SOMOS de Oviedo, PODEMOS de Vallecas, GANEMOS en Madrid y VAMOS perdiendo en casi todos los municipios y comunidades autonómicas de España en medio de un galimatías orgánico y sopa de letras sin conexión alguna y enfrentadas entre sí por las constantes luchas fratricidas e intestinas en casi todas las localidades del país por alcanzar cada cual sus “parcelitas” de poder.

Ya lo había vaticinada Irene Montero, la compañera de Pablo Iglesias, asegurando que la siguiente persona que lidere muy pronto la formación morada sería una mujer. Así lo ha afirmado de forma rotunda la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados (TVE, 04-03-2019)

Una situación que se agrava por la marcha y dimisión de Pablo Iglesias de sus cargos y también de la política que abre en Unidas Podemos una crisis de proyecto y liderazgo muy lejos de prosperar con el invento de una bicefalia que sitúa a la ministra de Trabajo, Ione Belarra, como lideresa de UP, y a la actual vicepresidenta tercera del gobierno de España, Yolanda Díaz, como candidata a la presidencia del gobierno en sustitución de Pablo Iglesias.

En este escenario, tal parece que aquel que fuera uno de los fundadores de Podemos, Iñigo Errejón, se adelantase para extender el certificado de defunción de la organización cuando aseguraba en una entrevista de TVE, el 13 de mayo de 2021, que el movimiento 15M “ha muerto” porque el país está en otro ciclo, al tiempo que reconocía que en Podemos había sobrado “un poco de soberbia” y “adanismo”.

Errejón fue uno de los fundadores del movimiento Podemos, presentado en enero de 2014 en el madrileño Teatro del Barrio,​ y que se registró como partido político para concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo de 2014. Errejón empezó a trabajar en la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), un think-tank de tendencia anticapitalista que ejecutó la mayor parte de su trabajo en América Latina, llegando a ejercer de secretario y de miembro de la junta ejecutiva. También colaboró con el Grupo Nacional de Investigaciones Sociales del Siglo XXI (GIS XXI), una empresa encuestadora dependiente del Gobierno venezolano.

El líder de Más País reconocía en la misma entrevista que, a pesar de que el 15M fue capaz de “tirar de las orejas” al poder, lo cierto es que “las cuestiones que puso sobre la mesa siguen aún pendientes”, augurando que el movimiento “encontrará otros cauces” para afrontar los retos que están por resolver.

Posiblemente, en la perspectiva del tiempo, los futuros historiadores encontrarán condiciones para poder constatar hasta qué punto el papel desempeñado en España durante los últimos cuarenta años de socialdemocracia, tantas veces revestida de progresía, logró “desenfocar” exitosamente el deseo objetivo de alcanzar cambios sociales, económicos, políticos y culturales, que se encontraban latentes en amplios sectores de la sociedad.

En no pocas ocasiones se encargaron de desempeñar ese papel de “aguafiestas sociales” partidos como el PSOE que, tras la máscara de “lagarterana radical”, fue capaz de poner en marcha durante la década felipista de los 80 un programa de transformaciones neoliberales que convirtieron a España en un Estado humillantemente a las órdenes del complejo financiero-industrial que domina el IV Reich (UE), incluyendo nuestra pertenencia a la OTAN. Un programa que no hubiera sido posible sin la colaboración rastrera de los llamados sindicatos mayoritarios y “de clase”, integrados por una asentada casta de pandilleros sindicales sin historia que, después de hacer tragar carretas y carretones a los trabajadores españoles, los arrastraron a la penosa situación de precariedad laboral, paro, incertidumbre social y bajos salarios en la que actualmente se encuentran.

Una floración sesentayochista se ha apoderado de las plazas de España en demanda de “democracia real” adquiriendo rango de movimiento ciudadano (Plaza del Sol, el 15M)

Pero hete aquí que lo más joven y dinámico de la sociedad española, azuzado por la brutal crisis económica del 2008, decidió un 15 de mayo del año 2011, sin consultar a nadie, echarse impetuosamente a la calle. Sin experiencia ni organización, políticamente desorientados, decenas de miles de jóvenes habían comprendido instintivamente que las instituciones del Régimen políticamente heredado de la dictadura no servían para nada, que la resolución de sus problemas no podían encontrarla en otro lugar diferente al de la lucha en la calle.

Con aquel enorme impulso nació, de forma espontánea y sin contar con preparación alguna, el Movimiento 15M, después de decenas de años de silencio, desmovilización y sin que en este país se moviera ni una sola paja. Pese a ello, la “izquierda invidente” no sólo fue incapaz de comprender este fenómeno social sin precedentes, sino que se aventuró a ir aún más lejos: se atrevió a rechazarlo porque, supuestamente, aquellos desordenados asamblearios no les permitían exhibir sus banderas partidarias en los acalorados y multitudinarios foros de debate. Algunos incluso sostuvieron, y aún sostienen, la “teoría” de que toda aquella revuelta no fue más que una “operación conspirativa de los poderes establecidos” para evitar otra respuesta popular con orientación revolucionaria que, en realidad, nadie esperaba ni estaban en condiciones de propiciar quienes rechazaron el 15M de manera preventiva. 

En realidad, la reacción de esta “izquierda invidente” no fue más que un rechazo a lo que no comprendían y una manifestación, consciente o no, de su propia incapacidad para desempeñar el papel de vanguardia que se otorgaban a sí mismos, pese a no disponer de ejército social alguno que los respaldara. Y eso sucedía a pesar de que esta izquierda cegarruta tenía al alcance de su mano didácticos precedentes históricos, como la Comuna de París o los eventos del año 1905 del pasado siglo, en Rusia, para haber aprendido cuáles son los mecanismos que provocan los estallidos sociales y qué se debe hacer ante su desarrollo.

En una ceremonia celebrada a las siete de la tarde, el Ayuntamiento de Madrid fijó en la Puerta del Sol una placa conmemorativa del movimiento nacido el 15 de mayo del 2011, quedando instalada en lo alto de la fachada del edificio de calle Preciados, 10, de acuerdo con la resolución del Ayuntamiento de Madrid de “reconocer al movimiento 15M y a todas las personas participantes en el mismo”, cuyo texto dice: “El pueblo de Madrid, en reconocimiento al movimiento 15M que tuvo su origen en esta Puerta del Sol. Dormíamos, despertamos”. (5 de diciembre de 2018).

De repente, la madrileña Plaza del Sol aparecía aquel 15 de mayo de 2011 repleta de jóvenes para descubrir que debajo de aquel régimen del 78 se había configurado otra España, vasta, descontenta y flotante. Una España muy jóven ocupando sus plazas, pero que interpretaba fuera de ellas, en tiempos de crisis, a una potencial mayoría social; una España sin memoria que no recordaba los pecados y traiciones de la “modélica transición” ni los muertos del franquismo; una España sin futuro que exigía el cumplimiento de las promesas de la Constitución y que se distanciaba de las instituciones, pero no de la democracia; una España que no se sentía representada por ninguna fuerza política, ni de derechas ni de izquierdas, pero que impidió o retrasó, con sus demandas ingenuas y sus asambleas utópicas, retrasar en nuestro país la entrada de la ultraderecha ya rampante en Europa.

Algunos lo llamaron revolución, con la habitual megalomanía estudiantil, pero aquel 15M no se sustanciaba en ningún programa sino en una irrelevante lista de deseos, cuyos archivos para historiadores quedan depositados en el centro social 3 Peces 3, en el barrio madrileño de Lavapiés, quedando custodiadas 28 cajas marrones que contienen el enojo, la indignación, la euforia y la esperanza de miles de personas que hace diez años atendieron a una convocatoria de colectivos como Juventud sin Futuro o Democracia Real Ya.

Aquellos buzones de cartón y madera colocados en la madrileña Puerta del Sol fueron los que sirvieron para canalizar los sentimientos de la gente en 14.679 papeles, escritos con lápices, bolígrafos, rotuladores de colores o con el teclado del ordenador, tachados y subrayados, que descansan en lo alto de una estantería del citado centro, cuidados por voluntarios que custodian el archivo. Hojas blancas, rosas, azules o amarillas.

En el local, espacioso, donde entra poca luz natural, no hay cajas fuertes ni vitrinas que separen el archivo de los materiales compartidos con los otros colectivos que ocupan el sitio. Al fondo del salón, un gran armario blanco con algunos sellos del 15-M está repleto de lo que sobrevivió a la acampada: carteles coloridos e improvisados, pancartas dobladas, dibujos y retratos. Una tabla de surf con la palabra “indignados” descansa colgada sobre la pared. Un par de voluntarios, de un grupo de 20 participantes del 15-M, custodian esos objetos archivados en el local (El País, 15 de mayo de 2021)

Papeles desgarrados o manchados de café, servilletas y viejas páginas de agendas donde figuran los mensajes que miles de personas dejaron en aquellos buzones: “Queremos una sanidad por lo menos como la que tenemos y que no la privaticen, porque entonces yo moriré por no tener dinero para pagarla”, dice uno de los papeles almacenados. “Los jóvenes españoles preparados que trabajen en España. ¿Un sueño o una realidad?”, se puede leer en otro.

Aquella protesta airada de unos jóvenes que veían bloqueadas sus expectativas por culpa de una grave crisis surgida en el corazón financiero de EE.UU. sería capitalizada tras varios meses de acampada bajo la consigna de “asaltar los cielos”, pero la realidad, hoy por hoy, es que aquella “revolución” no trajo ninguna solución, aunque sí dos diagnósticos certeros y correlativos. Había crecido una generación que no se sentía aludida por los entes movilizadores de la vieja política, esto es, ni partidos ni sindicatos ni siquiera las ONGs, y la crueldad de la crisis abría las puertas para el populismo, como la forma más habitual de estafar a los jóvenes mediante la adulación y otras cantinelas.

En ciencias políticas, populismo es la idea de que la sociedad está separada en dos grupos enfrentados entre sí: “el verdadero pueblo” y “la élite corrupta”.

Un populismo dirigido por un grupo de jóvenes universitarios que hasta entonces dormitaba en la interinidad, de tal manera que, transcurridos diez años, los jóvenes de hoy se encuentran en situación de precariedad y falta de expectativas igual o peor que hace diez años, alcanzando nuestro país el primer lugar del mundo desarrollado en paro juvenil, aunque algunos de aquellos jóvenes propulsores del 15M pasaron a cotizar en los tramos más altos del impuesto sobre la renta.

El enorme destacamento popular movilizado en el 15M, quedó reducido, por arte del Poder y de sus hábiles pastores, a un enorme rebaño de pacíficos corderos que pudieron ser conducidos dócilmente hasta el redil del corral institucional del Régimen político resultante de la pasada dictadura.

Hoy por hoy, no son pocos los que todavía se siguen preguntando si aquellos “agitadores sin causa” fueron o no “agentes” de ciertos Poderes, que inteligentemente los había situado en el centro de aquel huracán que se llamó el Movimiento del 15M.  Sin embargo, lo importante no es saber si estos ridículos personajes conocieron o no la intencionalidad de la operación política en la que habían participado, aunque la clave de los mismos puede encontrarse en su desarrollo, y no en el grado de conciencia que sus protagonistas pudieran tener del papel que en ellos desempeñaron.  Y, a la luz de lo que nos dicen los acontecimientos, existen elementos más que suficientes para sostener que estas estrambóticas figuras, sacadas no por casualidad directamente de las aulas de Universidad Complutense, fueran o no conocedoras del papel real que se prestaron a jugar, tuvieron una influencia decisiva en la liquidación del 15M, así como en la neutralización de las grandes movilizaciones de las que fue protagonista este movimiento.

Es más, me atrevo a afirmar que aquellos niñatos, tan progres ellos, no actuaron sino como auténticos “topos” que hablaban con un lenguaje renovado, muy diferente al aburrido discurso críptico utilizado habitualmente por los políticos del Sistema, que atacaban a la Banca, que decían querer acabar con la Monarquía, que denunciaban la corrupción imperante en el sistema político del bipartidismo turnista que le servía de muleta a la Monarquía. Aquellos niños listos universitarios, al contrario que los politicastros del Régimen del 78, actuando como “topos” emboscados seguían señalando con su dedo acusador a la Europa capitalista que nos tenía con la soga al cuello de la “deuda impagable”, con un lenguaje innovador, pero también intencionadamente ambiguo, afirmando que ya no existía “ni la izquierda ni la derecha”, que aquello eran conceptos viejunos, a la vez que  aseguraban que el enemigo de “los de abajo” era una suerte de “casta”, de significado multivalente e indescifrable, que sustituía al concepto de “clase social” que hasta entonces conocíamos.

El legatario único de aquella performance vanguardista fue la creación del partido Podemos, encabezado por el ya dimitido y sin coleta, Pablo Iglesias. Una organización que hoy se juega su ser o no ser en el espacio político partidista español, como consecuencia de haber caído en los mismos errores de los viejos partidos: un cesarismo y una verticalidad antiquísima y hasta una antiquísima forma de castigar la disidencia mediante las clásicas “purgas” stalinistas y masivas, pasando de tener un amplio y millonario respaldo electoral  a dilapidar la confianza que había depositado en la formación morada una gran parte de la sociedad española.

La manera en la que concluyó el bluf está hoy a la vista de todos. Y no sólo por la radical revisión a la que fueron sometiendo su “discurso redentor” sino, sobre todo, porque, como no podía ser de otra manera, han terminado recorriendo el mismo camino trillado por el que hace 30 años ya había transitado el PSOE.

No obstante, lo más preocupante, desde mi punto de vista es que, después de que Pablo Iglesias aceptase la Vicepresidencia segunda del gobierno PSOE-Unidas Podemos con sus cuatro carteras ministeriales casi vacías de contenido, abandonase el cargo en un solo año sin haber cumplido ninguna de sus promesas legislativas, quedando convertido en un exponente más de aquella casta a la que decía venir a combatir. ¿De verdad, que si no estás en los gobiernos no se puede transformar nada?

Diez años después, ¿qué queda del 15M? Un sueño volteado en su reverso tenebroso: la desmemoria se ha convertido en memoria guerracivilista, las demandas de democracia en acucias de “libertad”, la reforma de las instituciones en rechazo de la política. ¿Qué queda del 15M? El malestar soterrado, cuya vastedad resulta imposible de poder medir, de una generación, también sin futuro, que ve incumplidas las promesas de la nueva política y no cree tampoco en las del 78.

¿Qué queda del 15M? Algunos islotes políticos de ámbito regional o municipal, feminizados y ecologistas, y un mito lejano y poderoso: una experiencia de felicidad colectiva que conviene que sea recordada por los que están preparando, sin saberlo, la próxima enmienda a la totalidad. 

Pues bien, en este escenario le toca a Podemos afrontar su futuro, sin Pablo Iglesias, aunque dirigiendo desde la sombra todo el proceso. En efecto, la marcha del líder que construyó un partido heredero político del 15-M ha colocado a la organización ante su reto más difícil. Mermado electoralmente en la última época, los procesos de Galicia y País Vasco, ya con Podemos formando parte del Gobierno de España, marcan su declive agravado por los resultados de Cataluña y Madrid, donde, si bien han salvado los muebles, tal estancamiento hay que considerarlo como derrotas cuando se comparan con los resultados obtenidos en procesos electorales anteriores donde llegaron a ser la fuerza mayoritaria.

De momento, sin ni siquiera haber celebrado la convocada IV Asamblea Ciudadana, tal y como si la monarquía hubiera influido en las nuevas formas de elegir a los sucesores en Podemos, la máxima responsabilidad para sustituir a Pablo Iglesias en la secretaría general que concluirá el próximo 13 de junio recaerá en la navarrica, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales.

Nueva vida, nuevo look. El exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha cortado su característica coleta tras retirarse de la política a raíz de su fracaso en las elecciones autonómicas de Madrid. En los últimos meses, Iglesias había convertido su coleta en moño. Después, coincidiendo con su efímero salto a la política madrileña, recuperó su «look» más tradicional y ahora, tras la derrota ha optado por un corte de pelo más tradicional (12 de mayo de 2021).

De hecho, ya ha trasladado su intención de construir un Podemos más feminizado, menos madrileño y que apueste por afianzar y extender las alianzas confederales para ganar presencia en todo el territorio. También se ha mostrado a favor de que haya una continuidad en la dirección con el grueso del equipo que salió elegido en 2020, con Irene Montero en un papel de “comisaria política”, tal y como ha decido Pablo Iglesias que así sea. 

Frente a un liderazgo muy cerrado en torno a la figura de Iglesias, que fue dejando atrás a las principales voces disidentes, Belarra convivirá con Yolanda Díaz como candidata a la presidencia del Gobierno de la marca electoral Unidas Podemos (UP) que, por cierto, no está afiliada en Podemos ni ostenta ninguna responsabilidad orgánica, ya que su militancia la ejerce en el Partido Comunista de España.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, llenó este jueves el vacío de poder que existía en la coalición de Unidas Podemos (espacio en el que conviven Podemos, Izquierda Unida, Galicia En Común y En Comú Podem) desde el adiós de Pablo Iglesias el pasado 4 de mayo, tras las elecciones madrileñas. Su toma del mando se escenificó en un acto celebrado en el Congreso en el que, arropada por los otros cuatro ministros de la formación morada (Irene Montero, Ione Belarra, Alberto Garzón y Manuel Castells) y sus secretarios de Estado, reunió a los 35 diputados del grupo parlamentario para fijar un nuevo rumbo (13-05-2021)

La cuestión es que la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social del gobierno de España, la gallega Yolanda Díaz, ha tomado el timón del espacio confederal de Unidas Podemos y sus aliados, y  lo ha hecho para marcar un rumbo nuevo en la era del Iglesias sin coleta, informando al grupo confederal el pasado 13 de mayo de 2021 en el Congreso de los Diputados, secundada por los ministros de Unidas Podemos y otros altos cargos, para dibujar ante los diputados de la formación morada los hitos de esa singladura que tendrá un tono nuevo: “Nosotras no somos gentes de ruido (…) La política de Twitter transmite tanta ansiedad que creo que, ante ese malestar social y esa distancia, nosotras debemos generar sosiego y tranquilidad, eso es lo que hacen los dirigentes grandes: dar tranquilidad y sosiego a nuestras gentes cuando tienen miedo y están sufriendo (…)  Tenemos que reconectarnos con la gente que está sufriendo, esta es la misión principal”.

Sin embargo, pienso que una organización a modo de serpiente cascabel bicefálica, esto es con dos cerebros, a los que habrá que añadir los otros dos cerebros de la coalición de Unidas Podemos – Izquierda Unida y Partido Comunista de España – si no quiere morir en el intento, tendrá que saber diferenciar las funciones existentes entre partido, grupo parlamentario y gobierno, de manera que sea el partido el que establezca y negocie los programas discutidos entre la militancia, lo que, en cierta medida, llevaría implícito el que los cargos del partido no ocupen a la vez cargos en las instituciones, a fin de lograr una plena dedicación.

La experiencia adquirida a través de los años, tanto en Unidas Podemos como en los otros partidos del arco parlamentario y gobiernos, nos dice que al entrar a formar parte de un  Gobierno los partidos quedan absorbidos por esta tarea, de tal manera que todos sus mejores cuadros se van al Ejecutivo, descuidando y abandonando las labores de hacer estructura, organización y formación lo que, desde mi punto de vista, deben de constituir la clave para la supervivencia y la fortaleza de cualquier organización política.

“Nadie va a respetar las órdenes de Ione Belarra”, vaticinan cuadros de Podemos. De hecho, sin haber celebrado todavía la Asamblea Ciudadana, han saltado las primeras chispas entre las dos cabezas de la serpiente cascabel bicefálica por el fichaje de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo de dos dirigentes que provienen de Cataluña y que están vinculados tanto al partido de Colau (los Comunes) como a Izquierda Unida, y que además tienen buena acogida en el Partido Verde Europeo al que Errejón quiere seducir para convertir a Más País en el referente verde en España.

No vale solo con tener una candidata que sea popular, sino que hay que ser capaz de llenar lista, de contar con gente y estructura en los barrios y localidades y, hoy por hoy, Podemos tiene la organización prácticamente desarticulada, y lo que es más preocupante, toda ella inmersa en una auténtica guerra de guerrillas dentro de la propia organización, desde IU hasta Adelante Andalucía, los Comunes en Cataluña o las Mareas gallegas y la madre que parió por cualquier rincón del país.

Por eso la IV Asamblea Ciudadana tiene que ir mucho más allá de ser una mera convocatoria para la renovación de los cargos directivos, sabiendo, como se sabe, que existe un grave problema de fragmentación que debe de ser superado poniendo la mirada por encima de las siglas para tratar de aglutinar a todas esas fuerzas que componen el galimatías y la sopa de letras que tanto daño han hecho en la no consolidación de Podemos.

Cuando estoy en plena redacción del presente informe, 16 de mayo, una nueva candidatura a la secretaría general de Podemos se ha presentado bajo el nombre de “Por un Podemos Horizontal” en la persona del concejal podemita en San Lorenzo de El Escorial, Esteban Tettamanti, y lo hace ante la “intempestiva y precipitada” convocatoria de la Cuarta Asamblea Ciudadana Estatal, Vistalegre IV, donde “la  Dirección nos impuso el relevo de Iglesias a través de los medios de comunicación sin previo contacto con las bases, con la militancia, con la gente”.

El concejal de Podemos en San Lorenzo de El Escorial Esteban Tettamanti ha anunciado este domingo que presentará su candidatura a la Secretaría General de Podemos bajo el nombre ‘Por un Podemos Horizontal’.

Una decisión que el concejal Tettamanti considera muy desacertada”, entre otras cuestiones, por “no haber dejado hueco a un debate interno sosegado y profundo” y no haber hecho un autodiagnóstico con el objetivo de “evaluar cómo y en qué punto se encuentran como formación y buscar la mejor forma de ensanchar su base electoral”. En su manifiesto de presentación, la candidatura de Tettamanti tiene como objetivo “recuperar la esencia de Podemos desde la experiencia trabajando en primera línea de calle: concejales, activistas sociales, militantes de base de diversos lugares de España”.

Seguro que no será la única candidatura que se presentará a la IV Asamblea Ciudadana de Podemos de aquí al 13 de junio de 2021, pero, mientras tanto, esperemos a su celebración para sacar las conclusiones sobre el futuro que depara a la organización morada.

Preguntando un día a Pablo Iglesias por la causa penal sobre las cuentas de su partido que un Juzgado de Madrid acababa de abrir, éste declaraba que estar bajo investigación era el estado natural de Podemos, y que el asunto quedaría en nada como había ocurrido con tantos otros. De lo primero no existe duda alguna si tenemos en cuenta que desde la fundación de Podemos las dudas sobre su financiación y manejo de fondos han sido continuas. De lo segundo tendrán que ser los tribunales quienes dicten sentencias en un sentido u otro.

El Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), donde trabajaron algunos de los desde Pablo Iglesias e Íñigo Errejón hasta Carolina Bescansa, Sergio Pascual y Luis Alegre-, está sumido desde hace meses en el ojo del huracán tras las informaciones que relacionan a esta entidad con la financiación irregular del partido morado. Dicha fundación y sus miembros trabajaron para el régimen venezolano de Hugo Chávez y otros gobiernos de la órbita bolivariana, como el de Rafael Correa en Ecuador.

El primer escándalo que saltó sobre financiación de Podemos provino de la otra parte del charco, y se centró en el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), que aglutinaba a dirigentes del partido en ciernes como Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero y Luis Alegre. De hecho, entre los años 2004 y 2012 el Gobierno de Venezuela transfirió al CEPS la cantidad de 3,9 millones de dólares por variados conceptos, principalmente el de asesoría política, aunque también hubo 150.000 euros del chavismo para Alegre por el premio Libertador al Pensamiento Crítico.

Más tarde, sería la propia Asamblea de Venezuela quien cifraría la cantidad total de dinero transferido al CEPS en 7,2 millones de dólares. En ocasiones, las sospechas se centraron en algún que otro dirigente en particular. Es el caso del omnipresente Juan Carlos Monedero, que percibió la cantidad de 425.150 euros por la elaboración de un informe para Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador sobre cómo acuñar una moneda común, cantidad percibida a través de una sociedad instrumental – Caja de Resistencia Motiva2 Producciones S.L. -, la cual fue declarada a la Hacienda española a través del Impuesto de Sociedades y no, como debería de haberse hecho, en concepto de IRPF.

La trayectoria bolivariana de Monedero comenzó en 2004. Esa es la fecha de inicio de recepción de pagos por parte del Gobierno Venezolano al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), entidad propiedad de Monedero, según consta en el registro de fundaciones del ministerio de Cultura español. Los ingresos de dinero se efectuaron hasta 2012 y sumaron alrededor de cinco millones de dólares. El epicentro de la colaboración de Monedero con el gobierno venezolano a cambio de sustanciosas sumas de dinero tiene lugar en 2005, cuando el desaparecido presidente venezolano Hugo Chávez creó el Centro Internacional Miranda y contrató a Monedero como responsable de la formación de cuadros e ideología de esa cantera de jóvenes bolivarianos (El Comercio de Venezuela, 1 de marzo de 2015).

Otra de las formas para la financiación de Podemos fue la establecida con el Gobierno boliviano de Evo Morales. De hecho, una información pública desvelada por el diario El Mundo, el expresidente de Bolivia habría pagado entre 2017 y 2018 la cantidad de 1,3 millones de dólares a la consultora de Podemos Neurona Consulting, una empresa que desembarcaría en España a los tres meses de realizarse los pagos para ponerse a trabajar en las campañas electorales de Podemos, aunque nunca quedó muy claro qué había detrás de tan generosos emolumentos.

El Gobierno de Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales pagó al menos 1,3 millones de euros a la consultora mexicana Neurona Consulting, estrechamente vinculada a Podemos, entre 2017 y 2018.

A raíz de la visita realizada por Pablo Iglesias a Bolivia para participar en el acto de la toma de posesión del presidente Luis Arce, junto con el jefe del Estado, Felipe de Borbón, y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, el vicepresidente segundo del gobierno de España y lider de Podemos, Pablo Iglesias,  lograba reunirse de manera extraoficial, junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el propio Luis Arce, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y los ex mandatarios Evo Morales, Rafael Correa (Ecuador), Dilma Rousseff (Brasil) y Alexis Tsipras (Grecia) para proceder a la firma de un texto bautizado como “Declaración de La Paz”, del cual quedaría desvinculado el ejecutivo de Pedro Sánchez por entender que el mismo se circunscribía a una posición personal e individual de Pablo Iglesias, pero este no había plasmado gratuitamente su firma en el acuerdo de marras, sino por el interés personal que tenía sobre cierto asunto: poner punto y final a la investigación judicial del caso Neurona que estaba siendo investigada por el desvió de 1,6 millones de dólares del Gobierno de Morales, resultando que, de manera sorprendente, a los pocos días  la Fiscalía boliviana daba carpetazo a la investigación abierta sobre Neurona Consulting, según  la resolución número 01/2021 de la Fiscalía, acordando el sobreseimiento de la causa que afectaba a 17 imputados, trabajadores del Ministerio de Comunicación que intervinieron en la contratación de Neurona Consulting.

De esta manera, la fiscal Rocío Feraudi ponía punto y final a esta causa después de haberla tenido durante más de un año paralizada, después de asegurar que en el tiempo transcurrido no ha podido averiguar la participación de los imputados en los hechos delictivos. Una tarea muy difícil, por no decir imposible, cuando lo cierto fue que no existe ni una sola diligencia realizada durante la investigación abierta para tratar de averiguar la realidad de los hechos.

Ni siquiera el propio Tribunal de Cuentas, después de revisar estas y otras actuaciones financieras de Podemos, sacaría nada en claro, aunque también indagaría en la financiación del partido mediante crowdfunding, donde un informe elaborado por el organismo mostraba las incoherencias y deficiencias en la recaudación de 100.000 euros a través de las microdonaciones para las europeas de 2014, de las cuales, la mitad figuraba como aportación de personas o entidades que nunca fueron identificadas correctamente. Eran “nuevas formas de algo muy viejo”, resumió el entonces presidente del tribunal, que también pidió justificar gastos de las elecciones generales del 28-A por valor de 1,6 millones de euros.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, se declaró sorprendido por su encuentro con el líder del partido español Podemos, Pablo Iglesias, a quien consideró un político «muy visionario, solidario y con un profundo sentimiento humanitario». Iglesias viajó acompañado de la diputada Irene Montero (EFE, 11-11-2017)

Otras vías de financiación sería la establecida a través de la productora “360 Global Media”, vinculada a Podemos, que habría recibido al menos 9.300.000 euros, según los informes del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) entre los años 2012 y 2015, siendo una de las entidades bancarias más utilizadas por las empresas sospechosas y señaladas por el organismo policial en sus informes el National Bank of Dubai (Emirates NBD). A través de esta entidad bancaria las cantidades de dinero percibidas eran transferidas a otras cuentas españolas a nombre de la promotora podemita, hasta un monto de 9.300.000 euros procedentes de Irán.

