Antón Saavedra en una de sus visitas a las explotaciones mineras del Rhur en la República Federal de Alemania, el año 1978.

El último informe de la Agencia Internacional de la Energía (2019) nos revela que el carbón seguirá siendo la principal fuente de energía del mundo, representando en torno al 40% de la generación de electricidad. En el mismo documento se expone que tanto el comercio internacional de carbón como la producción del mismo experimentaron subidas bastante significativas. En el primer caso, creciendo en un 4% en 2018, superando el umbral de los 1.400 millones de toneladas con un incremento del 3,3 % en la producción. Todo ello ha propiciado también que los precios hayan continuado incrementándose, de tal manera que “los precios promedio en 2018 fueron más de un 60% más alto que en 2016, lo que hace que el carbón sea muy rentable”. Es decir, el carbón, pese a quien pese, especialmente a los ecologetas rockefellerianos del Greenpeace que califican al carbón como “arma de destrucción masiva y asesina de la humanidad”, sigue y seguirá siendo la columna vertebral de los sistemas eléctricos del mundo: Nunca, jamás en la historia del mundo hubo tanta producción y tanto consumo de carbón como en la actualidad, hoy por hoy, el recurso más abundante, más seguro y mejor repartido por el planeta tierra.   Además, aunque es un secreto poco conocido, incluso el gran cambio propuesto hacia las energías renovables significa consumo de más carbón, entre otras cuestiones, porque el carbón es un componente integral para el 70% de la producción mundial de acero.

Es verdad que no parece nada fácil vestirse de verde, tal como decía The Economist hace unos años refiriéndose a  la Energiewende alemana, el proyecto político-técnico-industrial de transición energética iniciado en Alemania con el objetivo de alcanzar una cuota renovable de generación de electricidad en torno al 80% en 2050, pero no es menos cierto que aquella transición energética parida en Berlín durante los gobiernos de coalición entre los socialdemócratas de Schröder  y los verdes de Joschka Fischer y “el Rojo” de mayo del 68, Daniel Cohn-Bendit, había convertido al pueblo alemán en el ejemplo de país que nos hizo soñar con un futuro verde. Pero, claro, los sueños acaban siempre encontrándose con la realidad, y esa realidad es que pese a los objetivos de alcanzar el 80% de renovables en 2050, al día de hoy más de la mitad de la energía alemana sigue dependiendo directamente de los combustibles fósiles. ¿Quiere esto decir que ha fracasado la Energiewende?

Antón Saavedra miembro de la mesa de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) durante los años comprendidos entre 1986 y 1994.

Lo que ha quedado meridianamente claro es que la República Federal de Alemania sigue quemando carbón en nombre de las energías renovables hasta el extremo de que el carbón sigue estando por encima del 40%, y cada día que pasa, existen más dudas sobre la Energiewende alemana extendiéndose los rumores, cada día más fuertes, de que el Gobierno está valorando seriamente echar el freno a la misma. ¿Qué podemos aprender de la estrategia alemana?

En nuestro país, una vez más, estamos demostrando que somos diferentes, hasta el punto de que lo que la prensa española sigue vendiendo como el gran logro, es la desindustrialización de España.

Hemos cerrado nuestras minas de carbón, aunque algunas de ellas vuelven a reabrirse y puestas en funcionamiento para seguir con los grandes negocios del carbón (Carbonar, Carballo, Pilotuerto, Vasco-Leonesa, Ibias, etc.), pero seguimos importando electricidad de Marruecos dos veces más intensiva en carbón que la nacional. Y, lo más incoherente, que mientras la propia Comisión Europea propone un fondo multimillonario de euros para ayudar a las regiones a hacer la transición hacia una economía más verde, los países de la UE continúan con sus importaciones de electricidad barata procedente del carbón, amenazando muy seriamente con socavar sus propios planes de descarbonización de la UE para 2030, así como los objetivos de emisiones previstas en el Acuerdo Verde Europeo para 2050. 

En este escenario cabe preguntarse: ¿Para qué vamos a mantener abiertas las térmicas y minas de carbón en España si vamos a seguir importando la energía de las centrales marroquíes producida con el carbón de sangre que acumulamos en el Puerto del Musel para exportar a Marruecos y otros países? ¿De qué sirve la moratoria nuclear que tenemos si la importamos desde más allá de la frontera francesa? ¿Tiene sentido el parón de siete años en energías renovables para seguir comprándosela a Portugal? ¿Existe realmente una política energética española al servicio del pueblo español? ¿Tenemos dinero suficiente para seguir pagando la costosa factura energética de nuestra excesiva dependencia del exterior (75%) en torno a los 42.000 millones de euros anuales?

El cierre de las térmicas anunciado por Teresa Ribera, ex directora general del IDDRI – uno de los think tank del “electrofascismo” mundial en París -, en la actualidad vicepresidenta del gobierno para la “cosa energética”, tiene el punto de mira puesto hacia la gran industria donde Asturias se juega mucho, especialmente en aquellas industrias hiperelectrointensivas para sus producciones de zinc o  acero cuando es conocido que la industria asturiana está pagando la luz más cara de la Unión Europea, duplicando a países como Alemania o Francia, y sabiendo, como se sabe, que sin luz barata estas industrias nunca podrán competir en el suministro de materiales para los proyectos verdes,  corriendo el serio peligro de seguir el mismo camino de Alcoa. Las empresas asturianas son perfectamente viables formando parte de empresas líderes mundialmente en su sector, siempre y cuando que el gobierno les dispense el mismo trato que en los países vecinos, protegiéndolas de igual manera que se protege el museo del Prado o las catedrales españolas.

Antón Saavedra elegido vicepresidente de la Federación Internacional de Mineros (1978-1989) en el 43º Congreso celebrado en Madrid, el año 1978. 

En efecto, el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos tiene como novedad el Ministerio para la Transición Ecológica, pero más allá de este llamativo nombre, ¿qué es lo que hay?, ¿hacia dónde nos ofrecen transitar?, ¿cómo es posible que un gobierno que ni siquiera es capaz de aprobar unos Presupuestos para el país, se atreve a hablar de tan ampulosos objetivos, y a poner metas a varios lustros vista, cuando se sabe históricamente que son necesarios cuarenta o cincuenta años para llevar a cabo una transición energética, y que ya llevamos veinte de retraso?

No estaría nada mal que esta ministra de la “cosa energética”, que cree que el CO2 son dos moléculas CO, se dedicara a hacer sus experimentos en casa y con gaseosa, especialmente en los momentos sufridos por el confinamiento en nuestras viviendas como consecuencia de la pandemia que el pueblo español seguimos librando contra el covid-19. Una pandemia que tendrá grandísimas repercusiones a la hora de definir una auténtica política energética para nuestro país, libre de aventuras y fantasías, si de verdad no queremos calentarnos con leña siempre que no se sigan quemando nuestros montes, y alumbrar con velas de cera si la asesina avispa asiática no acaba primero con las abejas.

ANTON SAAVEDRA

Han transcurrido nueve años desde que aquel movimiento del 15-M surgido en mayo de 2011, cuando quedaba aprobado un documento discutido y elaborado en la Puerta del Sol con dieciséis propuestas de los manifestantes a dos días vista de las elecciones municipales y autonómicas en España. Los allí presentes no sólo querían impugnar las políticas que les habían hecho salir a la calle, sino que querían participar de forma activa, proponer y construir un camino alternativo. Querían ser partícipes de su propio futuro y “no mercancías en manos de políticos y banqueros”.

En aquel documento quedaban perfectamente detalladas aquellas dieciséis propuestas muy concretas. Alejadas de la utopía. De hecho, un estudio realizado por Ipsos Public Affairs sobre la cantidad y calidad de apoyos al movimiento del 15M nos mostraba que el 76% de los ciudadanos consideraba que sus reivindicaciones eran más que razonables, a la vez que reconocían el derecho democrático a luchar por ellas, en tanto que un 7% se mostraba en contra de estas protestas. Además, según la encuesta de Metroscopia, el 68% de la población respaldaba el movimiento, un porcentaje que ascendía al 75% en el caso de los jóvenes.

Pues bien, han pasado nueve años desde aquella explosión que parecía buscar el fin a los cimientos del bipartidismo PPSOE y del régimen del 78, y ninguna de sus demandas han sido resueltas por los gobernantes, tal y como se puede comprobar con la explicación detallada de las distintas propuestas que componían el documento acordado. Ni por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ni tampoco por los cuatro años de mayoría absoluta del Partido Popular, ni mucho menos por el actual gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.

Es verdad que el movimiento ha conseguido situar el debate en el centro de la agenda política y mediática, pero no es menos cierto que en absoluto se ha atacado a las raíces que demandaba el movimiento. Es el caso concreto de la lucha por la regeneración, contra la corrupción o por la transparencia. Y en otros, como en la denuncia de la precariedad laboral, la situación no ha hecho más que empeorar con la reforma laboral promulgada por el gobierno del PP en 2012, mucho más dura que la promulgada en 2010 por el gobierno del PSOE.

No obstante, es de justicia reconocer, que el impacto del 15M sí se ha hecho notar en las políticas municipales, sobre todo de las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, tras las elecciones municipales y autonómicas de 2015 que supusieron la llegada de los “ayuntamientos del cambio”. Las candidaturas ciudadanas surgidas del entorno del 15M y construidas alrededor de Podemos y de otros sujetos que preconizan el cambio, han situado a la agenda política del movimiento en la lista de prioridades de las corporaciones municipales, aunque enseguida los enfrentamientos que fueron surgiendo, en su mayoría debido a las luchas cainitas entre sus dirigentes por obtener su parte en el reparto de la tarta que ni siquiera se había metido en el horno, cuando no por la cantidad de “paridas” que iban surgiendo en sus propuestas, sin que la gente las comprendiera,  acabaría frustrando el invento hasta  mandarlo casi todo al contenedor de la basura.

Una de las reivindicaciones clave del 15M fue la referida al cambio de la ley electoral. La petición de listas abiertas y circunscripción única, donde todos los votos valieran lo mismo y donde los ciudadanos pudieran elegir al representante que más se ajustara a sus deseos, y nueve años después, la ley electoral sigue siendo la misma. El debate, eso sí, se ha logrado introducir en la agenda de los distintos medios, incluso desde los principales partidos se han hecho propuestas al respecto. Así, por ejemplo, el PSOE ha llegado a proponer en sus programas electoreros una reforma de la Ley Electoral que permita listas desbloqueadas, pero no abiertas. Un sistema que se conoce como “listas desbloqueadas y modelo preferencial”, por el cual, los partidos tendrían la potestad de elaborar su candidatura, pero se dejaría a los electores la posibilidad de cambiar el orden de los candidatos. El PP ha propuesta una reforma que, en gran medida, va en contra de la petición del movimiento. Si el 15M pedía aumentar la proporcionalidad, los conservadores han propuesto caminar hacia un modelo más mayoritario que favorezca la gobernabilidad frente a la proporcionalidad.

Sin embargo, no me parece muy coherente por parte de Podemos seguir reivindicando las “listas abiertas y la circunscripción única” a la hora de configurar las candidaturas a las elecciones cuando la propia organización morada viene usando el sistema conocido como “lista plancha” con las consiguientes críticas en los procesos electorales del partido. Este sistema, según denuncian sus detractores, no favorece sino a las candidaturas arropadas por el “apparátchik” y su secretario general, Pablo Iglesias. Es decir, más de lo mismo: las “listas” se siguen elaborando desde Madrid y las “tontas” desde las distintas comunidades y provincias.  Es el caso de los llamados “paracaidistas” o “cuneros”, que son impuestos por orden del “apparátchik” partidista en aquellas circunscripciones no originarias del candidato propuesto, caso concreto del gallego José Julio Rodríguez Fernández, jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2008 y 2011, que fue impuesto por el mismísimo Pablo Iglesias, primero en las listas de Zaragoza para las elecciones del 20D y seis meses más tarde en las de Almería para el 15J, alcanzando en ambos casos una derrota sin paliativos.

El actual secretario general de Podemos en el municipio de Madrid, José Julio Rodríguez (Orense, 1948), fue un militar y piloto de caza que alcanzó el grado de general del Aire y fue jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) entre 2008 y 2011. Actualmente es el jefe del gabinete de Pablo Iglesias en la vicepresidencia del gobierno.

De poco habían servido aquellas declaraciones públicas realizadas por el exjemad y candidato de Podemos por Almería, José Julio Rodríguez: “Soy pacifista y antimilitarista” las cuales levantaron una densa polvareda en las Fuerzas Armadas, una situación que saltaría  por los aires cuando el general presentó oficialmente su candidatura, originando incluso un debate en torno a las agrias críticas de la coordinadora de IU en Almería, Rosalía Martín, cuando aseguró que el candidato de Podemos “Era un hombre de guerra y de la OTAN”, llegando a decir que preferían al “mono Amedio” antes que a un general.

La segunda propuesta del documento que se aprobó en aquella asamblea de la Plaza de Sol se refería a la vivienda, reivindicando el “derecho a una vivienda digna y que la entrega de la vivienda en caso de impago cancele la deuda”. La burbuja inmobiliaria acababa de hacer crack y sólo hasta 2011 se habían producido 328.687 desahucios – he participado en bastantes movilizaciones contra los desahucios de la gente, caso concreto de las casas de los mineros en La Camocha de Gijón, y jamás he visto un solo personaje del PSOE, PP o Ciudadanos en ellas, ni siquiera a los llamados sindicatos mayoritarios y de clase de U.G.T y CC.OO -, siendo la respuesta del gobierno del PP a las exigencias del movimiento y de la PAH la de crear un “Código de Buenas Prácticas” que en ningún caso sería de obligatorio cumplimiento para la banca y que recogía tímidamente el derecho a la dación en pago en caso de que así lo decidiera el banco.

En los programas de los partidos políticos a las elecciones, la “dación en pago” no aparece en el texto del PP, mientras que el PSOE establece que la ley de segunda oportunidad debe permitir al juez “paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa y, en caso de que sea imposible, acordar la aplicación de la dación en pago”. Ciudadanos pide incluir el derecho a la vivienda en la Constitución con garantía de dotación presupuestaria y tanto Podemos e Izquierda Unida reconocían en sus programas el derecho a la dación en pago.

Otra de las propuestas del programa acordado era el referido a la “Atención a los derechos básicos”, destacando el refuerzo de la sanidad y la educación públicas, pero la Sanidad pública no sólo no se vio reforzada, sino que según un informe del Ministerio de Hacienda reflejaba que en 2013 el gasto sanitario de las administraciones públicas se había reducido en 9.933 millones respecto a 2008. El mejor ejemplo de la situación alcanzada queda perfectamente reflejado en los acontecimientos que se produjeron y se siguen produciendo en la sanidad española a la hora de enfrentarse a la covid-19, sacando a la luz todas y cada una de sus carencias, incapaz de dar las soluciones a la pandemia producida, por la falta de medios humanos y materiales, tales como mascarillas, guantes, gafas o guantes, por hablar solo de lo más fácil de obtener y tener, con un triste balance de 50.000 muertos, de los cuales más de 27.000 son pensionistas que murieron en los pretanatorios, llamados geriátricos o residencias de ancianos, por falta de atención hospitalaria.

El Gobierno también metió la tijera en educación provocando el aumento de la ratio de alumnos por clase, el cierre de bibliotecas, eliminación de becas y ayudas, repago en Formación Profesional, reducción de becas erasmus, subida de tasas universitarias y subida del precio de las guarderías. La defensa de la Sanidad y la Educación públicas y de calidad aparece en los programas electores tanto del Partido Popular, como del PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida.

En aquel documento del 15M también quedaba establecida como una de sus principales peticiones la “reforma fiscal favorable para las rentas más bajas, una reforma de los impuestos de patrimonio y sucesiones y la implantación de la Tasa Tobin, la cual grava las transferencias financieras internacionales y supresión de los paraísos fiscales”.

La acción del Gobierno del Partido Popular fue completamente opuesta a las demandas del movimiento. Se aprobó una reforma del IRPF que grababa las rentas del trabajo y beneficiaba a las grandes fortunas y rentas de capital. Por otro lado, también se subió el IVA que merma el poder adquisitivo de todos, pero especialmente de los que menos tienen.

Por su parte, el PSOE contempla una “reforma fiscal y el control de la eficiencia en el gasto público” para sacar a España del “déficit excesivo” y la recuperación de impuestos. Es decir, su lenguaje acostumbrado del bla, bla, bla, que vuelve a reproducirse, esta vez con Unidas Podemos formando parte del gobierno de coalición en España.

Los privilegios de la clase política fue otro de los temas que el movimiento consiguió situar en el centro del debate político. La medida estrella en este sentido del Ejecutivo del Partido Popular fue la reducción de un 5,6% del sueldo vitalicio de los expresidentes. Otra de las grandes demandas fue terminar con los aforados de tal manera que todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley. Nueve años después, más o menos seguimos exactamente con las propuestas de Podemos en el congelador. Por su parte, los cargos electos de Podemos sí renunciaron a algunos de los privilegios instaurados cuando PP y PSOE dominaban el Congreso. Así, Podemos aprobó, al menos teóricamente, que sus parlamentarios tendrían una limitación salarial de tres salarios mínimo, y de las dietas para gastos.

Refiriéndonos a las condiciones laborales, las peticiones del movimiento 15M y las acciones del Gobierno del PPSOE no podían estar más alejadas. Las reformas laborales de los Ejecutivos del PSOE y del PP han ahondado aún más en la “flexibilización” de las condiciones y el abaratamiento del despido, unas condiciones que han precarizado aún más las condiciones de los trabajadores.  Recientemente, con fecha 27 de abril de 2016, Podemos proponía en el Congreso de los Diputados la derogación las reformas laborales aprobadas por el PSOE en 2010 y por el PP en 2012, pero, aunque Izquierda Unida votó a favor, el PSOE, Ciudadanos y PNV se abstuvieron, mientras el PP y Democracia y Libertad (antigua CiU) votaron en contra.

El acuerdo político alcanzado el reciente 21 de mayo de 2020, entre el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu en el Congreso de los Diputados por el que ambas organizaciones acordaban literalmente que “Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la reforma laboral del año 2012 impulsada por el PP. La derogación deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el covid-19″, donde la formación vasca comprometía su abstención en la votación de la prórroga del estado de alarma ha provocado tal terremoto en el seno de los agentes sociales (sindicatos y patronal), partidos y el Gobierno que, esa misma noche quedaba anulado por el PSOE a través de un mensaje enviado a las redes sociales, aunque Pablo Iglesias sería contundente al respecto: “Voy a ser cristalino: pacta sunt servanda (Lo firmado obliga)”, aseguraba al día siguiente en una entrevista en Catalunya Radio. Al día de hoy, la reforma laboral del PP sigue siendo una triste realidad y, lo más grave, que ha sido ratificada por la Comisión Europea en su Plan de Reconstrucción Europea.

Acuerdo político firmado por el PSOE, UNIDAS PODEMOS Y EH-BILDU para derogar la reforma laboral del PP, suscrito el 20 de mayo de 2020.

La propuesta de unas listas limpias de imputados y condenados por corrupción sería la propuesta del documento que más aceptación tendría en todos los partidos políticos, aunque el movimiento pedía, no obstante, que este extremo quedara recogido en la Ley Electoral. Un deseo que no se ha cumplido, quedando para la historia listas como las que se presentaron en las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo de 2011 en las que hubo hasta un centenar de políticos implicados en casos de corrupción que afectaba a la práctica totalidad de todos los partidos políticos, principalmente los del bipartidismo PPSOE que se reparten la mitad cada partido de la corrupción total, con la única diferencia entre las dos bandas de ladrones  de que, en el PSOE se solidarizan con los corruptos, caso concreto del ministro Barrionuevo que fue abrazado y aplaudido efusivamente por la cúpula del partido encabezada por Felipe González en su entrada triunfal en la cárcel de Guadalajara para cumplir la sentencia judicial por el robo de los fondos reservados y la financiación de los GAL, y en el PP son abandonados por el partido y los colaboradores de sus tramas corruptas, como ocurrió, a modo de ejemplo, con el exvicepresidente del gobierno pepero, Rodrigo Rato, cuando tuvo que entrar en la cárcel por varios delitos financieros con la sola compañía de su “petate” para la ropa y demás utensilios personales.

Por último, la financiación de los partidos sigue siendo otro de los principales problemas para la democracia española tal y como demuestran los principales casos de corrupción que están siendo investigados por la Justicia, tales como la Gürtel, Púnica, Kitchen o los ERE de Andalucía, por citar alguno de los ejemplos más de moda, que afectan al conjunto de todos los partidos políticos, incluyendo a la organización morada de Podemos, actualmente investigada por los Tribunales de la Justicia para responder sobre un presunto delito de fraude electoral y otro de falsedad en documento mercantil.

El fiscal del Tribunal de Cuentas considera que debe ser la justicia ordinaria quien investigue la contabilidad de Unidas Podemos en las elecciones generales del 28 de abril de 2019 en la facturación de servicios con la consultora Neurona Consulting.

La aconfesionalidad constitucional fue otro de los asuntos recogidos en el documento, por el cual la Iglesia Católica dejaría de recibir fondos públicos, teniendo que pagar el IBI como todo dios, siendo el día de hoy, después de nueve años transcurridos que la Iglesia católica sigue gozando de todos y cada uno de los privilegios que siempre tuvo.

En materia energética el documento elaborado en la asamblea de la Puerta de Sol señalaba que Podemos abogaba por “el cierre paulatino de todas las centrales nucleares en funcionamiento en España”, potenciando las energías renovables, aunque al día de hoy la energía nuclear sigue generando la misma energía que producía, ejecutándose, de acuerdo con las directrices del “electrofascismo”, el cierre de todas las explotaciones mineras del carbón y las centrales térmicas de carbón, en una perfecta connivencia con el PSOE, tal y como había sido establecido en su día por el gobierno felipista.

Es decir que, cuando han transcurrido nueve años desde aquel movimiento del 15M, el intento de tocar el cielo topa una y otra vez con el inquebrantable y soberano deseo ciudadano mayoritario, la realidad se vuelve tozuda y va colocando a cada cual en su sitio. No valen excusas exógenas ni endógenas al respecto. Una derrota es una derrota. Ni amarga ni dulce. Derrota sin paliativos.

No afirmaré que sea Pablo Iglesias el único problema, pero sí la cara más visible de una ilusión arrolladora tornada en decepción en menos de lo que canta un gallo. Nueve años transcurridos – muy cercanos los diez cuando estoy escribiendo este capítulo -, pienso que es un tiempo más que suficiente para ver crecer con ilusión a un bebé y saber qué recorrido vital puede tener. No sabremos si llegará a ser astronauta, pero sí que no será una bala perdida al menos.

Nunca una frase hecha lema fundacional había dado tanto juego político a los adscritos y simpatizantes  de Podemos: “El cielo no se toma por consenso, sino por asalto”, pero aquella aspiración marxista – de Karl, no de Groucho -, se ha volatilizado demasiado pronto de manera irremisible, por mucho que los tiempos políticos sean elásticos y maleables como la sardina hacia su ascua. Ha sido algo parecido a la “arrancada de un caballo de pura raza árabe” con la “parada de un burro”.

Aquel movimiento morado que había surgido de aquel descontento generalizado, germinado en la mayor crisis económica de la historia reciente había presentado sus credenciales políticas por primera vez en las elecciones europeas de 2014 al que nos referiremos en otro capítulo específico. Y lo hizo con nota, pero, a partir de ahí, el líder indiscutible de la formación, amparado por el respaldo indisoluble de la militancia, fue poniendo sus aspiraciones más y más altas, hasta casi llegar al cielo. Nunca lo tocó ni por asomo, optando en la primera ocasión que tuvo cambiar la subida a los cielos por las moquetas gubernamentales, y, lo más preocupante, que los resultados electorales que se han venido encadenando están sirviendo para ir aclarando dónde estaba el techo de la formación morada.

Es decir, en medio de una mareante marea de marcas, submarcas y corrientes más o menos rebeldes, Podemos se ha ido diluyendo como el azucarillo, y ya no sirven las campañas victimistas para seguir achacándolo a las machaconas e incansables campañas de la caverna mediática, ni tampoco a factores endógenos, como las nunca entendibles confluencias y su sinfín de siglas, que han acabado desquiciando y despistando a los que en un primer momento confiamos en su bonhomía y en un programa que ha pecado siempre de bisoño más que de utópico.

En su grandeza como líder de una formación que representa a 3,7 millones de españoles está el saber plegar velas y dar un paso al lado para que entre todos puedan otear el oscuro horizonte algo más despejado y con mayor claridad. De no hacerlo a tiempo, la agonía se prolongará de forma cruel, porque el problema no es que esta agonía la sufra la marca Podemos en sí como formación política, el verdadero meollo de la cuestión es que arrastre todo el sentir de la izquierda de este país hacia un abismo insondable.

Si Pablo Iglesias no asume su fracaso, más pronto que tarde el suicidio colectivo será cuestión de alguna que otra consulta electoral más, no muchas más. La gente, esa gente a la que apela, nunca engaña con su voto, que de todos es conocido que se trata de un sufragio soberano.

Sin embargo, a pesar de los pesares, desde mi punto de vista  la democracia institucional es posible. Basta con cambiar el sistema electoral y separar los poderes del Estado. Basta con dar a la ciudadanía el derecho de elegir a sus representantes. Basta con prohibir el escandaloso cinismo de que hombres y mujeres de un mismo partido, y de una misma elección, sean a la vez legisladores, gobernantes, jueces, administradores, consejeros jurídicos y auditores del Estado. ¡Son la misma cosa, y a esto yo lo llamo dictadura plural!

Efectivamente, los electores votan, pero no eligen, porque refrendar una de las listas de partido no es elegir. Los integrantes de las listas no son elegidos por los votantes, sino por los jefes de partido y, por lo tanto, no representan a los electores ni a la sociedad civil.

No. No se vota a diputados de los electores, del pueblo o de la sociedad, sino a puros delegados de los partidos estatales. Todos los gobernantes y gobernados, apuntalan la colosal mentira de llamar legislativas a lo que realmente son unas burocráticas elecciones administrativas para cubrir puestos de relieve en el Estado; de llamar representantes del pueblo a simples delegados de partidos; de llamar separación de poderes a la simple separación de funciones públicas entre personas de una misma obediencia de partido; de llamar democracia representativa a esta más que degenerada y corrompida oligarquía estatal.

Susana, Irma, Raquel y Araceli con la estatua de la guisandera en el bulevar de la sidra en la calle Gascona de Oviedo. (26-09-2020)

Tal y como habíamos decidido en nuestra comida de Selores en Cantabria, después de fijar la fecha del 26 de setiembre de 2020, la familia moquinesa, en esta ocasión compuesta por Araceli, Fausto, Susana, José, Antón, Irma y Raquel, hemos decidido realizar nuestra comida en Oviedo, saliendo a las 12,00 horas de Sama de Langreo.

Una vez en Oviedo, después de recoger a Raquel en la estación del ALSA procedente de Gijón, nos dirigimos al aparcamiento del Vasco para dirigirnos hasta la Plaza de la Catedral, uno de nuestros objetivos a visitar. El edificio de la catedral de Oviedo comenzó a edificarse a finales del siglo XIII y su construcción se prolongó durante tres siglos hasta el remate de la torre a mediados del siglo XVI. Posteriormente se añadiría una girola en el siglo XVII además de diversas capillas anexas a las naves laterales.

La iglesia está emplazada en el lugar del anterior conjunto catedralicio prerrománico del siglo IX, alguno de cuyos edificios han sobrevivido. Por esta razón y lo dilatado de la construcción del edificio actual, este contiene estructuras de estilo prerrománico, románico, renacentista y barroco. Su Cámara Santa, del siglo IX, está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y alberga las joyas más preciadas de la catedral: las cruces de la Victoria y de los Ángeles, símbolos de Asturias y de la ciudad de Oviedo respectivamente, la Caja de las Ágatas y el Arca Santa.

Frente a la catedral, en la misma plaza, se puede ver la placa que anuncia el comienzo de los Caminos de Santiago Primitivo y de la Costa.

Irma y Araceli con la estatua de La Regenta ante la catedral de Oviedo (26-09-2020).

En el lado opuesto de la plaza se puede ver también una de las más de 100 estatuas que hay en Oviedo, la de la dama Ana Ozores «La Regenta», protagonista de la obra de Leopoldo Alas «Clarín». Y frente a la Regenta, el interesantísimo Museo de Bellas Artes de Asturias, donde se puede apreciar una espectacular colección de obras y autores de El Greco, Dalí, Goya, Picasso o Zurbarán. Una enorme selección de autores desde el siglo XIV hasta el siglo XXI en un edificio donde se pueden ver restos del Oviedo más antiguo.

También situado junto a la plaza de la Catedral, el Museo Arqueológico de Asturias es el otro gran museo que se puede visitar en Oviedo, ubicado en el antiguo monasterio de San Vicente. Por sus modernas instalaciones se puede hacer un viaje interactivo desde la prehistoria hasta los tiempos del Reino de Asturias.

Raquel, Irma, Susana y Araceli ante la iglesia de San Isidoro en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo, el 26 de setiembre de 2020.

A 5 minutos a pie desde la catedral nos dirigimos a la plaza de la Constitución donde se encuentra el Ayuntamiento de Oviedo, construido sobre lo que, se piensa, era la antigua muralla de la ciudad, y la iglesia de San Isidoro, construida en el siglo XVI junto a un colegio jesuita que fue demolido en 1873 para construir el mercado de El Fontán que recorremos en nuestra visita.

El mercado de El Fontán fue construido a finales del siglo XIX sobre el ya mencionado colegio jesuita como solución techada al preexistente mercado localizado en la plaza de El Fontán. El edificio es una bonita estructura acristalada que encierra diversas tiendas y establecimientos para poder disfrutar de la gastronomía asturiana.

 La plaza de El Fontán es alargada y porticada construida después de desecar una pequeña laguna existente en este lugar. Su edificación fue concebida por el arquitecto municipal Francisco Pruneda y Cañal mediante un decreto del Ayuntamiento de Oviedo de fecha 11 de junio de 1792.

La plaza de El Fontán es el núcleo del mercado original, construido en el siglo XVIII. Tras una intensa rehabilitación de sus fachadas, la plaza es ahora uno de los lugares más bonitos del casco viejo de Oviedo. En la foto Irma y Raquel, el 26 de setiembre de 2020.

Seguimos recorriendo Oviedo, cruzando por la calle del Peso desde la plaza de la Constitución para encontrarnos, a mano derecha, un fragmento de la muralla erigida por Alfonso X en el siglo XIII, y continuando por la misma calle del Peso hasta la calle Altamirano llegamos a la Universidad de Oviedo, donde visitamos su patio soportolado donde se encuentra su precursor, el arzobispo Fernando de Valdés Salas.

Es preciso destacar que, entre las leyendas macabras que siguen circulando todavía por los círculos fascistas, la Universidad de Oviedo fue incendiada por los mineros durante la insurrección del 34, cuando la realidad es que nada tuvieron que ver con los hechos, tal y como ha quedado archicomprobado en varios testimonios fiables, entre los que destaca el del propio jefe de las fuerzas gubernamentales, general López Ochoa, en su diario de notas “Campaña militar en Asturias en octubre de 1934” que exime de toda responsabilidad a los mineros insurrectos.

Patio soportolado de la Universidad de Oviedo con la estatua del arzobispo Fernando de Valdés Salas

Fuera de lo que se considera el casco antiguo nos adentramos en la plaza de la Escandalera, donde se puede encontrar la placa conmemorativa al antiguo carbayón que estuvo en ese lugar durante siglos hasta su derribo en 1879. El conjunto de edificios de este espacio y la estatua La Maternidad de Fernando Botero hacen de ella un lugar muy interesante, aún más si cabe por la presencia del Teatro Campoamor, epicentro de la actividad operística de la ciudad en el que se puede disfrutar de una extensa programación durante todo el año

Raquel e Irma en la estatua de “La Maternidad” de Fernando Botero en la Plaza de la Escandalera de Oviedo, el 26 de setiembre de 2020.

Enfrente de la plaza de La Escandalera se encuentra el Campo San Francisco y en su interior destacan los restos del antiguo convento de San Francisco y la estatua de Mafalda, muy similar a la que se encuentra en el paseo de la Historieta de Buenos Aires.

Pero no todo lo que hay que ver en Oviedo se encuentra en su casco antiguo. De hecho, lo más antiguo de la ciudad se encuentra en los alrededores: se trata de las tres iglesias prerrománicas de Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo y San Julián de los Prados, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Santa María del Naranco es la joya prerrománica del arte asturiano y una de las visitas que se puede hacer en Oviedo. Se encuentra a 4 kilómetros de la ciudad, en la subida hacia el monte Naranco y fue edificada en el siglo IX. En su origen no fue una iglesia, sino un palacio.

San Miguel de Lillo fue construida en las mismas fechas que Santa María del Naranco por el rey Ramiro I. No obstante, lo que hoy se ve de San Miguel de Lillo es una tercera parte de la iglesia completa, la cual colapsó por un movimiento de tierra en el siglo X siendo reconstruida parcialmente en el siglo XII.

