Se trataba de un gigante que enorgullecía a los distintos gobiernos, el sector inmobiliario era el motor de la economía española, pero un gigante con pies de barro ya que el sunami de la crisis de 2008 puso de manifiesto todas las fragilidades del sistema, miles de personas quedaron sin vivienda, otras quedaron hipotecadas de por vida, a merced de las ejecuciones hipotecarias

“En el Derecho de la Unión, la vivienda es un derecho fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta que el tribunal remitente debe tomar en consideración al aplicar la Directiva 93/13”. Ni más ni menos. Esa afirmación, procedente de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de septiembre de 2014, constituye un innegable avance en el proceso de construcción de un derecho a la vivienda familiar justiciable, exigible ante los tribunales y determinante de una actitud proactiva de estos para lograr su efectiva protección.

La Unión Europea, siguiendo la estela del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asume así planteamientos muchísimo más avanzados que los vigentes en nuestro país donde, anclados aún en la construcción constitucional de los principios rectores de la política social y económica, parece resultar cada vez más difícil impulsar una efectiva protección del derecho a la vivienda familiar. Qué duda cabe, tales dificultades no responden sino a la percepción de la vivienda como puro activo económico, como valor hipotecable, todavía vigente en nuestro país, condicionada por un modelo inmobiliario que, ligado íntimamente al sector de la construcción, se alimenta de la especulación y la corrupción que suponen el verdadero cáncer que afecta al trabajador que vive de un sueldo, al que cada vez se le hace más prohibitivo acceder a una vivienda digna como uno de sus derechos fundamentales.

Es cierto que el artículo 47 de la Constitución estipula que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, pero son los poderes públicos los que deben garantizar la totalidad de la política social, y son los poderes públicos los que tienen la obligación de facilitar una solución habitacional alternativa, bien haciéndose cargo directamente del pago del alquiler u otro procedimiento parecido, y como no, construyendo vivienda social.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, recuerda que “hay una sentencia del Tribunal de Justicia de Unión Europea contra los desahucios” y explica que, a iniciativa de su formación, se firmó “una declaración para pedir a Rajoy que intervenga y que frene los desalojos”. De esta manera, subraya que tienden la mano “a todas las formaciones políticas poniendo por delante los derechos de la gente” (La Sexta, el 24 de julio de 2014)

Recientemente, Unidas Podemos, ERC y Bildu han presentado una enmienda conjunta a la ley de presupuestos, destinada a suspender hasta 2023 los desahucios de las familias en situación de vulnerabilidad, dejando muy claro en sus manifestaciones públicas que su finalidad no era otra que presionar al PSOE, siendo el representante catalán, el tal Rufián,  quien, como de costumbre, se manifestase de forma más expresiva pero también más impertinente el sentido que se pretendía dar al acto: “Aquí está la anti España defendiendo derechos fundamentales”.

Pero no, la enmienda presentada no defendía, ni mucho menos, los derechos fundamentales, sino, más bien, lo que hacía no era otra cosa que reconocer el fracaso de un gobierno, en el que las tres organizaciones políticas, de una o de otra forma pertenecen, o apoyan. Un gobierno que se declara incapaz de afrontar el problema de las familias en situación de auténtica vulnerabilidad.

Desde mi particular punto de vista, si la pretensión de la enmienda era proteger el derecho a la vivienda de los indigentes tendría que haberse orientado por otros derroteros, obligando, por una parte, al Estado a la disposición de viviendas alternativas o asumir el pago del alquiler, reclamando al mismo tiempo el establecimiento de una partida presupuestaria para atender tal contingencia. Es en este terreno donde podría hablarse de la cuestión de decencia a la que se refería Rufián y no en el de la propuesta realizada. Hay que preguntarse, por tanto, si la finalidad última no era otra muy distinta, introduciendo ruido en el sistema para debilitar al Estado, a la vez que recurriendo al fácil recurso de la propaganda electorera.

La coalición de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, sigue crujiendo cada vez que aparece un tema sensible encima de la mesa. El último choque por la prohibición de los desahucios se produjo tras el órdago de ERC a Pablo Iglesias: “Si quieres mantener la mayoría de la investidura para los Presupuestos, y no tenerte que echar a los brazos de Ciudadanos, hay que prohibir los desahucios en España”. Un ultimátumque los comunes de Ada Colau cogieron con enorme preocupación haciéndole ver a Pablo Iglesias que no podía quedar fuera de una iniciativa contra los desahucios en plena precampaña electoral en Cataluña. Advertencia que la mismísima alcaldesa de Barcelona espetaría directamente a la cara de Pablo Iglesias: “Si ERC capitaliza esto, estamos muertos el 14 de febrero”. No es preciso recordar que algunos de los principales dirigentes de Unidas Podemos, tales como Ada Colau, Irene Montero o Rafa Mayoral, proceden de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), el verdadero germen del 15-M.

Dentro de este trato de protección a la banca, siguiendo la lógica política predominante, pero que a la PAH nos resulta incomprensible, el Gobierno progresista muestra su total empatía hacia la fusión de Bankia y CaixaBank, mientras deja desprotegidas a miles de familias que se verán inexorablemente en la calle por su incapacidad de escuchar a quienes vivimos el problema. Desde ahora, los próximos desahucios son responsabilidad del gobierno progresista, además de la angustia que ya tienen las familias las cuales cada día están más en precario. Exigimos ya una rectificación urgente que evite la discriminación, así como que inicien el camino a la recuperación del rescate bancario en forma de casas, para aliviar el déficit existente (Comunicado de la PAH, el 30 de setiembre de 2020).

Siendo verdad que, tras un tira y afloja, en las que Unidas Podemos llegó a plantear en el Congreso una enmienda a los Presupuestos que había pactado con el PSOE, retirada ahora bajo el compromiso de un nuevo decreto para extender la prohibición de desahuciar durante la pandemia, no es menos cierto que un decreto aprobado el pasado mes de marzo y prorrogado en dos ocasiones ya impedía desalojar de sus casas a inquilinos afectados económicamente por la crisis del coronavirus hasta el 31 de enero. Ahora eso se extenderá al menos hasta el final del actual estado de alarma, el próximo 9 de mayo. Un texto, a todas luces insuficiente frente al grave problema de los desahucios, ya que la regulación solo contempla la vulnerabilidad sobrevenida por la covid y deja fuera a otros colectivos vulnerables cuya situación no ha empeorado sustancialmente desde marzo porque ya era mala antes. Y una prueba de que los desahucios no se han parado es que durante el tercer trimestre del presente año 2020 fueron expulsadas de sus viviendas 7.096 personas, de los cuales más de 5.000 eran inquilinos, representando un 30% menos que en el mismo periodo de 2019, una cifra muy lejana para poder asegurar que los desahucios se han detenido por la pandemia.

En efecto, tal y como dice el artículo 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, pero ¿que entendemos por digna y adecuada? El artículo sigue disponiendo que “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho”. Es decir, el garante del derecho son los poderes públicos, pero, además, sigue diciendo el artículo que los poderes públicos deberán regular “la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Por si no fuera suficiente, el artículo termina con una solemne proclama: “La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”

Es aquí donde es preciso recordar que la práctica totalidad de los proyectos urbanísticos realizados en este país han gozado de la colaboración de los entes públicos, y es notorio que la comunidad ha participado poco, si acaso escasamente, en esas plusvalías de las que habla dicho importante precepto. A uno, a estas alturas casi le causa sonrojo leer como termina éste primer párrafo de dicho precepto normativo. Es por ello que se debe tomar consciencia de que el derecho a la vivienda en España no es un derecho fundamental, pero tiene que serlo. Esa es la cuestión.

Pablo Iglesias en la portada del International New York Times, el 15 de febrero de 2015.

Nos encontramos en la fecha del 15 de febrero de 2015 cuando Pablo Iglesias Turrión, después del éxito alcanzado en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 25 de mayo de 2014 (1.245.948 votos y 5 escaños), iniciaba su periplo norteamericano en Nueva York con su conferencia titulada “La esperanza está cambiando de bando: comprendiendo el cambio político de España”, aunque el verdadero objetivo del viaje neoyorkino de Iglesias, preparado concienzudamente por Pablo Bustinduy Amador, hijo de la exministra de Sanidad del PSOE Ángeles Amador, y responsable de relaciones internacionales de Podemos, fue, muy probablemente, buscar puntos de conexión o afinidad con el Tío Sam. Pablo Iglesias aterrizaba en Gringolandia, se supone que habiendo rellenado el típico cuestionario donde a todo bicho viviente que llega al paraíso de la brutalidad policial se le obliga a responder si es, o no es comunista.

Pablo Iglesias y sus muchachos en Nueva York, camino de su reunión con el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, el 16 de febrero de 2015.

En su apretada agenda, Iglesias mantendría un encuentro con Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, un personaje que va de “keynesiano” postmoderno, aunque defendiendo la estafa capitalista de Wall Street como el primero. Es decir, una reunión entre dos personajes engañabobos reformistas del capitalismo intentando dar gato por liebre y, aún así, los enemigos jurados del gran líder Pablo Iglesias siguen pensando, en sus delirios ultras, que este tipo es primo cercano de José Stalin. Comunismo que el líder de Podemos, en su viaje turístico a New York, puso en práctica elogiando a la Reserva Federal norteamericana. Sí, como lo oyen, esa misma Reserva que ha rescatado al corrompido capitalismo financiero internacional.

Según Pablo Iglesias, la Reserva Federal ha comprado deuda para resucitar la economía y el Banco Central Europeo sólo ha respondido a las exigencias de los grupos de presión financieros. El BCE debería parecerse más a la Reserva Federal. De esta manera, el genio económico podemita quedaba contagiado repentinamente del “regusto” neoliberal capitalista. De lo contrario, no está demostrando sino un desconocimiento sobre el Sistema de Reserva Federal norteamericano que fue quien orquestó un rescate secreto a la banca mundial inyectando 7,7 billones de dólares, esto es más de la mitad del PIB de EEUU, realizado a espaldas del Congreso de EEUU, obteniendo a través de ese rescate un beneficio neto de más de 13.000 millones de dólares. Un salvavidas financiero encubierto que se organizó mediante préstamos secretos a intereses prácticamente inexistentes.

Pablo Bustinduy y Pablo Iglesias con Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, en Nueva York, el 17 de febrero de 2015

Ya de vuelta a España, Iglesias se reunía con el jefe de la diplomacia de las pistolas y las bombas en Madrid, reuniéndose en la embajadaCIA estadounidense, a iniciativa, dicen, del jefe de la legación gringa, un poco como continuación pactada de la visita a EEUU.

En la misma, Pablo Iglesias se dejaría seducir de inmediato por las barras y las estrellas. Un antiimperialista como él, no podía dejar pasar la ocasión de oro para rendir pleitesía a los amos del Mundo. En cierto modo, se trataba de formalizar, oficialmente, el tránsito de la disidencia controlada podemita a ser un socio más de la “casta” española y, por supuesto, del establishment imperial. Sé que esto es de ser muy malpensado, pero a mí me suena ese encuentro a algo así como el bautizo oficial de Iglesias como nuevo hombre de Washington en Madrid, más que nada por si no llegare a desinflarse el “fenómeno” Podemos.

No está de más señalar el papel que desempeñan las embajadas de EEUU en el mundo, cuál es su común denominador injerencista. Lógicamente, están encabezadas por un personaje que responde al ceremonial nombre de embajador, que es el que habitualmente sirve de enlace con “opositores” políticos afines al imperio y coordina los movimientos o golpes de Estado involucionistas en países que sean moderada o radicalmente hostiles a EEUU, o bien en los que los intereses de Gringolandia, en esos países, se encuentren en apuros.

Por otro lado, está el personal del cuerpo diplomático, compuesto fundamentalmente por agentes de la CIA cuya finalidad es la de sobornar a los mencionados “opositores”, realizar actuaciones ejecutivas para movilizar y financiar a través de sus “ong’s” NED o USAID a grupos terroristas para que realicen asesinatos o efectúen sabotajes, o bien sacar a las calles a alborotadores violentos para que, provocativamente, incrementen la tensión política en contra del gobierno de turno.

Esto no es una elucubración teórica o una conspiración como clamarán algunos sino hechos contumaces y persistentes confirmados absolutamente a lo largo de la historia. Y es que hoy se conoce que casi todas las embajadas de Estados Unidos en el mundo no son más que centros de espionaje que realizan operaciones de inteligencia, violando todas las normas y reglas internacionales sin importar las consecuencias.

Pablo Iglesias en el púlpito del Círculo Español en el barrio neoyorkino de Astoria, el 22 de febrero de 2015.

En realidad, hace tiempo que se olía ese entendimiento, pero por si alguien pudiera tener alguna duda al respecto, sería la prensa del felipismo quien sacaba a la luz un documento redactado por el propio Pablo Iglesias, para dejar las cosas suficientemente claras. El destinatario de la misiva era el Financial Times, los gendarmes financieros y toda esa chusma que controla la rapiña económica de Europa. Pablo Iglesias, el Mesías del neocapitalismo “light”, explicaba en su panfleto en qué consistía su tan publicitado cambio por el cambio, recambio o “cambiazo”, aquel eslogan que cocinaron los adictos del hispano colombiano, Felipe Gladio-GALzález, en 1982. Por cierto, el mismo personaje que ahora anda de tournée por Venezuela bajo tutelaje de la CIA, para asistir a delincuentes y terroristas, como Leopoldo López, líder de la oposición venezolana, y Antonio Lezama, exalcalde de Caracas, aunque acabaría siendo declarado como persona “non grata” por la Asamblea Nacional de Venezuela al ser acusado de injerencias en los asuntos internos del país.  

Understanding Podemos es la plegaria hortera que Pablo Iglesias Turrión lanzaba a los jefes del capitalismo financiero internacional, con sede, esta vez, en Londres: entiéndanos, somos Podemos, no somos comunistoides ni enarbolamos banderas revolucionarias. Queremos capitalismo con rostro humano, del mismo tenor, pero algo más maquilladito que el que suele poner en práctica Zara en Bangladesh.

Felipe González a su llegada a Caracas con la madre de Leopoldo López. El exsecretario general del PSOE y expresidente del gobierno español, implicado en la defensa de los líderes opositores venezolanos, ha declarado que la condena dictada en las últimas horas contra Leopoldo López, le convierte en “un preso político” del chavismo. De hecho, en un escrito que ha dado a conocer, ha advertido que “ha sido condenado por Nicolás Maduro, como todos los demás presos políticos de Venezuela” (11 de setiembre de 2015).

Así es, Pablo Iglesias afirma que “no son un partido revolucionario”. Ni siquiera – sigue diciendo -, somos asamblearios, traicionando de esa manera el supuesto organizativo parido del 15-M, sino que se han autoinventado un término un tanto viejuno y encima oliendo a nacionalismo casposo franciscofranquista. La nueva milonga política de la fritura podemita es ser “nacional-soberanista” y “limitar” el capitalismo de amiguetes, pero ojo, sin tocar a los amiguetes de los amiguetes, para que ellos se conviertan en los nuevos coleguitas del capitalismo financiero “amiguete”.

Pablo Iglesias en los pasillos de la Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas, el 17 de febrero de 2015.

Tal y como hizo en su visita a Nueva York, bendiciendo entre otras cosas a la sionista, corrupta y podrida Reserva Federal norteamericana, Iglesias deja muy claro, en el otro reino del gangsterismo económico – el londinense -, que eso de las luchas sociales no son más que un cuento, que la verdadera motivación ciudadana es “defender el continuo desgaste de la soberanía nacional”. Este tosco y clarificador discurso filibustero de Iglesias desmonta cualquier componente ideológico “marxista” asociado a la formación morada que algunos tolilis izquierdosos siguen cantando, tanto que el propio Iglesias sentencia que su proyecto no tiene nada que ver con un modelo de “transición al socialismo” o al “marxismo revolucionario”.

Ni siquiera tiene nada que ver con la división política entre derecha e izquierda, tal y como llega a manifestar literalmente en el libro “Conversación con Pablo Iglesias”, publicado en julio de 2014: “Ahora de lo que se trata es de actuar con sentido común y que, para Podemos, las categorías políticas que se atribuyen algunos partidos con representación parlamentaria no son más que una pantalla tras la que se ocultan intereses ajenos a la política (…) Podemos es ciudadanía haciendo política. La política es demasiado importante como para dejarla en manos de la casta, en manos de los que en última instancia se han convertido en mayordomos de los bancos y no en carteros de los ciudadanos. Cuando dejas que la política la hagan otros, te pueden robar la democracia, los derechos, y si me apuras, la cartera. Podemos es una manera de demostrar que la política no tiene porque estar en manos de los partidos políticos, ni en manos de eso que, genéricamente, se llaman los políticos, para referirse a la casta. Es la demostración de que con la gente haciendo política se pueden cambiar las cosas (…) Es obvio que yo soy de izquierdas, es obvio que buena parte de la gente de Podemos es de izquierdas, pero entendemos, como muy bien dice Iñigo Errejón, que izquierda y derecha son metáforas que expresan cosas, y cuando dejan de expresar lo fundamental, que es esa dicotomía entre las mayorías sociales y las oligarquías, dejan de ser útiles en términos políticos”.

Ellos, y el clon griego, no son más que herramientas de disidencia controlada creados desde el mismo sistema para dividir y vencer. A Izquierda Unida, lo estamos viendo, la han dejado fundida, pero vamos que no la conoce ni la madre que parió al programa-programa-programa del maestro Julio Anguita, tanto que el pobre Alberto Garzón sigue mendigando árnica y agua al muñeco podemita. Lo importante, en la jugada maestra del sistema que ha dado lugar al actual estado de cosas, era desactivar la rebelión social con un hábil charlatán con capacidad para encapsular el descontento en las calles.

Alexis Tsipras y Pablo Iglesias en un mitin de Syriza en la campaña electoral del 25 de enero de 2015 en Grecia.

Y, en Grecia, los de Syriza aglutinaron las protestas, mucho más combativas y ruidosas que aquí, en España. Desde 2010, Grecia venía sufriendo un durísimo austericidio impuesto por los acreedores y por los partidos que se turnaban en el poder: el socialdemócrata y corrupto PASOK y el corrupto conservador Nueva Democracia, pero el 25 de enero de 2015 se produjo un cambio radical en el panorama político. El partido Syriza de Tsipras y Varoufakis ganaba las elecciones legislativas, obteniendo 149 escaños de un total de 300, viéndose abocado a formar gobierno de coalición con ANEL, una pequeña organización de derecha soberanista que anunciaba, como Syriza, acabar con las políticas del austericidio impuesto.

Con un programa radical, donde el primer punto hacía referencia a la deuda, exigiendo una auditoría pública de la misma y la suspensión de la misma hasta consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, con una serie de medidas de urgencia para hacer frente a la crisis humanitaria, con el aumento de impuestos sobre la renta hasta el 75% sobre las superiores a 500.000 euros anuales; el aumento del impuesto a las grandes empresas; la abolición de los privilegios financieros de la iglesia; una drástica reducción de los gastos militares; el incremento del salario mínimo; la utilización de los edificios del Gobierno, de los bancos y de la Iglesia para los sin techo; la nacionalización de los bancos, de las empresas públicas que fueron privatizadas en sectores estratégicos para el crecimiento del país; medidas para restaurar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y mejorarlas; la adopción de reformas constitucionales para garantizar la separación de la Iglesia del Estado; la realización de referéndum sobre los tratados y otros acuerdos con Europa; la abolición de los privilegios de los diputados; la supresión de la inmunidad de los ministros y la autorización de los tribunales para iniciar procesos contra los miembros del Gobierno; incremento de la financiación de la salud pública para alcanzar la media europea; nacionalización de los hospitales privados; abolición de la cooperación militar con Israel…En fin, un amplio programa al que se agregaba como lema “Ningún sacrificio por el euro” veía como sus votos se multiplicaban hasta alcanzar la victoria  en las elecciones con el 26,5 % del censo. El final del gobierno de Alexis Tsipras y de su partido Syriza ya es conocido tristemente, después de toda una serie de giros y traiciones realizadas en petit comité por parte de su lider, en lugar de poner en práctica la línea política decidida de manera colectiva en el seno de Syriza, y aprobada democráticamente por la población griega.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). Allí, Iglesias ha querido ganarse al auditorio desde el primer minuto antes de que empezara a desgranar sus propuestas para cambiar España. El secretario general de Podemos ha hecho un guiño a los ciudadanos estadounidenses. “Y ahora me dicen: “¿Por qué vas a Estados Unidos si ni siquiera te gustan los Estado Unidos?” Así que quiero empezar mi discurso, mostrando mi admiración por la gente de este país”, el 17 de febrero de 2015.

Pablo Iglesias, el charlatán de la CIA en Madrid, creado en un primer momento como disidencia controlada neoprogre para oxigenar el sistema, desactivando y neutralizando las luchas políticas en las calles, suele ser mitificado por la caverna más extremista y reaccionaria de este país como un “estalinista bolivariano” que amenaza con llevar a España al túnel más sórdido del “chavismo” y la Revolución de Octubre. Sin embargo, el propio Iglesias reconoce en el citado libro que lo que había en la Unión Soviética no era, precisamente, muy bonito, para rematar afirmando que no valen argumentos de ningún tipo para su defensa: “Había niveles mayores de igualdad social, todo el mundo iba a las escuelas… Sí, muy bien, y eso no es despreciable, pero aquello fue un fracaso a muchísimos niveles. Un fracaso que no se explica por la relación desigual en la carrera armamentística, ni por las relaciones económicas de subordinación que generaban los países capitalistas. Es que aquello era muy feo, y lo reconocieron muchos de sus dirigentes. La prueba de que era horrible es que los artífices de los procesos de restauración del capitalismo más abyectos en los nuevos países del Este, con bancos centrales independientes, con empobrecimiento de la mayor parte de las capas de la población, con la desaparición de los sistemas de protección social eran los jefes de los partidos comunistas. Es decir, de la noche a la mañana los jefes de los partidos comunistas se convierten en los mejores amigos del Bildeberger, incluso en los mejores amigos de la OTAN…”

Aunque los más despistados, crédulos y neohippies perroflautas de la Puerta del Sol madrileña sigan creyendo que su telepredicador favorito va a dar algo más que un brochazo político-social al sistema “bribónico”, la agenda del sistema se está cumpliendo a rajatabla. Y muchos debieran callar para siempre porque, mira por dónde, están en el mismo barco ideológico-otánico que el “camarada” Iglesias.

La entrevista con el actual vicepresidente ha tenido lugar en un despacho «decorado con una foto de Felipe VI”. Añade que Pablo Iglesias se describe como «parte de un nuevo consenso internacional, donde la economía de mercado está mejor protegida y se garantiza unos niveles mínimos de demanda y bienestar». Añade que el líder de Podemos considera que las «ideas de Thatcher o Blair han sido enterradas por la historia y ya no las defiende nadie». El FT resalta asimismo las «emolientes palabras» de Iglesias sobre Pedro Sánchez, del que dice «estar muy orgulloso», sugiriendo que la coalición se mantendrá toda la legislatura.

En efecto, Pablo Iglesias ha dado la cara, y vaya cara, por la banda terrorista OTAN, una organización sobradamente conocida por haber sido la que más actos terroristas ha ejecutado en el mundo en los últimos cincuenta años, solamente superada por la CIA. Que se trate de organización militar, un ejército o ejércitos regulares de varios países, no le da ningún marchamo especial, sino el de ser una colección de asesinos NATOs. Las pruebas son irrefutables en su contra, desde su fundación. Sin duda, que la reunión mantenida en la sede de esta última organización (la CIA) en Madrid, entre el embajador James Costos y el propio Iglesias, ha dado fructíferos acuerdos entre bambalinas. Entre ellos, lógicamente, estaba que Iglesias Turrión mostrase lealtad absoluta a la OTAN y en su proyecto político, de cara a una hipotética jefatura de gobierno, se hiciera con un militar de cierto prestigio. Dicho y hecho. Pablo Iglesias no tardaría mucho en fichar para Podemos al exjefe del Estado Mayor, José Julio Rodríguez Fernández, militar de confianza del gobierno zapateril y actual jefe del gabinete de Pablo Iglesias en la vicepresidencia segunda del gobierno de España, después de haberlo presentado a las elecciones generales por distintas circunscripciones para el Congreso de los Diputados sin haber logrado escaño en ninguna de ellas.

Iglesias al ser preguntado por su posición respecto a la OTAN no ha dejado lugar a la duda para dejar claro que lo suyo sería, de auparse al poder, hacer de mayordomo de EEUU y la Alianza Atlántica al afirmar que cree en “un sistema integral de defensa europeo”, un lenguaje tan vacuo y elusivo como trapacero, al tiempo que, ya más explícitamente, señalaba que “España tiene que cumplir con sus compromisos internacionales y legales”.

La iniquidad y rastrerismo de Pablo Iglesias hacia EEUU y la OTAN es equiparable al peor y más corrupto pelele del imperialismo neocolonial otánico cuando afirma que la OTAN tuvo un importante papel en la modernización de las Fuerzas Armadas, lo que supone un respaldo, sin fisuras, indudable, a las políticas de asesinato y crimen masivo del atlantismo. El líder de Podemos dice que es un hombre “responsable y pragmático” y “las cosas hay que hacerlas bien”.

Aunque pudiera parecerlo, sus declaraciones no se tratan de ninguna broma. Recordemos a Javier Solana, el más furibundo y visceral antiOTAN del PSOE, antiguo manifestante anti guerra de Vietnam, pero con beca norteamericana Fullbright para estudiar en los USA que acabó siendo, además de asiduo de Bildeberger, el jefe de la banda otánica y con múltiples crímenes en su haber durante la artificial guerra de Yugoslavia.

Mientras que otro progre de postal, el laborista noruego Jens Stoltenberg llegó a manifestar, cuando era Primer ministro de su país y líder del Partido de los Trabajadores que “La solución a los problemas en Libia son políticos, no pueden ser resueltos sólo por medios militares”, de tal modo que Noruega se iba a salir, en agosto de 2011, de la coalición otánica anti-libia. Desde la CÍA-OTAN se tomaba nota, dejándole un recado en forma de falsa bandera terrorista en la isla noruega de Utoya, el 22 de julio de 2011, cuando se produjo la matanza de 80 jóvenes, usando a un fantoche extremista llamado Breivik. Luego, Stoltenberg, quedaba convertido en otro super-fan de la OTAN, hasta el extremo de ser nombrado jefe de la organización atlántico-imperialista. ¿Qué tiene qué decir a todo esto el alfeñique podemita tan respetuoso y deferente con poderes fácticos que cometen crímenes masivos bajo bandera “democrática”?

De esto, Pablo Iglesias ni papa, él a lo suyo con el mariquita Costos a cerrar el círculo de la operación Isidoro II con la satisfacción de haber neutralizado un posible movimiento antiamericano y, sobre todo, verdaderamente anticapitalista en España. El 15-M de los neohippies, que parió al “podemismo”, pasó a mejor vida como un experimento fraudulento manejado por George Soros y el CNI.

Este magnate sionista nacido en Hungría con el nombre de  György Schwartz viene operando junto a los intereses políticos, económicos y financieros anglo-americanos y pro-occidentales en una estrategia de beneficio mutuo cuyo ejemplo más conocido fue la financiación de la campaña de Barack Obama, dibujando siempre un escenario dicotómico de buenos y malos, donde los primeros serían los ciudadanos progresistas, favorables a una “sociedad abierta”, presuntamente libre y democrática y susceptible de asumir una nueva moral que acabe con el viejo orden mundial, financiando para ello, con cientos de millones de dólares al año, la inmigración ilegal, la ideología de género, el feminismo radical y los movimientos pro-LGTB, entre otras actuaciones.

Los malos son los líderes políticos, partidos o medios de comunicación conservadores, descritos habitualmente como autoritarios, dictatoriales o directamente fascistas, siendo objeto habitual de todo tipo de críticas por parte de la telaraña global de Soros, estimándose que habría invertido, a través de su Open Society Foundation – en su organigrama se puede ver perfectamente a Podemos formar parte del mismo -, 32.000 millones de dólares para financiar proyectos de subversión de Estados y sociedades.

Organigrama de la Open Society Foundation, donde aparece el movimiento morado de Podemos.

Este “Nuevo Orden Mundial” de Soros tiene como objetivo impedir que las naciones obstaculicen el modelo capitalista que alimenta a sus empresas y a oligarquías financieras transnacionales tales como Rockefeller, Rothschild, y Goldman Sachs. De esa manera, Soros habría cogido el relevo de David Rockefeller para seguir cumpliendo el programa diseñado por estos círculos económicos con sede en la City, Wall Street y Suiza.

Lo cierto es que, detrás de una fachada progresista, sus ONGs no son más que organizaciones liberales y ultracapitalistas orientadas a generar agendas políticas perfectamente diseñadas, instalando regímenes títeres para servir fielmente a los designios de la oligarquía anglo-americana. Resulta paradójico observar cómo regímenes llamados de izquierda y socialdemócratas, caso concreto de España con su presidente Pedro Sánchez en la cabeza, se alinean y someten a dicha oligarquía, o cómo movimientos como el 15-M u “Occupy Wall Street” son protegidos, amparados y financiados por el magnate sionista George Soros.

Para lograr sus objetivos, Soros nunca dudó en fragmentar naciones, arrebatándoles su discurso, haciéndoles perder fuerza recurriendo a la división: divide y vencerás, decía el romano Julio Cesar. De hecho, la Open Society Foundation ha inyectado fuertes cantidades de dinero al Observatori DESC, próximo al independentismo catalán, del que era coordinadora la actual alcaldesa de Barcelona, la podemita Ana Colau. ¿Y, por qué Cataluña, se preguntarán? Pues, por diversas razones, siendo la principal la fragmentación de España, porque fragmentando España se fragmenta Europa, obteniendo como resultado una nueva Europa de multitud de pequeñas unidades independientes, desligadas de las soberanías estatales actuales y por lo tanto más fáciles de controlar y poner a las órdenes de sus intereses especulativos.  De ahí la necesidad de trocear España, separando a Cataluña del resto de los territorios bajo soberanía española, de fragmentar Europa, apoyando los movimientos independientes allá donde se produzcan.

Es preciso resaltar al respecto las destacables relaciones de Roures y su MEDIAPRO con entidades implicadas en el proceso independentista catalán, como es el caso de Ómnium Cultural, agrupación que tiene como fundadores, entre otros, al empresario secesionista catalán Joan Baptista Cendrós y a Lluís Carulla, quien representa los intereses de Rockefeller en España. Baptista era el abuelo de David Madi, que fue asesor y mano derecha de Artur Más, en su día lo fue de Jordi Pujol, exvicepresidente de la Banca Rothschild España y expresidente de la Generalitat. El tal Madí, considerado como el cerebro en la sombra del proceso independentista catalán fue el promotor del lema “Derecho a decidir”, tan usado por Pablo Iglesias y sus podemitas catalanes en sus mítines de campaña.

Entre las principales misiones del CNI que marca la ley está la de “prevenir y evitar cualquier riesgo o amenaza que afecte a la independencia e integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones”.

En fin, que Iglesias salió casi conmovido de la sede de la CIA en Madrid ya que, entre otras cosas, el embajador Costos y Pablo hablaron de pintura, cine y “Juego de Tronos”. Pudiera resultar hasta entendible que los “hobbies” del diplomático gay y Pablo sean cuestiones capitales que interesan a ciudadanos a los que lobotomizan a diario, pero al resto nos provoca una sensación de que nos están tomando, crudamente, el pelo. Se echa en falta saber qué es lo que negociaron ambos personajes en los subterráneos de la legación diplomática estadounidense. Aunque hay un apunte singular que no escapa a nadie: Iglesias señaló que las relaciones de EEUU con España “tienen carácter estratégico”. Más claro, que Podemos blindaría totalmente la impunidad norteamericana en España, si alcanzara algún día el poder.

Pablo Iglesias, junto el jefe de la CIA en Madrid, James Costos, delante de la bandera que más ha matado en el mundo junto a la rojigualda de ayer y de hoy. Como debe hacerse por un anticapitalista, republicano y anti-imperialista. 

En fin, no hace falta insistir en ello, pero ya muchos están viendo en el nuevo charlatán de oro de la socialdemocraCIA española la misma factura que aquella que aupó al poder a Felipe González en el 1982. Calcada, pero al milímetro.

Recordemos que González fue el protegido político de la dictadura franquista en Suresnes, mantuvo contactos con la embajada norteamericana en Madrid – la CIA tuteló el proceso de transición y al propio González -, y su partido – el PSOE – fue financiado por la socialdemocraCIA alemana. Es decir, el discurso “felipista” estaba trufado con las mismas consignas podemitas de renovación y cambio, además de los propios elementos desmovilizadores de las luchas sociales, con las que aglutinó a sus adeptos en torno al reformismo que, de este modo, evitaban cualquier ruptura con el orden establecido por el franquismo.

Pablo Iglesias y Barack Obama, el 13 de julio de 2016.

Pablo Iglesias sigue prometiendo el oro y el moro para al día siguiente decir digo donde había dicho diego.  Una vez utilizados los necesarios medios para lograr proyectarse mediáticamente, acude a la búsqueda de otras personas o instituciones situadas en un ranking superior a las anteriores, hasta lograr relacionarse con el Papa y el mismísimo presidente de EEUU, Barak Obama.

Al final, aunque el tiempo es un juez inexorable que dará y quitará las razones, los datos constatan la decadencia electoral de aquel invento de las plazas de los ayuntamientos españoles, su pérdida de peso en los territorios y localidades y su progresiva conversión en una fuerza minoritaria que trata de hacer política en el área hegemonizada por el PSOE, a modo de muleta. Si a ello añadimos la progresiva desaparición de Podemos como actor político enraizado en un territorio, agravado por la desaparición de sus círculos, su principal activo organizativo, debido, principalmente, al agotamiento de su escasa militancia y, sobre todo, a la construcción de un partido cártel, esto es un partido institucional basado en cargos públicos y en auténticos políticos profesionales, financiados por el erario público y conectados fundamentalmente con los medios y redes sociales, se puede afirmar que un proyecto inexistente bajo las siglas de Podemos está sentenciado a su desaparición.

Desde mi punto de vista, sigo con mis convicciones de que el núcleo dirigente de Podemos era muy consciente de la falta de un proyecto real, intentando eludir con un golpe táctico demasiado audaz, como fue aceptar formar gobierno con la CORRUPSOE, dejando en el fondo del no análisis colectivo la necesidad de una estrategia para llevar a efecto el cambio prometido a la gente. Dicho de otra manera, más cruda: la situación exigía pasar de una guerra de capillitas y posiciones para lograr fuerza y densidad organizativa, implantándose sólidamente en los territorios y localidades a la vez que protagonizando el conflicto social para construir un verdadero partido forjado en la organización social, pero se optó por lo más fácil, en una huida suicida para gobernar con el partido más corrupto de la segunda restauración monárquica.

Asociar el agotamiento del 15-M con una estabilización de la crisis del Régimen ha sido, desde mi punto de vista, uno de los más graves errores a la hora de analizar todo el proceso, pero lo peor de todo ha sido dejar el campo de la contestación social y de la revuelta a la extrema derecha, olvidándose de que, antes y después de la pandemia, el mundo llega preñado de conflictos sociales y, lógicamente, desde el punto de vista de la izquierda real, mal que le pese a Pablo Iglesias y sus muchachos, de una acentuación de la lucha de clases. Y, en esa labor seguimos estando muchos y muchas, los que estuvimos y se marcharon de unas siglas, que no de la lucha,  miles de hombres y mujeres, viejos y jóvenes que seguimos estando dispuestos a protagonizar el conflicto social que se avecina, sin falta de recurrir a ningún mesías salvador de vidas.

