textuales suyas. La imagen también la han publicado webs como LeyDominical o El matinal. Ahora además se usa para relacionarla con el coronavirus. (Maldita.es, el 2 de marzo de 2020)

Ayer, concretamente, referido a un vídeo que compartí, sobre unas declaraciones realizadas por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional que hablaba sobre envejecimiento de nuestros pensionistas haciendo peligrar el mantenimiento de las mismas, salieron todos estos jenízaros y jenízaras en tromba a las redes sociales para atacarme, profiriendo todo tipo de improperios. No, no lo hacían contra quien lo había publicado, sino que lo hacían contra mí, que no había hecho más que compartirlo porque me parecía tan interesante como detestable. Pues bien, los únicos argumentos exhibidos para desmentirme no fueron otros que publicar el mismo vídeo con las letras BULO, porque así lo habían verificado desde un digital, creo que Maldita.es o Newtral: “Se trata de un fake Antón, parece mentira que te venza el odio que sientes hacia el PSOE, con ello estas dando alas a la extrema derecha”, teniendo que contestarles, como en tantas otras ocasiones que, “En mi ADN no figuran esas palabras de odio, rencor u ojeriza, me conocéis muy bien. Mirad, jenízaros de la CORRUPSOE: la extrema derecha no vuelve, ya estaba aquí, incrustada en las filas del PP, incluso en el PSOE, con hombres como el Bono, Vázquez, Ibarra, Corcuera, Leguina, Vara, Barrionuevo, Vera, García-Page, Guerra o el mismísimo Felipe González. De hecho, ya tuvo representación en el Congreso de los Diputado en la persona de Blas Piñar como jefe de Fuerza Nueva. Por otra parte, no sé de qué os extrañáis, cuando aquí, en Asturias, fuisteis vosotros, los del PSOE, quien le disteis voz y financiación a VOX facilitándole grupo parlamentario con un solo diputado en la Junta General del Principado. Hoy mismo, os habéis unido a los de VOX y PP para que el corrupto Juan Carlos de Borbón no sea investigado por sus fechorías en el Congreso de los Diputados. Poneros como queráis, pero en este asunto del coronavirus tenéis la mayor parte de la (i)responsabilidad de lo que está ocurriendo en España, aunque habrá que esperar a que acabe esta pesadilla para exigiros responsabilidades, no solo políticas, sino penales. Lo mejor que hacéis es callaros desde vuestro forzado confinamiento”.

En efecto, ya que salió el nombre de NEWTRAL, creo necesario hacer una explicación detallada, sobre quien o quienes están detrás de esta marca y como es su manera de actuación, con el único objetivo de que la gente que lea este, mi diario, sepa realmente quienes son los manipuladores y creadores de noticias falsas en las redes sociales, diciendo que, en muchas ocasiones, aquellos que crean los bulos son los mismos que los desmienten para que sigamos desinformados a través de la confusión. Es algo así como lo que ocurre con las multinacionales de la mafia farmacéutica que, primero crean el virus en sus laboratorios para enfermar a la gente, pero en los mismos laboratorios ya tienen creado el antídoto para su curación, resultando de ello el gran negocio, aunque sea a costa de las vidas humanas.

Ana Pastor, de 42 años, ha estallado en las redes sociales y se ha convertido en Trending Topic por la reacción que ha tenido tras leer el siguiente titular: “Ana Pastor: de becaria en chanclas de Ferreras a un emporio con las ‘fake news’”.

Comenzaré diciendo que este digital fue creado por la periodista Ana Pastor, como verificador de las noticias falsas. Se trata de aquella periodista de Televisión Española, aquella periodista de raza que arrasaba en audiencias, la misma que dejó caer el velo de su cara cuando entrevistó a Mahmud Ahmadineyad y la que le dijo a Rafael Correa que no la llamara Anita.

Con la llegada del Partido Popular a la dirección de RTVE, tras las elecciones de 2011, quedaría relegada al ostracismo hasta fichar en 2013 por Atresmedia con su programa El Objetivo, donde volvió a coger cierta audiencia, y desde entonces se fue construyendo un nuevo perfil ganándose la etiqueta de “garante de la verdad”.

Con ese título alcanzado, la red social Facebook fichaba a Newtral, Maldita.es – la web de verificación de datos – y a la agencia AFP para combatir las noticias falsas que se difunden en la plataforma de Mark Elliot Zuckrberg intentando combatir los “fake news” o noticias falsas que, en la actualidad suponen el mayor virus contra el que tienen que combatir las llamadas democracias y las tecnologías de la comunicación. Se difunden rápido por cualquier medio que tengan a su alcance, adoptan diversas formas y, lo más peligroso, que golpean en lo visceral de las personas, quienes lo comparten obviando su parte racional. Y, como buen virus, aunque se puede hacer algo para prevenirlo, casi siempre la única forma de luchar contra ello es cuando ya han aparecido.