Algunas décadas más antiguas que las dos anteriores, aunque no se sabe con exactitud el momento de su construcción, se puede visitar la iglesia de San Julián de los Prados, otro de los lugares fundamentales para los amantes del arte y la historia.

Antón, José, Irma, Susana, Raquel y Araceli en el restaurante “La Genuína” de Oviedo, el 26 de setiembre de 2020.

En pleno centro histórico de Oviedo, muy cerca de la catedral, se encuentra la popular y peatonal calle Gascona, bautizada como “el bulevar de la sidra”, pues está repleta de sidrerías o “chigres”, siendo uno de  los sitios más visitados de la ciudad. Desde allí nos dirigirnos al restaurante “La Genuina” de Cimadevilla, justo detrás del Ayuntamiento, donde teníamos reservada la mesa para las 14,30 horas.

La arrocería “La Genuina” es un local con más de 15 años de experiencia sirviendo arroz y constituyéndose como una de las arrocerías más emblemáticas de la ciudad. Allí también se pueden degustar los mejores platos de la cocina asturiana como el cachopo, además de puerro rellenos o pollo en brocheta con salsa.

Restaurante “La Genuina” de Cimadevilla en Oviedo (26-09-2020)

Después de sopesar las distintas opciones que nos brindaba una amplia carta, ésta nos permite opciones tanto tradicionales como innovadoras destacando la variedad de arroces. Nosotros elegimos el menú a base de unas entradas para compartir consistentes en el  unas croquetas de sepia en su tinta cremosas, con un buen rebozado y unas caramelos de morcilla de matachana, eligiendo como plato fuerte el arroz con bogavante que estaba para chuparse los dedos,  con unos señores tropiezos de bogavante que nos encontramos en el arroz, grandes y abundantes, y otro arroz con pulpo y zamburiños, sencillamente, exquisito.

Menú de la familia moquinesa en “La Genuina”, el 26 de setiembre de 2020.

Para rematar la faena gastronómica elegimos de postre la tarta de chocolate “La Genuina, un postre que lleva en la carta desde los inicios del restaurante.

El menú lo acompañamos de un vino Rueda de la uva Verdejo“Pariente”, elección bastante acertada que encaja perfectamente con los platos degustados. En definitiva, muy buen menú, con una calidad-precio aceptable y un personal super agradable.

Irma, Fausto, Susana, Antón y Araceli en la Plaza de La Escandalera de Oviedo, el 26 de setiembre de 2020.

Después de dar otro paseo para ayudar la digestión nos dirigimos dando un paseo hasta la cafetería “La Corte de Pelayo” para unos cafés, continuando nuestro paseo por la Plaza de la Escandalera y anexos para regresar a nuestro lugar de origen dando por finalizada nuestra estancia en Oviedo para rematar el día en la cafetería “La Maestra” de Sama de Langreo.

ANTÓN SAAVEDRA

“Nuestro espacio político ha sufrido una derrota sin paliativos. Perdemos buena parte de nuestra representación en el Parlamento Vasco y quedamos fuera del Parlamento de Galicia. Nos toca hacer una profunda autocrítica y aprender de los errores que, sin duda, hemos cometido”. Así de rotundo se mostraba en la noche electoral el líder de Podemos, Pablo Iglesias, aunque sin apuntar ninguna de las causas del porqué del hundimiento total en Galicia y parcial en el País Vasco, y sin señalar a los culpables de la derrota y las responsabilidades que debe de asumir cada cual, de igual manera que ya ocurriera en las comunidades autónomas de Cantabria y Castilla-La Mancha donde Podemos ha pasado a ser un partido extraparlamentario.

Mucha “derrota sin paliativos”, pero el vicepresidente segundo del gobierno de España ha impuesto la ley del silencio tras fracasar en las primeras citas electorales que afronta desde los aposentos monclovitas teniendo, como tiene, el control absoluto de la organización moldeada a su gusto. Luchas internas, destituciones desde la dirección nacional, broncas públicas, sopa de siglas, gestoras y carrusel de liderazgos efímeros resumen la organización de Podemos en las diferentes comunidades.

Los resultados del domingo en Galicia, donde fue segunda fuerza política en la anterior legislatura, y País Vasco, donde perdieron la mitad de su peso electoral, son un reflejo de ello.

De forma paralela, el otro candidato en las primarias, Germán Cantabrana, era excluido del proceso, pero no se quedó de brazos cruzados, recurriendo a los tribunales y ganando el proceso. Pese a todo, la dirección estatal recurrió a la ‘calle de enmedio’ y dejó sin efecto el procedimiento interno para nombrar como candidata a Raquel Romero, actualmente única diputada autonómica del partido y consejera de Participación en el Gobierno de La Rioja (La Rioja, 24 de junio de 2020)

En efecto, los resultados electorales del 12 de julio dejan un amargo fracaso para Podemos. Una formación que sigue insistiendo en aupar a sus “líderes telemáticos” más en sintonía con Madrid que con sus respectivas bases políticas territoriales, escasas y mermadas, por no decir inexistentes, después del permanente enfrentamiento interno que se viene produciendo en la organización desde 2017. Concretamente, en el País Vasco, la candidata a las “primarias” que contaba con el respaldo total de Pablo Iglesias, Miren Gorrotxategi, lograba salir victoriosa en unas primarias sorprendentes, transcurridas entre los rumores de un censo electoral con “votantes durmientes”, imponiéndose a una dirección territorial que ya contaba con una maquinaria engrasada y un proyecto, más o menos, consolidado. De hecho, el botín que estalló en La Rioja por fraude en las votaciones de las primarias que acabaron en los tribunales, se extiende, no solo al País Vasco, sino a Valencia, Cataluña, Madrid, Andalucía y las dos Castillas de León y La Mancha. En caso de que se demuestre el delito electoral, entraría en juego el artículo 31 del código penal, que apunta a la utilización impropia de datos personales por intereses ajenos, así como la falsedad documental, fraude electoral, usurpación de identidad y revelación de secretos.

No nos engañemos, ni que nadie trate de engañar a nadie, la reconstrucción desde dentro que trató de impulsar la III Asamblea Ciudadana celebrada el día 21 de mayo de 2020 de una forma casi fantasmal ha nacido muerta. Pablo Iglesias ha revalidado, efectivamente,  su liderazgo al frente de  Podemos con el 92,19% de los apoyos (53.167 votos), de un total del 59.201, con un censo de 516.492 inscritos, lo que supone una participación del 11,5% del total de inscritos, pero dentro de una organización sin estructura territorial de ningún tipo – son excepciones aquellas localidades donde funcionen los círculos – que está pagando caro, ahora que los líderes ya no ocupan las calles, sino los despachos con moqueta de los ministerios. Dicho de otra manera: no hay partido, todo se centra en Pablo Iglesias, el chico del tic-tac que “vino a asaltar los cielos” y “reventar el candado del 78” optando a la primera de cambio por asaltar los cargos, en lugar de los cielos.

Lo cierto es que Podemos se está desangrando sin que nadie sea capaz de ponerle un torniquete que frene la “sangría”, sobre todo en votos. Desde los 5,2 millones de votos y los 69 escaños del 10 de diciembre de 2015 hasta este domingo todo ha sido cuesta abajo y sin freno. Es decir, esa “sangría” continúa produciéndose cita tras cita con las urnas, y en las últimas generales la candidatura del propio Pablo Iglesias no llegó a los 3,1 millones: la mitad de votos, la mitad de diputados, 35 exactamente.

En el País Vasco, Podemos logró en sus primeras elecciones generales de diciembre 2015 ser la fuerza más votada, con 317.674 votos (el 25,9%), y cinco escaños en el Congreso. Unos meses después, en junio de 2016, logró incluso superarse en votos –335.740 (29%) — y sumó un escaño más.

En las elecciones celebradas este domingo, 12 de julio, Elkarrekin Podemos perdía 84.912 votos, el 54% de su electorado respecto a las elecciones de 2016 (71.759 papeletas en 2020; 156.671 en 2016). Una debacle aún más acusada (del 60%) si se compara con las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, cuando la formación morada obtuvo 181.337 votos.

La insistente tesis de Miren Gorrotxategi de erigirse en muleta entre EH Bildu y PSE para conformar un gobierno tripartito y echar al PNV del gobierno vasco no tuvo ningún efecto, a pesar de los múltiples apoyos recibidos por parte del vicepresidente segundo del gobierno de España, Pablo Iglesias, y la ministra Irene Montero durante la campaña electoral, al margen de otros pesos pesados de la organización, empeñados en la formación de un quimérico tripartito progresista entre Podemos, EH Bildu y PSOE-PSE  para echar al cómplice más seguro del Gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados – el PNV – sin duda contribuyó a la debacle producida.

Si a ello añadimos la negativa de abrir una comisión de investigación al terrorismo de Estado durante los gobiernos del felipismo (GAL) por parte de la organización morada y a ello sumamos el pacto firmado con EH Bildu para derogar la reforma laboral  junto con el PSOE y Unidas Podemos – En Comú Podem – Galicia en Común, sin contar con la participación de  Elkarrekin Podemos, que no tiene presencia en el grupo confederal, pero estaba en ese momento de campaña, el  trasvase de votantes de Elkarrekin Podemos a EH Bildu era más que previsible. EH Bildu son la izquierda de Euskal Herria, y ya no se centra en el insistente discurso de autodeterminación que años antes caracterizó a las distintas formaciones abertzales, ganando en repertorio táctico, como se ha visto con las negociaciones de la reforma laboral.

De hecho, la concepción soberanista apenas ha estado presente en campaña, ni en EH Bildu ni en el PNV y, sin embargo, la mayoría independentista y nacionalista en estas elecciones es aplastante (53 escaños de un total de 75). La situación no invita a tomar la vía catalana del 1 de octubre, y el PNV parece menos proclive a la aventura que nunca, pero dibuja un escenario de mayoría natural que, a medio plazo, seguirá acumulando fuerzas para proponer otro modelo de encaje territorial. Quizá lo más destacable de EH Bildu en estas elecciones del 12 de julio es que ha conseguido convertirse en la primera opción de voto para los menores de 45 años, mientras que los mayores siguen eligiendo al PNV. Uno puede crecer, el otro, despegado de los problemas reales de vivienda y empleo, dibuja un futuro menguante. Y es precisamente esa horquilla de edad, la de los jóvenes y no tan jóvenes, por la que compiten los de EH Bildu y Podemos.

Por otra parte, en el País Vasco, los medios mainstreams no reproducen los dimes y diretes a los que se enfrenta Pablo Iglesias en Madrid. No funcionan los complots y las ganas de desgastar su figura política, por lo que tampoco sería aplicable esa campaña de desgaste como explicación a una pérdida tan acusada de votos en el País Vasco. Dicho de otro modo, quizá Podemos pierda votos en Madrid por influencia de los conocidos panfletos del Inda, Losantos, Marhuenda y cía, pero estos tienen muy poco que pintar por las orillas del Nervión.

Además, no se puede ir de víctimas por la vida recurriendo permanentemente a los escraches y acosos recibidos sufridos por los miembros del gobierno Pablo Iglesias e Irene Montero y su familia porque un grupito de cenutrios empeñado en hacerles la vida incomodísima, más miserable todavía cuando dichos ministros viven con sus hijos pequeños. Nadie debería ser hostigado de esa manera, nadie, pero esos ministros, precisamente esos ministros, son lo menos indicados para ir proclamándose mártires de tan abominables concentraciones, cuando ellos dos fueron de los inventores de los acosos personales en nuestro país, entre otros. Que se lo pregunten a la expresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por ejemplo, cuando ella misma recordaba el escrache que sufrió su familia en 2013: “Si él reivindica el derecho a la intimidad de su familia ¿qué pasa, que nuestros hijos y nuestras madres son de peor condición que la suya?”.

Para Iglesias y Montero, sin embargo, los acorralamientos y todo tipo de acoso contra sus adversarios políticos no significaban otra cosa que “jarabe democrático”, “libertad de expresión”, digamos de aplauso. Ahora, lo que el vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad sufren es intolerable, es distinto, es “por motivos ideológicos”. ¿no lo era en el mencionado caso, entre otros muchos ocurridos en la Complutense con Pablo Iglesias como profesor de la misma? Nadie debería ser perseguido por una muchedumbre agresiva por la calle ni en su casa, ni a nosotros ni a los que en su momento lo fueron por los Iglesias, Monteros y Errejones, no pudiendo seguir estos insistiendo en la bondad de aquellos escraches y acosos y en la maldad del acoso y escrache realizados contra ellos. Aquellas personas o grupos que actúan de forma negativa, maliciosa y deshonesta, deben de estar siempre preparado para afrontar las posibles consecuencias. En otras palabras, si haces algo malo deberás estar dispuesto a recibir lo mismo, porque echando mano del dicho popular “donde las dan las toman”.

Yolanda Díaz, una de las ministras mejor valoradas del Gobierno de coalición, se ha volcado en la recta final. Admite que el espacio político de la unidad popular está pagando en Galicia cuatro años de peleas y rupturas. Esta heterogénea alianza entre la izquierda federalista y nacionalista y activistas sociales y culturales, una amalgama de la que nacieron las mareas municipales y En Marea, es hija política suya y de Xosé Manuel Beiras e inspiró a Pablo Iglesias para fundar Podemos. En 2016 fue segunda fuerza y ahora los sondeos la bajan al cuarto puesto. “Hay que aprender de los errores. La política en masculino de andar en luchas internas no es lo que la gente quiere de nosotros. No nos quieren peleados, nos quieren mezclados y con alegría. Hemos aprendido y estoy segura de que este espacio se va a revitalizar”

Refiriéndonos al descalabro de Galicia en Común, por más que se viera venir en la recta final de la campaña, supone un varapalo aun mayor para la dirección de Unidas Podemos. Desde la ruptura final del espacio En Marea, en julio de 2019, el espacio político que obtuvo el 19% de los votos en 2016 ha caído por debajo del 5%. El trasvase, que comenzó con la no revalidación de los “ayuntamientos del cambio” gallegos, se ha producido casi al completo al BNG. Se termina el tiempo de las “mareas” y el final abrupto tiene consecuencias que alcanzan a los ministros de Unidas Podemos, que han hecho una apuesta importante en campaña y se vuelven de vacío. Es el caso de la actual ministra de trabajo, Yolanda Díaz, volcada desde un principio en la campaña electoral de Unidas Podemos en Galicia como uno de los bastiones principales, con el resultado ya conocido. Esta ministra gallega ya había sido candidata de Esquerda Unida a la Presidencia de la Xunta en 2005, obteniendo el 0,8% de los votos. Fue teniente de alcalde de Ferrol en 2007 en una coalición con el PSOE que acabó en sonora ruptura solo un año y medio después, volviendo a presentarse a la Xunta en 2009, teniendo que conformarse con un 0,9% de los apoyos, hasta que en 2012 se subió a la ola del 15-M junto a Beiras para fundar la Alternativa Galega de Esquerda.

Los datos confirman un desastre para Unidas Podemos y el conglomerado de corrientes de cada una de las comunidades. Fue el partido más votado en Galicia y Euskadi en las generales de 2016, con una corriente de cambio notable que, poco a poco, se ha ido cayendo en cada convocatoria electoral. En Galicia, incluso queda fuera del Parlamento con menos del 4% de los votos. Y en Euskadi sus votos no sirven para conformar ninguna mayoría. La contradicción del partido de Pablo Iglesias es que tiene más poder que nunca y, al tiempo, su porcentaje de votos se va desinflando y deshilacha su respaldo territorial. En Euskadi solo consigue seis escaños con el 8% de los votos.

Íñigo Errejón, diputado y líder de Más País, había abierto la veda de las críticas a Unidas Podemos recordando su discrepancia con el pacto de 2016 para las elecciones generales entre los partidos dirigidos por Pablo Iglesias y Alberto Garzón, aunque la realidad es que ese pacto no funciona en el nivel autonómico, ya que en siete de las doce comunidades en las que se celebraron elecciones en 2019 no hubo acuerdo entre IU y PODEMOS de cara a presentar una lista conjunta.

La cruda realidad es que desde sus comienzos PODEMOS se proyectó como un partido concentrado en la dirección, jerárquico y desconfiado hacia un posible ensanchamiento por la base que, aunque en el nivel interno permitía manejar el partido sin contrapoderes, en los procesos electorales implican la amputación de una parte significativa del electorado.

Esta noche del 12 de julio el batacazo hay que apuntárselo a una dirección de partido que ha querido controlarlo todo a costa de convertir Podemos en un solar sin nadie que les moleste, pero la crisis no se limita a Galicia y al País Vasco, sino que se proyecta sobre Andalucía, tras la ruptura con “Adelante Andalucía”, y en Madrid tras su enfrentamiento con Íñigo Errejón y la Carmena, además de los problemas con “Compromís” en Valencia y con “En Comú” en Cataluña.

Los hechos nos demuestran que, cada vez que la izquierda ha estado cerca de alcanzar los cielos, siempre ha aparecido alguna figura inquisidora desde el mismo espacio político que ha servido para amabilizar y blanquear al PSOE y evitar que la izquierda logre sus objetivos.

En la época de los 80, poco antes de que Felipe González ganara por mayoría absoluta en 1982, el autodenominado “sector universitario” del Partido Comunista de España se pasó en tromba al PSOE y hoy ya son históricos militantes socialistas que siguen manifestando que militaron en el PCE porque era el partido más útil para la lucha contra el franquismo pero, en cuando tuvieron oportunidad, se pasaron a las filas del PSOE renegando del marxismo y de todo el historial glorioso del partido que más mártires puso para la llegada de la democracia a nuestro país.

En los 90 fue la Nueva Izquierda, un grupo de militantes de IU contrarios a Julio Anguita, que por aquel entonces era el diablo para un PSOE acosado por la corrupción (FILESA), el terrorismo de Estado (GAL) y los sindicatos (Huelga General del 14-D), que se inventó, con la ayuda de su siempre fiel Grupo Prisa, el relato de la pinza del que todavía, incluso después de haber hecho presidente a Mariano Rajoy en 2016 con los votos del PSOE, intentan seguir pescando en río revuelto. Aquellos miembros de la Nueva Izquierda, como la Cristina Almeida, el Garrido y cía, que decían que se pasaban al PSOE para llevar los valores de la izquierda democrática que no podían defender en IU, hoy forman parte del ala más derechista del partido del puño y la rosa.

Había cierta expectación con respecto a la intervención de Gaspar Llamazares, una de las voces más críticas a nivel nacional con el acuerdo alcanzado con Podemos. Llamazares disipó dudas diciendo que ha «tenido diferencias», pero que ya no está en su «posición anterior» porque se ha dado cuenta de que «podemos multiplicar y no sólo sumar».

En la década del 2000 sería el excoordinador general de IU, Gaspar Llamazares, que en un principio parecía tener intenciones aperturistas pero que, en cuanto llegó el 15M, demostró ser el enésimo “listo útil” para los intereses de un PSOE que exalta a los mirlos blancos que existen a su izquierda pero que, cuando estos compiten electoralmente con los del PSOE, quedan convertidos en juguetes rotos. La Izquierda Abierta de Llamazares había nacido como un partido integrado en IU, según el riojano afincado en Asturias, para trabajar por una izquierda confluyente, abierta y moderna para construir un gran frente progresista que permitiera ganar las elecciones al PP, pero también al “neoliberalismo progre del PSOE”, pero con el nacimiento de Podemos en 2014 todo cambió y, de confluyente, abierto, moderno y dialogante, el nuevo partido Llamazarista quedó convertido en esencialista, cerrado, antiguo y soberbio con las fuerzas políticas nacidas bajo el paraguas del 15M, para regocijo de un PSOE que le regalaba espacios mediáticos a un Llamazares que era idolatrado en las sedes del PSOE pero que, cuando se presentó a las elecciones con su propia marca electoral – ACTÚA -, cosechó un rotundo fracaso al alcanzar la ridícula cifra de 30.000 votos.

Iñigo ERREJÓN lograría en las elecciones del 20-N solo dos escaños en Madrid y uno por Valencia (que ya lo tenía Compromís). Del medio millón de votos que obtiene, 180.000 son en circunscripciones estériles, lo que resta cuatro escaños a la izquierda. Los datos son un fracaso para el antiguo dirigente de Podemos, que esta misma semana se mostraba convencido de que conseguiría rebasar la frontera de los cinco diputados y el 5% de los votos en todo en el conjunto de España, necesarios para formar grupo propio, y aseguraba incluso que los sondeos internos que manejaba le concedían hasta 15 escaños. La realidad estaba bastante lejos del panorama que se había imaginado el exdirigente de Podemos.

Ahora, después de lo ocurrido con la Rosa Aguilar, quien fuera alcaldesa de Córdoba con IU y ministra en el gobierno de Zapatero como reclamo izquierdista para blanquear la austeridad impuesta al pueblo español con la reforma del articulo 135 de la Constitución, el nuevo juguete roto del PSOE se llama Iñigo Errejón, lugarteniente de Pablo Iglesias en Podemos, que fue el ideólogo de que Podemos fuese un artefacto construido sobre la concepción totalizante del poder, que obligó a Izquierda Anticapitalista a disolverse como partido para pasar a ser una asociación, que defendió las listas plancha donde solo cabían quienes estuvieran al lado del aparato podemita, que puso a hombres y mujeres de su confianza como liberados del aparato mientras Pablo Iglesias estaba de eurodiputado en Bruselas, que vació los círculos porque el objetivo era construir una maquinaria de guerra electoral, en detrimento de una organización política con implantación territorial y quien, una vez nombrado candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, rompió porque no quería hacer primarias para integrar a la pluralidad de la formación morada, ahora es un ferviente defensor del pluralismo político, de la amabilidad dentro de las organizaciones y se pasa todo el día acusando a todo aquel que le critica de ser la “izquierda sectaria”. La respuesta no se hizo esperar, de tal manera que, celebradas las elecciones del 20J, arrancando un más que estrepitoso fracaso, logrando 500.000 votos – 180.000 son en circunscripciones estériles, lo que resta cuatro escaños a la izquierda -, que le otorgan tan solo dos escaños en Madrid y uno por Valencia que, por cierto,  ya lo tenía Compromís.

Dentro de pocos meses, habrá elecciones autonómicas en Cataluña, donde los Comuns siguen aferrándose a un liderazgo constante, que además proviene de los movimientos sociales: Ada Colau. Colau se ha enfrentado a ataques de todo tipo, desde la derecha española hasta la izquierda soberanista catalana y, pese a sus desavenencias y su total autonomía respecto a la figura de Pablo Iglesias, logró revalidar la alcaldía de Barcelona no renunciando a los lazos con el Podemos orgánico, algo que no sucedió en los Ayuntamientos del cambio. Sus resultados darán una pista de cómo será el futuro de la organización fuera de Madrid, si es posible mantener, en el nivel territorial, alianzas lo suficientemente sólidas como para que no todo pase por una dirección de Podemos en Madrid que sigue dando signos de agotamiento, y, por supuesto, siempre que no ocurra lo de Galicia o el País Vasco.

Nadie duda a estas alturas del debate que Podemos ha sido un experimento exitoso de comunicación política basado en el uso de un lenguaje nuevo y de una nueva simbología, pero, aunque ambas cosas puedan ser decisivas en política, sin embargo, nunca podrán sustituir la necesidad de reconocer o identificar la realidad social, sea la que fuere, como el material primario de todo proyecto de transformación. Por mucho que los argumentos comunicativos sean fundamentales para transformarla, se trata de un medio y nunca de un objetivo, y confundir medios y objetivos genera contradicciones entre lo que se dice y propone, y lo que realmente sucede en la sociedad, contradicciones que acaban erosionando el apoyo social con el resultado de un debilitamiento de la efectividad de las propias estrategias comunicativas y una vuelta al punto de partida. El término “populismo” que vienen utilizando los dirigentes de Podemos que perfectamente reflejado en el intento de jugar con el desdoblamiento entre la realidad y la comunicación. Pero, además, resulta totalmente imprescindible conocer esa realidad lo mejor posible para poder transformarla realmente, cuestión que los dirigentes de Podemos no supieron o no quisieron afrontar.

Pablo Iglesias en una visita a los organismos estadounidenses.

La sustitución del “izquierda-derecha” por la idea de “arriba-abajo”, de “la gente” o del “populismo de izquierdas” puede que haya sido una buena estrategia comunicativa, pero en absoluto describe de forma suficientemente precisa la sociedad real como para poder captar sus matices, sus cambios y las contradicciones que hay que identificar para consolidar las posiciones políticas conquistadas electoralmente y ampliarlas. Pensar que el cambio en una sociedad moderna como la española va a venir por medio de una suerte de desbordamiento del sistema político por parte de la ciudadanía o de “la gente” en un movimiento más bien espontáneo e “imparable” dirigido por los hijos sobrecualificados de unas clases medias urbanas desclasadas conectadas con los sectores populares, como sucedió en alguno de los países latinoamericanos, en absoluto se corresponde con la realidad.

El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se abrazan durante el acto de firma del acuerdo programático con las principales medidas que tomará el futuro Gobierno de coalición (30-12-2019).

Después de las purgas realizadas, el alejamiento de la mayoría de los fundadores y la caída permanente en los sondeos a Podemos solo le queda recoger ahora las piezas de su derrota, tal y como ha quedado demostrado en estas primeras elecciones celebradas desde el gobierno de coalición en Galicia y País Vasco, con el triunfo de la abstención, el nacionalismo duro y el pragmático en el País Vasco; el triunfo del nacionalismo blando y el soberanista en Galicia, y el hundimiento de la izquierda en ambas comunidades, manteniéndose el PSOE por los pelos.

A modo de conclusión, si Podemos no quiere desaparecer como organización, debe replantearse seriamente su estrategia territorial, afrontando muy seriamente el reto de definir la construcción de un partido que solucione lo que las batallas internas han destrozado. Volver a construir desde abajo, y consolidar proyectos municipales que vayan más allá de lo coyuntural, sin miedo a construir liderazgos territoriales que hablen diferentes acentos. Como muy acertadamente dijo Juan Carlos Monedero: “Podemos, que ha cambiado la política de este país, sigue sin dedicar el grueso de sus energías a lo que debe: construir partido”. Partido lo hay, pero seis años después de nacer, la mayoría de los ciudadanos solo sabría nombrar a un par de sus miembros.

En definitiva, ahora es muy fácil echar la culpa a los adversarios internos de los problemas existentes en Podemos y de los malos resultados, pero, después de largos años de militancia en el movimiento obrero, donde la culpa siempre era del otro, puedo afirmar que, en este caso concreto, donde he vivido y apoyado el 15M desde la primera hora del primero día, el máximo responsable, guste o no guste, es Pablo Iglesias, entre otras cuestiones, porque es quien manda y dirige la formación, sin quitar un ápice de responsabilidad a los Errejón, Espinar, Monedero, Montero, Bescansa y todos y cada uno de los que participaron de las luchas intestinas de la organización, porque  igual que fueron parte importante de la creación y el auge, en la misma medida son responsables de lo que Podemos es ahora, de los daños causados, de su destrucción y de sus resultados. Por acción, dirección, fragmentación o deslealtad. Fue su obra en origen y lo es en destino.

A lo largo de mi trayectoria sindical, he venido siempre denunciado el gran negocio del carbón de importación que extraían aquellos niños de La Guajira colombiana por un bocadillo de mortadela y el negro sudafricano por el importe de una cerveza en la cantina de los blancos, después de agotadoras e inhumanas jornadas laborales de doce y catorce horas, tal y como yo mismo tuve ocasión de conocer en alguna de mis visitas a los citados países. Unos carbones que se importaban a nuestro país a precios irrisorios en comparación con los extraídos en nuestro país.

Pues bien, a pesar de que todos – gobierno, patronos y pandilleros del sindicalismo somático y otros -, eran muy conscientes de que aquello significaba una trampa manifiesta para llevar a cabo el cierre de nuestras explotaciones mineras, tal y como había sentenciado Felipe González, el 16 de febrero de 1983, aquellas importaciones masivas   de carbón ensangrentado y barato se sucedían por medio de métodos y tramas mafiosas, produciendo beneficios millonarios a ciertos patronos: mezclados con otros procedentes de cielo abierto y tierra de escombrera, se hacía pasar como producto nacional subvencionado, produciéndose la gran estafa a la Hacienda Pública, de tal manera que, una vez cerradas las explotaciones, el “electrofascismo” podría obligarte a consumir la energía importada que ellos quisieran: nuclear, petróleo o gas.

Claro que lo sabían, de hecho, han llegado a mi poder varios “documentos reservados” del Instituto Nacional de Industria destinados exclusivamente a ciertos mandos de HUNOSA que solo ellos conocían, sin que nunca se hubiesen hecho públicos. Me refiero, muy concretamente, al informe elaborado y fechado en febrero de 1971 bajo el título “Resumen de los análisis de soluciones para el cierre total de todas las explotaciones de HUNOSA en dos, diez o quince años”, para el que se había elegido a la persona adecuada – José Ángel Fernández VILLA -, quien, en calidad de virrey de Asturias, sería dotado de toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo tan sibilina como criminal tarea. Dicho en roman paladino: HUNOSA había nacido en un pretanatorio, como los más de 27.000 pensionistas que murieron en estos establecimientos víctimas del abandono y del “triaje” durante el coronavirus, de tal manera que aquello que llamaron nacionalización no era sino más que una socialización de pérdidas ocasionadas premeditadamente para seguir produciendo beneficios al capital privado. En su día, cuando el problema del carbón era el transporte, se pusieron las centrales térmicas a bocamina y, ahora, cerradas las minas, el siguiente paso que se está produciendo es el cierre progresivo de las térmicas de carbón.

Pero, el carbón sigue siendo una fuente de energía insustituible, la única fuente nacional de energía de que España dispone. Sobre todo, el carbón, nuestro carbón, fue y tendrá que seguir siendo una riqueza que, como es conocido, apareció históricamente en Asturias, desenvolviéndose en ella siguiendo la ley de la vida; la ley del trabajo, del dolor y del sudor, pero no por ello dejó de constituirse en víscera del cuerpo de Asturias, casi en el corazón de nuestra región.

¿ Cuáles fueron los motivos de Podemos para cambiar su estrategia en defensa de la minería del carbón para apoyar el cierre de las explotaciones mineras y las centrales térmicas de carbón ?

Cuando las potentes locomotoras de vapor empezaron a cruzar las inmensas llanuras del Oeste americano, algún tremendista ya predecía que, “como esta fiebre de velocidad se contagie al mundo entero, el carbón desaparecerá antes de veinte años”. Vino la Primera Guerra Mundial (1914-1918), y volvió a repetirse la profecía. No digamos nada cuando estalló la S.G.M (1939-1945) o la crisis del petróleo de 1973, con la decisión de varios países del golfo pérsico de no exportar petróleo a los países de Occidente, pero el carbón sigue ahí, en cantidades abundantes y repartidas por todo el mundo para otros muchos veinte años más. Y siempre que en el mundo se ha producido un momento crítico grave, se le ha pedido al carbón un esfuerzo sobrehumano y el carbón ha sabido responder de manera más que satisfactoria, como, sin duda, responderá en esta ocasión que nos toca vivir, a pesar de los títeres del PPSOE al servicio del IV Reich disfrazado con la bandera pirata de Unión Europea, en esta ocasión reforzados por los nacionalismos de la burguesía vasca y catalana, a los que de manera sorprendente se han unido los morados de Podemos.

Natural Mining Resources (NMR), empresa dedicada a la extracción, tratamiento y comercialización de carbón y otro tipo de minerales como el caolín y la arcilla blanca, iniciará este año 2020 las labores de explotación de Minarsa, una antigua mina de carbón ubicada en Carballo, localidad del concejo asturiano de Cangas del Narcea, de cuyo interior extraerá antracita – un tipo de carbón mineral de gran dureza con alto contenido en carbono – para su comercialización en nuevos mercados vinculados con el sector siderúrgico.

Algo de esto debieron de entender alguno de los empresarios que, en la actualidad operan en el Puerto del Musel con el carbón de importación para seguir mezclándolo y exportándolo a otros países que han apostado por la energía procedente del carbón, siendo una de las empresas implantadas desde el 31 de mayo de 2018 en el Puerto del Musel, donde se almacenan más de 20 millones de toneladas la Natural Mining Resources (NMR). Esta empresa ha reabierto la mina canguesa de Carballo (Minarsa), entre otras explotaciones adquiridas muy recientemente. Se trata de un carbón de muy buena calidad con destino a los mercados más exigentes, principalmente en la siderurgia formando parte del proceso productivo del acero. La NMR adquiere principalmente el mineral a distintos productores, importándolo, en su mayoría, de Rusia y Colombia, que, después de cribarlo y clasificarlo, lo mezcla en El Musel, para conseguir un carbón enriquecido con destino principalmente a las centrales térmicas y empresas siderúrgicas del Norte de África, Turquía, Asia y Oriente Medio.