Que después de cuatro años, se supone que de trabajo, sus señorías miembros de la Comisión del Pacto de Toledo no hayan podido alumbrar otra cosa que ese documento de preacuerdo con el que nos han sorprendido la semana pasada sólo puede significar una alarmante falta de ideas o que a la hora de reformar y legislar haya pesado más la repercusión electoral – casi diez millones de los votos son pensionistas y jubilados –  que el habilitar soluciones rigurosas y eficaces para uno de los problemas más importantes que tiene planteado el Estado español.

En un primer análisis crítico de su contenido, al contrario de lo que hacen los medios convencionales de prensa, conviene resaltar que, el acuerdo no deroga la ley de 2011 del gobierno Zapatero, apoyada por CC.OO. y U.G.T., ni la del PP de 2013, aunque algunos aspectos sustanciales de esta última sí se modifican al desaparecer el factor de sostenibilidad. Es decir, la edad de jubilación ordinaria seguirá siendo la de los 67 años del año 2011, y el cálculo de la pensión se hará en base a 25 años cotizados, lo que supone que, para el año 2022, cuando concluya su aplicación, la bajada estimada de la pensión inicial habrá sido de un 30%, a la vez que se penalizará todavía más la jubilación anticipada, con el objetivo de forzar el retraso de la edad efectiva de jubilación, aproximándola a la legal. Y, lo más inquietante, que la mayoría de las pensiones – en torno al 60% -, seguirán sin alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional y menos todavía los 1084 euros que establece la Carta Social Europea, ni mucho menos se reduce la brecha de género.

En definitiva, la Comisión ha parido un borrador vacío, sin contenido real y lleno de contradicciones, asentado en tres pilares a saber lo que ya sabíamos casi todos: volver a vincular las pensiones al IPC, acercar la edad de jubilación real a la legal y desplazar los gastos de la Administración de la Seguridad Social a los presupuestos de la Administración del Estado.

No obstante, es preciso señalar que la actualización de las pensiones con el IPC no representa ninguna subida real, simplemente se trata de impedir que se reduzca su cuantía. Tampoco constituye un coste real para el Estado, porque si la inflación eleva en términos nominales el gasto público, incluyendo las pensiones, en la misma medida incrementa los ingresos de todas las administraciones públicas.

La única propuesta concreta del documento está en la edad de jubilación, donde se pide al Gobierno que presente un plan en tres meses, al objeto de penalizar las jubilaciones anticipadas e incentivar la prolongación del trabajo más allá de los 67 años. Éste es un tema, por cierto, para el que no hay acuerdo ni siquiera en el mismo Gobierno que debe presentar la recomendación.

Resulta sorprenderte que la Comisión conceda un plazo tan dilatado para efectuar el citado análisis, cuando el actual ministro es perfectamente conocedor de todos los datos y es plenamente consciente de las inequidades que provocan los arbitrarios e injustos coeficientes reductores en las personas que han cotizado 40 o más años.

En todo caso y con el ánimo de poner de manifiesto la insufrible injusticia que soportan las personas que cuentan con muchos años de cotización y se jubilan de forma anticipada, se pueden mostrar unos ejemplos tan sencillos como clarificadores. Así, a modo de ejemplo, una persona jubilada anticipadamente de forma involuntaria a los 61 años de edad y que ha cotizado por más de 44 años y 6 meses sufrirá una reducción del 24% para toda su vida, y una persona jubilada anticipadamente de forma «voluntaria» a los 63 años de edad y que ha cotizado por más de 44 años y 6 meses sufrirá una reducción del 13%.

Si se comparan estos ejemplos de jubilación anticipada con otras situaciones que contempla la legislación actual, observaremos que una persona que se jubila a la edad “ordinaria legal” de 65 años con 37 años de cotización percibirá la totalidad de su pensión, y una persona perteneciente a las denominadas clases pasivas (funcionarios civiles del Estado, fuerzas armadas y administración de justicia incorporados antes del año 2011), con  35 años de servicio se pueden acoger a la jubilación anticipada a los 60 años de edad, percibiendo la totalidad de la pensión. Por otra parte, una persona que ha cotizado 25 años y decide no jubilarse a los 65 años de edad, percibirá un 2% adicional en su pensión por cada año adicional.

Estos ejemplos ponen muy a las claras la enorme injusticia que sufre el colectivo de jubilados anticipados con largas carreras de cotización.

El texto presentado al gobierno contiene además un elemento fundamental que profundiza claramente en la privatización del Sistema Público de Pensiones de acuerdo con el Plan Panaeuropeo de Pensiones Privadas (PePP), aprobado muy recientemente por el Parlamento Europeo. Se trata de los planes de pensiones complementarios o colectivos, es decir, la desviación de una parte del salario directo del trabajador a salario diferido mediante fondos de pensiones negociados en los convenios colectivos que, siguiendo el modelo vasco – en realidad, es el implantado en el Reino Unido -, servirá para que los gestores de esos fondos – la banca, las aseguradoras y los mismísimos sindicatos de UGT y CC.OO. – hagan negocio o se financien a través de ellos.

Ello no hace más que recrudecer la campaña de infundios sobre la quiebra del sistema de pensiones con lo que pretenden convencernos de la inevitabilidad de los recortes que pretenden legislar. El IV Reich con bandera pirata de la Unión Europea al frente, y la banca alemana detrás, han fijado el objetivo y están preparando el terreno. Para ello cuentan con sus grandes aliados: los grandes grupos financieros que, a través de sus medios subvencionados, todos los días filtran informes tendenciosos, alistando para su campaña a instituciones y partidos políticos; desde el Parlamento Europeo, que aprobó el PePP, hasta el FMI, la OCDE o el Banco de España con su gobernador al frente.

De esta manera, por mucho que suene bonito escuchar al ministro Escrivá vendiendo estos planes privados de pensiones al estilo vasco, estos tienen más aspectos negativos que positivos, refiriéndose, claro está, para la población trabajadora, no para los bancos.

Si, de verdad, se quiere tener una fotografía fidedigna de la realidad vasca esta queda perfectamente clarificada con las propias cifras oficiales del propio gobierno vasco, cuando observamos que la población trabajadora que tiene una EPSV de Empleo en la Comunidad Autónoma Vasca es del 32%, un porcentaje que queda desglosado en un 100% para el sector público (funcionarios y trabajadores de la administración vasca), y un 16,2% de los trabajadores en el  sector privado (socios cooperativistas de Arogestión Ahorro-Jubilación), lo que desmiente radicalmente la mentira de que la mitad de la población vasca tiene una EPSV de Empleo.

Es decir, la cacareada implantación de las EPSV en el País Vasco es una realidad construida tan interesadamente como el déficit de la Seguridad Social. Otra falsedad.

Lógicamente, el contenido del acuerdo queda lejos de las reivindicaciones principales del movimiento de los pensionistas, y lejos también de la posición de UNIDAS PODEMOS que, cuando estaban fuera del gobierno, decían defender. Más claro, las grandes favorecidas por los planes de pensiones van a ser las entidades financieras, puesto que a través de ellos cuentan con cuantiosos fondos cautivos que pueden gestionar a su antojo según sus conveniencias y que les proporcionan importantes comisiones. Nada nuevo por otra parte, puesto que su objetivo no es buscar soluciones sino salvar la cuenta de resultados.

Los intereses de las entidades financieras en incentivar los fondos de pensiones son los que han estado detrás de la ofensiva lanzada desde los años ochenta en contra del sistema público de pensiones. Desde entonces, los cañones informativos del poder económico no han dejado de bombardear con múltiples consignas acerca de la previsible quiebra de la Seguridad Social, pronosticando la hecatombe para determinadas fechas, sin que a la fecha se cumpliesen los negros augurios de los expertos a sueldo. Ahora, los “sesudos” análisis del Banco Central Europeo, en el más reciente informe del 8 de agosto de 2020, redactado en previsión de la evolución económica durante la década 2040/50, nos anuncia el colapso del sistema público de la seguridad social. Es decir, los mismos analistas que fueron incapaces de prever los cracs financieros del 2008, 2010 y 2012, incapaces, por otra parte, de pronosticar la tasa de la inflación para el próximo mes, se muestran seguros en cambio, de la evolución económica durante los próximos treinta años. En realidad, no se trata sino de crear un estado de opinión propicio para imponer políticas económicas que sean afines a sus intereses de clase.

Dicho de otra forma, más entendible, la reforma de las pensiones que el gobierno de coalición progresista del PSOE y Unidas Podemos están elaborando, conforman una transformación radical del sistema, donde el epicentro está en quién administra los fondos que todos los meses aportan los trabajadores en sus nóminas.

El proyecto de reforma que evalúa el gobierno es, ni más ni menos, que entregar a las empresas la parte más importante de la caja de las pensiones, tomando como base el sistema de pensiones de empleo en el Reino Unido, un modelo de inscripción automática que, desde su implantación en 2012, ha reducido la caja de la Seguridad Social, pasando a ser las empresas empleadoras las administradoras de los fondos, de tal manera que el sistema público queda reducido a un modelo residual al que quedan relegados los pobres. Así, de esta manera, las empresas británicas inscriben automáticamente a los trabajadores, siempre que cumplan ciertas condiciones, como un salario mayor de 10.000 libras y una edad superior a 22 años, en un plan de pensiones de empresa.

Se trata, en definitiva, de una caja de jubilaciones que administra la propia empresa, o empresas gestoras autorizadas que provienen del sector financiero y de seguros. Asimismo, se requieren aportaciones mínimas anuales del 8% del salario del trabajador repartidas de la siguiente forma: una contribución del 3% por parte de la empresa y una contribución del 5% por parte del empleado.

En este contexto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que tiene la intención de impulsar los llamados «planes de pensiones de empleo» para fomentar el ahorro a largo plazo, basándolos en el modelo británico.

Según los informes que maneja el gobierno, proporcionados por Caixabank Research, el think tank de Caixabank, su incorporación al sistema español se definiría como un «complemento» la introducción  al sistema público de pensiones ante la previsible caída de la tasa de reemplazo – la ratio entre la pensión media y el salario medio -, que según el promedio de la OCDE es del 40%, pero lo cierto es que una reforma de este tipo supondrá en la práctica una descapitalización del sistema público en favor del privado.

Las conversaciones entre el gobierno y la CEOE, de cara a esta reforma, se centran en un diseño de la misma que no aumente el coste laboral para las empresas, y para que sea lo suficientemente «atractivo» para los trabajadores.

La solución que parece entreverse es que las empresas podrán deducir fiscalmente la gestión de estos fondos, y, sobre todo, que las personas que no superen los umbrales de rentas serán «acogidos» mediante una cobertura residual pública para rentas bajas, ya que, en el Reino Unido, por ejemplo, una laguna es que hay más de 8 millones de trabajadores que no son «elegibles» para estos planes, entre ellos las personas que cobran menos de 10.000 libras al año y los autónomos.

En otro orden de cosas, se puede afirmar que no existe ninguna reforma del sistema cuando nos referimos a la separación de fuentes de financiación al no implicar ni un euro de gasto más, ni de menos, ni mucho menos supone algún ingreso adicional. Simplemente, supone pasar al Estado algunos de los gastos que hasta ahora venían financiándose a través de la Seguridad Social.

Un reciente informe (2018) del Tribunal de Cuentas señala con meridiana claridad que el supuesto “déficit” de las pensiones se produce en gran medida porque el Estado viene utilizando de forma inapropiada las cotizaciones sociales destinándolas a otros fines. De sus páginas leídas con calma se puede extraer algunas pistas que hacen temblar el discurso oficial. En efecto, el informe del Tribunal de Cuentas es realmente impactante. No solo porque la Seguridad Social costea actividades y prestaciones que no le corresponden, sino también porque a la Seguridad Social se le impide obtener recursos adicionales con los que cubrir los supuestos déficits.  

En el citado informe queda escrito que se han utilizado de manera indebida las cotizaciones sociales para abonar, por ejemplo, las pensiones no contributivas que corresponden a compromisos alcanzados por los gobiernos, pero que no competen a la Seguridad Social. Fue bajo la presión de la Huelga General del 14-D que obligó a Felipe González a promulgar la ley 26/1990 de 20 de diciembre cuando se comenzaron a pagar las pensiones no contributivas, una reivindicación histórica de la clase trabajadora. De esa manera, el presidente del gobierno felipista pudo “sacar pecho político” al atribuirse unos méritos que en realidad corresponden a otros. Pues bien, esas pensiones que debía haber abonado con los Presupuestos Generales del Estado fueron cargadas a expensas de las cotizaciones sociales.

El ejemplo más reciente lo tenemos con el actual Ingreso Mínimo Vital, que también se detrae de las cotizaciones sociales, atribuyéndose el “mérito político” la coalición gobernante, pero el costo lo pagará el déficit de la Seguridad Social. A cuenta de las cotizaciones sociales también se vienen cubriendo otro tipo de pensiones cuya procedencia económica corresponde a los Presupuestos Generales del Estado, tales como las pensiones de viudedad – la segunda mayor fuente de gasto en pensiones públicas después de las de jubilación -, las de orfandad y a favor de familiares.

Además, las pensiones no tienen por qué financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales. Son todos los ingresos del Estado los que deben hacer frente a su desembolso. No hay ninguna razón para diferenciar el gasto en pensiones de otras partidas del presupuesto tales como la educación, la sanidad, la justicia, el seguro de desempleo, la defensa o los intereses de la deuda.

Llama poderosamente la atención, cuando el informe del Tribunal de Cuentas señala que todos los gastos de funcionamiento de los Ministerios son cubiertos por los Presupuestos del Estado menos la Seguridad Social, que se paga con sus propios fondos, de tal manera que, si a la Seguridad Social se la descargase de esos gastos impropios a los que nos hemos referido, la Seguridad Social española contaría con un amplio superávit. Sí, con el dinero de las cotizaciones sociales, se han financiado hasta los Presupuestos Generales del Estado, y si todo ese dinero se hubiese destinado exclusivamente al fondo de las pensiones, ahora mismo ese fondo de pensiones tendría ¡¡¡MEDIO BILLÓN DE EUROS!!!

Pero, además, la viabilidad de las pensiones, como la del resto de los gastos públicos, no depende de cuántos son los que producen, sino de cuánto se produce. Al fin y al cabo, los problemas que pudieran existir no serían de producción sino de distribución, y de la decisión social y política de crear y perfeccionar un sistema fiscal dotado de la progresividad y suficiencia apropiadas para financiar la totalidad de las prestaciones del Estado social.

Al respecto, es preciso levantar la voz para afirmar que los jubilados actuales fueron los que costearon con sus impuestos una educación universal y gratuita de la que la mayoría de ellos no gozaron en su infancia y adolescencia. Con sus impuestos han facilitado en gran medida el acceso a la universidad de las generaciones posteriores, facilidades de las que muy pocos de su generación disfrutaron. Con sus cotizaciones se han mantenido las pensiones de los trabajadores de épocas precedentes, y ha sido con su trabajo y sus contribuciones al erario público los que han hecho posible que hoy las estructuras y el desarrollo económico en España sean muy superiores a los que conocieron en su niñez y que la renta per cápita sea más del doble de la existente hace cuarenta años.  Nadie puede decir que no existe margen para mantener el sistema público de pensiones y blindarlas como uno de los derechos fundamentales de la Constitución Española, cuando en nuestro país la presión fiscal está ocho puntos por debajo de la media de los países europeos. ¿Ni siquiera tienen derecho a que al menos se mantenga el poder adquisitivo de sus pensiones?

Finalmente, resulta muy interesante el punto referido a las cotizaciones de los robots. Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales. Se olvidan esos economistas del neoliberalismo que, con el cambio tecnológico, cada trabajador está produciendo mucho más que antes, está incrementando la productividad, por lo que no debe importar tanto el número de trabajadores, sino la riqueza que producen.

Lo ocurrido con la agricultura puede servir como ejemplo de lo dicho:  Hace cincuenta años el 30 por ciento de la población activa trabajaba en la agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5 por ciento, pero ese 4,5 por ciento produce más que el 30 por ciento anterior. Por lo tanto, habrá que ir pensando en la necesaria cotización de las máquinas.

Pienso que ha llegado la hora de empezar a hablar de cómo hacer que coticen las máquinas y los robots a la Seguridad Social. Dado que una de las principales causas del desempleo reside en el fenómeno de acumulación de capital en forma de máquinas muy competitivas, éstas deberían ser gravadas con un impuesto específico destinado, entre otros, al pago de las pensiones.

ANTON SAAVEDRA

José Antonio POSTIGO, alias “El Largo”, minero del Pozo Nicolasa, nacido en la localidad malagueña de Fuengirola, lugarteniente de Villa en el SOMAFIA-UGT y Presidente del Montepio Asturiano de la Minería del Carbón.

«Yo espero que esto nunca se lea, pues si se lee es que estoy muerto y no quiero que mi familia lo pase mal. Todo lo que somos se lo debemos a José Ángel y nunca se lo agradecen» (Archivos personales de Postigo, el año 2002)

Quien así se expresaba literalmente era el mismísimo expresidente del Montepío de la Minería Asturiana del Carbón, José Antonio Postigo, a la vez que lugarteniente del capo Villa, en los papeles que le fueron sustraidos en una de sus cajas fuertes donde el principal acusado en la Operación Hulla delata de su puño y letra los cobros de las “mordidas” por parte de sus dos antecesores en la presidencia del Montepío de la Minería, Alfredo Álvarez Espina y Ricardo López Estébanez. El primero, un extubero en el Pozo Montsacro de Hunosa que fue alcalde de Riosa entre los años 1983 a 1991 , y el segundo, un peón del exterior en el Pozo La Camocha que fue candidato a la alcaldía en el concejo de Morcin, cuyos méritos de ambos para alzarse con la presidencia de la institución de los mineros fue haber sido dos de los principales lameculos de Villa.

Postigo ya había intentado en los finales de los noventa asaltar la presidencia del Montepío. Era su obsesión, pero no lograría su ansiado anhelo de presidirlo hasta el años  2006. Al poco tiempo de iniciada su gestión ya empezaron a circular anónimos sobre la “mansión” que se había construido en una urbanización próxima a Mayorga, en Valladolid, gemela de la construida a su lado por el constructor del geriátrico del Montepío en Felechosa, hasta que en 2011, denunció públicamente  que tanto él como su entorno familiar, sindical y político estaban siendo víctimas desde hacía meses de una maniobra de “acoso, extorsión, amenazas y difamación”.

Y es que “El Largo”, como se apoda al Postigo, suele volverse  bastante peligroso cuando se siente acorralado. De hecho, aún son muchos los que en el SOMA le tienen pánico, entre ellos, el mismísimo presidente del Montepío Minero en la actualidad, Juan José Pulgar: “Saben que éste como se despeñe arrastrará con él a todos los que pueda. Y alguno tiene mucho que perder”.

Esa especie de memorias Postigo escribe literalmente: «Todo esto que describo es muy resumido de las conbersaciones pues mi unico objetivo es solucio- lo mejor que se y que no le siga teniendo pagar siempre los platos rotos al mismo pues siempre utilizan su nombre sin que esta person sepa nunca nada y no quiero que bajo nungun concesto nadie empañe su nombre porque no lo merece y Tdo lo que somos se lo debemos a el, que el lo a dado Todo por los demás y nunca se lo agradece nadie si no Todo lo contrario lo culpan de Todo lo malo sin saverlo el» (sic).

De esta manera, después de llevarse a cabo un careo entre los dos consiglieri de Villa – los expresidentes Ricardo y Espina –, celebrado en el Hotel Aitana de Madrid, donde ambos, después de negar los hechos, se vinieron abajo reconociendo los mismos, “el Postigo” concluía en que solo había dos soluciones: presentar denuncia en los juzgados o que ambos presentaran la dimisión de manera inmediata, “poniendo la causa y las fechas que ellos mismos quisieran”, tal y como ocurrió después con las dos dimisiones aludidas, presentadas por escrito, no sin antes tratar de poner ciertas condiciones a las que se negó rotundamente “el Postigo” contestando que “lo tomaban o lo dejaban” a la vez que les mostraba varios folios del dossier manuscrito en donde aparecían anotaciones, desde 1990 hasta la navidad de 2000, con alusiones a vídeos, y grabaciones telefónicas sobre el cobro de “mordidas millonarias”, donde aparecen personas, lugares y establecimientos públicos con los lugares donde  tuvieron lugar los pagos y los cobros, así como las cantidades de dinero y el nombre de una empresa: Promociones Europa, la constructora que había impulsado el gran proyecto inmobiliario del Montepío en los inicios de los años 90, con más de cien apartamentos en la localidad murciana de Los Alcazares, que supuso la primera de las millonarias operaciones inmobiliarias de la mutua minera que se prolongaría hasta el año 2003, con la polémica compraventa de apartamentos en Los Alcazares murcianos y Roquetas de Mar en Almería, hasta donde se extendió el complejo hotelero del Montepío.  En efecto, el primer paso de la Operación Hulla, una vez conocida la grandiosa tarta económica que escondía aquella mutualidad que un día crearan y gestionaran los mineros asturianos de una manera tan desisteresada como honrada, siempre al servicio de los trabajadores de la mina y de sus familias, consistía en quitarse del medio a los maxímos gerifaltes de la institución para hacerse con las riendas del mismo y realizar grandiosas operaciones, tales como la que nos ocupa en este capítulo dedicado principalmente al geriátrico de Felechosa en el concejo asturiano de Aller.

La aparición de estos documentos de “el Postigo” no vienen sino a corroborar la trama corrupta que se montó en torno al Montepío de de la Minería desde hacía décadas, pero nada mejor que empezar por el principio de la misma para una mejor comprensión del asunto que tratamos.

Las primeras líneas del amplio dossier dejan muy claro el contenido de la trama corrupta, según deja escrito de su puño y letra “el Postigo” en sus diarios: “Cuando me entero de que Ricardo  y Espina y otros están forrándose con el Montepío, ilegalmente por supuesto, pido que me den pruebas”. Más adelante les va indicando que sus informantes, con la condición de no ser delatados, le han aportado todo tipo de “pruebas, grabaciones y vídeos apareciendo ambos haciendo negocios donde exigían pagos, cenas y comidas donde incluso participaba hasta la mujer de Ricardo López Estébanez”, por aquel entonces presidente del Montepío y “cabecilla de todo el entaramado mafioso”.

Papeles de “El Postigo” donde a modo de diario va relatando todos los pormenores que usó para “cargarse” a los expresidentes corruptos del Montepio Minero, Ricardo y Espina.

Anotaciones aparecidas en los papeles de “El Postigo” sobre el pago de “mordidas” en las operaciones inmobiliarias del Montepío Minero en Murcia y Almería.

Detalle del reparto de algunas de las mordidas que aparecen en los papeles de “El Postigo” por valor de 595 millones de pesetas.

En efecto, tal y como se recoge en el libro “Villamocho”: La corrupción en el sindicalismo minero”, y como quiera que el virrey del PSOE en Asturias – José Ángel Fernández  Villa -, no sólo se encuentra afectado de la enfermedad de la cleptomanía sino que, según algunos informes médicos publicados, ha entrado en una fase aguda de “síndrome confusional”, le voy a recordar, a modo de resumen, en qué consistió lo del Ottagono, Novvenno y Deccinmo caso de corrupción en Cajastur, cuya iniciativa parlamentaria para su investigación, aprobada en la Junta General del Principado de Asturias, a propuesta del autor de este libro Antón Saavedra, y aprobada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PSOE, sigue durmiendo el “sueño de los justos” en los archivos de la Junta General del Principado de Asturias: Allá por los años 89, 90 y 91, el conocido empresario Manuel Lloriana “El Atacau” compraba unos terrenos en la Manga del Mar Menor de Murcia por el precio de 1.191 millones de pesetas, y diez meses más tarde, esos mismos terrenos eran adquiridos por Cajastur al precio de 2.050 millones de pesetas, generando unos beneficios para el empresario Lloriana de ochocientos cincuenta y nueve millones de pesetas, dándose la circunstancia de que el asesor legal de la operación era el mismo para ambas partes. Según consta en la escritura pública de compraventa, Cajastur adquirió al amigo de Villa 163.364 metros cuadrados, sin embargo, la dirección de la entidad bancaria, presidida por Ángel Fernández Noriega, informa al Consejo de dicha entidad que los metros cuadrados adquiridos fueron 212.759, es decir, se mintió al Consejo para dar a la operación visos de rentabilidad que no tuvieron para Cajastur, aunque sí para el vendedor y para los receptores de las “mordidas”. Como dato puramente anecdótico, pero significativo, decir que ocho años después de la operación, el precio del metro cuadrado aún no había alcanzado el pagado por la entidad bancaria ocho años antes.

Apartamentos del Montepío de la Minería Asturiana del Carbón en la localidad murciana de Los Alcazares.

Pero, la grotesca y sucia operación no terminaba aquí, porque Ottagono, la sociedad participada por Cajastur, construía en los terrenos viviendas y apartamentos, concediendo su comercialización a la empresa creada al efecto con el nombre de Gradior, vinculada al amigo de Tini Areces, Julio García Noval, que en un año no había vendido una sola vivienda, pero a la que Ottagono había pagado 130 millones de pesetas porque el contrato firmado por el entonces subdirector de Cajastur y presidente de Ottagono, Joaquin García, había concedido a la sociedad Gradior un seis por ciento de comisión, se vendieran o no se vendieran las viviendas y apartamentos , lo que le supuso a la empresa en cuestión unos ingresos de 130 millones por hacer exactamente “nada” a cambio.

Resultan muy ilustrativas al respecto las declaraciones públicas del entonces vicepresidente del Montepío Minero, Joaquín Uría San José, cuando decía públicamente en los medios de comunicación: “… yo comprobé que efectivamente el precio de aquellos adosados se ajustaban al del mercado pero no entendía el por qué estaban implicados en aquella operación el entonces secretario de asuntos económicos del PSOE federal, Fernández Marugán, y el propio presidente de Cajastur, Ángel Fernández Noriega. No lo veía nada claro, así que voté en contra (…) Un empresario de Promociones Europa, relacionado con el tema, me llamó para adularme y para decirme que ellos me debían algunas cosas (…) También me negué a derivar la gestión de las propiedades del Montepío Minero a las empresas S.L., para privatizar algo que hicieron tan pronto como salí de la Comisión Regional del Montepío, perdiendo más tarde el carácter solidario del Montepío desde aquel año de 1989…”

Apartamentos del Montepio Minero en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.

En plena “guerra judicial” por un asunto de malversación en la compraventa de propiedades inmobiliarias del Montepío Minero en Murcia y Almería, de repente, allá por el años 2003, en una operación “express” la Comisión Regional del Montepío Minero, bajo la presidencia del exalcalde del PSOE en Riosa, Alfredo Álvarez Espina, decide deshacerse de 61 chalés adosados en su residencia de Los Alcázares, obteniendo la cantidad de 3.299.551,6 euros que, mediante compensación de créditos, se emplean en la adquisición de 149 apartamentos en un nuevo edificio de la localidad almeriense de Roquetas de Mar – el edificio tenía exactamente 30 años de existencia, tal como quedaría acreditado documentalmente -, en una operación por importe de 10.818.217,88 euros. Hasta aquí, una operación mercantil normal, si no hubiera sido porque algunos mutualistas que pasaban sus vacaciones en “su” complejo turístico de Los Alcázares observaran en los anuncios de una agencia cercana que ponía a la venta los inmuebles a unos precios que iban desde los 96.000 hasta los 102.000 euros por apartamento, unas cifras que en absoluto encajaban con el precio que el Montepío había obtenido por ellos, lo que daría lugar a la creación de una Plataforma para la defensa patrimonial de todos los mutualistas.

Previamente a la constitución de la Plataforma de Mutualistas, sus promotores descubrían que la empresa compradora de los apartamentos de Los Alcázares – Mitra XXI – y la que había vendido los de Roquetas de Mar – Forlaca – eran del mismo empresario: Sergio Díaz Sariego, un exminero del Pozo Olloniego, natural del concejo de Riosa, municipio donde su suegro, Amado Hevia, exminero del Pozo Nicolasa y empresario minero-maderero, había sido vicealcalde con Alfredo Álvarez Espina como alcalde, ambos del PSOE: “… En Roquetas, el Montepío compró claramente por encima del precio de mercado, y en Los Alcázares, vendió por debajo. Ahí corrieron los maletines. En las altas esferas de la dirección del Montepío hubo al menos dos maletines de entre dos y medio y tres millones de pesetas…”, recuerda el exdirigente de CC.OO. en la dirección del  Montepío Minero, Juan Francisco Cañete.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de la localidad murciana de San Javier admitiría a trámite la querella presentada por la Plataforma creada a los efectos descritos aunque, después de varias “gestiones” y “reclamaciones” realizadas por la dirección del Montepío Minero, de manera sorprendente el caso sería trasladado a Oviedo, donde una tal María Luisa Llaneza, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, se encargaría de “pegarle carpetazo al caso” en el año de 2008, a pesar de que previamente la Audiencia Provincial de Oviedo había pedido que se agotara debidamente la investigación de la causa.

El farragoso y largo proceso judicial acabaría en el Tribunal Constitucional para darle “carpetazo” definitivo en el año 2010. No obstante, con fecha 11 de julio de 2014, el Fiscal Delegado de Delitos Económicos del Principado de Asturias, Iñigo Gorostiza, solicitaba una pena de dos años y seis meses de cárcel y el pago de 1.240.902 euros para el empresario morciniego, Sergio Díaz Sariego, administrador único de la firma Mitra XXI, acusado de un fraude a la Hacienda Pública de 620.451 euros con la operación “archivada”: “El acusado, Sergio Díaz Sariego, natural de La Foz de Morcín y domiciliado en Oviedo, fue administrador único de la sociedad Mitra XXI entre el 3 de febrero de 2003 y el 23 de julio de 2004, cuando el 28 de febrero de 2003, Mitra XXI compró al Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana 61 apartamentos en la urbanización Los Alcázares de San Javier (Murcia) por 54.091,09 euros cada uno, lo que hace un total de 3.259.556,49 euros, más cuota del IVA al 7 por ciento. Ese mismo año, Mitra XXI vendió 48 de los apartamentos por un precio escriturado de 72.121 euros cada, es decir, por un total de 3.461.808, euros. Sin embargo, la sociedad entregó las viviendas a un precio real superior al que figuró en la escritura, siendo el precio real por cada apartamento de 100.420,68 euros, cantidad que multiplicada por las 48 viviendas vendidas ese año arroja una cifra total de ingresos de 4.820.192,64 euros para el ejercicio de 2003. El fiscal señala que en 2003 Mitra XXI no presentó la declaración correspondiente al Impuesto Sobre Sociedades y tampoco presentó contabilidad del ejercicio 2003 en el Registro Mercantil. La sociedad se negó a la actuación inspectora de la Agencia Tributaria, calculando la fiscalía que la cuota íntegra defraudada asciende a 620.451,15 euros.” En el juicio celebrado, el empresario Sergio Díaz Sariego resultaría condenado, si bien la sentencia tendría una pequeña reducción sobre la pena que se solicitaba tras una apelación al Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Descubierto aquel estercolero donde se encontraba sumida la corrupta gestión de los gestores del Montepío Minero, nada hacía suponer que, con el nuevo hombre de Villa en la presidencia de la institución – José Antonio Postigo -,  aquello continuase removiéndose entre la mierda, cuando de manera sorprendente reventaban las alcantarillas que sacaban a la luz pública casi toda la corrupción que se venía “tapando” entre las paredes de lo que un día fue ejemplo de la solidaridad minera, actuando como telón de fondo la auténtica “joya de la corona”: el tristemente conocido “SPA” construido en la localidad allerana de Felechosa con el dinero de los más que tristes Fondos Mineros, para lo que el “capofamiglia Villa”, en su calidad de máximo responsable del SOMAFITAGUGT, había logrado la nada desdeñable cantidad de 31 millones de euros para su construcción, después de una reunión mantenida en la localidad leonesa de Rodiezmo con el presidente del gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero.

Postigo, Alfonso Guerra, Villa, López y Pulgar (actual presidente del Montepío Minero) en la localidad leonesa de Rodiezmo.

Evidentemente, el proceso no resultaba nada fácil, puesto que para llevar a cabo el proyecto de una entidad privada como el Montepío Minero, no sólo bastaba la aceptación y reserva de fondos, sino la modificación, entre otras exigencias administrativas, de un Real Decreto que acogiese la singularidad de la iniciativa pero, para eso estaba el salmantino Caldera como Ministro de Trabajo en el gobierno zapatelinesco, y si era necesario usar el “tipex” para falsificar lo que fuera necesario, se falsificaba y punto.

En efecto, el Montepío Minero fue la única entidad privada que recibió el dinero del Ministerio de Industria, y al contrario que los ayuntamientos y el Principado de Asturias, no tuvo que convocar un concurso público abierto y transparente para adjudicar las obras al amigo del presidente  Postigo, Juan Antonio Fernández,  un exalbañil de Pola de Lena sin ninguna capacidad empresarial para afrontar una obra de esas características y magnitudes con su pequeña empresa “Sociedad Alcedo de los Caballeros”, ubicada en el polígono lenense de El Masgaín,  hasta que dos años después de su inauguración por los actuales reyes de España, Felipe de Borbón y Leticia Ortíz, el dinero negro comenzaba a aflorar. Primero fue el “capofamiglia Villa”, quien blanqueaba 1,4 millones de euros, después se conocía que su “consiglieri” Postigo blanqueaba otros 300.000 euros, la hija de éste otros 50.000 euros, y así sucesivamente hasta que aflore el total del dinero blanqueado, en manos de estos y otros sujetos de la trama corrupta.

”SPA GERIATRICO” del Montepío de la Minería Asturiana construido en la localidad allerana de Felechosa.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que recibió el “soplo” de la oficina bancaria ovetense donde había llegado el dinero, sería el encargado de destapar las corrupciones de “El Postigo” al frente del Montepío Minero, gobernado a su antojo desde que llegó a la presidencia en el año 2006, donde disfrutaba de todos los lujos como cualquier presidente en el Consejo de Administración de una gran empresa, con su coche y chófer particular y su tarjeta Visa a la que cargaba “gastos de representación”, quedando confirmado el alto nivel de vida de este expicador de carbón en el  Pozo Nicolasa de Hunosa que, además de su residencia habitual en Mieres, tenía otras propiedades inmobiliarias en Murcia, en Málaga y un gran chalé en la localidad vallisoletana de Mayorga, justamente al lado de otro perteneciente a Juan Antonio Fernández, el exalbañil empresario que levantó el “SPA Geriatrico de Felechosa”. Por si no fuera suficiente, Postigo “El Largo” enchufaría a sus dos hijas, a Patricia en el Montepío, como administrativa con contrato blindado de 50.000 euros, y a Elena en la empresa de su amigo Fernández, el constructor del SPA en Felechosa, enchufando también como gerente del mismo a Rolando, el hijo reconocido por Villa, con otro blindaje de 80.000 euros, hasta que, con el nombramiento del nuevo presidente del Montepío, Juan José González Pulgar, tanto el hijo de Villa, como la hija de Postigo, así como su compañera sentimental, la rumana Dorina Bicher – gerente de Los Alcázares, también con un contrato millonario blindado – serían despedidos.