Estos bulos que circulan por la red son un dolor de cabeza para la empresa estadounidense, que hasta ahora no filtraba los contenidos e incluso premiaba su viralidad, y que ha servido de plataforma idónea para su difusión. Ha pasado en la campaña electoral que llevó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y ha pasado con la crisis de los refugiados, entre otros, influyendo directamente en la opinión de la sociedad y, por supuesto, en su voto.

Es por eso que Mark Elliot Zuckerberg ha fichado a la empresa de Ana Pastor, quedando convertida en la actualidad en la cara visible de la lucha contra las noticias falsas en España, constantemente promocionada en la televisión de La Sexta, muy especialmente en el programa de su marido, Antonio Ferreras. Por cierto, ¿Alguien se acuerda todavía de aquel reportaje que hizo la Pastor con aroma a montaje prefabricado acerca de un “yihadista libanés”, que se ajustaba como un guante de seda a la narrativa oficial?

En el mismo escenario, todos los que sois asiduos a las redes sociales como Twitter o Facebook oís o leéis algo sobre una plataforma llamada Maldito Bulo, centralizada en la web Maldita.es, cuyo eje de actuación es también intentar desmontar presuntos bulos que se producen a diario en las redes sociales o según qué medios, utilizando el recurso adicional de Whatsapp para que personas anónimas envíen los supuestos “engaños” y luego ellos los verifiquen y emitan el certificado de “bulo” correspondiente.

CLARA JIMÉNEZ CRUZ, COFUNDADORA DE MALDITA.ES Y MALDITO BULO, NOS DA LA “PÓCIMA MÁGICA” PARA COMBATIR LOS BULOS: LAS CUENTAS TUITERAS DE LA POLICÍA Y LA GUARDIA CIVIL. TRABAJANDO DURO PARA EL SISTEMA BAJO UNA FALSA CUBIERTA DE INDEPENDENCIA INFORMATIVA.

Aparentemente la iniciativa de Maldito bulo parece loable, aunque una mínima investigación, tan solo hecha de una manera superficial, nos dice que eso que sus creadores titulan “proyecto periodístico independiente” dista mucho de ser real, cuando sus integrantes son apadrinados por la Comisión Europa como Grupo de Alto Nivel para combatir la “desinformación”. Es decir, los de Maldito Bulo gozan del respaldo del brazo político de la OTAN, el máximo órgano legislativo de Europa, el defensor de las oligarquías económicas, políticas y mediáticas, además de ser un puntal en las mentiras sobre Siria y las agresiones de la OTAN.

Desde mi punto de vista, Maldito Bulo no es más que otro caparazón para desviar la atención de la gente al objeto  de conducirla hacia los objetivos “informativos” de los mass-media, donde las verdades de las corporaciones mediáticas manejadas por los grandes capitales son las que “resplandecen” al calor del Nuevo Orden euroamericano. Los bulos que suelen ser refutados, mayoritariamente, por Maldito Bulo o Maldita.es suelen ser noticias no relevantes, un poco del tipo Pepito Grillo que tenía en la mano una Coca-Cola y no una Fanta naranja, alguna que otra de algo más impacto mediático como cuestiones relativas a la inmigración, garabatos politiqueros o de algunas páginas de extrema derecha, según lo que se está viendo si hacemos un breve recorrido por las redes. A mí, me gustaría saber, claro que me gustaría, si estos o estas del Maldito Bulo tendrían la valentía para publicar otros bulos bien reconocibles y contrastados, por ejemplo, de índole política internacional, y que harían removerse de sus asientos a la plebe política de esa Unión Europea a la que sirven como “desfalsificadores”. Por ejemplo, los shows cinematográficos del gas sarín escenificados por los Cascos Blancos en Siria, con actores como el niño de la ambulancia Omran o la niña Bana Alabed, entre otros, los montajes-pufos del Reino Unido contra Rusia en el asunto de los espías o las campañas de propaganda de EEUU y Europa en contra de gobiernos como el cubano, venezolano, boliviano o el norcoreano.

¿A quién pretenden engañar la Clara Jiménez Cruz y sus socios en Maldito Bulo, como el conocido tertuliano Antonio Maestre, el progre “oenejetero” Stephane Grueso o Carlos Hernández Echevarría, glosista ditirámbico del fascista recién fallecido John McCain a la vez que becario Fulbright (el programa de adoctrinamiento de la CIA para que los periodistas hablen bien de EE.UU.)? No nos dejemos engañar ni manipular. La tarea de este grupo no es otra que actuar sobre la desinformación para hablar bien de la Europa de los capitales y que sus mentiras encajen en las mentes de una opinión pública sin criterio. En fin, otro día hablaré más largo y tendido sobre esta clase de periodismo al servicio de la Alta Fianza Internacional. Son las 11,00 horas y me voy para la cama con el balance de 94.417 infectados y 8.198 muertos como consecuencia del coronavirus. Buenas noches y hasta mañana.