En el año 2019 movieron 1,8 millones de toneladas de carbón y su previsión para este ejercicio 2020 asciende a 4,5 millones Tn., de los cuales dos millones serían importaciones y el resto destinadas a las exportaciones, teniendo previsto mover hasta los 10 millones de Tn. anuales, la mitad importada y la otra mitad nacional. Concretamente el 15 de julio de 2020, salía del Musel el barco “Ocean Energy” con un cargamento de carbón térmico de 110.000 toneladas de carbón con destino a Vietnam, estando previsto continuar exportando otros cargamentos en sucesivos meses con destino a India y Vietnam con una previsión de 1,5 millones de Tn. al año, al margen de otras cantidades de carbón similares con destino a las térmicas alemanas. Por otra parte, la NMR ha establecido un acuerdo con la empresa pública HUNOSA para lavar en su lavadero del Batán de Mieres hasta 1,2 millones de Tn. al año.

Es decir, mientras el gobierno español, por una parte, ha cerrado las minas y las térmicas, otros empresarios encuentran nichos de mercado interesante. Así, ante el progresivo cierre de las térmicas, han comenzado a la reapertura de las minas cerradas, como Cerredo, Ibias, Vasco-Leonesa o Carbonar, haciéndose muy recientemente con la antigua propiedad de Vitorino Alonso, ubicada en la localidad tinetense de Pilotuerto, con una producción anual de 700.000 Tn. con destino a Latinoamerica y Asia. Otra cuestión referida a los carbones coquizables de HUNOSA con destino a la siderurgia, aunque siempre se quemaron en las térmicas, ocupará el capítulo final de esta serie sobre el resurgimiento del carbón. ¿Estaremos asistiendo a la resurrección de Villa, después de aquella bravuconada de que había que pasar por encima de su cadáver antes de cerrar un solo pozo en Hunosa?

Por fin, después de varios intentos buscando un puesto de salida en las listas europeas de Izquierda Unida, sin lograrlo, Pablo Iglesias montaba su partido con otros compañeros y compañeras para encabezar, por primera vez, la lista a las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 25 de mayo de 2014.

En efecto, Pablo Iglesias había sido uno de los nombres propuestos por Izquierda Unida de Rivas Vaciamadrid para la cabecera de IU a las elecciones europeas en la asamblea celebrada el 11 de febrero para conformar una lista integrada por otras cuatro personas entre las que se encontraban también Willy Meyer, Javier Couso o Ada Colau (PAH).

A este respecto, según el documento suscrito, se decía que el momento de “emergencia política y social” actual y el “colapso del modelo político de la transición y su bipartidismo”, generaba “una oportunidad política de crecimiento de la izquierda y de superación de las organizaciones existentes” y la “necesidad de sumar fuerzas y converger”. Desde ese punto de vista las elecciones europeas previstas para mayo podían ser un paso en esa dirección, señala el resumen informativo de la reunión, donde se habló de lo “imprescindible de salir al encuentro de los sectores movilizados y de las nuevas expresiones del activismo político y social” como las mareas, las organizaciones juveniles surgidas al calor del 15M o las luchas contra los desahucios. Se dijo también que la “convergencia” tenía “ya algo de imparable” y se defendió que la idea de “convergencia política y social” debía “tener un ancla con lo sindical”.

El coordinador federal de IU insistió en que no iba a entrar «al juego de ningún insulto, ni caer en provocaciones ni en cuestiones personales». Pero ahí tocó la madre del cordero. Sacó a la luz, como quien no quiere la cosa, lo que se piensa en amplios sectores de la coalición, que Iglesias actúa movido por el despecho y la revancha hacia IU por no haber sido tenido en cuenta en el pasado. Sobre todo, en las elecciones europeas de mayo de 2014, cuando Iglesias pretendió ir en las listas de la coalición y fue ignorado. “Algunos quieren que no quede nada a la izquierda por si algún día consiguen dar un viaje al centro”. “Izquierda Unida – remarcó – no es una veleta que cambia según sopla el viento. Tiene norte, como la brújula, señala siempre al norte, y es el socialismo”. (23-11-2014)

No obstante, aquello solo era una propuesta ya que la última decisión quedaba en manos de los militantes y simpatizantes de Izquierda Unida, aunque de manera paralela al proceso iniciado en enero de 2014, Pablo Iglesias se había postulado para liderar un gran bloque de toda la izquierda con IU para las mencionadas elecciones europeas, afirmando que estaba dispuesto a participar en un proceso de primarias abiertas con los candidatos que propusieran las formaciones que decidieran converger con Podemos.

Pablo Iglesias había esperado varios meses, en vano, a que IU le permitiera integrarse en su lista para las europeas de 2014, pero, sintiéndose ignorado, acabaría tomando la decisión de ir por su cuenta, de tal manera que, cuando lo tuvo claro, convocó una cena con sus amigos de IU para contarles que iba a montar un partido, entre los que se encontraban Manuel Monereo, Ramón Luque, Tania Sánchez –  su pareja de entonces – y Marga Ferré, hecho que se produjo el 11 de marzo cuando quedaba registrado Podemos como partido político en el Ministerio del Interior.

Marga Margarita María «Marga» Ferré Luparia (Buenos Aires, 17 de marzo de 1968) es una política y locutora hispanoargentina, secretaria de programas de Izquierda Unida y diputada en la Asamblea de Madrid por Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid.  

Algunos llegaron a interpretar aquello como una traición, teniendo en cuenta que Pablo Iglesias no era ningún extraño en el partido liderado por el manchego Cayo Lara, donde había empezado a trabajar como asesor de IU, forjando amistad con muchos de sus dirigentes. Los mismos excompañeros a los que tildó de “cenizos”, llamándolos “incapaces de hacer nada en 25 años” a la vez que les pedía que no se acercaran a Podemos.
Tres años antes de esa cita, en 2011, la secretaria de Elaboración Política y Programas de IU, Marga Ferré, una de las mejores amigas de Pablo Iglesias en el partido, le había introducido en IU para echarle un capote laboral. Iglesias se quejaba de que en su trabajo – junto a Íñigo Errejón – como asesor de Cayo Lara, el coordinador de IU les hacía muy “poco caso”, pero, ¿era realmente menospreciado Pablo Iglesias entonces?

“No quiero que cenizos políticos, que en 25 años han sido incapaces de hacer nada, no quiero que dirigentes políticos de Izquierda Unida, y yo trabajé para ellos, que son incapaces de leer la situación política del país, se acerquen a nosotros. Seguid en vuestra organización”. Coceros en vuestra salsa llena de estrellas rojas y de cosas, pero no os acerquéis, porque sois precisamente vosotros los responsables de que en este país no cambie nada”. “Quedaos en vuestro sitio. Podéis cantar la Internacional, tener vuestras estrellas rojas yo no me voy a meter con eso. Dejadnos vivir a los demás”. (El Economista, 25 de junio de 2015)

Tal y como relata Marga Ferré, en absoluto existió desprecio alguno: “A Pablo Iglesias le contratamos para que nos asesorara y lo hacía muy bien, pero no era un dirigente de IU. ¿Por qué le íbamos a hacer tanto caso a un asesor externo?”. Incluso, Marga Ferré llegaría a mostrarse muy dolida por las palabras de Iglesias de estos días. “Son terriblemente injustas con la gente que ha compartido tanta lucha con él, tanto debate. Una llega a la conclusión de que el objetivo de Podemos es distinto del objetivo de la gente de izquierdas”.

Por aquel entonces, algunas encuestas daban a IU un esperanzador 15% de los votos, y eso hizo también que sus dirigentes confiaran en su proyecto. Por otra parte, el coordinador general de la organización, Cayo Lara, tampoco le daba a Pablo Iglesias mucho más valor que el de un buen comunicador. Lógicamente, en IU había desesperanza, pero con la convicción de que Pablo Iglesias no lograría fagocitarles, tal como resumía la propia Marga Ferré: “No pudo con nuestra organización ni el franquismo, no va a acabar con nosotros uno de nuestros hijos”.

Izquierda Unida prácticamente ha cuadrado sus apuestas al conseguir los seis eurodiputados que les atribuían algunas encuestas propias y ajenas, pero no contaba con que el empuje de Podemos llegaría tan lejos. Y eso, quizá, ha impedido que volara más alto. Era una amenaza que ningún dirigente de IU ha querido plantear abiertamente durante la campaña, pero que finalmente se ha cumplido y este partido, que se creó como quien dice hace dos días ha conseguido sólo un escaño menos que IU, que lleva cerca de treinta años en la brecha política.

De esta manera se llega a las elecciones para el Parlamento Europeo celebradas el 25 de mayo de 2014, las cuales, con una participación del 43,81%, fueron ganadas por el PP con el 26,09% del censo electoral y 4.057.034 votos, que le otorgan 16 escaños frente al 23,01% y 3.582.136 votos asignándole 14 escaños al PSOE. Además, otras ocho candidaturas obtuvieron representación en la cámara, entrando por primera vez Podemos, liderado por Pablo Iglesias Turrión, que obtuvo el 7,98% con 1.240.048 votos y cinco escaños, un poco por detrás de IU+ICV+ANOVA, que obtuvo el 10,03 % con 1.556.153 votos y 6 escaños.

Candidatura al Parlamento Europeo presentada por Podemos y encabezada por Pablo Iglesias Turrión (25-05-2014)

La alegría acababa de estallar en la sede de Podemos, en el madrileño barrio de Lavapiés, tras conocerse los datos oficiales de las elecciones europeas: ¡“sí podemos, sí podemos”! gritaba la gente, mientras Pablo Iglesias hacía un llamamiento “a la calma y al duelo” porque no habían cumplido el objetivo de superar a los que ha denominado “partidos de la casta”.

Con gritos de “¡Sí se puede!” se celebraba aquella noche electoral con la incorporación de cinco nuevos parlamentarios del partido liderado por Pablo Iglesias que se había convertido en la cuarta fuerza política más votada en España. En el partido se hablaba de un resultado razonable, aunque no suficiente. “Vamos a seguir trabajando, con el protagonismo de la gente, no nos conformamos, hemos nacido para ganar”, declaraba Iglesias a una militancia enfervorecida a la vez que señalaba su deseo de poder “confluir con otras fuerzas políticas y sociales”: “Los partidos de la casta han recibido un serio correctivo. A partir de mañana trabajaremos con otros compañeros del sur de Europa para decir en el Europarlamento que no queremos ser una colonia del Alemania ni de la Troika”.

“Vamos a seguir trabajando, con el protagonismo de la gente, no nos conformamos, hemos nacido para ganar” @Pablo_Iglesias_ (25-05-2014)

Además, ha anunciado que su primera medida en el Parlamento Europeo será instar la reducción de los salarios de los europarlamentarios. Los cinco diputados de Podemos no cobrarán más de tres veces el salario mínimo, a la vez que expresaba el apoyo a la candidatura del griego Alexis Tsipras como presidente de la Comisión Europea.

Así llegamos a la mañana del 1 de julio de 2014 cuando el líder de Podemos, Pablo Iglesias, leía desde su escaño el discurso para ser elegido presidente del Parlamento Europeo, un discurso que no ha podido terminar por falta de tiempo, pese a que el presidente de la cámara en funciones, Giovanni Pitella le había recriminado superar el tiempo del que disponía.

Pablo Iglesias pidió el voto a los eurodiputados para que eviten “el saqueo de los pueblos del sur mediante la deuda”., subrayando que los pueblos de Europa no son “ni menores de edad ni colonias de los fondos de inversión”, pero nada mejor que recoger literalmente el discurso en su integridad pronunciado por Pablo Iglesias en ese histórico día para él y para Podemos.

“Es un honor dirigirme a ustedes para presentar mi candidatura a la presidencia de esta cámara. Este parlamento está llamado a representar la soberanía de Europa y debemos, señorías, estar a la altura de lo que ello significa hoy.

Pablo Iglesias leyendo su discurso en el Parlamento Europeo, el 1 de julio de 2014.

El sueño de Europa ha sido sepultado muchas veces, pero siempre consiguió despertar de nuevo. Así sucedió hace casi 70 años: Europa volvió a despertar en la resistencia de sus pueblos contra el fascismo, en los supervivientes de los campos de exterminio, en quienes dieron su vida por la justicia y la libertad. Millares de compatriotas míos, que habían luchado defendiendo la democracia en España, participaron en esa lucha y en ese sueño de justicia. No se imaginan el orgullo que me produce como español que los primeros tanques que entraron a liberar Paris fueran guiados por combatientes españoles. Hoy, cuando la intolerancia y la xenofobia vuelven a amenazarnos, quiero reivindicar la memoria europea del antifascismo y la de todos los pueblos amantes de la libertad y la democracia.

Señorías, lo mejor de nuestro continente y de nuestra historia común se forjó en las revoluciones que hicieron al pueblo sujeto de derechos, por encima de reyes, de dioses, de nobles y de grandes propietarios. El mejor patrimonio de Europa es la voluntad de sus ciudadanos de ser libres y no ser siervos de nadie. No ser siervos de nadie, señorías, eso es la democracia.

Por eso hoy debo decirles que los pueblos a los que debemos las libertades y los derechos sociales no lucharon por una Europa en la que sus gentes vivan en el miedo a la pobreza, a la exclusión, al desempleo o al desamparo frente a la enfermedad. La expropiación de la soberanía y el sometimiento al gobierno de las élites financieras, amenazan el presente y el futuro de Europa, amenazan nuestra dignidad, amenazan la igualdad, la libertad y la fraternidad, amenazan nuestra vida en común. La creación de nuevas instancias supranacionales no tiene que pagarse al precio de incapacitar a la ciudadanía. Nuestros pueblos no son menores de edad, ni colonias de ningún fondo de inversiones, no conquistaron y defendieron su libertad para entregársela a una oligarquía financiera. No son términos abstractos, señorías, todos ustedes conocen bien el problema. Es escandalosa la facilidad con que se mueven aquí los lobbies al servicio de grandes corporaciones, así como las puertas giratorias que convierten a los representantes de la ciudadanía en millonarios a sueldo de grandes empresas. Hay que decirlo alto y claro: esta manera de funcionar hurta la soberanía de los pueblos, atenta contra la democracia y convierte a los representantes políticos en casta.

Pablo Iglesias leyendo su discurso en el Parlamento Europeo, el 1 de julio de 2014.

Señorías, la democracia en Europa ha sido víctima de una deriva autoritaria. En la periferia europea la situación es trágica: nuestros países se han convertido casi en protectorados, en nuevas colonias, donde poderes que nadie ha elegido están destruyendo los derechos sociales y amenazando la cohesión social y política de nuestras sociedades.

De América Latina aprendimos que la deuda externa está diseñada para ser impagable, y que los países que más han crecido lo hicieron con una quita sustancial y una auditoría pública de su deuda. Todos conocen en esta cámara la deuda perdonada hace no tanto tiempo a Alemania. No es sólo una cuestión de justicia, tiene que ver con la integración europea y con la democracia: la deuda es hoy un mecanismo de mando y saqueo de los pueblos del sur. Eso es lo que está sucediendo en esos países que, con marcado racismo, algunos denominan PIGS. Pero supongo que son ustedes conscientes de que no hay Europa sin sus pueblos del Sur, como no la hay sin sus pueblos del Este, sometidos también a duras condiciones de la Troika, cuyo rumbo amenaza con destruir el proyecto europeo dejando un rastro de miseria, pobreza y violencia.

Pero hay otro camino. Hay alternativa a las políticas de empobrecimiento y al secuestro de la soberanía. Este Parlamento, en esta hora crítica para Europa, debe estar a la altura, debe demostrar sensibilidad y convertirse en el epicentro de una sacudida democrática en la Unión Europea, una sacudida que frene la deriva autoritaria de la Troika. Este Parlamento debe expresar la legitimidad democrática de origen que a todos nos reúne, la voz de los ciudadanos, y no los arreglos entre élites. El Parlamento Europeo no puede ser un premio de consolación, ni una jubilación dorada.

Señorías, Hoy yo no me dirijo a una cámara de cinco, seis o siete grupos parlamentarios. Tampoco me dirijo a las maquinarias de partido. Me dirijo a ustedes, señoras y señores eurodiputados, porque ustedes tienen un contrato de responsabilidad política firmado con sus pueblos. Me dirijo a los demócratas y a sus conciencias. Nuestra primera fidelidad, a la que todas las demás deben supeditarse, es con los ciudadanos que nos han elegido. Ellos no están en los pasillos de este edificio, ni en los hoteles que rodean esta cámara. Pero recuerden: ellos son los soberanos y tarde o temprano pedirán cuentas de lo que se ha hecho en su nombre.

Pablo Iglesias leyendo su discurso en el Parlamento Europeo, el 1 de julio de 2014.

Me dirijo también y muy especialmente a mis colegas eurodiputados de los países del sur de Europa. Ustedes han visto las consecuencias reales que tienen las políticas impuestas por la Troika. Ustedes saben que las políticas de austeridad han fracasado: nuestros países son hoy más pobres, con economías destruidas, con sociedades heridas de injusticia e instituciones cuarteadas por la corrupción y el descrédito. Ustedes saben que es hora de ayudar a nuestros países a ponerse de nuevo en pie. Les pido que al menos hoy voten como griegos, como irlandeses, como portugueses, como italianos, como checos, como polacos, como rumanos, como españoles. No sólo para que puedan mirar a la cara a su gente cuando vuelvan a casa, sino porque así estarán defendiendo Europa. Les pido su voto consciente de que muchos de ustedes no comparten este secuestro de la democracia, sabiendo que muchos de ustedes están sinceramente comprometidos con el bienestar de sus pueblos. Les pido el voto para frenar a la gran coalición que impone la austeridad y el totalitarismo financiero.

Quiero dirigir mis últimas palabras a la ciudadanía y a los pueblos de Europa que han salido a la calle en estos años para defender justicia social y la democracia. A los millones que habéis dicho basta en las plazas europeas, quiero deciros que sois el orgullo, el corazón democrático de Europa. Mantened alta la bandera de la dignidad. Los pueblos de Europa hemos pasado por peores situaciones y nos hemos sacudido a los déspotas. No sé si hoy podremos arrebatarle la presidencia de este parlamento a la gran coalición, pero si nos seguís empujando os aseguro que venceremos. El mañana es nuestro”.

Sin embargo, la presencia del secretario general de Podemos en el Parlamento Europeo duraría apenas quince meses, porque con fecha 27 de octubre de 2015 haría público su renuncia al acta que había logrado en mayo de 2014 para volcarse en la campaña de las elecciones generales, aprovechando un pleno monográfico sobre la crisis de los refugiados para anunciar su marcha ante sus ya excolegas europeos.

El eurodiputado de Podemos Pablo Iglesias se despedía del Parlamento Europeo con duras críticas al presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, al que acusó de favorecer pactos fiscales con multinacionales: “Vuelvo a mi país para que no haya gente como ustedes en el Gobierno”, señalaría Iglesias en su última intervención en el Parlamento Europeo.

El eurodiputado de dirigió en primera persona a Juncker, en el curso de un debate sobre refugiados, y le acusó de favorecer pactos con multinacionales cuando era ministro de Hacienda de Luxemburgo, en referencia al caso “Luxleaks”.

“Es humillar a Europa favorecer el fraude fiscal, como usted señor Juncker, que favoreció cuando era ministro de Hacienda tratos secretos con multinacionales para que tuvieran que pagar impuestos al 1 %, mientras que los ciudadanos europeos tienen que pagar impuestos”.

Iglesias dirigió sus comentarios a lo que llamó la “maldita gran coalición” de las dos grandes familias políticas en la Eurocámara, conservadores del PPE y socialistas del PSE, que son los que han permitido que Juncker sea presidente de la CE, según dijo. Pidió en concreto al líder de los socialistas europeos, Gianni Pittella, que se ponga del lado de la gente y acabe con esa coalición popular-socialista.

Los cargos públicos solo pueden quedarse, según la normativa interna, con el equivalente a tres veces el salario mínimo interprofesional. En el caso de los que tienen hijos, cada hijo suma el equivalente a medio SMI. El resto, teóricamente, lo donan a Impulsa, el programa que Podemos puso en marcha en 2015 para que todos los cargos públicos del partido destinaran parte de sus sueldos a financiar “proyectos innovadores con proyección social”, aunque éste lleva durmiendo el sueño de los justos desde diciembre de 2016, tal y como si lo hubiera tragado la tierra.

Con la renuncia de Pablo Iglesias a su escaño para poder concurrir a las elecciones generales de diciembre como candidato a la Presidencia del Gobierno, que sería sustituido por el número 9 de la lista presentada por Podemos, Xabier Benito Ziluaga, fueron cuatro los eurodiputados que habían renunciado a su escaño en el Parlamento Europeo, siendo la primera renuncia la del exfiscal Carlos Jiménez Villarejo que sería sustituido por la asturiana Tanía González, al que continuaría el de la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, y el secretario general de Aragón, Pablo Echenique, que serían sustituidos por Miguel Urbán y la asturiana Estefanía Torres, respectivamente.

Se puede afirmar que aquel viaje de ida y vuelta del profesor de la Universidad Complutense a Bruselas ha estado marcado, principalmente, por su impacto mediático. Nunca nadie había captado tanta atención en la Cámara, y en varios idiomas. Pese a que Pablo Iglesias no haya cambiado nada realmente en Europa, salvo de puertas adentro, al donar teóricamente parte de su sueldo para quedarse con tres salarios mínimos y volar en business, su paso por Europa ha sido harto productivo.

El líder de Podemos admitió estar cansado y falto de frescura tras una intensa campaña para las catalanas que no le ha dejado casi respiro antes de afrontar los comicios para elegir al próximo inquilino de La Moncloa. Elegido Eurodiputado del año en la pasada edición de los premios que concede anualmente la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), Iglesias compaginaba su asiento en Bruselas con el liderazgo del partido y sus apariciones en los medios de comunicación, tanto en el papel de entrevistado en distintos medios como en el de entrevistador en su programa ‘La Tuerka’.

Iglesias aprovechó la oportunidad para llevar el término “casta” a Europa y utilizó el discurso para criticar la “escandalosa facilidad con la que se mueven aquí los lobbies al servicio de grandes corporaciones, así como las puertas giratorias que convierten a los representantes de la ciudadanía en millonarios a sueldo de grandes empresas”. Además, Iglesias llegaría a manifestar que las instancias europeas “no puede ser un premio de consolación ni una jubilación dorada”.

De esta forma Pablo Iglesia dejaría su escaño, sin poder cambiar nada más que lo que llevaba consigo, las propuestas que le afectaban a sí mismo, y tampoco ha marcado una diferencia respecto a lo que hacen otros eurodiputados de su mismo signo político, como algunos cargos de IU, que han intervenido más que Iglesias. En definitiva, han sido 15 meses de actividad parlamentaria en la que sí bien ha defendido lo que prometió, aunque sin apenas resultado, en el Parlamento más costoso e inútil del mundo, muy acostumbrada a un quehacer lento y sin demasiados observadores, a Pablo Iglesias le había servido como un trampolín perfecto para su salto hacia las elecciones generales del 20D en España.

Antón Saavedra con el viceministro del carbón de la URSS en la cuenca minera del Donnbas en Ucrania (1979).

Uno de los aspectos destacados de mi artículo publicado en La Nueva España (30-09-2020) era el referido al uso del carbón exportado desde el puerto del Musel por la empresa ucranio-suiza NMR con destino a las siderúrgicas de Latinoamérica y Asia, es decir los carbones coquizables.

Pues bien, en el mismo paquete que me hicieron llegar con el “informe reservado” para el cierre premeditado de Hunosa me encuentro con otro referido a los carbones coquizables de la misma empresa pública, donde se puede analizar amplia y detalladamente  el informe elaborado bajo el título: “PROPUESTA DE HUNOSA SOBRE EL NIVEL OPTIMO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL YACIMIENTO HULLERO DE LA CUENCA CENTRAL ASTURIANA”, fechado el 22 de setiembre de 1969, que literalmente dice en una de sus páginas que se trata de “un Plan de desarrollo del que las notas principales son que se trata de llegar a una producción de 8,7 millones de toneladas anuales de las que cerca del 80% son hullas coquizables que  comprende toda la cuenca central asturiana y permite una explotación racional de la misma…”

En el mismo informe,  se puede leer en su literalidad que “todas las alternativas que se contemplan están orientadas hacia la obtención de carbones coquizables o aptos para componer pasta de coque (100%)”, utilizado en grandes cantidades en los altos hornos para la elaboración del hierro y otras muchas aplicaciones, y, por lo tanto, una de las muchas soluciones para la minería del carbón – Hunosa nunca coquizó un gramo de carbón, como en su día lo hicieron otras empresas como Carbones de La Nueva o Minas de Figaredo – era la elaboración de coque.

Factoría de Arcelormetal en la localidad asturiana de Avilés.

Sin embargo, nunca ha existido en nuestro país una política minera clara y definida por parte de ninguno de los gobiernos que se vinieron sucediendo en las poltronas ministeriales, optando siempre por seguir aplicando soluciones puntuales para situaciones desesperadas, reduciendo el horizonte a la situación de cada día, que no servían sino para seguir ensanchando la idea para todos los detractores de nuestra minería de que el carbón era una maldición. Pues bien, el carbón no es ninguna maldición, es un problema como tantos otros, menor que otros muchos y que tiene, por supuesto, soluciones perfectamente viables desde la cuádruple vertiente de la rentabilidad económica, social, estratégica y, sobre todo, energética, de cara a la necesaria disminución drástica de nuestra brutal y peligrosísima dependencia energética del exterior en torno al 75%, según Eurostat, por el que tenemos que pagar una factura anual de 42.000 millones de euros.

Por si ello no fuera suficiente, al carbón se le sigue cargando con el “sambenito” de ser el principal causante de todos los males que atentan contra la vida del planeta tierra por la contaminación que produce.Un informe de la National Academy of Sciences, elaborado en 1975 y titulado: “Comprender el Cambio Climático. Un Programa para la acción – Understanding Climatic Change: A Program for Action”- advertía sobre la posibilidad de que un “enfriamiento mundial serio puede caer sobre la tierra en los próximos cien años” (“a finite possibility that a serious worldwide cooling could befall the earth within the next hundred years”). Pues bien, ahora, desde hace tiempo, el problema es el calentamiento.

Es probable que muchos científicos traten de demostrar que todavía existen demasiadas incertidumbres en la ciencia del cambio climático y que otros – científicos, como ellos – puedan estar equivocados. En cualquier caso, no merecen ser tratados como vulgares radicales negacionistas, aislados de los medios de comunicación que sistemáticamente prefieren ofrecer las informaciones de sus “amos” en una única dirección más “ortodoxa”. Pero también es posible que no estén del todo equivocados, sino que simplemente estén pagando el precio de ser escépticos ante una disciplina – la biblia del ceoDios sobre el calentamiento global – en la que el escepticismo está penado. ¡Y sobre teorías sin más demostración que la alucinación colectiva estamos permitiendo un cambio global a la economía!

Greta Thunberg ha cruzado el Atlántico a bordo del velero Malizia II para participar en una cumbre de la ONU sobre el cambio climático. La travesía desde el puerto británico de Plymouth hasta el muelle North Cove Marina de Nueva York ha durado 14 días y no ha dejado rastro de carbono. Pero tampoco ha podido borrar la «pista del dinero» que, de acuerdo con el viejo aforismo policial, podría conectar su campaña medioambiental con un complejo entramado de multinacionales ecológicas liderado por el magnate sueco Ingmar Rentzhog. Muchos se preguntan ahora si la joven activista ha sido utilizada como marioneta por los lobbies y empresas que financian su rebelión contra el cambio climático.

Es decir, lo que hace 45 años era un camino hacia el infierno helado luego lo fue hacia el infierno calentado y ahora es posible que nos vengan con argumentos que nos dejarán helados. La pregunta es: ¿A qué se debió tan vertiginosas vueltas de tortilla? La misma vuelta de tortilla la vimos y vivimos en Hunosa con el cambio radical del carbón de cok al carbón de Kw., lo que nos obliga a creer en planificaciones de un maniqueísmo insospechado, adornado con tan abrumador bombardeo de cifras y gráficos que superan la capacidad de gestión de nuestros gestores. Pero como nunca superarán su capacidad de digestión, se tragarán las ruedas de molino que hiciera falta, con el cierre de nuestras minas, con la descarbonización de España, con el cambio climático y con la lucha por seguir siendo casta dirigente.

Además, que nuestro país importe carbón de Colombia, de Ucrania o de Sudáfrica, en lugar de producirlo en nuestro subsuelo, en absoluto soluciona esos problemas, sino que los traslada. La experiencia ha demostrado que incluso los aumenta. Quien importa carbón obtenido de las minas a cielo abierto de estos países citados y otros, está explotando a estos países económica y ecológicamente. Muerte, represión y saqueo son palabras sin las cuales no podría existir este tipo de explotaciones. Van unidas al igual que van unidos los gobiernos nacionales y las multinacionales, encargadas de llevarse los minerales y las divisas, dejando contaminación, destrucción y alguna que otra migaja.

Hace 56 millones de años, en un monográfico publicado en la revista National Geographic del año 2012, se hablaba de un misterioso aumento de carbono en la atmósfera que hizo subir la temperatura en todo el mundo, hasta el punto que se fundieron los polos. La causa, según los científicos especializados en el tema, fue una emisión de carbono masivo y, en términos geológicos, repentino. Aquello duró 150.000 años, hasta que el exceso de carbono fue reabsorbido, produciéndose todo tipo de sequías, inundaciones, plagas de insectos y algunas extinciones. Sin embargo, una cuestión ha quedado muy clara, clarísima: el carbón no fue responsable de nada, por la sencilla razón de que nadie lo estaba explotando. Ya está bien de escuchar eso de que “si es verde, vale”. ¡Y si es negro, como el carbón de nuestras minas, y rojo como el minero que defiende el carbón, el empleo y el futuro de nuestras comarcas mineras, también, no te jode!

Es posible que sea demasiado tarde para hacer algo por un mundo demasiado viejo, y demasiado pronto para saber algo de un mundo demasiado nuevo. A veces, también es necesario estar al borde del precipicio para comenzar a caminar en otra dirección distinta.

ANTON SAAVEDRA

Después de los artículos publicados en La Nueva España sobre el resurgimiento del carbón salta a la palestra el interrogante fundamental, tal y como me hicieron ver muchos lectores: ¿Cuánto carbón hay en Asturias para poder desarrollar una política minero-energética al servicio de España, desde la investigación de nuestros recursos mineros hasta su transformación pasando por una explotación racional y humana de los mismos?

Sin embargo, antes de nada, tomo la palabra para referirme por encima de todo al hecho más importante que es la parte humana – los mineros – para el desarrollo de esa política tan necesaria para nuestro país. En efecto, los mineros asturianos constituyeron un modelo ejemplar, casi mítico, y las minas se han forjado luchando con el carbón y con muchas y por otras muchas cosas, entre ellas la libertad y la democracia en nuestro país. Las minas del carbón asturiano fueron una de la fuentes que permitieron la subsistencia y el crecimiento de Asturias, que hicieron posible la industria de las cuencas y de fuera de ellas, constituyendo la base del desarrollo moderno de Asturias y, con él, en una grandísima medida, el de España, y ello quiere decir, lisa y llanamente, que no se puede separar el carbón y quienes giran en torno a este trabajo, sin hacer que se desgarre todo el organismo social y cultural de Asturias, abriendo una gran herida sangrante muy peligrosa en el conjunto de España.

Pero, tampoco se trata de defender nuestro carbón por una especie de nostalgia, como una “seña de identidad” asturiana, entre otras cuestiones, porque tenemos que ser muy conscientes de que los recursos carboníferos son finitos, y que dentro de cien o más años, las minas se agotarán. En todo caso, no tan finitos como se cree, porque conviene advertir al respecto la tremenda ignorancia que en nuestras clases dirigentes se tiene sobre nuestros recursos. Al respecto, un día le pregunté a un geólogo de Hunosa sobre la cantidad de recursos que teníamos en la empresa, y la contestación fue: “los que quiera la dirección Antón, los que nos digan que quieran tener. Es decir, si quieren presentar planes de carbón para cien años pues nosotros presentamos carbón para cien años, pero si lo que se quiere es presentar agotamiento de yacimientos, pues entonces decimos que el yacimiento está agotado. Así de claro Antón”.  

Sin entrar en la casuística técnica de recursos y/o reservas, digamos que si hiciéramos un corte vertical por el rio Nalón veríamos que el Pozo María Luisa podría ser reprofundizado, no una planta ni dos, sino la caña entera del pozo una vez, dos veces y hasta tres veces, ¡y aún seguiría teniendo capas accesibles!, incluso en mejores condiciones de cercanía y de tectónica de las que las tuvo en las plantas ya agotadas. En el perfil que va del pozo Fondón al pozo Sotón queda oculto el mayor hullero de España.