Lógicamente, para construir el mega geriátrico de Felechosa había que elegir los terrenos donde ubicarlo, optando por la localidad allerana de Felechosa donde todos los concejales del Ayuntamiento de Aller “con independencia del grupo municipal al que pertenecieran” decidieron aprobar todos los trámites que fueran necesarios para que aquella construcción se levantara en el concejo “con independencia de los documentos jurídicos que hubiera y de las advertencias en contra que se les hiciera”, tal y como se recoge del documento de 46 páginas suscrito por los fiscales, una vez escuchadas las declaraciones de los técnicos municipales en calidad de testigos. En el mismo documento de los fiscales queda recogido literalmente que todos los concejales “obviaron inmotivadamente los informes desfavorables” elaborados por “los funcionarios más cualificados de la corporación”, tal y como se acredita en los propios documentos oficiales. Según la fiscalía, “la patente grosería en la aprobación de tales acuerdos no habría obedecido más que a criterios de oportunidad política de todos los representantes públicos municipales. De hecho, varios de ellos lo han reconocido expresamente, por lo que antepusieron su voluntad a la ley”, añadiendo por mi parte que, más del 95 por ciento de todos los trabajadores que prestan sus servicios en el geriátrico del Montepio Minero son familiares y estomagos agradecidos de los concejales, pandilleros sindicales y demás componentes de la piara que pacen en la pradera allerana.

Informe desfavorable de la Oficina Técnica Municipal firmado por el Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Aller.

Una cuestión ha quedado demasiado aclarada, tal y como queda recogido en los distintos documentos oficiales. El gobierno del PSOE, durante el mandato de José Luis Rodrígez Zapatero, dio las instrucciones necesarias para desviar fondos de Industria al clan de Fernández Villa por valor de 31 millones de euros, de los cuales, solo se han gastado 13 millones de euros, según el informe concluyente del Tribunal de Cuentas  cuando afirma que el sobrecoste de la obra ha sido de 18 millones de euros más que lo presupuestado inicialmente, esto es un 61% superior en comparación con otras infraestructuras promovidas por entidades públicas. ¿Donde están esos 18 millones de euros de los sobrecostes?¿Quien se los ha llevado? ¿Cuándo dinero ha llegado a Suiza?¿Cuánto a Rumanía? ¿Cuánto dinero público se desvió  a través de la TV de las Cuencas?

En fín, una tarea que los Tribunales de la Justicia nos aclararán en el proceso judicial de la “Operación Hulla” que se sigue instruyendo para juzgarse muy proximamente, donde un informe de la Fiscalía Anticorrupción que acaba de emitir con fecha 29 de mayo de 2019 apunta a la mercantil Cuencas Mineras Televisión como canal “opaco” para el desvío de los fondos públicos destinados a la construcción del geriatrico del Montepío en Felechosa. La Fiscalía Anticorrupción, que lidera los trabajos de investigación llevados a cabo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, cree que algunos de los imputados en la “Operación Hulla” utilizaron esta empresa para desviar parte de la millonaria subvención de fondos mineros recibidos por el Montepío para la construcción del geriátrico. Un argumento más que se añade al que ya habían apuntado los fiscales Carmen María García Cerdá e Ignacio Stampa que, en base a diferentes testimonios ya venían advirtiendo de la posible utilización de la empresa televisiva – sociedad que estuvo a punto de ser adquirida en su día por el constructor del geriátrico – como uno de los soportes de las presuntas “mordidas” que habría conseguido el constructor de la obra, el lenense Juan Antonio Fernández, por parte de algunos de los empresarios que participaron en los trabajos.

En este mismo escenario, el Ministerio Fiscal también tomaría en consideración tres anónimos remitidos a la Fiscalía que serían enviados a la jueza que instruye la “Operación Hulla” y que apuntan hacia Rumanía con nombres y transacciones muy concretas donde las ahora exdirectoras de las residencias del Montepío en Roquetas del Mar, en Almería y Los Alcazares, en Murcia – Dorina Bicher y Daniela Cosbuc -, ambas relacionadas sentimentalmente con el expresidente del Montepío, “El Postigo”, eran las encargadas de cobrar el 10 por ciento establecido para las empresas con las que trabajaban en los destinos vacacionales, siendo los receptores de ese 10 por ciento ellas mismas, “el Postigo” y el exvirrey del PSOE en Asturias, José Ángel Fernández Villa.

Recientemente, por si no fuera suficiente con lo expuesto, con fecha 10 de febrero de 2020, el Tribunal de Cuentas emitía un demoledor informe de fiscalización, elaborado a instancias de las Cortes Generales, sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras entre los ejercicios 2006 y 2017, diciéndonos que ni una sola cosa se ha hecho dentro de la legalidad. Este organismo confirma que el Montepío «había incluido indebidamente» dos facturas por importe de 945.500 euros y que había otra factura de 50.225 euros de una empresa cementera, dirigida al contratista de la construcción de la residencia en Asturias, pero que consta que el trabajo se hizo en otra residencia propiedad del Montepío en la localidad murciana de Los Alcázares.

En su amplio informe, el Tribunal de Cuentas destaca que las obras «se iniciaron con anterioridad a la cumplimentación de los trámites urbanísticos, (entre otros, trabajos de movimiento de tierra), mientras que la licencia de obra fue concedida el 22 de septiembre de 2010, un año y cuatro meses después».

Pero, además – continúa el informe -, el sector de planeamiento urbanístico donde se localizan las parcelas en las que se ubica la residencia tenía, en aquel momento – mayo de 2009  – calificación de «suelo rural de uso agropecuario», por lo que la construcción del complejo residencial «se inició al margen de la legalidad urbanística, ya que dicha construcción no era posible sin una previa modificación del planeamiento urbanístico del municipio, lo que requería, adicionalmente, la aprobación de un plan parcial».

El informe apunta también irregularidades en el convenio firmado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), el gobierno del Principado de Asturias – presidido por Vicente Alberto Álvarez Areces del PSOE – y el Montepío. Este se rubricó el 21 de julio de 2009, días antes de que entrara en vigor el nuevo real decreto, que sustituía al de 2007, para ampliar el límite del 1% de los fondos para la financiación de infraestructuras de titularidad de entidades sin ánimo de lucro ajenas al sector público. El convenio fue autorizado por el Consejo de Ministros que presidía José Luis Rodríguez Zapatero el 30 de octubre de 2009.

En otro orden de despropósitos, la obra fue subcontratada en su totalidad sin poder hacerlo, pagando unos precios por metro ejecutado que triplicaban los de cualquier obra similar a la vez que utilizando materiales de muy inferior calidad a los facturados, hasta el punto de tener que invertir en octubre de 2019, esto es, a los siete años de su inauguración por los reyes de España, más de 1,4 millones de euros para corregir y subsanar los importantes defectos de la obra originaria detectados y peritados como “patologías y defectos constructivos”.

Trama de corrupción de la “Operación Hulla” en torno al geriátrico del Montepio de la Minería.

Pero la  “Operación Hulla” no solo se queda en la construcción del geriátrico de Felechosa, porque la línea de investigación abierta en relación a la gestión de los fondos mineros para la reactivación de las comarcas mineras, que supuso una lluvia de muchos miles de millones de euros para el Principado, sigue marcando las tareas de la UCO, entre otras cuestiones, porque nadie puede ignorar que los sindicatos, y especialmente José Ángel Fernández Villa, tuvieron un papel destacado en el reparto y gestión de esos fondos hasta que  los agentes llegaron hasta el agujero negro en el que se convirtió la construcción de la residencia de Felechosa, donde las “mordidas” llegaron a alcanzar hasta el 230 por ciento.

Al respecto, llama poderosamente la atención de los investigadores que no se hubiera producido por parte de los sindicatos ninguna reacción frente a determinadas decisiones que «han perjudicado a la economía de las comarcas mineras» como, por ejemplo, la compra de minas en el Principado «supuestamente deficitarias» por parte de empresarios – se cita concretamente el caso de Victorino Alonso – para cerrarlas «casi inmediatamente». Unas operaciones que, según recoge el informe policial, podrían perseguir «la acaparación de cuotas de carbón» y, como consecuencia, la obtención de más ayudas públicas. Dieciocho empresas mineras de la zona de Asturias y León se repartieron ayudas que sumaban 2.382 millones de euros entre 2004 y 2012, en ocasiones gracias a la complicidad de los sindicatos. Un hecho que no ha pasado desapercibido por la UCO, máxime cuando existen múltiples testimonios que apuntan en esta dirección para explicar el origen del dinero negro de Villa.

La realidad es que el sumario que se sigue instruyendo en los juzgados debe de ser muy amplio, cuando los jueces han decidido ampliar la instrucción del mismo durante más tiempo hasta la celebración del juicio oral. De hecho, con fecha 19 de enero de 2020 saltaba a los medios de comunicación un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que solicita que se abra una investigación no solo al secretario de la Energía del gobierno de Zapatero, Pedro Luis Martín Uribe, sino al gerente del Instituto de la Minería, Carlos Fernández Álvarez, e incluso al entonces consejero de Industria del gobierno asturiano Graciano Torre, por haber facilitado la concesión de 30 millones de euros con cargo a los fondos mineros para el geriátrico del Montepío de la Minería en la localidad allerana de Felechosa. Según Anticorrupción, “habrían consentido, con sus actuaciones a favor, que los fondos mineros que tenían por objeto financiar la creación de infraestructuras que debían de servir de soporte para nuevas iniciativas empresariales generadoras de empleo, sufragasen la construcción de un nuevo complejo residencial explotado por el Montepío de la Minería. También habrían permitido que dichos fondos enriqueciesen fraudulentamente a las personas que se colocaban detrás del proyecto”.

Según la Fiscalía Anticorrupción, José Ángel Fernández Villa “habría concertado con autoridades o funcionarios del Principado de Asturias y del Ministerio de Industria, previamente a que tuviese lugar la distribución de ayudas 2008/2009, no solo el compromiso de aprobar como proyecto a subvencionar la construcción de la Residencia de Mayores, sino entregar fondos mineros hasta la cantidad de 28,8 millones de euros, presentada por aquel investigado como de coste de la obra”.

Gabriel Pérez Villalta, Graciano Torre y José Ángel Fernández Villa, investigados en la “Operación Hulla”, entre otros exaltos cargos del gobierno de Zapatero.

Anticorrupción señala que todos ellos estaban influenciados por el poder político y sindical del exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, y que la sumisión a acatar sus peticiones sería tal que incluso no les importaría aprobar la concesión de subvenciones sin base legal para hacerlo. En el mismo escrito, la fiscalía solicita también que se reciba nueva declaración como investigado del exalcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta, de quien dice que doblegó cualquier obstáculo para permitir la construcción de la residencia, y con ello, el desvío de fondos, aunque era consciente de que desatendía los intereses de su Ayuntamiento.

El 15 de mayo de 2011, Madrid y España entera vivió un momento clave en su historia reciente. Ese día empezaba el 15M y, tanto en el mundo real como en el digital, el país se revolucionaba. Muchos salían a las calles para sumarse a las protestas y a las acampadas mientras que otros se organizaban en internet para comunicar una de las primeras grandes movilizaciones que iban a ser transmitidas casi en su totalidad a través de las redes sociales. Y es ahí, en ese ‘boom’ de reacciones, donde nacía uno de los últimos reductos realmente virales que quedan de este movimiento en la red: la página Spanish Revolution.

Como ha quedado dicho en varios apartados de este informe, el movimiento del 15M, también conocido como movimiento de los indignados, Spanish Revolution en redes sociales, es un movimiento ciudadano que nació a través de una manifestación convocada por diversos colectivos el 15 de mayo de 2011, iniciándose con una acampada de unas 40 personas en la madrileña Puerta del Sol, para extenderse en los días siguientes por todas las plazas de los ayuntamientos de España.

Esta serie de protestas pacíficas había surgido, entre otras cosas, por el hartazgo de la indiferencia política hacia los ciudadanos, con un objetivo muy claro para impulsar una democracia más participativa, separada del bipartidismo PPSOE y del dominio de los bancos y las corporaciones, así como una auténtica división de poderes y otra serie de medidas con el propósito de fortalecer el sistema democrático.

Lo cierto es que al 15M le sobraban y siguen sobrando razones para concienciar a una sociedad aletargada por la manipulación mediática, sobre la farsa que suponía el repulsivo sistema en el que vivimos. La profunda estafa económica camuflada como crisis, que, sumada a la verdadera crisis de valores imperante en la sociedad, anteponiendo el beneficio económico por encima de todo, acabó por extenderse a otros ámbitos, generando una crisis política, social, institucional y territorial.

Sin embargo, a pesar de que la versión oficial, compartida tanto por los promotores y portavoces del 15M como por los medios de comunicación oficiales, sigan defendiendo que la “Spanish Revolution” surgida en la noche del 15 de mayo de 2011 fue un acontecimiento completamente espontáneo, lo cierto es que desde un tiempo atrás, diferentes personalidades que posteriormente tendrán un peso específico muy importante en el seno de este movimiento social, ya deslizaban de manera insistente la idea de iniciar un movimiento similar al de primavera árabe en España.

Según ha quedado grabado en la memoria colectiva de la sociedad española, el 15M surgió cuando tras la manifestación del 15 de mayo de 2011, el grupo de “los 40 de Sol” decidieron de manera espontánea pasar la noche en la madrileña Plaza de Sol dando origen a la acampada más famosa de la Historia de España. Pero, ¿ocurrió todo así, tal y como nos lo cuentan los medios?

Lo primero que llama la atención del “primer indignado” del 15-M, Miguel Arana (a la izquierda en la foto), tratando de negar su presencia en la movilización, asegurando ser un “estudiante de física”, es que en octubre de 2010 era ya miembro del personal docente de la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente ejerciendo el cargo de profesor ayudante en el departamento de física teórica de esta prestigiosa Universidad.

Una de las pruebas fehacientes que tenemos sobre los primeros minutos del 15M es un vídeo de aproximadamente un minuto y medio de duración en el que se puede ver a un grupo de jóvenes escuchando las directrices de otro joven con la cabeza afeitada que hablaba a través de un megáfono, el cual parece ser el más interesado en que aquella noche terminase en una acampada, como, de hecho, así ocurrió: Pero, ¿quién era aquel joven que daba las instrucciones como si liderara al grupo de “los 40 de Sol”, y por qué mostraba tanto interés en organizar lo que él mismo llegó a denominar “el campamento“ ?

Pues bien, este muchacho no es otro que Miguel Arana Catania, quien aparece en una entrevista presentándose como un simple “estudiante de física teórica” y como un activista de la plataforma “No Les Votes”, pero, curiosamente, este personaje que niega haber liderado la acampada en sus primeros momentos, cuando se le pregunta en una entrevista por qué llevaba el megáfono aquella noche, dando las consignas para la acampada, él responde que todo fue pura casualidad. Sin embargo, existen múltiples evidencias que apuntan a que Miguel Arana no estaba allí con el megáfono “por pura casualidad” como intenta hacer creer en la entrevista, sino que no había nada de casual en que él, precisamente él, fuese quien guiase los primeros pasos de la acampada.

Pero las sorpresas que nos depara el tal Miguel no acaban ahí. Resulta que la actividad de este “primer indignado” fue crucial para la propagación del movimiento 15M no sólo en sus días iniciales, sino a nivel mundial, tal y como nos relata el periodista Aidan McGuill en un artículo publicado por “The Guardian” en noviembre de 2011: “Miguel Arana, 29 años, se unió al movimiento en las primeras semanas del 15 de mayo. Miguel trabaja en la Comisión de extensión internacional, uno de las más grandes comisiones estructurales que están a cargo de la creación de redes con otros movimientos de todo el mundo y la difusión de la palabra del movimiento de los indignados a nivel mundial.Han desarrollado una fuerte relación de trabajo con los ocupantes del movimiento de Wall Street, donde algunos de los indignados originales han viajado para proporcionar asesoramiento y apoyo”.

Habiendo transcurrido 18 meses, esto es septiembre de 2012, Miguel Arana, el primer “Indignado” del que se tiene noticia, sorprendía al mundo revelando que está creando una “herramienta de software” destinada a “gestionar la Inteligencia Colectiva de manera masiva “. Es decir, que el primer “Indignado” del 15M – la primera persona que documentadamente aparece dando las primeras instrucciones para montar una acampada en medio de una plaza pública, algo que jamás había ocurrido en España -, que bien podía haber sido un parado, un universitario sin expectativas, o simplemente alguien de clase obrera desencantado con el Sistema, resultaba ser un profesor de física teórica en la  Universidad Autónoma de Madrid, cuya labor fue clave para que el movimiento indignado se propagase mundialmente, y que no ha tenido otra ocurrencia que diseñar un software que es capaz de recrear la “Inteligencia Colectiva Global” que, según los expertos en la materia, es la clave para el desarrollo del “Cerebro Mundial”. ¿Pura casualidad?

Más adelante, en 2013, Miguel Arana presentaba su versión mejorada de Incoma en Medialab-Prado, creando junto a otros compañeros Labodemo (“Laboratorio Democrático”), un proyecto en el que participa y colabora con Medialab-Prado, Ahora Madrid, Podemos, entre otros.

Pero yo me voy a referir exclusivamente a Podemos, un partido político que ha recibido un tratamiento por parte de los medios muy similar al del 15M. Y es que en esta ocasión nos encontramos con un partido y su líder clasificados de “antisistema” que han acaparado la atención de los medios de comunicación como no lo ha hecho ningún otro partido en España. Su líder, Pablo Iglesias, ha realizado su carrera política prácticamente sin salir de un plató de televisión. Y es precisamente esa condescendencia de los medios con respecto al discurso de Podemos lo que termina reforzando la idea entre las masas de que al fin y al cabo “vivimos en una democracia”, lo cual es una falacia de proporciones descomunales.

Este es un programa para reconstruir el mundo. El cerebro mundial es una continuación de la conspiración abierta. H.G. Wells estaba obsesionado con la idea de iluminar a la humanidad, cambiar la conciencia humana en poco tiempo, deshacerse de los “prejuicios” de la sociedad tradicional. Por ejemplo, del “prejuicio” de la soberanía estatal con la transición a un estado mundial dominado por un gobierno mundial, que pondría fin a todas las guerras en la Tierra. O del “prejuicio” de la incompatibilidad con el cristianismo de las recomendaciones malthusianas para frenar el crecimiento de la población. La población, escribió HG Wells en The Open Conspiracy, no solo debería ser contenida, sino también reducida. El cerebro del mundo, creía el escritor, ayudaría a crear un nuevo orden mundial, cuyos contornos se describían en la Conspiración abierta.

No nos engañemos, ni nadie trate de seguir engañándonos: lo que es realmente “antisistema” no sale en televisión, por muy verdad que sea. Piensen, a modo de ejemplo, en las incontables pruebas que indican que la Primavera Árabe fue un conjunto de revueltas orquestadas por la CÍA y fundaciones globalistas como la fundación para una Sociedad Abierta (OSF) o la Open Society Foundations del magnate y especulador financiero George Soros, una realidad que es continuamente silenciada por nuestros medios, tratando de querer hacernos ver que las mentiras suenen verdaderas y los asesinatos, respetables, tal y como ha quedado demostrado a través de los 2.576 documentos internos de estas fundaciones filtrados por la plataforma DC Leaks en agosto de 2016 donde se mostraba con toda claridad como Soros y su equipo habían intervenido antes, durante y después del controvertido cambio del gobierno en Ucrania en 2014, empleando para tal fin las OSF y, dentro de ellas, la oenegé ucraniana Fundación por el Renacimiento Internacional (IRF) también creada por George Soros. Conviene dejar dicho al respecto que este magnate sionista controla una red mundial de organizaciones no gubernamentales en una cuarentena de países.

Sigan pensando, además, en cómo nuestros gobiernos, que se rasgan las vestiduras por la supuesta “falta de derechos” en Rusia, Cuba o Venezuela, se complacen en hacer negocios de toda clase con las criminales élites wahabitas que gobiernan Arabia Saudí, donde el rey Juan Carlos de Borbón “el campechano” aparece como uno de los hombres mejor pagados por sus oscuros negocios, y que son las que financian a los grupos terroristas rebeldes que están sembrando el terror en Siria, entre otros países.

¿Alguien puede seguir pensando que un terrorista financiero como este se ha hecho rico a base de hacer “donaciones”? Si tus “causas” coinciden con las de gentuza como este y otros socios suyos como Goldman Sachs, Rothschild o Rockefeller, entre otros, deberías hacértelo mirar, porque hace falta ser estúpido para pensar que usureros, especuladores y gánsteres internacionales como este actúan en pro de la humanidad.

Todo esto sí es antisistema, y ya verán que ninguna de estos hechos o reflexiones aparecen en prensa o televisión. En cambio, a Pablo Iglesias y al resto de los tolilis que le siguen sí han logrado auparles a los más altos escalafones de la popularidad social, y todo gracias a que los propios medios se han encargado muy bien de que los tuviésemos hasta en la sopa.

En la Wikipedia, la principal fuente de información de la población mundial, aunque se presenta como una enciclopedia abierta en la que cualquiera puede editar, en realidad está controlada por un pequeño grupo de administradores y editores, bajo control de la CÍA, el FBI, el Departamento de Policía de Nueva York, el Vaticano y petroleras como BP, entre otras entidades. Entre los clientes de estos servicios están Facebook, el medio NBC, así como toda una industria doméstica de propagandistas, relaciones públicas y mercenarios digitales que no hacen ascos a manipular la información si se les paga lo suficiente. Pues bien, entrando en la web de Wikipedia nos dice literalmente refiriéndose a la organización morada: “El origen de Podemos se encuentra en el manifiesto “Mover ficha: convertir la indignación en cambio político”, presentado el fin de semana del 12-13 de enero de 2014 y difundido por la publicación digital Público, que firmaban una treintena de intelectuales, personalidades de la cultura, el periodismo y el activismo social y político, entre los que se encontraban Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM); el actor Alberto San Juan; Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas en la UNED; el escritor y filósofo Santiago Alba Rico; el sindicalista de la Corriente Sindical de Izquierda Cándido González Carnero; o Bibiana Medialdea, profesora de Economía Aplicada en la UCM. En este manifiesto se expresaba la necesidad de crear una candidatura que concurriese a las elecciones europeas de mayo de ese año, con el objetivo de oponerse, desde posturas de izquierda, a las políticas de la Unión Europea para la crisis económica. Aunque no era uno de los firmantes del manifiesto, el 14 de enero se anunció que el profesor de Ciencia Política de la UCM y analista político televisivo Pablo Iglesias encabezaría el movimiento”, eso sí, después de librar una dura batalla política en el seno de Izquierda Unida para encabezar la lista al Parlamento Europeo, tal y como ha quedado explicitado en otro capítulo anterior.

Así llegamos a la fecha del 17 de enero de 2014, cuando el movimiento Podemos se presentaba oficialmente en el Teatro de Barrio, de la localidad madrileña de Lavapiés, donde se dio una rueda de prensa a la que acudieron cientos de personas y en la que intervinieron, entre otros, Pablo Iglesias; Juan Carlos Monedero; la activista de la Marea Verde y militante de Izquierda Anticapitalista Teresa Rodríguez; la psiquiatra y miembro de la Marea Blanca, Ana Castaño Romero; el analista e investigador Íñigo Errejón y el activista social Miguel Urbán, militante de Izquierda Anticapitalista, quedando formalizada su inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior del Reino de España el 11 de marzo de 2014.

Desde ese momento, Podemos ha venido siendo definido de diversas formas, según la línea editorial de los diferentes medios de comunicación. Mientras el periódico digital Público lo definía como «un nuevo frente» en el panorama de la izquierda, el ABC y el Financial Times lo tildaban como una formación de «extrema izquierda», y The Wall Street Journal como un partido de «izquierda» con una base política de extrema izquierda similar a la de Syriza en Grecia.

Paralelamente, durante mucho tiempo se vino acusando a esta formación de recibir financiación de países como Irán, Rusia o Venezuela, con el objetivo de convencer a las masas de que detrás de este partido se hallan poderes internacionales “anti-OTAN”, cuando la cruda realidad nos dice demuestra todo lo contrario.  

Para empezar, el propio estudio de la Wikipedia analiza a los principales personajes que impulsaron el proyecto de “Podemos” desde sus orígenes, mencionando al filósofo Santiago Alba Rico, al profesor universitario Juan Carlos Monedero, o el dirigente de Izquierda Anticapitalista Miguel Urbán, este último encargado de la organización del partido, personajes conocidos por defender a capa y espada las “revoluciones de color” en el mundo árabe, llegando incluso a aceptar las intervenciones militares de la OTAN en Libia o en Siria, por ejemplo. De Santiago Alba Rico, de sobra es conocida por toda su posición pro-imperialista en las revueltas de Túnez, Egipto, Libia y en Siria. El escritor español afincado en Túnez, se ha destacado como uno de los personajes más odiados por la izquierda al defender públicamente el papel de la OTAN durante la Primavera Árabe: “Estados Unidos no está detrás de las revoluciones árabes y nunca ha querido intervenir en Siria” “Es necesario apoyar al pueblo sirio alzado contra la dictadura de Bashar Al-Assad […] Tenemos suficiente información contrastada para pensar que, ni detrás de las revoluciones, ni detrás de las contrarrevoluciones han estado Estados Unidos […] al respecto de Siria, esta es mi opinión, Estados Unidos nunca ha querido intervenir”.

No contento con ello, en 2014 empezó a respaldar en el portal “Rebelión” el golpe de Estado fascista en Ucrania, a tal extremo que incluso comparó el Euromaidán con el movimiento de los indignados: “En Ucrania no ha habido un golpe de estado ultraderechista; hubo una rebelión, un movimiento muy amplio y espontáneo de los ciudadanos indignados”.

También han sido muy polémicas las declaraciones de Miguel Urbán con respecto a la Primavera Árabe, situándose en un “ninismo” – ni OTAN ni Gadafi – que en la práctica supone un clamoroso espaldarazo al “Imperialismo”: “¿Cuál es la posición de Izquierda Anticapitalista ante las revoluciones árabes? ¿Apoyan la intervención de la OTAN en Libia? Le preguntaba un periodista a Miguel Urbán: “Bueno Alexandre, empecemos por lo fundamental. Hemos apoyado con entusiasmo las revoluciones en Túnez y Egipto y hemos aprendido mucho de ellas, solo hay que ver su importancia simbólica en las ocupaciones de plazas y espacios públicos en el propio movimiento 15M. Para la mayoría de nosotros/as fue la primera vez que vivíamos una revolución, yo personalmente me desplace a Túnez unos días para apoyarla in situ y solidarizarme con las organizaciones de izquierdas que participaban en ella. Las revoluciones siempre llegan cuando nadie las espera y cuando ya no se las espera, de forma intempestiva y no siempre salen como nos gustaría, es un proceso dialéctico complejo, como estamos comprobando actualmente. El alzamiento de la mayoría del pueblo libio emulando a sus hermanos del Magreb, contra la dictadura criminal de Gadafi, aliado de Berlusconi, Aznar, Sarkozy… forma parte de sus procesos revolucionarios y lo hemos apoyado desde el primer momento. Hay que solidarizarse con las corrientes socialistas y antiimperialistas que fueron víctimas de Gadafi y que ahora tienen una situación muy difícil. En este país sabemos muy bien que cuando se derroca a una dictadura llega al poder quien más se lo merece.”

Teresa Rodríguez, lider de Podemos en Andalucía, declarando públicamente su conformidad con la incorporación del militar atlantista Julio Rodríguez como candidato de Podemos a las elecciones generales, porque, según ella, su integración demuestra la “pluralidad” del partido, en el que cabe una pacifista como ella, conocida por sus inicios en el activismo contra la OTAN, y un militar de alto rango en la OTAN. O sea, un partido donde cabe, tanto en su ideología y como en su militancia, desde el pacifismo al militarismo, desde el otanismo hasta el antiotanismo, desde el pro-imperialismo hasta el antiimperialismo, no es más que una organización “atrapalotodo” que muestra una obvia y premeditada indefinición ideológica y un más que evidente oportunismo político de la peor calaña.

Recordemos, por otra parte, que Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamente de Andalucía, recientemente expulsada de Unidas Podemos, es militante además de Izquierda Anticapitalista, organización que ha mostrado públicamente su total apoyo a las “revoluciones” en Libia, Siria, o Ucrania, organizadas y financiadas todas por la inteligencia estadounidense.

Asimismo, el profesor universitario Juan Carlos Monedero fue uno de los primeros firmantes del manifiesto “Solidaridad con el pueblo sirio “, junto con 124 personas de diferentes ámbitos políticos, académico y periodísticos, en el que se llamaba a apoyar la desestabilización del régimen de Assad cometida por los poderes imperialistas y globalistas contra este Estado soberano. Y es que cuando los pseudoizquierdistas como Monedero están en guerra imperialista, cuando dicen “Ni OTAN, Ni Al-Assad” lo que en realidad quieren decir es, en la práctica, “Sí a la OTAN”.

No podemos olvidar por otra parte, que Juan Carlos Monedero, fue otro de aquellos niñatos universitarios que hizo campaña a favor de la permanencia de España en la OTAN, mostrándose muy entusiasmando en sus declaraciones por el bandazo del PSOE hacia la integración en la OTAN.  El PSOE de aquellos años terminó convirtiéndose en una nutrida y bulliciosa pajarera de “piquitos de oro”, en su mayoría procedentes del Partido Comunista de España, que revoloteaban alrededor de sus dirigentes tratando de llamar su atención.

Juan Carlos Monedero, el hombre que hizo campaña a favor de la permanencia de España en la OTAN, una afición que le viene de lejos, por los menos desde la década de los 80, cuando Monedero se mostraba entusiasmado por el bandazo del PSOE hacia la integración en la OTAN. De hecho, este socialdemócrata inició su militancia política en el PSOE, coincidiendo con su entrada en la Universidad Complutense en octubre de 1982, militancia que se extendería hasta 1986. Juan Carlos Monedero Fernández-Gala sería uno de los primeros en firmar manifiesto proinvasión a Siria, junto con el cripto-otánico Alba Rico y el diputado Gaspar Llamazares, entre otros.

Y, de paso, si se terciaba, obtener algún “carguillo” que les ayudara a despejar su incierto futuro profesional. Al respecto, son recordadas las intervenciones de aquel joven universitario socialdemócrata, Juan Carlos Monedero, en su campaña a favor de la permanencia de España en la OTAN, donde, lo mismo daba charlas a los estudiantes que querían escucharlo, como se dedicaba a hacer pasquines y distribuir octavillas, en torno a un objetivo: “había que estar en la OTAN porque ellos eran nuestros aliados, y los otros, la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, eran el enemigo”.

La tradicional marcha que suele discurrir al son de proclamas como la de “OTAN no, bases fuera” ha congregado en ediciones anteriores entorno al millar de personas, con pocos vecinos de la localidad roteña, que ven esta protesta como una amenaza al motor económico del municipio gaditano. En sus orígenes fue un potente altavoz político que llegó a congregar a 15.000 personas, con casi todos los rostros conocidos de la izquierda. La manifestación, que recorre a pie la distancia entre Rota y El Puerto, se celebra este año con el lema “Trabajo y dignidad, sí. Negocio de la guerra, no” (01-11-2014)

Y qué decir del JEMAD José Julio Rodríguez, miembro destacado del Ejército en las operaciones criminales de la OTAN en Libia. Días después de presentar su candidatura para el Congreso de los Diputados en las listas del partido político de Podemos en las elecciones del 20 de diciembre de 2015, se pronunció públicamente sobre asuntos políticos, utilizando su uniforme militar en una red social cuando aún no había logrado la situación legal que le daba plena libertad para participar y significarse en política. Para rematar la faena, un informe confidencial de Wikileaks informó que ya en 2008 la CIA recomendaba su ascenso por sus simpatías ideológicas hacia E.E.U.U.

Solo un charlatán o un ingenuo puede llegar a pensar que en la Europa de la UE se cuela alguien en la cúpula militar cuya lealtad a los intereses del Imperio no esté garantizada. Ahora parece que hay muchos seguidores de Podemos e Izquierda Unida que parecen obviar esto, según se desprende de la defensa que están haciendo de Julio Rodríguez, lo que obliga a plantearse en qué categoría entran: si en la de los charlatanes o en la de los ingenuos.

Pero, dentro de la mareante marea que confluye en Podemos, no solo han venido mostrando sus simpatías hacia Soros y CÍA en el ámbito de la política exterior, sino que también lo ha hecho con no menor entusiasmo en las cuestiones de política interna, apoderándose del ayuntamiento de Madrid a través del “Ahora Madrid”, un partido político español, autodefinido como «candidatura ciudadana de unidad popular», y constituido en «partido instrumental sin vida orgánica», que nació con el objetivo de presentarse a las elecciones municipales de 2015 en el Ayuntamiento de Madrid, surgido a raíz de un acuerdo alcanzado por la dirección de Podemos y Ganemos Madrid, al que también se sumaron independientes y otros partidos. Finalmente, la candidatura quedó en segunda posición en número de concejales y su cabeza de lista Manuela Carmena quedaría convertida en alcaldesa de Madrid al contar con los votos del PSOE, encabezado por el “cómico” tertuliano del PSOE, Carmona.  

La exjuez Manuela Carmena de Ahora Madrid, agrupación formada por Ganemos y Podemos, resultaría elegida alcaldesa de Madrid. La exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue asesora del Gobierno vasco de Patxi López, con rango de viceconsejera, en materia de reconocimiento y atención a las víctimas de abusos policiales, así como relatora de la ONU, donde actuó contra el chavismo por la “detención arbitraria” del opositor Eligio Cedeño, un caso de amplia repercusión internacional. Además, Carmena, es miembro del Patronato de la Fundación Alternativas, un «think tank» del PSOE, en el que también se integran Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero, entre otras personalidades.

Una vez llegada al poder, la plataforma “Ahora Madrid” presentaba en julio de 2015 su novedosa “Área de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto” del Ayuntamiento de Madrid, realizada a través de Medialab-Prado de la mano del triunvirato formado por Miguel Arana, Pablo Soto y Victoria Anderica, tres de los indignados que habían saltado a la fama cuatro años, durante el 15M.

Por supuesto, tampoco nada de esto es casual, como tampoco lo fue que dos meses más tarde, el Colegio de Abogados de Madrid acogiese “una jornada dirigida a los concejales recién llegados a los Ayuntamientos para formarles durante cinco horas sobre su relación con la prensa, el uso de las redes sociales, la transparencia y la lucha contra la corrupción o sobre competencias municipales que afectan al Urbanismo o la Policía Local” , y menos casual todavía que el evento arrancase precisamente con una ponencia dedicada a explicar el concepto del “Gobierno abierto”. ¿Y para qué sirve ese nuevo producto, sistema o servicio de “Participación Ciudadana” que ha implementado el Ayuntamiento de Madrid? Pues, entre otras lindezas, para dar vida a toda una amalgama de “trolls”, propuestas utópicas, barrabasadas de todo tipo, que hacen reinar el caos y sepultan las pocas ideas verdaderamente interesantes.