El programa de televisión Fort Apache, presentado por Pablo Iglesias, emitió a finales de junio un capítulo sobre la crisis que vive Nicaragua desde el pasado abril. La tertulia política, dirigida y moderada por el líder de Podemos, ha levantado grandes suspicacias en algunos sectores izquierdistas, hasta tal punto que el vídeo ha sido eliminado de YouTube: “El programa de Pablo Iglesias, Fort Apache, haciéndole propaganda a la oposición asesina y criminal de Nicaragua, financiada por los EEUU y la ultraderecha, que está quemando personas vivas por las calles” critica el usuario de Twitter Bajo el Cielo de Moscú (22-08-2018).

La productora “360 Global Media”, dirigida por el ciudadano iraní Mahmoud Alizadeh Azimi, producía programas como Fort Apache o La Tuerka, emitidos por Hispan TV que eran presentados por Pablo Iglesias y otras personas de su entorno en Podemos.

Sin embargo, después de un arduo trabajo de investigación, consultando a muchas personas y todo tipo de información, estamos en condiciones de poder afirmar que la financiación de la fundación CEPS, germen del partido de Podemos, llegaba de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Habiendo quedado demostrado fehacientemente que CEPS aparece registrada como ONGD en la página web de la AECID, se puede concluir, tal y como aparece en la foto adjunto, que detrás de la financiación de la fundación gérmen de Podemos no están ni Rusia, ni Irán ni Venezuela, sino la AECID, una agencia gubernamental española que ha sido acusada de desestabilizar, en plena sintonía con los intereses de Washington y la OTAN, países como Cuba, Venezuela, Libia, Siria, Egipto… Y un largo etcétera.

Ahondando más en el historial de esta agencia estatal fundada en 1988, descubrimos que la AECID ha estado implicada también en diversos intentos de desestabilización en países como Cuba – financiando a medios y publicaciones anticastristas al menos desde el año 2000 -, y Venezuela, formando y asesorando al opositor Leopoldo López, a veces en compañía de otras agencias y ONGs vinculadas a los servicios de inteligencia estadounidenses.

Así pues, todo indica que estamos ante la filial española de un tipo muy específico de oenegés, en su mayoría vinculadas a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que suelen hacer gala de un mensaje filantrópico al “defender los Derechos Humanos”, “Cooperar en el Desarrollo” o “Promover la Democracia”, pero que en realidad suelen mover los hilos detrás de aparentes “revoluciones espontáneas” que en la mayoría de los casos no son más que burdas escenificaciones para encubrir auténticos golpes de Estado planificados y promovidos desde Washington.

Estaríamos hablando, por tanto, de una AECID que sería la contrapartida española de agencias gubernamentales u oenegés como la USAID, NED, IRI, NDI, Freedom House o el Open Society Foundations del judío sionista húngaro George Soros. Todas ellas instituciones y organizaciones que suelen entrometerse en la vida política y social de naciones soberanas bajo la excusa de defender ciertos ideales “humanitarios” como la “ayuda a la cooperación al desarrollo”, la “defensa de los Derechos Humanos” o la “promoción de la democracia”, muchas de las cuales reciben financiación de fondos de gobiernos occidentales, y que han jugado un papel preponderante en supuestas “revoluciones espontáneas”, verdaderas tapaderas de auténticos golpes de Estado dirigidos desde Washington, tales como los ocurridos en la llamada “Primavera Árabe”.

Luis Cueto Álvarez de Sotomayor, concejal y sobrino de la exalcaldesa en el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, para muchos el verdadero “alcalde en la sombra”, durante su etapa como Subdirector General de Fomento e Innovación Empresarial del Ministerio de Economía, con el pepero Luis de Guindos, pasaría a desarrollar sus labores en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

Los primeros indicios de que estamos ante una agencia que sigue los dictados geoestratégicos de Estados Unidos nos remiten ya al año 2000 y nos dirigen hasta la actividad de la AECID en la Cuba de Fidel Castro donde, según una investigación publicada en 2009 por Pascual Serrano y reproducida en el portal Rebelión, la AECID, junto a otras ONGs y fundaciones ligadas a la CIA, habían financiado a medios anticastristas para provocar la desestabilización del gobierno cubano. El artículo en cuestión lleva por título “Guerra fría cultural contra Cuba: Gobierno español, estadounidense y fundaciones privadas se unen para financiar el proyecto anticastrista Encuentro” y, entre otras cosas, expresaba lo siguiente: “La asociación Encuentro de la Cultura Cubana, editora en Madrid de la revista Encuentro, recibió en 2008 una subvención de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) de 400.000 euros, para un proyecto que contaba, entre otros, con un portal de Internet http://www.cubaencuentro.com, más 100.000 euros en otra partida presupuestaria posterior”.

Esta asociación anticastrista no solamente recibía fondos de esta institución ya que,  según su página web, “para llevar a la práctica sus proyectos, la Asociación Encuentro de la Cultura Cubana ha contado con el apoyo de numerosas instituciones”, entre los que nos podemos encontrar con organismos del propio gobierno español, tales como la citada Agencia Española de Cooperación Internacional o la Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura; Gobiernos regionales españoles (Junta de Andalucía, Comunidad Autónoma de Cantabria y Gobierno de Aragón); una institución europea (Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, Comisión Europea); Banca pública española (Fundación ICO, Fundación Caja Madrid); instituciones ligadas al gobierno estadounidense (National Endowment for Democracy, The Ford Foundation, The Open Society Institute, Cuba Study Group) y organizaciones ligadas a la internacional socialdemócrata (Centro Internacional Olof Palme de Suecia y Fundación Pablo Iglesias de España).

!!!Cuanto cinismo, cuanta desvergüenza en la política de la Unión Europea sobre los refugiados. Cuanto vasallaje hacia los Estados Unidos, que agitan y encienden guerras por doquier!!! Y ahora quienes han introducido mercenarios, financiado campañas en contra del presidente legítimo de Siria, apoyado como oposición a quienes solo son asesinos a sueldo, quienes han sufragado la formación militar de «rebeldes» y «opositores» y los han armado, quienes han apoyado el engendro del Estado Islámico, ISIS o Daesh, se sorprenden ante la avalancha de refugiados sirios que huyen de las guerras (Purificación González de la Blanca, el 8 de setiembre de 2015)

Según denuncia Purificación González de la Blanca, cofundadora del colectivo “Ojos para la Paz”, la AECID, a través del “Programa de acompañamiento a los procesos de gobernanza democrática en el Mundo árabe (MASAR)”, ha estado formando, financiando e incluso armando a miembros de la oposición siria que lucha contra Bachar El- Assad. Y lo peor es que semejante actividad injerencista y desestabilizadora, la cual costeamos sin saberlo todos los ciudadanos españoles, ha sido realizada en estrecha colaboración con otras fundaciones, instituciones y Think Tanks españolas financiadas por lo más granado de las elites globalistas, como FRIDE, el Club de Madrid o la fundación FAES del ínclito ex-presidente José María Aznar. También colaboran en este proyecto imperialista importantes medios como ABC, el Mundo o el País. Por si no fuera suficiente, destacados miembros de la AECID, como el abogado López-Medel, llegaron a expresar públicamente su posición pro-estadounidense al exigir el envío de tropas de combate de la UE a Ucrania para buscar la confrontación directa con Rusia.

Domicilio social de la CEPS en el número 8 de la valencia calle Carniceros.

Inmersos en nuestras investigaciones, las mismas nos llevan a considerar el importante papel que jugaron estas ONGs de Cooperación para el Desarrollo (ONGD) en el apoyo al movimiento del 15M. No sólo descubrimos que todas estas organizaciones dependen de los fondos de la AECID, sino que su compromiso con el movimiento de los indignados fue tan intenso que, como ocurre con el caso de Pobreza Cero, formaron parte de las convocantes de las manifestaciones conmemorativas del 15M en ciudades como Valencia.

Por supuesto, este hecho contiene profundas implicaciones y explica muchas de las anomalías que veníamos detectando en torno a la posición de Podemos sobre determinadas cuestiones geopolíticas, como su compromiso en defensa de la OTAN. Al respecto, resulta muy significativo la posición del filósofo Santiago Alba Rico, uno de los fundadores de este partido, apoyando abiertamente las agresiones militares de la OTAN en Libia o al golpe de Estado en Ucrania -, cuando no de su propio lider, Pablo Iglesias, mostrando su profesado entusiasmo hacia personajes como Barack Obama.

De repente, el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) dejaba de funcionar sin explicación alguna por parte de la dirección, quitando su página web del servidor, según se recoge en el diario digital La Marea del 4 de marzo de 2016.  Y, lo ha hecho de una forma tan discreta que su desaparición ha pasado prácticamente desapercibida.

La verdad es que, desde que Podemos se presentó en Madrid, la Fundación CEPS y sus integrantes han venido siendo objeto de un gran número acusaciones desde diferentes medios sobre la financiación ilegal de la organización podemita, algo que la formación viene desmintiendo de manera reiterada: “Es una mentira interesada relacionar una fundación como CEPS con las cuentas de Podemos, que son transparentes”, defendía Juan Carlos Monedero en junio de 2014. Sin embargo, los envites mediáticos no han cesado y estos son una de las principales razones de que CEPS haya decidido poner fin a su actividad. Es decir, sacrificarla para tratar de apagar los fuegos.

Rubén Martínez Dalmau y Pablo Iglesias en un mitin electoral en Velencia. Apenas un mes después de la entrada de Podemos en el Gobierno valenciano, la Conselleria de Transparencia exigió a la Fundación CEPS, embrión de la formación morada, la devolución de 21.000 euros de una subvención concedida en 2010 que no se consideraba justificada. El Ejecutivo autonómico publicó la orden en el Boletín Oficial del Estado al no encontrar el domicilio de la fundación para enviar la notificación en la que pedía el retorno de los 15.000 euros de subvención y poco más de 5.000 en concepto de intereses. Los responsables de la Fundación guardaron silencio sobre esta cuestión y no quisieron hacer comentarios sobre el proceso administrativo a seguir, pero la Conselleria de Transparencia recibió el pago por el importe reclamado y el mismo concepto, Un pago que fue realizado forma anónima como si se tratara de una multa, explicaron fuentes del departamento de Transparencia, que dirige la consellera de Esquerra Unida, Rosa Pérez. (16-12-2019).

Pero la desaparición del CEPS no evitó, ni mucho menos, que desde el entorno de Podemos surgiera una nueva entidad centrada en mantener la colaboración con el chavismo y el correísmo. Nos referimos al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), creado en los comienzos de 2014, coincidiendo con el nacimiento de Podemos y con la desaparición de la Fundación CEPS. Este nuevo organismo tiene su sede en la capital ecuatoriana de Quito, y sus oficinas están ubicadas en las dependencias del Instituto de Altos Estudios Nacionales, un organismo público que maneja un presupuesto anual de casi cinco millones de euros. La creación de esta nueva entidad está directamente relacionado a altos cargos de Podemos como Íñigo Errejón o Juan Carlos Monedero, pero estos no estuvieron solos a la hora de impulsar el CELAG. A ellos se sumaron otros altos cargos de Podemos como su Secretaria de Acción Institucional, Auxiliadora Honorato, o su Secretario de Organización, Sergio Pascual.

En la foto Rocio del Val, Juanma del Olmo y Daniel de Frutos. De la relación de Neurona con Podemos, el Tribunal de Cuentas ha descubierto irregularidades contables de entre 400.000 y 600.000 euros. Detrás de todo ello planea la sombra de Juanma del Olmo, el responsable de aceptar los pagos de la formación hacia la consultora. Neurona se había creado tan solo un mes antes de la adjudicación del contrato y tanto Rocío Val como Daniel de Frutos dieron presuntamente el visto bueno.

En la actualidad, los tiros apuntan hacia la Consultora Neurona donde la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado recientemente una batería de escritos para responder a los recursos de las acusaciones y defensas en el caso que se lleva en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, donde su titular Juan José Escalonilla ha imputado a Podemos como persona jurídica, así como a Juan Manuel del Olmo, responsables de las campañas, junto al tesorero y la gerente, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, por una supuesta financiación ilegal.

Sí, estamos hablando del madrileño Daniel de Frutos Ramírez, el mismo de Frutos que comparecía en el Senado aquel 13 de julio de 2017 para lanzarse a la yugular de la organización criminal del PP, recordándoles que el tal Bárcenas, su tesorero, había declarado en sede judicial que el PP tenía una contabilidad extracontable. El mismo que se había integrado en Podemos a principios del año 2015 presentándose como “financial controller en un grupo del sector de la moda”, cuando en realidad trabajaba para un emporio poco lúcido en el mundo político en el que acababa de adentrarse: Retouch Brands París Hilton Handbags&Accessories, la empresa de bolsos y accesorios de la celebrity y millonaria norteamericana, de tal manera que, seducido por la transparencia y el control de cuentas de Podemos, prometía aportar su experiencia al partido, entrando en el área de Finanzas y Transparencia hasta que, después de la victoria de Pablo Iglesias en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II sería catapultado a jefe del departamento, relevando al errejonista Segundo González.

CELAG, la empresa ecuatoriana fundada por exbecarios Prometeo, y Neurona Consulting, la consultora mexicana investigada en Bolivia, tienen vínculos a través de Ecuador con militantes del partido de Podemos. Un nombre se repite cuando se revisan los integrantes de las directivas o de los “tanques de pensamiento” de ambas empresas: Juan Carlos Monedero, que no solo es parte del consejo consultivo de CELAG, sino que también admitió él mismo que trabajó con Neurona Consulting.

En otro frente abierto, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas apunta a “una posible existencia de indicios sugerentes de responsabilidad penal” en las cuentas de Podemos de las elecciones generales del 28 de abril de 2019. En concreto, considera que la jurisdicción penal debe investigar el contrato suscrito por la formación morada con la consultora Neurona, al sospechar que los servicios que supuestamente se contrataron no se hayan prestado nunca.  Como quiera que el Tribunal de Cuentas no es competente en materia penal pide que los pagos a la empresa Neurona sean investigados por la vía penal.

En este mismo escenario, el juez que instruye el caso sobre la presunta financiación irregular de Podemos, Juan José Escalonilla, considera acreditado que la consultora Neurona Comunidad, que recibió de Podemos 363.000 euros para efectuar trabajos para las elecciones de abril de 2019, realizó pagos sin contratos, según consta en un auto de 17 de noviembre. «De los extractos de su cuenta bancaria consta acreditado que tampoco ha contratado prestación de servicios a terceras empresas», concluye el juez sobre las cuentas de la consultora vinculada a Juan Carlos Monedero. De esta forma, el instructor descarta que la firma mexicana dirigida por el politólogo César Hernández Paredes subcontratara a otra empresa para realizar los trabajos que le encargó la formación de Pablo Iglesias.

El contrato referido de Podemos con la consultora Neurona sigue en el foco tanto de la Justicia como del Tribunal de Cuentas, entre otras cuestiones, porque la documentación aportada por los podemitas al órgano fiscalizador dibuja un calendario de fechas imposibles, lo que no hace sino más que acrecentar todas las dudas y sospechas. Para empezar, el borrador del contrato, tal y como se muestra en la imagen adjunta tiene la fecha del 27 de febrero de 2019 y la empresa fue inscrita el 19 de marzo en España, y porque, tal y como sigue advirtiendo el Tribunal de Cuentas en su informe, el partido podemita, después de que fuera requerido para que aportara documentación sobre la consultora, con un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios prestados para poder valorarlos económicamente, el partido envió un contrato de prestación de servicios por importe de los ya mencionados 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes el 6 de mayo de 2019, cuando la factura correspondiente a dicho contrato se había emitido el 5 de abril.

Borrador del contrato establecido entre Podemos y la consultora Neurona.

Por si no fuera suficiente, la mismísima Tesorería de la Seguridad Social ha constatado que la filial española de la Consultora Neurona no tiene ningún trabajador dado de alta en sus bases de datos, tal y como queda certificado en el documento que este organismo ha remitido al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid en el que concluye que “no se ha localizado en los registros ninguna empresa de razón social Neurona Comunidad, S.L.” De esta forma se reconfirma lo que ya había apuntado la Fiscalía de Madrid apuntando a esta entidad como una mera sociedad instrumental.

Documento de la Tesorería de la Seguridad Social certificando la no existencia de trabajadores en Neurona Comunidad, S.L.

El informe del Ministerio Público, con fecha 7 de setiembre, ya había advertido al juez Juan José Escalonilla que “no constan gastos de personal, medios materiales o locales” en la información bancaria remitida por Bankinter en relación con Neurona Comunidad y que, por el contrario, los “gastos corrientes que figuran en los extractos de su cuenta corresponden a fines completamente ajenos al desempeño de trabajos electorales, que era el objetivo oficial de su contratación, tales como gastos en “Burguer King, Uber o Museo del Jamón”, pero también en el pago de “comisiones” al letrado que ha gestionado la entidad, Elías Castejón.

Vivienda de la supuesta sede en la localidad mexicana de Guadalajara de la sociedad en la que terminaron los pagos de Podemos.

Dentro de todo este entramado que, junto a la consultora Neurona, permitió a la organización morada sacar dinero de España con apariencia de legalidad y retornar los fondos electorales en beneficio presuntamente de los cabecillas de la formación morada, aparece también otra de las piezas que van conformando el puzle. Se trata de la empresa La Nave Comunicación Digital, S.L., una empresa propiedad de la directora de Comunicación de la ministra Irene Montero, Clara Alonso Jiménez, periodista y exjefa de prensa de Izquierda Unida, que es señalada como testaferro en la denuncia que ya se encuentra sobre la mesa del juez que instruye el caso Neurona, Juan José Escalonilla.

Vivienda privada en el número 5 de la calle Peña Sirio de Madrid donde figura el domicilio social de la empresa La Nave Comunicación Digital, S.L., propiedad de Clara Alonso Jiménez, que tiene como objeto social «agencia de publicidad, relaciones públicas y comunicación y servicios de representación de medios de comunicación». Una labor similar a la de Neurona. No tiene ni un sólo trabajador, según consta en el registro mercantil, pero facturó en 2019 más de 270.000 euros.

El funcionamiento de esta red era el siguiente: primero se realizaban transferencias desde las cuentas de Podemos a la consultora Neurona Consulting, justificando estas en base a trabajos inexistentes y esta empresa mexicana presuntamente desviaba dichos fondos – a través de sociedades instrumentales – a la mercantil de Clara Alonso. De esta manera, los líderes podemitas conseguían hacerse dueños de los dineros públicos. El modus operandi de Neurona es el mismo que en La Nave. Es decir, son “empresas” que se constituyen justo antes del inicio de los procesos electorales en los que participa Podemos; facturan grandes cantidades de dinero sin tener empleados en la plantilla; mantienen estrecha relación con miembros del partido morado; están vinculadas con países latinoamericanos; y no constan los servicios prestados por ambas sociedades. De ahí que el juez instructor del caso Neurona, haya solicitado la apertura de una investigación sobre la sociedad de Clara Alonso dado que existen indicios más que suficientes de que su empresa pudiera estar presuntamente vinculada a los hechos investigados en el procedimiento.

Al final, hasta que los tribunales de Justicia dicten sentencia, lo que se sabe es que la mayor parte de los fondos que la formación liderada por Pablo Iglesias adjudicó a la empresa Neurona durante la campaña para las elecciones generales de abril de 2019, terminaron en una sociedad instrumental denominada Creative Advice Interactive Group, constituida en agosto de 2015, sin ninguna experiencia en la prestación de los referidos servicios, sin logística de ningún tipo y radicada en una vivienda particular ubicada en una barriada, en el número 4248 de la Avenida Tepeyac de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco.

Cánovas ha pedido al juez que investigue si las donaciones a la «caja de solidaridad» encubren una supuesta operativa de malversación y blanqueo. «Las donaciones deben destinarse a fines sociales. Al principio sí se dijo que se votó entre la militancia el destino de esos fondos, aunque yo jamás voté nada, pero luego nunca más se supo y pasó a decidirlo el partido, que ya sabemos quiénes son. Yo doné 25.000 euros en dos años y pico y no sé dónde han ido a parar».

De momento, el juez del caso Neurona ha aplazado al 3 de junio la comparecencia prevista para el 25 de mayo de la exsenadora de Podemos Celia Cánovas a la que quiere escuchar por entender que tiene un “conocimiento directo” sobre los hechos investigados, que se centran en la presunta financiación ilegal de la formación podemita, accediendo el juez Escalonilla a la petición formulada por la exsenadora Cánovas, que le había pedido la fijación de otra fecha para su comparecencia porque el 25 de mayo tiene dos juicios debido a su profesión de abogada.

En los Intocables de Eliot Ness, la justicia logró meter a Don Alphonse Gabriel Capone “Al Capone” en la cárcel cuando su contable confesó al menos uno de sus delitos: evasión de impuestos. En la ficción y en la realidad, los hombres de las cuentas – los Bárcenas y de Frutos – siempre son los que lo saben todo.

Imaginémonos por un momento que en el trascurso de un año el precio del pan, la leche o la carne se disparase un 45%. Pues eso es exactamente lo que ha ocurrido con nuestra factura de la luz que se ha disparado entre mayo de 2021 y mayo de 2020 en 24 euros. Es decir, sin Filomenas ni olas de calor excéntricas, la factura ha vuelto a marcar sus niveles máximos. Un encarecimiento de la factura que las compañías eléctricas derivan, en connivencia con sus capataces destinados en los gobiernos hacia el sufrido consumidor, de tal manera que, durante los últimos años se ha pasado de 5,97 euros en 2016 a los actuales 57 euros del mes de mayo de 2021, esto es, un incremento superior al 848% en apenas cinco años.  

Al respecto, tratando de ser justo y honesto, quiero recordar las promesas del actual ejecutivo para acabar con los “tarifazos” y la pobreza energética, comentada en otro artículo publicado en La Nueva España (29-03-2021), haciéndome eco del pollo que montó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando en agosto de 2017 el gobierno de turno había incrementado la factura de la luz sustancialmente:  “la subida del 8% prueba el fracaso de la reforma energética de Rajoy y alerta del riesgo de una mayor pobreza energética”, por no referirme a la Irene Montero de Podemos cuando prometía de una manera tan frívola como indocumentada que la electricidad iba a salirnos casi gratis a los españoles, españolas y españolos.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha hecho unas aclaraciones para El País en las que asegura que esta subida no se verá reflejada en las facturas de los consumidores, y si lo hace será tan solo por unos euros. Asimismo, el Gobierno ha querido aclarar su compromiso por la bajada del precio de la luz frente a esta situación excepcional. En cualquier caso, la parte que ha subido es la correspondiente a las compañías eléctricas, por lo que se estudiará la proporcionalidad, mientras que la parte correspondiente al control del Gobierno no ha variado (11 de enero de 2021)

Ahora, ante este salvaje encarecimiento del recibo de la luz, el actual gobierno de coalición progresista ha puesto en vigor una tarifa-trampa por franjas horarias, que no pretende sino lavarse la cara y parecer que hace algo frente al abuso contra el gran negocio de los monopolios eléctricos tratando de ocultar a la ciudadanía que muchos de los presidentes y ministros de los gobiernos turnistas han salido por unas puertas del gobierno para entrar por otras que les coloca en los consejos de administración del “electrofascismo”.

Y esto ocurre, cuando en nuestro país seguimos en plena pandemia, donde los sectores más vulnerables de la población continúan sufriendo el enorme batacazo económico y social, sin que el Gobierno “más progresista de la historia” haya dado respuesta a esas necesidades vitales; donde las colas del hambre son cada vez más largas, aunque los ERTE hayan evitado el estallido social, de momento; donde el Ingreso Mínimo Vital ha resultado un fracaso, llegando a un porcentaje mínimo de los que realmente lo necesitan; cuando la precarización laboral y las reformas laborales, la congelación del salario mínimo, los desahucios, los despidos y los cortes de suministros energéticos domésticos básicos para muchos hogares empobrecidos son una realidad patente. En definitiva, el tan cacareado “escudo social” ha resultado ser una elevada chimenea echando fumo, un auténtico fiasco, vamos. Todo ello frente a los miles de millones que se han destinado al rescate empresarial – solo en préstamos avalados 120.000 millones, más los 140.000 de ayudas europeas que llegarán, entre otras subvenciones -, destinadas, nadie trate de engañarnos, a las grandes empresas del IBEX35. Y es precisamente en ese contexto donde se está produciendo una singular escalada de los precios de la electricidad que se encuentra en los máximos históricos comentados.  

En 2017, el hoy Ministro de Consumo, Alberto Garzón, denunciaba desde la oposición que “ningún gobierno decente debería tolerar” una subida de la luz del 10 por ciento en pleno mes de diciembre y hacía un llamamiento a intervenir el mercado y nacionalizar las eléctricas. “¡Hay que nacionalizar!”

Ahondando más en el tema, no hay más que ver los datos de los beneficios obtenidos por empresas del sector eléctrico como, por ejemplo, la privatizada Endesa que solo en el primer trimestre de este año ha ganado 491 millones netos y sin embargo ha hecho una petición de 23.300 millones a los fondos europeos anticovid, por no hablar de Iberdrola con beneficios de 1.025 millones de euros solamente durante el primer trimestre del año 2021.

Es decir, a pesar del inmenso tamaño de las ayudas, donde, según se desprende del mensaje oficial del gobierno, lo del maná que Yahvé hizo caer sobre el pueblo judío para ayudarle a cruzar el desierto y llegar a la Tierra prometida, va a ser pecatta minuta en comparación con los 140.000 millones de los llamados fondos adjudicados por la Unión Europea al Estado español, éstas se van a quedar muy lejos de poder reparar los destrozos que sigue dejando la pandemia en la economía española. Siempre según los datos oficiales, la caída del PIB en 2020 fue de un 11%, casi el triple de la más alta registrada desde 1937, y si bien los actuales Presupuestos Generales para 2021 preveían una recuperación del 9,5% para este año, el Banco de España acaba de rebajarla hasta el 6%. Por otro lado, la deuda pública se ha disparado debido a los créditos pedidos para afrontar los gastos de la pandemia. Así, mientras a fines de 2019 aquella era un 95,5% del PIB, en diciembre de 2020 pasó a ser un 117,1%, el mayor porcentaje alcanzado desde la guerra de Cuba. En resumen, tan solo en los períodos bélicos de 1898 y 1936 se han padecido semejantes destrozos en la economía y las finanzas españolas. Sin embargo, haciendo caso del mensaje oficial, según el documento “España puede” elaborado por el Gobierno, estas ayudas “permitirán no solo la superación de la crisis y la recuperación del empleo, sino que facilitará la modernización de nuestra economía, para que esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y social”. O sea, todos vamos a ser felices y comeremos perdices.

En marzo de 2018, Pedro Sánchez tildó al Gobierno de Rajoy de «indecente» por permitir la subida de la luz. «No les parece suficiente la pérdida de poder adquisitivo con las subidas del IBI, las facturas de luz y gas, o de la cesta de la compra, que ahora el Gobierno de Rajoy suprime la ayuda de 200€ a pensionistas en apuros con casa en propiedad. Indecente».

La realidad es que, frente a esta salvaje escalada de precios en el recibo de la luz, al gobierno no se le ocurre más que poner en marcha el nuevo sistema de tarifas para tratar de mejorar la imagen del Gobierno en este terreno, a la par que tratar de trasladar muy hábilmente la responsabilidad del precio final que se pague a cada uno de los propios usuarios, estableciéndose para ello unos tramos de consumo con diferentes precios para que, dependiendo de la hora del consumo se pueda tener una tarifa diferente, tal y como si los usuarios tuviésemos realmente capacidad para controlar el rango de la factura eléctrica. En realidad, esta nueva tarifa no es más que una estafa que una vez más no va a dar respuesta a las necesidades de contención y disminución del pago del recibo de la luz para las clases más humildes tal y como vienen denunciando los ciudadanos en las calles y las principales asociaciones de consumidores. Tal como le espetaba en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez a Mariano Rajoy por el incremento de la factura: “otro golpe del gobierno a las familias”.