Y lo mismo podríamos decir del carbón existente entre los pozos Figaredo de Turón con el Pozo Santiago de Aller, todo él coquizable, con carbón para más cien años en condiciones de explotabilidad mecanizada. Durante muchos años se nos vino hablando de la famosa “falla de Caborana” que impedía el “cale” de los pozos, pero hoy es conocido que tal falla era inexistente, habiendo sido inventada por ciertos “técnicos” mineros para continuar con el programa de “cierres” en la minería asturiana que previamente se había ordenado. Se puede continuar con la Mina de La Camocha, donde los servicios de geología han concretado, según el libro publicado en 2014 “Mina La Camocha: Historia de una mina” que: «en La Camocha aún hay carbón para explotar durante más de 300 años. Es una aberración haber cerrado el mejor yacimiento de Asturias”. ¿Seguimos hablando del Monte Sacro de Riosa para afirmar que nos encontramos ante la mayor reserva minera coquizable de España, con una superficie de cincuenta kilómetros cuadrados, que abarca la totalidad del Concejo de Riosa y una parte de Morcín, para seguir adentrándonos en la riquísima zona minera de Cangas del Narcea -Tineo – Cerredo – Tormaleo?

Diagrama elaborado por el geólogo de Hunosa, Pedro Fandos, con la profundidad que pueden alcanzar los paquetes de la zona del Nalón por debajo de la franja explotada hasta el cierre de las minas en 2018.

De lo que se trata es de no cambiar de la identidad actual por otra más vil y canalla, de no convertir Asturias en un bosque de eucaliptos para fabricar pasta de papel. Y cerrando nuestras minas, estamos condenados a no poder desarrollar nuestra identidad viviente en formas históricas más elevadas. Por ello es preciso apoyarse en lo que tenemos seguro y positivo para poder, desde allí, preparar la transformación. Puede que nos encontremos en una encrucijada, pero estar en la encrucijada es justamente lo contrario de encontrarse en un callejón sin salida. Todo es dar con el camino, y, para encontrar ese camino tenemos que reflexionar uniendo todas nuestras fuerzas, como han sabido hacer siempre los mineros, en los momentos más difíciles de la historia del movimiento obrero en su lucha contra la burguesía.

Desde mi punto de vista, pienso que la solución más viable para nuestros carbones es la nacionalización del sector minero español, sin olvidarnos de que una de las características radicales de nuestra minería, es que los yacimientos mineros españoles son bienes demaniales según nuestra Constitución, es decir, son bienes públicos y la administración tiene la obligación de preocuparse y velar su gestión por parte de los concesionarios, siempre sujetos a los requisitos de interés común.

En definitiva, el problema de la minería asturiana nunca fue un problema de costes, ni mucho menos de contaminación, que también, como se nos ha pretendido justificar por parte de los títeres gubernamentales del bipartidismo turnista del PPSOE. Una cuestión debe de quedar muy clara: estos gobiernos nunca fueron ni son el poder, sino el alto funcionariado de su gran burguesía. De ahí que, habiéndose lucrado ésta del sector minero, siempre en manos privadas, se procediera a su nacionalización en Hunosa, y más tarde, proceder a su desaparición, como está ocurriendo

Este proceso de la operación que originó el traspaso de las responsabilidades contraídas por el sector privado al sector público tiene su base en el cambio radical operado en la política económica que adopta el gobierno franquista a partir de 1959 con el Plan de Estabilización que condujo a una liberalización de la economía española, abandonando las directrices autárquicas que habían venido imperando durante los primeros años de la dictadura, y lógicamente la repercusión en el sector de la minería del carbón fue grande, ya que  la política energética autárquica fue abandonada y comenzó a aplicarse una política de importación de carbón extranjero a la vez que se iniciaba todo un proceso de unidades de refino de petróleo con la consiguiente fuelización del país. Aquello trajo una huelga en las necesarias inversiones para el desarrollo de nuestra minería y a partir del año 1967, la oligarquía financiera del país optó por devolverle los yacimientos mineros esquilmados a sus dueños – el Estado – percibiendo por ellos cantidades multimillonarias perpetrando un colosal desfalco contra el pueblo español, o si se prefiere una acción de terrorismo institucionalizado auspiciado por el gobierno de turno en connivencia con el gran capital.

Antón Saavedra en su intervención sobre las pensiones en El Manglar de Oviedo (2019)

Desde hace mucho tiempo acá venimos asistiendo a toda una avalancha del neoliberalismo con un objetivo muy claro de alarmar y seguir metiendo miedo a la población para hacerles creer que las pensiones son inviables. Desde la Comisión Europea, el FMI, el Banco de España, la AIReF y la banca en general se vienen publicando informes y documentos que alertan a la población española de que hay que reducir las pensiones porque el sistema público de la Seguridad Social no es sostenible.

Resulta de veras prodigioso que la grey de apocalípticos predictores de la inexorable caída del sistema público de pensiones, al levantar el velo que oculta el futuro y vislumbra un panorama de envejecimiento de la población, sólo detecten que habrá problemas en las pensiones de la Seguridad Social y no digan absolutamente nada sobre otros aspectos que también resultarían perjudicados por el derrumbe demográfico. La Unión Europea, ese costosísimo engendro político encubridor del IV Reich, cuenta con un Comité Ejecutivo (la Comisión Europea), que también participa en esas predicciones funestas: “El envejecimiento conducirá a una situación de quiebra en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea en 2050 si no se toman medidas urgentes en el saneamiento de las cuentas públicas”, aludiendo como causas principales que provocarán un rápido envejecimiento de la población la disminución de la tasa de fertilidad y el alargamiento de las esperanzas de vida.

Ampliamente aireadas por la esfera mediática, estas previsiones teóricas son las que están sirviendo de apoyo para imponer sus recetas de caballo que pasan por rebajar a la mitad la cuantía de las pensiones o, en su defecto, redoblar las cotizaciones sociales que soportan los trabajadores (las cotizaciones empresariales no son más que un salario en diferido de los trabajadores) resumidas, a grosso modo, en llevar a toda la vida laboral para hacer el cálculo de la pensión, fomentando el ahorro privado para que cada persona se responsabilice de su retiro, y retrasar la edad de jubilación hasta llegar a los 70 años.

Conviene dejar dicho hasta qué punto pueden ser fiables estas previsiones cuando ni siquiera una ciencia tan compleja como la encargada de estudiar los fenómenos meteorológicos es capaz de predecir con cierta fiabilidad el tiempo a tres días vista. Por lo tanto, pensar que, de aquí a cincuenta años, la evolución humana se va a comportar de manera tan imperturbable como lo haría un móvil newtoniano me parece de una tremenda imprudencia predictiva.

Estimar el número de hijos que decidirán tener el día de mañana los que hoy son niños cuando se conviertan en adultos no solo me parece un gran atrevimiento, sino también un apriorismo ideológico. De entrada, supone aceptar la indeseable hipótesis de que las condiciones laborales de estos ciudadanos del medio plazo van a ser de una precariedad similar a la que padecen los jóvenes actuales. Además, las predicciones demográficas a muy largo plazo tienen una característica común: nunca se han cumplido.

Profecías catastrofistas sobre la inminente quiebra del sistema público de pensiones español son las que vienen apareciendo periódicamente durante estos últimos treinta años, sin que la hecatombe demográfica que auguraban se haya producido aún. La quiebra de la Seguridad Social ha sido anunciada sucesivamente para 1996, 1998, 2000 y 2005, cuando la población en edad activa crecía en unas 70.000 personas al trimestre, hasta el punto de que, a partir de 1995 la tasa de incorporación se duplicó, y los corsarios del neoliberalismo al abordaje del sistema público español se vieron obligados a retrasar la fecha del cataclismo anunciado hasta el año 2020 para imponer los planes de pensiones privadas (PePP).

Uno de los argumentos demográficos que son esgrimidos con mayor fuerza a la hora de hablar de la insostenibilidad de las pensiones es el referido al hecho de que la esperanza de vida promedio de nuestro país haya pasado de ser 73,40 años a 83,59 años en cuarenta y cinco años (1975-2020), tratando de decirnos que los ancianos viven ahora 10,19 años más que en 1975, cuando ello no se corresponde con la realidad, desconociendo, por lo visto, como se calcula la esperanza de vida promedio del país, tal como viene explicando el catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y profesor de la Johns Hopkins University, Vicenç Navarro.

De acuerdo con el profesor, supongamos que España tuviera sólo dos habitantes, uno, José, que se muere al nacer y otro, la señora García, que tiene 83,59 años. La esperanza de vida promedio de España sería: 0 + 83,59: 2 = 41,77 años. Sigamos suponiendo que en el país vecino de Portugal hubiera también dos ciudadanos, uno, Juanito, que tiene 20 años, y otro, la señora Couso, que tiene 83,59 años. La esperanza de vida promedio de este segundo país sería: 20 + 83,59: 2 = 51,79 años. El hecho de que este país tenga 10,92 años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir (como constantemente se viene malinterpretando) que la señora Couso viva 10,92 años más que la señora García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que José. Lo que ha estado ocurriendo en España es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 73,40 años a 83,59 años, pero ello no quiere decir que el ciudadano español medio viva 10,19 años más ahora que hace 45 años. Por lo tanto, calcular las pensiones en base a esa lectura errónea de los datos penaliza a la población pues asume que la gente vive más años de lo que realmente vive.

Si de verdad tuviéramos gobernantes y legisladores como es debido, esto es, representantes del pueblo que no hincaran la rodilla ante el poder económico, hace tiempo que habrían ajustado las cuentas a la delincuencia financiera, exigiéndoles la devolución del dinero que le debe al pueblo, a la vez que haciendo realidad sus compromisos electorales sobre las pensiones y los pensionistas, pero no lo hacen porque no ejercen sino como altos funcionarios de ese poder económico. Eso sí, desde el bipartidismo PPSOE se han puesto de acuerdo para la creación de un fondo que permitirá a Diputados y Senadores la obtención de la pensión máxima del sistema público de Seguridad Social cuando dejen el escaño, con el único requisito de haber sido miembros de las Cámaras durante al menos siete años.

De esta forma han conseguido que las Cortes garanticen a todos sus culiparlamentarios la pensión máxima, esa pensión que los trabajadores sólo pueden obtener cotizando durante 35 años y siempre que los últimos 15 los hayan hecho por la base máxima. Es decir, sus señorías, aprueban leyes de pensiones mínimas, paupérrimas, y congelaciones salariales, para millones de jubilados y pensionistas, pero se asignan pensiones a si mismos sin someterlas a ley alguna. Y lo más grotesco, que lo hacen con el argumento de la dignidad del cargo parlamentario.

Que después de cuatro años, se supone que de trabajo, sus señorías miembros de la Comisión del Pacto de Toledo no hayan podido alumbrar otra cosa que ese documento de preacuerdo con el que nos han sorprendido la semana pasada sólo puede significar una alarmante falta de ideas o que a la hora de reformar y legislar haya pesado más la repercusión electoral – casi diez millones de los votos son pensionistas y jubilados –  que el habilitar soluciones rigurosas y eficaces para uno de los problemas más importantes que tiene planteado el Estado español.

En un primer análisis crítico de su contenido, al contrario de lo que hacen los medios convencionales de prensa, conviene resaltar que, el acuerdo no deroga la ley de 2011 del gobierno Zapatero, apoyada por CC.OO. y U.G.T., ni la del PP de 2013, aunque algunos aspectos sustanciales de esta última sí se modifican al desaparecer el factor de sostenibilidad. Es decir, la edad de jubilación ordinaria seguirá siendo la de los 67 años del año 2011, y el cálculo de la pensión se hará en base a 25 años cotizados, lo que supone que, para el año 2022, cuando concluya su aplicación, la bajada estimada de la pensión inicial habrá sido de un 30%, a la vez que se penalizará todavía más la jubilación anticipada, con el objetivo de forzar el retraso de la edad efectiva de jubilación, aproximándola a la legal. Y, lo más inquietante, que la mayoría de las pensiones – en torno al 60% -, seguirán sin alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional y menos todavía los 1084 euros que establece la Carta Social Europea, ni mucho menos se reduce la brecha de género.

En definitiva, la Comisión ha parido un borrador vacío, sin contenido real y lleno de contradicciones, asentado en tres pilares a saber lo que ya sabíamos casi todos: volver a vincular las pensiones al IPC, acercar la edad de jubilación real a la legal y desplazar los gastos de la Administración de la Seguridad Social a los presupuestos de la Administración del Estado.

No obstante, es preciso señalar que la actualización de las pensiones con el IPC no representa ninguna subida real, simplemente se trata de impedir que se reduzca su cuantía. Tampoco constituye un coste real para el Estado, porque si la inflación eleva en términos nominales el gasto público, incluyendo las pensiones, en la misma medida incrementa los ingresos de todas las administraciones públicas.

La única propuesta concreta del documento está en la edad de jubilación, donde se pide al Gobierno que presente un plan en tres meses, al objeto de penalizar las jubilaciones anticipadas e incentivar la prolongación del trabajo más allá de los 67 años. Éste es un tema, por cierto, para el que no hay acuerdo ni siquiera en el mismo Gobierno que debe presentar la recomendación. No hay ninguna petición concreta de cómo penalizar las jubilaciones anticipadas o promover el alargamiento de la vida activa.

El texto presentado al gobierno contiene además un elemento fundamental que profundiza claramente en la privatización del Sistema Público de Pensiones de acuerdo con el Plan Europeo de Pensiones Privadas (PePP), aprobado muy recientemente por el Parlamento Europeo. Se trata de los planes de pensiones complementarios o colectivos, es decir, la desviación de una parte del salario directo del trabajador a salario diferido mediante fondos de pensiones negociados en los convenios de empresa o sector que, siguiendo el modelo vasco que, en la realidad, es el implantado en el Reino Unido, servirá para que los gestores de esos fondos – la banca, las aseguradoras y los mismísimos sindicatos de UGT y CC.OO. – hagan negocio o se financien a través de ellos.

Es decir que, por mucho que suene bonito escuchar al ministro Escrivá vendiendo estos planes privados de pensiones al estilo vasco, estos tienen más aspectos negativos que positivos, refiriéndose, claro está, para la población trabajadora, no para los bancos.

Si, de verdad, se quiere tener una fotografía fidedigna de la realidad vasca nada mejor que clarificarla con absoluta transparencia, haciendo uso de las cifras oficiales del propio gobierno vasco, de tal manera que, la población trabajadora que tiene una EPSV de Empleo en la Comunidad Autónoma Vasca es del 32%, un porcentaje que queda desglosado en un 100% para el sector público, esto es funcionarios y trabajadores de la administración vasca, y un 16,2% de los trabajadores en el  sector privado, lo que desmiente radicalmente la mentira de que la mitad de la población vasca tiene una EPSV de Empleo.

Es decir, la cacareada implantación de las EPSV en el País Vasco es una realidad construida tan interesadamente como el déficit de la Seguridad Social. Otra falsedad.

Lógicamente, el contenido de acuerdo queda lejos de las reivindicaciones principales del movimiento de los pensionistas, y lejos también de la posición de UNIDAS PODEMOS que, cuando estaban fuera del gobierno, decían defender. Más claro, las grandes favorecidas por los planes de pensiones van a ser las entidades financieras, puesto que a través de ellos cuentan con cuantiosos fondos cautivos que pueden gestionar a su antojo según sus conveniencias y que les proporcionan importantes comisiones.

Los intereses de las entidades financieras en incentivar los fondos de pensiones son los que han estado detrás de la ofensiva lanzada desde los años ochenta en contra del sistema público de pensiones. Desde entonces, los cañones informativos del poder económico no han dejado de bombardear con múltiples consignas acerca de la previsible quiebra de la Seguridad Social, pronosticando la hecatombe para determinadas fechas, sin que a la fecha se cumpliesen los negros augurios de los expertos a sueldo.

Dicho de otra forma, más entendible, la reforma de las pensiones que el gobierno de coalición progresista del PSOE y Unidas Podemos están elaborando, conforman una transformación radical del sistema, donde el epicentro está en quién administra los fondos que mes a mes la clase trabajadora aporta en sus nóminas.

El proyecto de reforma que evalúa el gobierno es, ni más ni menos, que entregar a las empresas la parte más importante de la caja de las pensiones. El sistema de pensiones de empleo en el Reino Unido, reformado por el conservador David Cameron, se basa en un modelo de inscripción automática que, desde su implantación en 2012, ha reducido la caja de la Seguridad Social, pasando a ser las empresas empleadoras las administradoras de los fondos, de tal manera que el sistema público queda reducido a un modelo residual al que quedan relegados los pobres.

¿En qué consiste? Pues que, desde el año 2012, las empresas británicas tienen que inscribir automáticamente a los trabajadores, siempre que cumplan ciertas condiciones, como un salario mayor de 10.000 libras y una edad superior a 22 años, en un plan de pensiones de empresa. Se trata de una caja de jubilaciones que administra la propia empresa, o empresas gestoras autorizadas que provienen del sector financiero y de seguros. Asimismo, se requieren aportaciones mínimas anuales del 8% del salario del trabajador repartidas de la siguiente forma: una contribución del 3% por parte de la empresa y una contribución del 5% por parte del empleado.

En este contexto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que tiene la intención de impulsar los llamados «planes de pensiones de empleo» para fomentar el ahorro a largo plazo, basándose en el modelo británico.

Según los informes que maneja el gobierno, proporcionados por Caixabank Research, el think tank de Caixabank, su incorporación al sistema español se definiría como un «complemento» la introducción  al sistema público de pensiones ante la previsible caída de la tasa de reemplazo – la ratio entre la pensión media y el salario medio -, que según el promedio de la OCDE es del 40%, pero lo cierto es que una reforma de este tipo supondrá en la práctica una descapitalización del sistema público en favor del privado.

Las conversaciones entre el gobierno y la CEOE, de cara a esta reforma, se centran en un diseño de la misma que no aumente el coste laboral para las empresas, y para que sea lo suficientemente «atractivo» para los trabajadores.

La solución que parece entreverse es que las empresas podrán deducirse fiscalmente la gestión de estos fondos, y, sobre todo, y que las personas que no superen los umbrales de rentas serán «acogidos» mediante una cobertura residual pública para rentas bajas, ya que, en el Reino Unido, por ejemplo, una laguna es que hay más de 8 millones de trabajadores que no son «elegibles» para estos planes, entre ellos las personas que cobran menos de 10.000 libras al año y los autónomos.

Abundando más en el tema, se puede afirmar que no existe ninguna reforma del sistema cuando nos referimos a la separación de fuentes de financiación al no implicar ni un euro de gasto más, ni de menos, ni mucho menos supone algún ingreso adicional. Simplemente, supone pasar al Estado algunos de los gastos que hasta ahora venían financiándose a través de la Seguridad Social.

Tras la separación de las fuentes de financiación la Administración Central seguirá cubriendo esos 30.000 millones de gastos que hasta ahora abonaba la Seguridad Social. La única diferencia es que ahora ese dinero estará en las tablas del Capítulo 4 de los Presupuestos Generales del Estado y no en el Capítulo 6 referido a la Seguridad Social. Pero el pagador será el mismo, esto es el Estado español, que es el que responde, por sus deudas y obligaciones, ante sus acreedores y sus ciudadanos.

Las pensiones no tienen por qué financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales. Son todos los ingresos del Estado los que deben hacer frente a su desembolso. No hay ninguna razón para diferenciar el gasto en pensiones de otras partidas del presupuesto tales como la educación, la sanidad, la justicia, el seguro de desempleo, la defensa o los intereses de la deuda.

A nadie se le ocurre afirmar que tales gastos son inviables y que el Estado va a dejar de costearlos. Además, la viabilidad de las pensiones, como la del resto de los gastos públicos, no depende de cuántos son los que producen, sino de cuánto se produce. Al fin y al cabo, los problemas que pudieran existir no serían de producción sino de distribución, y de la decisión social y política de crear y perfeccionar un sistema fiscal dotado de la progresividad y suficiencia apropiadas para financiar la totalidad de las prestaciones del Estado social.

Es preciso levantar la voz para afirmar que los jubilados actuales fueron los que costearon con sus impuestos una educación universal y gratuita de la que la mayoría de ellos no gozaron en su infancia y adolescencia. Con sus impuestos han facilitado en gran medida el acceso a la universidad de las generaciones posteriores, facilidades de las que muy pocos de su generación disfrutaron. Con sus cotizaciones se han mantenido las pensiones de los trabajadores de épocas precedentes, y ha sido con su trabajo y sus contribuciones al erario público los que han hecho posible que hoy las estructuras y el desarrollo económico en España sean muy superiores a los que conocieron en su niñez y que la renta per cápita sea más del doble de la existente hace cuarenta años.  Nadie puede decir que no existe margen para mantener el sistema público de pensiones y blindarlas como uno de los derechos fundamentales de la Constitución Española, cuando en nuestro país la presión fiscal está ocho puntos por debajo de la media de los países europeos. ¿Ni siquiera tienen derecho a que al menos se mantenga el poder adquisitivo de sus pensiones?

Finalmente, resulta muy interesante el punto referido a las cotizaciones de los robots. Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales.

ANTON SAAVEDRA

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Que después de cuatro años, se supone que de trabajo, sus señorías miembros de la Comisión del Pacto de Toledo no hayan podido alumbrar otra cosa que ese documento de preacuerdo con el que nos han sorprendido la semana pasada sólo puede significar una alarmante falta de ideas o que a la hora de reformar y legislar haya pesado más la repercusión electoral – casi diez millones de los votos son pensionistas y jubilados –  que el habilitar soluciones rigurosas y eficaces para uno de los problemas más importantes que tiene planteado el Estado español.

En un primer análisis crítico de su contenido, al contrario de lo que hacen los medios convencionales de prensa, conviene resaltar que, el acuerdo no deroga la ley de 2011 del gobierno Zapatero, apoyada por CC.OO. y U.G.T., ni la del PP de 2013, aunque algunos aspectos sustanciales de esta última sí se modifican al desaparecer el factor de sostenibilidad. Es decir, la edad de jubilación ordinaria seguirá siendo la de los 67 años del año 2011, y el cálculo de la pensión se hará en base a 25 años cotizados, lo que supone que, para el año 2022, cuando concluya su aplicación, la bajada estimada de la pensión inicial habrá sido de un 30%, a la vez que se penalizará todavía más la jubilación anticipada, con el objetivo de forzar el retraso de la edad efectiva de jubilación, aproximándola a la legal. Y, lo más inquietante, que la mayoría de las pensiones – en torno al 60% -, seguirán sin alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional y menos todavía los 1084 euros que establece la Carta Social Europea, ni mucho menos se reduce la brecha de género.

En definitiva, la Comisión ha parido un borrador vacío, sin contenido real y lleno de contradicciones, asentado en tres pilares a saber lo que ya sabíamos casi todos: volver a vincular las pensiones al IPC, acercar la edad de jubilación real a la legal y desplazar los gastos de la Administración de la Seguridad Social a los presupuestos de la Administración del Estado.

No obstante, es preciso señalar que la actualización de las pensiones con el IPC no representa ninguna subida real, simplemente se trata de impedir que se reduzca su cuantía. Tampoco constituye un coste real para el Estado, porque si la inflación eleva en términos nominales el gasto público, incluyendo las pensiones, en la misma medida incrementa los ingresos de todas las administraciones públicas.

La única propuesta concreta del documento está en la edad de jubilación, donde se pide al Gobierno que presente un plan en tres meses, al objeto de penalizar las jubilaciones anticipadas e incentivar la prolongación del trabajo más allá de los 67 años. Éste es un tema, por cierto, para el que no hay acuerdo ni siquiera en el mismo Gobierno que debe presentar la recomendación.

Resulta sorprenderte que la Comisión conceda un plazo tan dilatado para efectuar el citado análisis, cuando el actual ministro es perfectamente conocedor de todos los datos y es plenamente consciente de las inequidades que provocan los arbitrarios e injustos coeficientes reductores en las personas que han cotizado 40 o más años.

En todo caso y con el ánimo de poner de manifiesto la insufrible injusticia que soportan las personas que cuentan con muchos años de cotización y se jubilan de forma anticipada, se pueden mostrar unos ejemplos tan sencillos como clarificadores. Así, a modo de ejemplo, una persona jubilada anticipadamente de forma involuntaria a los 61 años de edad y que ha cotizado por más de 44 años y 6 meses sufrirá una reducción del 24% para toda su vida, y una persona jubilada anticipadamente de forma «voluntaria» a los 63 años de edad y que ha cotizado por más de 44 años y 6 meses sufrirá una reducción del 13%.

Si se comparan estos ejemplos de jubilación anticipada con otras situaciones que contempla la legislación actual, observaremos que una persona que se jubila a la edad “ordinaria legal” de 65 años con 37 años de cotización percibirá la totalidad de su pensión, y una persona perteneciente a las denominadas clases pasivas (funcionarios civiles del Estado, fuerzas armadas y administración de justicia incorporados antes del año 2011), con  35 años de servicio se pueden acoger a la jubilación anticipada a los 60 años de edad, percibiendo la totalidad de la pensión. Por otra parte, una persona que ha cotizado 25 años y decide no jubilarse a los 65 años de edad, percibirá un 2% adicional en su pensión por cada año adicional.

Estos ejemplos ponen muy a las claras la enorme injusticia que sufre el colectivo de jubilados anticipados con largas carreras de cotización.

El texto presentado al gobierno contiene además un elemento fundamental que profundiza claramente en la privatización del Sistema Público de Pensiones de acuerdo con el Plan Panaeuropeo de Pensiones Privadas (PePP), aprobado muy recientemente por el Parlamento Europeo. Se trata de los planes de pensiones complementarios o colectivos, es decir, la desviación de una parte del salario directo del trabajador a salario diferido mediante fondos de pensiones negociados en los convenios colectivos que, siguiendo el modelo vasco – en realidad, es el implantado en el Reino Unido -, servirá para que los gestores de esos fondos – la banca, las aseguradoras y los mismísimos sindicatos de UGT y CC.OO. – hagan negocio o se financien a través de ellos.

Ello no hace más que recrudecer la campaña de infundios sobre la quiebra del sistema de pensiones con lo que pretenden convencernos de la inevitabilidad de los recortes que pretenden legislar. El IV Reich con bandera pirata de la Unión Europea al frente, y la banca alemana detrás, han fijado el objetivo y están preparando el terreno. Para ello cuentan con sus grandes aliados: los grandes grupos financieros que, a través de sus medios subvencionados, todos los días filtran informes tendenciosos, alistando para su campaña a instituciones y partidos políticos; desde el Parlamento Europeo, que aprobó el PePP, hasta el FMI, la OCDE o el Banco de España con su gobernador al frente.

De esta manera, por mucho que suene bonito escuchar al ministro Escrivá vendiendo estos planes privados de pensiones al estilo vasco, estos tienen más aspectos negativos que positivos, refiriéndose, claro está, para la población trabajadora, no para los bancos.

Si, de verdad, se quiere tener una fotografía fidedigna de la realidad vasca esta queda perfectamente clarificada con las propias cifras oficiales del propio gobierno vasco, cuando observamos que la población trabajadora que tiene una EPSV de Empleo en la Comunidad Autónoma Vasca es del 32%, un porcentaje que queda desglosado en un 100% para el sector público (funcionarios y trabajadores de la administración vasca), y un 16,2% de los trabajadores en el  sector privado (socios cooperativistas de Arogestión Ahorro-Jubilación), lo que desmiente radicalmente la mentira de que la mitad de la población vasca tiene una EPSV de Empleo.

Es decir, la cacareada implantación de las EPSV en el País Vasco es una realidad construida tan interesadamente como el déficit de la Seguridad Social. Otra falsedad.

Lógicamente, el contenido del acuerdo queda lejos de las reivindicaciones principales del movimiento de los pensionistas, y lejos también de la posición de UNIDAS PODEMOS que, cuando estaban fuera del gobierno, decían defender. Más claro, las grandes favorecidas por los planes de pensiones van a ser las entidades financieras, puesto que a través de ellos cuentan con cuantiosos fondos cautivos que pueden gestionar a su antojo según sus conveniencias y que les proporcionan importantes comisiones. Nada nuevo por otra parte, puesto que su objetivo no es buscar soluciones sino salvar la cuenta de resultados.

Los intereses de las entidades financieras en incentivar los fondos de pensiones son los que han estado detrás de la ofensiva lanzada desde los años ochenta en contra del sistema público de pensiones. Desde entonces, los cañones informativos del poder económico no han dejado de bombardear con múltiples consignas acerca de la previsible quiebra de la Seguridad Social, pronosticando la hecatombe para determinadas fechas, sin que a la fecha se cumpliesen los negros augurios de los expertos a sueldo. Ahora, los “sesudos” análisis del Banco Central Europeo, en el más reciente informe del 8 de agosto de 2020, redactado en previsión de la evolución económica durante la década 2040/50, nos anuncia el colapso del sistema público de la seguridad social. Es decir, los mismos analistas que fueron incapaces de prever los cracs financieros del 2008, 2010 y 2012, incapaces, por otra parte, de pronosticar la tasa de la inflación para el próximo mes, se muestran seguros en cambio, de la evolución económica durante los próximos treinta años. En realidad, no se trata sino de crear un estado de opinión propicio para imponer políticas económicas que sean afines a sus intereses de clase.

Dicho de otra forma, más entendible, la reforma de las pensiones que el gobierno de coalición progresista del PSOE y Unidas Podemos están elaborando, conforman una transformación radical del sistema, donde el epicentro está en quién administra los fondos que todos los meses aportan los trabajadores en sus nóminas.

El proyecto de reforma que evalúa el gobierno es, ni más ni menos, que entregar a las empresas la parte más importante de la caja de las pensiones, tomando como base el sistema de pensiones de empleo en el Reino Unido, un modelo de inscripción automática que, desde su implantación en 2012, ha reducido la caja de la Seguridad Social, pasando a ser las empresas empleadoras las administradoras de los fondos, de tal manera que el sistema público queda reducido a un modelo residual al que quedan relegados los pobres. Así, de esta manera, las empresas británicas inscriben automáticamente a los trabajadores, siempre que cumplan ciertas condiciones, como un salario mayor de 10.000 libras y una edad superior a 22 años, en un plan de pensiones de empresa.

Se trata, en definitiva, de una caja de jubilaciones que administra la propia empresa, o empresas gestoras autorizadas que provienen del sector financiero y de seguros. Asimismo, se requieren aportaciones mínimas anuales del 8% del salario del trabajador repartidas de la siguiente forma: una contribución del 3% por parte de la empresa y una contribución del 5% por parte del empleado.

En este contexto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que tiene la intención de impulsar los llamados «planes de pensiones de empleo» para fomentar el ahorro a largo plazo, basándolos en el modelo británico.

Según los informes que maneja el gobierno, proporcionados por Caixabank Research, el think tank de Caixabank, su incorporación al sistema español se definiría como un «complemento» la introducción  al sistema público de pensiones ante la previsible caída de la tasa de reemplazo – la ratio entre la pensión media y el salario medio -, que según el promedio de la OCDE es del 40%, pero lo cierto es que una reforma de este tipo supondrá en la práctica una descapitalización del sistema público en favor del privado.

Las conversaciones entre el gobierno y la CEOE, de cara a esta reforma, se centran en un diseño de la misma que no aumente el coste laboral para las empresas, y para que sea lo suficientemente «atractivo» para los trabajadores.

La solución que parece entreverse es que las empresas podrán deducir fiscalmente la gestión de estos fondos, y, sobre todo, que las personas que no superen los umbrales de rentas serán «acogidos» mediante una cobertura residual pública para rentas bajas, ya que, en el Reino Unido, por ejemplo, una laguna es que hay más de 8 millones de trabajadores que no son «elegibles» para estos planes, entre ellos las personas que cobran menos de 10.000 libras al año y los autónomos.

En otro orden de cosas, se puede afirmar que no existe ninguna reforma del sistema cuando nos referimos a la separación de fuentes de financiación al no implicar ni un euro de gasto más, ni de menos, ni mucho menos supone algún ingreso adicional. Simplemente, supone pasar al Estado algunos de los gastos que hasta ahora venían financiándose a través de la Seguridad Social.

Un reciente informe (2018) del Tribunal de Cuentas señala con meridiana claridad que el supuesto “déficit” de las pensiones se produce en gran medida porque el Estado viene utilizando de forma inapropiada las cotizaciones sociales destinándolas a otros fines. De sus páginas leídas con calma se puede extraer algunas pistas que hacen temblar el discurso oficial. En efecto, el informe del Tribunal de Cuentas es realmente impactante. No solo porque la Seguridad Social costea actividades y prestaciones que no le corresponden, sino también porque a la Seguridad Social se le impide obtener recursos adicionales con los que cubrir los supuestos déficits.  

En el citado informe queda escrito que se han utilizado de manera indebida las cotizaciones sociales para abonar, por ejemplo, las pensiones no contributivas que corresponden a compromisos alcanzados por los gobiernos, pero que no competen a la Seguridad Social. Fue bajo la presión de la Huelga General del 14-D que obligó a Felipe González a promulgar la ley 26/1990 de 20 de diciembre cuando se comenzaron a pagar las pensiones no contributivas, una reivindicación histórica de la clase trabajadora. De esa manera, el presidente del gobierno felipista pudo “sacar pecho político” al atribuirse unos méritos que en realidad corresponden a otros. Pues bien, esas pensiones que debía haber abonado con los Presupuestos Generales del Estado fueron cargadas a expensas de las cotizaciones sociales.