Básicamente, se puede afirmar que la oligarquía llevaba preparando desde hace tiempo una revolución del sistema con el fin de lograr una mayor concentración del poder, utilizando, para ello, a su antojo las demandas de democratización de la sociedad esgrimidas por el 15M – ahora por Podemos -, llevando a cabo una serie de cambios estructurales del sistema cuyo resultado no distaba mucho de la sociedad imaginada por Huxley en su obra “Un Mundo Feliz”, donde el ciudadano era completamente incapaz ya de percibir que vivía en una dictadura. Por ejemplo, utilizando como excusa la corrupción política o los excesivos gastos de los parlamentarios, se llevarán a cabo cambios sustanciales en el actual sistema político. La idea es, entre otras muchas cosas, eliminar el senado, reducir drásticamente el número de órganos de gobierno de las administraciones autonómicas o, incluso, que internet vaya adquiriendo un papel cada vez más importante en la toma de decisiones del gobierno. Pasar de un sistema político en el que los ciudadanos apenas tenían posibilidades efectivas de participación a otro en el que no tendrán absolutamente ninguna, es decir: si antes nos estafaban a plena luz del día desde el Parlamento, en un futuro nos seguirán estafando desde las oscuras tinieblas de internet.

En definitiva, se trata de un ataque frontal a la soberanía de España que no proviene ni de Irán, Venezuela o Rusia, como nos quieren hacer creer los medios al servicio de sus verdaderos “amos” de la oligarquía financiera, sino de Estados Unidos a través del dúo CIA-SOROS, que, desde Podemos se procura extender por todo el país. Una evidencia indiscutible de que la organización podemita es un proyecto diseñado desde hace mucho tiempo la tenemos en el informe “Transforma España” elaborado por la Fundación Éveris y presentado a finales de 2010.

El Senado analiza las intervenciones de Pablo Iglesias en programas de televisión venezolanos alabando al Gobierno de Nicolás Maduro. Ante la reiteración del senador popular sobre los trabajos de Iglesias, el líder de Podemos marca distancia: “He podido decir cosas en el pasado de Venezuela que hoy políticamente no comparto”.

En la página 88 del citado trabajo, respaldado por los principales líderes empresariales del reino de España, en el que queda perfectamente denunciado el excesivo protagonismo que ha adquirido en España la clase política, la necesidad de dinamizar la “Inteligencia colectiva” y de que surjan iniciativas para “una democratización cada vez mayor del sistema”.

Planteamientos sobre los que se articularán las demandas del 15M. De hecho, de un tiempo a esta parte, el partido político Podemos también viene mostrando su deseo de sustituir la clase política por la tecnocrática, encargándose sus jefes y jenízaros más ilustres de difamar sistemáticamente a los políticos, metiéndolos a todos en el mismo saco bajo el peyorativo epíteto de “la casta“, mientras que ellos mismos en algunos casos se han definido como “una tecnocracia con corazón“. En diversas ocasiones sería el mismísimo Pablo Iglesias quien propondría resolver la incierta situación política de España con un dirigente “neutral” de corte tecnocrático, no en vano los que más saben de tecnocracias son los habitantes a cuyos países se extendió la llamada “Primavera Árabe”.

Otra cuestión distinta es demostrar exhaustivamente el detalle de la financiación del proyecto político de Podemos desde un principio del 15M, pero, de momento, lo dejaremos para otro capítulo específico en este mismo informe al que le pondremos el título de “La Neurona Podemita”.

“Nuestro partido, es decir el PSOE, está y estará con vosotros hasta la victoria final” (Felipe González, el 14 de noviembre de 1976 en los campamentos de refugiados saharauis)

Han transcurrido 45 años desde que España decidiera abandonar vergonzosamente su provincia número 53 para entregársela a Mauritania – ésta abandonaría el territorio en 1979 -, y Marruecos, que lo ocupa militarmente desde entonces.

Aquellos desdichados acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975, habían liquidado todos y cada uno de los supuestos en que se había basado la doctrina de la descolonización española hasta esa fatídica fecha, basada en aceptar las exigencias de la Comunidad Internacional para llevar a cabo la autodeterminación, llegando inclusive, si así lo decidía la voluntad mayoritaria del pueblo saharaui, a la independencia. Pero, los políticos de la España de 1975, con el rey Juan Carlos de Borbón en funciones de Jefe de Estado y actuando como un vulgar esbirro al servicio de la CIA, aprovechándose de la situación agónica de Franco, daban un giro radical a la doctrina descolonizadora asentada y decidían abandonar tan cobarde como canallescamente al pueblo español del Sáhara, haciendo dejación de sus responsabilidades jurídicas, políticas e históricas y, lo más sangrante de estos indeseables “patriotas de banderita”, entregando, totalmente desamparadas, a aquellas personas  y su tierra a la voracidad de un asesino como Hassan II, no sin antes haber pasado por “caja” para recibir el precio pactado, tal y como nos llegó a confirmar personalmente el mismísimo ministro de información de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Salem uid Salec, en una de nuestras visitas a los campamentos, destacando personajes como los Solís Ruiz, Areilza, Cortina Mauri y Álvarez Miranda, entre otros.

El presidente de la República del Sahara Occidental, Mohamed Abdelaziz, en Tinduf, el 4 de diciembre de 1996.

No obstante, es preciso recordar que, según la Resolución S/2002/161 del Departamento Jurídico de Naciones Unidas “los acuerdos de Madrid de 1975 NO han transferido la soberanía del Sáhara Occidental ni han otorgado a ninguna de las firmantes el status de potencia administradora, estatus que España NO puede transferir unilateralmente”. Por lo tanto, España sigue siendo al día de hoy la potencia administradora de iure y, como tal, sigue siendo responsable de conducir el territorio del Sáhara, hoy okupado y masacrada su gente por el reino moro de Mohamed VI, hacia la plena descolonización, sin coacciones ni presencia de las fuerzas armadas moras

Finalizada la guerra de los 15 años (1975-1991), el Frente Polisario, decidió cambiar las armas por las urnas, confiando en que los nuevos tiempos inaugurados con el fin de la Guerra Fría harían posible la promesa de las Naciones Unidas de organizar un referéndum de autodeterminación en el que los saharauis decidieran el futuro del territorio, pero,  después de varios intentos de resolver el conflicto por una “tercera vía” todos resultaron fallidos, debido principalmente a la intransigencia del reino alauita con la complicidad de Francia, que no quería correr ningún “riesgo de perder” el territorio.

A partir de ahí, las Naciones Unidas han arrojado la toalla ante la imposibilidad de resolver el conflicto, resultando muy triste tener que reconocer que, como señala la declaración de guerra del Frente Polisario, la ONU se ha convertido en un simple fedatario de la ocupación.

Por su parte, la Unión Europea sigue negociando con Marruecos la explotación de los recursos naturales del territorio –  el Sáhara no solo ocupa un lugar muy valioso a nivel geoestratégico para los EE.UU., sino que guarda en sus entrañas muy ricos y abundantes minerales de fosfatos, hierro, petróleo, gas, amén de su gran caladero pesquero -, incumpliendo de esta forma el requisito establecido en febrero de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que tal explotación sea acorde con el Derecho internacional, esto es, que el pueblo saharaui dé su consentimiento a tal explotación. El Frente Polisario, en términos de la Asamblea General de la ONU, “único y legítimo” representante del pueblo saharaui, ha rechazado de plano dar su consentimiento a tales acuerdos, entre otras cuestiones, porque, tal y como señaló el Abogado General en sus conclusiones relativas a los acuerdos de pesca, la UE viola varias de las normas fundamentales del Derecho internacional: el derecho de autodeterminación de los pueblos, la prohibición de reconocer situaciones derivadas del uso de la fuerza (la ocupación militar), la prohibición de contribuir con su comportamiento a la consolidación de tal situación…

Antón Saavedra interviniendo en nombre de la delegación española en los campamentos de refugiados saharuis, ante el presidente de la República Saharaui, Mohamed Abdelaziz, el 4 de diciembre de 1996.

Por si esto no fuera suficiente, con la reciente decisión de la administración Trump de reconocer la soberanía marroquí sobre los territorios ocupados del Sahara Occidental, EE.UU. modifica radicalmente su posición en relación con el conflicto. Desde entonces, todos los gobiernos que se vinieron sucediendo en España, tras la felonía cometida contra el pueblo saharaui, no sólo han mirado para otro lado, tratando de endosar a otras instancias la solución de un desgarrador conflicto que ellos contribuyeron a crear, sino incluso vendiéndoles armamento de todo tipo, como ocurrió con el gobierno del PSOE presidido por Felipe González – hoy consejero áulico del rey moro Mohamed VI – para que el sucesor del asesino Hassan II las emplee contra aquel pueblo que, allá por noviembre de 1976, tuvo el cinismo de visitar en las arenas del desierto para darles su total apoyo en nombre del PSOE y posteriormente exigir al gobierno de Adolfo Suárez, en el pleno del Parlamento de 16 de agosto de 1979, “el reconocimiento del Frente Polisario como representante del pueblo saharaui, así como los derechos de este pueblo a la independencia  y soberanía nacional en el marco de la intangibilidad de las fronteras heredadas de la época colonial, de acuerdo con las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización para la Unidad Africana”.

Entre quienes mantenemos la esperanza de que el conflicto se resuelva mediante un referéndum de autodeterminación, la llegada de Unidas Podemos al gobierno fue muy bien recibida, porque desde el final de la dictadura el PCE e IU han venido defendiendo con firmeza esta solución, y porque el propio Pablo Iglesias se había comprometido públicamente a impulsarla, participando incluso en actos de solidaridad con el pueblo saharaui. Pero parece que las cosas se ven de forma muy diferente desde el gobierno, tal como ya ocurriera con el cínico e hipócrita Felipe González.

Los refugiados saharauis llevan 45 años en situación de desplazamiento. La mayoría de los 173.600 refugiados que viven en los campamentos argelinos de Tinduf no han conocido otra vida. Llevan años esperando una solución para volver a su tierra que, de momento, no llega.

En estas circunstancias, ¿qué salida le queda al pueblo saharaui? ¿Seguir esperando otro medio siglo cuando en los campamentos de refugiados han nacido ya dos generaciones viviendo de la solidaridad internacional? Desde luego, no seré yo quien defienda la vía de la guerra para resolver el conflicto, pero el Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional a quien el Derecho internacional le reconoce el derecho al uso de la fuerza frente a la ocupación y dominación coloniales, por lo que si decide retomar efectivamente las armas no estará sino ejerciendo su derecho. En 1991 el pueblo saharaui decidió cambiar las armas por las urnas, confiando en que sería la forma de llevar a cabo la descolonización. Una vez que Marruecos ha quemado las urnas, y ante la pasividad de la comunidad internacional y la complicidad de nuestro país, no le queda otra salida que retomar las armas.

Ante la dilación de los programas de vacunación en varios países europeos por falta de suministros de nuevas dosis, la Unión Europea amenazó a las compañías fabricantes con un posible bloqueo a futuras exportaciones si incumplen las entregas pactadas con Bruselas. Varias farmacéuticas han tenido problemas en su capacidad productiva, ¿a qué se deben estas limitaciones de fabricación?

Tras casi un año desde que la Covid-19 entrara en nuestras vidas seguimos todavía pendientes de saber cómo vamos a salir de ella. Por una parte, las unidades de vigilancia epidemiológica de la red de salud pública, crónicamente infradotadas, siguen teniendo serios problemas para gestionar el rastreo y estudio de contactos de los casos, y los aislamientos en residencias y centros escolares, y por otra, la mayoría de los hospitales están al borde del colapso, debido a una presión asistencial mucho mayor de la que tienen capacidad de asumir.  

Ocurre que nuestro Sistema Público de Salud, antaño uno de los mejor dotados en la escala mundial, no ha ido acompañado de la financiación necesaria ni en personal ni en recursos, ambos recortados durante los últimos años, de tal manera que la campaña de vacunación está siendo llevada a cabo con una estructura debilitada y sobrecargada, con un personal sanitario cansado, precarizado, que ha tenido que asumir muchas tareas de vigilancia epidemiológica ante la fragilidad y escasez de los servicios de salud pública. Sin embargo, el factor clave que está retrasando la vacunación en nuestro país es el ritmo de llegada de las vacunas, debido a la falta de capacidad productiva de las multinacionales farmacéuticas y la comercialización primero con quien más paga, produciéndose un grave problema de abastecimiento en los países del IV Reich. Valga un dato tan ilustrativo como vergonzoso: los países con mayores rentas, como EE.UU., Reino Unido o Israel, entre otros, acaparan el 99% de las dosis de vacunas disponibles gracias a acuerdos confidenciales y secretos.

Y, es que la UE, con centenares de miles de muertos y millones de contagiados se muestra lenta, atrapada e irresoluta, secuestrada en una vertical pirámide burocrática y en una intrincada red de oscuros negocios farmacéuticos. En nuestro país,  con 70.000 muertos y más de tres millones de infectados, seguimos inmersos en lo que llaman tercera ola sin prácticamente haber salido de la segunda, pero, lo peor de esta carrera surfista, es que la crisis vírica y sanitaria a la que hay que sumar la económica y social, ha puesto sobre la mesa el debate sobre el acceso y reparto de la vacuna con implicaciones estratégicas muy importantes que sacan a colación la cuestión fundamental de la dicotomía entre bienes comunes y propiedad privada.  

“La vacuna es un bien global”. Bajo esa premisa parecía que el proceso de vacunación contra la Covid-19 iba a ser un camino de rosas. Nada más lejos de la realidad. De hecho, las espinas cada vez son mayores y ya se puede hablar de guerra entre la Unión Europea y las farmacéuticas por el suministro y los contratos firmados. Las versiones son contradictorias, y añaden un capítulo más a una cronología que se inicio casi a la vez que la pandemia.

Nos dicen que la pandemia lo ha cambiado todo, pero la cruda realidad es que ésta no ha hecho más que agudizar ciertas tendencias que ya venían de lejos, teniendo que aparecer el “bicho” para que mucha gente descubriera que el rey andaba desnudo, y nos diéramos cuenta de que el desorden global neoliberal es radicalmente incompatible con cualquier forma de gobernanza mundial que asegure una campaña de vacunación planetaria, universal o, al menos, mínimamente coordinada, pero, mientras tanto, la ley del mercado ha entregado a las multinacionales farmacéuticas la llave de la supuesta salvación sin pedirles nada a cambio. La punta visible de este iceberg es la pelea pública que la Comisión Europea viene manteniendo estos días con la farmacéutica AstraZeneca por el supuesto incumplimiento del número de dosis acordado, lo cual está poniendo en juego la campaña de vacunación continental anunciada con bombo y platillo.

Todavía están las costuras que quedaron al descubierto cuando, al inicio de la pandemia, la población europea descubría que en su territorio ya no se producían ni mascarillas, ni respiradores ni prácticamente nada de lo necesario para afrontar la pandemia, de tal manera que para tratar de evitar un nuevo «sálvese quien pueda», la Comisión Europea se erigió como «central de compras», mediando entre los países y los laboratorios. Pero en cuanto una de estas empresas ha respetado la única ley en vigor – que no es otra que la del mercado – el castillo de naipes euroentusiasta se ha venido abajo.

Nada debiera extrañarnos en los tiempos que vivimos de la salvaje mercantilización y privatización generalizada en el mundo, no en vano el IV Reich con bandera pirata de la UE recoge hoy los frutos de décadas de políticas neoliberales, esto es, servicios públicos fundamentales, como los sistemas sanitarios, precarizados proactivamente desde instancias gubernamentales para abrir y ampliar el nicho de mercado de la iniciativa privada, resultando ser la UE el mayor experimento neoliberal a gran escala jamás concebido y aplicado, demostrándose incapaz de estar a la altura de encontrar mecanismos de decisión para afrontar otras crisis centrales, pero sin escatimar recursos y contundencia cuando se trata de ahogar, por ejemplo, al pueblo griego o cuando se trata de aplicar ajustes estructurales draconianos sobre las mayorías sociales europeas.

Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso para hacer evaluación de la situación que vive el país tras casi dos meses de declaración de estado de alarma para intentar contener la segunda oleada de la pandemia. Ha anunciado que para los meses de mayo y junio habrá ya entre 15 y 20 millones de españoles vacunados contra el Covid, ha asegurado que nos encontramos en “el principio del fin de la pandemia” y ha dado por hecho que el inicio de la recuperación económica ya ha comenzado (Pedro Sánchez, el 16 de diciembre de 2020)

Hoy, ante el desafío de la pandemia y el reto de vacunar a casi 500 millones de personas, la UE hace lo único que sabe: concebir las instituciones públicas como un gran «generador de mercado» que facilite la actividad de la iniciativa privada. Con dinero público se rescataron bancos, autopistas y aerolíneas privadas. ¿Tan extraño resulta exigir ahora que se «rescate» nuestro servicio público de salud, poniendo a los laboratorios farmacéuticos bajo control social para asegurar el servicio de un bien común como es una vacuna?

Si «vamos a salir mejor de esta crisis», que sea en lo que respecta a la gobernanza sanitaria a todas las escalas; a cómo se organizan las cadenas de producción y suministro en un mundo tan globalizado como amenazado por sus efectos; a una reorganización radical del papel de lo público y de lo privado; en fin, a la prioridad de la vida y de los derechos sobre el capital y los intereses corporativos.

Desde el 27 de diciembre, cuando comenzó aquí la campaña de vacunación contra el Covid, España aplicó a 173.000 personas -el 0,3 por ciento de su población- las dos dosis, ese pasaporte a la inmunidad contra el coronavirus que tanto se espera.Y algo más de un 1.300.000 españoles recibieron, hasta ahora, sólo la primera dosis, aunque algunos políticos, alcaldes, funcionarios, militares, obispos y sindicalistas que, por acomodo, se colaron en la fila de los prioritarios lo hicieron de un modo escandaloso, dándose la circunstancia de que uno de los militares vacunados fue el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Angel Villarroya, un rostro conocido para los españoles ya que, durante los primeros meses de la pandemia, solía participar en las videoconferencias diarias que daba el gobierno para informar sobre la evolución del coronavirus en España.

¿Acaso no se han suspendido derechos fundamentales como el de reunión y libertades básicas como la movilidad en nombre de una urgencia sanitaria? ¿Por qué la emergencia y el interés general que justifica la excepcionalidad de derechos para las mayorías no se aplica para recortar los intereses de una minoría peligrosa que pretende hacer negocio con el sufrimiento de muchos? ¿Y qué hay de todo el dinero público invertido en investigaciones de las que solo saca rédito económico un puñado de empresas, quedándose además con el monopolio de las patentes?

En este mismo escenario, pienso que es tan urgente como necesario  proceder a la abolición de las patentes farmacéuticas, poniendo simultáneamente todo el entramado industrial y de laboratorios farmacológicos bajo el control de los profesionales sanitarios que, con una estricta vigilancia social, elaboren estrategias de salud y no de mercado, creando en la base de la sociedad la urdimbre que haga posible la destrucción del actual sistema político y económico para ir caminando hacia la nacionalización de las grandes empresas multinacionales farmacológicas, permitiendo de esta manera que éstas puedan ser puestas al servicio de la salud colectiva de los seres humanos y no de la cuenta de beneficios de la reducida elite que hegemoniza el dominio de nuestras sociedades. La disyuntiva para la humanidad no es otra que la bolsa o la vida.

Pedro Sánchez ha sido recibido con aplausos a su llegada a la reunión del Consejo de Ministros esta mañana tras el acuerdo logrado en Europa que supone que España recibirá del fondo europeo 140.000 millones de euros, 72.700 de ayudas directas para afrontar la crisis económica derivada por la pandemia del coronavirus. Los miembros del Gobierno de coalición se han felicitado por el pacto, alcanzado de madrugada tras cuatro días intensos de negociaciones. El equipo de Gobierno ha hecho el pasillo en Moncloa a Sánchez en el momento que llegaba al Palacio de la Moncloa.

Retomando un artículo publicado por La Nueva España (10-08-2020) me refería yo al mundo de apariencias construido por Pedro Sánchez a la vez que hacía mención a la farsa y a la representación en la que desde hace muchísimos años se mueve la Unión Europea. Poco faltó aquella mañana del 21 de julio, después de cuatro “extenuantes” días de reuniones en Bruselas, para que todo el gobierno de pie esperándole en la puerta aplaudiéndole y vitoreándole le hiciera la ola cuando el presidente del Gobierno hacía su entrada triunfal en el palacio de La Moncloa. Tal parecía que se tratara de Sigfrido después de haber matado al dragón, en una escena más propia de un régimen caudillista y bananero. Triunfalismo y algaradas aparte, lo único que se hizo en aquella cumbre europea fue salvar los muebles, o al menos intentarlo. La propia Merkel así se lo espetó abiertamente al primer ministro holandés: “Si los países del Sur quiebran, caemos todos”.

Enseguida sería la ministra portavoz quien comparecía ante los medios de comunicación para valorar aquellos 140.000 millones asignados al estado español como algo “histórico”, reforzada por el vicepresidente Pablo Iglesias afirmando que el acuerdo iba “en una dirección diametralmente opuesta” a la respuesta austericida que se dio a la crisis de 2008. Sin embargo, entrando en el fondo de los fondos, me referiré al decreto-ley por el que se aprobaban las medidas para la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, gracias a VOX permitía que el decreto-ley fuese aprobado en el Congreso de los Diputados. Sí, así como suena: ¡VOX salvando a Pedro Sánchez! Es decir, la mismísima organización fascista que había dicho de esta norma que solo servía para “crear la mayor red clientelar de la maltratada historia de este país” ofrecía un cambio radical que solo puede explicarse por el hecho de que alguien les dijese por “lo bajini”: “Oye, Abascal y demás, a ver si os enteráis, que los clientes somos nosotros, los de la banda que Vox representáis en las instituciones”.

Ocurre que, durante estos años todos los partidos llamados de izquierdas han venido censurando, con toda razón, aquellos 40.000 millones que, llegados de Europa, no habían servido sino para solucionar el desastre creado por las Cajas de Ahorro a la vez que se incrementaba salvajemente la deuda del pueblo español hasta el 117% del PIB, pero ahora, sin embargo, se contempla a plena satisfacción que 140.000 millones de euros rieguen a las empresas privadas de manera oscurantista y sin ningún control.

“La UE parece haber aprendido las lecciones tras la crisis anterior: en esta ocasión no tendremos austeridad, sino un ambicioso plan de estímulos fiscales; en esta ocasión no tendremos hombres de negro visitando los países, sino planes de inversión negociados. Europa ha entendido que la única forma de salir de la crisis es cooperar”, ha asegurado. “El acceso a estos fondos deberá solicitarse mediante Planes de Inversiones y Reformas que presente cada país, dando así flexibilidad a los países a llevar a cabo sus programas nacionales, siempre dentro del marco de las recomendaciones del Semestre Europeo (CSRs)”, ha añadido (21 de julio de 2020)

En este escenario, a través de la “propaganda goebbeliana” se ha creado el mantra de que este dinero es una especie de maná gratuito que recibimos de la generosa y solidaria Unión Europea sin coste alguno. Primero se dijo que las ayudas consistían, mitad y mitad, en subvenciones a fondo perdido y préstamos a bajo interés para los próximos años. Más tarde se supo que las primeras estarán condicionadas a la aplicación de las recetas que imponga la Comisión Europea, tales como reforma privatizadora de pensiones y el mercado laboral, y ahora sabemos que el acuerdo alcanzado señala también que, cuando la situación lo permita, se aplicará de nuevo la política de austeridad presupuestaria, de momento suspendida por razón de la pandemia del covid-19.

Que nadie trate de engañar a nadie. La cruda realidad es que la mayor parte de la cantidad que va a recibir España recaerá sobre el erario español. Aunque se siga afirmando que, de los 140.000 millones, 72.000 son a fondo perdido, lo cierto es que esta cantidad quedará reducida a 33.000 millones, al quedar minorada en 39.000 millones, que es la parte proporcional que España como país miembro de la UE debe financiar, por uno u otro medio, del monto global. Es decir, la cantidad de 33.000 millones, aunque aparentemente considerable, resulta bastante disminuida si se la compara con las transferencias de recursos que España obtendría todos los años si en la UE existiese una integración presupuestaria y fiscal como la que se da en cualquier Estado y que es el complemento necesario de una unión monetaria.

A pesar de lo que dice el vicepresidente Pablo Iglesias de que la respuesta es distinta a la de 2008, la historia tiene toda la pinta de volver a repetirse, esto es, el denominado maná se puede convertir en una losa muy pesada para el futuro. Desde luego, no seré yo quien discuta las importantes subvenciones que, a fondo perdido para hacer frente a los estragos causados por la pandemia sea algo positivo. Pero ahí no acaba nada, sino que empieza todo de nuevo. Supongamos, por ejemplo, que se aumentan los fondos públicos destinados a sanidad, educación y servicios sociales…, pero que se destinan íntegramente a engrosar subvenciones y conciertos con los negocios privados que campean por estos sectores. ¿Sería esto algo progresista? Desde un punto de vista social-liberal, sin duda, pero, ¿lo sería también desde postulados de izquierda?

Que Vox es para el resto de los grupos del Congreso como un leproso del que huyen es evidente. Y bien que le gusta ese papel a Santiago Abascal, su líder, para sacar la bandera del victimismo, la persecución y el “si todos nos atacan será que tenemos razón”. Eso lo convierte en protagonista hasta de los debates en los que no participa. Pedro Sánchez, este miércoles, trató de sacudirse los titulares de la semana pasada, cuando Vox le salvó el decreto de los fondos europeos, sacándose otro de la chistera: puso a Abascal como ejemplo de “sentido de Estado” frente a Pablo Casado (3 de febrero de 2021)

Todo indica que los recursos se van a destinar al sector privado, pero a otros menesteres que se suponen más elevados y que se presentan con palabras grandilocuentes, cambiar la estructura productiva, reforma de la economía, transición energética y proyectos estratégicos, entre otros. Unos proyectos que pueden ser muy respetables pero que poco tienen que ver con la necesidad más apremiante que es remontar la enorme crisis económica y fiscal en que nos vamos a ver envueltos. Esa cacareada transición ecológica y la digitalización que se pretende fomentar está hoy en manos de los intereses de las grandes corporaciones, tales como Unión Fenosa, Repsol, BBVA, Caixabank, Telefónica, Iberdrola, Santander. Bruselas, por su parte, acaba de urgir a los estados miembros para que esto se apruebe cuanto antes, y será entonces cuando se sabrá qué es lo que contenía de verdad aquel acuerdo “histórico” de julio tan celebrado.

En mi opinión, poco puede esperarse de lo que resulte finalmente, sobre todo cuando los insultos y broncas entre los llamados representantes del pueblo, viene siendo la norma, en vez de cerrar filas en tono a los graves problemas que atormentan a nuestro pueblo, como es la vacunación contra el covid-19 y sus retrasos, la deuda pública que camina aceleradamente desde el 117% al 130%, el paro que aumenta en decenas de miles de personas cada mes, el confinamiento y la inmovilidad que siguen provocando tanta angustia sin saber como inmunizar a la población, las mentiras que  esconden los discursos de los partidos políticos.

En fin, quizás alguien piense que ser pájaro de mal agüero no resulte lo mejor para los tiempos que corren, pero, sigo pensando, que vender fumo y hacer la del avestruz, solo sirve para crear pasividad, hoy, y desconfianza en la izquierda, mañana, cuando el cántaro se rompa al llegar a la fuente. El acento, por el contrario, habría que ponerlo en la necesidad de afilar un discurso alternativo al neoliberalismo imperante y prepararse para desactivar esta política antisocial, impulsando para ello lo que ya se está expresando en el ámbito de la salud, educativo, ecologista, sindical, pensionista, juvenil… Todo ello será mejor, pienso, que seguir vendiendo humo.

El recibo de la luz para un usuario medio ha subido un 61,3% en los últimos 15 años, encareciéndose en más de 320 euros la factura anual, según datos de Facua-Consumidores en Acción. Así, frente a los 529,32 euros abonados en 2004 por un usuario medio con tarifa regulada (PVPC), el año pasado el recibo del ejercicio completo ascendió a 853,8 euros. Facua señala que para el estudio ha utilizado un usuario con un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales y una potencia contratada de 4,4 kW.

Recibo la última factura de la estafa consentida de la luz y, como me parece un auténtico disparate, me dispongo a su análisis para comprobar que su incremento no respondiese a ninguna anomalía. Nada extraño. En la factura seguían apareciendo los mismos conceptos indescifrables, los mismos costes fijos que desde hace tiempo nos vienen descontando sí o sí al margen de lo consumido, esto es los correspondientes impuestos sobre la Electricidad (5,11%) aplicado al sumar el importe correspondiente de la potencia contratada y los KW de la energía consumida, el IVA (21%) que se aplica al total de la factura, incluido el impuesto sobre la electricidad y la Tasa Municipal (1,5%) para abonar al municipio donde se encuentra el punto de suministro, pero también los peajes, gastos de transporte y distribución poco transparentes, o compensaciones abusivas a las compañías. Costes del mercado, que se evalúan sobre la energía consumida, tales como el aprovisionamiento de energía eléctrica en el Pool, donde nuestro suministrador debe de adquirir la energía prevista que van a demandar el conjunto de sus clientes.

Comprobé el histórico de facturas, y seguía en la misma línea de siempre: más cara que años atrás. Concretamente, los gastos energéticos subieron un 40% más que el nivel de vida en los últimos 10 años. Pregunté a un amigo de tertulia que vive un portal más allá que el mio y le pregunté: oye, José, ¿tú has comprobado la última factura de la luz? ¿Qué te parece? Pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece una gran estafa, un robo manifiesto, pero es el mercado, amigo, es el mercado. En la misma tertulia, otro amigo nos decía que la brutal subida de la factura se debía a la ola de frio que estábamos padeciendo y a la falta de viento en las eólicas o la falta de sol en las fotovoltaicas, otro culpaba al gas, hasta que otro tertuliano remataba diciendo que la culpa se debía a la liberalización del mercado, en manos de un oligopolio que controla todo, esto es, la producción, la distribución y la comercialización, de tal manera que, en la actualidad, el mercado está manejado por eso que tú llamas “electrofascismo”.

Al poner la lupa en los diversos conceptos que se cobran en los recibos, los consumidores se topan con que el precio mayorista de la luz y consumo se llevan el 35% del recibo, el 40% son peajes (potencia y término de energía) y un 25% impuestos. El último concepto es uno de los que más polémica suscita. La luz cuenta con su propio impuesto, el de Electricidad, que supone el 5,11 % del recibo, y además tiene un IVA del 21%. Se trata de uno de los tramos más altos del tipo sobre el valor añadido, el general, y mucho más elevado que en países del entorno.

Pero lo más denigrante es que Endesa, por ejemplo, que antaño era una empresa pública española al cien por cien, sería malvendida por el gobierno de turno a la estatal italiana ENEL, de tal manera que, después de saquearla y expoliarla, los italianos hicieron caja para pagar la compra del negocio latinoamericano de Endesa que representaba unos 8.600 millones, y de paso, reducían la deuda de ENEL, en torno a los 50.000 millones. Más claro, la italiana ENEL (Endesa) envía la mayor parte de sus dividendos a Italia, mientras la pobreza energética en España aumenta al mismo ritmo que precios y beneficios, cada vez con más gente que no puede calentar sus viviendas o sufren cortes.

El 6% de personas en nuestro país tiene alguno retraso o dificultad para pagar facturas del agua, el gas o la luz, según los datos del informe de Pobreza Energética en España, de la Asociación de Ciencias Ambientales del año 2018, pero, a pesar de que los datos oficiales solo pueden registrar los impagos, sería un error pensar que la pobreza energética se limita a esto, cuando según cifras extraídas de encuestas, el mismo informe asegura que el 15% de la población sufre temperaturas inadecuadas en el hogar y el 29% sufre dificultades para poder acceder a los suministros básicos, llegando a un dato espeluznante: el 41% de la ciudadanía de nuestro país sufre la pobreza energética.

Una lacra que, siendo responsable de más de 7.000 muertes prematuras cada año, sigue permaneciendo silenciada e ignorada por todos y cada uno de los gobiernos, central y autonómicos, saliendo a relucir cuando ocurren las grandes catástrofes, como la ocurrida recientemente con el incendio del barrio de Sant Roc en la localidad catalana de Badalona, donde unas infraviviendas (chabolas) tenían los suministros pinchados, con el consiguiente peligro que ello comporta.  

Sin embargo, más allá de estos hechos escandalosos y altamente mediáticos, la pobreza energética mata cada día de maneras mucho más silenciosas y discretas. No hace falta un incendio ni dejar de pagar facturas para ser víctima de la pobreza energética. Conozco a gente que sí paga la factura, pero a expensas de privarse de comer adecuadamente, pasando hambre incluso, o renunciando a poner la calefacción, poniéndose una chaqueta de más en casa y dos o tres cobertores a la hora de ir a la cama.

En este país de trincheras, un dato hermana a políticos de izquierdas, derechas y nacionalistas: su afición a reengancharse en empresas energéticas tras dejar el cargo. La lista de 43 enchufados, entre expresidentes de gobierno y ministros, sigue creciendo mientras la factura eléctrica se dispara y algunas empresas se llevan sus inversiones al extranjero.

Pues bien, guiado por mi interés ante, lo que, desde mi punto de vista me parecían y me sigan pareciendo, ahora más que nunca, “ocurrencias” tan mortales por parte del gobierno, decidí seguir por el camino que me indicaba la línea eléctrica que me llevó hasta una de las térmicas de la multinacional Iberdrola, paradójicamente cerrada cuando más demanda había en el país, y allí pregunté a un trabajador sobre el porqué estaba parada la térmica, contestándome que estaban haciendo trabajos de mantenimiento, pero, cuando ya me iba, me encontré con otro trabajador conocido, ingeniero para más señas, quien,  de manera casi clandestina, me explicó todo el funcionamiento del llamado pool donde se fija el precio de la electricidad, de tal manera que, para cubrir la demanda, las compañías van aportando producción, empezando siempre por las más baratas. Si no hay suficiente, entran otras más caras, y así hasta que se completa lo demandado. La última en entrar, que siempre es la más cara, siendo esta la que fija el precio de las otras.

Quiere ello decir que, si tú produces energía a muy bajo coste, como la hidroeléctrica o la nuclear, ofreces tu energía barata y te la pagan a precio de energía cara. Es un sistema perverso, me susurró al oído mi amigo, porque siendo un oligopolio siempre está la tentación de que alguien no meta en el pool toda su capacidad disponible, en la confianza de que entren otras más caras. Basta con que entre un 1% de gas, para que el otro 99% se pague a precio de gas con márgenes de escándalo. No parece precisamente un incentivo para bajar precios, ¿verdad?”, le dije, contestándome en forma de interrogante, “¿sabes cómo lo llaman? Beneficios caídos del cielo, windfall profits”.

La borrasca Filomena deja a su paso imágenes dantescas de la capital colapsada por la nieve, al igual que numerosas ciudades y pueblos repartidos por todo el centro peninsular. Pero también ha provocado que el precio de la electricidad se dispare, algo que Unidas Podemos utilizó en su momento para cargar duramente contra el Gobierno del PP. Era el año 2017, ante una situación similar, cuando el actual vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, habló de una demostración de “codicia” por parte de las eléctricas que, si el Gobierno de Rajoy lo consentía, le convertiría en “cómplice”.