Desde mi punto de vista, la única solución real al problema de la subida de la factura de la luz para millones de personas que ven cada día más dificultades para hacer frente al pago de los suministros de energía básicos pasa por la nacionalización de todas las compañías eléctricas y de toda la producción energética, sin indemnización de ningún tipo. Para ello será tan necesario como urgente que la sociedad en su conjunto establezca un plan de lucha que aglutine en los barrios, centros de trabajo y lugares de estudio a todos los sectores implicados. El debate queda abierto.

En estos años hemos logrado cosas increíbles, pero no nos conformamos. Queremos ser la primera fuerza en España y liderar el Gobierno. Y para eso necesitamos el Podemos más fuerte, más feminista, más verde y más enraizado. ¡Sí se puede! (Última Hora, 23-05-2021).

No habrá un Vistalegre IV para Podemos. Tras el abandono de Pablo Iglesias como secretario general, el partido ha elegido otro escenario para lanzar una renovación que empezó tras las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. El Auditorio Paco de Lucía de Alcorcón es el lugar escogido por los morados para su IV Asamblea Ciudadana, un cónclave que se celebrará los días 12 y 13 de junio de 2021.

En este escenario, Ione Belarra, la elegida del “apparátchik” para suceder a Pablo Iglesias, inauguraba el acto de presentación de su candidatura el pasado 23 de mayo en Valencia, y lo hacía acompañada de mujeres de la formación como Irene Montero, Isa Serra, Alejandra Jacinto, Pilar Lima Noelia Vera, Idoia Villanueva o Sofia Castañón en lo que se ha considerado un hecho “pionero” en España.

“CRECER” es el lema de la candidatura que abandera la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, para liderar Podemos. Un eslogan que resume la voluntad de ampliar el espacio político a múltiples niveles para esta nueva etapa que dicen iniciar. De esta forma, el lema alude a crecer en militantes, subir electoralmente, avanzar en la feminización del partido y sumar un equipo que combina destacados dirigentes del partido, cargos territoriales y nuevas voces del activismo y la sociedad civil.

“Creo que es la hora de las y los militantes de Podemos, sois el corazón de este proyecto. Adelante compañeros, a crecer para seguir transformando este país porque sí se puede”, ha destacado Belarra.

“CRECER”, la lista encabezada por la actual ministra, pretende ejercer “liderazgos de manera feminista” con el objetivo de investir por primera vez a una mujer como presidenta del país, Yolanda Díaz, con un proyecto basado en la construcción de “un Podemos más coral, plural, feminista, verde y apegado al territorio”. “No nos conformamos”, ha considerado la ministra sobre el papel que juega Podemos en el Ejecutivo de coalición que forma con el PSOE. “Nuestro objetivo no es gobernar en minoría”, sino “ser la primera fuerza progresista en España”. Una idea que reforzaba la ministra de Igualdad, Irene Montero, formando parte de la Ejecutiva propuesta por Belarra: “No vinimos para gobernar en minoría y cambiar sólo unas cosas”. “Vamos a hacer crecer Podemos”, “feminizando el liderazgo” a la vez que buscando “la fortaleza en uno de los principales valores” de Podemos, que es la movilización de sus círculos “en cada ciudad, cada pueblo y cada barrio”.

La actriz María Botto y el exdeportista Roberto Sotomayor integrarán la candidatura de Ione Belarra para la próxima asamblea de Podemos, que elegirá el próximo 13 de junio a la nueva dirección estatal de la formación.

La candidatura de Ione Belarra busca dar “protagonismo colectivo” a las diferentes regiones y representar a “una España que es mucho más que Madrid”, pero también se nutre de incorporaciones de la sociedad civil: “Es un placer para mí contar con el apoyo de María Botto y Roberto Sotomayor en mi candidatura a la secretaría general de Podemos en la IV Asamblea Ciudadana. Un honor poder contar con dos grandes referentes de la cultura y el deporte de nuestro país para hacer crecer Podemos”.

Así se expresaba Ione Belarra este sábado en Valencia, donde hacía la presentación oficial de su candidatura para ser la próxima secretaria general de Podemos tras el abandono de Pablo Iglesias, aunque, al final, lo de siempre: las figuritas frente al militante del día a día, una moda tan vieja que se viene viviendo en los partidos clásicos durante esta transición, tan “modélica” ella, sobre todo a la hora de abdicar y nombrar herederos de manera tan dedocrática, desconociendo lo que ello significa a la hora de desmoralizar al verdadero militante de base.

La elección de este grupo de dirigentes parecidas por edad y formación a Irene Montero, que no revela sino la voluntad de renovar la cúpula con un lavado de cara y el giro feminista que se trata de dar tras la salida de Pablo Iglesias, en absoluto está satisfaciendo a la escasa militancia que va quedando en Podemos. Algunos ya señalan la “amistad” como criterio central de selección de las pretorianas del tándem Montero-Belarra, otros sostienen que esta elección no resuelve uno de los principales problemas de Podemos en estos últimos años, como es la “patrimonialización del partido”, y los más críticos hablan de “clones baratos” de Montero, que no serán capaces de generar el efecto revulsivo que necesita una formación en caída electoral.

La presentación de la candidatura de Ione Belarra en Valencia refleja la voluntad de la ministra de Igualdad de lanzar a su grupo de afines al mando del partido. Cuando en enero de 2020 Irene Montero obtuvo el control del ministerio de Igualdad, lo primero que hizo fue echar a todos los antiguos colaboradores y cargos eventuales de la ex responsable del departamento, la socialista Carmen Calvo. Ahora, tras la salida de Pablo Iglesias, la ‘número dos’ del partido se prepara para alcanzar el control de Podemos gracias al nombramiento en la secretaría general de Ione Belarra. Esta política nacida en Pamplona es amiga íntima de Montero y todo apunta a que, al igual que ocurrió en el ministerio, en la formación morada se afirmará un grupo de dirigentes afines y parecidas a Montero y Belarra. El nuevo sanedrín, sin embargo, ya despierta reticencias en el partido.

La cuestión es que, el adiós de Pablo Iglesias está sacudiendo a Podemos, impactando de lleno en la estructura de poder que había diseñado Iglesias a su alrededor, de manera que, con la ya elegida candidata de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno, la militante del Partido Comunista de España Yolanda Díaz, no solo se produce una suavización del tono y las formas, sino, sobre todo, una rápida configuración de los ejes de influencia del Partido.

La historia política de Del Olmo comienza con su llegada a Madrid, tras salir de su pueblo soriano de Covaleda a los 18 años, alistándose muy pronto en las Juventudes del Partido Comunista, donde coincide con Rafa Mayoral e Irene Montero, actual ministra de Igualdad, con quien Del Olmo mantuvo una relación sentimental, antes de que ésta fuera la compañera de Pablo Iglesias. Y en medio de esa compañía entraría en Podemos en 2014, de la mano de ella, donde llegó a ser diputado, pero, sobre todo, a ocupar cargos orgánicos. Antes había pasado por Izquierda Unida, a la vez que su compañía, la cooperativa Enreda, hacía trabajos para la formación y luego fue un actor clave en la captación de personas de IU para el nuevo partido que se llamaría Podemos.

La vicepresidenta tercera del gobierno, que no acudió al mitin de presentación del pasado sábado en Valencia, no ha tardado en marcar su territorio con un movimiento tan elocuente como significativo al rechazar la “reubicación” en su gabinete de Juanma Del Olmo, actualmente compañero sentimental de la componente de la candidatura de Ione Belarra, Isa Serra, y mano derecha de Pablo Iglesias en la vicepresidencia del gobierno como director de Estrategia y Comunicación.

El portazo de la actual vicepresidenta tercera del gobierno fue tan sonoro que en el núcleo más cercano del pablismo han preferido correr un tupido velo, pero la cosa no ha quedado en el rechazo de Juanma Del Olmo, sino que Yolanda Díaz ha incorporado para esas labores de gobierno a quien fuera el lugarteniente de Errejón, Rodrigo Amírola, que no goza precisamente de las simpatías de Irene Montero ni tampoco de Del Olmo, no en vano éste había escalado posiciones en Unidas Podemos, siempre de la mano de la ministra de Igualdad, ejecutando desde la sombra los trabajos sucios para el líder podemita, en aquellos tiempos donde la lealtad significó un cierre de filas, primero, y la bunkerización del liderazgo más tarde, lo que se tradujo en la “purga” de muchos de los que habían impulsado Podemos desde su nacimiento. Nada se hacía sin que él lo supiera, y Yolanda Díaz pretende cambiarle el paso, sobre todo después de que Pablo Iglesias, siempre susurrado por Del Olmo, contribuyese a la inflamación de la campaña electoral del 4M en Madrid, tratando de convertirla en una suerte de plebiscito sobre el advenimiento inminente de un fascismo que, por ahora, ni está ni se le espera.

En efecto, se ha iniciado la campaña con la candidatura de Ione Belarra presentada y apoyada con toda la parafernalia por parte del “apparátchik” de Podemos, pero me pregunto yo: ¿todos los candidatos y candidatas que alcancen los 500 avales personales necesarios para poder presentar su candidatura, caso concreto del concejal de Podemos en el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, Esteban Tettamanti, van a tener exactamente el mismo tratamiento que el de la designada Ione Belarra, tanto por el potencial gasto que se deriva de lo ostentoso de algunas de ellas, como por el origen del mismo en todo aquello que se refiere a viajes, alquiler de espacios para los actos y mítines, logística o publicidad en redes y medios de comunicación? ¿Acaso la financiación de la multitud de actos, en muchas ocasiones varios en el día, con los consiguientes viajes en avión de todo el equipo de los candidatos o candidatas proviene de los ahorros personales de los dirigentes implicados en las candidaturas?

Al contrario de la candidatura “oficial”, la lista presentada por el candidato Esteban Tettamendi prescinde de los clásicos personajes mediáticos de aquellos y aquellas de “la ceja” que apoyan a Podemos, caso concreto de Sabina, Bosé o Almudena Grandes, optando por una lista integrada únicamente por activistas sociales, concejales y militantes de base de diferentes lugares del territorio español que, según afirma, “conocen muy bien el trabajo diario codo con codo, a pie de calle, siempre al lado de las vecinas y los vecinos de cada ciudad, de cada municipio y de cada barrio”, tratando de devolver a la formación morada  “lo perdido durante todos estos años”, no solo buscando “hacer más plural y diverso al partido”, sino trabajando “por un Podemos cada vez más coral y democrático”.

El concejal de Podemos en San Lorenzo de El Escorial, Esteban Tettamanti, ha presentado formalmente este viernes su candidatura a la Secretaría General de Podemos ante la convocatoria de la cuarta Asamblea Ciudadana Estatal (Vistalegre IV). Su lista, bajo el nombre Por un Podemos Horizontal, tiene como objetivo “recuperar la esencia de la formación, forjada en el modelo asambleario del 15M”.

El candidato se refiere en su presentación a la “horizontalidad” como una manera de encarar una organización política “escuchando permanentemente a las bases y reconociendo la soberanía de sus decisiones”. De esta manera, ha querido destacar la urgente necesidad de “promover la creación de nuevos círculos en cada territorio, facilitándoles su trabajo diario y teniendo muy en cuenta todas sus propuestas”. “Creemos que no solo hay que empoderar a la militancia, sino también fortalecer las bases territoriales mediante la creación de un órgano específico que apoye a los pequeños y medianos municipios”, añadía el candidato.

Poniendo el foco en una de las decisiones – aún vigente – tomadas en Vistalegre III, el candidato Tettamanti dejaba muy claro que su lista llevaba como una de las medidas principales la de “eliminar el exceso de cargos” y determinar la máxima de “una persona, un cargo”, una idea que revertiría la decisión tomada en la fantasmal III Asamblea Ciudadana de 2020 por la que los miembros de la formación pueden acumular varias obligaciones públicas y de partido.

Asimismo, y atendiendo al sistema actual de votación de órganos internos de la formación, ha remarcado la intención de su candidatura de suprimir el denominado “Sistema Desborda” y crear una nueva forma de elección donde no se produzca un sesgo a favor de la lista mayoritaria. “Si queremos democratizar los procesos internos de Podemos es necesario acabar con el sistema de votación actual para que no primen siempre los perfiles más reconocidos de la formación. Es un paso muy necesario para que las listas minoritarias o independientes no queden en una situación de clara desventaja”, agregaba en la presentación de su candidatura.

El “Sistema Desborda”, propuesto para esta IV Asamblea Ciudadana, y que tantas críticas viene acumulando entre la militancia desde su implantación, trata de la votación telemática a las personas que resulten elegidas “directa y expresamente” para conformar el Consejo Ciudadano Estatal, pero si los documentos ganadores incluyen otro tipo de representación de la militancia, su proceso de elección se llevará a cabo con posteridad. Es decir, recurriendo a una de las frases más icónica y conocidas del marxismo – al de Groucho Marx, me refiero -, que no refleja sino la hipocresía más hipócrita de las creencias y valores de la gente: “estos son mis principios, pero si no les gustan tengo otros”.

En este método orquestado por el ínclito Echenique, se apuesta claramente por un favorecimiento descarado de la lista mayoritaria, aunque haya incluido alguna que otra corrección en el sistema original del matemático francés Jean-Charles de Borda para garantizar la representación de las minorías, dejando establecido que cualquier lista con más de un 5% de los puntos agregados tiene derecho de al menos dos escaños en el consejo.

El sistema de votación usado en la comentada II Asamblea Ciudadana de Podemos, “Desborda”, incluía dos variables: número de personas que votan a cada candidato y número de puntos que recibe. El método consistía en otorgar a cada aspirante a entrar en los órganos una puntuación entre 80 y 19. El que más puntos sumara sería el primero en entrar al Consejo Ciudadano y así sucesivamente, resultando que el candidato al que más inscritos situaron como su primera opción para el Consejo Ciudadano fue Pablo Iglesias con 81.772 votos (52%). Errejón, por su parte, recibió 46.624 votos como número uno de su lista, quedando muy relegado Miguel Urbán, el lider de Anticapitalistas, que se situaba en el puesto número 20 con sus 11.165 votos, con la segunda persona de su candidatura, Beatriz Gimeno, en el puesto 44 del resultado final.

Aparte de la ministra Ione Belarra y del concejal por el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, Esteban Tettamendi, ha registrado también su precandidatura el polémico militante de Castilla-La Mancha, Fernando Barredo, liderando la candidatura “Nuevo Impulso” que, como explica él mismo, pretende recuperar «el proyecto original» de Podemos, en el que «la participación, la horizontalidad y la transparencia se prediquen con el ejemplo».

Este militante, crítico donde los haya, que ya presentara su candidatura “Nuevo Impulso por la Democracia Interna de Podemos”, para competir con Iglesias en la III Asamblea Ciudadana de Podemos, tiene presentadas una serie de acciones legales ante los juzgados «tras constatar, tristemente, la deplorable actuación orquestada por el aparato de Podemos» durante la asamblea de mayo y frente a los procesos siguientes para elegir las direcciones en once comunidades autónomas. De hecho, llegó a presentar una impugnación de los resultados alegando que no eran “inteligibles” al no detallar «de manera clara el número de votos por posición» llegando incluso a manifestar que era «rotundamente falso» que Pablo Iglesias recibiera el apoyo en la votación del 93% de los inscritos, ya que el censo es de más de 500.000 y sólo votaron 57.000 personas, aproximadamente un 11% del total.

Fernando Barredo, catedrático de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense en Madrid, y cabeza visible de la candidatura “Imagina”, acusó a Iglesias y su equipo de violar las normas internas para ganar las primarias, apoyándose en el precedente que sienta la sentencia dictada el pasado 28 de diciembre de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia Número 89 de Madrid, que declaró la nulidad del proceso de primarias en Podemos para las elecciones municipales en Collado Villalba. (Confilegal, 08-02-2021)

Ahondando más en el asunto, una resolución judicial del Juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid declararía nulo el proceso electoral en las primarias de Podemos en la localidad madrileña de Collado de Villalba y condena a la organización morada al pago de las costas devengadas en el proceso.

En la sentencia quedan detalladas todas las irregularidades cometidas por el partido de Pablo Iglesias en este proceso interno, a la vez que hace referencia a la imposibilidad de ninguna de las candidaturas de acceder al censo de los inscritos en la formación morada antes del proceso y que hubo modificaciones del mismo a posteriori, y, lo más preocupante, señalando la participación de personas que, en un principio, no aparecían como inscritos en los registros de la formación morada. Al respecto, el Juzgado solicitó a Podemos el listado de inscritos antes del 10 de noviembre y del 25 de noviembre – cuando debían estar verificados – pero, al día de hoy, todavía no lo ha aportado, lo que ha criticado el juez como «falta de transparencia» por parte de Podemos.

Además, ha criticado que Iglesias se había presentado nuevamente como candidato a la secretaría «llevando en su equipo a Irene Montero, Ione Belarra y a Noelia Vera, incumpliendo los cuatro el código ético del partido”, algo que «les inhabilitaba para comparecer en una lista de candidatura estatal, tal y como indicaban los estatutos». Una cuestión que, efectivamente, tuvo enorme repercusión en el canal de mensajería Telegram, donde fueron muchísimos los militantes que expresaron sus públicas denuncias sobre lo que llegaron a considerar una «estafa electoral y fraude interno» sin precedentes en la historia del partido, la cual acabaría en los juzgados de distintos territorios.

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) la denuncia presentada por Fernando Barredo, el rival del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de la formación ‘morada’, por las presuntas irregularidades en dichas primarias, al ser aforados tanto el vicepresidente segundo del Gobierno como la ministra de Igualdad, Irene Montero, dos de las personas contra las que se dirige la denuncia. La teniente fiscal de Anticorrupción, María Belén Suárez, ha indicado que “los hechos expuestos no son competencia de esta Fiscalía Especial”, por lo que ha acordado “su remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo al tener condición de aforados dos de las personas denunciadas” (El Plural, 8 de febrero de 2021)

 Según la sentencia, se emitieron un total de 358 votos, de los que 156 fueron para la lista de «Un paso adelante por Villalba», 117 para «Con la gente sí podemos» y 81 para «Ahora Villalba», recogiéndose en la misma sentencia la participación en las primarias de personas de otros partidos, detallando con nombres y apellidos a los mismos.

En cualquier caso, ocurra lo que ocurra en la IV Asamblea Ciudadana de Podemos, el relevo de Pablo Iglesias por Yolanda Díaz, con la designación de la candidata a la presidencia del gobierno de España por Unidas Podemos, inaugura un nuevo ciclo, que deja atrás el hiperliderazgo de Pablo Iglesias para dar paso a otros liderazgos compartidos, esto es, el ensayo de una bicefalia con Ione Belarra liderando el partido y Yolanda Díaz como la voz morada del gobierno.

El Juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid ha dictado una sentencia por la que declara la «nulidad» de las primarias de Podemos en Collado Villalba (Madrid) por fraude electoral. Uno de los candidatos, Alejandro Mata, había presentado la querella cuya resolución ha trascendido a la opinión pública: «Hubo fraude electoral y se vulneraron mis derechos», ha dicho el perjudicado tras conocer la sentencia. Alejandro Mata fue uno de los tres candidatos que se presentaron a las primarias de Podemos, de las que debía salir el candidato del partido que lidera Pablo Iglesias para las elecciones municipales de mayo de 2019. El demandante pertenecía a la candidatura denominada «Con la gente sí podemos», mientras que su competencia la formaban «Un paso adelante por Villalba» y «Ahora Villalba».

Es decir, la existencia de dos cabezas, dirigidas a ocuparse independientemente de las tareas orgánicas e institucionales, pero, supuestamente, identificando un camino común tanto en el trayecto como en el destino. Una cuestión que, por cierto, está generando muchos recelos en las filas podemitas, cuando observan que la convocatoria de la IV Asamblea Ciudadana no está despertando la atención esperada y la organización no logra estar en la agenda como antes, debido, sobre todo, a la actividad de la ministra Yolanda Díaz.

La sensación entre una gran parte de la militancia de Podemos es que el proyecto “está acabado”, y lo que subyace en el fondo es la gran incógnita de si Yolanda Díaz quiere seguir en la ecuación morada o aprovechar su cargo para dar un paso adelante y crear “algo nuevo”, no en vano, ella está en otro proyecto distinto al de Podemos.

De hecho, algunos dirigentes que participaron en la construcción de Podemos y que sufrieron las “purgas” del pablismo están convencidos de que el espacio político morado está en recomposición después de haber perdido el papel hegemónico que jugaban en Unidas Podemos, de tal manera que la comunista Yolanda Díaz, lo que realmente está trabajando es un nuevo proyecto para  liderar una confederación de fuerzas políticas distintas y dispersas en el territorio, en la que Podemos sería un partido más, junto al de Compromís de Mónica Oltra o los Comuns de Ada Colau.

Por otra parte, la relación de Yolanda Díaz con el sindicato de CC.OO. liderado por el vasco Unai Sordo es muy importante, no en vano la dirigente gallega proviene de una familia de sindicalistas gallegos, vinculados al PCE, donde ella misma sigue inscrita. Es por ello que entre muchos de los dirigentes de Podemos esté circulando la idea de que puede haber llegado el momento para que la ministra esté sondeando nuevas experiencias, llegando a la conclusión de que le queda más futuro como cabeza de lista de una plataforma de izquierda que supere el espacio de Podemos, que ser un simple rostro electoral controlado por el grupo de Ione Belarra e Irene Montero.

Yolanda Díaz sabe que el grueso de sus apoyos hoy en día se halla en el sindicato. Y concretamente en CCOO. Sordo la respalda y ha llegado incluso a defenderla ante Pedro Sánchez. La salida de Iglesias ha reforzado su papel en el Gobierno, y Díaz quiere aprovechar la situación para lanzar su imagen de buena gestora, al mismo tiempo que garantizar cierta tranquilidad en La Moncloa. 

Es decir, Podemos se construyó en torno a una persona y ahora está encaminada a formar parte de una liga de partidos confederados que estarán en pie de igualdad, hasta el punto de que todos los indicios entre una gran mayoría de la militancia apuntan a que esta IV Asamblea Ciudadana será la última que se celebre.

El caso es que la vicepresidenta tercera del gobierno y también ministra de Trabajo viene manteniendo en los últimos días reuniones con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, entre otras personalidades de la política. La primera es la cabeza visible de Barcelona en Comú y el segundo es uno de los dirigentes más destacados de Compromís. Dos realidades políticas más cercanas a Más País que a Podemos, o si se prefiere, más cercanas a los postulados de Íñigo Errejón que a los de Pablo Iglesias.

“Hoy he tenido el orgullo de recibir a la alcaldesa @AdaColau para intercambiar propuestas sobre retos comunes. La voz de las ciudades será clave en la recuperación. Barcelona es un ejemplo de inversión social, de innovación, de apuesta por la ciencia y de movilidad sostenible”. (Twuit de Yolanda Diaz, 25 de mayo de 2021)

En esta fase de reorganización de Podemos, después de dos años de enfrentamiento directo con la escisión errejonista, que Pablo Iglesias decidió combatir sin ambages desde enero de 2019, con el consiguiente alejamiento de muchos de sus barones, ahora se acerca un debate para revisar esa posición, hasta el punto de que ya se comenta el posible entendimiento con Más País, pero solo si se impone la regeneración y se prescinde de Íñigo Errejón.

Aunque todavía se encuentre en fase embrionaria, todo indica, sin embargo, que los movimientos que se vienen dando en Podemos apuntan hacia  una  modificación de su estrategia, sea por temor a que sectores importantes del partido como los de Ada Colau empiezan a mirar con interés a Más País, o porque creen que hace falta renovar el espacio de la izquierda alternativa, algo se está moviendo en un partido que es consciente de que sin cambios será muy difícil mantener encendida la llama del electorado. 

No obstante, Errejón se resiste a ser apartado otra vez de la primera línea política y sigue maniobrando para ser candidato a la presidencia del gobierno por segunda vez, intentando jugar sus cartas ayudando en las alianzas regionales. En Andalucía, por ejemplo, los de Más País insisten en sellar un acuerdo con la diputada andaluza y líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, cuya aspiración es que la organización anticapitalista se convierta en un partido netamente andaluz que tenga representación en las cámaras nacionales y en el Parlamento Europeo.

Teresa Rodríguez, cuando era aún coordinadora de Podemos en Andalucía, había propuesto a Pablo Iglesias que Podemos, Más País e Izquierda Unida concurrieran en las generales con la única papeleta en la comunidad andaluza de Adelante Andalucía. Era septiembre de 2019 y se preparaban las generales repetidas, que se celebraron en noviembre, tras fracasar el primer intento de pacto de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, pero aquel debate tensó las costuras de la coalición de Teresa Rodríguez con IU en Andalucía y con Podemos en Madrid hasta el punto que nunca volvieron a tener una convivencia pacífica.

La alambicada maniobra dirigida por Podemos e IU para hacer desaparecer a Rodríguez y sus afines, y ganar ese espacio político en Andalucía, está ahora en entredicho. El TC da alas a los de Adelante Andalucía y amenaza con un vuelco de la situación mientras se barrunta el adelanto de las elecciones autonómicas. “Justicia poética”, decían con una sonrisa los afines a Teresa Rodríguez, que, con todo, se muestran cautos. “El día en que Iglesias se corta la coleta, a nosotros nos abren otra puerta y puede ser importante”, señalaban en Adelante Andalucía (El Confidencial, 13 de mayo de 2021).

El objetivo de presentar a un partido andaluz de izquierdas a las elecciones generales es una ambición que retoma Teresa Rodríguez para Adelante Andalucía, ahora que van a relanzar esta marca política al margen de Podemos e IU, pero no es nuevo. De hecho, estuvo en la génesis de la bronca definitiva con Podemos que ha terminado en guerra civil a la izquierda del PSOE en Andalucía y en una maniobra de expulsión de Rodríguez y sus afines del grupo parlamentario, aún por resolverse en el Constitucional.

Por otra parte, la cúpula de Podemos ha decidido entregar al comunista y ministro de Consumo, Alberto Garzón, el control y preparación de la campaña electoral para las elecciones autonómicas de Andalucía, con un objetivo muy claro de frenar la escalada de Teresa Rodríguez, y maniobrar para que ésta no pueda llegar a ningún acuerdo con Íñigo Errejón, incluso sin descartar la posibilidad de que Garzón sea el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, aunque él mismo se haya autodescartado el 13 de junio en Sevilla como candidato diciendo: “Yo no me veo”

La IV Asamblea de Ciudadana de Podemos, en la que se elegirá al sucesor de Pablo Iglesias, se celebrará en Alcorcón (Madrid), y no en la plaza de toros de Vistalegre (Madrid), como los dos primeros cónclaves del partido. Según la convocatoria a la militancia que ha difundido Podemos, la asamblea se celebrará en el Auditorio Paco de Lucía de Alcorcón los próximos 12 y 13 de junio.

Así, de esta manera, llegamos a la fecha del 13 de junio de 2021 cuando Podemos concluía su IV Asamblea Ciudadana en el Auditorio Paco de Lucía en la localidad madrileña de Alcorcón, resultando, tal y como estaba previsto desde el “apparátchik” podemita, que la navarra Iona Belarra saliera elegida nueva secretaria general de Podemos en sustitución de Pablo Iglesias. Con el 88,7% de los apoyos, Belarra queda convertida en la nueva secretaria general de Podemos al haber obtenido 45.753 votos, que significan el 38,5% sobre el censo fijado de 139.000 simpatizantes, mientras que sus rivales, Fernando Barredo y Esteban Tettamanti, se han quedado respectivamente en el 6% (3.106 votos) y el 5,3% (2.730), quedándose la nueva secretaria general a 5.414 votos por debajo de los cosechados hace un año por Pablo Iglesias, en Vistalegre III cuando logró 53.167 votos a su candidatura.

Un total de 53.443 inscritos de Podemos, de un censo de 138.800 simpatizantes y militantes, han emitido su voto, por lo que ha votado el 38,5% del censo fijado para estas primarias. En la asamblea de Vistalegre III, cerca 59.000 votaron para reelegir al ahora exsecretario general Pablo Iglesias.