El ejemplo más reciente lo tenemos con el actual Ingreso Mínimo Vital, que también se detrae de las cotizaciones sociales, atribuyéndose el “mérito político” la coalición gobernante, pero el costo lo pagará el déficit de la Seguridad Social. A cuenta de las cotizaciones sociales también se vienen cubriendo otro tipo de pensiones cuya procedencia económica corresponde a los Presupuestos Generales del Estado, tales como las pensiones de viudedad – la segunda mayor fuente de gasto en pensiones públicas después de las de jubilación -, las de orfandad y a favor de familiares.

Además, las pensiones no tienen por qué financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales. Son todos los ingresos del Estado los que deben hacer frente a su desembolso. No hay ninguna razón para diferenciar el gasto en pensiones de otras partidas del presupuesto tales como la educación, la sanidad, la justicia, el seguro de desempleo, la defensa o los intereses de la deuda.

Llama poderosamente la atención, cuando el informe del Tribunal de Cuentas señala que todos los gastos de funcionamiento de los Ministerios son cubiertos por los Presupuestos del Estado menos la Seguridad Social, que se paga con sus propios fondos, de tal manera que, si a la Seguridad Social se la descargase de esos gastos impropios a los que nos hemos referido, la Seguridad Social española contaría con un amplio superávit. Sí, con el dinero de las cotizaciones sociales, se han financiado hasta los Presupuestos Generales del Estado, y si todo ese dinero se hubiese destinado exclusivamente al fondo de las pensiones, ahora mismo ese fondo de pensiones tendría ¡¡¡MEDIO BILLÓN DE EUROS!!!

Pero, además, la viabilidad de las pensiones, como la del resto de los gastos públicos, no depende de cuántos son los que producen, sino de cuánto se produce. Al fin y al cabo, los problemas que pudieran existir no serían de producción sino de distribución, y de la decisión social y política de crear y perfeccionar un sistema fiscal dotado de la progresividad y suficiencia apropiadas para financiar la totalidad de las prestaciones del Estado social.

Al respecto, es preciso levantar la voz para afirmar que los jubilados actuales fueron los que costearon con sus impuestos una educación universal y gratuita de la que la mayoría de ellos no gozaron en su infancia y adolescencia. Con sus impuestos han facilitado en gran medida el acceso a la universidad de las generaciones posteriores, facilidades de las que muy pocos de su generación disfrutaron. Con sus cotizaciones se han mantenido las pensiones de los trabajadores de épocas precedentes, y ha sido con su trabajo y sus contribuciones al erario público los que han hecho posible que hoy las estructuras y el desarrollo económico en España sean muy superiores a los que conocieron en su niñez y que la renta per cápita sea más del doble de la existente hace cuarenta años.  Nadie puede decir que no existe margen para mantener el sistema público de pensiones y blindarlas como uno de los derechos fundamentales de la Constitución Española, cuando en nuestro país la presión fiscal está ocho puntos por debajo de la media de los países europeos. ¿Ni siquiera tienen derecho a que al menos se mantenga el poder adquisitivo de sus pensiones?

Finalmente, resulta muy interesante el punto referido a las cotizaciones de los robots. Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales. Se olvidan esos economistas del neoliberalismo que, con el cambio tecnológico, cada trabajador está produciendo mucho más que antes, está incrementando la productividad, por lo que no debe importar tanto el número de trabajadores, sino la riqueza que producen.

Lo ocurrido con la agricultura puede servir como ejemplo de lo dicho:  Hace cincuenta años el 30 por ciento de la población activa trabajaba en la agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5 por ciento, pero ese 4,5 por ciento produce más que el 30 por ciento anterior. Por lo tanto, habrá que ir pensando en la necesaria cotización de las máquinas.

Pienso que ha llegado la hora de empezar a hablar de cómo hacer que coticen las máquinas y los robots a la Seguridad Social. Dado que una de las principales causas del desempleo reside en el fenómeno de acumulación de capital en forma de máquinas muy competitivas, éstas deberían ser gravadas con un impuesto específico destinado, entre otros, al pago de las pensiones.

ANTON SAAVEDRA

Cuando todo parecía indicar que la implantación de la “mochila austriaca” era una idea dormida, esta se ha despertado de su sueño obligada por las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para España que deberá presentar un plan con medidas estructurales que incluyan aumento de la recaudación fiscal y reforma de las pensiones, entre otras, con el fin de calmar los mercados, de tal manera que el Gobierno está dispuesto a incluir la llamada “mochila austríaca” entre las medidas de un plan económico de calado (Agenda para el cambio). De hecho, la Comisión Europea ha condicionado la entrega del cacareado fondo para la recuperación del IV Reich (UE) a que el mismo sea destinado a financiar reformas estructurales que Bruselas lleva tiempo exigiendo, entre las que se encuentra en el caso de España la reforma del sistema de pensiones.

Nuestro país lleva años posponiendo esta reforma, debido fundamentalmente a que ningún gobierno quería asumir el coste electoral que supone la aplicación de medidas impopulares como retrasar la edad de jubilación o limitar la revalorización de las pensiones, especialmente teniendo en cuenta que cada vez son más los votantes de más de 65 años en España. Pero, además, el FMI cree que la recepción de ese fondo de la Unión Europea es una “oportunidad para facilitar la introducción de reformas laborales”refiriéndose concretamente a la creación de una suerte de “mochila austriaca” a la que los trabajadores harían sus aportaciones para poder acceder a ellas en el día de su jubilación – como complemento a la pensión pública -, y cuando cambien de trabajo o cuando sean despedidos, según ha explicado el FMI a los medios.

¿Qué es eso de la llamada “mochila austriaca”? Se trata de un sistema de aseguramiento (indemnización) del despido por el que las empresas aportan obligatoriamente cada mes una determinada cantidad a cuentas de ahorro individuales a nombre de cada uno de sus trabajadores – no se debe de olvidar en ningún momento que este dinero no es más que un salario diferido de los propios trabajadores -, que estos pueden rescatar cuando se produzca su cese. El nombre de “mochila” obedece a que el importe de cada cuenta no se pierde si el trabajador se cambia de empresa de manera voluntaria, sino que le acompaña durante toda su vida laboral, incrementando la cuantía de su pensión cuando se jubila, y se apellida “austriaca”porque fue en Austria donde se implantó.

La vicepresidente del gobierno, Nadia Calviño, ha confirmado que el Gobierno mantiene su intención de explorar con los agentes sociales la posible implantación gradual del sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación del fondo correspondiente, conocido como “mochila austriaca”,  “buenos resultados” registrados en Austria. (29-10-2019)

En nuestro país, esta figura ya se había recogido en la reforma laboral promulgada por el gobierno socialista de Zapatero en 2010, decidiendo posponerla después de que un informe de una comisión de expertos concluyera que aplicarlo podría costar el equivalente al 1% del PIB de aquel entonces (unos 10.000 millones de euros). El fondo de capitalización recogido en aquella reforma del PSOE suponía la creación de un depósito que podrían utilizar los trabajadores en los supuestos de despido, movilidad geográfica, formación y para la jubilación.

El PP también portaba a sus hombros la “mochila austríaca” en su programa electoral para las generales de 2011, aunque nunca tomó ninguna medida al respecto, hasta que en 2017 apoyó una iniciativa en el Congreso del PDeCAT para su puesta en marcha antes de 2020, iniciativa que tampoco tuvo un desarrollo posterior.

Posteriormente, el “Acuerdo para un Gobierno Reformista y de Progreso” firmado el 24 de febrero de 2016 entre el PSOE y CIUDADANOS también portaba la mochila en su articulado, cuando en su apartado referido a un “ PLAN POR EL EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD” hablaba del nuevo fondo para financiar los despidos como “fondo austriaco”, el cual tampoco llegaría a implantarse como consecuencia del fracaso de aquella propuesta de gobierno al no contar con los votos necesarios en el Congreso de los Diputados.

Hace unos meses el “Reino de España” enviaba a Bruselas su Programa Nacional de Reformas, un mecanismo con el que dar cuentas al IV Reich acerca de lo que se va a hacer en materia de empleo, trabajo y seguridad social. Este documento contiene una propuesta para “abordar la implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación de un Fondo que permita a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación”.

Centrando nuestra atención en ese fondo de capitalización al que se compromete el Reino de España y que, por cierto, como el mismo documento permite comprobar, es algo que también reclama la patronal española (p. 59), este fondo, muy alabado por la OCDE, no es más que la nueva vieja receta de la agenda reformista laboral más neoliberal. Nunca se ha ocultado desde la UE su pasión por este sistema, inspirado en la legislación austriaca que, desde hace años lo viene poniendo como ejemplo de buena práctica para conseguir mercados de trabajo basados en la “flexiguridad”, un palabro con el que muchas veces se hace referencia a la pérdida de derechos laborales bajo la promesa de compensación a través de la protección social y la formación. Un buen eslogan para definirlo en su vertiente más pura, sería el de “despida libremente pagando la indemnización en cómodos plazos”.

Alejado ya del discurso de derogar la reforma laboral, por mucho que quieran seguir “mareando la perdiz”, el gobierno de coalición progresista PSOE-Unidas Podemos ha vuelto a demostrar lo difícil que le resulta cuestionar la apropiación neoliberal de las relaciones laborales, que, en nuestro país, es responsable de la degradación de las condiciones materiales de las trabajadoras y los trabajadores y de sus instrumentos de resistencia sindical.

De hecho, la Comisión para la Reconstrucción social y económica tras la Covid-19 del Congreso de los Diputados ha aprobado recomendar la puesta en marcha de un sistema similar a la “mochila austriaca”, tras un error en el voto de Unidas Podemos, después de haber sido el diputado podemita, Rafa Mayoral, quien mejor y con mayor crudeza haya explicado públicamente y de manera reiterada el significado de este atentado salvaje contra la clase trabajadora y los pensionistas: «Una vez más nos llaman mentirosos… Aquí os traigo una videoreacción donde se desmontan una por una las mentiras del PSOE sobre la Mochila Austríaca». Más tarde, el diputado de Podemos, Ismael López, trataría de repetir la votación, algo que el presidente de la Comisión, el vasco del PSOE, Patxi López, rechazó, conformándose el diputado del grupo podemita con que quedara constancia en acta del error, pero el texto ha sido remitido a Bruselas, después de su presentación pública por el presidente del gobierno.  

¡¡¡Ha estallado la madre de todas las crisis en Podemos proclaman los tertulianos a través de los distintos medios de comunicación!!! Pero, ¿de verdad que se trata de la madre de todas las crisis? En absoluto, porque, tras el documento de propuesta de acuerdo entre Bescansa y Errejón para derrocar al ya mustio mesías Pablo Iglesias y repartirse entre ambos los girones de su túnica, habrá muchos más capítulos antes de que la galaxia podemita estalle definitivamente en mil pedazos al son de los versos “he defraudado a todos/empezando por mí”

Podemos, la “máquina del amor” de la que en su día hablaba Monedero, ha sido declarada oficialmente gripada el miércoles 18 de marzo de 2018, cuatro años después de su nacimiento, aunque Podemos ya había nacido enferma desde que una filtración de Izquierda Anticapitalista al periódico digital elDiario.es denunciara la “Operación Coleta”.

“Creo que es terrible que tenga que haber escraches, pero es la violencia social que genera la crisis. Felipe González dijo que ‘el hijo de un político no tiene por qué aguantar que haya una protesta alrededor de su casa’ y eso es terrible. Pero, ¿qué pasa, que los hijos de los políticos valen más que los hijos de los ciudadanos que están desahuciando injustamente?”, respondió Iglesias, y añadió: “En 80% de los ciudadanos, y lo dicen las encuestan, dicen que los escraches son legítimos. No lo digo yo, lo dicen las encuestas”, insistió. (Debate en el programa de Intereconomía ”El Gato al Agua”, el 25 de abril de 2013)

El 25 de abril de 2013 Pablo Iglesias había sido invitado al programa de Intereconomía TV, “El gato al agua”, para participar en un debate sobre el asedio al Congreso que pretendían realizar varios grupos tildados como antisistema, marcando aquella intervención un antes y un después, de tal manera que a partir de entonces, cadenas de mucha mayor audiencia como Cuatro o La Sexta empezaron a invitar a Iglesias a sus programas, convirtiéndolo en cuestión de semanas en uno de los tertulianos televisivos más conocidos, donde aprovechaba para presentarse como un intruso tras “las líneas enemigas”, midiéndose con desparpajo con primeros espadas de extrema derecha como Federico Jiménez Losantos o Alejo Vidal-Quadras, relativizando la violencia de la llamada izquierda antisistema en comparación con la “violencia” de los recortes sociales, los desahucios y el paro, a la vez que nos recordaba su condición de profesor universitario, mileurista, y vecino del barrio madrileño de Vallecas.

En efecto, dirigentes de Izquierda Anticapitalista, en conversaciones con Iglesias y otros, fueron los que diseñaron la “Operación Coleta”, como llegaron a denominarla. Así, en una reunión celebrada el 30 de noviembre, por medio de un boletín interno de la organización filtrado poco después, se trazaban los objetivos y los pasos inmediatos a seguir, aprovechando la “proyección mediática” de Pablo Iglesias para “conectar con sectores de la población de izquierdas insatisfechos con las organizaciones tradicionales”. Pero, sobre todo, se trataba de “interactuar con sectores de la población con los que no trabajamos habitualmente”.

En aquella reunión ya aparecieron las expresiones “Sí se puede” y “Podemos”, quedando redactado un primer borrador de manifiesto con el título de “Mover ficha: convertir la indignación en cambio político”, hecho público el 14 de enero de 2014. Ese mismo día, en “Las Mañanas de Cuatro”, Pablo Iglesias anunciaba su intención de encabezar una candidatura a las elecciones europeas de mayo y, con la inestimable colaboración del presentador Jesús Cintora, daba su primer mitin, en horario de gran audiencia, destacando entre sus propuestas, la derogación del artículo 135 de la Constitución española que había impuesto el “austericidio”, la nacionalización de las empresas de la energía o el blindaje del “derecho” al aborto, entre otras.

En el manifiesto se incluía también el derecho de autodeterminación y el “proceso constituyente”, es decir, la voladura de la Constitución de 1978: “El régimen del 78 está muerto, ya es hora de enterrarlo”, decía Monedero.

A nadie le extraña el erotismo que desprende el ocupar un cargo de relevancia. En mayor o menor escala. Siempre es un punto más en el juego de la seducción. Si a la virulencia de la atracción se le suma la de las pasiones, de las luchas y militancias, se forma un cóctel imposible. Que, tarde o temprano, acaba por estallar. Y eso es precisamente lo que parece que le ha pasado a Podemos. Un ambiente cerrado en el que únicamente se relacionan unos cargos con otros y en el que, a la vista de los resultados, es el mejor ascensor para ocupar más responsabilidad en la formación. Y, consecuentemente, cobrar del erario público.

Después vendría el enaltecimiento de Iglesias como Cristo resucitado en el logo inicial de la inscripción de Podemos como partido político y en las papeletas para las elecciones del Parlamento Europeo.

No tardarían en emerger los primeros síntomas de lo que sería, a lo largo del tiempo, una crisis larvada de Podemos respecto a la cuestión de la democracia interna y de la estructura organizativa del nuevo partido: se enfrentaban, en un partido que se decía heredero del 15M, el asambleísmo en bucle antiorganización con la jerarquización vertical de un partido tradicional. Y a la pelea asambleísta jugó un partido interno dentro de Podemos, que nunca dejó de ser su fracción trotskista, la Izquierda Anticapitalista.

A lo largo de gran parte de este período el poder bonapartista de Iglesias se ha ejercido contra sus críticos tanto externos como internos a través de un comportamiento que sustituía el concepto de militante como librepensador voluntariamente autodisciplinado por el de miembro de una secta. Las respuestas a cualquier crítica hacia Podemos eran acompañadas con anatemas como ser del PP, del PSOE, un fascista, alguien pagado por el IBEX35 o un comunista rancio.

Un partido piramidal y bonapartista en su dirección y tan cerrado a la crítica hacia el exterior, a pesar de que esto último fuera en parte entendible porque fueron encumbrados mediáticamente para ser ridiculizados por esos mismos medios, tenía necesariamente que convertir su crisis latente y, tantas veces, imposible de disimular en una crisis creciente que, si no mantenía sus manipuladas intenciones de voto y las hacía crecer, habría de provocar frustración, abandonos y una enorme tristeza.

Y es desde estos parámetros desde los que se deben de entender que medios como Público, el de Roures, que ha sido el gran valedor de Podemos tanto en su periódico como en La Sexta, le haya abandonado ahora, después de hacerlo el medio televisivo, distribuyendo el documento enviado por Bescansa a Errejón el 18 de abril de 2018.  Un documento, que la diputada difundió en su canal de Telegram, aunque sería borrado minutos después, bajo el título ‘Propuesta-borrador de acuerdos en la negociación conducente a la constitución de una candidatura de unidad en las primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid”.

En el acuerdo o preacuerdo, que se describe como “vinculante”, quedaba establecido, entre otras cuestiones, que Bescansa sería número dos de Errejón en la candidatura que presentará a las primarias que ha puesto en marcha el partido morado en la Comunidad de Madrid. Además, condiciona este apoyo a un futuro respaldo de Errejón a Bescansa, cuando toque conformar “la lista para competir en las futuras elecciones primarias de Podemos de cara a las elecciones Generales y en el futuro proceso electivo de la secretaría general del partido”.

Tras la desaparición del documento, Íñigo Errejón trataba de desmarcarse hablando de un “Acuerdo unitario que garantice ganar Madrid en 2019 y que Pablo sea presidente en 2020”, volviendo a aparecer la Bescansa en Telegram para manifestar que, “hace unos minutos se ha filtrado por error un borrador, el cual no constituye ningún acuerdo ni ha sido validado ni por Iñigo Errejón ni por mí. Es un borrador que yo ni había revisado, donde se ponen cosas que finalmente no van”. Desde luego, una manera muy democrática, por unos y otras, para hacerse con el poder partidista sin la participación de la militancia en los procesos establecidos por la propia organización.

En cualquier caso, a nadie en Podemos se puede considerar como militante, entre otras cuestiones, porque un militante es otra cosa muy distinta: un militante es alguien políticamente formado, con sentido crítico, capaz de distinguir la fantasía de la realidad, capaz de resistir bajo el fuego más allá de la presión porque no necesita validar electoralmente sus convicciones.

Alberto Garzón, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han unido a la reivindicación femenina sobre la alfombra roja de los Goya portando los abanicos rojos que simbolizan la campaña “Más mujeres” impulsada por Asociación de Mujeres Cineastas, el año 2018.

Podemos fue creado en un momento en el que se daba un vacío político respecto en la estabilidad del sistema parlamentario.

Era necesario para el capital y su “sistema democrático” encontrar alternativas críticas al mismo que le fueran útiles. Y lo encontró, vaya si lo encontró, con Podemos y su simplificación de que lo que la clase trabajadora soportaba no era una guerra de clases sino un abuso del IBEX35, pero ese momento ya pasó. El momento actual ya no es el del sistema político español en crisis. Solo algún que otro majadero puede creer que el sistema político español está en crisis. Sumemos a los imbéciles que creen que se producirá la independencia de Cataluña y que ello hundirá al Estado español.

El momento actual, no nos engañemos, es el del poder capitalista. El único poder real, y ese va a marcar la evolución de los partidos del sistema parlamentario y de casi todos los demás, ya que su lógica está en cómo sumar electores y no en cómo viven los sectores más sobreexplotados de la clase trabajadora, aquellos que más necesitan organizarse.

Aún vendrán tiempos en los que quienes levantaron mediáticamente a Podemos, elevarán el atractivo que antes negaron de una IU que fue madre en muchos afiliados de ese mismo Podemos.

Y sí, cada vez existe el mayor convencimiento de que ante tanta broma la clase trabajadora necesita reorganizarse en torno a ideas, de momento muy básicas: defender los salarios, el derecho al contrato laboral en los sectores de la nueva economía, la defensa de las conquistas sociales, la reconquista del empleo estable, la defensa de unas pensiones que dependan, como la sanidad o la educación, de los Planes Generales del Estado y el derecho a una vivienda que no sea negada, ni como alquiler ni como propiedad por los fondos buitres.

“Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio. Pensaba que la sororidad era una línea roja, un consenso incuestionable entre las que nos llamamos feministas, una solidaridad de género que va más allá de nuestras posiciones políticas, pero no”. Además, Teresa Rodríguez ha trasladado que tiene la “tranquilidad” de haber apoyado a la ministra Montero “siempre que la han atacado desde el Patriarcado”. “Lo seguiré haciendo, no por ella sino por mí y por mis hijas y por las hijas de todas”.

¿Qué es hoy Podemos o, más exactamente, Unidas Podemos? ¿En qué se ha convertido? ¿Es un partido más, al uso? ¿Es una fuerza centralista? ¿Cómo afronta las próximas elecciones catalanas después del fiasco en Galicia, de un resultado irregular en Euskadi y del último episodio de guerra, conflicto y división que se vive en los distintos territorios de España, como el caso que se está viviendo actualmente en Andalucía?

Dina Bousselham, Pablo Iglesias, Tsipras y Teresa Rodríguez. Eran otros tiempos …

Podemos tiene hoy cinco ministros en el Gobierno de España. Suma 35 escaños en el Congreso de los Diputados elegidos por casi cuatro millones de votantes en las últimas elecciones generales. Su líder, Pablo Iglesias, es un vicepresidente que ejerce, con mando en plaza, en un Ejecutivo de coalición – el primero en la etapa que inauguró la Constitución de 1978 – con el PSOE. Dicho así, todo parece indicar que todo está en orden dentro de aquella formación que, impulsada por los deseos de reforma y revolución que habían surgido del 15-M ante un clima político irrespirable, irrumpió, con un resultado sorprendente, por inesperado, en las elecciones europeas de 2014 y, después, por los pelos, casi logra, al año siguiente, algo impensable hasta entonces, disputarle al PSOE la hegemonía de la izquierda en unas elecciones generales, donde solo faltaron 300.000 votos para lograrlo.

En el trayecto, llegaron envueltas en una ola de ilusión las alcaldesas y alcaldes que se llamaron “del cambio”: Manuela Carmena en Madrid, Ada Colau en Barcelona, José María González “Kichi” en Cádiz, Xulio Ferreiro en La Coruña, Joan Ribó en Valencia, Pedro Santisteve en Zaragoza…

En efecto, los recientes acontecimientos producidos en la comunidad andaluza con la expulsión de los diputados de “Adelante Andalucía”, encabezada por la trotskista Teresa Rodríguez, corroboran lo expuesto de que la guerra abierta en Podemos se sigue librando en el día a día de manera encarnizada, hasta el extremo de que la batalla por el control de los fondos procedentes del Parlamento de Andalucía entre las distintas facciones de la secta, está adquiriendo tintes verdaderamente grotescos que condenan a la total irrelevancia al proyecto que un día creara la propia Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, de Izquierda Unida, como alternativa por la izquierda al PSOE de Susana Díaz, entonces hegemónico en Andalucía. Porque ése era precisamente uno de los consensos instituidos en esa confluencia de partidos: su determinación de no convertirse en «el bastón de la vejez» de un partido corrupto y caciquil como era el PSOE andaluz.

Tanto para Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, el susanismo no era otra cosa que la «versión burocratizada del PSOE de la corrupción» y sus dirigentes «los niños probetas del socialismo andaluz», esa generación que se crio en las sedes del partido, sin ninguna cultura de lucha obrera.

Es verdad que aquella coalición había nacido en las vísperas de las elecciones autonómicas de diciembre de 2018 con el objetivo de lograr el sorpasso en la izquierda., pero no es menos cierto que lo que no esperaban sus promotores era que Susana Díaz se dejara arrebatar las llaves del Palacio de San Telmo por una confluencia bien diferente, constituida por el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox.

Con el cambio de gobierno, el discurso antisusanista no solo se quedó antiguo, sino que empezó a ser un serio obstáculo para hacer frente por la izquierda al nuevo poder institucional de la “derecha tripartita”. Ahí comenzó el distanciamiento de IU, que fue ya definitivo tras la dimisión de Antonio Maíllo, y la huida hacia adelante de Teresa Rodríguez que, ante la pérdida de la confianza entre los socios de coalición, comenzaría a maniobrar con el objetivo de tomar el control de una organización por la vía de ampliar, en contra de la voluntad de los socios, el peso de las participaciones en la sociedad que se pretende acaparar.

Para ello Teresa Rodríguez rompía amarras con Podemos, convirtiendo en un nuevo partido a lo que venía siendo un movimiento de “Anticapitalistas Andalucía” lo que pensaba le iba a conceder un peso mayor en la organización, tratando de relegar a un papel testimonial a IU o Podemos, lo que obligó a Izquierda Unida a pasar al ataque con un golpe brutal a Teresa Rodríguez, consiguiendo desactivar, aunque momentáneamente, la hoja de ruta con la que la dirigente gaditana se había garantizado mantener inmóvil el timón y el discurso de la coalición.

Una cronología de los hechos nos dice que “Adelante Andalucía” quedaba inscrita en octubre de 2018 como una coalición de partidos formada por Podemos, Izquierda Unida, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista. Inicialmente también se sumó Equo, pero se retiró del proyecto tras los primeros desencuentros, obteniendo en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018 el número de 17 diputados – 11 de Podemos y 6 de IU – perdiendo tres diputados con respecto a lo que IU y Podemos habían obtenido por separado en las elecciones de 2015.

Con un escenario de enfrentamientos en el seno de la coalición se produjo la dimisión de Antonio Maíllo en junio de 2019, que abandona la política para volver a su plaza de profesor de latín en la localidad onubense de Aracena, siendo relevado por Toni Valero, que ya no tiene la misma sintonía personal con Teresa Rodríguez ni comparte con ella estrategias ni objetivos, dando lugar a todo tipo de desencuentros entre ambos.

“En política y en la vida los caminos a veces se separan. Gracias Teresa y gracias a tu gente por vuestra lealtad. Gracias por ayudarnos a hacer esto con madurez. Este adiós es un hasta luego. Desde espacios diferentes nos encontraremos defendiendo la justicia social. Suerte (Pablo Iglesias, 12 de febrero de 2020)

Así llegamos a diciembre de 2019, cuando Pablo Iglesias y Pedro Sánchez pactan un gobierno de coalición, y Teresa Rodríguez hace público su desacuerdo con que Podemos forme gobierno con el PSOE, pero la dirección nacional convoca un referéndum interno, de los que nos tienen acostumbrados, y la militancia andaluza aprueba el pacto por mayoría. El pacto de coalición para el Gobierno de España entre el PSOE y Unidas Podemos acabaría provocando la ruptura total entre los morados en Madrid y su vertiente de anticapitalistas en Andalucía. Teresa Rodríguez inscribe “Adelante Andalucía” en el registro de partidos. Sus socios de IU consienten, pero luego explicarán que han sido engañados porque el registro muestra un desequilibrio (tres representantes de Anticapitalistas frente a uno de IU) entre los socios fundadores de la nueva organización.

Así se llega al mes de febrero de 2020 cuando Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias anuncian su divorcio «amistoso», de tal manera que Teresa se compromete a no volver a presentarse a la reelección como coordinadora en Andalucía de Podemos, pero, aunque no descarta concurrir en futuras elecciones con otro partido, no deja claro cómo ni cuándo abandonará la militancia. De hecho, sigue siendo secretaria general en Andalucía hasta que se produzca el relevo. En paralelo, Anticapitalistas, la corriente a la que pertenece Teresa Rodríguez, abandona definitivamente Podemos.

Teresa Rodríguez decide incorporar en mayo de 2020 a la corriente Anticapitalistas dentro de la coalición “Adelante Andalucía” en igualdad de condiciones que los socios fundadores, mostrando por parte de los dirigentes de IU su estupor por la jugada, ya que se ha admitido a un nuevo socio sin reunión ni orden del día ni votación. En aquellos momentos la coalición “Adelante Andalucía” ni siquiera tiene una estructura organizativa ni estatutos, con lo que Teresa Rodríguez podrá manejar la organización a su conveniencia. «Nos han robado el partido», afirman después en IU, que ven a Anticapitalistas como el caballo de Troya que, desde dentro, permitirá a Teresa Rodríguez prescindir de Podemos y de IU en la toma de decisiones, de tal manera que, en el futuro, cuando ya no lleve las riendas de Podemos, seguirá teniendo mayoría pues serán tres socios (Anticapitalistas más los dos partidos andalucistas) frente a dos (IU y Podemos).

Pero el problema fundamental se produce en agosto de 2020 cundo Teresa Rodríguez deja sin apoderados a IU en la cuenta corriente de la Caja de Ingenieros donde se reciben los fondos para la financiación de los gastos de funcionamiento del grupo parlamentario. Posteriormente, ya en septiembre, da orden al Parlamento para que ese dinero se ingrese en otra cuenta a la que tampoco tienen acceso los diputados de IU. A la vez que Anticapitalistas es acusada por IU de acaparar las redes sociales de la coalición, a cuyos perfiles ya no tienen acceso los diputados y asesores.

En octubre de 2020, Izquierda Unida de Andalucía presenta un escrito ante la Mesa del Parlamento andaluz señalando como tránsfugas a Teresa Rodríguez y otros siete diputados afines, el cual es admitido por la mesa, con los votos favorables del PP, Ciudadanos y Vox, resolviendo el pase de los afectados al grupo de no adscritos en el Parlamento, reclamando IU que se le permita mantener la asignación completa del grupo parlamentario pese a que ha perdido ocho diputados. De esta manera, IU y Podemos recuperan las riendas del grupo parlamentario a la vez que estudian si pleitear también por la marca electoral. Paralelamente, Teresa Rodríguez presenta un recurso contra la decisión de la Mesa y anuncia que llevará el caso ante el Tribunal Constitucional si el Parlamento no da marcha atrás. El grupo de no adscritos, donde ya hay una ex diputada de Vox, no tiene derecho ni a asignación presupuestaria para su funcionamiento ni a participar en muchas iniciativas parlamentarias.

En este mismo contexto es donde asistimos al espectáculo grotesco entre Teresa Rodríguez y la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando ésta la espetó que en “política no se para” refiriéndose al periodo maternal de Teresa Rodríguez durante su embarazo.

A nadie se le oculta que la crudeza con la que la ministra de Igualdad justificó públicamente la expulsión de Teresa Rodríguez de Podemos estando embarazada trasgrede la más elemental coherencia feminista, pero lo más grave, que detrás de la pugna ideológica están los casi 1,7 millones de euros de asignación del grupo parlamentario de “Adelante Andalucía” por parte del Parlamento andaluz. ¿ya no quedan ideales en Podemos? ¿Qué queda de aquella ola feminista de la que también se había apropiado Podemos para afianzar su poder?

Desgraciadamente, a juzgar por los hechos, queda claro que se trataba de un ingrediente más de su populismo. Sigo pensando que la única manera de sostener el feminismo es dando ejemplo, y expulsar a una mujer mientras está de permiso por maternidad para ajustar cuentas y solventar un conflicto intestino con dinero de por medio destruye cualquier credibilidad feminista de la ministra de Igualdad por obra y gracia del vicepresidente Pablo Iglesias, pudiendo afirmar que, en Podemos, también el feminismo tenía un precio.

Teresa Rodríguez (Rota, 1981) es el alma irreverente de la izquierda a la izquierda del PSOE. Desde muy joven peleó contra la presencia de los soldados estadounidenses en el seno del movimiento que busca el cierre de la fortaleza yanqui a orillas del Estrecho. La anticapitalista, procedente de las Juventudes Comunistas y exmilitante de IU hasta que dio el portazo para crear “Espacio Alternativo”, el embrión de Anticapitalistas, ya ha anunciado que recurrirá la decisión de la Cámara, que ha salido adelante con los votos del PSOE-A, Ciudadanos y Vox, y la abstención del PP-A.

Al final, la exmilitante de IU, Teresa Rodríguez, y otros ocho diputados del grupo “Adelante Andalucía” serían expulsados el miércoles, 18 de noviembre de 2010, del grupo tras la reunión de la Mesa del Parlamento andaluz. Una propuesta de expulsión de estos diputados, que pasarán a ser considerados no adscritos, habiendo contado con el apoyo de los dos representantes del PSOE en la Mesa, los dos de Ciudadanos – que han resultado decisivos en su cambio de criterio – y el de Vox, mientras que los dos miembros del PP se abstenían.

No obstante, aunque esperan que prospere el recurso de amparo al Tribunal Constitucional que interpondrán, la representante de “Adelante Andalucía” en la Mesa del Parlamento, Maribel Mora, después de valorar la expulsión en términos de “escándalo sin precedentes en la historia del parlamentarismo andaluz”, manifestaba su convicción de que se va a estimar la petición de los expulsados, y que “serán reincorporados con todos sus derechos, que hoy se les han robado sin criterios técnicos”.