Es el mercado, ¿verdad?, le pregunté. Claro, me dijo, “es el mercado, pero el mercado eléctrico español”, que es así de peculiar: un mercado ineficiente y opaco, que favorece la especulación, y donde, a la manera de la banca, las compañías siempre ganan. Y si no ganan, estas se verán compensadas por el Estado, no en vano más de 40 altos cargos de la Administración, entre expresidentes y ministros del gobierno bipartidista del PPSOE, sientan su culo en los millonariamente retribuidos sillones de sus Consejos de Administración. Al respecto, resulta muy grotesco tener que escuchar las manifestaciones de la ministra de Hacienda, la médica María Jesús Montero, mintiendo, como es su costumbre de fullera, para decir que no se podía quitar el IVA porque no lo autorizaba Europa, pero más grotescas resultaron tener que escuchar en boca de los máximos responsables de Unidas Podemos, Echenique y Pablo Iglesias, cuando afirmaron que “bajar el IVA no le cuesta ni un euro a las eléctricas. Eso sí, reduce los ingresos del Estado, dañando la sanidad, la educación o la dependencia”. Y se quedaron tan panchos.

” Zapatero está haciendo lo que siempre ha hecho, anteponer el interés del país y el conjunto de la organización, porque él va a trabajar para que esto se produzca de esta manera y para que no haya conflicto abierto en el PSOE, porque realmente no lo hay” ¿¿¿… ???

(Elena VALENCIANO, el 26 de mayo de 2011 en EL MUNDO)

“El socialismo plantea que no es suficiente contemplar los problemas, analizar y criticar las cosas que van mal, sino, que de lo que se trata, es de cambiar el sistema que los provoca. El socialismo es democrático en su propia naturaleza. No podemos gobernar en contra de los intereses generales. Una sociedad que avance al socialismo ha de ser democrática en el auténtico sentido de la palabra y de la acción, basándose en el control consciente y la participación ciudadana”. (Pablo IGLESIAS, presidente fundador del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)

Tal y como habíamos comentado en la tercera parte de nuestro documento, el vaso que colmaba la autoridad de “Al Fredino” RUBALCABA sería el tan infumable como bochornoso pacto de PONFERRADA, donde el PSOE alcanzaba la alcaldía a cambio de que el exalcalde pepero de esa localidad leonesa, el empresario hotelero y acosador sexual Ismael Álvarez, les facilitase la alcaldía en la capital berciana. En efecto, allá por el año 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León consideraba probado que el tal Ismael Álvarez había acosado sexualmente a la que había sido su concejala de Hacienda, Nevenka Fernández; una condena que posteriormente sería ratificada por el mismísimo Tribunal Supremo, originando un tremendo impacto en la opinión pública, aunque no sirviera para liquidarle definitivamente, ya que en las elecciones de 2011, el acosador sexual volvería a presentarse al frente de Independientes Agrupados de Ponferrada, logrando cinco de los 25 ediles que conforman la corporación del Ayuntamiento de PONFERRADA.

Al PSOE le había costado 18 años recuperar la alcaldía de PONFERRADA, pero en sólo 48 horas volvía a perderla, haciendo saltar en trizas por los aires la agrupación de la capital berciana. Lo más grotesco fue que que un partido como el PSOE que hace bandera de la igualdad de las mujeres, fuera protagonista de semejante espectáculo en el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA…

Así llegamos al 25 de febrero de 2013, cuando el acosador sexual y el portavoz del PSOE, Samuel FOLGUERAL, alcanzaban el pacto consentido por el “apparatchik ferraziano” del PSOE para derribar al alcalde conservador Carlos López Riesco, llevando tal grosería política hasta el extremo de solemnizarlo, nada más y nada menos que el día 8 de marzo, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA.

Aquella reconquista del “puerto” ponferradino  que trataba de sacar a flote los restos vivientes de la nave hundida, vendría precedida de una titánica tormenta, pródiga en truenos y relámpagos, que se expandía bestialmente por la cabeza y la cola  de aquel cascarón hundido en el fondo de la mar y, aunque, desde un principio, el “apparatchik” del PSOE respaldó aquella grosera reconquista, llegando incluso a celebrarla, al final toda la responsabilidad se haría recaer sobre las espaldas del ya tristemente famoso secretario de organización del PSOE y portavoz socialista en las Cortes de Castilla-León , el “tonto básico” Oscar LOPEZ, que asumió la misma como un “error” exclusivamente suyo del que no tenían conocimiento ni el capo “Al Fredino” RUBALCABA, ni la vicesecretaria general Elena VALENCIANO, ni nadie de la ejecutiva federal, hasta el punto de que aquella misma noche, el propio RUBALCABA reconocía en el programa “El gran debate de Telecinco” que se había equivocado al dejar a su número TRES la responsabilidad exclusiva de la “muy delicada” moción de Ponferrada: “Tenía que haber estado encima”, confesaba un hipócrita y cínico “Al Fredino” RUBALCABA, para remachar afirmando públicamente: “Le voy a dar un tiempo prudencial. Si no se va, se irá. Si no se va, no será alcalde del PSOE. No va a haber un alcalde del PSOE que lo sea por el voto de una persona condenada por acoso sexual, no lo va a haber”

Oscar LOPEZ Agueda, nació en Madrid en 1973, y se afilió al PSOE en 1996: “Nadie les presta atención, no tienen ninguna credibilidad. Apenas si captan el interés cuand deciden salvar el mundo de los malos, como en Ponferrada, y no sólo no salvan a nadie sino que se condenan ellos mismos. Y lo que es peor, condenan a la sociedad a seguir sufriendo al tonto básico, síntoma indudable de la corrupción de la política. Si hace falta cierran filas en torno al capo hasta el ridículo más espantoso. “has cargado con una cruz que nos es la tuya, es de todos nosotros, y lo que has hecho es propio de un pelota servil e indigno que nos avergüenza en un representante democrático”, le espetaba un compañero en la ejecutiva del PSOE de Castilla-León (…) Ya se sabe que “un tonto hace ciento si le dan lugar y tiempo”…

En realidad, la salida de aquella crisis – una más de las muchas que se cuecen a diario entre las aguas pantanosas del PSOE – no podía ser otra que una reafirmación de la autoridad del “apparatchik ferraziano”, resumida por la propia Elena VALENCIANO con melancolía pseudo-maoista: “Ejercer la autoridad es mantener el timón”. A partir de ese momento, el “apparatchik” dirigido por el capo “Al Fredino” RUBALCABA decidía desencadenar su pequeña “revolución cultural”: “Toda la responsabilidad interna recaería en la vicesecretaria general de aquel cascarón hundido en el fondo de la mar, Elena VALENCIANO, verdadera instigadora de la operación ponferradina para destruir a un inútil perdedor como Oscar LÓPEZ, de tal manera que, nunca en la historia del PSOE – ni siquiera cuando la época pajillera de “la Pajín” – se había alcanzado tal grado de verdulerismo político con el nombramiento de una persona como “la Valenciano”, una individua procedente de una familia bien y educada en el elitista colegio “Liceo Francés” que, habiendo cursado “primero de Derecho en cafeterías”, llegaría a telefonista de la sede ferrazziana del PSOE, hasta ganarse el salto a la política nacional con el sudor de su cuerpo…

Sin embargo, la vida interna en el cascarón del barco hundido en el fondo de la mar continua enquistada en la dialéctica que se viene librando navaja en mano entre “ellos y nosotros” en la que quedó instalada con el enfrentamiento entre el capo “Al Fredino” RUBALCABA y la Carmen María CHACON Piqueras I de Cataluña y V de Andalucía en el 38º Congreso del PSOE en Sevilla, aunque el problema de fondo sobre el liderazgo “Al Fredino” quedaba perfectamente resumido tras el debate sobre el estado de la nación y la encuesta del CIS correspondiente al mes de febrero de 2013, donde uno de cada dos votantes del PSOE creía que lo hacía mal, llegando a valorar incluso más al propio Cayo LARA de IU, por la izquierda, y a “la Rosa Diez de España y olé” por la extrema derecha, unas encuestas que se agravaban, un mes más tarde, al señalar un índice general de desaprobación en torno al noventa por ciento, con una pérdida de 35 puntos en sólo un año, datos demoledores que confirmaba la encuesta de METROSCOPIA, con la intención directa  de voto al PSOE más baja desde 1978 y una fidelidad de voto de sólo el treinta y cuatro por ciento.

El capo “Al Fredino” RUBALCABA y sus “consiglieris”, la Elena Valenciano, la Soraya Rodriguez, el Eduardo Madina, los Lópeces y el intelectual orgánico Jauregui, deben de irse. Plegar, como dicen en mi pueblo. No sólo porque lo digan las encuestas, las cuales llevan un día sí y otro también mostrando signos alarmantes, sino porque no han logrado conectar con la sociedad…

Por si esto no bastara con las heridas sufridas por el TSUNAMI que hundió el barco hasta los fondos del fondo de la mar, salía a la palestra “El Arfonzo GUERRA” para presentar la tercera parte de sus memorias – esperemos que sean las últimas, y se vaya de maestro de escuela de pueblo, tal y como prometió allá por el 1982 – para echar más leña al fuego al desempolvar viejas querellas ya olvidadas, aunque casi todos celebran la estocada que asesta al inhabilitado juez BALTASAR GARZON, cuando le acusa de haber pedido retribuciones en negro para ser candidato a diputado por el PSOE. No debemos de ignorar que GARZON acaricia la posibilidad de volver a la política con las elecciones europeas, y ello se percibe dentro del PSOE como una amenaza electoral, sobre todo si en IZQUIERDA UNIDA, tal y como llegó a insinuarlo el mismísimo Gaspar LLAMAZARES, se supera la resistencia del Partido Comunista a ceder al exjuez el cartel de la coalición, porque podría ampliar el espectro de sus votantes, y lo es también si concurriera al frente de una formación de nuevo cuño, porque dispersaría aún más el voto de la izquierda.

Con estos datos, “Al Fredino” RUBALCABA no sólo es un malísimo candidato para las elecciones de 2015, sino que en absoluto está en condiciones de presentarse a unas PRIMARIAS abiertas a los ciudadanos con alguna posibilidad de salir elegido, y lo que es peor, carece de toda legitimidad para hacer creíble su oferta de “Pactos de Estado”, en plena caída electoral. Dicho de otra manera, mucho más entendible:

¡¡¡ EL PSOE SECUESTRADO EN SURESNES POR LA CÍA Y CÍA ESTÁ LISA Y LLANAMENTE HUNDIDO EN EL FONDO DE LA MAR!!!

El FMI y sus directores: todos envueltos por escándalos desde 2000. El encarcelamiento del español Rodrigo Rato ladrón muestra como el organismo multilateral ha vivido pegado al escándalo por los líderes escogidos

Leía yo recientemente algún trabajo elaborado por investigadores del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicados en los meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021, en los que se auguraban tiempos de gran malestar social producidos por las consecuencias de la sinPANdemia. Una seria advertencia que las cifras de la actual situación económica que padecemos en nuestro país parecen confirmar, pero que nuestros gobernantes parecen querer ignorar.

¿Estamos, pues, ante lo que se puede considerar un “estallido social”? Esto es lo que, parece ser,  preocupa a los investigadores del FMI cuando dejan entrever la alargada sombra del coronavirus, quienes, haciendo un recorrido por la historia, afirman que pandemia y movimiento revolucionario guardan una muy estrecha relación, como nos recuerdan con  la insurrección parisina de 1832  que tuvo como punto de partida la epidemia de cólera-morbus, tal como nos cuenta Víctor Hugo en su magnífica obra de “Los Miserables”, o la revolución alemana, iniciada el 9 de noviembre de 1918, en pleno apogeo de la segunda ola de la llamada gripe española, que trajo el cambio de la monarquía constitucional del Kaiserreich alemán a una República Parlamentaria y Democrática, si bien hay que dejar dicho que la explosión social se había producido en un contexto particular, marcado por la chispa de la revolución rusa de 1917 y la derrota militar de los alemanes en la primera guerra mundial.

Justo cuando los gobiernos piensan que lo peor ya ha pasado tras llevar a cabo una campaña exhaustiva de vacunas y paquetes billonarios de reactivación económica, el mundo, de repente, se enciende. Hay batallas campales en cientos de ciudades entre manifestantes y policías antidisturbios vestidos al estilo de Robocop . Imágenes de edificios en llamas se proyectan en millones de pantallas de televisión. Los gobiernos caen en elecciones tumultuosas. No es la próxima entrega de la serie distópica Years and years sino un escenario que dibuja lo que podría pasar tras la pandemia a partir de un análisis realizado por investigadores del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, desconfiando de cualquier visión sistemática de la relación entre epidemia y movimiento revolucionario, aunque, a veces, estas conclusiones pueden parecer tautológicas, la cuestión de este vínculo se presenta especialmente grave en el caso de la pandemia coronavírica que sufrimos, entre otras cuestiones, porque, a diferencia de la llamada gripe española de 1918 y otras epidemias sufridas a lo largo de la historia, la covid-19 ha sido y sigue siendo el centro de atención de las sociedades y las economías de todo el mundo desde los inicios de 2020, donde todas las actividades humanas dependen de la evolución que tenga la misma, pudiendo concluir que el efecto retardado de esta sobre la situación social puede tener – va a tener-,  efectos devastadores. Más aún cuando la situación previa ya venía siendo bastante problemática, sobre todo, si tenemos en cuenta el aumento de las desigualdades que trajeron las políticas neoliberales en los últimos cuarenta años, creando un caldo de cultivo para las tensiones sociales, especialmente cuando todavía no hemos superado la crisis de 2008 y sus consecuencias.

Es cierto que los gobiernos de todo el mundo han intentado amortiguar el impacto económico y social directo de la pandemia aumentando las transferencias, a menudo de forma temporal, con casi toda la producción privada en hibernación, pero estos mecanismos están pensados para durar sólo mientras dure la pandemia, dejando desprotegida a una parte de la población, en su inmensa mayoría la más precaria y la más pobre, de tal manera que, una vez que se produzca la vuelta a esa anunciada “nueva normalidad», la adaptación resultará mucho más dolorosa.

Por otra parte, las prisas de las empresas por restablecer e incluso compensar las pérdidas registradas durante la pandemia van a provocar la destrucción masiva de puestos de trabajo: 4.000.000 de parados en España al día de hoy, sin contar los que pueden sumar los 740.000 que están en los ERTES, ni los 383.800 autónomos que también cobran el paro, los 291.197  que se encuentran realizando cursos de formación o los 393.622 parados que tienen disponibilidad limitada, los cuales podrían incrementarían la cifra total hasta los 5.000.000 parados.

La pandemia, qué duda cabe, ha puesto a las sociedades bajo tensión, y la crisis económica que se avecina podría provocar explosiones sociales sin precedentes. Se trata de una advertencia gratuita para los líderes partidistas, pero estos siguen poniendo “sordina” a la crisis mirando hacia otro lado y, tras la retórica de la lucha contra la «desigualdad», siguen defendiendo y aplicando las mismas y nefastas políticas neoliberales, es decir: aunque el neoliberalismo está en crisis, para las élites partidistas sigue siendo el punto de referencia dominante.

Según las cifras correspondientes al año 2019, casi 13.000.000 de personas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro país, otorgándole el tercer país de la Unión Europea con mayor desigualdad, por detrás de Rumanía y Bulgaria, y este desastroso dato, mírese por donde se mire,  indica que tener trabajo ya poco tiene que ver con el hecho de vivir bien, sobre todo cuando las rentas percibidas por el trabajo suponen uno de los principales factores de la desigualdad, puesto que los beneficios obtenidos cada vez se distribuyen más en forma de dividendos para los accionistas de las  empresas y no de salarios o de inversión productiva.

Todo apunta a que el sistema fiscal español ha contribuido notablemente a generar esta desigualdad. Así, el 83 % de la recaudación fiscal en 2018 llegó del IVA, el IRPF y otros impuestos de las familias, mientras que las sociedades solo aportaron un 12 % de la recaudación. Dicho en román paladino: los impuestos siguen favoreciendo a los ricos, quienes han visto incrementada su riqueza un 4 % mientras que los ciudadanos más pobres de España han visto reducidos sus ingresos en torno al 40 %. Unas cifras que nos permiten certificar los augurios plasmados en los estudios del FMI para el “estallido social”, cuando en España menos de medio millón de personas tienen cuatro de cada diez euros que hay en el país y la desigualdad que ha seguido creciendo durante la llamada recuperación económica nos deja titulares como el siguiente: El 10 % más rico de la población española concentra más que el 90 % restante.

Estamos frente al evento global más grave que haya ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Las proporciones del descalabro son abrumadoras y sus impactos trascienden lo económico. Por citar algunos datos: las bolsas mundiales han corregido sus índices a la baja entre 30% y 40% en el último mes; hasta el 13 de marzo la bolsa española había perdido casi 200.000 millones de euros; como si las economías de Cataluña y Aragón desaparecieran del mapa.

En cualquier caso, lo peor nunca es seguro, pero parece que la debilidad del crecimiento y la necesidad del capitalismo neoliberal de aumentar la presión sobre el trabajo, sumadas a los efectos directos de la pandemia, están llevando a una situación explosiva. Y, dado el efecto retardado de las pandemias, la calma actual no garantiza la futura paz social. Por lo tanto, sería un error que los actuales dirigentes tomaran al pie de la letra los picos de popularidad o una forma de apatía entre la población, optando por seguir decretando “estados de alarma”, “toques de queda” con sus correspondientes “cierres perimetrales” en nombre de la pandemia, para que una población en estas condiciones no se pueda movilizar ante la dura realidad que se avecina, donde los recortes y privatización de las pensiones ocupan un lugar de primera magnitud.  

De ahí, la enorme necesidad de revertir y anular las reformas laborales aprobadas por los gobiernos del reino de España en los años 2010 y 2012, que fueron esenciales para debilitar a los sindicatos – solo el 13,9% de los trabajadores españoles está sindicalizado -, lo que resultó en un gran incremento de la precariedad y del desempleo, más agravado aún, cuando las élites de estos sindicatos tan minoritarios, aunque se autodefinan mayoritarios, hayan quedado transformados en meras agencias gubernamentales, cuando no patronales, aceptando todo lo que les ponen encima de la mesa a cambio de la correspondiente “mordida” a modo de subvención que les permita seguir aparentando y viviendo como lo que no son.

“Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital”. Esta es la sentencia escrita en el parte de alta de Urgencias  y por el que se devolvió a su centro asistencial a una mujer menor de 80 años que presentaba “neumonía bilateral” y “probable covid 19 (pendiente PCR)”, según se especifica en el “juicio clínico” del mismo documento. La paciente fallecía tres días después en su residencia tras no ser ingresada en el Hospital Infanta Cristina, de Parla (Madrid) (18 de mayo de 2020)

Hubo un tiempo en que admirábamos a los ancianos por su capacidad de resistencia, por ser ellos los que nos abrían el camino y nos pasaban el testigo, por su sabiduría, por su experiencia. Eran nuestros mayores, mucho más grandes que nosotros. Sin embargo, ahora nos ha dado por desdeñarlos, por ignorarlos. Ya no nos parecen sabios, sino objetos para depositar en trasteros y pretanatorios, sintiendo que su empeño en no morirse es un fastidio, una carga para la colectividad. Es posible que no haya existido nunca una sociedad que peor haya tratado a los viejos como la actual, olvidándonos que en esa ancianidad acabaremos todos, siempre que no nos lo impida ese “bicho” expandido globalmente por los “amos” del dinero.

Y es que el capitalismo, en su forma neoliberal se fundamenta en dar prioridad al mercado por encima de la organización de la vida social. Es decir, el capitalismo neoliberal no es solo un marco de análisis para la organización económica, sino que también dicta las normas sobre cómo debe organizarse la sociedad, alentando a los individuos a ser sumamente competitivos, ya sea con la seguridad laboral, la riqueza material, el status social, las relaciones personales o el valor moral, y dentro de ese marco, el valor de los cuidados es secundario, accesorio, siendo el dinero la medida más utilizada para calcular el éxito y el indicador principal de competencia y valor. Es decir, perder el tiempo en el cuidado y bienestar de otras personas que no pueden pagar un precio de mercado por los cuidados resulta muy desaconsejable, una pérdida de tiempo para seguir ganando dinero.

Y, siendo verdad que en Europa los cuidados fueron arrancados en plena lucha de clases después de la segunda guerra mundial, sin embargo, los agujeros en los sistemas de aquel bienestar arrancado a sangre y fuego han quedado de manifiesto con la pandemia de Covid-19 que nos está tocando sufrir, especialmente en España donde las altas tasas de mortalidad en las 5.457 residencias de ancianos, públicas y privadas, han demostrado que las personas mayores y vulnerables no eran una prioridad.

Ocurre, lisa y llanamente, que al neoliberalismo globalizado le sobran los mayores que lastran la economía, porque no son más que números en los sistemas de pensiones y creen que los ancianos les están robando porque ya no trabajan, no producen. ¿Por qué entraron estos ancianos en los hospitales durante la pandemia de la COVID-19 con un simple resfriado y salieron en ataúdes? ¿Por qué en esos pretanatorios llamados geriátricos o residencias de ancianos han muerto aquellos que estaban sanos? ¿Podemos pensar que se les ha aplicado la eugenesia?

Si algo está quedando muy claro durante la pandemia es que las residencias y geriátricos han supuesto uno de los principales pilares de la mortandad masiva de ancianos, siendo muchos elementos los que pueden explicar este fenómeno. El primero la pasividad del sistema sanitario. ¿Qué recomienda el ministerio de Sanidad cuando un anciano, la persona más vulnerable, ha estado en contacto con un caso de coronavirus? ¿Hospitalizarlo? No. ¿Testar si es positivo? No. ¿Obligar a los trabajadores a protegerse de él? No. ¿Identificar a sus contactos? No. El ministro filósofo de Sanidad cree que un anciano potencialmente contagiado debe quedarse aislado en su habitación catorce días. Y que esté bien ventilada. Pero, ¿quién vigilará su evolución si no está en un hospital? Es decir, mientras los ancianos permanecen en la residencia lejos del sistema sanitario, pueden estar ocultamente incubando y agravando su enfermedad, de tal manera que, cuando los síntomas afloren y el centro avise a Sanidad, el residente puede estar muy grave, agonizante o muerto, tal y como llegó a declarar públicamente la mismísima ministra de Defensa, Margarita Robles, 24 de marzo de 2020: “El Ejército en algunas visitas ha podido ver a algunos ancianos absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas», para asegurar a continuación que, “ante esta falta de cuidados, el Gobierno será implacable y contundente haciendo caer todo el peso de la ley sobre aquellos que no cumplan con esa obligación».

Las declaraciones de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, contra algunas residencias de mayores porque miembros de las Fuerzas Armadas encontraron durante tareas de desinfección personas fallecidas en las habitaciones de los centros, como si se tratara de una grave negligencia que hay que perseguir, han generado confusión, intranquilidad y, por supuesto, el malestar del sector (25 de marzo de 2020)

El 5 de mayo de 2020, una periodista de la agencia Reuter le preguntaba al ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la cifra de los fallecidos en las residencias de mayores respondiéndole este que aún los estaban analizando y que ya la darían a conocer, habiendo entrado en el año 2021 sin ninguna respuesta. Esto es, el gobierno de España no sabe el número de muertos producidos en los pretanatorios, y mientras se sigue produciendo esta eutanasia el bochorno es tal que el mismísimo vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, se resiste a dar las cifras de mortandad en las residencias, justificando su negativa en que las competencias en la materia han sido transferidas a las comunidades autónomas.

Pedro Sánchez tropieza siempre con los muertos del Covid-19 en las últimas sesiones parlamentarias de control al Gobierno. Este miércoles, 17 de junio, cometió un error garrafal al vincular su anuncio de un “homenaje de Estado” (no funeral de Estado) a las víctimas del coronavirus con un número de fallecidos, “27.000”, que nadie cree, ni siquiera el mismo Instituto Nacional de Estadística (17 de junio de 2020)

Nadie quiere destapar el holocausto de la tercera edad por una epidemia que no iba a llegar, pero la triste realidad es que más de cuarenta mil ancianos han sido desviados en 2020 a unos raíles que conducían a la muerte. Unos creerán que el virus conducía el tren, otros que la negligencia, otros un indebido triaje que los alejó del hospital y de las UCI, pero si España sabía desde enero, tal y como ha quedado demostrado hasta la saciedad, que el virus priorizaba a los mayores, nunca debieron de morir 42.918  ancianos, según las cifras oficiales del I.N.E. Unas cifras que por sí mismo ya resultan un desastre, pero que al compararlas con las de otros países de Europa, significan una catástrofe absoluta, no habiendo ningún país europeo cuya contabilidad oficial alcance los porcentajes españoles.

Si algo nos está enseñando esta pandemia es que, en tiempos de enfermedad, los cuidados nunca deben de ser un extra opcional, sino que sirven para marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Claro que hay cosas más importantes que el dinero, el estatus y el poder, pero el capitalismo, al regirse por el ánimo de hacer dinero, no solo permite la violencia y la matanza en la guerra organizada con fines lucrativos, sino que también permite que las personas mueran por negligencia, ya sea por pobreza, falta de vivienda o falta de atención médica.

Pienso muy sinceramente que, al margen de otras cuestiones que irán saliendo a la palestra, como el de la cacareada y tan esperada vacuna, es el momento de elaborar una nueva política de los cuidados y de la justicia afectiva que refute la narrativa de la política puramente egoísta. Ello es necesario, no solo por la importancia predominante de los cuidados como ética política, sino porque las personas necesitan una senda intelectual y política que contrarreste los discursos del miedo, el odio y la exaltación que gobiernan un mundo guiado por la moral capitalista. Por supuesto que, sin quitar un ápice a la gravedad que tenemos presentada, fuera de cualquiera teoría conspirativa, el miedo y la excesiva alarma, con ejército incluido, han sido el principal objetivo en el confinamiento y la desmovilización para imponernos esa “nueva normalidad” en forma de austericidio y privatización de los derechos sociales arrancados.

ANTON SAAVEDRA

La alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau, en el acto final de campaña del 14-F junto a la candidata Jéssica Albiach y el líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, el 12 de febrero de 2021 en Barcelona.

Los resultados de las elecciones catalanas celebradas el 14 de febrero de 2021 han otorgado 8 escaños a los de En Comú Podem (ECP) y 9 a la CUP. Dicho de otra forma, 8 escaños a la socialdemocracia y 9 al anticapitalismo. En total, 17 escaños nítidamente de izquierdas. No es mucho, teniendo en cuenta que Cataluña atraviesa una grave crisis social y necesita, pues, una izquierda fuerte que dispute el poder y pueda implementar un programa de choque. No es mucho, pero se respira cierto alivio, cuando no directamente triunfalismo, en ambos espacios políticos. Siempre ocurre lo mismo después de unas elecciones: el que no se consuela es porque no quiere.

De hecho, el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, celebraba el mismo domingo este resultado en las elecciones celebradas en Cataluña, donde, efectivamente, han mantenido los mismos ocho diputados que habían conseguido en 2017, aunque han obtenido un 6,86% del voto, por debajo del 7,46% de hace cuatro años, y muy por debajo del 14,27% que dieron a los podemitas 546.733 votos y 7 diputados en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2019, el último precedente electoral, por no hablar de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, cuando llegaron a ser la primera fuerza de Cataluña con 927.940 votos y 12 diputados:“ Auguraron nuestra debacle pero nos consolidamos”, ha analizado Iglesias, que no hace ninguna autocrítica tras pasar a ocupar la sexta plaza, por detrás de la CUP y por VOX.

El cambio y el derecho a decidir se imponen en Catalunya con un resultado histórico. La candidatura de confluencia En Comú Podem, encabezada por Xavier Domènech y auspiciada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha convertido en la gran triunfadora de la noche electoral en Catalunya al ganar las elecciones generales de forma clara y superando todas las previsiones (20-12-2015)

Pero muy lejos de realizar cualquier análisis más profundo sobre las verdaderas causas de este “tocar fondo en Cataluña”, Iglesias se limita a destacar que Podemos es «una fuerza modesta, pero ineludible para un gobierno de izquierdas en Cataluña y para que haya Gobierno y bloque parlamentario en España».

El partido de Pablo Iglesias concurría a estas elecciones tras un año en el Gobierno de coalición lleno de vaivenes y tensiones con sus socios del PSOE y después de la debacle en Galicia en 2020, donde se quedó sin representación, y en el País Vasco, donde perdió la mitad de sus apoyos en 2020, tal y como ha quedado analizado en otro capítulo de este libro. En Cataluña no han repetido el descalabro, pero sí han perdido 0,6% puntos y 131.734 votos, quedando relegada a la sexta posición por detrás de la extrema derecha de VOX.

En efecto, ECP ha salvado los muebles al no perder ningún escaño respecto a las anteriores elecciones y ello les ha infundido la sensación de que el barco no se les hunde, pero nada más lejos de la realidad. Los Comuns ya habían tocado fondo en las elecciones del 21D de 2017, cuando pasaron de 11 a 8 escaños, aunque el diagnóstico de aquel mal resultado era claro: un partido que no se posicionaba claramente a favor o en contra de la independencia de Cataluña no podía recibir muchos apoyos electorales en el momento de máxima polarización del eje nacional.

El problema es que las últimas elecciones se han celebrado en un contexto en el que el eje nacional está mucho más destensado que en 2017, y pese a ello el resultado de los Comuns ha sido similar al obtenido entonces. Eso significa que, si los Comuns no son capaces de sacar mejores resultados en medio de las condiciones que supuestamente tendrían que favorecerles, ello quiere decir claramente que los podemitas están inmersos en un proceso de decadencia profundo.

“¿Considera realmente a Puigdemont un exiliado, como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo? ¿Los puede comparar? Pues lo digo claramente, creo que sí. Y eso no quiere decir que yo comparta lo que hiciera. (foto entrevista Iglesias-Gonzo, el 18 de enero de 2021)

Además, por si ello no fuera suficiente, las declaraciones de Pablo Iglesias sobre el expresidente de la Generalitat, Puigdemont, comparando a este sujeto, procesado en rebeldía y huido de la justicia desde hace más de tres años, con los más de trescientos mil exiliados republicanos durante el franquismo, no ayudaba mucho a lograr más votos de los obtenidos, sino más bien a perderlos, máxime cuando estas declaraciones las realizaba cuando el Parlamento Europeo viene debatiendo si levantar la inmunidad al expresidente de la Generalitat para que sea entregado a España, algo a lo que Puigdemont se opone alegando precisamente que España no es una auténtica democracia.

¿Cómo es posible que un hombre de izquierda como Pablo Iglesias y todo un vicepresidente del Gobierno equipare el sufrimiento del republicanismo español, que sufrió un atentado contra un Gobierno legítimo, y todo lo que provocó ese éxodo masivo, los campos de concentración y exterminio, el dolor de tantas familias, con ese sujeto? ¿Cómo se puede tener la desfachatez de comparar la Guerra Civil y la dictadura con la democracia, cuando lo mejor de la intelectualidad española, del arte, de la medicina, de la ciencia, de la poesía, junto con miles de trabajadores, se tuvieron que ir de su propio país?

Pablo Iglesias ha incurrido en un grave error histórico al comparar la huida de Puigdemont, tras su intento de secesión de Cataluña, con el exilio republicano de 1939, cuando medio millón de españoles, muchos de ellos catalanes, se vieron obligados a pasar a Francia ante la conquista de Cataluña por el ejército de Franco, para salvar su vida que corría peligro al final de una cruenta guerra civil, ganada por el fascismo que fusiló a decenas de miles de republicanos. Debería rectificar esta barbaridad histórica y política que ha cometido.

Ahondando un poco más en el tema, solo en el primer trimestre de 1939 cerca de 450.000 personas tuvieron que pasar a Francia debido a la Guerra Civil y la represión que la siguió. Muchos fueron internados en campos de concentración y considerados, sin más, criminales, a pesar de que una gran parte de ellos eran niños, mujeres y ancianos. En la Francia de Vichy, Alemania y Argelia los republicanos españoles fueron tratados durante la inminente Segunda Guerra Mundial como «rojos» que no tenían derecho a la vida.

¿Qué tiene que ver esta dramática situación, todavía sin resolver por ningún gobierno español, con la sufrida por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, que el día después de ser cesado en su cargo emprendió un viaje a Bruselas para esquivar la acción de la justicia española, que le acusa de delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales, instalándose en un barrio acaudalado de la población belga de Waterloo para vivir como el “otro” fugado en Dubai, siendo en la actualidad  eurodiputado por España, a pesar de las causas judiciales que pesan sobre él?

Desde mi punto de vista, las declaraciones de Pablo Iglesias son un auténtico escándalo, agravadas por haber sido pronunciadas por un vicepresidente del Gobierno de España. No es ignorancia, es indecencia, y, además, resultan un auténtico insulto para los exiliados republicanos de la Guerra civil y a sus familiares, Decir las cosas que ha dicho Iglesias en un país como el nuestro, tan marcado a lo largo de su historia por los éxodos políticos, demuestran una absoluta indignidad.

En la participación se cumplió la regla por la cual, a cuanta más renta, mayor es; y viceversa. El récord lo tiene el 28-A la Vila Olímpica (el séptimo barrio más rico de la ciudad, donde votó el 85,8% del electorado), aunque en total fueron 23 barrios los que superaron el 80%, la mayoría por encima de la Diagonal o en el Eixample. El que menos votó, Torre Baró. Los barrios que registraron menor participación están ubicados en la Zona Nord de Nou Barris (el que menos es Torre Baró, el cuarto barrio con menor renta de la ciudad, con el 60,5%, seguido de Vallbona, 61,6%), el Besòs y, en el centro de la ciudad, el Raval (61,5%).

Pero, volviendo a las elecciones catalanas, ECP obtuvo su apoyo mayoritariamente en distritos y barrios de clase trabajadora, como Nou Barris y el Raval, y de las clases medias identificadas históricamente con las izquierdas, sin repetir el triunfo en ninguno de sus distritos, aunque obteniendo su apoyo en torno al 9% del voto en los barrios citados, alcanzando incluso el 14% en el Raval, desplazándose una gran parte del voto tradicional de la izquierda hacia el PSOE y en menor medida a VOX.

Esta coalición de partidos de Catalunya en Comú y Podem Catalunya, ha perdido apoyos entre las clases populares y, especialmente, entre la clase trabajadora no nacida en Catalunya, entre la cual está creciendo una gran animosidad al independentismo que canalizó el PSC y VOX, pero no el ECP, dentro de una Cataluña más dividida que nunca, en donde los medios de información y persuasión se centran mucho más en el conflicto nacional, ignorando el problema social.

La histórica abstención ha sido una de las principales protagonistas en las elecciones al Parlament de Catalunya de 2021. Tras el récord de participación del 2017, cuando fueron a votar el 79,09 de los electores, en esta ocasión se ha pasado al extremo contrario, al 53,55%.

El dato más significativo de las elecciones catalanas celebradas el 14 de febrero en Catalunya ha sido la enorme abstención. Nunca antes la participación en el proceso electoral había sido tan baja, pero, ¿a qué se debe esta baja participación de la ciudadanía en las elecciones?  La respuesta más inmediata a esta pregunta por parte de los mayores medios de información del país ha sido que se ha debido a la pandemia, y al temor de la población a salir a la calle y contagiarse de coronavirus. En principio, esta explicación pudiera parecer hasta lógica y razonable, aunque cuesta trabajo comprender el por qué en Galicia, por ejemplo, los niveles de participación fueron similares en épocas de pandemia y sin pandemia.