Finalizada la IV Asamblea Ciudadana, la ya secretaria general de Podemos, Ione Belarra, lanzó su primer discurso a la militancia para agradecer su apoyo y todo el trabajo de su antecesor en el cargo, el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias: “Gracias, Pablo Iglesias. Aquí seguimos. Esta siempre será tu casa”.

Uno de los objetivos aireados con insistencia durante la campaña realizada previamente a la celebración de la asamblea del partido era el de construir una lista feminista, aunque nada haya cambiado al ser radicalmente continuista con la confeccionada anteriormente por el ex vicepresidente Pablo Iglesias.

“Hoy habéis demostrado algo muy hermoso y es que este proyecto político es muy fuerte, es valiente y le queda muchísimo camino por recorrer para seguir cambiando la historia de España” (13 de junio de 2021)

Arropada por los miembros de su candidatura, como Irene Montero, Pablo Echenique o Rafa Mayoral, Belarra defendió la acción de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición con el PSOE. “Vamos a seguir haciendo maravillas con 35 diputados y 5 ministros”, sentenció, para señalar la necesidad de seguir empujando en el Ejecutivo bicolor para sacar adelante la conocida como ley del ‘solo sí es sí’, impulsada por el ministerio de Igualdad, la ley de vivienda junto a la regulación de los alquileres o la creación de una empresa pública de energía: “Podemos no nació para gobernar en minoría. Tenemos que ser la principal fuerza de este país. No nos conformamos, hay que ganar las elecciones”, aseguró.

Además, la nueva secretaria general de Podemos llamó a construir candidaturas autonómicas fuertes que pongan solución a la falta de estructura territorial del partido y reivindicó la necesidad de reforzar los vínculos con los partidos que conforman el “bloque de dirección de Estado”, estos sonERC o EH Bildu, entre otros.

En su discurso, después de manifestar que se va a dejar la piel para llevar este proyecto lo más lejos posible, ha recordado que la crisis del covid-19 se ha sostenido sobre los hombros de las mujeres y ha puesto en valor el papel de la cultura y los servicios públicos, para añadir que los frutos de la acción de este Gobierno empiezan a verse y, si en la crisis de 2012 tardamos doce años en recuperar cotizaciones a la seguridad social, “gracias a los ERTE de Yolanda lo hemos hecho en 15 meses”.

La realidad de esta IV Asamblea Ciudadana en comparación con aquellas dos primeras asambleas multitudinarias – la tercera asamblea no se puede considerar como tal -, cuando Podemos era una fuerza nueva y con una tendencia electoral creciente, la afluencia a Vistalegre IV ha sido mucho más discreta. Con todo, el ambiente este domingo era muy diferente al de la primera jornada, que resultó un tanto descafeinada, donde ni siquiera Ione Belarra, elegida por el “apparátchik” podemita, salió a defender el sábado su candidatura, justificando la ministra su ausencia en la necesidad de que haya más de una voz en esta nueva etapa.

No deja de ser una ausencia muy significativa. Díaz no se cansa de decir que ella «no es de Podemos», partido con el que ha marcado distancias no pocas veces sin participar en sus estrategias de confrontación con el socio de gobierno. De hecho, protagoniza en exclusiva el nuevo formato de relaciones con el sector socialista del Ejecutivo tras eliminar las reuniones de «maitines» que provocaban «tensiones y enfrentamientos» internos.

Lo más sorprendente fue la no comparecencia de la actual ministra de trabajo y vicepresidenta tercera del gobierno Yolanda Diaz, quien sabiendo con muchísima antelación las fechas de la IV Asamblea Ciudadana y siendo la candidata elegida como candidata a la presidencia del gobierno de España por Unidas Podemos, no se ha dignado a comparecer ante la militancia, justificando su incomparecencia en una reunión que se celebra el próximo lunes en Luxemburgo, como si Luxemburgo estuviese en Australia. Mal se empieza con la bicefalia, aunque peor acabará.

“Disfrazar nuestros problemas para ver si los resuelven otros”. Ese es, según Antonio Gómez Rufo, el núcleo de ‘Bienvenido, Mister Marshall’, en la que un pueblo castellano se disfraza de andaluz para obtener la ayuda de los americanos, que acaban pasando de largo. Si entonces era el amigo americano y su multimillonario plan para disuadir a Europa de los “encantos” del comunismo, “ahora la Unión Europea es nuestro plan Marshall deseado”.

Todos los españoles de mi época llevamos dentro un Pepe Isbert interpretando al inolvidable alcalde de aquel imaginario Villar del Río engalanado en el que los vecinos, cariacontecidos, veían pasar de largo la caravana estadounidense en la inolvidable tragicomedia “Bienvenido Míster Marshall”, pero, cuando pensábamos que la inolvidable exministra de sanidad, Leire Pajín, había pasado a lo anales como ejemplo de megalomanía y petulancia con la parida  aquella  de que “el próximo acontecimiento histórico del planeta era la coincidencia de la presidencia de Obama en EE.UU. y de Zapatero en la Unión Europea”, vuelve a entrar en escena el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para decirnos que, en absoluto puede estar dispuesto a que nadie le supere en prepotencia y ensueño de la excelencia, quien, con un simple paseíllo de 20 metros en 30 segundos por los pasillos de la OTAN con el jefe militar de las bases militares estadounidenses en nuestro país, ha resuelto todos los problemas mundiales e incluso cósmicos.

De repente, esa España tan soñada como imaginada era colocada a la cabeza de Europa en la vacunación (la número cinco con una dosis y la onceava con las dos) , en ayudas sociales (según el BCE, España representa la tasa más baja de la eurozona en este apartado, con el 1,3% del PIB, siendo la media europea del 4%), y en crecimiento económico (Eurostat nos sitúa a la cola de Europa en crecimiento económico); pero según este charlatán mentiroso de ferias y mercadillos, España es el país que más crecerá de Europa en 2021; España es el único país que ha elaborado un plan a treinta años vista, y la llegada del dinero comunitario constituye, según Sánchez, junto con la entrada en el Mercado Común y la creación del euro, uno de los tres acontecimientos más importantes de la democracia. Al presidente del Gobierno se le olvidó incluir en ese grupo el acontecimiento de carácter planetario señalado por Leire Pajín; sin embargo, calificó el plan de recuperación como la mayor movilización de recursos desde el Plan Marshall. Todo es histórico.

Según el calendario dado a conocer este miércoles por Bruselas, España podría recibir este año un total de 19.000 millones. La recepción de un anticipo del 13% – unos 9.000 millones de euros- será automático, una vez el Consejo de ministros de economía y finanzas (Ecofin) apruebe el plan, previsiblemente en su reunión del 13 de julio. Después de esto, para obtener el primer desembolso – de unos 10.000 millones, según fuentes de la Comisión Europea – España tendrá que garantizar el cumplimiento, para finales de octubre, de 48 reformas.

En efecto, Pedro Sánchez ya tiene el aval de Bruselas al Plan de Recuperación Económica que su Gobierno presentó a la Comisión Europea para acceder a la gestión de aquí a 2026 de 140.000 millones de euros – la mitad subvenciones y la otra la mitad ayudas a fondo perdido – para reconstruir y transformar la economía española tras la crisis provocada por la pandemia, estando prevista la llegada de las primeras partidas el próximo mes de julio, tal y como nos trasladó en Madrid la mismísima presidenta de la Comisión Europea, la alemana Úrsula Von del Leyen. Pero, claro, los fondos de recuperación no son el maná que cae del cielo, sino que deben ser financiados por todos los países, de tal manera que de los recursos que reciba España habrá que descontar las aportaciones que nuestro país tenga que hacer como un miembro más de la UE, lo que significa que de  los 80.000 millones de euros que va emitir como bonos este año la Comisión, alrededor de 8.000 van a recaer sobre España por uno u otro procedimiento, bien sea por un incremento de su endeudamiento público bien cediendo determinados impuestos a la UE.

La cruda realidad es que, sin haber recibido un solo euro de los fondos, los distintos ministerios ya han gastado este dinero que España todavía no ha recibido, haciéndolo de una manera precipitada, sin planificación ni control de ningún tipo, con el correspondiente incremento del ya brutal endeudamiento público equivalente al 125,3 % del Producto Interior Bruto (1,4 billones de euros). Y, es que la ostentación y la pomposidad están contagiando a todos los ministerios, llevándose la palma el ministerio de Trabajo que, incluso se permitió la licencia de dar una lección a toda Europa y ejemplo para el mundo prolongando los ERTE, casi como el acontecimiento planetario de la Pajín.

La vicepresidenta de Trabajo presenta las reformas que desplegará su ministerio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se compromete a llevarlas a cabo (incluida la derogación de la reforma laboral del PP) en este año: “El presidente y yo estamos más unidos que nunca, la legislatura empieza ahora”. “Nunca más escucharemos un gobierno que les diga a los ciudadanos que toca apretarse el cinturón, ha llegado la hora de devolver derechos”. En esta línea ha desvelado que el plan de recuperación despierta mucha “ilusión” en el seno del Ejecutivo y que su relación con el presidente, Pedro Sánchez, es muy buena: “Estamos ilusionados desde el Gobierno, con más fortaleza que nunca. El presidente y yo estamos más unidos que nunca, la legislatura empieza ahora y los cambios empiezan ahora (Público, 10 de mayo de 2021)

En cualquier caso, los ERTE que, por cierto, no han sido inventados por este gobierno, ni mucho menos, ya están legislados desde la promulgación del Estatuto del Trabajador, allá por el año 1980, en ningún caso pueden ser utilizados, como se están utilizando, para disfrazar las alarmantes cifras del paro. Afirma la ministra Yolanda Díaz que son un recurso fundamental para proteger el empleo, lo cual no es cierto, porque estos en absoluto están impidiendo la aparición del desempleo, sino que le dan un tratamiento diferente. Esto es, los trabajadores en estas circunstancias están obligados a abandonar, aunque sea temporalmente, su puesto de trabajo, aunque no figuren formalmente en las estadísticas.  Por lo tanto, no sigamos haciéndonos trampas en el solitario. Jactarse, como hace la ministra, de que, en esta crisis, a pesar de producirse un descenso muy superior del PIB que, en la anterior, la reducción del empleo ha sido mucho menor es engañarse a sí misma y ocultar la realidad, entre otras cuestiones, porque en mayo del 2020 las personas en ERTE ascendieron a 3,6 millones de personas. ¿Cuál hubiese sido el porcentaje de paro si a la cifra oficial de los 3,8 millones, se le sumasen los 3,6 millones regulados en ERTE?

Según la Comisión Europea el Plan “responde de forma integral y equilibrada” a las exigencias impuestas por el IV Reich, aunque le recuerda al gobierno español que todavía faltan asuntos tan importantes y fundamentales como las reformas de las PENSIONES, LABORAL y FISCAL. Por lo tanto, mucho cuidado con echar las campanas al vuelo, porque para seguir recibiendo las ayudas para el rescate de nuestra economía habrá que completar una serie de reformas estructurales que aún no están detalladas ni con su calendario en el Plan de Sánchez.

“Empresas como Endesa, Iberdrola, Inditex, Repsol o El Corte Inglés se llevarían miles de millones de dinero público; solamente los proyectos presentados por Endesa e Iberdrola ya suponen uno de cada dos euros de las subvenciones totales de Europa para el Estado español”.Promovido por la Unión Europea para, según la versión oficial, financiar la transformación y modernización de los países miembros, el instrumento NextGenerationEU habilita fondos para emprender infraestructuras y reformas en el contexto de la crisis por la COVID-19. En el estado español, se traduce en el Plan “España Puede” de grandes proyectos. La asignación del dinero europeo podría implicar el “lavado verde” de grandes empresas contaminantes, como Naturgy, Iberdrola, Endesa o Repsol, alerta el informe. 

En efecto, se conocen algunas de las propuestas que han presentado las grandes empresas españolas del IBEX35 para ser subvencionadas por los fondos europeos de reconstrucción, apareciendo en sus carteras de proyectos la construcción de parques eólicos y fotovoltaicos, la digitalización de empresas, administraciones y turismo, la puesta en marcha de gigafactorías de baterías, el impulso del automóvil eléctrico y la apuesta por el hidrógeno como vector energético, pero, más allá,  de la retórica de la sostenibilidad y la digitalización, ¿en qué medida van a contribuir estas propuestas a la transformación del modelo productivo?

La cuestión es que, con tal de seguir vanagloriándose, el Gobierno sigue haciéndose trampas, presentando un panorama económico falseado, tratando de vendernos los continuos mensajes triunfalistas del Gobierno y de sus cañones mediáticos acerca de que estamos en plena recuperación. Una prueba de ello, a modo de ejemplo,  es la campaña propagandística que se viene desplegando por parte del ministro Escrivá refiriéndose a que la afiliación a la seguridad social alcanza ya cifras de prepandemia, tratando, con ello,  de confundirnos, cuando el mismísimo Banco de España le ha señalado al ministro eurócrata que éste ha ofrecido los datos de afiliación en términos brutos sin descontar los trabajadores en ERTE, ya que, aunque mantengan la afiliación a la seguridad social, lo hacen de manera nominal y por el único motivo de que lo financia el Estado, pero en ningún caso se puede decir que están trabajando. Es más, la inmensa mayoría de los trabajadores en ERTE pasarán a ser trabajadores parados porque sus empresas habrán desaparecido.

Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias al Ayuntamiento de Aller por facilitarme, una vez más, esta magnífica tribuna de la Casa de la Cultura de Moreda para la presentación de mi libro, gracias al compañero Castañón por sus palabras hacia mi persona que no responden sino al aprecio que nos tenemos ambos, y, como no, gracias a los compañeros y compañeras de la tertulia ENCUENTROS por ofrecerme la posibilidad de publicar la obra.

“ASTURIAS SAQUEADA” es un libro del que me siento especialmente satisfecho, aunque debo de reconocer que hubiera preferido escribir sobre una Asturias plena de trabajo y prosperidad al servicio de España como lo fue tantos años atrás. Es una crónica escrita en carne y hueso de lo que ha ocurrido en nuestra comunidad desde la revolución del 34 hasta nuestros días. Una crónica realizada en clave de lucha por la libertad, la igualdad y la solidaridad, donde sus hombres y mujeres son los principales protagonistas.

“ASTURIAS SAQUEADA” es un libro para la lectura y la reflexión que forman todo un cuerpo de acción, de pensamiento de ideas, de principios y de valores políticos, pero también es un libro que denuncia la CORRUPCIÓN en nuestras instituciones y, cómo no, en el sindicalismo minero al que he dedicado los años más importantes de mi vida, siempre concibiendo el sindicalismo de clase fundamentado en una escala de principios y valores.

Si para unos el sindicato era considerado como una mera correa de transmisión respecto a los partidos, y para otros el sindicato sigue siendo considerado como un arma política para medrar o hacerse una carrera profesional, para mí el sindicalismo ha sido y sigue siendo la expresión de una lucha reivindicativa a la par que de transformación cualitativa de las relaciones sociales y de producción. Por eso hay que tener mucho cuidado con esa seudo-izquierda compuesta en gran parte de oportunismo y arribismo.

Aquellos que más gritan ahora que son de izquierda son los que no lo han sido nunca, los que durante muchos años atrás han navegado a favor de la corriente, sin haber conocido lo que es la penuria e indiferentes a los sufrimientos y preocupaciones del pueblo, de la clase trabajadora. Para esa gente, la izquierda es como un valor de bolsa; se apuntan a ella según la cotización que alcance en el mercado.

Una izquierda auténtica y digna de ese nombre en absoluto se improvisa y mucho menos se logra por permanecer unos días de acampada en cualquier plaza o lugar cantando la Bella Ciao y la Marsellesa. Se pueden improvisar insignias, banderas de muchos colorines, etiquetas, publicaciones a todo lujo y cuentas corrientes, pero nunca una conciencia de izquierda lograda de manera express. Para lo primero solo hace falta dinero – en su mayoría logrado por métodos mafiosos y una buena dosis de cinismo -; lo segundo se logra a través de la honradez, la honestidad, el espíritu de sacrificio, la integridad moral y el idealismo.

La izquierda es la virtud. Y es que, cualquier movimiento político que no sea virtuoso jamás puede ser de izquierda, por mucho que se insista en la estrategia del magnate húngaro George Soros entre “los de abajo y los de arriba”, a la vez que llamando “estafa” al juego de izquierda-derecha. Para mí, ser de izquierda no significa otra cosa que seguir aspirando a ennoblecer el mundo hasta lograr desterrar la injusticia y la ignominia del mismo.

En su libro “POLÍTICA” y en sus libros de ética, Aristóteles nos demuestra que la base de la “polis” no puede ser otra que la virtud, fuente de la amistad y la justicia, porque un Estado carente de virtud, nos dice el gran filósofo griego, degenera finalmente en tiranía, oligarquía o demagogia.

Actualmente, en la situación que nos toca vivir en este mundo globalizado, agravado por la globalización del coronavirus, la amistad ha sido cambiada por el odio, y cuando el odio rompe el marco de la subjetividad se transforma fácilmente en terrorismo, totalitarismo, dictadura fascista, delincuencia política, bombas, atentados y guerras, demasiadas guerras, aunque algunas, como la del Coltán en la República del Congo, no ocupen las páginas de los periódicos a pesar de llevar más de cinco millones de muertos desde 1997 hasta nuestros días.

Desde mi punto de vista, la gran tragedia de la izquierda actual es que carece del espíritu obrero que toda izquierda verdadera debería poseer. Sus líderes y lideresas hablan en nombre del pueblo, pero no son el pueblo, con el que nunca han convivido estrechamente y al que solo conocen como masa. En sus mítines, congresos y asambleas hablan de igualdad y de socialismo, pero en su manera de vivir y actuar enseguida imitan los modales y vicios de la propia burguesía, en cuyo seno se han formado la inmensa mayoría de ellos.

“ASTURIAS SAQUEADA”, tal y como ha quedado dicho, es también un libro que denuncia la CORRUPCIÓN, en este caso dando continuación en sus páginas a la corrupción en el sindicalismo minero, objeto de mi libro sobre el VILLAMOCHO.

Efectivamente, nos encontramos ante la historia de una mafia, la mafia del SOMA-UGT-PSOE, donde solo se ha abandonado la bandera negra con la calavera por el estuche negro del ordenador; y la maleta con la ametralladora por el maletín del ejecutivo para diferenciarla de la mafia caponesca del Chicago de los años 20 o de las actuales mafias calabresa y siciliana.

En Asturias, la mafia del SOMA-UGT-PSOE ha pasado a conocerse por el VILLAMOCHO, cuyos principales capos, resultaron sentenciados judicialmente con años de cárcel, al igual que ha ocurrido con los casos de la Marea Riopodrense o el Niemeyer, y puede volver a reproducirse nuevamente con los casos del Montepío de la Minería con el “Caso Hulla” o el los fondos de la formación de UGT, muy próximos a iniciar sus juicios orales en los Tribunales de Justicia.

Sin embargo, lo más grave en el caso que nos ocupa de la “ASTURIAS SAQUEADA”, es que la corrupción política y económica ha servido para llevar a una región próspera y rica como Asturias a la más de las paupérrimas miserias, hasta dejarla transformada en un auténtico paraje lunar, con mucho mayor deterioro de nuestras comarcas mineras, como consecuencia de haberse cargado el sector minero-energético-siderúrgico sin haber generado ningún tejido industrial alternativo.

Por cierto, ¿qué ha sido de aquel proyecto en torno al Pozo San Antonio que nos iban a regalar a los alleranos y alleranas aquel «Viaje al centro de la Tierra” reutilizando las instalaciones y galerías del pozo “siendo capaz de absorber todos los empleos que se perdían con el cierre de la instalación minera”?

¿Alguien ha disfrutado de aquel balneario subterráneo que se iba a montar en la planta undécima del pozo San Antonio aprovechando las aguas termales y condiciones ambientales del interior de la mina? ¿Alguien ha tenido el privilegio de tomar unos culetinos de aquella sidra que se iba a producir en los llagares diseñados en la planta tercera del pozo aprovechando las condiciones ideales para la fermentación de la sidra? ¿Conocéis algún proyecto para el almacenaje del ceodós que figuraba en aquel engaño a un pueblo? ¿Qué ha sido de aquellas plantas geotérmicas que se iban a instalar en las galerías mineras para bombear agua a la superficie a distintas temperaturas para resolver la climatización en verano e invierno de los edificios en las poblaciones de Moreda y Caborana por medio de un sistema de techos o suelos radiantes? ¿Cómo saben aquellos champiñones que se iban a producir en las galerías mineras por medio de la agricultura no fotosintética?

Se sabe, eso sí, que los jabalíes están tomando posesión en los pueblos que se van quedando despoblados por todas las comarcas mineras,  y ello a pesar de las cantidades multimillonarias de euros que se destinaron en concepto de Fondos Mineros, sobre todo en hormigón para hacer carreteras, de tal manera que ese 40 % de paro juvenil en nuestra región tenga más facilidad para largarse del pueblo que les ha visto nacer, por cierto, en muchas ocasiones con  escasa formación, debido, entre otras cuestiones, a que las cantidades multimillonarias destinadas para su formación fueron destinadas, en el mejor de los casos, a la financiación de las estructuras burocráticas de los partidos, empresas y sus correspondientes “élites del pandillerismo sindical”. ¡¡¡ Por si alguien duda, que se lo pregunten a la Unión General de Timadores, actualmente con muchos de sus dirigentes camino de la cárcel!!!

Pero, más allá de los terribles efectos secundarios de la corrupción, la “ASTURIAS SAQUEADA” cuenta la historia de una eterna promesa para ganar el futuro, donde nunca ha habido una estrategia definida para la reindustrialización, aunque si hubo montañas de dinero, por cierto, muy mal gastado, cuando no robado, y ante esta carencia de planes, los profesionales de la política lo han fiado casi todo a las infraestructuras, donde las inauguraciones con sus correspondientes “mordidas” del hormigón sirvieron como  vara de medir a los gobiernos del bipartidismo turnista del PPSOE, de tal manera que el exministro y vicepresidente del gobierno del PP, Francisco Álvarez Cascos, aprovechaba las vacaciones de Aznar para erigirse como el rey del Norte, eso sí, en perfecta connivencia con el virrey somático del PSOE en Asturias, el recluso en libertad, Fernández Villa.

Por eso, el fallecido Tini Areces no tenía un sueño, sino tres: la ampliación del Musel, el Niemeyer y el HUCA, todos ellos auténticos dislates financieros muy bien documentados, aunque, siendo verdad que estos se acabaron, no es menos cierto que su financiación se esté dilucidando, al igual que ocurre con el geriátrico del Montepío Minero en Felechosa, en los Tribunales de Justicia.

La cruda realidad queda plasmada en el último y muy reciente informe de EUROSTAT que resulta demoledor para nuestra región, con una imagen tenebrosa en la que la “ASTURIAS SAQUEADA”, con el 18 por ciento de paro, se sitúa entre las 20 regiones de Europa con mayor tasa de desempleo, con un nuevo y amargo récord de paro juvenil en torno al 40 % y unas cifras de larga duración que asustan al más optimista.

Más de 40.000 jóvenes menores de 35 años han emigrado de Asturias en la última década – según el expresidente de Asturias Vicente Álvarez Areces, era una “leyenda urbana” -, y lo hacen por obligación, porque su tierra natal no les ofrece desde hace mucho tiempo la posibilidad de un salario suficiente para vivir con un mínimo de dignidad.

De las 260 regiones que conforman la Unión Europea de los 27, Asturias se encuentra entre las que ostentan un lugar de preferencia en la cola del paro, siendo solamente superada por ocho comunidades españolas, dos francesas y nueve griegas que ostentan el dudoso honor de superar el porcentaje del Principado. De hecho, cinco regiones españolas, con Andalucía a la cabeza, son las que encabezan el ranking europeo.

Esa es la gestión del PSOE en el gobierno de Asturias, aquel partido que protagonizó aquella brutal y salvaje RECONVERSION INDUSTRIAL que, disfrazada bajo el pomposo nombre de MODERNIZACIÓN DEL APARATO INDUSTRIAL, supuso el cierre masivo de nuestra minería, de nuestras industrias, de nuestra agricultura y ganadería, sin un desarrollo paralelo de un nuevo tejido industrial, en el que sectores enteros fueron desmantelados y miles de trabajadores pasaron a engrosar las cifras del paro, una operación que continuaron ejecutando sus socios del bipartidismo turnista PPSOE.

Sí, amigas y amigos, esa es la cruda realidad de nuestra minería, de nuestra industria, y todo ello para dejarnos entrar en el elitista club de la Comunidad Económica Europea, donde nuestros futuros socios europeos exigían al gobierno felipista que iniciara un suicida desmantelamiento de sectores enteros de nuestra economía ya que, si no lo llevaban a cabo, jamás autorizarían el ingreso de España, entre otras cuestiones, porque los fundadores de Europa – como si nosotros viniéramos de otra galaxia – no querían ningún tipo de competencia para sus productos y no podían permitir la entrada de un país que figuraba entre las diez potencias industriales del mundo.

Es verdad que la crisis se ha llevado por delante una gran parte de nuestra riqueza material, pero no es menos verdad que nuestra riqueza material ni estuvo ni está siendo defendida y gestionada por personas decentes, sino por auténticos  “sicarios” al servicio de la burguesía española, perfectamente representada por el bipartidismo turnista del PPSOE, surgido de la segunda restauración borbónica de 1978, de tal manera que la falsa bonanza económica que precedió a la crisis se había llevado una buena parte de nuestros valores, y sólo desde un pensamiento sincero, crítico, limpio, claro, generoso y humilde podemos regenerar nuestra conciencia para que el futuro se asiente sobre unas bases sólidas.

Sin embargo, los indicadores del bienestar social, tales como la larga esperanza de vida, las altas pensiones, los niveles de renta y de consumo superiores a la media española con tasas de pobreza y de desigualdad sensiblemente inferiores, en absoluto reflejan la magnitud del problema que tiene Asturias.

Pero, este bienestar tan solo esconde una relación con lo que ha sido una fortaleza del movimiento obrero, con las compensaciones recibidas a cambio del desmantelamiento de los sectores industriales en los que se asentó aquella prosperidad que no volverá, al menos sobre aquellas bases de una región de la vieja industrialización del carbón y del acero como la nuestra. Más bien todo lo contrario, cuando el porvenir sigue amenazando un empeoramiento en la medida que vayan desapareciendo las transferencias de las rentas que, por ahora, siguen manteniendo algo más que una economía de ficción, sin olvidarnos de que la ratio de 1,2 entre trabajadores ocupados y pensionistas hace de la Seguridad Social el más importante sostén de la región asturiana.

Aquella Asturias obrera, dinamitera, revolucionaria, antifranquista e industrial. Aquella Asturias de migrantes y acogida, de asturianos y asturianas que aún conservan su acento extremeño, andaluz, gallego o portugués. Aquella Asturias que fuera hogar de mujeres que hicieron posible la resistencia clandestina contra la dictadura, pagando con torturas su papel imprescindible en las huelgonas de los años 60. Aquella Asturias es la que permanece hoy en la UVI, agonizando a la vez que olvidándose de que la lucha fue y sigue siendo el único camino para encarar el futuro como un colectivo que confíe en sus posibilidades de progreso.

Puede que ahora estemos en una encrucijada, pero estar en la encrucijada es justamente lo contrario de encontrarse en un callejón sin salida. Todo es dar con el camino, y “se hace camino al andar”.

Y para andar ese camino tenemos que unir todas nuestras fuerzas antes de seguir disgregándolas, porque esa es una tarea de nadie en particular y de todos en general que requiere sumar y no dividir voluntades y esfuerzos, estimular iniciativas, sembrar solidaridades, y remontar adversidades como siempre supo hacer el pueblo asturiano, que tiene en su tradición, en su gerencia, en su atractivo y en sus gentes, sobre todo en sus gentes, los mejores instrumentos para superarse.

Lo que sí conviene saber es que para salir de esta dramática situación tenemos más recursos que nunca: más ciencia, más tecnología, más infraestructuras, mucho carbón, mucha agua, mucha masa forestal, y sobre todo mucha tradición industrial… Solo necesitamos recuperar la educación y los valores. Y, por supuesto, la voluntad de asentar sobre ellos una justicia insobornable, sólida y humana. Y no demos vueltas a la pirindola para llegar al mismo sitio de partida, porque mientras la justicia no sea justicia, nunca habrá justicia.