Además de Rodríguez, los otros siete diputados a los que se pide expulsar del grupo de Adelante son: los portavoces adjuntos Ángela Aguilera y José Ignacio García, así como los parlamentarios Luz Marina Dorado, María Vanessa García, María Gracia González, Nacho Molina y Diego Crespo.

La cruda realidad de los hechos relatados nos revela que aquella ola enorme, levantada por la mar de fondo del descontento y de la desilusión con el proyecto surgido de la Constitución posfranquista – lo que se dio en llamar el “régimen del 78” – y los vientos de esperanza que se originaron en las plazas de todo el país, estallando con fuerza en las elecciones generales, municipales y autonómicas de 2015 y 2016, se ha transformado hoy en una fuerza más, perfectamente encajable dentro del  neoliberalismo.  

Podemos y sus confluencias no han logrado mejorar su resultado de abril y pasa de los 42 escaños de abril a los 35 escaños. Pasan a ser cuarta fuerza política, superada por Vox en 18 escaños. El resultado no ha gustado a Pablo Iglesias, que echa en cara a Sánchez haber convocado unas elecciones que “han servido para que la derecha se refuerce y para que tengamos una extrema derecha de las más poderosas y fuertes de Europa”.

El análisis de los resultados electorales viene mostrando muy claramente que el proyecto ha perdido fuerza, sobre todo si se atiende a las municipales – con la pérdida de varias alcaldías muy relevantes, como Madrid, La Coruña, Zaragoza… – y a los últimos resultados en los comicios autonómicos en la práctica totalidad de las comunidades autonómicas. En las generales, aunque está en el Gobierno, Podemos se ha dejado en la gatera casi dos millones de votos en todo el país, desde que obtuvo hace un lustro su pico electoral, superando los cinco millones de sufragios.

Pablo Iglesias con su aparato en la noche electoral del 12 de noviembre de 2019.

Lo que ha quedado muy claro es que, por un lado, la organización, después de pasar de las calles a las instituciones, anda en la tarea de crear un músculo propio en los territorios, en un entorno complicado por las guerras internas entre sus miembros organizados en “capillitas”, y, por el otro, dependiendo en gran medida de los aciertos de Pablo Iglesias y sus ministros y ministras en el Gobierno y a la capacidad que tenga Unidas Podemos de rentabilizarlos.

Es decir, Podemos ha pasado de canalizar un descontento social a estar menos abierto hacia lo que hay afuera, debido, sobre todo, al desgaste de muchas energías en los conflictos internos que ha llevado a una desmovilización social. Se ha olvidado la calle, salvo en alguna que otra movilización esporádica, pero no cuentan con el respaldo mayoritario de una movilización que les permita salir de ese aparente ensimismamiento que ejerce de lastre. Todo eso, combinado con que se está en el Gobierno, ha producido un vaciamiento, hasta el extremo de que supone un auténtico milagro encontrarse con algún círculo en funcionamiento, de aquellos cientos de ellos que se habían creado de una manera tan entusiasta. Sucede entonces que Podemos no tiene ninguna implantación territorial. No tienes gente en la mayoría de las localidades y la poca que tiene se encuentra ocupando cargos en los gobiernos central, autonómicos y municipales.

Uno de los problemas fundacionales de Podemos fue que, inicialmente, la visión era a muy corto plazo. La previsión era llegar al poder rápidamente. Por un lado, estaba eso que Errejón llamó núcleo irradiador y por otro, las asambleas. Eran dos cabezas descompensadas. El análisis era ocupar las instituciones y se dio mucha prioridad a Iglesias – ahí está la cara de Pablo en las papeletas electorales – y se abandonaron los círculos, los movimientos que había en cada territorio, y eso es lo que ahora se está pagando.

Errejón rodead0 de componentes de su nueva “capillita de Más País” escindida de Podemos presentando su estrepitosa derrota, el 12 de noviembre de 2019.

Como es conocido, Podemos no se había presentado como tal a las primeras municipales – las de 2015 – y eso dio alas a la parte más participativa, que fue la que se instaló en los ayuntamientos. El partido era ya un partido centralista, donde todo se decidía en el núcleo irradiador. Ha pasado el tiempo y la pelea interna real, en cierto modo, no ha sido con Errejón, sino que ha sido en todo el Estado entre el Podemos centralista y las iniciativas municipales, hasta el extremo de que Podemos se fue quedando sin bases. Podemos no tiene activistas, y eso a la larga se paga, tal y como está ocurriendo en la actualidad. Ese es el origen, y no otro, de que caiga electoralmente en todas las localidades. Se mantiene Pablo Iglesias, pero en las elecciones pequeñas se hunden. Ahí están, a modo de ejemplo, los muy recientes casos de Galicia y el País Vasco.

Por otro lado, la liquidez de la organización y la premura del tempo de los comicios confluyeron en un escenario en el que, por una parte, no hubo tiempo de formar a la militancia y de oírla y, por otra, la actividad electoral se iba comiendo el espacio de debate, y eso hizo que la gente fuese abandonando el proyecto.

Manuel Monereo, exdiputado de Podemos, un hombre de larga trayectoria en las luchas de la izquierda, asegura que para comprender bien la evolución del partido hay que entender que los fenómenos sucedidos responden a problemas “objetivos que obligaban a tomar decisiones”.

“Podemos – expone Monereo – era un movimiento – ya no lo es -muy amplio, con una enorme pluralidad ideológica y con una heterogeneidad de posiciones políticas muy grande, y un núcleo dirigente muy efectivo y también heterogéneo”.

Los conflictos internos de Podemos Cantabria e IU Cantabria han suspendido de forma indefinida las conversaciones para formar una lista conjunta con Equo Cantabria de cara a las autonómicas de 2019. En la reunión celebrada el pasado lunes, 15 de octubre, se puso ya sobre la mesa el principal escollo para alcanzar un acuerdo: el reparto de los puestos de salida de la hipotética lista.

“Surgieron diferentes posibilidades – prosigue Monereo -. Una de ellas, un partido de masas que admitiera diferentes tendencias ideológicas: todo partido de masas requiere una pluralidad que hay después que sintetizar. Una segunda opción era un partido de fracciones, donde cada sector o fracción negociaba con el otro sector cuotas de poder. Y, en tercer lugar, un partido de fracción, en el que una de las fracciones se hiciera cargo del partido y, por tanto, un partido fuertemente centralizado en torno a su Secretario General. Esas opciones eran muy difíciles de construir. La clave estaba en el equipo dirigente. El equipo dirigente se rompió. No supieron convivir en torno al liderazgo de Iglesias, que era el mayoritario. Y la respuesta fue un partido a su imagen y semejanza. Eso ha ido sucediendo”.

Guerra abierta en Podemos de Asturias para hacerse con el poder de la organización, donde concurren Pablistas, Errejonistas, Somos, antiguos Bloquistas, Vamos, Venimos y la madre que lo parió (noviembre de 2020).

Remacha Monereo su razonamiento: “Lo más paradójico es que así es como funcionan hoy los partidos. Se ha convertido en el partido más perfecto en el sistema. En la quintaesencia de un partido moderno, muy parecido a lo que es el PP y el PSOE. El líder lo es todo y el partido se articula en torno a los cargos públicos financiados por el Estado. Es un partido que ya no tiene bases militantes, que tiene cuadros profesionales articulados en torno a la financiación pública”.

Que el bloque de izquierdas se resquebraje en España no es ninguna novedad. Pero que la ruptura traumática suceda en los momentos previos a una repetición de las elecciones generales es, cuanto menos, impactante. El divorcio entre los integrantes de lo que un día fue Unidas Podemos se certifica segundo a segundo y, así, los territorios se van posicionando: los cuadros de Podemos han elegido pareja de baile en la Región de Murcia, pero la guerra ya se libra en otras 10 comunidades (Errejón y Pablo, cuando todavía eran estudiantes de la facultad de Políticas en la Complutense)

Son Aragón, Galicia, La Rioja, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. En Madrid, la fractura es total, una vez que Íñigo Errejón ya se escindió y creó Más Madrid, ahora evolucionado en Más País.La realidad es que los conflictos internos, evitables o no, que se vienen sucediendo en los territorios han tenido un alto coste. tal como ha quedado perfectamente constatado en las pasadas elecciones gallegas, en las que Podemos desapareció del Parlamento autonómico, y en las vascas, en las que se salvaron los muebles, pero en las que se pasó de ser la tercera fuerza con 157.000 votos y once escaños a 72.000 sufragios y seis diputados en el parlamento vasco.

Ocurre, lisa y llanamente, que las disputas internas siempre penalizan, y la división siempre resulta castigada, incluso más que la corrupción. Es el reto de Podemos, recuperar los círculos en cada localidad en busca de un fortalecimiento real y democrático de la organización, siempre que se esté a tiempo para ello.  Dicho de otra manera: el futuro de Unidas Podemos va a depender, fundamentalmente, de la gestión realizada como gobierno. Eso es sí o sí. Si de la gestión en el Gobierno son capaces de emitir señales de autonomía, de haber gobernado a la izquierda, de haberse diferenciado de la gestión del PSOE, es posible que pueda haber un pequeño atisbo de recuperación en el futuro. Por el contrario, si Unidas Podemos cae en el ambiente del PSOE, de continua lucha interna, donde nada aparece claro y se hacen síntesis sin mucha fuerza social, las posibilidades de recuperación quedan muy alejadas.

Si, además, se añade el trabajo diario desde todos los poderes, económicos, mediáticos y judiciales, con especial incidencia en los más conservadores del Estado, para evitar la consolidación de una organización como Podemos, el menú se amplía y completa. En ningún momento se puede olvidar el funcionamiento del poder y el establishment, y para enfrentarse al enemigo no es suficiente adjetivarse como los más izquierdistas del mundo mundial, sino, y, sobre todo, comprender como funcionan estas llamadas democracias liberales en el capitalismo – exactamente las mismas que se gritaban en las plazas del 15-M con la frase de “lo llaman democracia y no lo es”-, sabiendo, como se sabe,  que el poder real lo sigue ostentando la oligarquía financiera con sus medios de comunicación. Esto es, los mismos que tratan de neutralizar a Podemos desde todos los medios los medios de comunicación, de tal manera que, si no se es capaz de ver todo el contexto, se puede estar cometiendo el error de analizar la crisis solo como un producto de los errores, cuando la realidad es que tiene que ver con todo lo expuesto.

Estamos a 19 de setiembre de 2018, cuando el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, afirmaba en una entrevista en la Sexta que si hubiera aceptado la coalición de gobierno que proponía el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, eso le hubiera llevado “a no dormir tranquilo por la noche, como al 95% de los españoles”. “No dormiría tranquilo” si hubiese aceptado la coalición de Unidas Podemos y hubiera incluido a ministros “sin experiencia de gestión pública” en su gabinete.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha justificado este jueves su decisión de rechazar un Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos, una vez la formación morada rechazó su oferta en la investidura fallida, aún a costa de abocar al país a una repetición electoral en noviembre, al subrayar la desconfianza que le provocaba incorporar a ministros de ese partido: “Yo podría ser hoy presidente del Gobierno, pero no dormiría tranquilo por las noches”. (TVE, el 19 de setiembre de 2019)

«Yo hoy podría ser presidente del Gobierno, pero en ese Gobierno de coalición el problema sería que tendría que haber aceptado que, por ejemplo, el ministro de Hacienda, de política energética o el ministro encargado de las pensiones y la Seguridad Social fuera una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública», aseguraba Pedro Sánchez en la misma entrevista televisada.

Además, en su crítica a Podemos arremetió duramente contra la propuesta que decía le había hecho Iglesias en el mes de julio porque ello le llevaría a “dos gobiernos en uno y, de haberlo aceptado, hoy estaría en la primera crisis”, por las declaraciones de Ada Colau, la líder de En Comú, sobre lo que “ellos llaman presos políticos”.  Pero, tampoco sería este el único ataque que profirió Pedro Sánchez contra Pablo Iglesias para un hipotético acuerdo. El 18 de julio, en el mismo programa de la Sexta, el presidente del Gobierno en funciones vetaba la entrada de Iglesias en su Consejo de Ministros porque «no puedo gobernar con alguien como Iglesias que no defiende la democracia: yo necesito un vicepresidente del Gobierno que defienda la democracia española», afirmaba Pedro Sánchez en alusión a la defensa de Iglesias de los “presos políticos” en Cataluña, ahora condenados por sedición y malversación en el Tribunal Supremo.

En esta misma entrevista Pedro Sánchez vetaba a Pablo Iglesias por ser el «principal escollo» para un acuerdo entre socialistas y podemitas. «Necesitamos tener las ideas claras, necesitamos un gobierno cohesionado, ante una de las principales crisis de Estado que vamos a tener y no a un vicepresidente que lo único que haga sea mirar para otro lado», sentenciaba el líder del PSOE.

Con las elecciones legislativas del 28-A y la victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), solo una mayoría parecía posible: desde la izquierda. Con 123 escaños sobre un total de 350, el PSOE necesitaba los 42 diputados de Unidas Podemos y el apoyo de los nacionalistas vascos o catalanes, pero el presidente en funciones, Pedro Sánchez, no lograba pactar con los que había llamado durante los últimos meses “sus socios preferentes” de Unidas Podemos, quienes habían dejado claro, desde el inicio de las conversaciones, que su objetivo era entrar en el Gobierno con ministerios relevantes.

 Aquella noche electoral, decenas de militantes del PSOE gritaban ante la sede ferraziana del PSOE: «con Rivera no», mientras Pedro Sánchez salía al estrado para celebrar su victoria haciendo oídos sordos a la consigna de la militancia, ya que, después de reunirse con su núcleo duro en la planta noble de la sede, una vez revisados los resultados electorales habían llegado a la conclusión de que un acuerdo con Ciudadanos era la única fórmula de conseguir un Gobierno con estabilidad. PSOE y Ciudadanos sumaban 180 escaños, cuatro más de lo necesario para ganar todas las batallas en el Congreso, aunque el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, había basado su campaña electoral en prometer que no pactaría un gobierno con Sánchez. Por otra parte, los resultados electorales obtenidos por el PSOE y Unidas Podemos no sumaban mayoría absoluta, requiriendo para la misma de los apoyos de nacionalistas e independentistas catalanes, que en el mes de febrero habían tumbado los Presupuestos Generales del Estado abocando a elecciones. «No son de fiar, no quiero que el Gobierno dependa de ellos», había sentenciado Pedro Sánchez.

Albert Rivera ha contestado a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que «no le merece ningún respeto» un partido que ha sido capaz de negociar con los que quieren «romper» España, y ha asegurado que han sido los socialistas, y no él, quienes han roto con el constitucionalismo (La Voz de Asturias, 25 de febrero de 2019).

Tras esos comicios, Sánchez aceptó el encargo del Rey para presentarse a la investidura. «O gobierna el PSOE o gobierna el PSOE, no hay otra alternativa», dijo el 6 de junio, cuando anunció su candidatura. En esa comparecencia en Moncloa, Sánchez retiró el trato preferente a Podemos y le tendió la mano a PP y Cs para un acuerdo, a los que pidió «altura miras y enormes dosis de responsabilidad» a todos, «yo el primero». «Lo haré como lo he hecho en los últimos meses: gobernar desde los valores progresistas y con la voluntad de construir grandes consensos y dialogar con todas las fuerzas políticas dentro del marco constitucional», anunció.

El presidente en funciones había situado al mismo nivel de interlocución a PP, Ciudadanos y a Unidas Podemos, buscando un entendimiento con Rivera, la única fórmula que daría estabilidad a la legislatura. Superada una investidura gracias a un acuerdo con Podemos, que no había incluido a dirigentes morados en el Consejo de Ministros, Sánchez pretendía alcanzar grandes pactos de estado con Ciudadanos forjando una gran alianza de centro que, en el PSOE, entendían que podría interesar estratégicamente a Albert Rivera.

En su hoja de ruta, Sánchez centraría en Pablo Iglesias su negativa a pactar con Podemos un gobierno de coalición, pero Pablo Iglesias aceptó ese veto personal, y Sánchez se quedó sin coartadas. Habló con muchos dirigentes del PSOE que abogaban por cerrar el Gobierno ante la imposibilidad de pactar con Cs y se abrió a incluir a dirigentes de Podemos en el Consejo de Ministros, pero en puestos de irrelevancia en la gestión. La previsible negativa de Iglesias a esa «humillación» fue un alivio para el candidato socialista, que se vio reforzado ante los suyos en su rechazo a esa fórmula. «Ésta es mi última palabra. La oferta acaba en la investidura de julio. No habrá otra oportunidad en septiembre», advirtió a Iglesias, de tal manera que el PSOE utilizaría el mes de agosto para preparar su campaña electoral, convencido de que se repetirían los comicios.

PSOE y Ciudadanos rechazan «todo intento de convocar un referéndum» en España para «impulsar la autodeterminación de cualquier territorio» del país. Así lo aseguran en su ‘Acuerdo para un gobierno progresista reformista y de progreso’, en el que dejan claro también su «permanente e inequívoco compromiso» con «la unidad e integridad de España y la defensa del orden constitucional». Este compromiso forma parte del acuerdo firmado entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para facilitar la investidura del líder de los socialistas como presidente del Gobierno (Congreso de los Diputados, el 24 de febrero de 2016).

Transcurridos casi cinco meses de negociaciones, el 17 de septiembre por la noche el rey Felipe VI sentenciaba lo que muchos intuían desde hacía semanas en España: “no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados le otorgue su confianza”. O, dicho de otro modo, el único candidato que podía aspirar a formar gobierno – el candidato del PSOE y presidente en funciones Pedro Sánchez – no consiguió pactar para formar un gobierno estable.

Es decir, se puede afirmar que hubo un antes sí. Un antes en el que Pedro Sánchez pudo haber sido presidente del Gobierno en un Congreso con la ultraderecha ya dentro, sí, pero con una escasa representación. Antes sí. Ahora no. Tras una moción de censura higiénica en la democracia española, pudo haber un gobierno de coalición con Unidas Podemos clave para frenar a la ultraderecha, que antes, al fin y al cabo, no logró sus expectativas. Ahora sí. Con 52 diputados, 28 más que el 28-A, Vox se había erigido como tercera fuerza política en España. Antes, con los resultados del 28-A, la izquierda podría haber logrado el desbloqueo haciendo política. Ahora, con los resultados del 10-N, veremos si se puede o cómo se puede.

Sin embargo, el gran perdedor de esta cita electoral ha sido, sin duda, Ciudadanos, que se ha descalabrado: de 57 escaños a 10. El partido de Albert Rivera, que no quiso negociar con el PSOE para formar gobierno, se ha desinflado sin lograr su objetivo: dar el sorpasso al PP. Incluso ERC, con 13 escaños, lo ha superado.

En efecto, el PSOE de Pedro Sánchez había vuelto a ganar las elecciones, pero sin lograr su objetivo, obteniendo 120 escaños – tres menos que el 28-A – los cuales resultaban del todo insuficientes para gobernar como indicaba su lema de “Ahora sí”, además de perder la mayoría absoluta en el Senado. «Me gustaría hacer una llamada a todos los partidos políticos porque tienen que actuar con generosidad para desbloquear la situación política en España para que haya un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. Nosotros actuaremos con generosidad y responsabilidad».

La repetición de elecciones, impensable en abril una vez conocidos los resultados – las izquierdas podían formar gobierno y las derechas se habían dado con un canto en los dientes -, no solo no había mejorado la situación a la hora de la gobernabilidad – las derechas tampoco sumaban con Vox – sino que daban un balón de oxígeno al PP a la vez que aupaban a la ultraderecha

Estas elecciones han servido para que la derecha se refuerce y para que tengamos una extrema derecha de las más fuertes de Europa. Se duerme peor con más de 50 diputados de la extrema derecha que con ministros y ministras de Unidas Podemos” (Pablo Iglesias, 10 de noviembre de 2019)

El PP de Pablo Casado, en segunda posición, había mejorado sus resultados con 88 diputados frente a los 66 del pasado abril, los peores de su historia. Por detrás de Vox, en cuarta posición, se mantenía Unidas Podemos, que empeoraba sus resultados: siete escaños menos que el 28-A, pasando de los 42 que tenía a los 35. «Se duerme peor con la extrema derecha que con ministros y ministras de Unidas Podemos», afirmaba Pablo Iglesias.

De repente, como si nada hubiese pasado, ahora tocaba correr un tupido velo, y los resultados del 10-N obligaban a pegar un auténtico volantazo, donde el PSOE cedía a la formación de un gobierno multicolor con Unidas Podemos, citando a Pablo Iglesias el mismo lunes por la tarde en La Moncloa, donde mantuvieron una reunión discretísima para fijar el inicio de una negociación «sin líneas rojas», de tal manera que el reparto de competencias y la redacción de contenidos arrancarían desde cero sin condiciones previas. Es decir, lo que en abril había sido una oportunidad histórica se había convertido en una necesidad histórica.

A la salida de la reunión en La Moncloa, desde el mismo coche que llevaba a Pablo Iglesias, este llamaba inmediatamente a su compañera Irene Montero para comunicarle las conclusiones de la reunión mantenida en el Palacio de la Moncloa a la vez que le trasladaba que debía de preparar un borrador de pacto de Gobierno con Adriana Lastra, basado en un acuerdo previo, con puntos básicos, materias basadas en los programas de cada partido, dejándole muy claro a Irene Montero la necesidad de mantener la máxima discreción, aunque habrá que comunicárselo al círculo de confianza de la formación y sus confluencias. Todo se hace rápidamente, de tal manera que lo que no había salido adelante durante años, ahora parecía como si se tratase de la última vuelta al circuito para ganar el mundial de la fórmula 1. Pedro y Pablo o Pablo y Pedro habían coincidido en que el texto tenía que estar preparado, como tarde, a la mañana del día siguiente y que no fuera extenso. Como mucho, un folio o un folio y pico, con predominio de materias sociales, laborales y económicas. Debía de ser una declaración de intenciones claramente progresista, de izquierda, mostrando, a la vez, que se respeta el marco legal y jurídico.

Mientras esto sucede, Pablo Iglesias convocaba telefónicamente a su círculo de confianza para mantener una reunión en su chalé de Galapagar – Pablo Echenique, Juanma del Olmo, Jone Belarra, Noelia Vera y Rafa Mayoral – a la vez que avisaba telefónicamente a las confluencias para informarles de que ha habido una reunión que ha ido bien, pero diciéndoles que se trata de un preacuerdo y requiere máxima discreción. Allí, en la reunión de Galapagar, Pablo Iglesias informa a sus invitados de que hay acuerdo con Pedro Sánchez para entrar en el Gobierno, produciéndose una mezcla de alegría y escepticismo de que pudiera ir en serio y saliera adelante, teniendo en cuenta los precedentes, aunque en esta ocasión existe un documento programático de acuerdo que deben de redactar, publicar y firmar juntos ambos partidos. Se trataba de un proyecto previo de coalición de Gobierno en toda regla que, si bien no se trataba de alcanzar los cielos, sí servía para ir pisando las moquetas del palacio.  

De esa manera, se llega al día siguiente, martes, 12 de noviembre, sin que los medios de comunicación se hubieran percatado todavía de la reunión entre Pedro y Pablo. Tanto tiempo aireando a través de los medios de comunicación las disputas entre ambas organizaciones, pero en esta ocasión el texto del acuerdo había avanzado sin ninguna filtración que pudiera haberlo distorsionado. Ese mismo día quedaba reservada por el Gobierno una sala del Congreso de los Diputados, ocasionando los típicos rumores entre los periodistas que su preguntan por lo que iban a presentar, quedando disipadas todas las preguntas cuando, por fin, Pedro y Pablo se funden en un abrazo después de firmado su acuerdo de Gobierno.

Tras el recuento electoral, socialistas y morados actuaron con rapidez: las urnas no les habían sido beneficiosas, la derecha se había reforzado y la extrema derecha doblaba su representación, mientras Ciudadanos saltaba en mil pedazos. ¿Solución? Acuerdo relámpago PSOE-UP, reculando lo que hubiese que recular. El abrazo de Sánchez e Iglesias sella ante las cámaras un pacto de necesidad. Unas nuevas elecciones no garantizarían mayores respaldos, así que Pedro y Pablo hicieron realidad aquello de si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él (Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2019)

“Hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un Gobierno de coalición progresista, que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos, que trabaje con diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Agradezco a Sánchez su generosidad y disposición para construir un Gobierno con nosotros. Hay que dejar atrás cualquier reproche y trabajar, codo con codo, en esta tarea histórica e ilusionante. Para nosotros, es un verdadero honor intentar mejorar la vida de nuestros compatriotas, pudiendo empezar a cumplir el objetivo para el que nacimos. Pedro sabe que puede contar con nuestra lealtad y que daremos lo mejor de nosotros mismos. Agradezco, por último, a la sociedad civil y a los colectivos sociales su trabajo en favor de la justicia social”.

A continuación toma la palabra Pedro Sánchez, en un discurso preparado por su equipo de asesores que pase página a varios años de reproches con Podemos, que haga olvidar el mal cálculo electoral, que tienda la mano al resto de partidos que necesita para ser presidente y que dé un aire de normalidad a la primera coalición de Gobierno, con la entrada de Unidas Podemos en el Ejecutivo y con Pablo Iglesias como vicepresidente: “Los españoles han hablado y nos corresponde a los dirigentes políticos traducir su voluntad y superar el bloqueo sufrido por España en estos últimos tiempos. Saben que este acuerdo no fue posible tras las anteriores elecciones, aunque estuvimos muy cerca de lograrlo. Somos conscientes de la decepción que supuso entre los votantes progresistas y aquellos ciudadanos que querían un gobierno y superar el bloqueo. En todo caso, el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier desencuentro de los últimos meses. Ya dije el domingo que el compromiso del PSOE es lograr un gobierno progresista sí o sí “.

Hay instantes que pueden cambiarlo todo. Momentos que son iconos. La firma del pacto entre Pedro y Pablo resultaba, no obstante, bastante fría, sería, contenida. Como si todavía revolotearan en aquella sala del Congreso de los Diputados los reproches de “la casta”, “la cal viva” o “la sonrisa del destino”. El “populismo”, “el no defienden la democracia” y “el no podría dormir tranquilo”. Hasta que, de repente, los electores y las necesidades que se convierten en virtud llevan a estos dos hombres a fundirse en un abrazo después de firmar el pacto de Gobierno, cuyos ejes prioritarios de actuación del Gobierno progresista de coalición se centrarán en dar respuesta a los principales retos que tiene ante sí la sociedad española en su conjunto a través de un decálogo que se reproduce a continuación:

Este documento desarrolla el contenido programático del preacuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para conformar un Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa, tal y como los ciudadanos y ciudadanas han decidido en las urnas. Ambas formaciones comparten la importancia de asumir el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de acción del Gobierno, de acuerdo con lo que representa la mejor tradición europea.

1.- Consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad.

 2.- Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción. Proteger los servicios públicos, especialmente la educación -incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años-, la sanidad pública y la atención a la dependencia. Blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida. La vivienda como derecho y no como mera mercancía. Apostar por la ciencia como motor de innovación económica y dignificar las condiciones de trabajo del sector. Recuperar talento emigrado. Controlar la extensión de las casas de apuestas.

3.- Lucha contra el cambio climático: la transición ecológica justa, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales.

 4.- Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los/as autónomos/as. Impulsar la reindustrialización y el sector primario. Facilitar desde la Administración las bases para la creación de riqueza, bienestar y empleo, así como el impulso digital.

 5.- Aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad.

 6.- Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector. Fomentar el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida.

 7.- Políticas feministas: garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una Ley de igualdad laboral.

 8.- Revertir la despoblación: apoyo decidido a la llamada España vaciada.

 9.- Garantizar la convivencia en Cataluña: el Gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles.

 10.- Justicia fiscal y equilibrio presupuestario. La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero. El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa, gracias a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales.

En este escenario, se llega al 7 de enero de 2020 que quedará marcado en los libros como el día en el que España logra por primera vez en su reciente historia democrática un gobierno de coalición. Con la investidura de Pedro Sánchez como presidente sale adelante un gobierno de coalición progresista, como lo han bautizado sus creadores, PSOE y Unidas Podemos, que para ser alumbrado ha necesitado de una repetición electoral, la superación de la desconfianza mutua de sus artífices y la construcción de un complejo acuerdo de gobernabilidad con otras formaciones soberanistas y regionalistas.

Tras una dura sesión de investidura, al igual que ya vimos durante el pasado fin de semana, el Congreso de los Diputados ha elegido presidente del Gobierno al candidato socialista, Pedro Sánchez. La votación de investidura ha salido tal y como se esperaba y el candidato del Partido Socialista ha sido elegido presidente con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. PSOE, Unidas Podemos, PNV, BNG, Nueva Canarias, Más País, Compromís y Teruel Existe han votado a favor, mientras que PP, Vox, Ciudadanos, Coalición Canaria, PRC, CUP, Navarra Suma y Foro Asturias han votado en contra. ERC y EH Bildu han votado abstención ( Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2020)

Así, el Gobierno que Pedro Sánchez rechazó en julio y abocó al fracaso de su investidura y con el que dijo que “no dormiría tranquilo por las noches” antes del bis electoral de noviembre, sale ahora adelante, con él de presidente y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como uno de sus vicepresidentes, si bien es verdad que la alianza de socialistas y morados viene armada con menos escaños – 155 frente a 165 tras las elecciones de abril – y menos votos en las urnas – 9,85 millones frente 11,2 – de los que ambos tenían cinco meses atrás.

España se suma así a una fórmula corriente en numerosos países europeos, donde las coaliciones son habituales, y que hasta el momento era práctica normalizada en ejecutivos plurales en comunidades autónomas y ayuntamientos.

Desigualdad, frustración y descontento. Ralentización económica y guerra comercial con un corolario inquietante: quien controle los datos, como antaño se dominaban los territorios y los mares, será el dueño del mundo. Pestes medievales como el coronavirus. Hasta los poderosos de la tierra, reunidos en Davos, suscriben la receta: la necesidad de profundas reformas en el sistema para preservar un capitalismo sostenible.

El gobierno de España nos ha vuelto a conmocionar con otra declaración de alarma después de haber transcurrido más de seis meses de la anterior sin presentar en las Cortes iniciativa alguna para aprobar un marco legislativo adecuado. Es verdad que un terremoto nos puede hacer temblar una vez, pero no es menos cierto que, a partir de los destrozos ocasionados por el mismo, hay que comenzar a fortalecer las construcciones, cuestión que no se ha hecho, a la vista de la cruda realidad que volvemos a vivir. Todo había sucedido de una manera muy rápida. De la noche a la mañana un virus había comenzado atacando la salud, para seguir con la economía y, finalmente, con el armazón político y nuestra manera de organizarnos en la sociedad. Era una situación extraordinaria, absolutamente nueva y desconcertante que noqueó a casi 8.000 millones de personas, que comenzamos a vivir pendientes de algo tan invisible como mortal, donde los medios de comunicación sustituyeron el miedo por el análisis y la investigación.

Antes de nada, quiero decir que no soy epidemiólogo, ni virólogo, ni mucho menos me considero un conspiranoico, entre otras cuestiones porque aún me funciona la cabeza moderadamente bien, y porque nunca entendí los procesos históricos como explicados por una sucesión de conspiraciones sino marcados siempre por la lucha de clases dentro de un formación económica y social dada, siendo muy consciente del funcionamiento de la economía bajo el capitalismo, rigiéndose en todo momento por la máxima de la rentabilidad, donde el gasto social nunca es rentable, dejando muy claro que los gobiernos que ocupan las poltronas ministeriales no son más que títeres de un guiñol.

A  lo largo de mi trayectoria sindical y política si algo he aprendido es que detrás de lo que vemos en la pantalla existe otro mundo, también real, pero oculto, con sus propios intereses y sus maneras de presionar a los gobernantes y a los ciudadanos para lograr sus propósitos, un mundo real e invisible formado por una psique distinta a la del resto de los mortales, que colaboran entre sí para hacerse cada vez más poderosos, poniendo siempre por delante su arma principal de la mentira.

Pues bien, a raíz de nuestro arresto domiciliario producido como consecuencia del estado de alarma decretado con fecha 14 de marzo de 2020 por el gobierno español, tuve ocasión de tener en mis manos la revista The Economist – propiedad de las élites financieras que dominan el mundo -, con una inquietante portada en la que aparecía una mano gigante sujetando con una correa un pequeño hombre, como si fuera sacado  a pasear y a hacer sus necesidades, exactamente lo mismo que él hace con el perro que sostiene de su correa. Sobre las cabezas de ambos, un contundente titular: “Every – thing’s under control” (“Todo está bajo control”), al que le sigue el no menos sugerente subtítulo Big government, liberty and the virus (“El gran gobierno, la libertad y el virus”). ¿Qué significa una portada como la descrita, nos preguntaremos? ¿Qué nos quieren decir los “amos” del mundo con ese escalofriante “todo está bajo control”? Desde luego, no hay que ser demasiado listos para darse cuenta de que los que estamos “bajo control” somos todos nosotros, riéndose en nuestras propias caras mientras nos siguen matando y enfermando a la espera de otra visita del bicho, si es que este se acaba marchando.