Sin embargo, hay un dato que cuestiona que la pandemia haya sido la única causa de esta elevadísima abstención en Cataluña, y es que ha habido una variación muy marcada en el nivel de abstención según el nivel de renta media de las secciones censales. A menor renta, mayor abstención y su incremento, más acentuado el incremento de la abstención en las secciones censales de los barrios populares, con una presencia mayoritaria de la clase trabajadora.

Y estos son los barrios que se han visto más afectados por la gran crisis social y económica que ha sufrido Catalunya durante estos últimos años y que ha aparecido con toda su crudeza durante la pandemia, alcanzando niveles sin precedentes en el período democrático, donde casi el 40 % de la población en los barrios populares está en riesgo de pobreza, porcentaje que alcanza más del 50 % para la población por debajo de los 18 años, siendo, precisamente, en estos barrios donde ha habido no solo una mayor abstención, sino también un crecimiento mayor de esta abstención, siendo el paro y los problemas cotidianos de carácter social, como la sanidad, la vivienda y las escuelas, entre otros, los temas prioritarios para las clases populares, mientras que el debate nacional del supuesto conflicto España-Catalunya absorbe la atención de dichos establishments.

En este escenario, parece lógico, por lo tanto, que el deterioro de la situación social de las clases populares que está teniendo lugar durante la pandemia acentúe todavía más esta distancia y esta alienación de la ciudadanía hacia la clase política catalana, y este distanciamiento explica que el dato más llamativo de las últimas elecciones catalanas haya sido el enorme crecimiento de la abstención que no puede explicarse solo debido a la pandemia.

Los datos muestran, pues claramente que este aumento de la abstención ha sido más acentuado en los barrios obreros que en los barrios de mayor renta. En el barrio más rico de Barcelona, Pedralbes, por ejemplo, el porcentaje de población votante pasó del 86% en 2017 al 67,1% en 2021, una disminución de 19 puntos. Como contraste, el barrio con menos renta, Ciutat Meridiana, pasó de un 68,5% en 2017 al 36,5% en 2021, un descenso de 32 puntos. Puesto que el voto independentista es mayor en la mitad de la población que tiene una renta superior a la media, a la vez que vemos que la abstención más acentuada se produce entre la mitad de renta inferior, donde predomina la mayoría no independentista, ello explica que con un voto independentista menor en 2021 que en 2017 se alcanzara el tan famoso y anhelado 51% de la población votante a favor de la independencia, como justificación para exigirla ya.

Una gran parte de la culpa de este proceso en decadencia de los podemitas en Cataluña la tiene su estrategia suicida de blanqueamiento del PSOE, es decir, de colocarle constantemente la etiqueta de «izquierda». Pero esta estrategia no es sólo suicida por el hecho de que el PSOE no es de izquierdas, sino porque además supone uno de los pilares donde se asienta el Régimen del 78, cuando lo que hizo crecer al espacio de Podemos en su día fue precisamente la impugnación del régimen, y lógicamente lo que le está haciendo hundirse es el apoyo a uno de los pilares fundamentales de ese mismo régimen.

El PSC-PSOE ha ganado las elecciones catalanas del 14F con el 23 % de los votos y 33 escaños, el doble de lo conseguido en los comicios de 2017. El llamado ‘efecto Illa’, su salto desde el Ministerio de Sanidad a Cataluña, ha funcionado tal como pretendían en Ferraz, devolviendo a los socialistas un papel destacado en el Parlament y recuperando la influencia que el partido perdió a raíz del “procés”, pero, realmente, ¿se necesitaban tantas para este viaje que deja relegado a todo un ministro de sanidad en plena pandemia en un simple diputado regional de Cataluña?

Desde mi parecer, el seguir etiquetando al PSOE como partido de «izquierda» cuando ha sido y sigue siendo un partido que ha indultado a corruptos y torturadores, que sigue defendiendo con uñas y dientes la monarquía, ayudándola incluso a escapar del escrutinio público, posicionándose a favor de golpes de Estado en América Latina mientras se niega a condenar a petrodictaduras salvajes como la saudí, que se dispone a repartir los Fondos Europeos centralizadamente a las grandes empresas del Ibex 35, que no ha derogado la ley mordaza, ni la reforma laboral, ni ha prohibido los desahucios, que ha pactado y sigue intentando pactar con Ciudadanos prioritariamente hasta que no le ha quedado más remedio que hacerlo con Podemos, que recorta y privatiza las pensiones, y, que ni siquiera permite tocar el grave asunto en los alquileres de las viviendas, no es más que un ejercicio insultante a la inteligencia. El sorpasso de la CUP a los podemitas de Comuns el pasado 14F es indicativo al respecto, aunque el punto de referencia del éxito o fracaso de la CUP nunca debería ser la izquierda en decadencia de los Comuns, sino la izquierda socioliberal de ERC, que ha obtenido 33 escaños.

A diferencia de lo que sucede con los Comuns, la CUP cuenta con unos fundamentos de gran potencialidad, pero demuestra poca capacidad de aprovechar estos fundamentos para convertirse en un partido con apoyos masivos. Además, su lema del «vamos lentos porque vamos lejos», no les permitirá llegar a tiempo a ninguna parte, entre otras cuestiones porque la pobreza y el fascismo avanzan mucho más deprisa. Es decir, cada vez más se ve necesario empuñar un arma política de la máxima eficacia a la altura de la situación de emergencia que se está viviendo, y, si la izquierda abandona su campo de juego, entonces será la derecha y sus extremos quien pasará a ocuparlo con sus armas. Y, es que, en momentos de crisis socioeconómica, cuando el capitalismo fracasa a la hora de proporcionar los medios más básicos para el sustento de una vida digna, la sociedad se polariza y mira a los extremos. El problema es a cuál de los dos extremos mira la gente. En estos contextos de polarización, el papel histórico de la extrema derecha consiste fundamentalmente en señalar como culpables de la crisis a los de más abajo, y el de la extrema izquierda en señalar a los de más arriba. El problema actual es que la extrema derecha, mejor organizada, está cumpliendo mejor su rol histórico que la izquierda radical, por ello, es necesario seguir insistiendo, sin histrionismos de ningún tipo, en el mensaje de que los ricos nos empobrecen, y que luchando contra los ricos dejaremos de ser pobres. No vale sólo con comunicar en términos de «capitalismo», «privatizaciones», «recortes» o «neoliberalismo». El capitalismo es el rico. Las privatizaciones son el rico. Los recortes son el rico. El neoliberalismo es el rico. De la misma forma que para la extrema derecha el paro es el inmigrante, los sueldos bajos son el inmigrante y la delincuencia es el inmigrante, con la diferencia de que el discurso de la izquierda no se basa en la mentira como ocurre con el discurso de la extrema derecha.  

Aquel Podemos surgido del 15M contaba con el liderazgo fuerte y los elementos discursivos populistas necesarios para ganar apoyos masivos en estos momentos de crisis, cuando sus adversarios eran «la casta» o «los de arriba», pero a pesar de impugnar en un principio el Régimen del 78 discursivamente, el espacio de Podemos nunca llegó a cuestionar el marco nacional español, nunca tuvo una estrategia soberanista consecuente – «Yo si fuera catalán, no participaría en ese referéndum», epitomizaba Pablo Iglesias en 2017 -, y pareció creer que logrando formar parte del gobierno PSOE-Unidas Podemos podría reformar las osificadas estructuras estatales.

El líder morado defendió el pasado julio, en Cádiz, que no participaría en el 1-O; el lunes, en Santa Coloma de Gramenet, reclamó una Catalunya “libre y soberana”; y el martes, en Madrid, se desdijo de su opinión en verano y admitió que no debería haber dicho que no votaría. “Yo no soy catalán. Y creo que me equivoqué cuando entré en la lógica de ‘y si usted fuera catalán’. Soy español, de Madrid, pero tengo que respetar a los ciudadanos de Cataluña. Esta especie de baile de la yenka duerme en las hemerotecas, pero ha empezado a correr, también, por algunos grupos de simpatizantes de Podemos que advierten del riesgo de estos saltos de posición en un feudo clave para los morados (la primera fuerza en Catalunya el 20-D y 26-J fue En Comú Podem). (Política, 12-09-2017)

Ahora ya no cree ni eso, y se agarra a su participación gubernamental como a un flotador, sin parecer darse cuenta de que ese flotador es precisamente lo que lo va a acabar llevando al hundimiento. Además, el liderazgo fuerte y los elementos populistas con que contaba el espacio de Podemos se sostenían sobre una base más bien arenosa propicia para el burocratismo y el personalismo, es decir le faltó la solidez organizacional y el arraigo territorial necesario para hacer la alternativa.

La onda sísmica de las mociones de censura presentadas contra el PP en Murcia por el PSOE y Cs ha llegado en forma de terremoto político de gran magnitud a Madrid. La presidenta regional, la popular Isabel Díaz Ayuso, ha destituido este miércoles a los seis consejeros de Cs de su Gobierno, ha ordenado la disolución de la Asamblea y ha convocado elecciones para el 4 de mayo con el objetivo de frenar la amenaza de que los representantes madrileños de la formación naranja replicaran la estrategia murciana para desalojarla del poder. (EL PAIS, 10 de marzo de 2021)

Muy pronto ocuparán las estanterías y escaparates de las librerías varías crónicas políticas con el título de “Los cinco días de marzo que cambiaron España” o algo parecido, porque desde el pasado 10 de marzo en el que Ciudadanos y PSOE presentaron en Murcia una moción de censura contra el presidente del PP, López Miras, el mapa político nacional ha sufrido una especie de “terremoto político”.

Un supuesto “terremoto político” cuya onda sísmica sacudía los cimientos del Gobierno de coalición progresista PSOE-Unidas Podemos tras anunciar el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, su renuncia como miembro del gobierno a la vez que presentaba su candidatura a las elecciones para la Asamblea de Madrid que la actual presidenta, Isabel Ayuso, había convocado para  el 4 de mayo, aunque, a decir verdad, la marcha de Pablo Iglesias del gobierno de Pedro Sánchez estaba cantada desde hacía bastante tiempo, bien por las malas si Sánchez lo cesaba una vez que se formase el gobierno en Cataluña, después de las elecciones del 4M en Madrid, o bien por propia decisión de Iglesias como, de hecho, ha ocurrido en la mañana del 15 de marzo, entre otras cuestiones, porque el vicepresidente Pablo Iglesias era muy consciente de que su relación con el presidente Sánchez estaba agotada e inmersa en una tan insoportable como permanente discusión.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha dicho este sábado que en la región de Murcia se ha visto la “compra de tres tránsfugas” como “si se tratara de una venta de esclavos “sin ningún rubor” en “la plaza pública” (La Vanguardia, 13 de marzo de 2021)

En efecto, el día en el que se conocía la intención de presentar una moción de censura en Murcia toda la política institucional del país parecía corresponderse con lo que, efectivamente, tiene toda la pinta de ser todo un “terremoto político”. La respuesta de Ayuso en la Comunidad de Madrid, protegiéndose, mediante convocatoria a elecciones anticipadas autonómicas, contra lo que ella misma anunciaba como traición de Ciudadanos parecía corroborar ese “terremoto”, agrandado mediáticamente con una supuesta réplica en otras comunidades como Castilla-León y Andalucía, aunque todo se vino abajo mediante  la cooptación del PP de tres de los rebeldes diputados murcianos de Ciudadanos, incorporándolos como consejeros del gobierno autonómico a razón de 78.000 euros anuales.

Sin embargo, el que los diputados murcianos de Ciudadanos hayan vendido su voto al PSOE, en nada me escandaliza. Que el PP se lo recomprara luego, de segunda mano y a mejor precio, mucho menos, al formar parte de la lógica política como lo es la negrura financiera de Podemos, pero quejarse de que en el mes de enero haga frio es una auténtica estupidez.

Los tres diputados murcianos, como profesionales de la política que son, no buscan sino seguir viviendo de puta madre como profesionales de la política, por lo menos en sueldo y en privilegios. Me parece hasta comprensible, tanto como lo puede ser la adquisición del chalet de Galapagar por parte de la pareja ministerial Iglesias-Montero. Lo que me parece más difícil de entender es lo del expresidente del gobierno madrileño Aguado, un sujeto que ya vivía muy por encima de sus posibilidades, pretendiendo vivir mucho mejor todavía.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, abandona el Gobierno de coalición para convertirse en el candidato de Unidas Podemos a presidir la Comunidad de Madrid en las elecciones convocadas para el 4 de mayo, según ha anunciado en un vídeo difundido en las redes sociales del partido. Iglesias postula a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como posible futura líder de Unidas Podemos y ha pedido “altura de miras” a Más Madrid para ir en una lista conjunta con la que disputar la presidencia a la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso (AS, 16-03-2021)

Y, de repente, aparece el exvicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, desplegando la estrategia de lo que me parece su propio autogolpe, sabiendo que nunca le va a quitar la silla al presidente Pedro Sánchez, pero ¿qué tal si lograra ser una Carmena sin magdalenas en Madrid? ¿Estamos en tiempos de asistir al entierro de un partido, como Ciudadanos, que nunca lo fue, o estaremos asistiendo al suicidio político de Pablo Iglesias? En realidad, pienso que la “campanada” de Iglesias tiene, más que nada, un efecto propagandista que otra cosa, pero veremos muy pronto los resultados.

La cuestión es que, en un Madrid en el que la derecha y sus extremos han hecho su bastión, envueltos en la banderita que lució durante toda la época franquista y la posfranquista de la restauración monárquica que vivimos en la actualidad, la  misma banderita que ha pasado de los balcones a las mascarillas, y en el que la batalla ideológica sobre la libertad ha logrado traspasar las trincheras de los miles de muertos para instalarse en la libertad del negocio por encima de la vida, en ese escenario, se producen estas elecciones del 4 de mayo de 2021.

Pero, cambiar las caras, las siglas en los gobiernos y los beneficiarios profesionales de esos cambios de “a tanto el kilo de nuevo aliado”, y no políticas reales que mejoren la realidad de quienes están cansados de perder, en absoluto me parece ningún terremoto político, sino más bien un insulto. Si algo de profundo pudiera tener ese supuesto “terremoto”, que refuerza a la derecha más reaccionaria, es el de un nuevo descuelgue de sectores de las clases trabajadoras y populares que venían abandonando a la izquierda desde hace decenios, y su deriva hacia las posiciones más contrarias a sus intereses, representadas por los sectores más ultras del PP y por VOX.

Sin embargo, lo más deplorable de todo ello es que, mientras los partidos políticos viven enzarzados en otra campaña electoral plagada de insultos como norma, y desde Moncloa se sigue jugando a desestabilizar  gobiernos autonómicos para tratar de quitarle el presidente al “otro” para ponerme “yo”, caso concreto de la Comunidad de Castilla-León donde el PSOE acaba de presentar una moción de censura contra el gobierno del PP para debatirla el próximo 22 de marzo de 2021, las listas del paro se alargan, con casi un millón de trabajadores en el limbo de los ERTES, y mientras con una mano, vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, coge el teléfono para convocar a empresarios y sindicatos a desmontar la reforma laboral del PP que la Unión Europea hace suya, con la otra se acusa recibo del siguiente cheque del fondo europeo SURE, creado para el pago de los ERTE. Otros 2.870 millones esta misma semana (15 al 21 de marzo de 2021), de los 21.300 millones de este rescate pequeño a España, solo superado por Italia, sin olvidarnos, claro está, de los casi 100.000 muertos del coronavirus y los más de 5.000.000 de parados, la crisis económica emerge y se deja la solución en manos de la Unión Europea. 

Claro, “no hay nada más idiota que un obrero de derechas” – dicen -, y se quedan tan panchos, tras tan brillante afirmación en la que se esconde un desprecio hacia el trabajador y el parado “desclasado” e ignorante que no comprende la importancia de ser el “paganini” de las subidas de los carburantes y de la energía en sus hogares, que soporta la vergüenza en las colas del hambre para recibir una docena de huevos y un kilo arroz, que ha visto convertirse el Ingreso Mínimo Vital en una pesada broma con escarnio y que se siente humillado y derrotado.

Ese trabajador precario “desclasado” que no entiende qué coño es eso del “relato” y de la lucha por la “hegemonía”; esa madre, trabajadora por horas en un supermercado que desconoce qué es el heteropatriarcado o la discusión sobre identidades, el cisgénero o el feminismo de clase que solo es un lema, son quienes no entienden a Podemos, no porque sean tontos, ignorantes o reaccionarios, como en el fondo piensan los morados, sino porque saben que les importan un carajo. Solo están en sus programas electorales, en el mejor de los casos en sus demagógicos discursos, pero nunca en su práctica del día a día.

Hubo una época en la que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, preferiría vivir en el piso de su tía abuela, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, porque consideraba que lo realmente peligroso era “el rollo de los políticos que viven en chalés”. Si Podemos ganara las elecciones generales y Pablo Iglesias siguiera siendo su candidato presidencial, el político preferiría no tener que trasladar su residencia a La Moncloa. Así lo afirmó durante una entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero: “Si puedo elegir, yo preferiría seguir viviendo en mi casa, en el barrio de Vallecas” (EL PAÍS, 23-05-2018)

A esos sectores y clases no les ha traicionado tanto el PSOE como estos pijos-progres que un día soñaron con asaltar los cielos, entre otras cuestiones, porque del PSOE nunca esperaron demasiado. Les bastaba con alguna que otra ayudita social para saber que eran algo mejores que la derecha de toda la vida, la misma que había humillado y empobrecido a sus padres. No es que les haya traicionado después. Es que el “socialismo del neoliberalismo” al que ahora insulta Ayuso, ya no tiene de dónde sacar dinero de los Presupuestos Generales del Estado porque hace mucho que asumió el fin del Estado del Bienestar y el principio del “no hay más cera que la que arde”.

De los podemitas, la verdad, no se esperaba mucho, que digamos. Se trata de esos pijos universitarios, pertenecientes, en su mayoría, a las clases medias, esto es, niñatos de la generación Netflix, que interpreta el mundo como si fuera una de sus series de ficción preferidas, que se montaron sobre los últimos resquicios de clase que les quedaban a Izquierda Unida, con un pedigrí de origen mucho más creíble que el suyo, aunque hacía mucho que venía deteriorándose, principalmente por las batallitas y conspiraciones podemitas para destruirlos al igual que en su día hiciera el PSOE con el glorioso Partido Comunista de España que, si bien les funcionó en los barrios durante un tiempo breve, enseguida quedaron al descubierto sus  verdaderos objetivos, que no era otro más que hacerse políticos profesionales.

Y ahora llega Pablo Iglesias, el de la Colonia Fontarrón en Puente de Vallecas, que nada tiene que ver con el otro Pablo Iglesias del Ferrol, es decir, aquel que iba a acabar con el régimen del 78, quien después de haber rebajado sus programas hasta entregarlos descaradamente al neoliberalismo nos ofrece una nueva alarma antifascista, otra de las suyas, tratando de sacar votos a través de seguir metiendo miedo a la gente, al igual que hiciera en su día el actual inquilino de la Moncloa. Pero, eso ya no funciona cuando se ha perdido la credibilidad que antaño se pudo tener y se tuvo, porque Podemos no es más que Pablo Iglesias y solo Pablo Iglesias, una diarrea peor que la de Ribera con Ciudadanos, con una base social, la de las clases medias en descomposición, preparando su desembarco, unos en el PSOE y otros hacia VOX.

Ocurre que, a Podemos hay que tomarlo como es, un conglomerado de aluvión realizado por mentalidades infantiles acostumbradas al capricho, la pataleta y hacer la revolución de siete a las diez de la noche, para luego quedar con los colegas a cenar y tomar copas. Son aquellos hijos de la socialdemocracia, que optó por formar a débiles, acríticos y timoratos antes que a personas con carácter, criterio propio y músculo ideológico. El simplismo de esta generación, aunque no exento de la crueldad totalitaria del sistema que defienden, causa estupor y su capacidad para repetir las enormidades más increíbles, también. Han trasladado la ética del más sórdido botellón a la cima del estado.

Durante este tiempo iniciado en las acampadas de la madrileña Puerta de Sol el 15M, Podemos ha pasado de casi alcanzar en parlamentarios al PSOE, soñando con lo que los socialdemócratas del eurocomunismo llamaban el “sorpasso”, a tener menos de la tercera parte de sus diputados, perdiendo en cada proceso electoral celebrado representación en los ayuntamientos y parlamentos autonómicos, cuando no desapareciendo del mapa político como ocurrió en las recientes elecciones gallegas, pudiendo afirmar con rotundidad que Podemos ya no representan nada en los niveles autonómicos, tal y como se puede observar en el cuadro que se adjunta.

Evolución del voto a Podemos por comunidades autonómicas desde que la organización quedó registrada como partido en el año 2014.

Pablo Iglesias sale del gobierno después de hacer el más espantoso de los ridículos, sin presentar una gestión de gobierno que se pueda vender como un éxito, más allá de la propaganda goebbeliana, pero frente al fascismo, cualquier candidatura que no contemple la ruptura total con el capitalismo, organizando la solidaridad interna desde la clase, creando poder popular al margen de lo institucional, dando juego autónomo y no partidista, ni pensado para un rédito inmediato, es condenarse a otro estrepitoso fracaso, entre otras cuestiones, porque lo que ata proyectos colectivos, pensados para una larga caminata, a los objetivos inmediatos del juego institucional está destinado a la manipulación del capital, por vía directa o indirecta.

Al fascismo se le combate desde el terreno de los hechos concretos, y no desde la palabrería y la demagogia del bla, bla, bla, a la vez que apareciendo incrustado en el organigrama de la Open Society Foundations del George Soros, y una mentira de ese calibre no se puede sostener durante mucho tiempo más.

En otro orden de cosas, Pablo Iglesias se presenta, efectivamente a las elecciones de la Comunidad de Madrid, con la intención de unir su candidatura con la de su peor enemigo, Iñigo Errejón, pero cuando se trata de vender como altura de miras lo que solo es el miedo a la desaparición de dos miserias unidas por similar ambición personal, es prácticamente imposible conformar una candidatura unitaria porque entre dos mezquindades, más preocupadas por sus enfermizos narcisismos y por la venganza contra el hasta ayer amigo, la condición de alacranes los llevará a la destrucción de ambos.

En efecto, cinco años después de la batalla librada entre Pablo Iglesias e Iñigo Errejón en el Congreso de Vistalegre II, en febrero de 2017, donde Pablo consolidaría su fortaleza como líder único del partido y el debilitamiento de Errejón y su equipo de fieles (Rita Maestre, Pablo Bustinduy o Clara Serra, entre otros) hasta que “las cloacas” convencieron a Errejón para que contribuyera a romper Podemos, metiendo en esa ambiciosa aventura egocentrista a la exalcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, con la que se había lograda una cierta unidad entre la llamada izquierda del PSOE y Unidas Podemos, llegando a la triste conclusión de que, si bien había servido para incrementar los votos al PSOE, sin embargo la derecha recuperaba el Ayuntamiento de Madrid, a la vez que consolidaba su gobierno en el Comunidad madrileña.

Solo unos pocos años en la primera línea de la política han bastado para que aquella amistad entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias nacida entre los muros de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid se rompiese por completo tras 16 años de compartir teorías y proyectos. Entonces, cuando se conocieron, eran dos jóvenes con muchas ideas sobre cómo crear una sociedad más justa y hacer una política más cercana a los ciudadanos. Sin embargo, una vez llegaron arriba vieron cómo sus diferencias se acentuaban hasta el punto de resultar irreconciliables.

Ahora, ante la convocatoria de las elecciones en Madrid para el 4 de mayo, Errejón se niega a ser otra vez el “segundón” de Pablo Iglesias, de tal manera que su partido Más Madrid -escisión de Podemos surgida tras la defenestración de Iñigo Errejón a manos de Podemos y del apartamiento de Manuela Carmena -, anuncia públicamente que no servirá de muleta al todavía vicepresidente segundo del gobierno para las elecciones autonómicas, desechando de esa manera el ofrecimiento de Pablo Iglesias a Errejón para fusionarse en una única candidatura para luchar contra el fascismo.

Dice Pablo Iglesias que se presenta para poner freno a la reacción y al fascismo, pero yo me pregunto con qué crédito y qué, de lo que haya hecho mientras ha estado en el gobierno, puede sustentar esas razones. La clase a la que nunca ha defendido en su práctica política está desnuda. Hoy nadie la representa, pero, dentro de ella, ha crecido la rabia, y está rabiosa porque ningún partido de izquierda fue parte de su realidad.

Los comicios de este domingo arrojan dos grandes perdedores en la Comunidad de Madrid. El socialista Ángel Gabilondo ha sido el candidato más votado, con 37 escaños, pero se queda sin opciones de gobernar debido al pinchazo de Más Madrid, la lista que encabezaba Íñigo Errejón tras abandonar Podemos. La ruptura entre Pablo Iglesias y su antiguo número 2 es una de las claves de este resultado electoral. Tras la traición de Errejón, Iglesias decidió mantener la candidatura de Podemos (encabezada por Isa Serra) para competir con Más Madrid.

Desde mi punto de vista, a Pablo Iglesias le espera un Madrid que le gustaría verle muerto “políticamente hablando”, y él se lo ha ganado a pulso cuando se ha olvidado de que la socialdemocracia no perdona a esos competidores que, como él, van de rojos por la vida, y tampoco le perdonan sus excompañeros y excompañeras de Más Madrid, que tienen toda la pinta de aquella Nueva Izquierda de las Almeidas y los Garridos que acabaron integrándose en la casa común del PSOE, no en vano, Errejón encabeza un partido muy minoritario y fragmentado a la espera de que el PSOE le necesite para algo, de tal manera que, siendo muy difícil encontrar a alguien más sumiso con el actual presidente de gobierno que a Errejón, tampoco parece posible reconciliación alguna con Iglesias. Además, se tienen miedo uno al otro, ante el temor de que cualquier día se pueda filtrar a la opinión pública los secretos que ambos guardan bajo llave sobre los verdaderos objetivos del 15M y los “patrocinadores” que financiaron el invento.

En definitiva, Pablo Iglesias ha buscado una forma de salir del gobierno como si fuera un sacrificio antifascista, cuando su práctica no ha hecho otra cosa que alimentarlo, aunque solo fuera por pasividad, volviendo a la barricada ante el temor de que, si el 4 de mayo se quedaba sin representación, su partido podría subastarse como está ocurriendo con Ciudadanos, frustrándose definitivamente aquel asalto a los cielos que ideó el 15M, sin pensar que su proyecto se iba a hundir, precisamente, en el mismo lugar donde había nacido. Es decir, la tramoya pablista se descompone, hasta el extremo de que su líder Pablo Iglesias es más que posible pasará a la historia reciente – nunca a la de largo plazo -, como alguien que aprovechó el encumbramiento organizado de su persona para hundirse y acabar siendo presidente de la Comunidad de Vecinos en su antiguo barrio del Fontarrón de Vallecas.  

En cualquier caso, el 4 de mayo está a la vuelta de la esquina y los resultados que emanen de las urnas actuarán como los verdaderos jueces que quitarán y darán las razones de unos y otros.

Las verdades de Antón

La verdad y no la mentira es el motor de todo progreso (León Trostky)

Conocí a Antón en los albores de los años 90 en la Comisión Ejecutiva del PASOC, para mi era encontrarme con un mito, una referencia de las luchas mineras y de los trabajadores desde hacía décadas. Su impresionante físico y su chapela adherida a su cuerpo como parte de su fenotipo y su personalidad te hacia cohibirte, y lo más sensato era escucharle y aprender  Hubo momentos de encuentros (los más) y de desencuentros (los menos) sobre todo porque uno observaba que su línea de conducta y acción estaba impulsada por principios básicos del movimiento obrero que cada vez estaban más en desuso, pero que sin embargo son la aportación fundamental de la clase obrera a la historia de la humanidad.

Cuando de nuevo nos hemos vuelto a encontrar en Asturies en actividades de homenaje a la revolución del octubre del 34, a la memoria de Manuel Grossi o al recuerdo de nuestra compañera Yolanda Gonzalez, ha sido como si no hubiese pasado el tiempo y aún mas pudimos con un culete de por medio hermanarnos más y por mi parte admirarlo más.

He empezado este prologo con una cita de Trostky sobre la verdad, porque si algo busca la Asturias Saqueada, es la verdad. Anton va levantando capas de la historia, como me imagino que levantaba vetas de carbón, allá en la mina para desvelarnos verdades como puños, verdades que duelen, verdades que te dejan conmocionado. Escribe Anton, como habla con la verdad por delante, sin florituras pero sin embargo te va desvelando los hechos con precisión de cirujano, basándose en el estudio, en el análisis para mostrarnos los problemas y la realidad tal cual es. Son varias las historias que se cruzan en este trabajo de Anton: La configuración de de la economía asturiana, el papel de la burguesía en la configuración socioeconómica del Principado, la minería como columna vertebral de la gestación de la Asturias moderna, el nacimiento, desarrollo y consolidación del movimiento obrero como base de la Asturias del sudor y del trabajo, la creación de un  movimiento obrero vanguardia de la lucha obrera universal (dos veces dos has tenido la ocasión para jugarte  la vida en una partida y las dos te la jugaste que decía Pedro Garfia y cantaba Victor Manuel), la continuidad de la lucha bajo el franquismo a través de las partidas del monte y de las mujeres hasta que la lucha obrera retoma el liderazgo; la estrategia para el desmantelamiento de la minería del carbón y las luchas para romperla; el desmantelamiento de la minería a través de la corrupción sindical y la ofensiva capitalista…

Anton en la Asturias Saqueada utiliza una técnica de miscelánea donde va de un tema a otro, de un momento a otro y que parece inconexo para que al final todas esas piezas, como de un puzle encajan dándonos una visión profunda y crítica de lo sucedido desde mediados del siglo XIX hasta el momento actual, cada una de las piezas tiene valor en si y se podría hacer una librito con cada uno de estos aspectos y sin embargo Anton opta por desarrollar cada uno de los aspectos y que el lector los una, dándole una fuerza bastante mayor. Es como si Anton, hubiese utilizado una técnica de fractales para reflejarnos un todo complejo donde se desarrollan la economía, la naturaleza, la cultura, la acción humana, el  lucro, la entrega, la generosidad, el sacrificio, la corrupción y nos da un resultado complejo de una realidad compleja.

El libro refleja dos grandes amores de Anton: Asturias y la lucha obrera. Todo el trabajo está impregnado de estas dos pasiones que han guiado también su vida y su acción. Asturias es el marco y la lucha obrera la vida que corre por las venas de la región, por eso es tan duro y tan drástico Saavedra cuando al final señala que la destrucción de la minería es prácticamente cortarle el riego sanguíneo a la maravillosa Asturias y a su gente.

Ello nos conduce a una reflexión muy importante que es entender como la economía, la industria y el trabajo no son sólo un tema contable: si da beneficios o no (lógica capitalista) sino también una forma de relación social, de cultura colectiva, de amores y de odios, y como en la defensa de lo uno, no sólo se está defendiendo el sustento y el lugar de trabajo, que también y en primer lugar, sino se defiende una forma de vida, una forma de entenderse entre las gentes que a pesar de las incertidumbres de cada momento (por ejemplo después de la derrota del 39) no desaparece sino que se filtra como los ríos subterráneos para volver a surgir, para volver a generar el verde de los pastos y el frescor de los encuentros.

Con este libro y con sus anteriores trabajos, Anton hace una contribución impagable a una historia no suficientemente escrita y difundida y que me parece transcendental que es: la cultura obrera. Tanto en positivo (en las historias de las familias y de los luchadores obreros a lo largo de más de un siglo) como en su negativo (la corrupción y el paso del  duro trabajo a la comodidad que general ser parte de la burocracia sindical), Saavedra van marcando hitos de comportamiento, de solidaridad, de fraternidad, de principios inconmovibles que son aquello que configura lo que denominamos cultura obrera. El movimiento obrero desde sus orígenes tuvo unos principios tanto en su vertiente marxista como en la anarquista que era lo que le cohesionaba, les daba fuerza, eso que fue creando el movimiento obrero abarcó a todos los ámbitos de la vida de los trabajadores, ver por ejemplo el maravilloso trabajo de Cris Elham sobre la construcción de la Barcelona obrera . 

Efectivamente: la educación de los sin educación, la cultura del trabajo, de la solidaridad, el internacionalismo, la no colaboración con la explotación de otros, la organización de los barrios y villas, los Ateneos y Casas del pueblo como lugar de socialización y aprendizaje, el respeto absoluto por la propiedad común y compartida, el orgullo de clase, el respeto a los mayores, el inicio del reconocimiento de la mujer (esto con mas retraso que los otros valores).

Para entender el profundo sentido de esta cultura que impregnaba todas las relaciones humanas, recuerdo una anécdota que en estos tiempos puede parecer anacrónica, me la contó un viejo dirigente sindical argentino: en una calle de Buenos Aires, de pronto apareció desmayado un hombre, cuando le atendieron les dijo que había desfallecido de hambre, pero como uno de los viandantes le había buscado en los bolsillos para la identificación y había encontrado en un sobre un volumen importante de billetes, le espetó “ ¿pero cómo puedes decir que te has caído por hambre, cuando tenés todo este montón de plata en el bolsillo? ”,  y la contestación es inmediata: “pues porque ese dinero es de las cuotas sindicales de los trabajadores y ese dinero no se toca” otro ejemplo Jose Peirats, uno de los grandes dirigentes de la CNT, y en aquel momento Secretario de la Regional catalana, viajaba a la recogida de fruta en su Vall de Uxó natal, en los portantes de los trenes porque no tenía ni para pagar un billete. Pero esta cultura se expandía a todos los aspectos de la vida y de las relaciones humanas generando una potente cohesión y una fuerza para la lucha capaz de resistir los más terribles asedios de los patronos y los gobierno.

Anton es capaz de en dos relatos paralelos mostrar claramente; por un lado la fuerza y valores del movimiento obrero y por otro la capacidad de corroer esta fuerza por parte de las empresas y los gobiernos, desnuda con crudeza el proceso de burocratización y corrupción interna de las organizaciones obreras ejemplificado en lo que Saavedra ha denominado el Villamocho

Estamos ante un trabajo de obligada lectura para conocer más allá de los titulares lo sucedido en Asturias y en su movimiento obrero, desde diversos angulos y todos enriquecedores y todos nos obligan a reflexionar y a aprender y cuya última frase es toda una sentencia para aquellas y aquellos que luchan por cualquier causa que nos acerque a una sociedad mas justa e igualitaria: “ la lucha fue y sigue siendo el único camino para encarar el futuro como un colectivo que confíe en sus posibilidades de progreso”

Enrique del Olmo

Presidente de la Fundación Andreu Nin

La acción se desarrolla en Kenia, y describe el drama de Justin Quayle, un diplomático británico, tímido y aficionado a cultivar flores, que vive feliz con su esposa Tessa, aguerrida activista de los derechos humanos, que está investigando la cruel explotación de los kenianos más pobres por parte de una empresa farmacéutica. Un día, Tessa aparece brutalmente asesinada en el norte del país. Y, mientras recuerda su vida con ella, Justin investiga su violenta muerte, lo que despierta el recelo de poderosas fuerzas políticas y económicas.