Creíamos que el bienestar era poco menos que eterno. Pero el virus de la codicia se ha llevado por delante las certezas y ha teñido de oscuridad los horizontes. Allí donde había luz hay sombra, allí donde había calma hay desasosiego, allí donde había seguridad hay incertidumbre y angustia. Y lo que es peor aún: allí donde había despilfarro comienza a aparecer el drama del hambre.

Pero, el PARO es algo más que un número, compañeras y compañeros, y mucho más que una simple estadística partidista. Es un drama, es un cáncer que desgarra la persona que eres, el hombre o mujer que algún día fuiste, ese o esa que se creía libre por poder pagar sus cosas, por no depender, por no vivir bajo la manutención de otro.

La situación de un parado temporal puede ser más o menos incómoda. La situación de un parado a la espera del tan cacareado Ingreso Mínimo Vital es angustiosa y deprimente, pero la situación de un parado sin esperanza es sencillamente destructiva, y solo una sociedad enferma puede permanecer impasible ante la aniquilación humillante de algunos de sus miembros. Es algo radicalmente inhumano.

¿Qué está pasando en esta sociedad? Pues, lisa y llanamente, que alrededor de la crisis económica se está instaurando un mensaje muy peligroso. Una política, al margen de la economía, que está cuestionando la estructura de un estado social y democrático. Es la política la que está socavando sus cimientos. Y ya sabemos lo que hay detrás de la democracia. Se está poniendo cerco a la sanidad y a la educación pública. Se limitan las prestaciones por desempleo. Se está acabando con la Ley de la Dependencia, de tal manera que los pobres son cada día más pobres.

¿Qué futuro nos espera? Más pobreza, menos igualdad, menos derechos. Decía un economista importante, que no se puede construir el futuro sin presente. Y es que el presente se está destruyendo, para construir a su alrededor un estado del “sálvese quien pueda” en un ambiente cada vez más deshumanizado, sin que ni siquiera nos impacten las cifras de paro, ni de las personas que ocupan plazas de pobreza, ni las imágenes terribles de los desahucios por haber perdido el puesto de trabajo, ni las personas que mueren todos los años por no poder pagar la factura energética.

A la vista de esta cruda realidad, resulta harto difícil, por no decir imposible, que la nueva política pueda brotar de las madrigueras en las que siguen atrincheradas las comadrejas de la vieja política. El milagro del arrepentimiento y la redención por las buenas obras siempre es posible. Pero será eso: un milagro. Y los milagros solo existen en aquella historia sagrada que nos contaban en la escuela del nacionalcatolicismo. La cruda realidad es que, seguir viviendo, respirando, amando, riendo, y siendo capaces de salir adelante a pesar de todo, son los grandes y únicos milagros que todos deberíamos celebrar cada día.

En todo caso éste es el rasero por el que debiéramos de apostar en cada momento a la hora de elegir a los hombres y mujeres que tienen que regir los destinos de nuestro pueblo: el que esté dispuesto a cambiar la ley electoral, a imponer la democracia interna en los partidos, a devolver la independencia al poder judicial, a renunciar a aforamientos y demás privilegios, a predicar con el ejemplo dando un paso atrás ante la menor sospecha de connivencia con la corrupción, a incluir mecanismos de participación ciudadana en el proceso legislativo, a poner fin a los desahucios de la vivienda,  promulgando una Renta Básica Universal, nacionalizando el sector energético en su conjunto, poniendo fin al “austericidio” y blindando el sistema público de las pensiones como uno de los derechos fundamentales de la Constitución, entre otras cuestiones vitales.   Ése representará a la nueva política. Lo demás será seguir construyendo chimeneas, cada vez más altas, para seguir vendiendo fumo y más fumo.

Parafraseando a Aristóteles, se puede afirmar que sólo existen dos tipos de gobernantes: los que defienden al pueblo del DINERO y los que defienden el DINERO del pueblo. Lo demás será, lisa y llanamente, más de lo mismo: Paro y Corrupción y más Corrupción y Paro, y lo más grave para una sociedad, que los votantes que sigan votando a los corruptos, sabiéndolo como lo saben, serán, por lo menos, sus cómplices.

No nos engañemos, ni nadie trate de engañarnos. La ciudadanía acude gozosa a las urnas, una vez cada cuatro años – a veces hasta cuatro veces en menos de cuatro años -, integrándose en la máquina administrativa del Estado, olvidándose de sí misma y de la sociedad, para elegir las pirámides de burócratas de partido, con un jefe absoluto en la cúspide, que aspiran a estar detrás de la ventanilla en todas las manifestaciones externas del Estado.

Mientras que los resortes del poder interno del Estado, los que otorgan privilegios y concesiones al gran capital, ni se rozan en las elecciones ni en los programas de los partidos gobernantes, convirtiendo el voto en una baratísima y obnubilante gallofa que los amos del dinero tienden a las masas para hacerles creer que rigen sus destinos, mientras ellos se dedican a despojar la riqueza de las naciones y concentrarlas en unas pocas manos.

No hubo ni izquierda ni derecha que haya osado oponerse, desde el Gobierno y en defensa de la libertad, a las grandes concentraciones de poder financiero y mediático, suficiente para deducir que la corrupción es inseparable del estado de partidos y que la naturaleza del Régimen que vivimos es la propia de una oligarquía, donde el 1% de la población más rica en España concentra una cuarta parte de la riqueza (25,1%), casi lo mismo que el 70% de la población (32,1%).

Sin embargo, amigas y amigos, la democracia institucional es posible. Basta con cambiar el sistema electoral y separar los poderes del Estado. Basta con dar a la ciudadanía el derecho de elegir a sus representantes. Basta con prohibir el escandaloso cinismo de que hombres y mujeres de un mismo partido, y de una misma elección, sean a la vez legisladores, gobernantes, jueces, administradores, consejeros jurídicos y auditores del Estado. ¡¡¡ Son la misma cosa, y a esto yo lo llamo dictadura plural!!!

Efectivamente, los electores votan, pero no eligen, porque refrendar una de las listas de partido no es elegir. Los integrantes de las listas no son elegidos por los votantes, sino por los jefes de partido y, por lo tanto, no representan a los electores ni a la sociedad civil.

¡No! No se vota a diputados de los electores, del pueblo o de la sociedad, sino a puros delegados de los partidos estatales. Todos los gobernantes y gobernados, apuntalan la colosal mentira de llamar legislativas a lo que realmente son unas burocráticas elecciones administrativas para cubrir puestos de relieve en el Estado; de llamar representantes del pueblo a simples delegados de partidos; de llamar separación de poderes a la simple separación de funciones públicas entre personas de una misma obediencia de partido; de llamar democracia representativa a esta más que degenerada y corrompida oligarquía estatal.

En fin, amigas y amigos, no es mi intención contaros todo el contenido de mi libro, porque pretendo que lo lean. Ha sido un placer compartir con vosotros y vosotras estos minutos, y solo me queda agradeceros vuestra paciencia y vuestra amabilidad.

Muchas gracias.

Asturias Saqueada en el Club de Prensa de La Nueva España de Oviedo, el 7 de julio de 2021.

Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a la dirección del CLUB DE PRENSA DE LA NUEVA ESPAÑA por facilitarme esta magnífica tribuna para la presentación de mi libro, y gracias a los compañeros y compañeras de la tertulia ENCUENTROS por ofrecerme la posibilidad de publicar la obra.

“ASTURIAS SAQUEADA” es un libro del que me siento especialmente satisfecho, aunque debo de reconocer que hubiera preferido escribir sobre una Asturias plena de trabajo y prosperidad al servicio de España como lo fuera durante tantos años atrás. Es una crónica escrita en carne y hueso de lo que ha ocurrido en nuestra comunidad desde la revolución del 34 hasta nuestros días. Una crónica realizada en clave de lucha por la libertad, la igualdad y la solidaridad, donde sus hombres y mujeres son los principales protagonistas.

“ASTURIAS SAQUEADA” es un libro para la lectura y la reflexión que forman todo un cuerpo de acción, de pensamiento de ideas, de principios y de valores políticos, pero también es un libro que denuncia la CORRUPCIÓN en nuestras instituciones y, cómo no, en el sindicalismo minero al que he dedicado los mejores años de mi vida, siempre concibiendo el sindicalismo de clase fundamentado en una escala de principios y valores.

Si para unos el sindicato era considerado como una mera correa de transmisión respecto a los partidos, y para otros el sindicato sigue siendo considerado como un arma política para medrar o hacerse una carrera profesional, para mí el sindicalismo ha sido y sigue siendo la expresión de una lucha reivindicativa a la par que de transformación cualitativa de las relaciones sociales y de producción. Por eso hay que tener mucho cuidado con esa seudo-izquierda compuesta en gran parte de oportunismo y arribismo.

Aquellos que más gritan ahora que son de izquierda son los que no lo han sido nunca, los que durante muchos años atrás han navegado a favor de la corriente, sin haber conocido lo que es la penuria y las necesidades e indiferentes a los sufrimientos y preocupaciones del pueblo, de la clase trabajadora. Para esa gente, la izquierda es como un valor de bolsa; se apuntan a ella según la cotización que vaya alcanzando en el mercado.

Miguel Ángel y Antón Saavedra en el Club de Prensa de La Nueva España de Oviedo, el 7 de julio de 2021.

Ocurre que una izquierda auténtica y digna de ese nombre en absoluto se improvisa y mucho menos se logra por permanecer unos días de acampada en cualquier plaza o lugar cantando la Bella Ciao, la Marsellesa o aquella otra de “Antón encendió la mecha…” de Nuberu. Se pueden improvisar insignias, banderas de todos los colores, publicaciones a todo lujo y hasta cuentas corrientes, pero nunca una conciencia de izquierda lograda de una manera express. Para lo primero solo hace falta dinero – en su mayoría logrado por métodos mafiosos y una buena dosis de cinismo -; lo segundo se logra a través de la honradez, la honestidad, el espíritu de sacrificio, la integridad moral y el idealismo.

Porque la izquierda es la virtud. Y es que, cualquier movimiento político que no sea virtuoso jamás puede ser de izquierda, por mucho que se insista en la estrategia del magnate húngaro George Soros entre “los de abajo y los de arriba”, a la vez que llamando “estafa” al juego de izquierda-derecha. Para mí, ser de izquierda no significa otra cosa que seguir aspirando a ennoblecer el mundo hasta lograr desterrar la injusticia y la ignominia del mismo.

En su libro “POLÍTICA” y en sus libros de ética, Aristóteles nos demuestra que la base de la “polis” no puede ser otra que la virtud, fuente de la amistad y la justicia, porque un Estado carente de virtud, nos dice el gran filósofo griego, degenera finalmente en tiranía, oligarquía o demagogia.

Actualmente, en la situación que nos toca vivir en este mundo globalizado, agravado por la globalización del coronavirus, la amistad ha sido cambiada por el odio, y cuando el odio rompe el marco de la subjetividad se transforma fácilmente en terrorismo, totalitarismo, dictadura fascista, delincuencia política, bombas, atentados y guerras, demasiadas guerras, aunque algunas, como la del Coltán que se sigue librando en la República del Congo, no ocupen las páginas de los periódicos a pesar de llevar más de cinco millones de muertos desde 1997 hasta nuestros días.

Desde mi punto de vista, la gran tragedia de la izquierda actual es que carece del espíritu obrero que toda izquierda verdadera debería poseer. Sus líderes y lideresas hablan en nombre del pueblo, pero no son el pueblo, con el que nunca han convivido estrechamente y al que solo conocen como masa. En sus mítines, congresos y asambleas hablan de igualdad y de socialismo, pero en su manera de vivir y actuar enseguida imitan los modales y vicios de la propia burguesía, en cuyo seno se han formado la inmensa mayoría de ellos.

Antón Saavedra en el Club de Prensa de La Nueva España de Oviedo, el 7 de julio de 2021.

“ASTURIAS SAQUEADA”, tal y como ha quedado dicho, es también un libro que denuncia la CORRUPCIÓN, en este caso dando continuación en sus páginas a la corrupción en el sindicalismo minero, objeto de mi libro anterior sobre el VILLAMOCHO.

Efectivamente, nos encontramos ante la historia de una mafia, la mafia del SOMA-UGT-PSOE, donde solo se ha abandonado la bandera negra con la calavera por el estuche negro del ordenador; y la maleta con la ametralladora por el maletín del ejecutivo para diferenciarla de la mafia caponesca del Chicago de los años 20 o de las actuales mafias calabresa y siciliana.

En Asturias, la mafia del SOMA-UGT-PSOE ha pasado a conocerse por el VILLAMOCHO, cuyos principales capos, resultaron sentenciados con años de cárcel, al igual que ha ocurrido con los casos de la Marea Riopodrense o el Niemeyer, y puede volver a reproducirse nuevamente en los casos del Montepío de la Minería con el “Caso Hulla” o el los fondos de la formación de UGT, muy próximos a iniciar sus juicios orales en los Tribunales de Justicia.

Sin embargo, lo más grave en el caso que nos ocupa de la “ASTURIAS SAQUEADA”, es que la corrupción política y económica ha servido para llevar a una región próspera y rica como Asturias a la más de las paupérrimas miserias, hasta dejarla transformada en un auténtico paraje lunar, con mucho mayor deterioro de nuestras comarcas mineras, como consecuencia de haberse cargado el sector minero-energético-siderúrgico sin haber generado ningún tejido industrial alternativo.

Olloniego, como la mayoría de las comarcas mineras, es el prototipo del pueblo creado en torno al pozo minero, cuyo lugar es elegido por la naturaleza, de tal manera que, si este desaparece, como ha sido el caso, y previamente no se ha generado un nuevo tejido industrial que lo sustituya, el pueblo quedará transformado en un erial, en este caso lleno de naves y tendejones que, tratando de indicarnos la creación de algún tipo de industrias, en realidad solo eran eso: chiringuitos levantados con las subvenciones públicas, en su mayoría procedentes de los fondos mineros, en los llamados polígonos industriales de Olloniego I y II, donde los carteles más comunes que se pueden ver es el de “Se vende” o “Se alquila” nave industrial.

La triste realidad de aquel pueblo de trabajo y lucha contra el franquismo que fue Olloniego, queda perfectamente reflejado por las tres hileras de bloque de ladrillo que configuran la barriada minera de la Armatilla, conocida por el “barrio de Corea”, donde la mayoría de sus viviendas permanecen vacías. Una realidad que nos muestra la alarmante y constante pérdida de población desde la década de los 60, como consecuencia del declive sufrido por los cierres del pozo San José nº1 y la no apertura del nº2 en la zona de San Frechoso en Olloniego.

Sin embargo, lo más preocupante, es que el actual alcalde de Oviedo, CANTELI, después de afirmar que no es militante del PP, aunque lo disimula bien, no sepa que Olloniego pertenezca al concejo de Oviedo, y tengo mis dudas de que lo haya visitado oficialmente en alguna ocasión para ver y tratar sus problemas, aunque solo fuera para buscar un lugar adecuado para colocar otra gran bandera para mostrar su patriotismo español.

Y ello a pesar de las cantidades multimillonarias de euros que se destinaron en concepto de Fondos Mineros para los “amiguetes de Cascos y cía”, como la clínica de “los Vega” en Oviedo, pero sobre todo en hormigón para hacer carreteras, de tal manera que ese 40 % de paro juvenil en nuestra región tenga más facilidad para largarse del pueblo que les ha visto nacer, por cierto, en muchas ocasiones con  escasa formación, debido, entre otras cuestiones, a que las cantidades multimillonarias destinadas para su formación fueron destinadas, en el mejor de los casos, a la financiación de las estructuras burocráticas de los partidos, empresas y sus correspondientes “élites del pandillerismo sindical”. ¡¡¡ Por si alguien tiene dudas, que se lo pregunten a los capos de la Unión General de Timadores, actualmente en los Tribunales de Justicia camino de la cárcel!!!

Antón Saavedra en el Club de Prensa de La Nueva España de Oviedo, el 7 de julio de 2021.

Pero, más allá de los terribles efectos secundarios de la corrupción, la “ASTURIAS SAQUEADA” cuenta la historia de una eterna promesa para ganar el futuro, donde nunca ha habido una estrategia definida para la reindustrialización, aunque si hubo montañas de dinero, por cierto, muy mal gastado, cuando no robado, y ante esta carencia de planes, los profesionales de la política lo han fiado casi todo a las infraestructuras, donde las inauguraciones con sus correspondientes “mordidas” del hormigón sirvieron como  vara de medir a los gobiernos del bipartidismo turnista del PPSOE, de tal manera que el exministro de Fomento y todopoderoso vicepresidente del gobierno del PP, Francisco Álvarez Cascos, aprovechaba las vacaciones de Aznar para erigirse como el rey del Norte, eso sí, en una perfecta connivencia con el virrey somático del PSOE en Asturias, el recluso en libertad, Fernández Villa.

Por eso, el fallecido Tini Areces no tenía un sueño, sino tres: la ampliación del Musel, el Niemeyer y el HUCA, todos ellos auténticos dislates financieros muy bien documentados, aunque, siendo verdad que estos se acabaron, no es menos cierto que su financiación se esté dilucidando, al igual que ocurre con el geriátrico spa de Felechosa, en los Tribunales de Justicia.

La cruda realidad queda plasmada en el último y muy reciente informe de EUROSTAT que resulta demoledor para nuestra región, con una imagen tenebrosa en la que la “ASTURIAS SAQUEADA”, con el 18 por ciento de paro, se sitúa entre las 20 regiones de Europa con mayor tasa de desempleo, con un nuevo y amargo récord de paro juvenil en torno al 40 % y unas cifras de larga duración que asustan al más optimista.

Más de 40.000 jóvenes menores de 35 años han emigrado de Asturias en la última década – según el expresidente de Asturias Vicente Álvarez Areces, era una “leyenda urbana” -, y lo hacen por obligación, porque su tierra natal no les ofrece desde hace mucho tiempo la posibilidad de un salario suficiente para vivir con un mínimo de dignidad.

Antón Saavedra firmando ejemplares de Asturias Saqueada en el Club de Prensa de La Nueva España de Oviedo, el 7 de julio de 2021.

De las 260 regiones que conforman la Unión Europea de los 27, Asturias se encuentra entre las que ostentan un lugar de preferencia en la cola del paro, siendo solamente superada por ocho comunidades españolas, dos francesas y nueve griegas que ostentan el dudoso honor de superar el porcentaje del Principado. De hecho, cinco regiones españolas, con Andalucía a la cabeza, son las que encabezan el ranking europeo.

Esa es la gestión del PSOE en el gobierno de Asturias, aquel partido que protagonizó aquella brutal y salvaje RECONVERSION INDUSTRIAL que, disfrazada bajo el pomposo nombre de MODERNIZACIÓN DEL APARATO INDUSTRIAL, supuso el cierre masivo de nuestra minería, de nuestras industrias, de nuestro sector naval, de nuestra agricultura y de nuestra ganadería, sin un desarrollo paralelo de un nuevo tejido industrial, en el que sectores enteros fueron desmantelados y miles de trabajadores pasaron a engrosar las cifras del paro, una operación que continuaron ejecutando sus socios del bipartidismo turnista PPSOE.

Sí, amigas y amigos, esa es la cruda realidad de nuestra minería, de nuestra industria, y todo ello para dejarnos entrar en el gran mercadón de la Comunidad Económica Europea, donde nuestros futuros socios europeos exigían al gobierno felipista que iniciara un suicida desmantelamiento de sectores enteros de nuestra economía ya que, si no lo llevaban a cabo, jamás autorizarían el ingreso de España, entre otras cuestiones, porque los fundadores de Europa – como si nosotros viniéramos de otra galaxia – no querían ningún tipo de competencia para sus productos y no podían permitir la entrada de un país que figuraba entre las diez potencias industriales del mundo.

Es verdad que la crisis se ha llevado por delante una gran parte de nuestra riqueza material, pero no es menos verdad que esa riqueza autóctona ni estuvo ni está siendo defendida y gestionada por personas decentes, sino por auténticos  “sicarios” al servicio de la burguesía española, entre otras cuestiones porque Asturias nunca tuvo su burguesía autóctona, perfectamente representada por el bipartidismo turnista del PPSOE, surgido de aquella restauración francoborbónica de 1978, de tal manera que la falsa bonanza económica que precedió a la crisis se había llevado una buena parte de nuestros valores, y sólo desde un pensamiento sincero, crítico, limpio, generoso y humilde podemos regenerar nuestra conciencia para que el futuro se asiente sobre unas bases sólidas.

Sin embargo, los indicadores del bienestar social, tales como la larga esperanza de vida, las altas pensiones, los niveles de renta y de consumo superiores a la media española con tasas de pobreza y de desigualdad sensiblemente inferiores, en absoluto reflejan la magnitud del problema que tiene Asturias.

Entre otras cuestiones, porque este bienestar tan solo esconde una relación con lo que ha sido una fortaleza del movimiento obrero, con las compensaciones recibidas a cambio del desmantelamiento de los sectores industriales en los que se asentó aquella prosperidad que no volverá, al menos sobre aquellas bases de una región de la vieja industrialización del carbón y del acero como la nuestra. Más bien todo lo contrario, cuando el porvenir sigue amenazando un empeoramiento en la medida que vayan desapareciendo las transferencias de las rentas que, por ahora, siguen manteniendo algo más que una economía de ficción, sin olvidarnos de que la ratio de 1,2 entre trabajadores ocupados y pensionistas hace de la Seguridad Social el más importante sostén de la región asturiana.

Dicho “en román paladino”: la llamada reforma de las pensiones que acaban de firmar los pandilleros sindicales en clara connivencia con el gobierno y la patronal tiene una repercusión mucho mayor en Asturias si la comparamos con  cualquier otra comunidad del Estado español porque, entre otras cuestiones, ninguna otra depende como nuestra región de los ingresos procedentes del sistema público de previsión, de tal manera que las prestaciones de la Seguridad Social equivalen al 22 por ciento del Producto Interior Bruto asturiano y al 11,5 por ciento del español.

Es decir, aquella Asturias obrera, dinamitera, revolucionaria, antifranquista e industrial. Aquella Asturias de migrantes y acogida, de asturianos y asturianas que aún conservan su acento extremeño, andaluz, gallego o portugués. Aquella Asturias que fuera hogar de mujeres que hicieron posible la resistencia clandestina contra la dictadura, pagando con torturas su papel imprescindible en las huelgonas de los años 60. Aquella Asturias es la que permanece hoy en la UVI, agonizando a la vez que olvidándose de que la lucha fue y sigue siendo el único camino para encarar el futuro como un colectivo que confíe en sus posibilidades de progreso.

Sigue habiendo clase obrera, pero ya no las catedrales industriales que la forjaron, aquellas grandes factorías con miles de trabajadores de mono y a turnos marcados por el sonido de las sirenas de la fábrica y los “turullos” de los pozos mineros. Pero ya no existe el movimiento obrero, la unidad de acción de los trabajadores guiados por partidos y sindicatos, con su disciplina, sus valores y su orgullo. Eso no solo pasó a la historia, sino que lo hizo por la puerta trasera que da al patio oscuro del clientelismo y la corrupción.

Puede que ahora estemos en una encrucijada, pero estar en la encrucijada es justamente lo contrario de encontrarse en un callejón sin salida. Todo es dar con el camino, y “se hace camino al andar”. Y para andar ese camino tenemos que unir todas nuestras fuerzas antes de seguir disgregándolas, porque esa es una tarea de nadie en particular y de todos en general que requiere sumar y no dividir voluntades y esfuerzos, estimulando iniciativas, sembrando solidaridades, y remontando adversidades como siempre supo hacer el pueblo asturiano, que tiene en su tradición, en su gerencia, en su atractivo y en sus gentes, sobre todo en sus gentes, los mejores instrumentos para superarse.

Lo que sí conviene saber es que para salir de esta dramática situación tenemos más recursos que nunca: más ciencia, más tecnología, más infraestructuras, mucho carbón, mucha agua, mucha masa forestal, y sobre todo mucha tradición industrial… Solo necesitamos recuperar la educación y los valores. Y, por supuesto, la voluntad de asentar sobre ellos una justicia insobornable, sólida y humana. Y no demos vueltas a la pirindola para llegar al mismo sitio de partida, porque mientras la justicia no sea justicia, nunca habrá justicia.

Asturias Saqueada en el Club de Prensa de La Nueva España de Oviedo, el 7 de julio de 2021.

Creíamos que el bienestar era poco menos que eterno. Pero el virus de la codicia se ha llevado por delante las certezas y ha teñido de oscuridad los horizontes. Allí donde había luz hay sombra, allí donde había calma hay desasosiego, allí donde había seguridad hay incertidumbre y angustia. Y lo que es peor aún: allí donde había despilfarro comienza a aparecer el drama del hambre.

Pero, el PARO es algo más que un número, y mucho más que una simple estadística partidista. Es un drama, es un cáncer que desgarra la persona que eres, el hombre o mujer que algún día fuiste, ese o esa que se creía libre por poder pagar sus cosas, por no depender, por no vivir bajo la manutención de otro, aunque sea su propio padre o abuelo prejubilado o jubilado de la mina o de la fábrica.

La situación de un parado temporal puede ser más o menos incómoda. La situación de un parado a la espera del tan cacareado Ingreso Mínimo Vital es angustiosa y deprimente, pero la situación de un parado sin esperanza es sencillamente destructiva, y solo una sociedad enferma puede permanecer impasible ante la aniquilación humillante de algunos de sus miembros. Es algo radicalmente inhumano.

Pero, ¿qué está pasando en esta sociedad? Pues, lisa y llanamente, que alrededor de la crisis económica se está instaurando un mensaje muy peligroso. Una política, al margen de la economía, que está cuestionando la estructura de un estado social y democrático. Es la política la que está socavando sus cimientos. Y ya sabemos lo que hay detrás de la democracia. Se está poniendo cerco a la sanidad y a la educación pública. Se limitan las prestaciones por desempleo. Se está acabando con la Ley de la Dependencia, de tal manera que los pobres son cada día más pobres.

¿Qué futuro nos espera en consecuencia? Más pobreza, menos igualdad, y menos derechos. Decía un economista importante, que no se puede construir el futuro sin presente. Y es que el presente se está destruyendo, para construir a su alrededor un estado del “sálvese quien pueda” en un ambiente cada vez más deshumanizado, sin que ni siquiera nos impacten las cifras de paro, ni de las personas que ocupan plazas de pobreza, ni las imágenes terribles de los miles y miles de desahucios por haber perdido el puesto de trabajo, ni las más de 7.000 personas que se mueren todos los años por no poder pagar la factura energética.

Antón Saavedra y Miguel Ángel en el Club de Prensa de La Nueva España de Oviedo, el 7 de julio de 2021.

Resulta harto difícil, por no decir imposible, que la nueva política pueda brotar de las madrigueras en las que siguen atrincheradas las comadrejas de la vieja política. El milagro del arrepentimiento y la redención por las buenas obras siempre es posible. Pero será eso: un milagro. Y los milagros solo existen en aquella historia sagrada que nos contaban en la escuela del nacionalcatolicismo franquista. La cruda realidad es que, seguir viviendo, respirando, amando, riendo, y siendo capaces de salir adelante a pesar de todo, son los grandes y únicos milagros que todos deberíamos celebrar cada día.

En todo caso éste es el rasero por el que debiéramos de apostar en cada momento a la hora de elegir a los hombres y mujeres que tienen que regir los destinos de nuestro pueblo: el que esté dispuesto a cambiar la ley electoral, a imponer la democracia interna en los partidos, a devolver la independencia al poder judicial, a renunciar a aforamientos y demás privilegios, a predicar con el ejemplo dando un paso atrás ante la menor sospecha de connivencia con la corrupción, a incluir mecanismos de participación ciudadana en el proceso legislativo, a poner fin a los desahucios de la vivienda,  promulgando una Renta Básica Universal, nacionalizando el sector energético en su conjunto, poniendo fin al “austericidio” y blindando el sistema público de las pensiones como uno de los derechos fundamentales de la Constitución, entre otras cuestiones vitales.  