De esa manera, estamos viendo cómo las promesas electoreras que hicieron los gobiernos progreliberales de España, Italia o Portugal de solidaridad europea para la reconstrucción tras la pandemia se tornan lanzas contra las clases trabajadoras de estos países, en forma de nuevos recortes sociales y privatizaciones de servicios, y cómo sus economías quedan convertidas definitivamente en las de hacer de criados empobrecidos y endeudados del IV Reich bajo bandera pirata de la Unión Europea. Es verdad que la propaganda oficial tiene mucha fuerza, sobre todo cuando desde el Gobierno español se pretende vender como un triunfo lo que en realidad fue un fracaso como, de hecho está sucediendo con el cacareado dinero de Europa, pero no es menos cierto que la cruda realidad de la batalla que enfrentó en aquel Consejo Europeo a unos países contra otros fueron los llamados “frugales” los que se llevaron el gato al agua, concediendo el mínimo para que el invento continuase vivo y funcionando, pero dejando a los países del sur casi moribundos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido entre aplausos por los ministros a su llegada al Palacio de la Moncloa tras volver de Bruselas, donde el Consejo Europeo ha alcanzado un acuerdo para construir un fondo de recuperación que ayude a los países a sobreponerse de la crisis del coronavirus (21 de julio de 2020)

El presidente del Gobierno ha permanecido durante cuatro días en la capital belga para alcanzar un pacto que finalmente ha llegado en la madrugada del martes, 21 de julio. Y veremos, una vez más, como tantas veces ocurrió a lo largo de la historia, como la llamada izquierda juega el papel de quinta columna contra la clase trabajadora, y el fascismo da un salto de gigante desde una plataforma ya muy sólida hacia la conquista de los bastiones definitivos de la gobernabilidad europea. Y seguiremos viendo cómo quienes dan el golpe de gracia a la razón política hacen compatibles programas descarnadamente capitalistas y antisociales, revestidos en ocasiones de asistencialismo social, con la represión política más brutal contra la clase trabajadora y las libertades políticas.

Conozco a gente desesperada que llevan siete meses esperando el Ingreso Mínimo Vital, una fórmula de asistencia laica del Estado que les ha excluido de los derechos ligados al trabajo porque, para el capital y sus esbirros políticos, la clase trabajadora no es más que un dato estadístico, formado por individuos a los que tratan como carne de cañón. Todas las invocaciones  con apariencia humanitaria que hacen unos y otros respecto a los más débiles ante el tsunami de la pandemia y sus efectos económicos, así como las supuestas medidas paliativas tomadas, no son más que propaganda que no se concreta en otra cosa que tirar balones hacia adelante, intentando que el sistema capitalista salga de ésta lo menos damnificado, mientras confían en nuestra capacidad de resignación y aguante ante las consecuencias de sus dos crisis, la del bicho y la acumulada, tras la anterior, y consecuencia de una economía zombi tras la eclosión de la pandemia.

Todos los días vemos las colas del hambre ante los organismos correspondientes habilitados en cada rincón del país, cuando no rebuscando por los contenedores de la basura, sustituidos ahora por las colas de los receptores de los ingresos de los ERTE (muchos de los cuales acabarán en despidos) ante los bancos, que tampoco es que cobren unos estipendios precisamente jugosos. Un cambio de protagonistas en las filas que se debe a que el final del Estado de Alarma permitió “respirar” a quienes deben buscarse la vida dentro de la economía sumergida, ahora con menos ingresos aún que en el pasado porque la demanda laboral de empresarios, negocios variopintos – legales e ilegales -, que aprovechan su necesidad de trabajo es menor, dada la situación económica y la situación ventajosa de la patronal, que ahora puede pedir más por menos ¿Quién dijo que el capitalismo era un fracaso?

El estigma social en cualquiera de esas colas es evidente porque te señala, lo mismo que la tarjeta para familias vulnerables, creada a partir de la pandemia en Madrid, para comprar alimentos y productos de higiene, un chivato público de la condición de pobre cuando tengas que mostrarla en la caja del supermercado.

La pandemia se ha convertido en un arma arrojadiza. “El objetivo de los partidos políticos debe ser salvar a la gente”. A pesar de la dura advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estos días algunos países libran dos batallas: la lucha contra el virus y la de los políticos.

Como continuación a mi artículo publicado en La Nueva España el reciente 5 de diciembre,  el otro día, un amigo me comentaba que, “los trabajadores y pensionistas les importamos una mierda a los políticos, porque estos solo son un apéndice del sistema capitalista, y lo único que quieren de nosotros es seguir explotándonos y que los pensionistas se vayan muriendo cuanto antes, para alcanzar mayores beneficios”. Que duda cabe, mi amigo comprendía muy bien el concepto de explotación y de la lucha de clases.

A partir de ahí, tanto desde el gobierno como desde la oposición podrán seguir jugando al enfrentamiento diario a través del insulto  como bandera, desdiciendo una supuesta “unidad nacional” ante el desastre, tratando de sumar fuerzas y razones a cada lado de sus supuestas trincheras, pensando exclusivamente en la rentabilidad electoral, pero lo cierto es que toman como rehenes a la clase que soporta todas sus inacciones y actuaciones que nos protejan ante el crecimiento del desempleo, la pobreza y la desesperación individual y social: la clase trabajadora y los pensionistas.

Hay quien pretende que la inacción del gobierno español durante el Estado de Alarma, agravada por llegar muy tardíamente a “coger el bicho por los cuernos”, debido a que, según el propio director del CCAES, Fernando Simón, en España apenas íbamos a llegar a dos o tres casos  – al día de hoy llevamos más de 60.000 muertos y millón y medio de infectados -, era un modo de demostrar que la dirección del Estado contra “el bicho” era eficaz y que los que tanto le criticaban desde la oposición política en sus gobiernos autónomos iba a mostrarse ineficaz. Seguro que ha ocurrido algo de eso – mucho, diría yo -, pero no deja de ser un comportamiento criminal por pasividad.

Sin embargo, no es esa la razón profunda de la “nueva normalidad”, consistente en mezclar preocupación en los nuevos datos de rebrote de la pandemia con esta especie de “laissez faire” de la descoordinación, pero la realidad  es que estamos ante la peor crisis económica del capitalismo que jamás se haya conocido desde el final la II Guerra Mundial.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo paquete de medidas económicas y sociales con el que se completan y refuerzan las medidas adoptadas en las tres últimas semanas por el Gobierno para minimizar y contrarrestar el impacto del COVID-19 (31-03-2020).

Volviendo a la conversación con mi amigo, se puede afirmar que nos están vendiendo una mentira indecente de “ayudas”,bajo el rimbombante título de “escudo social”, que nada tiene que ver con la defensa de las necesidades vitales de la clase trabajadora ni de sus derechos, con la basura de 462 € (come, paga  hipoteca o  alquiler, agua, luz y gas de tu hogar, sin hablar del resto de necesidades, como la calefacción durante el invierno o los gastos del curso escolar) del Ingreso Mínimo Vital y resulta que de los 850.000 que decía el Ministro de la Seguridad Social, José Escrivá, nada de nada, tal y como llegó a afirmar muy recientemente que “ni de lejos se iba a alcanzar esa cifra”. Rechazos, personas que desisten por dificultad de comprender o llevar a cabo el proceso de petición de la ayuda, imposibilidad de ser atendido por el teléfono de contacto…

No voy a hablar de los desgraciados, con o sin papeles, sobre los que se intentó cargar la culpa de los nuevos infectados del “bicho”. Por supuesto, son gente que solo pretenden sobrevivir como seres humanos que son. Lo indecente es que, atribuyendo al hacinamiento en su pernoctación, tras sus horas de sobreexplotados – sin contrato legal, salarios de mierda, jornadas de doce y más horas, sin protección alguna en sus condiciones laborales -, esa gente que nos ha asegurado el alimento durante el confinamiento, sirva de justificación para el abaratamiento de sus condiciones de vida para el empresario que los sobreexplota. En Francia, incluso con Franco, trataban mucho mejor a los españoles durante la vendimia. 

En todo combate – alertan desde CAS Estatal – es esencial identificar bien al enemigo y no caer en el juego trucado de convertirse en peón del gobierno de turno. Y es evidente que los intereses de los grandes banqueros y empresarios están representados en nuestros lares, tanto por el PP, como por el PSOE (ahora con Podemos)

En efecto, seguimos viviendo en un tiempo de propaganda. Quizá sea necesario que, de una vez por todas, miremos sobre la cruda realidad, dejando aparte nuestras simpatías políticas electoreras, hoy tan pobres como detestables. Tal vez sea la hora de empezar a pensar por uno mismo sobre lo que se nos viene encima y sobre si ello tiene algo que ver con el sistema económico que nos toca vivir. De muy poco sirve quejarse. Por el contrario, es la hora de organizarse, es la hora de la movilización en defensa de las conquistas sociales, alcanzadas a sangre y fuego por nuestros padres y abuelos, tales como la defensa de nuestro sistema público de sanidad o de pensiones.

Algo, o mucho, debieron de entender los sanitarios, hasta el punto de que han convocado una serie de movilizaciones en el sector público a través de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad para denunciar lo que consideran “la causa del colapso sanitario actual, esto es la privatización que desde hace años ha permitido la esquilmación del dinero dedicado a sanidad para traspasarlo a los bolsillos privados mientras los centros y recursos públicos sufren un deterioro cada vez más galopante”

Todo ello, a pesar de la movilización y la conciencia ciudadana que se despertó ante la catástrofe de la pandemia del coronavirus que no sirvieron para que se adoptaran medidas para el fortalecimiento de nuestra sanidad pública, destinando el dinero de una manera sistemática a manos privadas, como los fondos destinados “a los rastreadores de Madrid“, que fueron a manos de Indra, o los destinados a Cataluña que descansan en las arcas de Telefónica, por no hablar del dinero destinado en Andalucía que mayoritariamente están yendo a clínicas privadas.

La degradación del servicio de Atención Primaria es tal que ha llegado a unos niveles tan preocupantes que provocan un riesgo en el derecho al acceso de la salud, con pacientes desatendidos por largas listas de espera de personas con enfermedades crónicas que reciben un tratamiento menos pormenorizado del que requieren y profesionales sanitarios desbordados.

Una situación muy cuidadosamente planificada para favorecer el negocio de la sanidad privada. La gente pasa horas y horas intentando que les cojan el teléfono, pero son muchos los médicos que ven problemas en el diagnóstico vía teléfono, porque, dicen que no se puede hacer un diagnóstico sin explorar al enfermo. Mareos que se tratan con primperan, y son el comienzo de un ictus o dolores musculares que se tratan con analgésicos y son el comienzo de un infarto. El paracetamol lo cura todo. Además, este retraso acumulado por el confinamiento y la paralización y cierre de centros está suponiendo un aumento de la mortalidad por cáncer, hasta el extremo de que cuando se llega al diagnóstico se encuentran con metástasis irrecuperables que podían haber sido tratadas a tiempo.  

“Sin eufemismos: el hospital va a colapsar”. Tras semanas de quejas y reclamaciones que caían en saco roto, el personal de Cabueñes se plantó ayer ante gerencia y Salud, y lo que pretendía ser una concentración voluntaria y simbólica en los rellanos acabó con decenas de empleados a gritos y aplausos en cada planta. Fue una manifestación histórica y sin precedentes recientes en la sanidad gijonesa que involucró, bajo iniciativa de Corriente Sindical de Izquierdas, a todas las especialidades y unidades del complejo (22-10-2020).

Concretamente, en Asturias, estos días se puede leer en los medios que “la  tensión es máxima en el Hospital de Cabueñes en Gijón, al borde del colapso, viviendo momentos dramáticos, donde la saturación es tal  que en la planta cero llegaron a reunirse a la espera de una cama hasta 30  personas, tanto de casos confirmados por PCR como con sospecha covid, debido, según los sanitarios a la mala organización y falta de previsión, al no tener camas disponibles en planta, con pacientes en los pasillos y amontonados a la espera de un hueco en la planta”.

Pablo Iglesias en la presentación de la Tercera Asamblea Ciudadana, el 1 de marzo de 2020.

Podemos había aplazado la tercera asamblea prevista para el mes de marzo, debido a la crisis del coronavirus, pero Pablo Iglesias imponía, de acuerdo con sus “métodos democráticos”, la fecha del 22 de mayo de 2020 para celebrarla clandestinamente de forma telemática y sin debates de ningún tipo. A la dirección estatal de Podemos le había entrado las prisas una semana antes para celebrar cuanto antes la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal, de tal manera que durante el periodo comprendido entre los días 15 y 21 de mayo los 516.492 adscritos pudieran votar de manera telemática la secretaría general, los órganos internos y los estatutos.

Esta celeridad para anunciarlo y la escasa o nula publicidad de la decisión lograron que las primarias moradas quedaran ocultas bajo la actualidad del coronavirus y las decisiones del Gobierno de coalición. De hecho, el muy reducido sector crítico que lograba salvarse de la “purga estalinista” realizada de manera previa en todas y cada una de las comunidades llegó a manifestar públicamente que esta escasa promoción no perseguía más que su «invisibilización» a la vez que denunciaba la cancelación de los debates cuando los mismos se podían haber realizado de forma telemática.  

Fernando Barredo, único candidato opositor a Pablo Iglesias en la Tercera Asamblea Ciudadana de Podemos.

En realidad, la “purga estalinista”, activada desde el apparátchik de Podemos, ya se había iniciado en los finales del año 2018 al objeto de ir laminando a todos los dirigentes territoriales díscolos. Uno de los ejemplos de estas actuaciones estalinistas es el protagonizado en la comunidad de Aragón donde dirigentes como Irene Montero, Juanma del Olmo y otros debatían sobre cómo “hacerle un boquete de los guapos” a Nacho Escartín, el exlíder de Podemos en Aragón.

Chat de Podemos para cargarse al dirigente maño Nacho Escartín, el 31 de diciembre de 2018.

Para llevarlo a cabo, la dirección nacional planteó acudir a Zaragoza para presentar un libro de Juanma Del Olmo “La política por otros medios”, no invitando a Escartín. El plan consistía en llamar a la militancia para escenificar la distancia de la dirección nacional con el dirigente local y, de paso, “darle del mismo jarabe que ha empezado a tomar el Lander Martínez, exlíder de Podemos en el País Vasco”. “Deberíamos darle un buen cimbronazo”, llegaría a comentar Irene Montero. La operación cimbronazo afectaría a todos los dirigentes autonómicos que no estaban de acuerdo con las actuaciones estalinistas de Pablo Iglesias.

Chat contra el dirigente vasco de Podemos, Lander Martínez, anunciado las actuaciones previstas en Euskadi, Asturias y Aragón (1 de diciembre de 2018)

Lander Martínez, que desconocía la existencia de una operación en marcha contra él, había asistido en enero de 2019 a un encuentro celebrado en Toledo, junto con otros secretarios regionales de Podemos que planteaban una vía alternativa para salvar el espacio del cambio, pero aquella reunión y la carta enviada al aparato pablista les condenó. El máximo dirigente, Lander Martínez, aguantó hasta las primarias del pasado mes febrero, cuando, ante la sorpresa de muchos militantes, quedó segundo en las primarias celebradas en la organización podemita, resultando elegida la candidata del apparátchik, Miren Gorrotxategi, hasta el punto de que Lander Martínez decidió apartarse, abandonando la dirección regional. Al final, Gorrotxategi sería la candidata presentada como candidata a Lehendakari en las elecciones autonómicas de julio de 2020, cosechando el peor resultado de Podemos en el País Vasco.

«Nuestra responsabilidad desde las Secretarías Generales Autonómicas de PODEMOS es ofrecer otro horizonte de país: más moderno, más justo, más igualitario, más feminista y más democrático, que frene el giro autoritario». «Precisamente por ello, hacemos esta declaración (Toledo, 25 de enero de 2019).

En la reunión de Toledo los secretarios autonómicos de Podemos habían sacado a la luz pública lo que se conoce como la Declaración de Toledo, un documento firmado por once barones en el cónclave convocado a espaldas de la dirección nacional del partido, donde se pedía unidad de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales frente a la posición defendida por Pablo Iglesias, que anunció unilateralmente que competirían en las urnas contra Iñigo Errejón. Los dirigentes territoriales, el único contrapeso actual del líder máximo de la formación, pedían «responsabilidad» para evitar en Madrid un choque de trenes que retumbara en todos los territorios.

El documento quedaba firmado por los líderes territoriales de Castilla-La Mancha (José García Molina), de Murcia (Oscar Urralburu), de Canarias (Noemí Santana), Aragón Nacho Escartín), Asturias (Daniel Tipa), Islas Baleares (Mae de la Concha), Euskadi (Lander Martínez), Comunidad Valenciana Antonio Estañ), La Rioja (Kiko Garrido), Extremadura (Álvaro Jaén) y Navarra (Eduardo Santos), que apoya al no poder acudir por enfermedad, pero el cimbronazo también   sería el método usado entre enero y febrero de 2019, cuando fue alejado el secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, aunque no había participado en la reunión de Toledo.  En ese caso, al dirigente madrileño se le culpó de ir “contra Pablo Iglesias” y de “ser una fuente de inseguridad”, a la vez, que se le calificaba como “niño pijo” y se le amenazaba incluso con “darle una ostia”.

“Participar en un proyecto político implica compartir valores, ideas y ponerlas en marcha. Liderarlo es un ejercicio de responsabilidad que implica proponer el rumbo y dirigir el esfuerzo colectivo. En la situación actual no se dan las condiciones para llevar el proyecto de Podemos en Madrid hacia donde creo que debe dirigirse. En esas circunstancias, dejar paso es la decisión más responsable” (25 de enero de 2019)

Las presiones del aparato hacia Ramón Espinar para que apostara públicamente por la ruptura con Errejón habrían sido determinantes. La respuesta del secretario general, Pablo Iglesias, a la decisión de Errejón fue inmediata, llegando incluso a interrumpir su periodo de baja paternal para afirmar que presentarían lista propia y que no irían con Errejón a los comicios, sin dar margen a más debate interno sobre el asunto. Una línea con la que Espinar no estaba conforme, por lo que, de inmediato, Ramón Espinar convocaba a su dirección autonómica el mismo día en que Errejón lanzaba su anuncio y en ella reconoció que habían forzado al ex número dos a dar un paso al lado. «Nos hemos pasado con Errejón», llegó a manifestar en esa reunión de crisis. El acuerdo al que llegaron Errejón e Iglesias en un despacho tras los resultados de la Asamblea de Ciudadanos en Vistalegre 2 había sido que Errejón sería candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid con la condición de mantener el control sobre su lista electoral y su equipo, además de la dirección autonómica.

Las “purgas estalinistas” realizadas por el apparátchik  podemita iba transformado a la organización en una especie de barco a la deriva donde cada día que pasaba iba entrando más agua por el débil armazón, y, por si no fuera suficiente, a mediados de julio de 2020, aparece publicada y firmada una carta de varios dirigentes de máxima relevancia y “miembros del equipo informático de Podemos” denunciando un “sistema de fraude” en las elecciones a primarias desde el mismo año 2018 (incluyendo el referéndum sobre el chalet de Galapagar).

En la misma, se detalla un modelo para borrar votos a personas y círculos de militantes que se consideran críticos con la dirección, calificando a la cúpula del partido de “sinvergüenzas” a la vez que exigen una “autoridad externa”: “No es un fraude de Podemos, es un fraude contra Podemos. Hemos podido comprobar con certeza que las dos últimas Secretarías de Organización estatal, las de Pablo Echenique y la de Alberto Rodríguez, han creado, mantenido y usado un sistema de fraude en estas asambleas y procesos electorales internos de Podemos”. “La ejecución de este sistema se ha mantenido en el máximo secreto, de modo que nadie pudiera descubrir lo que estaba ocurriendo”, revelando los presuntos amaños para desaparecer los votos de los inscritos y decantar las votaciones a favor de los impuestos por el apparátchik.

El supuesto fraude, argumentado en dos hojas en las que se incluyen todos los detalles, abarca varios procesos electorales, comenzando por la votación en Galicia de 2018 que perdió Carolina Bescansa, pasa por el referéndum sobre el chalet de Galapagar y abarca el pacto de gobierno con Pedro Sánchez, hasta acabar con las primarias de julio para las direcciones regionales. La carta se centra en describir la falsificación del proceso electoral, de tal manera que las primarias de Podemos se fundamentan en cruzar los votos de los inscritos en dos servidores: el interno “votachachis”, y el externo “nVotes”. La votación queda registrada en el portal interno de Podemos, y los datos luego pasan a la empresa externa, que los analiza uno a uno para ratificar el resultado.

Sin embargo, según la carta publicada, los miembros del equipo informático denuncian que el partido invalida antes de la votación a grupos de personas para que, de facto, su voto no quede registrado: “No has competido en un proceso limpio”, escriben los autores de la carta que está circulando en el partido hablando con “compañeras y compañeros”. “En realidad te han utilizado como comparsa de un proceso amañado, igual que han utilizado a las personas que han votado y a nosotros mismos como técnicos”: “El truco se ejecuta antes de todo. Y no consiste solo en sumar un puñado de votos inscritos en el último día en ese territorio, ni siquiera en restar votos para una u otra razón, sino que consiste en eliminar votantes antes del proceso y sin que ellos lo sepan”.

El sistema de votación interno de Podemos determina que cada afiliado que vota en un referéndum o primaria debe ser antes verificado. El partido morado cuenta con medio millón de simpatizantes, pero los afiliados reales son muchos menos. Y solo esos militantes verificados, por nombre, DNI y teléfono o email, son los que pueden votar. Sin embargo, según el “sistema de fraude” denunciado en la carta enviada, el partido desactiva temporalmente algunas verificaciones, lo que invalida en secreto algunos votos.

El debate interno en Podemos va cada vez a menos. Después de un año turbulento entre dimisiones y purgas, después de la Tercera Asamblea Ciudadana, convocada de manera clandestina con la participación de un tercio de los inscritos en Vistalegre II, ahora es el turno de las direcciones autonómicas, donde el aparato ha decidido aupar a los candidatos afines al aparato, enmarcando su propuesta en la lista “un Podemos contigo: la misma de Pablo Iglesias en la Tercera Asamblea Ciudadana en la clandestinidad.

Cabe señalar al respecto que, en algunas votaciones internas cuestionadas, las listas favorables a la dirección de Pablo Iglesias se han impuestos por un puñado de votos. En La Rioja, por ejemplo, la lista oficialista ganó por 17 votos (y con un ordenador del que salieron 12 votos). En la Comunidad Valenciana, lo hizo por tan solo 38 preferencias. Y en Cataluña, en la última votación para la secretaría regional, la favorita perdió contra la afín a Iglesias en un proceso con muchas sombras. La participación cayó en un millar de personas con respecto a otra votación de pocas semanas antes. En ese caso, miembros de Podemos denuncian la “desaparición” de votos. En La Rioja, los perdedores de las primarias han elevado el asunto a los tribunales.

La realidad es que, con todas las corrientes críticas ya fuera de Podemos, solo un militante prácticamente desconocido, Fernando Barredo, presentaba una alternativa que lograría el 7,8 % de los apoyos – 4.503 votos -, que no le sirvieron para obtener representación alguna en la dirección morada. Este militante llegaría a proponer un debate entre su candidatura “Nuevo Impulso” y la de Pablo Iglesias, tal y como estaba previsto realizar debates durante el periodo de campaña, aunque el apparátchik había eliminado esa fase de sus primarias, siendo el día de hoy que todavía siguen esperando por la respuesta: “Aquí nadie contesta, sometiéndote al desprecio del silencio”. Con ello, seguía manifestando el candidato Fernando Barredo, evitan rendir cuentas públicamente sobre las «irregularidades» que denuncia su candidatura alternativa, llegando a solicitar en marzo a través del juzgado de Toledo medidas cautelares urgentes para parar la Asamblea después de presentar una demanda interna ante el Comité de Garantías Democráticas contra Iglesias, Irene Montero, Noelia Vera e Ione Belarra por «acumular cargos en contra de los estatutos actuales». Nos encontramos, por lo tanto, ante una decisión arbitraria, interesada y antidemocrática, entre otras cuestiones, porque no tiene ningún sentido que un proceso estatal de Podemos que se interrumpió por razones de Sanidad porque el estado de alarma era inminente, inmersos en el propio estado de alarma se vuelva a reanudar. No tiene ningún sentido. El único sentido solo puede responder a que el aparato ha estado alterando el censo durante estos dos meses de arresto domiciliario sin saber lo que están haciendo.

El reglamento obligaba a que el censo electoral de la Asamblea se cerrase el 1 de marzo, lo han estirado sin ningún problema hasta el 2 de mayo. Y para colmo, habilitando ahora a cualquier inscrito, sin necesidad de los avales que a la candidatura opositora se les había exigido. Por lo tanto, entendemos que esto constituye un flagrante incumplimiento del reglamento que el apparátchik del partido promulgó. Y además un atentado contra la democracia interna del partido.  No obstante, hay que dejar dicho que, desde Vistalegre II se lo montaron de tal manera que, para enviar una denuncia primero se lo tienes que enviar a ellos, a la secretaría de Organización. Y ésta, que son ellos, la elevan. ¿Qué es lo que han hecho ante las denuncias de la candidatura opositora? Pues, lisa y llanamente, quedársela. No pasarla a garantías.  

Ante estos hechos antidemocráticos que ellos, el apparátchik estalinista, sí lo llaman democracia, aunque diste mucho la teoría de la práctica, la candidatura opositora optaría por pedir medidas cautelares, pero como los juzgados están en mitad de la cuarentena, Iglesias al reanudar la Asamblea se aseguraba que un juez no pudiera llegar a tiempo para tomar las medidas cautelares. Es decir, juegan con los tiempos con total impunidad, pidiendo que la organización hiciera llegar el proyecto opositor a todos los inscritos a través de los medios, así como sus mensajes de campaña, sin que nada de ello haya sido atendido ni siquiera respondido.  

Es la estrategia de la Iglesia. Puedes meterte con ella, criticarla, pero jamás te contestan. Se quedan con el poder y aguantan. De esta manera, Podemos se está convirtiendo en una Iglesias, con un Papablo y una corte de obispodemos en la que solamente puedes entrar a hacer reverencias, hasta el extremo de que mantener la crítica en Podemos o tener posicionamientos diferentes a los de Pablo Iglesias tiene un precio muy alto, tal y como le ocurrió al “osado” opositor Fernando Barredo que, tal y como denuncia públicamente en los medios, lleva recibiendo todo tipo de insultos, presiones y coacciones desde la Asamblea de Vistalegre II cuando le espetó sin ambages a Pablo Echenique lo que estaba haciendo con la Comisión de Garantías, convirtiéndola en una inquisición interna para purgar a todos aquellos disidentes que les molestaban para sus planes.

Aunque tenía hasta febrero del 2021, Pablo Iglesias optó para convocar la Tercera Asamblea de Podemos, de una manera clandestina, que le permite revalidar su cargo en el momento más álgido de su carrera y sin oposición interna real. Según ha explicado Iglesias, la tarea que afronta Podemos desde su fundación será la de «encontrar las mejores ideas y propuestas para adaptar la organización a los nuevos tiempos que se abren». También ha anunciado que hay además «varios territorios en situación de interinidad» y otros donde los mandatos han concluido ya, con lo que Iglesias insta a las direcciones o inscritos que lo crean conveniente a «aprovechar la apertura del congreso para ponerse también al día».

Aun así, quedan de manifiesto, con el número de votos registrados, la escasa participación y el triunfo de la abstención, evidencias del tremendo desgaste de participación y de confianza de las bases y, sobre todo, el golpe de mano que se ha dado a la democracia interna en Podemos que pasa por enmascarar ante los medios de comunicación miles de votos en blanco.

Esta vez no había con qué medir el éxito de la asamblea más que con la participación de las bases, y ha votado un 11 % de los 516.492 inscritos, es decir, 59.201 personas, frente a las más de 155.000 de la Segunda Asamblea Ciudadana (Vistalegre II), o los 107.488 de la Primera Asamblea Ciudadana (Vistalegre I), celebrada el 15 de noviembre de 2014. Una cifra significativamente inferior a la de la última consulta que sometía a votación en noviembre la coalición con el PSOE, con la participación de 134.760 personas, de las que 130.150 votaron por la opción del “sí” defendida por el apparátchik.

Pablo Iglesias obtuvo en Vistalegre II un 89 % de los votos, 128.743 en total, y en esta ocasión ha logrado el respaldo de 53.167 inscritos, un 92 %, pero la votación al secretario general del partido iba ligada a la de los documentos organizativos y éticos por los que se regirá Podemos en los próximos cuatro años. Entre los cambios realizados, se encuentra la limitación de mandatos, esto es, acabar con la imposibilidad de mantener dos cargos a la vez, lo que ya hacen los ministros y secretarios de Estado de Podemos, que no renunciaron a su acta. La reforma también elimina el límite salarial actual de dos SMI y medio para sus cargos, quedando establecida una nueva normativa para sus círculos, desarrollando nuevos requisitos tanto para formarlos como para crearlos, a la vez que se implanta la figura del militante que pasa a pagar tres euros mensuales de cuota partidista que le permita participar en las votaciones.

Otro de los cambios introducidos por Iglesias es la ampliación del Consejo Ciudadano Estatal, que tendrá ahora 89 miembros – todos ellos de su lista – más cuatro representantes de los círculos y los secretarios generales de los distintos territorios. En la anterior asamblea de Vistalegre II se eligieron 62 miembros, de los que el equipo de Iglesias logró 37, Íñigo Errejón 23 y los Anticapitalista 2.

En otro apartado de la Tercera Asamblea votaron 59.201 personas a la Comisión de Garantías del partido, con 55.050 (92,9%) de papeletas válidas y 4.151 (7%) en blanco, quedando conformado el organismo en cuestión por diez personas, todas ellas del equipo de Pablo Iglesias: Inés Chinea, Silvia Fernández, Nuria Martín, Carlos Hugo Sánchez, Miren Edurne Gorrochategui, Vilma Violeta, Alicia Madrid, Cristina Cumellas, Raúl Fuentes y Francisco De La Torre.

Con estos resultados, perfectamente amañados, Pablo Iglesias arranca esta etapa con un control prácticamente total del partido, con una ejecutiva de su total confianza, de acuerdo con la siguiente lista, de la que detallamos los 25 consejeros de Podemos que han logrado más apoyos, así como sus cargos actuales y las responsabilidades en la Ejecutiva del partido (Consejo de Coordinación):

1. Irene Montero, ministra de Igualdad.

2. Ione Belarra, secretaria de Estado de Agenda 2030.

3. Alberto Rodríguez, secretario de Organización.

4. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso.

5. Rafael Mayoral, diputado y responsable de Sociedad Civil de Podemos.

6. Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad.

7. Isabel Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid.

8. Juan Manuel Del Olmo, director de Estrategia de la Vicepresidencia del Gobierno y responsable de Comunicación de Podemos.

9. Julio Rodríguez, jefe de Gabinete del vicepresidente del Gobierno.

10. Ana Marcello, secretaria de Círculos y Participación.

11. Idoia Villanueva, eurodiputada y coportavoz de Podemos.

12. Sofía Fernández, portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso y responsable de Feminismos del partido.

13. José María Guijarro, secretario general de Unidas Podemos en el Congreso.

14. Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos y portavoz de En Comú-Podem en el Congreso.

15. Pablo Fernández Santos, secretario general de Podemos en Castilla y León y responsable de la Secretaría de Medio Rural y España Vaciada de Podemos.

16. Ignacio Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía de Podemos.

17. Pilar Garrido, diputada y secretaria de Políticas Sociales de Podemos.

18. Jéssica Albiach, presidenta de En Comú Podem en el Parlament de Catalunya.

19. Vicenç Navarro, responsable del área de Políticas Públicas de Podemos.

20. Irene De Miguel, diputada en la Asamblea de Extremadura.

21. Antón Gómez-Reino, portavoz de Galicia en Común en el Congreso.

22. Pilar Lima, diputada en Les Corts Valencianes.

23. Jesús Santos, teniente de alcalde de Alcorcón (Madrid).

24. Beatriz Gimeno, diputada en la Asamblea de Madrid.

25. María Pita, diputada en el Congreso.

Felipe González Márquez (Sevilla, 5 de marzo de 1942) es un abogado y político hispanocolombiano. Fue secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 1974 hasta 1997 y presidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996.