Mientras el bicho coronavírico sigue corriendo a velocidades de vértigo sin que los seres humanos puedan darle alcance para eliminarlo, multiplicándose por doquier sin que todavía se haya logrado saber con certeza si las vacunas que se están administrando resultan del todo eficaces para combatir las nuevas oleadas de aquellas variantes que se siguen desconociendo y de aquellas otras que puedan presentarse, el panorama que se nos presenta a la ciudadanía resulta verdaderamente preocupante.

Un wassap que circula por las redes, mitad en serio y mitad en broma, deja entrever que nos están usando a la ciudadanía como simples “cobayas” de laboratorio cuando hacen un recorrido por la vacuna ASTRAZENECA, recomendada para los mayores de 55 años en enero, cambiándola en febrero para los menores de 55 años, ofreciéndola en el mes de marzo para las personas entre 50 y 65 años, eliminándola del mercado en el mes de abril, para ofrecerla nuevamente el día 2 del mismo mes para mujeres de 55 años sin hijos, y concluir al día siguiente con su administración para los mayores de 60 años, previendo que, para el mes de julio solo se la inyectarán a la Rocío Carrasco y la Carlota Corredera de “Sálvame” hasta llegar al mes de agosto cuando la misma, parece ser, la regalarán con la revista HOLA.

La verdad, es que existen argumentos para todos los gustos. Que si el Nolotil y el Paracetamol tienen más efectos secundarios, que si la homeopatía es más peligrosa, que si las cifras de personas afectadas por la vacuna causan risa, que si la píldora anticonceptiva provoca más accidentes cardiovasculares en las mujeres que las producidas por la vacuna aludida… Todas ellas razones poderosas, y seguramente veraces, pero la pregunta del millón sigue siendo la misma: ¿usted se vacunará cuando le llamen?

Cuando se le preguntó si EE UU usará las dosis de la vacuna AstraZeneca, explicó: “Eso todavía está en el aire. Mi opinión general es que, dadas las relaciones contractuales que tenemos con varias empresas, tenemos suficientes vacunas para cumplir con todos nuestras necesidades sin AstraZeneca”. A fines del año pasado, el fabricante de medicamentos y la Universidad de Oxford publicaron datos de un ensayo anterior con dos lecturas de eficacia diferentes como resultado de un error de dosificación. En marzo, más de una docena de países suspendieron temporalmente el uso de la vacuna de AstraZeneca después de que los informes lo relacionaran con un trastorno poco común de la coagulación de la sangre.

Por supuesto, no me incluyo yo en ese grupo que, sin ser conocedores de la materia sanitaria y epidemiológica, se dedican a discutir intensamente sobre este lío, ni mucho menos de los que aprovechan cada noticia sobre la pandemia para recordar que nuestra especie está pagando ahora, de algún modo, todas las fechorías perpetradas sobre la Tierra en forma de pecados o purgas,  entre otras cuestiones, porque tengo demasiada confianza en los médicos y la ciencia que, por cierto, nada tienen que ver con los estudios de filosofía. Que los expertos averigüen lo que sea menester, porque sigo pensando que, a la gente, solo debe llegarnos la decisión final, es decir, si la vacuna ASTRAZENECA, o cualquier otra vacuna competidora en la subasta del gran mercado farmacéutico, son válidas o no, porque pienso que remover frívolamente ciertas situaciones hipotéticas no se diferencian en absoluto de un circo explosivo para seguir alimentando el pánico y la alarma,  además de poner  alas a los feriantes de las nuevas supersticiones, contribuyendo a la transmisión vírica de la estupidez.

No obstante, si algo está quedando cada vez más claro en el gran zoco de las vacunas es que la Unión Europea, con sus 47.042.779 infectados y sus 998.025 muertos por el coronavirus, según las cifras ofrecidas por la Johns Hopkins University, se está mostrando cada vez más atrapada y más irresoluta en la administración de las vacunas, permaneciendo secuestrada en una intrincada mafiosa red de oscuros negocios farmacéuticos, presentándose España a la cola en esta batalla europea contra el covid y a la cola también en la inoculación de las vacunas sin ni siquiera saber con precisión cual está siendo la evolución de estas mutaciones, ni tampoco cuales son sus potenciales áreas de expansión, cuando unas cifras terroríficas nos ofrecen más de 3.500.000 infectados y 120.000 muertos, de tal manera que la ciudadanía, lógicamente, constatamos en el día a día cómo una mafiosa amalgama de intereses políticos electoralistas y razones estrictamente mercantiles está siendo la única (i) responsable de que, habiendo transcurrido un año, muy lejos de haber experimentado algún avance positivo en la lucha coronavírica, esté sucediendo justamente lo contrario, donde los líderes partidistas de diferentes países, caso concreto de España, han aprovechado la crisis sanitaria para “normalizar” medidas autoritarias, ejército en la calle incluido, para seguir reprimiendo y coartando la libertad de expresión en vez de garantizar el derecho a la salud y dedicarse a proteger a la población.

La estrategia del Gobierno de España durante esta crisis ha sido siempre situarse lo más lejos posible y protegerse de cualquier efecto que manchara su imagen ya de por sí deteriorada. Propagó que Díaz Ayuso negociaba por su cuenta con Rusia para comprar la vacuna Spútnik ante la falta de abastecimiento –como también estaba haciendo Alemania– y la pasividad de Sánchez, a la espera de que la presidenta de la Comunidad de Madrid cometiera algún error. Sin duda, no hay mejor manera de no errar que no hacer nada, ni en España, ni en Bruselas (Dakar, el 9 de abril de 2021)

Las elecciones madrileñas del 4-M, son un claro ejemplo de lo dicho, cuando han quedado convertidas en un grotesco espectáculo de confrontación electorero, tanto desde Moncloa como también desde la Puerta de Sol. En este escenario, siendo verdad que la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha convertido la crisis sanitaria provocada por la pandemia en un arma de confrontación política contra Pedro Sánchez, no es menos cierto que éste también entró de lleno en la denuncia de la gestión de la crisis sanitaria por parte de Ayuso, hasta el punto de cuestionar el registro de contagiados en la región y criticar que la “modélica” gestión de la crisis que se atribuye la mandataria madrileña es pura demagogia, ya que en realidad esta comunidad, según sus propias manifestaciones públicas, realizadas el pasado viernes, 9 de abril, desde la capital africana de Dakar, acumula  los peores datos de toda España en incidencia acumulada de casos, camas UCI ocupadas por pacientes de la covid, tasas de positividad y fallecimientos, calificando de “riesgo muy alto” la situación de la capital del reino.

Ese manido argumento esgrimido dosificadamente por los medios de comunicación de que se trata de un “mal general” e “imposible de combatir”, no responde más que a una explicación forzada realizada deliberadamente con el propósito de poner una tapadera sobre los negros y profundos agujeros que el sistema pone a la vista de todos. ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo no se haya podido erradicar el bicho en unos países y, sin embargo, en otros, como China, Taiwán, Vietnam, las dos Coreas, y Cuba, entre otros países, se haya logrado poner cerco de manera eficaz a la ofensiva del coronavirus?

No me cabe en la cabeza que los dirigentes políticos y, sobre todo, los profesionales de la ciencia, no pudieran conocer en fracción de segundos cuales fueron los procedimientos que se estaban ejecutando para combatir los brotes pandémicos. Pero no, en la Europa del neoliberalismo a ultranza, las decisiones de su dirigencia política, sincronizadas con sus medios de comunicación, siguen estando totalmente condicionadas por las fuertes presiones  ejercidas por una patronal cegarruta y de intereses cortoplacistas, siendo estas transmitidas a la ciudadanía en un tsunami de mensajes catastróficamente contradictorios que, utilizando el pretexto de “conciliar”  salud y economía, lo único que lograron fue desorientar gravemente a la ciudadanía para salvar los beneficios de  la gran patronal. ¿Se podrán entender, por fin, las razones por las que al depredador sistema económico hegemónico no le ha importado nunca invertir millones de vidas humanas en guerras que sirvieran para defender su dominio en los mercados? Dios nos coja confesados, si en él creyera.

La campaña de vacunación en España de este lunes, 19 de abril, ha sumado un total de 12.853.599 dosis administradas. Hoy el porcentaje de vacunas inoculadas por 100 habitantes se sitúa en 27,15% y se ha inyectado un 93,8% sobre el número de vacunas entregadas.

Desde que hiciera acto de presencia el “bicho coronavírico” han sido más de 3.500.000 infectados, muchas de ellas con secuelas de salud a largo plazo, y más de 120.000 personas las que perdieron su vida en nuestro país.

Iniciado el periodo de vacunación, en España se llevan vacunados con todas las dosis en torno al 8 % de la población, por tan solo el 1,5% de la población mundial de los 7.700 millones de personas que habitan en el mundo, con la salvedad de que el 80% de ellas están en solo diez países. ¿A qué se deber este “apartheid médico” que se ha configurado con el despliegue de las vacunas? ¿Por qué no se están proporcionando las vacunas a los 7.700 millones de personas del mundo?

Las autoridades chinas, después de haber detectado el “bicho” secuenciaron el virus y compartieron la información en un sitio web, en el que científicos de las distintas instituciones privadas y públicas se apresuraron a descargar la información para tener una mejor comprensión del virus tratando de crear una vacuna para la inmunización de la población, de tal manera que, en muy pocos meses, nueve empresas privadas y públicas anunciaban que ya tenían candidatas a vacuna: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Sanofi/GSK, Sinovac, Sinopharm y Gamaleya, alguna de las cuales, como las tres últimas citadas han sido producidas por los sectores públicos chino y ruso, procediendo de inmediato a repartirla entre 41 países.

El resto de las vacunas han sido producidas por empresas privadas, aunque financiadas por el erario público de distintos países, entre los que se encuentra nuestro país con una contribución multimillonaria de euros para GAVI (Fundación  de Gates y CÍA que, junto con el Banco Mundial, la OMS y Unicef se erigen en los “salvadores del mundo”), tal y como se expresaba en un tuit del 4 de mayo de 2020 el propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez: “Nos hemos reunido para impulsar una respuesta ambiciosa y global a la COVID19 basada en la justicia social, la ciencia y la colaboración. Aprendamos del pasado y aseguremos que, esta vez sí, salimos de la crisis sin dejar a nadie atrás”

El ejemplo más claro de lo expuesto es el referido a la polémica vacuna AstraZeneca, cuya financiación del 97 por ciento se llevó a cabo con el dinero del gobierno británico, fondos europeos y de otros Estados, quedando la aportación de la industria farmacéutica en un escaso 3 por ciento. Así, mientras Boris Johnson tenía la osadía de señalar que la rapidez de la vacuna se debió «por el capitalismo, por la codicia», y la industria farmacéutica promovía el mismo mensaje en defensa de las patentes y derechos de propiedad, los investigadores de Universities Allied for Essential Medicines UK que realizaron los estudios no son, ni mucho menos, coincidentes con estas manifestaciones del mandatario británico cuando afirman mediante un comunicado que: “Nuestro estudio muestra que es todo lo contrario: la inversión pública y la colaboración internacional nos dieron las vacunas Covid-19”.

Sin embargo, estas empresas privadas después de haber recibido la financiación pública para producir vacunas para todo el mundo, pusieron estas a la venta para obtener unas colosales ganancias a la vez que aseguraban aún más sus beneficios mediante patentes, de tal manera que la información que tenemos al día de hoy sobre  vacunas vendidas y transportadas a diferentes partes del mundo cambia rápidamente, donde muchas de las naciones  calificadas como pobres no tendrán vacunas para su población antes de 2023, mientras otras naciones, de las llamadas ricas, han acaparado suficientes dosis para vacunar a su población hasta cinco veces.

La cuestión crucial no son tanto los beneficios como los costes. ¿Quién ha financiado realmente el desarrollo de cada una de las vacunas, algunas de ellas listas en apenas diez meses? Este reportaje de la BBC ofrece algunos datos interesantes, todos ellos recopilados por Airfinity. La mayoría de los proyectos, incluidos el de Pfizer o Moderna, han dependido parcial o enteramente del dinero público. Sin los estados, su camino hasta la vacuna habría sido más complejo.

¿Acaso se puede seguir llamando pobres a los países del cercano y Medio Oriente, donde se concentran las mayores reservas mundiales de petróleo? ¿Es que son pobres Libia, Zaire, Ghana, Liberia, Zambia, Congo y muchos otros países africanos de cuya extracción de minerales depende literalmente el funcionamiento de las ramas rectoras de las industrias de EE.UU., Reino Unido, Francia, Alemania y otros Estados capitalistas desarrollados? ¿Se puede seguir calificando de pobres a países como la India, Malasia, Brasil y muchos otros países de Asia y América Latina, cuando en sus entrañas se concentra el 80% de la materia prima que mueve al mundo?

A lo largo de mi trayectoria sindical internacional, si algo aprendí fue que aquellos países llamados pobres son explotados por aquellos otros países considerados ricos, a veces demasiado pobres para ostentar ese título, y por lo tanto no se puede seguir hablando de países pobres, sino de países saqueados y esclavizados, pero nunca pobres, llegando a la conclusión de que en la Unión Europea seguimos viviendo sobre una burbuja con una falsa ilusión de seguridad, en gran parte gracias al expolio de los recursos materiales y biológicos de esos, pero lo cierto es que “nuestra cómoda y segura existencia” tiene fecha de caducidad más pronto que tarde, entre otras cuestiones, porque la cada vez más frágil burbuja europea puede reventar de la noche a la mañana al estar rodeada por millones de personas que sufren, cada vez más, las consecuencias directas e indirectas de ese proceso histórico de gran explotación en aquellos países del Tercer Mundo, como si existieran varios mundos en este planeta.

Desde el comienzo de la pandemia, las compañías farmacéuticas han mantenido su práctica habitual de ejercer un control rígido sobre los derechos de propiedad intelectual, y han buscado acuerdos comerciales secretos y monopolísticos que excluyen a muchos países en desarrollo. Por ejemplo, Gilead firmó licencias bilaterales restrictivas para uno de los únicos medicamentos que han mostrado beneficios potenciales para tratar el COVID-19, el remdesivir, excluyendo a casi la mitad de la población mundial de beneficiarse de la competencia de genéricos que provocan una reducción de los precios.

Mirando el porcentaje de la población vacunada en la población de la Unión Europea, vemos que es sorprendentemente bajo, muy por debajo de la capacidad real que tiene para producir tales vacunas en los distintos Estados que la conforman, resultando paradójico esta escasez de vacuna teniendo, como se tiene, un gran tejido empresarial farmacéutico con una capacidad de producción entre las más elevadas del mundo.

Está claro que en una situación tan dramática como la actual, en la que siguen muriendo más de 10.000 personas cada día en el mundo por COVID-19, no puede darse una situación como la que nos toca vivir, y ello exige un cambio sustancial en la dinámica productiva y distributiva de las vacunas y otros elementos necesarios en sus niveles europeos y mundiales.

¿Tan difícil es ponerse a fabricar vacunas para abastecer a todo el mundo en un tiempo récord, una vez que se conoce la fórmula para combatir el virus? Claro, se me olvidaba, sigo siendo un pobre iluso. Estamos hablando de patentes, traducidas en colosales ganancias para la oligarquía financiera mundial, pero, así y todo, sigo pensando que la liberación de éstas de una forma global y la intervención urgente de laboratorios e instalaciones donde se puedan producir vacunas, así como los instrumentos necesarios para su aplicación, es una cuestión de vida a muerte para millones de personas en todo el planeta. Se trata de sus ganancias o de nuestras vidas. Si la UE no es capaz de llevarlo a cabo, es mejor que cierren el chiringuito y se dejen de seguir engañando miserablemente a la población.

Vista general de las afueras del Palacio de Vistalegre, en Madrid, donde se celebra la Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II, el 11 de febrero de 2017.

Este fue el grito que salió de las casi ocho mil personas concentradas en la madrileña plaza de toros de Vistalegre los días 11 y 12 de febrero de 2017, mientras Podemos se desangraba internamente en una lucha cainita entre los sectores de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, con dos visiones diferentes sobre el rumbo de los morados tras las elecciones del 26-J.

Aquella irrupción en el panorama político sin precedentes en nuestro país, que llegó a situarse en los primeros puestos en las encuestas y que hizo temblar al establishment, rozando con los dedos el soñado sorpasso al PSOE, se había propuesto como socio de Gobierno, luego votó “no” a Pedro Sánchez, pactando más tarde una coalición con Izquierda Unida que, en absoluto, resultó como se esperaba. Y ese espídico periodo que vivió España con dos elecciones también tuvo sus consecuencias internas. Por un lado, la visión más institucional y pro PSOE de Errejón, y por el otro, el lado más ortodoxo y originario de Iglesias, saliendo este último vencedor de la II Asamblea Ciudadana de Podemos,

Pablo Iglesias se dispone a iniciar la primera jornada de la II Asamblea Ciudadana de Podemos, el 11 de febrero de 2017.

Pablo Iglesias ganaba de esta manera el duelo a Íñigo Errejón, imponiéndose holgadamente al obtener todo el control del partido, gracias a una mayoría absoluta en la dirección, al ser refrendadas sus tesis políticas y su modelo de partido por un 89% de los votos, venciendo a las de Errejón, que logra casi el 40% de representantes en la dirección de Podemos.

Sin embargo, la votación determinante no era otra que lograr la mayoría en la composición de la dirección, porque Iglesias había anunciado previamente que dimitiría si su candidatura quedaba en minoría, de tal manera que lograría 37 consejeros de los 62 totales, por los 23 de Errejón y los dos de Anticapitalistas, que entraban por primera vez en la dirección de Podemos.

Con esos resultados, el control del partido será total, porque, al ganar el documento organizativo presentado por Pablo Iglesias, el nuevo Podemos seguirá siendo de estilo presidencialista, conservando el secretario general amplios poderes, como la facultad de convocar consultas a las bases sin acuerdo de la dirección o la potestad de disolver agrupaciones de cualquier nivel territorial.

De hecho, sin haber transcurrido siquiera una semana desde la clausura de Vistalegre II, comenzaba la “purga” del errejonismo, anunciándose en la primera reunión de la nueva dirección del partido que la Ejecutiva de la formación, compuesta por 15 personas, tan sólo iba a contar con tres errejonistas, quedando despojado el propio Errejón de su puesto como portavoz en el Congreso, no quedándole más remedio que pactar con Iglesias su destierro a la Comunidad de Madrid, a la vez que era sustituido por la compañera sentimental de Pablo Iglesias, Irene Montero, que pasaría a ocupar la  portavocía del Congreso de los Diputados. En este mismo “purgatorio” pablista también serían relegados el resto de los errejonistas situados en los órganos de dirección del partido y en las comisiones del Congreso, tales como Sergio Pascual, Tania Sánchez o Juan Pedro Yllanes, que serían enviados al denominado “gallinero” del Hemiciclo, esto es, a las últimas filas.

Pablo Iglesias, junto a los dirigentes Pablo Echenique, Irene Montero, Rafa Mayoral, Iñigo Errejón y Pablo Bustinduy en la plaza de toros de Vistalegre durante la celebración de la II Asamblea Ciudadana de Podemos, el 11 de febrero de 2017.

Una de las intervenciones más polémicas, refiriéndose a las “purgas” que venían siendo la norma en el seno de las agrupaciones moradas hasta la disolución de los círculos, fue la dirigida por el militante toledano, Fernando Barredo, contra el exmilitante de Ciudadanos y secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, cuando le recordaba las palabras hechas en su visita a Toledo donde había manifestado que “la comisión de garantías era el órgano que mejor funcionaba de toda la organización morada”, cuando estamos hablando de una Comisión de Garantías que tiene  “ochentaytantosmil” casos sin resolver, lo que no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos, porque si lo que mejor que funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80.000, ¡80.000!, casos sin resolver, decidme aquí ¡qué coño es lo que funciona!”, le espetaba el militante portavoz de la lista “Podemos en equipo”, para cerrar su intervención afirmando que “la Comisión de Garantías no puede seguir dictando resoluciones secretas, porque no las hace ni el Tribunal Supremo de España, y nosotros predicamos transparencia; ¿qué tal si lo hacemos con el ejemplo?”.

Entre los temas estrella que surgió de aquella magna asamblea de Vistalegre II estuvo el referido a la reforma electoral que proponía el adelanto a los 16 años la edad para votar, obligando a las listas cremallera y la modificación en el reparto de escaños con el abandono de la ley D’Hondt y la implantación del sistema Saint Laguë, un método que llegó a negociarse con Ciudadanos, usado en países como Alemania, Noruega, Suecia o Dinamarca, que asigna los escaños de manera similar a la Ley D’Hondt, es decir, dividiendo el número de votos emitidos para cada partido entre el número de cargos electos con los que cuenta cada circunscripción, pero en este caso sólo utiliza como divisores los número impares, de tal manera que la  preponderancia de los partidos con más votos a medida que consiguen escaños no sea tan drástica como en el caso de la Ley D’Hondt.

La cuestión es que, con un Errejón ya completamente apartado de la cúpula podemita, este comienza su tarea para preparar una candidatura a la Comunidad de Madrid para las elecciones de 2019, aunque optando por la cautela, sin realizar el anuncio oficial, a pesar de que Pablo Iglesias ya lo había dado por hecho en varias intervenciones públicas.  Eso sí, Errejón había comenzado su particular precampaña recorrriendo pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid.

El nuevo Consejo Ciudadano Estatal surgido de la Asamblea de Vistalegre II ha aprobado este sábado, 18 de febrero de 2017, el nombramiento de Irene Montero como nueva portavoz de Unidos Podemos en el Congreso en sustitución de Íñigo Errejón, como parte de los cambios que ha llevado a cabo el partido morado tras la victoria del líder en el congreso del fin de semana pasado frente al equipo del ya exsecretario político.

En efecto, celebradas las elecciones en la Comunidad Autonómica de Madrid, el 26 de mayo de 2019, quedaban elegidos los 132 diputados de la XI legislatura de la Asamblea de Madrid mediante un sistema proporcional con listas cerradas – método D’Hondt -, y un umbral electoral del 5 %, resultando vencedor el PSOE con 880.036 votos y 37 escaños, aunque el pacto a la andaluza alcanzado entre PP (714.718 votos y 30 escaños), Ciudadanos (625.000 votos y 26 escaños) y VOX (285.099 votos y 12 escaños) darían el gobierno a la derecha, quedando proclamada presidenta del gobierno autonómico de Madrid Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular. Es decir, los buenos resultados alcanzados por la candidatura de Más Madrid, encabezada por Iñigo Errejón (471.538 votos y 20 escaños) sumados a los obtenidos por la candidatura pablista encabezada por Isabel Serra (179.046 votos y 7 escaños) no serían suficientes para formar un gobierno de la llamada izquierda.

La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra, ex líder de Anticapitalistas, será la candidata de la formación morada a la Comunidad de Madrid. Serra competirá así contra Íñigo Errejón, líder de Más Madrid, por el electorado de izquierda, además de contra el PSOE.

Previamente a la celebración de las elecciones madrileñas del 26M se habían organizado conversaciones para confluir en una única candidatura, de tal manera que, una vez que las bases de Izquierda Unida decidieran acudir a las elecciones de la mano de Anticapitalistas bajo la plataforma de “Madrid en pie”, estas organizaciones habían invitado a Podemos para que se sumase a la coalición, pero estableciendo dos condiciones previas: el compromiso de suscribir un programa político elaborado por “Madrid en pie” y el  sometimiento a unas elecciones primarias conjuntas para designar la lista única de la plataforma a las elecciones autonómicas, siendo rechazada esta última condición por el partido morado, justificando la misma en sus reglamentos, que dejaban muy claro que los inscritos del partido son los que eligen las listas para que luego la formación negocie los puestos con el resto de organizaciones de las diferentes confluencias. Al final, quedaría conformada una candidatura de Podemos, Izquierda Unida y “Madrid en pie” encabezada por la podemita Isabel Serra, alcanzando una estrepitosa derrota, tal y como demuestran los resultados oficiales reseñados.

Los candidatos de Más Madrid a la Comunidad y a la alcaldía de Madrid, Íñigo Errejón y Manuela Carmena, después de conocer los resultados del 26M.

Aquellas elecciones autonómicas, celebradas el mismo día que las municipales y europeas, se habían convertidas en el reverso de las de 2014 y 2015, que habían supuesto la irrupción y consolidación de Podemos en el panorama político español, retrocediendo drásticamente, no solo en Madrid, sino en todas y cada una de las comunidades españolas, pero sería en el ámbito local donde la debacle fue  total, perdiendo  todas las alcaldías conseguidas hacía cuatro años, incluyendo la de Madrid de Manuel Carmena,  resistiendo tan solo la del “Kichi” en Cádiz.

No obstante, a pesar de aquellas ocho mil gargantas que gritaban unidad, unidad y unidad en los alrededores de la plaza de toros de Vistalegre, lo peor estaría por llegar cuando Iñigo Errejón anunciaba el abandono de Podemos para unirse a la plataforma de Manuela Carmena “porque en el partido morado no me dejaban desarrollar mi proyecto ni construir una alternativa, para remachar manifestando en TV5 que no puedes estar en un sitio donde no te quieren. He permanecido mucho tiempo tragando carros y carretas por responsabilidad con el partido” del que, por cierto, decía ser uno de sus fundadores, cuestión que tampoco se corresponde con la verdad de la verdad: “Si no nos hemos puesto de acuerdo antes nos pondremos de acuerdo después”, añadía sobre la división en la izquierda.

Pero, la experiencia recibida a través de mi trayectoria sindical y política me dice que, cada vez que la izquierda aumenta sus expectativas electorales para ser decisiva a la hora de alcanzar parcelas de poder o de acceder al gobierno, siempre aparece la figura inquisidora desde el mismo espacio político de la izquierda que, finalmente, sirve para amabilizar y blanquear al PSOE del neoliberalismo socialdemócrata y evitar, de esa manera, que la verdadera izquierda se conforme como tal fuerza al servicio de los trabajadores y del pueblo llano en general.

Hacía tiempo que los afines a Pablo Iglesias tenían la sensación, dicen, “de que Íñigo quería cargarse a Pablo. La típica historia del número dos queriendo ser el número uno”. Y los de Errejón aducen que si hubiera sido así le hubiera disputado la secretaría general. “Algo que nunca ha hecho”. En cualquier caso, el enfrentamiento por el futuro del partido terminó trasladándose a la militancia dividida entre “pablistas” y “errejonistas”.

Remontándome a la década de los años ochenta, muy poco antes de que Felipe González ganara las elecciones por mayoría absoluta en octubre de 1982, aquel autodenominado “sector universitario” del Partido Comunista de España se pasó en tromba al PSOE y hoy ya son históricos militantes socialistas que dicen haber militado en el PCE  porque era el partido más útil para la lucha contra la dictadura  franquista pero, cuando palparon la oportunidad de medrar, se fueron con armas y bagajes a “pastar” en los repletos establos de aquel PSOE secuestrado en Suresnes por la CÍA y CÍA para ponerlo al servicio del capitalismo neoliberal, a la vez que renegaban del marxismo y de todo el historial glorioso del partido que más había luchado contra el franquismo para traer la democracia a nuestro país.

En 1993, Julio Anguita alertó de la crisis del Estado, al considerar que el Gobierno de Felipe González únicamente parcheaba los problemas y se embarraba en continuos casos de corrupción. Fue el momento de la teoría de las dos orillas y el sorpasso: PP y PSOE se encontraban en la orilla derecha, con el neoliberalismo, e IU en la orilla izquierda, con los trabajadores, por lo que consideraba que en algún momento debía superar al PSOE en votos. No en vano, IU obtuvo entonces sus mejores resultados electorales. De esta época viene uno de sus lemas más célebres: “Programa, programa, programa”.

En los años noventa, formando yo mismo parte del Comité Ejecutivo Federal de Izquierda Unida, serían los de la Nueva Izquierda de la Cristina Almeida y Diego López Garrido, con un grupo de militantes de IU contrarios a las tesis que mantenía Julio Anguita sobre Maastricht, entre otros asuntos, acosado por aquel entonces desde todas las instituciones, incluidos los llamados sindicatos mayoritarios, al que se le llegó a inventar, con la ayuda del poderoso grupo editorial PISA, el relato de la tan triste como mentirosa “pinza”, aquel relato inventado por el PSOE  goebbeliano para tratar de salir airoso de las huelgas generales sectoriales consecuencia de la privatización de las empresas estratégicas para la economía del país, de precarizar salvajemente el mercado laboral que hoy ya es un reguero de trabajadores pobres y sin derechos, abriendo las puertas a las empresas del trabajo temporal y el empleo basura con el comienza de la venta de España a eso que llaman “inversores extranjeros” que, en realidad, no era otra cosa que poner las leyes y las instituciones al servicio de las grandes empresas multinacionales y en contra de la gente sencilla y de la pequeña y mediana empresa.

Aquellos miembros de la Nueva Izquierda, que denunciaban públicamente el invento de la “pinza” – en realidad se trataba de una “tenaza” con la que ellos y ellas trataban de amordazar a Julio Anguita, hasta lograr que se marchara -, y decían que se pasaban al PSOE para llevar los valores de la izquierda democrática que no podían defender en Izquierda Unida, hoy forman parte del ala más derechista del PSOE, alguno de ellos con sus valores invertidos en la Bolsa.

El comportamiento de esta gente fue tremendo. Jugaron al desgaste permanente con Julio.  De hecho, algo tuvieron que ver los infartos que le dieron. Uno sabe en propias carnes del estrés, de la vida, y en cualquier profesión tienes problemas cardíacos en un momento porque vives acelerado. Se lo hicieron pasar fatal hasta que se lo cargaron. Como Julio Anguita, hoy por hoy, no hay otro y hay que decirlo, por su sabiduría y su honradez, por su generosidad, por su coherencia a la hora de hacer política. Creo que hasta por su comportamiento en la calle pues era un hombre al que no le gustaba el foco, tratando en todo momento de pasar desapercibido. Descansa en paz, compañero.

Tiempo después, allá por la década del 2000, sería el riojano afincado en Asturias, Gaspar Llamazares, quien, mostrando sus intenciones aperturistas, en cuánto apareció el 15M quedaría transformado en otro “listo útil” al servicio del PSOE, llegando incluso a ofrecerse como ministro, aunque seguía cosechando los peores resultados de IU en cada proceso electoral que encabezaba.

«Hemos tenido diferencias, pero ya no estoy en la posición anterior. Ahora toca sumar». (Gaspar Llamazares en el mitin electoral de Unidas Podemos en Gijón, el 23 de junio de 2016)

Aquella “Izquierda Abierta” que Llamazares había parido como partido integrado en IU para trabajar – decía – por una izquierda confluyente, abierta y moderna con el objetivo de construir en gran frente progresista que permitiera ganar las elecciones al Partido Popular, pero también al neoliberalismo progre del PSOE, quedaría transformada a partir de la configuración de Podemos como partido en 2014, hasta el extremo de que aquello de confluyente, abierto, moderno y dialogante quedaría convertido en esencialista, cerrado, antiguo y soberbio con las fuerzas políticas nacidas bajo el paraguas del 15M, para regocijo de un PSOE que le regalaba espacios mediáticos a un Llamazares que era idolatrado en las sedes del PSOE pero que, cuando se presentó a las elecciones con su propia marca electoral, ACTÚA, cosechaba la ridícula cifra de 30.000 votos en toda España.

La siguiente en la lista sería la cordobesa Rosa Aguilar quien, después de aquel furibundo ataque en el Congreso de los Diputados al presidente del gobierno, Felipe González, acusándole de tener “las manos manchadas de sangre” por el caso de los GAL, además de imputarle, como diputada de IU, su responsabilidad en el caso Roldán y todos los capítulos de la CORRUPSOE descubiertos con la caída del felipismo, seguía coqueteando con el PSOE desde las filas de Izquierda Unida, negando y negando sus oscuras actuaciones entre bambalinas, tal y como si se tratase de aquel personaje del ejército fantasma de Jesús que, cuando aquella sirvienta le preguntó a Pedro y le dijo: “¡Yo te conozco! ¡Tú estabas con Jesús!”, a lo que respondía un cínico Pedro: “No. No es cierto. No sé de qué me hablas”, hasta que otra sirvienta lo vio y les dijo a los demás: “¡Este hombre andaba con Jesús!”, volviendo a contestar Pedro: “¡Ni siquiera sé quién es Jesús!”. “Tú eres uno de ellos. Se te nota, hablas como los galileos, igual que Jesús”, le espetaba una tercera persona hasta que Pedro juró: “¡No lo conozco!”.

Rosa Aguilar se pasaba con armas y bagajes al PSOE para sentarse como ministra del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras un breve paso por el gobierno de la Junta de Andalucía. Se trataba de otro reclamo izquierdista para blanquear una política económica inmisericorde con la gente sencilla que obedecía al pie de la letra el dogma neoliberal del austericidio europeo, con reforma express de la Constitución Española en su artículo 135 para rescatar la banca a cuenta de los brutales recortes sociales en sanidad, educación, ley de la dependencia y congelación de las pensiones por primera vez en la historia de la llamada “modélica transición”.

De esa manera, la Rosa Aguilar dejaba tirados en la cuneta a sus electores cordobeses a los que siempre había jurado dedicación y lealtad tras repetir en multitud de ocasiones en público que sus planes más inmediatos pasaban por terminar la legislatura al frente del consistorio cordobés. Otra mentira más que añadir a su largo currículum de provocaciones y salidas de tono, a la vez que dejaba muy claro públicamente que, tras las elecciones legislativas en las que Gaspar Llamazares pasaba a ser el único parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, se iba a comprometer al máximo en la nueva etapa que iba a culminar en la novena Asamblea Federal de Izquierda Unida, a donde acudió representando en la plataforma “Por una Izquierda Unida Abierta”, sector Llamazarista cuyos planteamientos prescribían el abandono definitivo de los rasgos y las propuestas programáticas fundacionales de Izquierda Unida y su sustitución por otros en los que primaban los pactos a calzón quitado con el PSOE y una paulatina asunción de los postulados políticos de la muy cacareada “Izquierda Verde”.

Esto es, desde mi básico entender, entreguismo y derechización en estado puro que, en Asturias tendría su extensión en otros dirigentes y dirigentas de IU, como Laura González o Clementina Carreño, entre otras y otros.

Rosa Aguilar Rivero fue alcaldesa de Córdoba por Izquierda Unida entre 1999 y 2009. El 23 de abril de 2009 abandonó la alcaldía para incorporarse ese mismo día, como independiente, al gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, para ser consejera de Obras Públicas y Vivienda, por lo que sería expulsada de su partido (Izquierda Unida). Un año y medio después, el 21 de octubre de 2010, dejó su cargo en la Junta de Andalucía para sustituir a Elena Espinosa en el gobierno presidido por Zapatero como ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino hasta el 22 de diciembre de 2011. Desde 2015 hasta 2017, Consejera de Cultura del gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía. (Foto de Felipe González y Rosa Aguilar en un mitin de campaña electoral del PSOE en Córdoba, el 8 de noviembre de 2011).