Ése representará a la nueva política. Lo demás será seguir construyendo chimeneas, cada vez más altas, para seguir vendiendo fumo y más fumo que solo sirve para seguir engañando a la gente.

Parafraseando a Aristóteles, se puede afirmar que sólo existen dos tipos de gobernantes: los que defienden al pueblo del DINERO y los que defienden el DINERO del pueblo. Lo demás será, lisa y llanamente, más de lo mismo: Paro y Corrupción y más Corrupción y Paro, y lo más grave para una sociedad, que los votantes que sigan votando a los corruptos, sabiéndolo como lo saben, serán, por lo menos, sus cómplices.

No nos engañemos, ni nadie trate de engañarnos. La ciudadanía acude gozosa a las urnas, acudimos, una vez cada cuatro años – a veces hasta cuatro veces en menos de cuatro años -, integrándose en la máquina administrativa del Estado, olvidándose de sí misma y de la sociedad, para elegir las pirámides de burócratas de partido, con un jefe absoluto en la cúspide, que aspiran a estar detrás de la ventanilla en todas las manifestaciones externas del Estado.

Mientras que los resortes del poder interno del Estado, los que otorgan privilegios y concesiones al gran capital, ni se rozan en las elecciones ni en los programas de los partidos gobernantes, convirtiendo el voto en una baratísima y obnubilante gallofa que los amos del dinero tienden a las masas para hacerles creer que rigen sus destinos, mientras ellos se dedican a despojar la riqueza de las naciones y concentrarlas en unas pocas manos.

No hubo ni izquierda ni derecha que haya osado oponerse, desde el Gobierno y en defensa de la libertad, a las grandes concentraciones de poder financiero y mediático, suficiente para deducir que la corrupción es inseparable del estado de partidos y que la naturaleza del régimen que vivimos es la propia de una oligarquía, donde el 1% de la población más rica en España concentra una cuarta parte de la riqueza, casi lo mismo que el 70% de la población.

Sin embargo, amigas y amigos, la democracia institucional es posible. Basta con cambiar el sistema electoral y separar los poderes del Estado. Basta con dar a la ciudadanía el derecho de elegir a sus representantes. Basta con prohibir el escandaloso cinismo de que hombres y mujeres de un mismo partido, y de una misma elección, sean a la vez legisladores, gobernantes, jueces, administradores, consejeros jurídicos y auditores del Estado. ¡¡¡ Son la misma cosa, y a esto yo lo llamo dictadura plural!!!

Miguel Ángel, Sole Galeano, María Jesús y Antón Saavedra de la Tertulia ENCUENTROS en el Club de Prensa de La Nueva España de Oviedo, el 7 de julio de 2021.

Efectivamente, los electores votan, pero no eligen, porque refrendar una de las listas de partido no es elegir. Los integrantes de las listas no son elegidos por los votantes, sino por los jefes de partido y, por lo tanto, no representan a los electores ni a la sociedad civil.

¡No! No se vota a diputados de los electores, del pueblo o de la sociedad, sino a puros delegados de los partidos estatales. Todos los gobernantes y gobernados, apuntalan la colosal mentira de llamar legislativas a lo que realmente son unas burocráticas elecciones administrativas para cubrir puestos de relieve en el Estado; de llamar representantes del pueblo a simples delegados de partidos; de llamar separación de poderes a la simple separación de funciones públicas entre personas de una misma obediencia de partido; de llamar democracia representativa a esta más que degenerada y corrompida oligarquía estatal.

En fin, amigas y amigos, no es mi intención contaros todo el contenido de mi libro, porque pretendo que lo leáis. Ha sido un placer compartir con vosotros y vosotras estos minutos, y solo me queda agradeceros vuestra paciencia y vuestra amabilidad.

Muchas gracias.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; y el presidente de CECALE, Santiago Aparicio, aplauden tras la firma del acuerdo del Ejecutivo nacional con los agentes sociales para reformar las pensiones, a 1 de julio de 2021, en Madrid .

A lo largo de la historia, el mundo del crimen ha cambiado muy poco, solo en su aspecto tecnológico tanto en la ejecución como en la investigación, pero los móviles, al margen de los crímenes pasionales, siguen siendo los mismos, esto es el poder del dinero. Por lo tanto, para descubrirlo y desenmascarar a sus responsables nos hemos propuesto seguir el rastro del dinero.

En nuestro país, los actuales planes de pensiones privados llevan ahorrados en torno a los 110.000 millones de euros, esto es la décima parte del Producto Interior Bruto, una pequeña parte de lo que significa el gran negocio de las pensiones en manos de los grandes bancos y aseguradoras cuando logren ganar la guerra iniciada contra el sistema público de las pensiones hasta desaparecerlo, usando, para ello, la vieja estrategia de tratar de convencer de que el sistema público no tiene futuro.

Una estrategia, por cierto, impulsada desde la propia Comisión Europea a través de sus planes de pensiones individuales para complementar los sistemas de pensiones públicos y de empleo existentes, así como los planes privados de pensiones nacionales, en los distintos países del IV Reich (pan-European personal Pension Product-PEPP), regulado por el Reglamento del Parlamento Europeo 2019/1238, de 20 de junio de 2019, de acuerdo con el documento base elaborado por el megafondo de inversión estadounidense BlackRock, dándoles un plazo a sus países miembros hasta junio de 2022 para trasponerlo a sus ordenamientos jurídicos, de tal manera que, según datos de la propia Comisión Europea, los activos gestionados en el gran mercado de las pensiones personales de toda la Unión Europea podría triplicarse hasta los 2,1 billones de euros en 2030.

Es decir, la quiebra premeditada y metódica de la Seguridad Social y nuestro sistema público de pensiones por parte de todos los partidos gobernantes desde 1980 y por la inmensa mayoría del arco parlamentario desde los Pactos de Toledo de 1995 tenían un objetivo muy claro: entregar a los corsarios del neoliberalismo el 45% de la partida del gasto social que actualmente se dedica a las pensiones públicas, esto es, un crimen a cámara lenta, en vivo y en directo.

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, han rechazado que la denominada generación del «baby boom» (nacidos desde finales de 1950 a mediados de 1970) tenga que sufrir ajustes en sus pensiones. En declaraciones a los medios tras la firma en La Moncloa del acuerdo para la reforma de la pensiones, Álvarez y Sordo han reaccionado a las declaraciones a primera hora en TVE del ministro de Inclusión, Seguridad Social, José Luis Escrivá, donde ha avanzado que la puesta en marcha del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional supondrá «un pequeño ajuste en su pensión» para estas cohortes de edad.

No se trata de ningún globo sonda del gobierno, sino de una cruda realidad, hasta el extremo de que si las cosas salen tal y como tiene previsto el ministro Escrivá, más de 13 millones de trabajadores – 80 % de la población activa – tendrán un plan de pensiones de empleo en 2030, un modelo de ahorro complementario que combina una promoción del Estado, la participación de las empresa y los llamados sindicatos mayoritarios de CC.OO. y UGT – son accionistas de Gestión de Previsión y Pensiones SA, del BBVA, donde cada uno de ellos dispone de un 20% de participaciones, y Fonditel, perteneciente a Telefónica, donde controlan un 15% del accionariado, cada uno -, amén de la  transferencia de millones de euros de ahorros a la banca, las aseguradoras y los grandes fondos de inversión. Se trata de ir degradando lo público para que la gente, en el momento en que pase de la pobreza, empiece a ahorrar en las pensiones privadas.

Pero, hablar de las pensiones es hablar de un tema de suma importancia que afecta a diez millones de hombres y mujeres que, por pura biología no solo se encuentra en situación de vulnerabilidad, sino que debido a su statu quo sobrevenido tiene negado optimizar su capacidad renta. Está más allá de la vida laboral, y un porcentaje considerable depende de esa asignación para cubrir sus necesidades vitales, al contrario de los trabajadores en activo que, teóricamente, pueden prosperar, salarial y profesionalmente.

De ahí, la necesidad de seguir exigiendo, como lo vienen haciendo en la calle las mareas pensionistas, el blindaje de nuestras pensiones en la Constitución como uno de sus derechos fundamentales, que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones, y que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones.

Las pensiones que ahora cobran millones de ciudadanos, capaces de tirar un gobierno abajo cuando se lo propongan, están siendo sufragadas por las cuotas del colectivo de los trabajadores en activo. De ahí la eticidad del ecosistema de las pensiones públicas en la modalidad de reparto ahora tensionado por la ultima reforma, de tal manera que cada generación asiste con su esfuerzo a la precedente para que el vínculo social trascienda del cerco privatista de la mera individualidad.

Nadie puede ignorar que el sistema público de pensiones tiene que corregir sus evidentes deficiencias estructurales para cumplir su misión constitucional en el Estado social y democrático de derecho, pero una cosa muy distinta es aprovechar la crisis pandémica para aplicar la doctrina del miedo, manipulando el engranaje del mecanismo como si fuera un ente aislado de la realidad. Antes del harakiri que algunos pregonan como salida del atasco, sería más que necesario tratar de que el país cambiase hacia un modelo productivo más justo y de mayor valor añadido; buscando el pleno empleo con mejores retribuciones; aumentando la productividad y las inversiones para dotar al tejido industrial de músculo competitivo; acabar con la fuga de cerebros (padecemos la mayor tasa de paro juvenil de la UE, población de riesgo sobre la que pende la espada de Damocles de una deuda pública que roza el 130% del PIB); combatiendo el fraude fiscal, la economía sumergida y la corrupción, a la vez que destopando al alza las cotizaciones de las carreras salariales VIPS…

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al factor de sostenibilidad producirá un “ajuste moderado” sobre la pensión de los llamados ‘baby boomers’. Escrivá, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha explicado que el acuerdo de pensiones alcanzado con los agentes sociales define en términos generales lo que es este mecanismo, que aún está por concretar, para lo que las partes se han dado de plazo hasta el 15 de noviembre. Una vez listo, la idea es introducirlo en la reforma a través de una enmienda al proyecto de ley (01-07-2021)

En definitiva, está confirmándose por parte de todos los partidos la hoja de ruta trazada en la última reunión del Pacto de Toledo, cuando quedaron aprobadas las 21 recomendaciones, ratificadas el 19 de noviembre en el Congreso por 262 votos a favor, 78 abstenciones y dos votos en contra. Adversarios en casi todo lo demás, el bloque gubernamental PSOE-Unidas Podemos se amancebaba con el Partido Popular y C,s para dar vía libre al crimen de las pensiones o “pensionazo” tras el acuerdo a tres bandas suscrito el pasado uno de julio por el gobierno de coalición progresista PSOE-Unidas Podemos y los autodenominados “agentes sociales” (la nueva troika formada por la CEOE, CC.OO. y UGT), donde el ministro Escrivá aprovechó para revelar la propina que llegará pasado el verano para que los jubilados del Baby Boom – ocho millones de trabajadores nacidos entre 1960 y 1975 – trabajen más para cobrar menos.

Ni siquiera Unidas Podemos, ahora en el gobierno, ha rechazado lo que al respecto todavía se puede leer en sus respectivos programas, cuando defendían la jubilación a los 62 años, rematando la actual ministra de trabajo, Yolanda Diaz, que “nuestro grupo es el único que habla claro, no vamos a estar en un pacto en el que se quiere recortar las pensiones. Quien quiera estar que esté” (eldiario.es 19/02/2019). En política soplar y sorber al mismo tiempo es casi un endemismo cuando se trisca desde la ardiente oposición al confort gubernamental.

Además, en los casos de prejubilaciones forzosas o involuntarias (las que tienen lugar por extinciones de contrato por razones objetivas), se prevén nuevos coeficientes que permiten a estos trabajadores jubilarse a partir de los 61 años, aunque con reducciones que pueden llegar hasta el 30% de la cuantía de la futura pensión (El Economista, 28 de junio de 2021)

Hace algunos días, escribía yo en este periódico (LNE,16-07-21) un artículo con el mismo título del que ahora me dispongo a escribir una segunda parte del mismo, y ello se produce como consecuencia de algunas peticiones a través de las redes, para que aclarara ciertos aspectos referidos, tanto a la generación del baby boom (ocho millones de trabajadores nacidos entre 1960 y 1975) , la cual, según el ministro, no tendría más remedio que trabajar más o cobrar menos, como a la eliminación del tan cacareado factor de sostenibilidad, aunque sería el propio ministro quien saldría de inmediato para decir que ese día no había estado muy afortunado en sus manifestaciones, aunque la cruda realidad fue que acababa de descubrir el crimen que el gobierno, junto con la troika CEOE, CC.OO. y UGT, llevaban a efecto el pasado 1 de julio de 2021. 

Es decir, ese día, después de sufrir la humillación y el bochorno, el ministro había roto la táctica del presidente Sánchez, descubriendo el crimen que el gobierno tenía enfriando en la “piedrona” a la vez que revelaba que el acuerdo firmado a bombo y platillo no era más que una llamarada de fumo, donde lo importante quedaba por determinar. Mero teatro, encaminado, por una parte, en el interior, a la publicidad y la propaganda, y en el exterior, a contentar a Bruselas transmitiéndole la idea de que se está camino de la reforma, pero dejando sin concretar lo principal, que también será lo más negativo, dado que no se piensa modificar el esquema clásico de la separación de fuentes de financiación, esto es, ir aceptando poco a poco la convención de que las pensiones deben financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales prescindiendo de las aportaciones del Estado. Por cierto, ¿por qué preocupa tanto el equilibrio presupuestario de las pensiones, y no el de la Casa Real, la Iglesia, el Ejército o la Policía?

Hablemos claro. Lo que realmente está en crisis es el Pacto de Toledo, no las pensiones públicas, pero desde los inicios de la crisis, el lobby de los planes de pensiones privadas incrustado en el gobierno ha encontrado en la Comisión Europea un aliado ideal para seguir recortando prestaciones a la vez que alargando el tiempo de trabajo necesario para acceder a una pensión en vez de abordar el problema en toda su profundidad. Así, en el año 2010, el ultimátum de la CE al gobierno de Zapatero llevó a la congelación de las pensiones contributivas y, un año después, a la ley de reforma de la Seguridad Social, que retrasaba la edad de jubilación de 65 a 67 años, entre una batería de medidas que hacían mucho más complicado el acceso a una pensión o a cobrar la pensión máxima.

En 2013, el gobierno de Rajoy ponía las cosas todavía más difíciles con su “decretazo”, que endurecía las condiciones de acceso a la jubilación anticipada, amén de una merma constante en el poder adquisitivo al desvincular la actualización de las pensiones de la inflación, de tal manera que, gracias a las reformas realizadas por Zapatero y Rajoy en 2011 y 2013, los pensionistas perdían  en 2017 la cantidad de 1.200 millones de euros, una media de 200 euros por cada uno de ellos, logrando, con la introducción del factor de sostenibilidad a partir de 2019, centrar los debates en la “insostenibilidad” del sistema público, aunque pasando por alto la falta de garantías y la grave crisis donde se encontraban y se encuentran los planes de pensiones.

La película “Enron, los típos que estafaron a América”, relata el caso de la empresa Enron Corporation que, en quince años, pasó de ser una pequeña empresa de gas de Texas a convertirse en el séptimo grupo empresarial de mayor valor en Estados Unidos, y que acabó en la quiebra absoluta dando lugar a uno de los mayores escándalos de la historia financiera de Norteamérica, con graves repercusiones políticas, salpicando incluso a la Casa Blanca. En la misma se explica cómo los directivos de esta empresa llegaron a convertirla en tan poco tiempo en un imperio financiero. El resultado: varios miles de desempleados y víctimas de esta estafa, sin posibilidad de recuperar sus fondos de previsión social.

Solo a modo de ejemplo, el colapso de ENRON ha servido, entre otras cuestiones, para poner de relieve la vulnerabilidad de las amplias capas de la población cuyas pensiones están ligadas al régimen de ahorro tan característico de la economía neoliberal, afectando la quiebra no sólo a los empleados de ENRON, sino también a decenas de millones de titulares de planes de jubilación y de planes de pensiones de beneficio definido. La impotencia de los trabajadores de ENRON y de todos cuantos tenían invertidas sus pensiones en acciones y bonos de la empresa forma parte del funcionamiento normal del actual régimen de ahorros que se trata de implantar en nuestro país.

Efectivamente, siendo verdad que se ha eliminado el factor de sostenibilidad, no es menos cierto que el mismo se ha sustituido por un mecanismo de equidad intergeneracional, que tiene, no nos engañemos, los mismos efectos, uno que otro, esto es, el ajuste y los recortes, aunque también es verdad que será a partir del 2022. Ese es el numerito al que se han prestado las élites del sindicalismo mayoritario de UGT y CC.OO.

Del tema de las pensiones, el gobierno y sus compinches han escogido aquellos elementos menos problemáticos, posponiendo para más adelante los ajustes y los recortes. Y esto esta ocurriendo, después de repetir por activa y por pasiva que los fondos europeos llegaban sin condiciones. Sin embargo, cada día resulta más innegable que cuando pase el tiempo de la calentura en el que todo son facilidades para gastar, motivado por ese intento de que se recupere la economía española, Bruselas retornará a sus dogmas para imponer sus límites y restricciones que, en absoluto, serán suaves, teniendo en cuenta el endeudamiento público en torno al 130% del PIB. Endeudamiento que solo se puede mantener por el apoyo del BCE, pero a condición de que la situación sea muy inestable, y seamos totalmente dependientes de esa institución.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que más de tres millones de jubilados cobran pensiones que quedan por debajo del umbral de pobreza, fijado en 8.200 euros anuales. Gestha apunta que 3,15 millones de pensionistas reciben retribuciones inferiores al umbral de pobreza, casi un tercio del total (un 32,6%), un porcentaje que es mucho más alto en Melilla (45,4%) o Canarias (40,6%) que en Asturias (23,8%), Aragón (26,1%) o Madrid (26,8%). En términos absolutos, el mayor número de pensionistas por debajo del umbral de pobreza se da en Andalucía (651.617) y Cataluña (521.763).

En definitiva, el acuerdo firmado apenas recoge ninguna novedad importante. Tan solo nos confirma que se va a continuar por un camino equivocado, y que además no se ha despejado qué medidas se van aplicar para transitar por esa ruta. También es verdad que la actualización anual de las pensiones por el IPC nos lo están vendiendo como el principal avance del acuerdo, pero lo cierto es que en los últimos años apenas si tenía algún impacto presupuestario, dada la escasa cuantía de la inflación. Eso sí, seguirán vendiéndonos la moto de que con esta ley se garantiza la actualización para el futuro, pero tal aseveración constituye un espejismo, porque una ley se cambia con otra ley y no se puede asegurar que en caso de crisis o de que se dispare la inflación no se vaya a modificar lo que ahora se establece. De hecho, a pesar de que con anterioridad a la crisis de 2008 estaba establecida la actualización por el IPC de las pensiones, ello no fue ningún obstáculo para que Zapatero las congelase en 2010. Mientras el modelo no se modifique y se garantice la aportación del Estado, siempre existirá una espada de Damocles sobre las prestaciones que reciben los jubilados.

Además, este acuerdo que no busca sino “acallar” y “dividir” al movimiento de los pensionistas, en absoluto contempla que, en un país como España, con una tasa desproporcionada de paro que, además, en buena medida es crónica, alargar la vida laboral tendrá un efecto negativo sobre el empleo, y en definitiva sobre el presupuesto del Estado, si no se quiere dejar en la indigencia a los parados, aunque después del fracaso vergonzoso del Ingreso Mínimo Vital, todo es posible. Y ello, sin olvidar que el 49,9% de las pensiones, esto es la mitad, no llega a los 667 euros mensuales, el límite que marca la exclusión social, según el último informe de la Red Española de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social

Cuba no está sola. Solo quien es un criminal o quien es un desalmado inconsciente, amoral, mercenario, solo el ser que hurga entre lo podrido del mundo, el gusano, solo él se regodea en la inhumanidad y hace de ella su existencia: solo al actor tan miserable, ¿a quien si no?, le parece que ser parte de la maquinaria del bloqueo le llena de sangre las venas, sangre vampirizada, robada a vidas dignas, y por éstas hablamos del Pueblo de Cuba, martirizado por el criminal más grande que ha existido en la Historia de la Humanidad, el régimen imperial de EEUU.

Era el turno de Cuba. Parecía obvio que, tras las campañas orquestadas contra Venezuela, Bolivia o Nicaragua, la siguiente en la agenda del imperio iba a ser contra la isla caribeña. Y digo bien lo de campaña orquestada, porque, aunque disfrazada bajo el titular de “revuelta espontánea”, uno tiene ya callo duro de tanta propaganda gobbeliana con la que todos los días nos acosan desde esa prensa libre occidental, cuyos “amos” son los mismos que controlan este mundo globalizado.

Cuando todos los medios de comunicación patrios o matrias, deberían de estar informando sobre las nuevas corrupciones descubiertas al rey emérito, ahora convertido en traficante de armas y socio del tristemente famoso Adnan Khashoggui, después de conocerse que ambos amasaron sus colosales fortunas vendiendo armas a las más feroces dictaduras del mundo, a la vez que robando a manos llenas de los contratos del Estado, resulta que el mayor problema de España sigue siendo la situación en Cuba.

Pero, la megacampaña orquestada contra Cuba, no es una más de las que se conocen por el mundo y contra la propia isla, sino que tiene muchos más ingredientes, respondiendo la misma a todo un montaje sincronizado de tal envergadura que se requieren muchos cientos de millones de dólares, más que suficientes para dar de comer a todo el pueblo cubano durante unos cuantos años. Una operación que cuenta con donantes excepcionales, fundaciones de partidos políticos, mecenas, empresas trasnacionales y agencias gubernamentales: desde el magnate judío húngaro, George Soros, pasando por la Fundación FAES de la organización criminal del PP, o la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID).

Ocurre, lisa y llanamente, que la mafia miamense y las élites mundiales no pueden soportar que la Cuba bloqueada desde hace más de sesenta años siga dando ejemplo de dignidad y eficiencia, tal como si pareciera un milagro. Sus campañas sanitarias de solidaridad efectiva por distintos países del mundo, o el desarrollo de sus propias vacunas contra la Covid-19 – Soberana y Abdala -, es lo que les hace revolverse en su malicia capitalista.

Dios los cría y la CIA los junta en Miami, podría titularse la reunión mantenida en el mes de mayo de 2021 por un grupo de mafiosos al servicio de la CIA bajo el patrocinio de una de sus tapaderas (Instituto Interamericano para la Democracia), entre los que había jefes de estado, empresarios, reconocidos terroristas, miembros de organizaciones mercenarias dedicadas a la tarea de la confusión, y personajes que forman parte del aparato mediático contrarrevolucionario para diseñar y poner a punto los atraques y ataques proyectados contra Cuba.

Juan Carlos I habría fraguado su fortuna con la venta de armas a países árabes, según adelantaba este domingo el diario Público. El supuesto fraude se habría llevado a cabo junto al que fue su administrador privado, Manuel Prado y Colón de Carvajal y a partir de la empresa Alkantara Iberian Exports. El medio mencionado sitúa el comienzo de los hechos en 1977, cuando el ahora rey emérito nombra a éste senador y “administrador solidario al 50% de todos sus negocios”. Por aquel entonces, el monarca negocia la creación de una empresa conjunta con el país saudí para canalizar, supuestamente, el comercio entre los dos territorios. El príncipe Fahd- “en aquel momento hombre fuerte del régimen teocrático del rey Jaled, sucesor de Faisal”, nombra al magnate Adnan Khashoggi delegado de la empresa por el lado saudí, mientras que don Juan Carlos nombra a Manuel Prado presidente de la compañía.

Para nadie es un secreto la activa presencia de una red contrarrevolucionaria en Cuba, incitando al odio, propiciando incendios y auspiciando saqueos, repitiendo el patrón de provocaciones que han practicado durante muchos años en Venezuela. El violento tono que están adoptando los voceros de Miami dentro de Cuba no es reportado sólo por el gobierno. sino por otras fuerzas de la oposición que denuncian la irrupción de nuevas camadas de los viejos gusanos, de tal manera que, observando las propuestas que propagan esos grupos, salta a la vista la promoción de un brutal modelo capitalista monitoreado desde Florida. Estas protestas callejeras son normales en América Latina, pero su irrupción en Cuba ha generado un inusual impacto por las consecuencias de esas marchas para el futuro de la región. Movilizaciones significativas, pero no multitudinarias – en su mayoría no corresponden a La Habana, sino que son manipuladas desde Miami -, sin víctimas ni destrozos de significación fueron difundidas con títulos catastróficos, pero en las mismas pantallas y diarios apenas se menciona el asesinato habitual de manifestantes en Colombia, los disparos para cegar jóvenes en Chile o el brutal apaleamiento de los que protestan en Perú.  

Desde que comenzaron las protestas en Cuba circulan por redes sociales diferentes bulos relacionados con ellas. La desinformación sobre las protestas incluye imágenes de manifestaciones antiguas, montajes, falsos tuits de políticos e incluso un tiroteo ficticio ocurrido años atrás, tales como la foto que se adjunta. Los bulos, además, sitúan en Cuba hechos ocurridos en realidad en países como Puerto Rico, Costa Rica o Egipto.

Es verdad, que la pandemia y el derrumbe de la economía han potenciado en Cuba el mismo descontento que se verifica en todas partes, pero no es menos cierto que estos dos terribles agobios del último año han sido terriblemente agravados en la isla por la singular pesadilla del bloqueo yankee, y como no con la falta del turismo en la isla, primera fuente de ingresos en Cuba. Ningún otro país afronta el Covid y la recesión con una restricción tan brutal para adquirir alimentos, medicamentos o repuestos, debiendo pagar costosos fletes o seguros para conseguir financistas dispuestos a lidiar con las sanciones de Estados Unidos. El propio presidente Biden, después de desplegar una campaña electoral macartista en Florida, sigue manteniendo, al igual que su antecesor Trump, la tipificación de Cuba como estado terrorista para acentuar el cerco sobre la isla.

Se trata, en definitiva, de volver a convertir a Cuba en el prostíbulo que era bajo Batista, retirando todas las libertades y derechos conseguidos por las armas y sumir al pueblo cubano en la pobreza y la ignorancia como estaba antes de 1959. Ni siquiera disimulan su odio hasta el extremo de pedir abiertamente la invasión de los marines, aunque sería el propio alcalde corrupto de Miami quien iría más adelante, reclamando la intervención con ataques aéreos semejantes a los perpetrados en Panamá y en la ex Yugoslavia, no en vano la burguesía afincada allí conforma un segmento de gran influencia en el establishment estadounidense, estando totalmente integrada en la estructura del imperio.

Felipe González, Fernández Marugán y Villa en una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Hace unas fechas presentaba yo mi libro sobre “Asturias Saqueada” en mi villa natal de Moreda, surgiendo en el debate establecido una de las muchas preguntas, referida, en esta ocasión, al plan de cierre de las explotaciones mineras de Hunosa que se menciona en el texto, según el “Informe reservado”, fechado en febrero de 1971, para llevar a cabo la operación del “cierre de todas las explotaciones mineras de Hunosa en dos, diez o quince años”.

En efecto, esos documentos que llegaron a mi poder hace escasamente tres años hablan claramente de la muerte premeditada de Hunosa, para lo que solo era necesario buscar a los sicarios que se prestasen a realizar tan criminal operación contra las comarcas mineras y, por extensión, contra el pueblo asturiano y una parte muy importante del pueblo español. Es ahí donde surge la figura del condecorado con la medalla al mérito del Trabajo por el gobierno de España y medalla de oro de la región, hoy condenado judicialmente a cárcel por ladrón, el somático José Ángel Fernández Villa, después de ser nombrado virrey de Asturias durante el reinado de aquel PSOE que, acostándose todos los días republicano sigue despertándose todos los días como monárquico. Sí, el mismo personaje que llegó a ofrecer su vida en el caso de que alguien osara cerrar un solo pozo minero en Hunosa, aunque, después de haberlos cerrado todos, menos el de Nicolasa, él siga estando vivo.