“Compañeros mineros: Vosotros conocéis mejor que nadie las luchas sindicales. Quizá porque tengáis los pies firmemente sentados sobre la tierra, mostráis siempre el mayor realismo en la lucha contra la injusticia. (Felipe González en el 43º Congreso de la Internacional de Mineros celebrado en Madrid, el año 1979)

Que la minería estaba condenada de muerte queda certificado por el hecho de que, cuando Felipe González tomó posesión como presidente del gobierno en el Reino de España, después de que el PSOE ganara las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, lo primero que hizo fue reunirse con los catorce directores de los principales periódicos españoles en una cena celebrada en el Palacio de La Moncloa, el 16 de febrero de 1983, para anunciarles el cierre de la minería asturiana: “Es necesario un cambio de mentalidad. Asturias necesita adaptarse a una nueva civilización, en la que la mina deje de ser el centro de atención y la gente tiene que ser consciente de que a HUNOSA apenas si le quedan unos diecisiete años de vida”.

Libro publicado por la Federación Estatal de Mineros de U.G.T, ofreciendo las múltiples soluciones que existían para la empresa minera de HUNOSA.

Bastantes años atrás, después de haber mantenido múltiples reuniones con Felipe González y miembros de la ejecutiva del PSOE, desde la Federación Estatal de Mineros de U.G.T. decidimos elaborar un amplio y riguroso informe sobre Hunosa bajo el título “El Fraude de Hunosa. Génesis y desarrollo. Alternativa a una crisis permanente”, que sería publicado en un libro que se agotó en muy pocos días, produciendo un gran escándalo, hasta el punto de acabar con el secretario general de la Federación Estatal de Mineros de U.G.T, autor de este libro, en los tribunales de justicia por una querella criminal interpuesta por el presidente de Hunosa, José Manuel Fernández Felgueroso – muy aplaudida por el SOMA-UGT -, aunque posteriormente ordenaría retirarla de los juzgados.

Por aquel entonces, nosotros pensábamos, y seguimos pensando, que no solucionar el problema de Hunosa, suponía: “no aprovechar los recursos energéticos propios, en la situación actual de crisis, incrementando la dependencia energética del exterior; seguir dilapidando los recursos estatales, aportados por los contribuyentes, de forma continua y creciente;  continuar hipotecando la balanza de pagos por las importaciones a realizar; deteriorar, aún más, la imagen de la empresa pública; no evitar los accidentes laborales (posible muerte de 250 compañeros en los próximos diez años), originados por un freno en la participación y gestión de los trabajadores en este campo; anular la posibilidad de creación de nuevos puestos de trabajo, que pueden ser originados por la diversificación efectiva de actividades; fomentar la ya aparecida frustración sindical y política de los trabajadores, originada como consecuencia de la carencia de soluciones realistas y válidas a la situación creada; la generación de un incremento de la conflictividad social en Asturias con unas salidas de imprevisibles consecuencias…”

Asimismo, seguíamos participando desde la Federación Estatal de Mineros de U.G.T. dentro de la Comisión de Industria del Área de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, presidida por Javier Solana de Madariaga, hasta que llegó la elaboración del programa electoral del PSOE a las elecciones del 28 de octubre de 1982, coordinado por Joaquin Almunia Amann, donde logramos plasmar íntegramente nuestra política minero-energética, elaborada desde una perspectiva netamente socialista al servicio del pueblo español, con la participación ilusionante de unos cuarenta profesionales de la más alta cualificación, publicada el año 1981 en el libro “Alternativa Energética”, prologado por el economista y diputado del PSOE, Enrique Barón: “Desde la investigación de nuestros recursos minerales hasta su transformación pasando por una explotación racional y humana de los mismos”.

Libro publicado por las Federaciones Estatales de Minería y Energía de U.G.T. donde queda recogido todo el programa minero-energético que el PSOE ofreció al pueblo español el 28 de octubre de 1982

Sin embargo, mientras la elaboración del programa teórico permanecía en las manos del partido y del sindicato de U.G.T., las decisiones se gestaban en ámbitos totalmente ajenos al PSOE y, lo más deleznable, bajo presupuestos ideológicos muy distintos y distantes de nuestro país, de tal manera que,  apenas ocupadas las poltronas del gobierno por parte del PSOE enseguida comenzaría a fraguarse la gran venganza contra la minería asturiana por parte de la oligarquía financiera a través de sus correspondientes títeres de turno en el gobierno.

Efectivamente, con la llegada del PSOE al gobierno del Reino de España, desde la Federación Estatal de Mineros de U.G.T. iniciamos una serie de reuniones con el mismísimo Felipe González en sus aposentos monclovitas para tratar del necesario diseño y puesta en marcha de una Política Minera al servicio de España, en una de ellas con la participación del entonces ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, celebrada el 31 de enero de 1984, dando paso al comienzo de las reuniones que por aquel entonces manteníamos todos los últimos viernes de cada mes en su despacho con él y su equipo ministerial, para tratar de poner en marcha la política minero – energética que el PSOE había prometido al pueblo español en su programa electoral, donde “el carbón nacional – nos decía el Ministro Solchaga – debería jugar un papel destacado en la disminución de la dependencia energética del exterior, y este gobierno considera que es estrictamente necesario la supervivencia, tanto de Hunosa, como del carbón asturiano…

Felipe González y Antón Saavedra en el Palacio de La Moncloa, el año 1984.

En una de las reuniones celebradas en el mes de diciembre de 1984, el ministro nos ofreció la cantidad de 600.000 millones de pesetas para la creación de un tejido industrial alternativo para las comarcas mineras – Zonas de Urgente Reindustrialización en el Valle del Nalón y Valle del Caudal, destinando 300.000 millones de pesetas para cada Z.U.R. -, siempre y cuando que nosotros desde la Federación Estatal de Mineros de U.G.T. aceptáremos dejar Hunosa con una plantilla de 14.500 trabajadores sobre los 21.018 que había en aquel momento, cuestión que nada nos preocupaba, puesto que en la empresa minera sobraba mucha gente improductiva, repartida por cualquier despacho en cualquier edificio de las cuencas como consecuencia de la integración en Hunosa de muchas empresas, cuando lo que realmente se necesitaba eran picadores y barrenistas, entre otras categorías de interior, considerando aquella oferta como una base muy positiva para llegar al acuerdo.

Plantillas de la minería del carbón en España, Asturias y Hunosa (1983-1995). Elaboración propia a partir de las estadísticas oficiales del Ministerio de Industria.

Además, paralelamente, nosotros seguíamos manteniendo reuniones con el sindicato minero y el viceministro del carbón de la URSS, país que había establecido unos protocolos con Hunosa para la solución de los problemas de mecanización y producción en la empresa minera, los cuales seguían aparcados en los archivos de los despachos hasta que nosotros los relanzamos desde la Federación Estatal de Mineros de U.G.T. Allí, en la URSS, concretamente en la zona minera ucraniana del Donbass tuvimos ocasión de visitar el interior de varios pozos mineros similares a las explotaciones mineras asturianas – capas verticales de todas las potencias, con fallas, una profundidad que alcanzaban los mil metros, incluso se trataba de pozos que habían sido rescatados de sus inundaciones durante la segunda guerra mundial, alcanzando una productividad siete veces superior a la minería asturiana -, pero también tuvimos ocasión de visitar los talleres donde se fabricaban las rozadoras que arrancaban el carbón, de tal manera que cada rozadora era destinada a su capa de carbón, después de haber procedido previamente al correspondiente estudio técnico-geológico de todas las características que presentaba cada una de ellas – dureza del carbón, hastiales, distancias de los talleres, etcétera -, lo que nos hizo pensar por qué no podíamos hacer lo mismo en España.

El viceministro del carbón de la URSS con Antón Saavedra en una visita al Pozo Lenin en la cuenca minera ucraniana del Donbass, el año 1979.

En efecto, de regreso a nuestro país, una vez estudiado por los técnicos de nuestra organización sindical, decidimos, a partir de los talleres que la empresa tenía en El Entrego (talleres de Santana), dotados de unos grandísimos profesionales especializados en la maquinaria minera, hacer la propuesta de trasladarlos a los terrenos del Polígono Industrial en la localidad langreana de Riaño para ir a la creación del “gran taller” para la fabricación de todas las rozadoras necesarias, no solo para Hunosa sino para el conjunto de la minería española, la cual generaría el triple de empleos de los que trabajaban en los talleres de Santana, eso al margen de los otros empleos que se repartían por las distintas áreas de servicio de la empresa, pero, claro, por aquel entonces, el virrey del PSOE en Asturias, José Ángel Fernández Villa que, aunque era miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, no participaba físicamente en aquellas reuniones protagonizadas exclusivamente entre la Federación Estatal de Mineros de U.G.T y el gobierno de la nación –  cuestión que nunca aceptó de buen grado -, aprovechando un mitin electorero del PSOE en su localidad natal de Tuilla para soltar aquella colosal parida de que “para cerrar un solo pozo en Hunosa habrá que pasar por encima de mi cadáver”, hasta el punto de que en lo que sería nuestra última reunión mantenida con Solchaga en junio  de 1985, éste nos sorprendía con aquella lapidaria frase: “… No me toques los cojones Antón, la mina de carbón español más rentable es la que está cerrada.”

¿No resulta casi milagroso, que Villa todavía continúe con vida al día de hoy, después de haberla puesto en juego durante el transcurso de aquel mitin electorero del PSOE, celebrado en su pueblo natal de Tuilla, el 9 de junio de 1986…?

Lógicamente, la respuesta no se hizo esperar desde la Federación Estatal de Mineros de U.G.T y, después de varias reuniones de trabajo con la Federación Estatal Minera de CC.OO., presidida por el compañero Manuel Nevado Madrid, decidimos convocar la primera huelga general sectorial en España durante el periodo de la II Restauración Borbónica, para los días 17 y 18 de diciembre de 1985, exigiendo una política minera negociada, el cumplimiento del Plan Energético Nacional, que los propios diputados del PSOE habían aprobado en el Congreso de los Diputados, así como el establecimiento de las necesarias y adecuadas medidas de seguridad en nuestras minas a fin de cortar la trágica sucesión de muertes en el sector, con un balance de 75 muertos en aquel año de la huelga general minera.

Antón Saavedra y Manuel Nevado en el parque de Mieres durante la concentración de mineros en la huelga general minera de España, el 18 de diciembre de 1985.

La huelga resultó un rotundo éxito de participación, secundada por el total de los mineros españoles, salvo una gran mayoría de los afiliados al SOMA-U.G.T. que tuvieron que soportar las vergüenzas de sus compañeros que les hacían pasillo en las plazas mineras, tirándoles maíz y pesetas, en su camino desde la lampistería hasta los castilletes, cuando decidieron no secundar la huelga general minera porque, tanto sus dirigentes somáticos, como los gobiernos nacional, autonómico y municipal con mayorías absolutas del PSOE, así como las Comisiones Ejecutivas del partido en sus distintos niveles federal, regionales y locales, con sus respectivos Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados y Parlamentos Autonómicos, les engañaban diciéndoles que la minería del carbón no corría ningún peligro de desaparición, y que nada de lo que nosotros decíamos era verdad, pero sin  aceptar en ningún momento el desafío público al que ellos mismos nos retaron públicamente, caso concreto del propio Ministro de Industria y Energía, el canario Luis Carlos Croissier, aceptado desde el primer minuto por nosotros donde quisieran, como quisieran y cuando quisieran.

Ese fue el verdadero problema que originó lo que varios “voceros” de los medios de comunicación al servicio del SOMA-UGT-PSOE comenzaran a inventar como un enfrentamiento Villa-Saavedra o Saavedra-Villa, y en ese contexto comenzó a fraguarse el cierre de las explotaciones y la muerte de las comarcas mineras que tan sibilinamente había anunciado el “trilero” sevillano Felipe González, ciegamente secundado por sus peones en Asturias, caso concreto del mismísimo Presidente del Gobierno del Principado de Asturias, el “burguesito” aupado por Villa a la presidencia del Principado de Asturias, Don Pedro de Silva y Cienfuegos-Jovellanos que llegaría a afirmar en el periódico de La Nueva España del 8 de agosto de 1990 que “Villa opina lo mismo que yo respecto a la reconversión minera, con la única diferencia de que él habla desde una postura sindical y yo institucional”, a la vez que nos recordaba en el mismo acto celebrado en Posada de Llanes que “él era un producto político de la cuenca”.

Encierro de mineros en las minas turolenses de Estercuel, acompañados del diputado del PSOE por Teruel en el Congreso de los diputados, Ramón Espallargas, en apoyo de la huelga general de la minería española, el año 1985

Es decir, mientras los gobiernos central y autonómico, junto con todos los ayuntamientos mineros, seguían poniendo sordina a la realidad que se palpaba – denunciada todos los días por la Federación Estatal de Mineros de UGT -, mientras se escuchaban las peroratas y bravuconadas del virrey del PSOE en Asturias – José Ángel Fernández Villa -, que llegó a poner en juego su propia vida si se cerraba un solo pozo en Hunosa, a pesar de los pesares, sería la Asociación de Comerciantes del Valle del Nalón (Acoivan) quien, captando aquella realidad, organizaba un debate público en Sama de Langreo, el 24 de abril de 1987, con los salones de La Montera abarrotados de gente, donde el autor de este libro, Antón Saavedra, dejaría muy claro en su charla-debate lo que hoy es una triste y dramática realidad: la muerte de las comarcas mineras. El conferenciante iría mucho más allá, cuando vaticinó a los presentes que, efectivamente, “íbamos a ver bajar el agua limpia por el rio Nalón a su paso por las comarcas mineras y, posiblemente, volverían a bajar los salmones por ellas, como en aquellos tiempos que servían para dar de comer a los trabajadores que construían el ferrocarril de Langreo para el transporte del mineral hasta Gijón, pero a cambio de un más que severo desmantelamiento de su industria y su comercio, tal y como quedaría expuesto de acuerdo con el estudio elaborado por la Universidad Complutense de Madrid para el sector minero donde se analizaba detalladamente el número de panaderías, droguerías, ferreterías, peluquerías, tiendas de ultramarinos, comercios de ropa, sastrerías, zapaterías, bares, cafeterías, carnicerías, librerías, imprentas, talleres, etcétera, que desaparecerían como consecuencia del efecto inducido e indirecto que el sector minero tenía sobre la economía de las comarcas mineras”. 

De esa manera, de mentira en mentira y de victoria en victoria hasta la derrota final, la actividad que caracterizó a los municipios mineros asturianos durante tantos años comenzaba su cadena de cierres mineros, disfrazada con la asunción por parte del Gobierno del Principado de Asturias, Juan Luis Rodríguez Vigil, con un acelerado Plan de Reindustrialización que el gobierno felipista se encargaba de rebajar con el agua de un nuevo bautismo, llamándole Plan de Dinamización, firmado en solitario por el SOMA-UGT que, pese a los adornos y aditivos, con la puesta en escena de la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras S.A. (SODECO) – creada en 1988 por acuerdo del INI, el Principado de Asturias, sindicatos de UGT y CC.OO., partidos políticos y ayuntamientos, para el desarrollo económico de la zona minera central asturiana – y el “mecheru” de La Pereda en Mieres, iba a suponer un mazazo contundente al perder 2.260 empleos directos de Hunosa entre 1987-1991, arrancando con el abandono del Pozo Cerezal de San Martin del Rey Aurelio, en marzo de 1989, a pesar de la oposición unánime de todos los partidos políticos representados en la Junta General del Principado de Asturias, para continuar en julio de 1990 con el cierre del Pozo Venturo, último pozo profundizado en el Valle del Nalón, también del mismo municipio que el anteriormente citado.

Cartel del PSOE anunciando conferencia sobre “La Empresa Pública” en el Hotel España de Oviedo y mitin electoral en el estadio Ganzábal, el 4 de junio de 1977

Aquella operación de cierre de pozos mineros y muerte de las comarcas mineras no respondían sino a un plan perfectamente diseñado por el Instituto Nacional de Industria (I.N.I.) según el “informe reservado” de Hunosa “Resumen de los análisis de soluciones para el cierre total de todas las explotaciones de Hunosa en dos, diez o quince años”, fechado en febrero de 1971, para el que se había elegido a la persona adecuada – José Ángel Fernández Villa -, dotándole de toda la infraestructura necesario para llevarlo a cabo hasta su final. Yo mismo me había negado a ser el “elegido” para llevar a cabo tan sibilina y criminal labor.

En efecto, celebrábamos una cena en el restaurante Niza de Oviedo, el día 4 de junio de 1977, donde participaron Juan Manuel Kindelán (exdirector general de Minas con el gobierno felipista del PSOE), Rafael Fernández (exsenador del PSOE por Asturias y expresidente del gobierno preautonómico de Asturias), Eduardo Albizu “Lalo” (exdiputado del PSOE por Vizcaya y miembro de las ejecutivas del PSOE y UGT), Luis Gómez Llorente (exdiputado del PSOE por Asturias y exvicepresidente del Congreso de los Diputados), Marcelo García Suarez (exmiembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de U.G.T), Avelino Cadavieco (histórico del PSOE), Fernando Vega (exsecretario de organización de la Federación Estatal de Mineros de U.G.T.) y yo mismo. Lógicamente me negué, no sin antes dejar muy clara mi decisión firme de combatir con todas mis fuerzas aquella barbaridad que hoy ya es una triste realidad.

Al cierre de los pozos Cerezal  y Venturo – antes, en los años 1971 y 1972  se había llevado a cabo el cierre de las explotaciones de Coto Musel (Zona Nalón), Santa Eulalia “Cabritu” y Mosquitera I (Zona Sama-Siero), Vanguardia (Zona Aller), Olloniego (Zona Caudal) y Cobertoria (Zona Aller) – se sumarían los de la Mina San Víctor de Turón, el 16 de julio de 1991, y, en abril de 1992, otra vez el concejo de San Martín del Rey Aurelio volvía a ser noticia por el cierre del mítico Pozo San Mamés, famoso durante los tiempos de la dictadura franquista por haber sido uno de los campos de trabajos forzados que esclavizaba la empresa Duro-Felguera. El último día del mes de julio de ese mismo año era sellado el Pozo Mosquitera II “Terrerón”, en la localidad langreana de Tuilla, donde también existió otro campo de concentración con mano de obra esclava y republicana al servicio de la misma empresa Duro-Felguera, y el 1 de noviembre de 1991 le tocaba el turno al Pozo Polio, en el concejo de Mieres, cuya profundización trajo consigo la construcción de la barriada minera de Rioturbio para dotar de vivienda a los trabajadores de la mina.

El cartel que aparece encima de la cabeza de estos dos líderes del pandillerismo somático y cocoso “Embarque del personal”, Villa y Hevia, lo dice todo

De repente, entre la noche del 22 de diciembre de 1991 y la tarde del 3 de enero de 1992, se producía un hecho histórico en la minería asturiana con el encierro de las cúpulas sindicales mineras del SOMA-UGT y CC.OO. en el Pozo Barredo de Mieres, encabezadas por sus secretarios generales José Ángel Fernández Villa y Antonio González Hevia, que iba a servir para pegar el gran acelerón a los cierres mineros en una operación disfrazada muy sibilinamente como la gran salvación de la minería, pero también para iniciar el gran negocio minero – allí tuvimos ocasión de saber cómo los mismísimos presidentes de Cajastur, Ángel Fernández Noriega y del gobierno del Principado de Asturias, Juan Luis Rodríguez Vigil, se encargaban personalmente de ser portadores serviles de las “ricas viandas navideñas alangostadas” y los cotizados “caldos de gran reserva riojana y la ribera del Duero” para los encerrados en el interior del Pozo Barredo de Mieres, donde se encontraba su “padre político”, José Ángel Fernández Villa -, del que todas las partes salieron muy satisfechas.

¿Quién podría pensar que un asunto como el de las prejubilaciones mineras pudiera tener tanto grano que desbrozar hasta quedar transformado en el “gran negocio” para el Estado, la patronal minera, ¿la banca y el pandillerismo sindical del SOMA-UGT y CC.OO.? El medio billón de pesetas que el Gobierno puso encima de la llamada mesa de negocios – más que de negociación -, para el enterramiento de la minería del carbón hizo olvidarse a los negociantes de los trabajadores y sus nefastas consecuencias para nuestras comarcas mineras, sin importarles las personas que las conforman, poniéndose de inmediato manos a la obra para establecer el reparto. Primero argumentando de cara a la galería a la vez que llenándoseles la boca de bonitas palabras, hablando de inversiones sociales, becas para la minería, cursos de formación que administrarían desde el pandillerismo sindical, como una de las fuentes millonarias de su financiación. También hablaban de carreteras en las comarcas mineras para facilitar el desarrollo económico alternativo al desmantelamiento de la industria del carbón y aún les quedaría mucho dinero para hablar de inversiones en industrias y creación de empleo…

Por parte de la patronal, ésta recibirá una cantidad por cada tonelada de carbón que deje de producir. El acuerdo establecido de cuatro trabajadores por cada once jubilados no se cumpliría, como ha quedado demostrado en el tiempo, proliferando todo tipo de subcontratas, porque tanto la patronal y sus pandilleros sindicales siguen argumentando que es la única manera de mantener el empleo en la minería.

Otro de los grandes beneficiarios han sido los banqueros, que se pelean materialmente por administrar la gestión de los dineros de los prejubilados – yo mismo me peleé con Villa en el Consejo de Administración de Hunosa, cuando desde Cajastur y Caixa catalana se partían la cara por hacerse con el pago de tan suculenta tarta dineraria -, en cuya gestión también se llevaban su “mordida revolucionaria” el pandillerismo sindical somático y cocoso. ¿Qué ha sacado el Gobierno a cambio? ¡Paz Social!

Pero, continuando con el programa de cierres pactados con el gobierno del PSOE, llegamos al año 1993 con el cierre de cinco explotaciones mineras. Así, con fecha 11 de enero, quedaba paralizado el Pozo Olloniego, en el concejo de Oviedo, que ya había sido cerrado por primera vez en agosto de 1972 y se consideraba centro piloto y experimental de las nuevas técnicas mineras. Un día después, esto es el 12 de enero, le tocaba el turno al Pozo San José de Turón, y en menos de una semana se procedía al cierre de los Lavaderos de Turón, llegando al 30 de abril, cuando dejaba de funcionar el Pozo Entrego, histórica explotación que databa del año 1909, y el 10 de noviembre desaparecían oficialmente los Talleres de Turón, ubicados en La Cuadriella.

Ya en el año 1994, el 31 de julio para ser más exactos, asistimos al cierre del Pozo Barredo de Mieres, lugar del encierro minero comentado, y el 1 de setiembre lo hacía el Pozo Santa Bárbara de Turón donde, por primera vez, cara a cara y abroncado fuertemente por los mineros en la asamblea del primer relevo minero, que incluso lo amenazaron con arrojar por la caña del pozo, a Villa se le escapaba un juicio desnudo que significaba un giro radical en su discurso habitual de cuando anteponía su vida al cierre de cualquier pozo minero: “La actividad minera ya no tiene ningún futuro, hay que buscar empleos alternativos”.

Sin apenas tregua, en el verano de 1995, salía el último relevo del Pozo Fondón en Sama de Langreo, que durante muchos años de la dictadura franquista albergó otro campo de concentración al servicio de la Duro-Felguera, con mano de obra esclava procedente de los batallones republicanos, y así hasta llegar al año 1998, cuando dejaba de funcionar el Pozo San Luis de La Nueva en Langreo, al que seguirían el Pozo Tres Amigos en Mieres, el 31 de diciembre de 2000;  el Pozo Siero, antiguas Minas de Solvay en Lieres, y el Pozo Samuño en la localidad langreana de Ciaño, ambos el 31 de diciembre de 2001; produciéndose, un año más tarde, el cierre de los Lavaderos de Sovilla en Mieres.

Pero aquella sangría de cierres, surgida de aquel encierro “salvador” de la minería asturiana, continuaba su marcha enloquecida y, en octubre de 2003 le tocaba el turno al Pozo San Antonio, en Moreda de Aller, hasta llegar al mes de mayo de 2004 cuando se procedía al cierre del Pozo Pumarabule, en la localidad sierense de Carbayín, y así hasta llegar al 27 de junio de 2007, cuando salían los últimos mineros del Pozo Figaredo, para poner punto y final a dos siglos de minería en el Valle de Turón, que llegó a tener más de 20 explotaciones en funcionamiento. Ese mismo año, concretamente el 31 de julio, se procedía al cierre de los Lavaderos de Modesta, después de los daños sufridos en un incendio declarado, de muy dudosa autoría.

Esto es lo que queda de la venganza de la burguesía con Asturias: 5.000 muertos en accidentes mineros, de los cuales una parte de ellos, solo una pequeña parte, figuran en el memorial dedicado a las víctimas en la plaza del Pozo Sotón.

El Pozo Candín de Langreo cerraría sus instalaciones en el 2013, al que continuaron los cierres de los Pozos Sotón de Sotrondio y Montsacro de Riosa, el 31 de diciembre de 2014, y más recientemente las instalaciones del Pozo María Luisa de Langreo, en diciembre de 2016, y los Pozos Carrio de Laviana y Santiago de Aller, en diciembre de 2018.

Al final, se hacían realidad las profecías de los líderes del pandillerismo somático y cocoso cuando glayaron al unísono aquello de que “el encierro del Pozo Barredo había marcado un antes u un después”: efectivamente, antes del encierro había 20.000 mineros en Hunosa y ahora quedan 450, resultando muy extraño, casi milagroso, que Villa todavía continúe con vida al día de hoy, después de haberla puesto en juego durante el transcurso de aquel mitin electorero del PSOE, celebrado en su pueblo natal de Tuilla, el 9 de junio de 1986…

“Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital”. Esta es la sentencia escrita en el parte de alta de Urgencias  y por el que se devolvió a su centro asistencial a una mujer menor de 80 años que presentaba “neumonía bilateral” y “probable covid 19 (pendiente PCR)”, según se especifica en el “juicio clínico” del mismo documento. La paciente fallecía tres días después en su residencia tras no ser ingresada en el Hospital Infanta Cristina, de Parla (Madrid) (18 de mayo de 2020)

Hubo un tiempo en que admirábamos a los ancianos por su capacidad de resistencia, por ser ellos los que nos abrían el camino y nos pasaban el testigo, por su sabiduría, por su experiencia. Eran nuestros mayores, mucho más grandes que nosotros. Sin embargo, ahora nos ha dado por desdeñarlos, por ignorarlos. Ya no nos parecen sabios, sino objetos para depositar en trasteros y pretanatorios, sintiendo que su empeño en no morirse es un fastidio, una carga para la colectividad. Es posible que no haya existido nunca una sociedad que peor haya tratado a los viejos como la actual, olvidándonos que en esa ancianidad acabaremos todos, siempre que no nos lo impida ese “bicho” expandido globalmente por los “amos” del dinero.

Y es que el capitalismo, en su forma neoliberal se fundamenta en dar prioridad al mercado por encima de la organización de la vida social. Es decir, el capitalismo neoliberal no es solo un marco de análisis para la organización económica, sino que también dicta las normas sobre cómo debe organizarse la sociedad, alentando a los individuos a ser sumamente competitivos, ya sea con la seguridad laboral, la riqueza material, el status social, las relaciones personales o el valor moral, y dentro de ese marco, el valor de los cuidados es secundario, accesorio, siendo el dinero la medida más utilizada para calcular el éxito y el indicador principal de competencia y valor. Es decir, perder el tiempo en el cuidado y bienestar de otras personas que no pueden pagar un precio de mercado por los cuidados resulta muy desaconsejable, una pérdida de tiempo para seguir ganando dinero.

Y, siendo verdad que en Europa los cuidados fueron arrancados en plena lucha de clases después de la segunda guerra mundial, sin embargo, los agujeros en los sistemas de aquel bienestar arrancado a sangre y fuego han quedado de manifiesto con la pandemia de Covid-19 que nos está tocando sufrir, especialmente en España donde las altas tasas de mortalidad en las 5.457 residencias de ancianos, públicas y privadas, han demostrado que las personas mayores y vulnerables no eran una prioridad.

Ocurre, lisa y llanamente, que al neoliberalismo globalizado le sobran los mayores que lastran la economía, porque no son más que números en los sistemas de pensiones y creen que los ancianos les están robando porque ya no trabajan, no producen. ¿Por qué entraron estos ancianos en los hospitales durante la pandemia de la COVID-19 con un simple resfriado y salieron en ataúdes? ¿Por qué en esos pretanatorios llamados geriátricos o residencias de ancianos han muerto aquellos que estaban sanos? ¿Podemos pensar que se les ha aplicado la eugenesia?

Si algo está quedando muy claro durante la pandemia es que las residencias y geriátricos han supuesto uno de los principales pilares de la mortandad masiva de ancianos, siendo muchos elementos los que pueden explicar este fenómeno. El primero la pasividad del sistema sanitario. ¿Qué recomienda el ministerio de Sanidad cuando un anciano, la persona más vulnerable, ha estado en contacto con un caso de coronavirus? ¿Hospitalizarlo? No. ¿Testar si es positivo? No. ¿Obligar a los trabajadores a protegerse de él? No. ¿Identificar a sus contactos? No. El ministro filósofo de Sanidad cree que un anciano potencialmente contagiado debe quedarse aislado en su habitación catorce días. Y que esté bien ventilada. Pero, ¿quién vigilará su evolución si no está en un hospital? Es decir, mientras los ancianos permanecen en la residencia lejos del sistema sanitario, pueden estar ocultamente incubando y agravando su enfermedad, de tal manera que, cuando los síntomas afloren y el centro avise a Sanidad, el residente puede estar muy grave, agonizante o muerto, tal y como llegó a declarar públicamente la mismísima ministra de Defensa, Margarita Robles, 24 de marzo de 2020: “El Ejército en algunas visitas ha podido ver a algunos ancianos absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas», para asegurar a continuación que, “ante esta falta de cuidados, el Gobierno será implacable y contundente haciendo caer todo el peso de la ley sobre aquellos que no cumplan con esa obligación».

Las declaraciones de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, contra algunas residencias de mayores porque miembros de las Fuerzas Armadas encontraron durante tareas de desinfección personas fallecidas en las habitaciones de los centros, como si se tratara de una grave negligencia que hay que perseguir, han generado confusión, intranquilidad y, por supuesto, el malestar del sector (25 de marzo de 2020)

El 5 de mayo de 2020, una periodista de la agencia Reuter le preguntaba al ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la cifra de los fallecidos en las residencias de mayores respondiéndole este que aún los estaban analizando y que ya la darían a conocer, habiendo entrado en el año 2021 sin ninguna respuesta. Esto es, el gobierno de España no sabe el número de muertos producidos en los pretanatorios, y mientras se sigue produciendo esta eutanasia el bochorno es tal que el mismísimo vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, se resiste a dar las cifras de mortandad en las residencias, justificando su negativa en que las competencias en la materia han sido transferidas a las comunidades autónomas.

Pedro Sánchez tropieza siempre con los muertos del Covid-19 en las últimas sesiones parlamentarias de control al Gobierno. Este miércoles, 17 de junio, cometió un error garrafal al vincular su anuncio de un “homenaje de Estado” (no funeral de Estado) a las víctimas del coronavirus con un número de fallecidos, “27.000”, que nadie cree, ni siquiera el mismo Instituto Nacional de Estadística (17 de junio de 2020)

Nadie quiere destapar el holocausto de la tercera edad por una epidemia que no iba a llegar, pero la triste realidad es que más de cuarenta mil ancianos han sido desviados en 2020 a unos raíles que conducían a la muerte. Unos creerán que el virus conducía el tren, otros que la negligencia, otros un indebido triaje que los alejó del hospital y de las UCI, pero si España sabía desde enero, tal y como ha quedado demostrado hasta la saciedad, que el virus priorizaba a los mayores, nunca debieron de morir 42.918  ancianos, según las cifras oficiales del I.N.E. Unas cifras que por sí mismo ya resultan un desastre, pero que al compararlas con las de otros países de Europa, significan una catástrofe absoluta, no habiendo ningún país europeo cuya contabilidad oficial alcance los porcentajes españoles.

Si algo nos está enseñando esta pandemia es que, en tiempos de enfermedad, los cuidados nunca deben de ser un extra opcional, sino que sirven para marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Claro que hay cosas más importantes que el dinero, el estatus y el poder, pero el capitalismo, al regirse por el ánimo de hacer dinero, no solo permite la violencia y la matanza en la guerra organizada con fines lucrativos, sino que también permite que las personas mueran por negligencia, ya sea por pobreza, falta de vivienda o falta de atención médica.

Pienso muy sinceramente que, al margen de otras cuestiones que irán saliendo a la palestra, como el de la cacareada y tan esperada vacuna, es el momento de elaborar una nueva política de los cuidados y de la justicia afectiva que refute la narrativa de la política puramente egoísta. Ello es necesario, no solo por la importancia predominante de los cuidados como ética política, sino porque las personas necesitan una senda intelectual y política que contrarreste los discursos del miedo, el odio y la exaltación que gobiernan un mundo guiado por la moral capitalista. Por supuesto que, sin quitar un ápice a la gravedad que tenemos presentada, fuera de cualquiera teoría conspirativa, el miedo y la excesiva alarma, con ejército incluido, han sido el principal objetivo en el confinamiento y la desmovilización para imponernos esa “nueva normalidad” en forma de austericidio y privatización de los derechos sociales arrancados.

ANTON SAAVEDRA