Ahora, el nuevo juguete roto del PSOE no es otro que el propio Iñigo Errejón, quien sería lanzado como una estrella del cine, principalmente a través del Grupo Prisa con dos primeras entrevistas, una en su revista de moda y la otra en su diario de El País. Una entrevista, la del País, publicada el 5 de agosto de 2019, donde le sería entregado un cuestionario más parecido a una felación periodística que a una entrevista real, realizada, por cierto, a tan solo una semana de haberse aprobado por unanimidad de los votos del PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y el partido de Errejón, la operación urbanística que amenaza con convertirse en el mayor pelotazo de Europa, donde se le regala al BBVA dos millones de metros cuadrados de suelo público que traducidos en euros significan 2.100 millones de euros.

Sin embargo, el diario más influyente de España nada tenía para preguntarle sobre tan sucio asunto al remozado político que ahora se vende como Bambi y que es líder del partido que ha preparado este expediente contestado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad de Madrid y por urbanistas de prestigio y que amenaza con convertirse en la nueva novela judicial de favores, corrupción y ladrillazos.

La cuestión es que ya hacía tiempo que los afines a Pablo Iglesias tenían la sensación de que Íñigo quería cargarse a Pablo. La típica historia del número dos queriendo ser el número uno, cuya consecuencia fue el enfrentamiento por el futuro del partido que terminó trasladándose a la militancia dividida entre “pablistas” y “errejonistas” que, con el anuncio de Errejón de confluir con Manuela Carmena a las próximas elecciones municipales y autonómicas en Madrid, asestaba un nuevo golpe de muerte a la izquierda.

Errejón, que ejercía de cabeza de cartel en ausencia de Pablo Iglesias cada vez está más cómodo en el papel que ya le viene tocando. A las puertas del Palacio de Deportes de Oviedo, una señora preguntaba a la prensa: «¿Al final no viene Pablo?» Después se consolaba: «¡Ah! Errejón también nos gusta». (Mitin de campaña electoral de Podemos en el Palacio de los Deportes de Oviedo)

¿Pero desde cuándo y por qué llevan los dos pesos pesados del partido enfrentados? ¿Cómo se engendró la inquina que hoy ha terminado de separarlos? Para dar respuesta a estas dos interrogantes habría que remontarse a la época en que Pablo Iglesias resultó elegido eurodiputado en mayo de 2014, una actividad que le ocupaba mucho tiempo entre Bruselas y Estrasburgo mientras Errejón, secretario político de Podemos y responsable de la estrategia del partido, hacía y deshacía en Madrid a su manera, haciendo cosas que a Iglesias no le gustaba cómo las hacía.

La división era tal que cada uno tenía sus equipos paralelos en Podemos, hasta que Pablo dejó su escaño de eurodiputado para retomar el control de Madrid en 2015 y centrarse en su papel de candidato a la Presidencia del Gobierno. Pero, las diferencias subieron el tono cuando Pablo Iglesias apostó por aliarse a IU y conformar la coalición Unidas Podemos para las elecciones generales de junio de 2016, una operación en la que Errejón, como jefe de campaña de Podemos, mostraría su desacuerdo hasta el final: “Dos más dos no han sumado cuatro, han sumado menos”, decía, mientras Pablo Iglesias le respondía que “Hubiéramos sumado menos solos”.

Tras aquellas elecciones generales, quedaba abierta otra batalla en torno a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, de tal manera que, mientras Iglesias hacía una propuesta excluyente en el sentido de que nunca estaría de acuerdo con un pacto del PSOE con Ciudadanos, ni tan siquiera permitirlo con su abstención, los errejonistas defendían la abstención en la conformación del gobierno en cuestión. La rivalidad política con Pablo Iglesias se acabaría fundiendo también, inevitablemente, con su amistad entre los dos, quedando evidenciada esta ruptura en las manifestaciones públicas de Errejón a la revista VANITYFAIR en enero de 2018: “la relación está tan rota que ni siquiera ha conocido a sus hijos”.

Al final, después de muchos movimientos a diestra y siniestra, una asamblea de militantes y cargos públicos de la plataforma Más Madrid, en su inmensa mayoría procedentes de las filas de Podemos, se reunía en la sede sindical de la UGT, el 25 de setiembre de 2019, y ratificaba por unanimidad la candidatura de Íñigo Errejón a las elecciones generales del 10 de noviembre: “Estoy dispuesto a encabezar la candidatura para las elecciones del 10 de noviembre. Con esta fuerza sí podemos ir a las elecciones”, ha anunciado Errejón en su discurso ante la asamblea.

En aquella asamblea quedaría conformada una lista que definían como “mayoritariamente femenina y verde” y que llevará el nombre de “Más País”, en la que nombres como el del propio Íñigo Errejón, el de Carolina Bescansa, Segundo González, Óscar Urralburu, Daniel Liceras, Ana Terrón o Carmen Lizárraga, entre otros, eran perfectamente identificables en el universo morado.

Una fotografía en primer plano de la cara de Íñigo Errejón será el logo que aparecerá en las papeletas de la coalición de “Más País” y Equo para todos los territorios en los que finalmente se presenten a las elecciones del 10 de noviembre.

Con esta estrategia, Íñigo Errejón sigue la fórmula que ya había usado Podemos cuando concurrió a las elecciones europeas de 2014. Entonces, cuando los morados competían con IU y el PSOE por el espacio político, la fotografía del secretario general del partido morado, Pablo Iglesias, se usó como logo para las papeletas. 

Papeleta de la coalición Más Madrid – EQUO en las elecciones generales de 2019 con la foto de Iñigo Errejón.

Iniciada la campaña electoral más corta, de apenas una semana de duración, esta se le hizo muy larga para Más País, la nueva formación liderada por Errejón que se había puesto como meta lograr 15 diputados, alcanzado solo tres, lo que ni siquiera le permite tener grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados: “Es un resultado modesto”, admitió el candidato, pero la cruda realidad es que aquel invento de Más País y EQUO recibieron una soberana paliza por parte de los electores, al recibir tan solo el 2,4% del censo electoral (577.055 votos).

Las caras largas y algunos ojos rojos de los simpatizantes de la formación se vieron superados por las palabras de su líder, que pareció asumir con normalidad lo que fue un descalabro total de las expectativas. “Más País entra en el Congreso para ayudar, hemos sido una opción necesaria”, aseguró el derrotado candidato Iñigo Errejón.

Todos los inquisidores de la izquierda siempre se definieron a si mismos como defensores de una izquierda plural, no sectaria, abierta, moderna y amable, coqueteando siempre con la progresía cultural a la vez que tratando de convencer a las víctimas del neoliberalismo progre del PSOE que no hay más alternativa que el continuismo del dogma neoliberal que tiene 13 millones de criaturas en el umbral de la exclusión social en España, por ejemplo.

Seguramente, Errejón encuentre eco a su plan y hasta pueda tener algún éxito relativo, pero lo que no debe de olvidar, como seguro no lo olvida Llamazares, es que, cuando al PSOE le estorbe, si no da antes el salto a las filas socialistas será eliminado de todos los medios que ahora lo llaman en calidad de inquisidor.

“Es evidente, a día de hoy, que creo que no contribuyo a sumar”. Iglesias, rodeado de toda la plana mayor del partido, admitió al filo de las once y media de la noche que cree que ha dejado “de ser útil para Unidas Podemos”, y que por eso se aparta tras una andanza que termina siete años después de que Podemos irrumpiera, por sorpresa y con cinco escaños, en las Elecciones Europeas del año 2014.”No sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Hasta siempre” (Pablo Iglesias, el 4 de mayo de 2021)

Ya no valen las encuestas, ya no vale el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de Tezanos y ya no vale Ángel Gabilondo como candidato tranquilo. La noche electoral se ha encargado de plasmar el sueño de las cabeceras de derechas de Madrid, de su tejido empresarial y de una base rocosa de ideología conservadora. La presidenta madrileña y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, es la gran vencedora de las elecciones en la Comunidad de Madrid, donde ha arrasado hasta el punto de lograr más escaños que los tres partidos de izquierda juntos, lo que le permitirá seguir gobernando con cierta comodidad. Es decir, no solo no hubo milagro sino, lo que es peor, el sueño acabó anoche en auténtica pesadilla para Pedro Sánchez y el PSOE, que pasa a ser el tercer partido en la Asamblea de Madrid por detrás de la escisión podemita de Más Madrid comandada por Iñigo Errejón.

Una victoria, cuyos resultados abren otra batalla para el relanzamiento de Casado como alternativa nacional a Pedro Sánchez, tras el hundimiento o casi desaparición de Ciudadanos y el definitivo abandono de Pablo Iglesias de la política. Ese ha sido el resultado de lo ocurrido en Madrid el 4 de mayo de 2021, que produce un auténtico seísmo político lleno de consecuencias inmediatas en el conjunto de la política nacional.

En efecto, la ciudadanía madrileña ha otorgado un potente respaldo al proyecto encabezado por Isabel Díaz Ayuso, con 1.620.213 votos (44,73%) y 65 escaños, en unas elecciones donde, por cierto, se alcanza la cifra histórica de participación con el 76,24% del censo electoral. Su modelo de gestión de la pandemia y su planteamiento económico ultraliberal con los correspondientes ingredientes demagógicos ha logrado fagocitar a Ciudadanos hasta condenarlos a la desaparición, conteniendo el auge de Vox, a la vez que dando un renovado vigor a la organización criminal del PP tras su larga trayectoria de latrocinio y corrupción.

Isabel Díaz Ayuso, junto al presidente del PP, Pablo Casado desde los balcones de la calle Génova de Madrid, el 4 de mayo de 2021: “Hoy empieza un nuevo capítulo en la historia de España porque desde el kilómetro cero vamos a recuperar la convivencia, la unidad y la libertad que necesita”.

Qué duda cabe, el triunfo de Ayuso y el hundimiento de la llamada izquierda marca un giro evidente en el escenario político nacional. Y tan reseñable es el espectacular resultado alcanzado – sin precedentes de la proeza que supone haber doblado los escaños del PP en apenas dos años -, como lo es la escandalosa derrota que la ciudadanía madrileña infligió al sanchismo, después de que Pedro Sánchez bajare a la arena para convertir estas elecciones en un cuerpo a cuerpo con la candidatura popular, anulando de una manera grosera el perfil propio de Gabilondo al que hizo ir del “con este Iglesias no” al  “Querido Pablo, tenemos doce días para ganar las elecciones”, para acabar en la campaña hiperventilada del antifascismo.

El PSOE apuesta por alianzas con Más Madrid y Ciudadanos después de las elecciones del 4 de mayo. Así lo ha expresado el candidato, Ángel Gabilondo, dejando claro que preferiría no pactar una coalición con Pablo Iglesias en la Comunidad de Madrid. “Con este Iglesias, no. Con este, no” (22 de marzo de 2021)

Pero, también, en la llamada izquierda queda registrada una derrota catastrófica del PSOE que alcanza 610.190 votos (16,85%) y 24 escaños, quedando relegado a la tercera posición detrás de la escisión podemita de Más Madrid.  

Fracaso sin paliativos de la izquierda en estas elecciones del 4M que tiene varios responsables y varias razones, entre otros la persistente incapacidad del PSOE para estructurarse con eficacia en el territorio madrileño; los errores cometidos en la propia campaña; el rechazo a la gestión sanitaria y, más ampliamente, las políticas y alianzas de Pedro Sánchez; además de una cierta incapacidad para conectar con amplios sectores de la sociedad. Estos factores, entre otros, componen, desde mi punto de vista, el mosaico de un descalabro del que la izquierda, y muy especialmente el PSOE, deben extraer las correspondientes lecciones. Las renuncias del candidato, Ángel Gabilondo, y la dimisión del secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, son los primeros pasos, a los que hay que sumar la “purga” iniciada de personajes como Nicolás Redondo Terreros y Joaquin Leguina de las filas del PSOE.

“Somos el PSOE, somos la izquierda y vamos a ganar las elecciones el 4 de mayo”, ha proclamado Pedro Sánchez, tras celebrar los 142 años que cumple este domingo su partido, y definir al PSOE como el que puso en pie el Estado del Bienestar, “el partido de la diversidad”, “el partido feminista del sistema político español” y “el partido ecologista” (02-05-2021)

Mientras tanto, el verdadero responsable de la hecatombe del PSOE, Pedro Sánchez, sigue permaneciendo oculto, dejando demostrado, una vez más, que sus maneras de Emperador ungido por la Providencia que él exhibe a diario con sus peroratas leídas por Teleprompter reposan sobre un pedestal de barro. Un pequeño y somero recorrido por su imperio nos lo demuestra, cuando vemos que Pedo Sánchez ha obtenido los peores resultados electorales del PSOE en este medio siglo de régimen francomonárquico; cuando sabemos que si gobierna en España ha sido gracias al precio de dos peajes carísimos, como son el voto de los independistas catalanes y vascos, después de haber ejecutado en masa a los antiguos cuadros del PSOE, en su mayoría socialistas, para sustituirlos por amigos y deudos del nuevo jefe, hasta el extremo de seguir desapareciendo el PSOE para ir sustituyéndolo por el Partido de Sánchez (PS). Que más de cien mil votantes socialistas hayan pasado a votar la candidatura de Isabel Díaz Ayuso es un síntoma muy serio, digno de tenerlo muy en cuenta, que no demuestra, sino que el pedestal de barro ha empezado a desmigajarse.  

Resultados de las elecciones autonómicas celebradas en Madrid, el 4 de mayo de 2021 (Fuente: Ministerio del Interior y Comunidad de Madrid)

Un descalabro que se completa con los decepcionantes resultados de Unidas Podemos que alcanza tan solo el 7,21% de los votos (261.010) situando a la organización morada en el último lugar de la Asamblea de Madrid. Un resultado “tremendo” que deja a la organización podemita, objetivo de este capítulo analítico, en estado de verdadero shock, con el anuncio de Pablo Iglesias del abandono de la política en la misma noche electoral. Una decisión que sacude de tal manera a la organización morada que obliga, desde ya, a la convocatoria de una Asamblea Ciudadana para tratar de poner tapones a todos y cada uno de los agujeros producidos a lo largo y ancho del territorio español como consecuencia de todas las guerras cainitas que se siguen librando en su seno interno.

El candidato de Unidas Podemos para las elecciones autonómicas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, pasea junto a su perro y las candidatas y candidatos de la formación a la Asamblea de Madrid durante la jornada de reflexión.

Unidas Podemos ha logrado superar la barrera del 5%, pero se ha quedado como última fuerza, con tan solo diez diputados autonómicos y el 7,21 % de los votos. Una debacle incuestionable, hasta el extremo de que aquellos y aquellas que vaticinaban que Pablo Iglesias se iba a quedar en la Asamblea Madrileña, aunque fuera en posición minoritaria, se preparan ahora para recoger los restos de un partido que tiene el mismo futuro que Ciudadanos camino del cementerio.

Es conocido que tras los terremotos económicos se genera una onda expansiva que sacude también la política. De hecho, la crisis del 29 trajo el ascenso de los totalitarismos de los años treinta, como el nazismo y el fascismo. En palabras de Marx, la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa, de tal manera que tras la crisis económica de 2008 florecieron nuevos partidos milagreros, con soluciones para todo que cabían en media cuartilla. Uno de ellos – Podemos -, desde una hipotética izquierda y populista, financiado en los peores pesebres del orbe, que ofertaba una esperanza a personas legítimamente indignadas al ver que la crisis los estaba dejando atrás, y la otra – Ciudadanos -, desde un presunto centro altivo e incólume que, meando agua de colonia, también había sido creada como un intento del poder financiero catalán a través del Banco Sabadell para tratar de exportar al resto de España su presunto “seny”.

Ambos – Podemos y Ciudadanos -, reclamaban una regeneración de la política ante el enfangamiento del bipartidismo PPSOE sumido en una corrupción sistémica, pero, claro, cuando toca aterrizar a la realidad, después de agotar los productos del crecepelo y seguir divagando en torno a los slogans propagandísticos, es decir, cuando toca pasar de los sofismas a dar trigo, es cuando aparecen los problemas. De esta manera, Ciudadanos acabaría siendo un partido veleta que lo mismo firmaba un pomposo acuerdo en el Congreso para investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno con una minoría de escaños, que se convertía a los dos años en el más duro opositor a Sánchez, tratándolo incluso de okupa.

Iglesias ha pronosticado una victoria de las izquierdas “gracias a la participación de la gente trabajadora” que va a conseguir que la Comunidad tenga un gobierno “decente”.  El candidato ha vaticinado que este 4M “va a haber una lección democrática”. “El PP ha utilizado la Comunidad para intentar hacer caer al Gobierno en un contexto de pandemia. Y ahora, para seguir haciéndolo, necesitan meter a los ultraderechistas, a los violentos dentro del Gobierno madrileño”.

De otro lado, refiriéndome a Podemos, enseguida quedaría demostrado que no se trataba más que de una muchachada doctrinaria a la que gobernar les quedaba muy grande todavía, como ha quedado demostrado hasta la saciedad en su recital de incompetencia en los ayuntamientos donde alcanzaron la mayoría, perdidos todos ellos de manera estrepitosa, salvo el de Cádiz, y más tarde su inoperancia en el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos donde sus cinco ministros están demostrando que son poco más que simples adornos a modo de floreros.

Pablo Iglesias es consciente de haber cometido un garrafal error al plantear la batalla de Madrid como una reedición de los odios y las afrentas de los años 30, perdiendo su apuesta personal de plantar cara a la extrema derecha magnificando su importancia, aunque al final quedara en un lugar accesorio. La derrota de Podemos ante Vox no es nueva, pero añade otro elemento perturbador: la democracia tiene un problema serio cuando se presenta a un partido neofascista y antidemocrático como espejo de uno socialdemócrata; lo que seguramente confirma que los marcos han girado a la derecha de forma abrumadora.

Desde un principio de la campaña electoral, Pablo Iglesias, centró el debate entre fascismo o democracia, siendo rápidamente imitado por el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, pero esta polarización no fue bien vista por el electorado de izquierda que la consideró exagerada y desconcertante, hasta el extremo de que aquel enfrentamiento verbal entre Rocío Monasterio y Pablo Iglesias, y el debate posterior entre fascismo o democracia no fue rentabilizado por ninguno de ellos sino por Ayuso, que aumentaría su ventaja en la última semana gracias a que mantuvo su discurso sobre la gestión quedándose al margen de la contienda, tal y como demuestran los resultados electorales donde el PP arrasó en los 21 distritos de la capital, sufriendo la izquierda una severa derrota en el sur de la ciudad y de la región, incluido el “cinturón rojo”, tradicional caladero de votos de la izquierda. Esto es, los distritos de Puente y Villa de Vallecas, Usera, Carabanchel, San Blas y Vicálvaro dieron la espalda a la izquierda tiñendo el color rojo y morado del PSOE-Unidas Podemos por el azul del PP.

¿Cómo ha sido posible que la inmensa mayoría de madrileños y madrileñas hayan dado sus votos a una candidatura y un partido fascistas, insolidarios, antiecológicos, machistas, protectores de las grandes fortunas, defensores de las multinacionales, franquistas, corruptos, siguen preguntándose desde la llamada izquierda? ¿Cómo han podido ser los madrileños tan estúpidos y tan fachas tras lo que califican como 26 años infernales de gobierno del Partido Popular?

No se puede ir por los barrios mintiendo con las cifras de la pandemia, por ejemplo, tratando de demonizar a la comunidad madrileña, cuando las cifras sanitarias en absoluto han sido ni son peores que en otras comunidades como Cataluña, Valencia, País Vasco, Castilla – La Mancha o Navarra, ni mucho menos se puede seguir hablando de los desastrosas cifras del paro en Madrid, cuando los resultados, según la última EPA indica que Madrid ha recuperado el 70% del empleo perdido tras la pandemia mientras que la media de España es de un 44%.

Además, los sectarios y absurdos ataques al hospital Zendal han tenido un efecto boomerang contra sus detractores. ¿Cómo es posible seguir defendiendo una sanidad pública y atacar la puesta en marcha de un nuevo hospital centrado en la lucha contra la pandemia? ¿Cómo es posible atacar a una comunidad como la madrileña desde el gobierno progresista de coalición PSOE – Unidas Podemos, de la mano de un tal Jorge Javier de “Sálvame”, sin ni siquiera ofrecer las cifras reales del número muertos por el Covid-19, teniendo que recurrir a informe de los organismos internacionales, tales como el publicado este jueves, 6 de mayo de 2021, por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington que ha vuelto a poner en entredicho los datos del Gobierno, elevando el número de fallecidos por coronavirus en nuestro país hasta las 123.000 personas. Una cifra que queda lejos a lo que durante este último año viene publicado el Ministerio de Sanidad, ya que en el informe publicado este jueves, por ejemplo, cifra el número total de fallecidos desde que empezase la crisis sanitaria en menos de 80.000 personas.

El informe norteamericano no es el primero que contradice los datos que ha ido ofreciendo durante estos últimos quince meses el Gobierno. Sin ir más lejos, el sistema MoMo del Instituto de la Salud Carlos III de Madrid, así como el Instituto Nacional de Estadística (INE) han llegado a ascender la cifra de fallecidos hasta más de los 100.000, según las estimaciones que han elaborado durante estos meses.

¿De verdad que solo se ha practicado el “triaje” con los ancianos en las residencias madrileñas, cuando esta eugenesia se practicó en las residencias de todas y cada una de las comunidades autonómicas de España hasta superar los 42.000 ancianos “triajeados”, de los cuáles a Madrid le corresponden 6.229?

El drama de las residencias no le salpicó a Iglesias pese a que ese 25 de marzo ya estaba al frente de la coordinación de los centros de toda España en una cogobernanza El vicepresidente segundo de derechos sociales y agenda 2030, Pablo Iglesias, prometió “no dejar atrás a nadie”, pero el informe semanal del IMSERSO sobre lo sucedido en este año en las residencias españolas muestra en cifras lo que durante semanas pudimos ver en imágenes: la UME encontrando cadáveres en habitaciones cerradas, cuerpos sin poder ser trasladados varios días, ancianos condenados a no entrar en las UCI simplemente por su edad o su procedencia…

Remontándonos a la fecha del 19 de marzo de 2020, en pleno confinamiento de toda España, el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecía junto a Pablo Iglesias tras el Consejo de Ministros para delegar en el líder de Podemos la coordinación de los servicios sociales y las residencias de ancianos en las comunidades autónomas, insistiendo este que era urgente “medicalizar” unas residencias “desbordadas” y “sin los equipos de protección individual necesarios”. “Decir que este virus lo paramos unidos es una declaración vacía – decía solemnemente Iglesias – si eso no significa que ninguna persona queda desamparada en esta situación”. Sin embargo, habiendo transcurrido un año, cuando ninguno de los dos se sienta ya en el Consejo de Ministros y, en las residencias de España, la epidemia ha segado la vida de 42.000 ancianos, Pablo Iglesias se va del gobierno y de la política sin haberse dignado a pisar un solo centro residencial.

Pero, estos y los otros problemas de gravedad que, no solo afectan a la ciudadanía de la comunidad madrileña, sino al conjunto del pueblo español, no eran materia electoral para la llamada izquierda española. El tema central seguía girando sobre el fascismo y la democracia, y la consecuencia lógica de ese error de cálculo fue lograr una escandalosa derrota que trajo de manera inmediata el abandono de Pablo Iglesias de la política.

Desde luego, no seré yo quien le quite coraje y sacrificio a Pablo Iglesias en el ejercicio de la política como protagonista, para bien y algunas veces para mal, de los últimos siete años de la política española, ni tampoco voy a negarle su valentía a la hora de desafiar, al menos teóricamente, a las élites mediáticas y económicas de este país y a contar algunas de las inconfesables verdades y miserias que arrastra desde hace más de medio siglo la imperfecta e hipermediática democracia española, pero sí seré yo alguien que levante la voz para decirle a Pablo Iglesias que lo primero que hay que hacer para dedicarse al ejercicio noble de la política es dejar el victimismo en casa, máxime cuando ese victimismo es el producto de  supuestos montajes grotescos como el de las cartas amenazantes con balas que no tenían por objeto más que sacar una rentabilidad electoral. A la espera de la investigación policial, lo único que se sabe es la encuesta realizada sobre más de 30.000 participantes, de los cuales el 98,91% de los han votado que lo realizado con los sobres y balas fue un montaje para favorecer a Pablo Iglesias en las elecciones al categorizarlo como víctima de la democracia.

Si al principio dudaban que unos proyectiles de un fusil de asalto lleguen al Ministro de Interior o al ex-vicepresidente del Gobierno, pasando varios filtros y escáner, ahora dudan del documento remitido por correos, con fallos tales como colocar un “5” de más en el código del equipo Hi-Scan 7555i y de que un documento automático diga “abriol” en vez de abril.

Cuando pretendo dar por finalizado este análisis sobre el batacazo electoral de la izquierda en Madrid, leo que Podemos ha convocado su IV Asamblea Ciudadana Estatal para los meses de mayo y junio con el fin de proceder a la renovación de los órganos y designar un nuevo liderazgo del partido tras la dimisión del actual secretario general de la formación, Pablo Iglesias. Así lo ha anunciado el partido después de que este viernes su ejecutiva haya mantenido una reunión para establecer los plazos y el proceso, que necesariamente debe pasar por unas primarias, aunque mal se empieza cuando todo parece indicar que la actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jone Belarra será la nueva secretaria de Podemos en sustitución de Pablo Iglesias, por muchos vídeos que se repartan desde la secretaria de organización del canario Alberto Rodríguez  para explicar que “toca momento de  debate y de reflexión individual y colectiva. Será un proceso participado por la ciudadanía en el que miles de personas podrán votar y decidir cómo se configura esta nueva etapa”.

Esperemos que Podemos encuentre nuevas vías de entendimiento dentro de la izquierda que permitan revertir, en dos años mejor que en seis, este histórico Ayusazo del 4M, planteando una alternativa ilusionante como la de aquel 15M, y sobre todo volver a conectar con los territorios, organizando los círculos y los barrios más vulnerables, abandonados durante demasiado tiempo.

En 1957 la revista deportiva “France Football” publicaba un entrevista a Albert Camus, titulado “Ce que je dois au football” (“Lo que le debo al fútbol”), donde el autor existencialista confesaba su amor por el fútbol y relataba su estrecha relación con el deporte desde que era niño: “lo que finalmente sé con mayor certeza respecto a la moral y a las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. (Albert Camus, premio nobel de Literatura en 1957)

Resulta muy difícil encontrar a alguien que no haya jugado al fútbol. Pegar patadas a un balón es algo muy básico, casi instintivo, quizá por eso una cosa tan simple sea uno de los principales entretenimientos de los pueblos, aunque muchas críticas lo sigan considerando como “el opio del pueblo”.

Para algunos intelectuales, los pueblos cuando tratan de fútbol piensan con los pies en vez de pensar con la cabeza, dicho esto de una forma despectiva, pues estos intelectuales desesperanzadamente conservadores afirman que es el fútbol donde la ignorancia se impone a la cultura como si el deporte no fuera cultura, jactándose incluso de su intelectualidad para tratar a los amantes del fútbol de chusma y otras cosas peores. Para otros intelectuales de izquierda, el fútbol opera en desmedro de la conciencia de clase sumiéndolo en una pobreza de alma de la que nunca escapará, sosteniendo que el fútbol va en contra de todo avance y progreso. Sin embargo, el marxista italiano, Antonio GRAMSCI, tal parece que haya jugado al fútbol cuando se refiere al mismo como “el reino de la lealtad humana ejercida al aire libre”, por lo que pienso, como uno de los amantes de este deporte, quedarme en este reino que nos indica el pensador italiano.

En cierta ocasión, allá por el año 1994, un periodista le preguntaba a la teóloga alemana Dorothe Söller: ¿Cómo explicaría usted a un niño lo que es la felicidad? No se lo explicaría – respondió -,  le tiraría una pelota para que jugara…, y esa fue nuestra felicidad en aquellos tiempos duros y difíciles de la dictadura franquista en las barriadas minero-siderúrgicas de San José y  Pilar de Lada, jugando los “guajes” con cualquier cosa que se pareciese a una pelota mientras nuestros mayores luchaban contra la dictadura franquista para arrancarle mejores condiciones de vida y de trabajo hasta alcanzar la libertad y la democracia del pueblo español, no en vano aquellos barrios fueron auténticas fortalezas del movimiento obrero. Y, fue allí, de donde salieron afamados médicos, ingenieros para las minas y las fábricas, arquitectos, abogados y jueces, matemáticos, químicos, dirigentes sindicales a nivel internacional y, sobre todo, trabajadores de la mina, la construcción y la metalurgia de reconocido prestigio, no sólo en España, sino en todo el mundo.

Es verdad que los orígenes del fútbol se remontan a la Inglaterra victoriana – clase obrera y  fútbol comparten origen al nacer ambos en el Reino Unido – que, poco a poco, iría exportándolo a otros países, caso concreto de España, donde su presencia en las Minas de Rio Tinto en Huelva, no solo daría lugar a numerosos y graves conflictos laborales, con la asunción de una fortísima y concienciada organización obrera y la creación del decano del fútbol español – el Recreativo de Huelva -, pero si existe un país que se distinga por su gran afición al fútbol, ese es el pueblo de Argentina, destacándose como una de las primeras vinculaciones del mundo del deporte y el movimiento obrero, donde el origen de algunos equipos como el Argentina Juniors, nacido en los barrios porteños de La Paternal y Villa Crespo, allá por el año 1904, quedaría bautizado como Club Mártires de Chicago en homenaje a los obreros anarquistas ahorcados en el 1º de Mayo, siendo también el 1º de Mayo el día elegido para dar nacimiento al Club Chacarita en una biblioteca anarquista de Buenos Aires.

El fútbol de la calle se puede definir la práctica del fútbol en la vía pública al aire libre, ya bien sea una calle, plaza o parque. Hace unos años, este partido era con tus amigos o vecinos de tu zona y habitualmente, se jugaba entre ellos (todos revueltos) o contra los de la otra calle u otro barrio, también se jugaba en el recreo del colegio o a la salida de clase. Eran los tiempos en los que los niños estaban mucho tiempo jugando en la calle, no había tanto peligros en la vía pública y además, había espacio para jugar. No hacía falta mucho material para jugar: un pequeño espacio, un balón (de diferentes materiales, tamaños, peso, forma, estado…) y dos porterías que tu mismo construidas con piedras, jerséis, mochilas o cuatro palos, …). La organización del partido y de las normas las hacían los propios niños o jóvenes, incluso, había veces que se empleaban normas de juego no escritas que todos conocían y respetaban.

El fútbol, uno de los deportes masivos en el mundo entero, coincidirá también con la aparición de las primeras organizaciones obreras en los principales pueblos y ciudades de los principales centros industriales, caso muy concreto del pueblo langreano de Lada, donde me afincaron desde pequeño, y  donde la clase trabajadora comenzó a advertir las inhumanas condiciones laborales y de vida de la proletarización, registrándose las primeras iniciativas de lucha y resistencia declaradas contra el capitalismo en forma de dictadura fascista.

Así fueron naciendo las sociedades de resistencia, bibliotecas y clubs deportivos, tales como la Juventud Norteña  – a partir del 1 de junio de 1969 registrada como Asociación Amigos del Nalón -,  presentándose como la mejor opción para la socialización de la clase trabajadora, como una excusa para el encuentro, la solidaridad y el autorreconocimiento como clase, además de poner en práctica principios modernos de regeneración de los pueblos, formando hombres y mujeres moral, física e intelectualmente íntegras para seguir luchando unidos contra la explotación capitalista, así como contra la droga en sus distintas formas y otras lacras que llevan a la población a la mayor de las miserias.

Una compleja red de apuestas quedó en evidencia al revelarse este lunes (04.02.2013) el mayor escándalo de manipulación de resultados de la historia del fútbol, tras una investigación llevada a cabo por Europol (policía europea) y que descubrió tentáculos de la red en Centroamérica, Sudamérica y Europa. El origen de todo estaría en Asia.

Pero no todo es oro lo que reluce en este deporte, cuando vemos que el fútbol de élite – la industria del fútbol -, ha quedado convertida en el gran negocio. Es más, se ha convertido en una fachada tras la cual se realizan los negocios más inmorales, impagos a la Seguridad Social y fraudes multimillonarios a la Hacienda. Si embargo, ¿Por qué renunciamos a plantar batalla? ¿por qué cedemos el fútbol al enemigo, en vez de tratar de reapropiárnoslo, como en aquellos mejores y tan felices tiempos pegando patadas a un balón, sobre todo cuando sabemos que el fútbol de los negocios, el mediático, no representa siquiera el 1% de todo el fútbol? ¿Por qué caemos en la trampa y llamamos “el fútbol” a esa industria futbolera en la que el balón es lo de menos?

FIFA Mafia es un libro de fútbol que trata sobre el escándalo del balompié más grande que ha habido hasta la fecha. Su autor, el periodista alemán Thomas Kistner, define la obra como la historia criminal de la organización deportiva más grande del mundo. Un título en el que ya se puede ver la dureza con la que se va a tratar a la organización de fútbol más importante del mundo.(2 de mayo de 2019).

Muy recientemente ha pasado a ocupar un hueco relevante en todos los medios de comunicación la creación de una Superliga Europea, y uno puede hasta perderse por los oscuros pasillos de la FIFA, la UEFA, las ligas, el Comité Olímpico y otros chiringuitos, tanto en el orden nacional como internacional, aunque tampoco  se necesita saber mucho para llegar a la conclusión de que son organismos o sociedades privadas con muy poca transparencia, libres de todo control y carentes de cualquier mecanismo democrático, sin que se conozca muy bien mediante qué medios se designan sus órganos directivos y por qué los emolumentos y prebendas de sus miembros son tan desproporcionados, sin que los poderes públicos hayan puesto nunca orden dentro de este enjambre de oligarcas.

Así que cuando escuché la “gran noticia” realicé mi propia composición: unos aprovechados que pretenden dar un golpe de mano a otros aprovechados. Una lucha entre mafias, al mejor estilo del Chicago de los 20, vamos. No obstante, lo más espeluznante ha sido escuchar a un tal Florentino Pérez afirmando que el fútbol está en peligro, que muchos clubs pueden desaparecer porque tienen una deuda que no pueden soportar.

La Fiscalía acepta sustituir por una multa de 510.000 euros la condena a 21 meses de cárcel que la Audiencia de Barcelona impuso al futbolista Lionel Messi por defraudar 4,1 millones de euros y tampoco se opone a que se le suspenda la entrada en prisión, por carecer de antecedentes penales (23 de junio de 2017).

Lógicamente, mi extrañeza fue enorme, quedando estupefacto y un poco escandalizado cuando la prensa ha publicado las primas y las retribuciones de ciertos futbolistas por el mero hecho de dar patadas a un balón, alguno de ellos, caso concreto de Messi, condenado por el Tribunal Supremo a 21 meses de cárcel por delincuente fiscal. ¿Cuánto debería haber percibido Don Vicente Vallina y su equipo del Adaro, después de haber salvado la vida y rehecho los cuerpos de tantos mineros que llegaban quemados o en trozos al hospital, debido a las terribles explosiones del grisú y accidentes de la mina? ¿Cuánto deberían percibir los investigadores que descubren algo para beneficio de la humanidad, caso concreto de nuestro Severo Ochoa?  ¿Cuánto esos sanitarios y sanitarias que se juegan su vida a diario salvando a otras personas en los estadios hospitalarios durante estos tiempos de la pandemia?