Pero, en el libro se habla de mucho más, se habla de las luchas de los mineros, especialmente a partir de las huelgas del 62 en la cuenca minera de Asturias, tan duramente reprimidas por el gobierno franquista, con la colaboración del propio Villa en su denigrante papel de confidente o chivato, cuyas huelgas serían evaluadas en Washington como una señal a alarma, tal y como se puede recoger del estudio patrocinado por el Pentágono – Proyecto Vulcano, elaborado por el Grupo de Estudios Especiales del Instituto for Defense Analyses, en el que participó la Universidad de Harvard (documento desclasificado) – incluyendo a España entre las dictaduras protegidas por EE.UU., pero con una creciente posibilidad de violencia interna e interferencias internacionales, derivada principalmente de las luchas de los mineros asturianos y su incidencia en el movimiento obrero en muchos puntos del país, como Madrid, Cataluña y País Vasco.

Villa recibiendo la medalla de oro de Asturias de las manos del presidente del gobierno de Asturias, Vicente Alvarez Areces. 

Y es que aquella “modélica transición” no fue, tal y como se pretende hacernos ver, un proceso lineal en el que algunos falangistas y franquistas redomados se reconvirtieron en “demócratas” de toda la vida alrededor del falangista y jefe del Movimiento, Adolfo Suárez, mientras otros se encastillaban en el bunker franquista, con Fraga y los suyos como referentes; sino que aquello fue un periodo de durísimas luchas obreras, estudiantiles y populares, con decenas de muertos, heridos, detenidos y desterrados, como las huelgas de Ferrol, Vitoria, Madrid, Barcelona y, sobre todo, las huelgas mineras de Asturias, con un balance de 2.663 víctimas de la violencia política solo entre los años 1975 y 1983, de las cuales 591 perdieron la vida. Por lo tanto, la llamada “transición” no fue en absoluto un proceso pacífico como se trata de hacer a creer a toda una generación surgida de esos años. Al contrario, fue un momento histórico de violencia extrema, cargado de represión y muerte.

Pero, en el libro se sigue hablando de mucho más, se habla de “Ellos” y de “Ellas”, en dos capítulos específicos, como protagonistas principales a lo largo de las 224 páginas que componen el mismo, entre otras cuestiones, porque a estas alturas de la historia nadie puede poner en duda que la minería fue durante más de un siglo el corazón palpitante de un pueblo, que hizo posible el desarrollo económico, social, político y cultural, aunque los verdaderos artífices de esta hazaña – los mineros y las mineras – se murieron y se siguen muriendo en el anonimato como almas condenadas al olvido. La dramática historia de las minas y sus hombres y mujeres en Asturias ha quedado escrita con sangre, pero no solo con la sangre vertida en las galerías, sino también con la sangre derramada en los campos de combate y en las masacres perpetradas por la burguesía y sus títeres gubernamentales dictatoriales y neoliberales. Al respecto, resulta muy difícil como falso seguir escribiendo la historia de España sin tener en cuenta la Revolución del 34 y sus luchas contra el franquismo en las huelgas del 62, que llegaron a contar con el apoyo de los más prestigiosos intelectuales europeos.

Reparto por las calles de Asturias de eurovillamochos con la imágen de José Ángel Fernández Villa.

Muchos han sido los mártires que, a pesar de haber ofrendado sus vidas a la causa de los oprimidos, fueron ninguneados por la historia oficial. No obstante, aunque sus nombres y apellidos no figuren en las páginas de los libros en las escuelas, sabemos que a ellos les debemos la democracia actual y los procesos de cambio que se van experimentado en el país, lejos de las dictaduras militares y los gobiernos del capitalismo neoliberal que, una y otra vez, siguen vulnerando los Derechos Humanos y los principios democráticos, amparados en la ley de la impunidad impuesta por los dueños del poder.

La memoria histórica, como el patrimonio histórico de los mineros asturianos, son los registros de las luchas que se relatan en “Asturias Saqueada”, entre otras, y que muchas personas desde el anonimato escribieron con letras de molde, sin duda la mayor contribución al patrimonio de esa memoria. Y los estudiantes, a través de los libros de historia, novelas y poemas deben enterarse de que la democracia de la cual gozan hoy, se la deben en gran parte a los mineros y mineras, que supieron luchar a brazo partido, a trancas y barrancas, para que sus hijos no vivieran despojados de dignidad y derechos, para que no se repita la historia del pasado ni sufran los tormentos de otra dictadura fascista. Una memoria que debiera completarse con el destierro fuera Asturias de un personaje tan nefasto para la región como el Villa, eso sí, después de devolver el dinero robado al pueblo y a los propios trabajadores.

“Los resultados son rotundamente malos. De resultados tan adversos, creo que con humildad el PSOE tiene la gran oportunidad de aprender”. “Es cierto que la campaña se ha dado en unas circunstancias extraordinariamente adversas para el PSOE de Madrid, pero quiero decirles con rotundidad que en Madrid volverá la izquierda” (Pedro Sánchez en Atenas, el 10 de mayo de 2021)

Muy pronto ocuparán las estanterías y escaparates de las librerías varías crónicas políticas con el título de “Los cinco días de marzo que cambiaron España” o algo parecido, porque desde el pasado 10 de marzo en el que Ciudadanos y PSOE presentaron en Murcia una moción de censura contra el presidente del PP, López Miras, el mapa político nacional ha sufrido una especie de “terremoto político”.

Un supuesto “terremoto político” cuya onda sísmica sacudía los cimientos del Gobierno de coalición progresista PSOE-Unidas Podemos tras anunciar el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, su renuncia como miembro del gobierno a la vez que presentaba su candidatura a las elecciones para la Asamblea de Madrid que la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, había convocado para  el 4 de mayo, aunque, a decir verdad, la marcha de Pablo Iglesias del gobierno de Pedro Sánchez estaba cantada desde hacía bastante tiempo, bien por las malas si Sánchez lo cesaba una vez que se formase el gobierno en Cataluña, después de las elecciones del 4M en Madrid, o bien por propia decisión de Iglesias como, de hecho, ha ocurrido en la mañana del 15 de marzo, entre otras cuestiones, porque el vicepresidente Pablo Iglesias era muy consciente de que su relación con el presidente Sánchez estaba agotada e inmersa en una tan insoportable como permanente discusión.

En efecto, el día en el que se conocía la intención de presentar una moción de censura en Murcia toda la política institucional del país parecía corresponderse con lo que, efectivamente, tiene toda la pinta de ser todo un “terremoto político”. La respuesta de Ayuso en la Comunidad de Madrid, protegiéndose, mediante convocatoria a elecciones anticipadas autonómicas, contra lo que ella misma anunciaba como traición de Ciudadanos parecía corroborar ese “terremoto”, agrandado mediáticamente con una supuesta réplica en otras comunidades como Castilla-León y Andalucía, aunque todo se vino abajo mediante  la cooptación del PP de tres de los rebeldes diputados murcianos de Ciudadanos, incorporándolos como consejeros del gobierno autonómico a razón de 78.000 euros anuales.

Sin embargo, el que los diputados murcianos de Ciudadanos hayan vendido su voto al PSOE, en nada debiera escandalizar. Que el PP se lo recomprara luego, de segunda mano y a mejor precio, mucho menos, pero quejarse de que en el mes de enero haga frio es una auténtica estupidez.

Entre las muchas cosas que se han oído después de la estrepitosa derrota sufrida por el PSOE en las elecciones del 4M, hay dos que llaman poderosamente la atención: el silencio atronador de Pedro Sánchez, tal y como si él no fuera el secretario general del PSOE, y las declaraciones de Monedero llamando gilipollas a los que votaron al PP siendo camareros que ganan 900 euros de sueldo, dos actitudes que no reflejan sino la distancia, tanto física como social, de una llamada izquierda apoltronada en las instituciones, totalmente alejada de la calle.

Cualquiera que viva en los barrios de Carabanchel, Tetuán, Aluche, Usera, Villaverde o Vallecas sabe perfectamente que el sindicalismo social, esto es, la atención a las familias, en las colas del hambre o en la sanidad, por ejemplo, no ha sido por obra de los gobiernos, sino de la solidaridad de miles de voluntarios o trabajadoras de la sanidad pública. Por eso mismo resulta indignante esa indiferencia del presidente del Gobierno o la prepotencia de Monedero.

Es el rastro de hambre que deja el Covid 19. Afecta a miles de habitantes y sobrepasa las calles de Madrid. Más de 100 mil personas según la federación de asociaciones de vecinos de la capital están acudiendo a los servicios sociales y a las redes vecinales de ayuda para conseguir una bolsa de comida.

Toda metáfora tiene su trasfondo y las utilizadas por Ayuso no fueron una excepción, de tal manera que un PP trumpista supo leer e interpretar la realidad social y política mucho mejor que la llamada izquierda, interpelando no solo a las clases medias conservadoras o a los de La Moraleja, sino a las clases trabajadoras y a miles de jóvenes, mientras que en la izquierda no se supo contrarrestar esos mensajes, y no se supo porque el adversario no era un ejército de fascistas, sino una ciudad harta, agotada y extenuada. No se pudo porque el mensaje de Socialismo o Libertad solo tenía la respuesta de los hechos. Sí, era conocido que la gestión de la Ayuso era un desastre, pero ¿cuál era la del gobierno central, sino una política sanitaria completamente errática y unas ayudas sociales insuficientes y bloqueadas en su mayoría por la propia burocracia del Estado?

Es decir, en la región más rica de España, aportando el 20 del Producto Interior Bruto, aunque presentando las mayores tasas de desigualdad entre sus gentes, era esperado que las urnas reflejaran la tensión política entre ricos y pobres; entre los barrios residenciales y las barriadas populares; entre el centro capitalino, económico y monumental, y las ciudades dormitorio de la periferia metropolitana; entre los partidos llamados de izquierda, defensores del patrimonio común y del solidario reparto de la riqueza producida socialmente, y los de la derecha, acérrimos partidarios de la privatización de lo público y de concentrar la riqueza cada vez en menos manos.

Sin embargo, todo ocurrió de una manera totalmente distinta, cuando las urnas mostraban un triunfo arrollador de la derecha, especialmente de las candidaturas de la organización criminal del Partido Popular, que, con más del doble de escaños en la Asamblea de Madrid, vence en la práctica totalidad de las ciudades y barrios de Madrid, incluyendo los que en su día fueron auténticas fortalezas del movimiento obrero contra la dictadura franquista.

“Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido e institucional”. “Seguiré comprometido con mi país, pero no voy a ser un tapón para la renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política”, ha manifestado rodeado de la plana mayor del partido, incluidas las ministras Irene Montero y Ione Belarra. Iglesias ha asegurado que se ha convertido en un “chivo expiatorio” que moviliza “los afectos más oscuros y contrarios a la democracia” y ha decidido dar un paso atrás consciente de que no contribuye a “sumar” para que el proyecto de Unidas Podemos pueda “consolidar su peso institucional”. “El éxito electoral impresionante de la derecha trumpista que representa Ayuso es una tragedia para la sanidad, la educación y los servicios públicos” (EL PAIS, 4 de mayo de 2021)

Derrota sin paliativos de las izquierdas, que, salvo el grupo de Errejón, entraron al trapo de jugar en el campo de la política nacional, agitado por Ayuso con su consigna “comunismo o libertad”, oponiendo la suya entre “fascismo o democracia”, propuesta por el podemita Pablo Iglesias, evitando de esa manera, entrar en el análisis de la penosa gestión del Partido Popular en Madrid, a la vez que el PSOE reducía su actividad a las homilías de un tal Ángel Gabilondo, de tal manera que dejando muy alejadas las expectativas de recuperar el voto perdido por parte de Unidas Podemos, viéndose incluso superado por sus excamaradas de Más Madrid, que también superaron al propio PSOE, Pablo Iglesias, que, con su estilo de míster Hyde y doctor Jekyll, de predicador bondadoso y mitinero radical, se ha revelado más eficaz como político de oposición que de gobierno, presentaba la dimisión y el abandono de la política en la misma noche electoral.

En efecto, Gabilondo era mal candidato por su más que prolongada ausencia como “lider” de la oposición, pero ante todo la derrota hay que atribuírsela a Pedro Sánchez y a sus geniales “asesores” que le aconsejaron la “operación Murcia” y que su franquicia madrileña del PSM renunciase a proponer que se dejaría de pagar con fondos públicos la parte de los impuestos de los más ricos que hoy subvenciona la Comunidad de Madrid, pero que no le dicen que el Gobierno PSOE-Unidas Podemos debe modificar de manera inmediata la regulación del excluyente Ingreso Mínimo Vital, que ha destrozado la máscara social con la que se autopresentaba el gobierno de coalición “más progresista de la historia”.

”… Estas elecciones ya no van de Madrid, van de democracia. De la defensa de los derechos y las libertades frente a una reivindicación explícitamente fascista y antidemocrática. No reconocer al otro, al diferente, su singularidad, no reconocer a los demás… Esa es la clave de todo”. (El País, 25 de abril de 2021)

Además, lo ocurrido el 4 de mayo rompe el mito de que gana la derecha porque hay muchas personas que se sienten de izquierda, pero no votan: el mito de que, si sube la participación, la izquierda gana. El incremento de la participación favorece a la izquierda solo si previamente se ha ganado la confianza de quienes van a volver a las urnas. En las zonas populares la abstención siempre es claramente superior a la que se produce en las zonas acomodadas, pero la pregunta correcta no sería “¿por qué el electorado de la izquierda no vota?” sino “¿por qué las clases acomodadas tienen una fuerte identificación con la derecha política y las clases populares no la tienen en igual medida con la izquierda política?” ¿No será que, previamente, la izquierda política ha perdido el vínculo social con las clases populares y le resulta más fácil insultar a un camarero que convencerle con sus propios comportamientos? Los votos no son de nadie, hay que ganarlos.

¿Y por qué la izquierda no ha ganado votos en los barrios populares para la izquierda? Por una parte, el sentimiento “ser de izquierdas” es cada vez menos relevante y menos frecuente como identidad fuerte, y no es casual, teniendo en cuenta que la vida de quienes dirigen las organizaciones políticas de “las izquierdas” son muy diferentes de las suyas, tal y como ha quedado demostrado durante la campaña electoral donde los estados mayores de “la izquierda madrileña” no tenían ni idea de lo que estaba pasando en la calle.

En definitiva, el “respaldo social” del que viene alardeando el gobierno PSOE-Unidas Podemos ha dejado atrás a las familias que ya se encontraban antes en situación de precariedad y a buena parte de las que empeoraron su situación con la pandemia y se encontraron con que el respaldo social no era para ellas o no era suficiente a la hora de pagar el alquiler y otras necesidades vitales, tales como la luz, calefacción, el pan o la leche.

El 29 de mayo se aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), calificado por el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz como “el mayor avance en derechos sociales desde la ley de dependencia” y “un hito en la historia de España”. Teóricamente, la ayuda llegaría rápidamente a 850.000 hogares —2.300.000 personas— rescatando un 3% de la población que se encuentra en pobreza severa. Por eso resulta muy ilustrativo que mientras los datos del fracaso del IMV saltaban a la palestra a mediados de agosto, el curso político se haya iniciado con un conclave público de Pedro Sánchez junto a los más poderosos banqueros y empresarios. Allí quedó consagrada, con el beneplácito de Pablo Iglesias y el aplauso entusiasta de la oligarquía, la política de “unidad nacional”. Lo que no se dijo en esa reunión es que, según la última estadística del impuesto de patrimonio, entre 2011 y 2018 el número de potentados aumentó un 36%, a la par que el de pobres pasaba de 7,59 millones de personas a 8,31.

El mejor ejemplo es lo ocurrido con el Ingreso Mínimo Vital, donde vemos cada día crueles exclusiones y una falta de respeto a una población que no está para andar adivinando que quieren decir notificaciones oscurantistas o como pueden reclamar. En la región de Madrid, a mediados de mayo, se habían formulado unas 159.000 solicitudes, de las cuales casi 40.000 seguían pendientes de resolución, menos de 27.000 se habían concedido y más de 92.000 se habían denegado. ¡Solo se habían concedido uno de cada seis IMV solicitados!

Considerando que se estima que en Madrid hay unos 250 hogares en pobreza severa, vemos que menos de uno de cada nueve han obtenido el IMV. Y de las 26.704 familias que lo han obtenido muchas de ellas están indignadas porque cobran cuantías miserables, en muchas ocasiones por debajo de los 100 euros mensuales, porque les descuentan los ingresos que obtuvieron en 2019.

Así que las elecciones del 4 de mayo se produjeron existiendo en los barrios populares de Madrid al menos unas 140.000 familias totalmente indignadas con el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, muchas de las cuales decían “son todos iguales, no vuelvo a votar”. Esa es la realidad en las calles populares de Madrid, no las elucubraciones mentales de una “izquierda” acomodada que nunca ha vivido en ellas o que ha dejado de vivir en ellas.

Que duda cabe, la pandemia, ha sido otro de los ingredientes sobrevenido, sino el que más, provocado por ese virus desconocido, cuya rápida propagación ha desbordado la capacidad de las instituciones políticas y sanitarias mundiales, poniendo a prueba la capacidad de los gobiernos, al imponerse como prioridad y acentuar los problemas que ya existían. Todo ello ha creado una situación muy compleja de gestionar e incluso de entender, por la dificultad de distinguir entre las causas y los efectos, a corto y largo plazo, por el entrelazamiento de acciones y reacciones de múltiples agentes, fuerzas políticas e intereses, que están en juego en una situación presidida por varias urgencias: unas sanitarias y otras políticas y económicas.

La pandemia había llegado a España con un gobierno recién investido con mucha bronca, donde el soporte es el PSOE, apoyado por el socio principal de Unidas Podemos, rechazado con anterioridad, y por fuerzas minoritarias y nacionalistas que despiertan cierto recelo en la derecha, en particular dos de ellas, como son la Esquerra Republicana de Cataluña y los vascos de Bildu.

Vista en perspectiva, la pandemia no dejó de ser el peldaño principal en la escalada de la polarización que se había iniciado en las elecciones de 2015. Primero fue el fracaso de la moción de investidura de Pedro Sánchez y su posterior negativa a investir a Mariano Rajoy. Luego vino la crisis catalana de 2017 y la moción de censura de 2018. Más tarde, la repetición electoral de 2019 y la irrupción de VOX como tercera fuerza política de un proceso geopolítico de polarización centrífuga, dominado por la confrontación entre el independentismo y el españolismo, pudiendo concluir que, dado que el primero se ha escorado a la izquierda y que el segundo se ha radicalizado a la derecha, la pauta electoral dominante en España resulta de fácil formulación: cuanto más a la izquierda vota Cataluña más a la derecha vota Madrid (cuanto peor le va a Montreal, mejor para Toronto).

Puesto que el PSC-PSOE pasó de 17 a 33 diputados en las elecciones del 14-F, era de esperar un desplazamiento simétrico en unas elecciones madrileñas. En el primer caso, Ciudadanos se desplomó en favor de la burguesía catalana del PSC, decantándose en el caso del 4M a favor de las candidaturas representadas por el PP de Díaz Ayuso.

En este contexto, la pandemia quedó convertida en uno de los factores adicionales de la polarización como resultado, por un lado, de la precariedad de la estrategia del gobierno a la hora de abordar una crisis sin precedentes; y, por otro, del desánimo y la fatiga de una opinión pública harta de restricciones e impotente ante la magnitud de los costes económicos, sociales y psicológicos de la pandemia.

En una situación tan explosiva como la descrita, la presidenta de la comunidad madrileña no dudó un solo minuto en aprovechar el rechazo de la población a las restricciones de movilidad y la resistencia del pequeño negocio al cese de las actividades, viéndose también reforzada por la acusación de los socios independistas del Gobierno de que la región madrileña se aprovechaba del “dumping” fiscal en contra de las demás comunidades autónomas, una acusación que obtuvo el silencio esquivo del Partido Nacionalista Vasco.

A partir de estas coordenadas, la candidata del PP, Díaz Ayuso, puso en marcha una operación identitaria apelando al madrileñismo castizo en confrontación con el Gobierno de España, el cual se convertiría en una amenaza para la libertad y la economía de los madrileños, principales beneficiarios del régimen de seguridad y prosperidad representado por Díaz Ayuso. Por si faltaba algo, la irrupción del podemita Pablo Iglesias en la campaña proporcionó aquel slogan que parecía resumirlo todo: “Comunismo o libertad”, rápidamente contraprogramado con su complementario: “Fascismo o democracia”.

La estrategia urdida por los fontaneros del Partido Popular de convertir a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una especie de Juana de Arco de la pandemia, “víctima” de Pedro Sánchez y de su ministro Salvador Illa, el nuevo malo malísimo en el relato confeccionado por Génova, empieza a funcionar. El problema es que quizá funciona demasiado bien y eso preocupa a la dirección nacional del partido que teme un efecto no deseado. El liderazgo de Pablo Casado, puede quedar eclipsado por la sombra cada vez más alargada de una Ayuso que crece entre los votantes más a la derecha. Y eso no estaba en el guion.

Pero estos “slogans” propagandísticos en absoluto tenían algo que ver con la nefasta gestión del PP en la región más rica de España y la que destina menos fondos públicos a gastos sociales, la que presenta mayores cuotas de desigualdad, practicando una descarada rebaja de impuestos a las rentas más altas, figurando, junto a Cataluña, en cabeza de los desahucios y en el precio de los alquileres, generando más guetos y abandono escolar, con un sistema sanitario mermado por los recortes y las privatizaciones, logrando las tasas más altas de enfermos en UCI durante más tiempo y el 22 por ciento de los fallecidos por covid, pese a contar con el 14 por ciento de la población del país.

De este modo, el examen de la gestión del gobierno de la comunidad madrileña siempre apareció como un tema menor en comparación con el gran problema nacional, que es el gobierno de Sánchez y sus aliados en el gobierno, seguramente pensando en su lanzamiento a la presidencia nacional en detrimento del propio Pablo Casado. De hecho, Diaz Ayuso no está en la oposición, sino gobernando, pero es igual, porque desde que tomó posesión de su cargo centró su presunta gestión en atacar al Gobierno central y, particularmente, a su presidente Pedro Sánchez, haciendo ver que cada decisión sobre política nacional o internacional es un ataque directo a la comunidad madrileña, por lo cual, cuando empezó la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Ayuso, tal y como manda el decálogo del populismo conservador, ya llevaba dos años en campaña y con la estrategia perfectamente definida.

En ese contexto y como buena representante de ese populismo neoliberal la Ayuso no actuó sino como un renegado Robin Hood, que arrebata el dinero de los pobres para dárselo a los ricos, esto es, distribuyendo hacia arriba, para seguir concentrando las riquezas en las clases altas, que siempre tienen poco para lo que creen merecer por ser listas y emprendedoras, mientras los pobres tienen demasiado, para lo tontos y vagos que son.

Como ha quedado dicho, la Ayuso, no es más que un subproducto regional del marketing político de la factoría FAES, “vendido” a los electores como si fuera excelente, pero con posibilidad de ser la “lideresa” nacional quedando convertida, a despecho de Casado, en representación de esa España populista frente a ese “comunismo bolivariano” de Sánchez y sus aliados en forma de muleta, de tal manera que Madrid pueda significar para ella lo que fue Covadonga para Don Pelayo: el principio de la Reconquista de la España “verdadera”, de la España “marca España”, perdida por el máximo representante de la “derechita cobarde”, el flemático Mariano Rajoy.

Los estadounidenses siguen entre perplejos y dolidos lo que pasa en Afganistán. Con todavía 15.000 compatriotas atrapados en espera de evacuación y sus tropas tratando de completar la retirada ordenada por el presidente Joe Biden, este país orgulloso y patriótico como pocos empieza a digerir un fracaso quizá solo comparable a la derrota en Vietnam en 1975.
El derrumbe como un castillo de naipes del Gobierno afgano y la victoria talibana después de 20 años de insurgencia suponen un desenlace tan doloroso como las lecciones que deberán aprender en Washington de un fracaso histórico.

La caída de Kabul ante el talibán el 15 de agosto de 2021 significa la gran derrota política e ideológica para el imperialismo yanqui, así como el de todos los países que lo respaldaron incondicionalmente, entre ellos España, sufriendo todos ellos una vergonzante humillación que pasará a la historia de los EE.UU. como una de las grandes derrotas sufridas por el Pentágono. Aquellos marines enviados, deprisa y corriendo, para asegurar un perímetro de seguridad en torno al aeropuerto internacional de Kabul, con los diplomáticos occidentales hacinados allí, junto al personal afgano que colaboraron con las fuerzas norteamericanas y sus aliados pidiendo asilo, me recuerda la retirada de Saigón (hoy Ciudad Ho Chi Minh) el año 1975 y desata demonios familiares de que Estados Unidos no es un aliado fiable.

Sin lugar a dudas este asunto seguirá ocupando las portadas de los periódicos y los telediarios durante mucho tiempo, pero también se usará desde el gobierno para distraernos de otros problemas que afectan al conjunto de la sociedad, tales como las reformas laborales y de pensiones, el tarifazo de la luz, los desahucios y alquileres de las viviendas, el incremento de impuestos o la estafa del Ingreso Mínimo Vital.

Pero, antes de adentrarme en materia, conviene dejar aclarado que, aquellos que hoy saludan al talibán como una organización de izquierda o antiimperialista deberían recordar que tan solo cuatro gobiernos reconocieron diplomáticamente el régimen del talibán después de que se hiciera con el control del país en 1996: Pakistán, Turkmenistán, el reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Además, por si alguien sufriera de la típica enfermedad de la amnesia, será necesario recordarle que el talibán fue armado y financiado por EE.UU. en los finales de los años 70 para derrocar a la República Democrática de Afganistán, un estado socialista que repartió tierras y canceló deudas a campesinos, avanzando en los derechos de la mujer hasta hacer del burka una prenda testimonial, museos abiertos, gente paseando por las calles como en cualquier ciudad de la década de los 70, y cobrando impuestos a los ricos.

En 2010 un informe interno del Pentágono estadounidense elaborado por militares y geólogos que reveló The New York Times calificó a Afganistán como la “Arabia Saudí del litio”. El potencial de todos los recursos subterráneos del país fue estimado en 1 billón de dólares por un informe conjunto de la ONU y la UE en 2013. Con la toma del poder del país por parte de los talibanes el destino de estas reservas es del máximo interés de las potencias mundiales.
Según los analistas, China es el país que más tiene que ganar en esta batalla por los ricos recursos afganos, que incluyen otros metales y tierras raras clave en la transición energética.

Ocurre que, a la hora de hablar de los ricos, es preciso señalar que los talibanes, han pasado de ser los señores de la ruta del opio a ser los dueños de los negocios del litio, entre otras grandes y valiosísimas reservas de materias primas, hasta el extremo de que EE.UU. llegó a bautizar a Afganistán como “la Arabia Saudita del litio”, después de que los geólogos estadounidenses descubrieran la gran extensión de la riqueza mineral del país con una valoración muy superior al billón de dólares, con el “preciado petróleo blanco” como componente clave para la construcción de las baterías de iones de litio que alimentan desde los teléfonos móviles hasta los vehículos eléctricos.

Lo cierto es que Washington no se hizo muchas ilusiones sobre el destino de Afganistán, pero sabía, por la derrota de la URSS en este país y por su propia experiencia en Vietnam, que controlar Afganistán era imposible por varias razones, entre ellas la geografía del país y la solidez de los lazos tribales y étnicos ancestrales que todavía prevalecen allí. Por eso la estrategia de Washington en Afganistán ha sido cualitativamente diferente, desde el comienzo, de su estrategia en Irak: mientras trató de imponer el pleno control sobre Irak desplegando fuerzas suficientes para ello, en Afganistán tan solo desplegó un número limitado de militares, apoyándose en la Alianza del Norte afgana, contraria al talibán, para tomar el control del país y presionar a sus aliados de la OTAN a que enviaran tropas para que EEUU no tuviera que desplegar más.

Patrullas de talibanes por las calles de Kabul

De hecho, según documentos desclasificados del Departamento de Estado muestran las continuas presiones de Washington sobre Madrid para tratar de arrancarle nuevos compromisos en la denominada “lucha global contra el terror”, término que acuñó Washington para justificar su intervención en Afganistán tras los ataques contra las Torres Gemelas y que sirvió como excusa para distintas intervenciones posteriores en otros países, como la invasión a Irak. Todo ocurría en un escenario complejo: poco después de llegar a La Moncloa en 2004, previa “payasada” de Zapatero permaneciendo sentado al paso de la bandera de EE.UU. en el desfile militar de Madrid, el presidente del Gobierno de España cumplía su promesa de retirar las tropas de Irak, por considerar que era una guerra ilegítima, a la vez que decidía seguir en Afganistán, incluso incrementando el número de militares. En este último caso, Zapatero avaló la continuidad de las tropas en términos de cooperación humanitaria, hasta el adiós definitivo de la misión que se producía el 13 de mayo de 2021, dejando la cifra de 102 militares españoles muertos.

Por otra parte, según otros documentos desclasificados, España gastaría casi 4.000 millones de euros en la guerra de Afganistán bajo la constante presión de George W. Bush, contribuyendo económica y militarmente en el apoyo a la expansión del Ejército Nacional Afgano. Además, en agosto de 2005, el entonces ministro de Defensa, José Bono, había transmitido al embajador de EEUU en España que “el libre acceso del Gobierno de los Estados Unidos a las bases de Rota y Morón” era un “símbolo del compromiso” de Madrid a la hora de “cooperar” con Washington.

De acuerdo a un cable firmado por el embajador de EE.UU. el ministro Bono llegaría a afirmar que la Administración estadounidense “podría operar desde ambas bases como si fueran propias”, de tal manera que la entrada de 38 buques de guerra en la base naval de Rota y la escala en las bases de Morón (Sevilla) y Rota de más de 480 aeronaves estadounidenses durante el período de ataques aéreos sobre Afganistán, tal parecía indicar que la presencia de España en esos dos países consistiera en proporcionar asistencia humanitaria, si no, más bien, de un rastrero servilismo que, junto con otros aliados, facilitaron las guerras de Afganistán e Irak.

Tras varios días ausente, en plena ofensiva de los talibanes en Afganistán, Pedro Sánchez publicaba esta fotografía en las redes sociales mientras mantiene una conversación virtual con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Exteriores, José Manuel Albares. La mofa ha venido por un detalle de la imagen: el calzado que luce el presidente socialista en su despacho del Palacio de La Mareta  y que se asemeja a unas alpargatas. Un detalle que ha provocado las mofas de las redes y la oposición y que La Moncloa ha enviado muy cuidadosamente manipulado a los medios.

Sin embargo, a pesar de la conmoción sufrida por el asalto al poder del talibán, sorprendentemente, la sociedad civil sigue mostrando una inquietante atonía y una falta de sensibilización, con un atronador silencio, destacando por encima de  todo la actitud mostrada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ni siquiera se movió de su residencia veraniega en La Mareta, donde permaneció, prácticamente desaparecido desde el 4 de agosto hasta su regreso a La Moncloa el 20 de agosto, fecha que aprovechó para montar su “teatrillo” en la base militar de Torrejón, junto a la cúpula de la Unión Europea,  tratando de justificar su escandalosa ausencia durante la crisis de Afganistán, sobre la que sigue, al día de hoy, sin dar explicaciones al Parlamento y ante los medios de comunicación.

Porque Sánchez ha sido el único de los principales líderes europeos que no se dignó a dar la cara desde que estalló el derrumbe acelerado del régimen de Afganistán. El que ahora está en manos del talibán que ejerce una creciente represión contra los afganos que colaboraron con los países occidentales aliados de los EEUU y la Administración del anterior y ahora caído gobierno de Kabul. ¡¡¡Tampoco se trataba de gastar combustible del Falcon para trasladarse desde Lanzarote hasta Torrejón, ni tampoco se trataba de asuntos tan importantes como la boda de su cuñada en La Rioja o la asistencia al concierto de The Killers en Benicàssim de Castellón!!!

“No hay profesión más bonita y en la que más se pueda hacer que la de ser cura y, con mis 82 años, tener la libertad que yo he tenido siempre de poder hablar de dios y de Jesús de Nazaret, que estaba con las prostitutas, que daba de comer, que acariciaba”. Cosas que, dice, como político no se pueden hacer: “Prefiero seguir siendo cura que ser político que no sé cómo podría acabar” (La Sexta, 3 de setiembre de 2019)

Con una pandemia vírica arrojando contagios, y muertes masivas de ancianos desde los primeros días de la pandemia no podía faltar el tal “padre Ángel” para favorecer la muerte de ancianos y ancianas en estas residencias de los horrores, no en vano la ONG “Mensajeros de la Paz” está gobernada, a modo de sultanato, por este auténtico “ángel de la muerte”. Una fábrica de dinero fácil para el mediático y bien remunerado sacerdote que dirige más de cien residencias o pretanatorios de ancianos por toda España, muchas concertadas con Comunidades Autónomas, que son subvencionadas por las Administraciones y en las cuales los internos pagan religiosamente su cuota mensual.

La Asociación del Defensor del Paciente ha trasladado la denuncia contra Mensajeros de la Paz y la Fiscalía ha iniciado una investigación, por “abandono con resultado de muerte” en esta residencia de La Bañeza, donde según esta información han fallecido más de 70 ancianos según datos confirmados por la Junta de Castilla y León con fecha 21 de abril. Una denuncia que recoge, según este medio digital, un “delito contra la salud de trabajadores y residentes con resultado de muerte y daños; que sumado a la falta de información del estado de salud de los ancianos a sus familiares desembocaría en “una negación del deber de socorro”, para que los familiares pudieran decidir si sacar a los ancianos de las residencias o permitir que permanezcan en ellas, tal como recoge el Defensor del Paciente.

Uno de estos pretanatorios del “ángel de la muerte”, la conocida por “La Bañeza”, situada en León, con 100 muertos y decenas de trabajadores contagiados por coronavirus, sería denunciada por la Asociación de defensa del paciente y por personal sanitario, atribuyéndole delitos consistentes en resultado de muerte, lesiones, atentado contra los derechos de los trabajadores y omisión del deber de socorro. Tal como afirma el letrado de la defensa de los sanitarios, Ricardo Alonso Fernández, las muertes de ancianos “podían haberse evitado de no haberse realizado dejación de funciones, abandono de los empleados y negación del material sanitario cuando se tenía”.

Una empleada del citado establecimiento llegaría a desvelar públicamente que el tal Ángel y su ONG jamás compraron material sanitario, pese a poseer toda la información sobre la gravedad y realidad de la pandemia sobre los ancianos, teniendo que trabajar sin mascarillas y sin EPI, hasta el extremo de que cuando acudieron a la dirección del centro a exigir protección, la directora les dijo que “no fueran de víctimas”, de tal manera que, mientras los contagios y las muerte se iban incrementando en la residencia de “La Bañeza”, las ordenes recibidas fueron las de mantener un escrupuloso silencio, hasta el punto de que, cuando los trabajadores del centro pensaban recibir el material sanitario requerido desde Madrid, lo que recibieron fue un caja de tabletas de chocolate con el recado, dado por la dirección del centro, de que “agradecieran al padre Ángel” el detalle.

A partir del 25 de marzo, ante el escándalo de las numerosas muertes en la residencia leonesa, que se evidenciaba por parte de lugareños y medios locales, el “ángel de la muerte” iniciaba toda una campaña en Madrid para intervenir en los medios de comunicación y presionarlos para no sacar a la palestra la información, y así acallarla, mientras los ancianos y ancianas seguían cayendo como chinches en aquel pretanatorio, hasta afectar casi al 50% del total de 200 plazas.  

Los profesionales sanitarios que denuncian al “ángel de la muerte”, esperando verle sentado en el banquillo han anunciado que la situación de los ancianos viene de atrás, y que la ONG “Mensajeros de la paz” no es más que un lucrativo negocio donde se succionan las pensiones de los mayores y las ayudas públicas para montar centros donde hay carencias hasta de pañales para los más necesitados.

Pero, ¿Quién coño era aquel cura que tuvo que salir de su pueblo natal de la Rebollá de Mieres por la puerta de atrás como consecuencia de unos muy oscuros asuntos relacionados con la corrupción de menores, mientras explotaba en régimen de exclavitud a los niños “acogidos” para vender bolsas de arena por las casas, extraída de los areneros de Cubadielles en La Mortera de Olloniego, para fregar las cocinas de carbón, así como botellas de la lejía “El Conejo”, montando posteriormente un circo conocido como “La ciudad de los muchachos” que le reportaba pingües beneficios?

Ángel García Rodríguez, el “ángel de la muerte”, había nacido, como ha quedado dicho, el 11 de marzo de 1937 en el barrio mierense de La Rebollá, estudiando en el seminario de Oviedo, donde se ordenaría sacerdote en 1961, fundando, un año después, junto al también sacerdote Ángel Silva, la Asociación Cruz de los Ángeles, donde acogían en hogares a niños abandonados, pero, en 1972, se trasladaría a Madrid para crear una Asociación de ámbito nacional, Mensajeros de la Paz, que con el paso del tiempo se extendería por muchos países de todo el mundo.

Recién acabada la carrera sacerdotal recibió como uno de sus primeros destinos la capellanía del hospicio de Oviedo, hoy Hotel de la Reconquista, un lugar que entre otras cosas acoge cada año la celebración de los Premios Príncipe de Asturias, galardón que le han otorgado a él en 1994. “Se trataba de un edificio frío y húmedo, donde los niños que allí vivián estaban tristes, sin ninguna esperanza porque en aquella época los huérfanos eran seres estigmatizados, que se reconocían por la calle por su vestido, por su corte de pelo y por sus ojos sin brillo y muchas veces eran señalados con el dedo”, rememora el “ángel de la muerte”.

En opinión del Padre Ángel, “cualquier persona con corazón y razón hubiera pensado que ese no era el mejor lugar para que los niños se hicieran hombres y mujeres de bien”. Este fue el motivo que les impulsó a sacarlos de allí, “para que vivieran en casas como los otros niños, fueran al colegio como los otros niños y que, como los demás, supieran que tenían un hogar al que pertenecían”, pero lo que no dice es que los niños y las niñas eran medio esclavizados en el trabajo de la extracción y venta de la arena, la fabricación y la venta de la lejía, o haciendo el payaso en el circo montado.

Al “angel de la muerte”, como buen páter de la organización de la Falange, también le gustaba organizar los típicos campamentos del nacionalcatolicismo.

El “ángel de la muerte” siempre fue muy permisivo a la hora de engordar las leyendas, gozando casi siempre de un enmascaramiento verdaderamente notable, poniendo mucho énfasis en presentar su infancia y juventud rodeado de mineros y comunistas y de la tremenda amistad que le unía con su paisano “Lito, el de La Rebollá”, histórico dirigente del comunismo asturiano.

El padre del “ángel de la muerte” no había sido minero de la cuenca del Caudal, sino trabajador siderúrgico en la Fábrica de Mieres, de ideología derechista, muy próximo a la Falange, lo cierto es que ninguna persecución política sufrió su familia y mal que bien tampoco pasaron mucha hambre en aquellos años de posguerra. Como familia de orden que era llevaron a Gelín al seminario con 12 años, y, curiosamente quien favoreció su ordenación sacerdotal fue el entonces obispo coadjutor de Oviedo, don Segundo García de la Sierra, un prelado tan conservador que, con el paso del tiempo y ya como arzobispo de Burgos, preconizó el No a la Constitución. Y fue ese prelado tan conservador, no su sucesor Tarancón, quien aceptó que dos jóvenes curas, él y Ángel Silva, hoy casado, después de cambiar su estado clerical por el estado laical, fundasen la Cruz de los Ángeles en Pola de Laviana, dedicada al auxilio de niños huérfanos.

El activista Lagarder Danciu irrumpió ayer en el acto de presentación de la novela ‘El camino de los refugiados’, de Irene López Alonso, que tuvo lugar en la librería La Pantera Rossa de Zaragoza, en el que participaban el padre Ángel -fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz-, Juan Carlos Monedero -politólogo, profesor universitario y fundador de Podemos- Eva Cortés y Eva Serós – las fundadoras de Al Cuadrado Solidario -, llamando «falangista» al conocido sacerdote.

Pero esa inclinación a lo social de aquel intrépido sacerdote tenía una clara inclinación falangista, no en vano el “ángel de la muerte” era el páter de la Organización Juvenil de la Falange española, una capellanía que nunca negó, pero, eso sí, siempre enmascarándola en sus hagiografías con su actividad en la Juventud Obrera Católica (JOC), aunque, por muchas investigaciones realizadas, la realidad es que no existe rastro alguno del personaje en aquellos años de ebullición, donde se formó en Asturias, al albur de la JOC, un clero contestatario, que tenía entre otras figuras señeras a José Manuel Fueyo, Pepe el comunista o el padre Pipo de El Entrego.

Llegó el 20 de noviembre de 1975 y el padre Ángel ni estaba con los curas contestatarios, ni tan siquiera había evolucionado como el padre Llanos, que de cura de Falange pasó a cura rojo y a vivir en el barrio de chabolas del Pozo del Tío Raimundo. Pero aquel cura de la Rebollá ya vivía en Madrid y empezaba a saber codearse con el poder.

Ana Botella no es Hillary -resulta evidente- y, aunque tampoco sea Evita, ni tenga descamisados en sentido estricto, sí plantea su pretendido papel personal y su presencia, cada vez más intensa, a través de las causas sociales, a cuyos protagonistas ha incorporado con armas y bagajes a la campaña electoral, aunque a algunos de ellos se entregue también fuera de ella. Por ejemplo, los ancianos de las residencias del padre Ángel, mentor de los Mensajeros de la Paz, organización en la que Botella ostenta la presidencia de honor, con la que colabora como voluntaria desde mucho antes de llegar a La Moncloa y de la que acaba de inaugurar nada menos que tres centros en una semana. ¿Un apretón de sensibilidad en plena época de elecciones? Contesta: “La verdad es que es el padre Ángel el que me pide inaugurar las residencias. Coincide con esta campaña, pero podría decir que al 85% o 90% de esas cosas habré ido siempre sin prensa”.

De esa manera, La Cruz de los Ángeles quedaría convertida en lo que es hoy la ONG de Mensajeros de la Paz, y como era tiempo de Suárez, el lugar que ocupaba Carmen Polo, lo pasó a ocupar Amparo Illana, miembro destacado del Opus Dei. Su proyecto se hacía cada vez más grande y necesitaba financiación. No le faltó el apoyo de UCD ni tampoco el del PSOE, coincidiendo sus grandes días con los grandes días de Felipe González, con el que mantuvo una gran amistad.

Ya con Aznar en La Moncloa, el “ángel de la muerte” siguió el mismo procedimiento que con las anteriores primeras damas y Ana Botella fue la presidenta del Consejo Rector de la Fundación Mensajeros de la Paz. Un Consejo Rector en el que se hallaban también como miembros José María Álvarez del Manzano, Fernández Tapias, Lalo Azcona o Aurelio Menéndez.

El sacerdote señala que sigue “confinado en casa” y que ha querido “encontrar un hueco” para escribir personalmente al vicepresidente segundo del Gobierno para contarle el trabajo que han realizado desde Mensajeros de la Paz durante el Estado de Alarma: “he pasado mucho tiempo de rodillas rezando y de pie ante muchos frentes abiertos en residencias, casas de mujeres maltratadas, en hogares de niños de Mensajeros de la Paz y repartiendo alimentos a familias con hijos sin recursos, arropando en lo posible a las personas sin hogar, llamándoles por teléfono o cargándoles el saldo de sus móviles”. El padre Ángel se muestra convencido de que, si ahora se está “empezando a ver la luz, tras este terremoto” es gracias al trabajo conjunto, finalizando la carta deseando la bendición de Pablo Iglesias: “Déjame decirte ¡que Dios te bendiga! y pedirte también que tú me bendigas a mí”.

Tras criticar la intervención española en la guerra de Irak rompería con Aznar para acercarse a Zapatero, y de ahí a Podemos de Pablo Iglesias, al que le enviaría una carta personal, en su calidad de vicepresidente segundo del gobierno, en la que el cura de la iglesia católica agradece con palabras de elogio la labor del Gobierno, pero sobre todo elogia la figura del líder de la organización morada: “Déjame decirte ¡que Dios te bendiga! y pedirte también que tú me bendigas a mí”. En la misma carta le dice estar “convencido de que, si ahora estamos empezando a ver la luz, es gracias a que hemos trabajado juntos”, para añadir a continuación que quiere “dar gracias a Dios” y “a personas como tú, que, con tu trabajo y esfuerzo, y el de tu equipo, ayudáis a conseguir que un mundo mejor sea posible”. Unas palabras que serían correspondidas por Pablo Iglesias confesando su “admiración” por el sacerdote: “Yo tengo muchas diferencias con el Papa, aunque ahora tenemos la suerte de tener uno distinto, pero el padre Ángel es un ejemplo de católicos que trabajan en una dirección que para nosotros es un ejemplo”.

Las palabras escritas en aquella carta enviada por el cura al entonces vicepresidente del gobierno para asuntos sociales, entre otras cuestiones, conmovieron de tal manera al político podemita que, ipso facto anunció un paquete de medidas para “dar cobijo a los sin techo”, prometiendo la entrega de cientos de millones de euros a las CCAA para “dar de comer a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad”, pero, lo cierto es que, pasado el tiempo, aún no ha hecho públicos los datos de cuáles han sido sus logros, y que las fuentes oficiales de su Ministerio se escudan que los gobiernos regionales no los entregan. Así y todo, el “cura de la muerte” filopodemita seguirá “rezando las 24 horas con oraciones y responsos por muchas personas, por todos los que trabajáis y por los muchos que se han ido”.

Ángel García Rodríguez, el Padre Ángel, nació el 11 de marzo de 1937 en el barrio mierense de La Rebollá. Estudió en el seminario de Oviedo, donde se ordenó sacerdote en 1961. Un año después fundó, junto al también sacerdote Ángel Silva (ambos en la foto), la Asociación Cruz de los Ángeles, donde acogían en hogares a niños abandonados. En 1972 se trasladó a Madrid para crear una Asociación de ámbito nacional, Mensajeros de la Paz, que con el paso del tiempo se ha extendido por muchos países de todo el mundo.

Aunque los estatutos de la ONG declaren su aconfesionalidad y ausencia de ánimo de lucro; sin embargo, Mensajeros de la Paz supera todos los años la cifra de 5.000 millones de euros. De acuerdo con la memoria del año 2020 a la vista, en la misma figuran unos ingresos de 5.476.712 euros, de los cuales el 43% figuran como donaciones, el 30% de subvenciones de las administraciones públicas, 4% de donaciones especiales, y el 23% como ingresos por prestaciones, siendo los gastos de 5.173.905 euros, de los cuales el 94% se producen en España y el 6% en otros países. La ONG Mensajeros de la Paz gestiona en España 105 residencias de ancianos, con una plantilla de 1.000 trabajadores y 300 voluntarios en España, para atender a 24.000 beneficiarios directos en España, 9.200 en campañas especiales y 18.000 beneficiarios en distintas partes del mundo, siendo el “ángel de la muerte” quien lleva el timón del barco multimillonario, cuyos negocios penetran en la Cooperación Internacional, en programas públicos para la infancia, jóvenes, mujeres y pensionistas, Teléfono Dorado, atención residencial, programas educativos – privados y concertados -, programas preventivos, socio-sanitarios y una gran nómina de beneficiosas firmas,

Este entramado del excura de La Rebollá de Mieres, cuenta para sus labores con el apoyo económico y político de los gobiernos, especialmente del PP, como pago en “especias” de sus apoyos electorales, no en vano, durante las campañas electorales, el “ángel de la muerte” remite cartas a sus afiliados y personas acogidas en las residencias de ancianos que él regenta con dinero procedente de los Presupuestos Generales del Estado, diciéndoles en una de las cartas enviadas que elija lo que usted considere mejor, pero hágalo pensando en Dios Nuestro Señor y en quien vele por nuestra fe cristiana como el Partido Popular del Señor Don José María Aznar López.

Pero al cerrarle la puerta a la verdad, la realidad se cuela por la ventana, enseñándonos algunos detalles sin importancia: El beneficio medio anual que obtiene esta ONG “sin ánimo de lucro”, supera todos los años la cantidad de 500 millones de euros, una cantidad libre de impuestos, y entre sus afiliados hay toda una pléyade de falangistas, exmilitantes de Fuerza Nueva, viejos activos de la Guardia de Franco, exmilitantes cachorros fascistas que fueron procesados por sus hazañas heroicas, guerrilleros de Cristo Rey, policías de la Brigada Político-Social (BPS), somatenes, nostálgicos franquistas y, sobre todo, un gran número de miembros pertenecientes a la organización criminal del Opus Dei, hasta celebrar cada año los aniversarios de la muerte de Franco; de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange; de Luis Carrero Blanco, su admirado protector; y por supuesto, del beato José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei y santo devoto del “ángel de la muerte”.

Pero esa inclinación a lo social de aquel intrépido sacerdote tenía una clara inclinación falangista, no en vano era el propio padre el páter de la Organización Juvenil Asturiana de la Falange. Nunca negó aquella capellanía, pero la enmascara con su actividad en la Juventud Obrera Católica. Uno de los grandes amigos del padre Ángel fue monseñor Guerra Campos, obispo auxiliar de Madrid, procurador en Cortes y uno de los prelados más cercanos a Franco. Fue precisamente gracias a esta amistad que el padre Ángel contactó con doña Ramona, esposa del ministro Alonso Vega y desde ahí se le abrieron las puertas de El Pardo, acercándose primeramente a doña Carmen Polo, con su asociación de huérfanos y sus vínculos astures. Y de ahí a una audiencia con Franco, de la que relata el padre Ángel que el Caudillo se puso a llorar. Pero como aquello quedaba muy franquista y humanizaba al Generalísimo, el sacerdote se empeñó en contar la historia consistente en que Franco solo les hizo un donativo de 3.000 pesetas, que al clérigo le pareció cifra tan miserable, que desde entonces las expone en su despacho.

Las millonarias cuentas corrientes de Mensajeros de la Paz, la ONG sin ánimo de lucro, no aguantan las más clementes auditorías; el negocio de Dios, como le llama el “ángel de la muerte”, tiene tantas ramificaciones que, para Hacienda y sus inspectores, la gestión resulta muy opaca, hasta el extremo de que, cuando trataron de incoar expediente a Mensajeros de la Paz siempre lo impiden o lo “tapan” desde arriba.  

Los ingresos ilegales de esta ONG son mil veces superiores a las cantidades declaradas; y sus recursos legales, uno de los más altos. Mensajeros de la Paz recibe de la Agencia de Cooperación mucho más dinero que el que declaran oficialmente; sumando a las subvenciones legales y partidas de ayuntamientos, comunidades autónomas, grandes bancos, cajas de ahorro, ministerios, multinacionales y grandes empresa, la cantidad administrada por el “ángel de la muerte” resulta casi imposible de calcular, al margen de que una de las entradas, en partidas millonarias sin declarar, proceden de los Fondos Reservados del Estado.

El patrimonio inmobiliario de esos Mensajeros de la Paz supera hoy los cuatrocientos edificios, cedidos por ayuntamientos, instituciones públicas; como también de algunos albaceatos que apodera el Padre Ángel, legados testamentarios, donaciones pías y hasta de préstamos a fondo perdido.

Entre sus bienhechores nunca podría faltar la Casa Real, con los apoyos del rey, la reina, príncipe, infantas-princesas y respectivos consortes. Tampoco Felipe González, Manuel Chaves y José Bono; por exótico, reseñaremos el apoyo recibido de Mijail Gorbachov, logrando también engatusar a la mismísima UNESCO. Entre las firmas más destacadas que apoyan el negocio de Ana Botella y del Padre Ángel, están las cuestionadas multinacionales McDonald’s y Disneyland; como Telefónica, que regala íntegramente el Teléfono Dorado para consultas permanentes; Iberia, que resuelve los viajes píos a Roma, Lourdes y Fátima; Airtel y, cómo no, Radio Televisión Española (RTVE), que retrasmite en directo actos públicos organizados por Ana Botella y el “ángel de la muerte”, como la lectura ininterrumpida de la Biblia, del lunes al jueves durante la Semana Santa, que se puede seguir por teléfono, televisión en directo, videoconferencia e internet.

Entre las actividades educativas organizadas por el Padre Ángel, destaca el Día de los Abuelos, celebrado en los jardines de su complejo residencial, los belenes fantásticos de cada Navidad, las citas programadas con famosos, concurso de disfraces y bailes, comidas fraternales con paellas gigantes y un extenso repertorio educacional que patrocinan sociedades multinacionales, grandes bancos, entidades financieras e instituciones públicas, hasta el extremo de que se puede concluir que el patrimonio personal de “este ángel de la muerte” resulta incalculable; tan creíble como su nepotismo; familiares suyos trabajan con él y aunque es él quien rige todos sus negocios, con Mensajeros de la Paz a la cabeza, sus allegados gestionan los trabajos, la contabilidad y labores invisibles, como hace Nieves Tírez Jiménez, bracito derecho le dicen, que es, además, la secretaria personal del avispado cura sin ánimo de lucro.

La labor del Padre Ángel ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, y otras muchas condecoraciones nacionales y extranjeras. También es director de la Revista “Claro Oscuro”, Capellán Mozárabe de Toledo y Capellán Magistral de la Orden de Malta, Caballero de la Orden Constantiniana de Jerusalén, Miembro de Mérito de la Fundación Carlos III e Hijo Predilecto de Oviedo Y Medalla al Mérito del Trabajo.

En la nómina de colaboradores de Mensajeros de la Paz, está Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno; Eduardo Zaplana, presidente de la Comunidad de Valencia y ministro del PP, Camilo Lorenzo, obispo de Astorga; para rizar el rizo, figura el cardenal Pio Laghi, nuncio papal en Argentina durante la dictadura militar de Videla, al que calificó de cruzado de Dios, haciendo que fuese bajo palio en varias misas celebradas por él; asimismo, bendijo su acción política, pues lo hace para gloria del Señor Jesucristo, como denunciaron Madres de Plaza de Mayo. La lista es tan extensa que es difícil pormenorizarla. Con el botón de muestra parece suficiente.

Este “ángel de la muerte” también tiene muy buenas relaciones con la nobleza y los dirigentes políticos. Él mismo declaraba que no puedo decir que sea aconfesional o apolítico; nosotros no le preguntamos a la gente de qué religión es, pero tampoco le decimos que no sea católica. Nosotros somos del Gobierno español, esté quien esté. En Méjico o allá donde tengamos un proyecto, lo mismo de los mismo.

El negocio de Mensajeros de la Paz es un saco sin fondo, cuyas cuentas millonarias benefician a unos y otras. Pero aquel vivero del PP también tiene los pies de barro. Las vinculaciones de Mensajeros de la Paz con la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) que fundara en su día la Carmen Alvear, con la Iglesia católica, sobre todo con su cúpula, son verdades axiomáticas; es decir, que no es necesario demostrarse.

Como la estrategia de la araña, el Gobierno Partido Popular (PP) que preside José María Aznar, utiliza cualquier resquicio que puede para introducirse en sectores susceptibles de captar votos cara a las convocatorias electorales, aprovechándose de grupos franquistas desechados, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), asociaciones o plataformas ultraderechistas, recicladas en demócratas de toda la vida; también, al mismo tiempo, el PP usa estas organizaciones sin ánimo de lucro de negocios y pagar en ‘especias’ todos los imprescindibles apoyos electorales y políticos.

Pero más vinculados están a los Servicios Secretos según un Informe Confidencial del Cesid, para los que han hecho trabajos cuando se les ha solicitado de manera oficiosa y personal. Como se verá, todo queda en casa, pues el espionaje lo hacen de forma habitual y sistemática. Mucho espiar a rebeldes, rojos y ocupas y después resulta que al Servicio Secreto del Estado se le cuela la delincuencia en la cresta del propio Gobierno. La policía identificó al intérprete, protegido por el “ángel de la muerte” quien acompañaba al presidente José María Aznar y Ana Botella en su promocionada visita a los refugiados albaneses que tenían acogidos, como a un mafioso kosovar que estaba buscando. Gran sorpresa para quienes le seguían la pista, al verlo en televisión; era de toda confianza en la ONG denominada Mensajeros de la Paz.

La polémica arrecia en la comunidad de Madrid tras hacerse público que un alto cargo de la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico envió un protocolo de triaje con la orden de excluir a personas dependientes o con discapacidad, condiciones frecuentes entre quienes viven en asilos de ancianos. Las consecuencias fueron dramáticas. Muchos familiares de los miles de víctimas consideran que fueron sacrificadas. En algunos momentos, se aplicaron criterios tan amplios como la edad: los mayores de 75 años fueron descartados para que enfermos más jóvenes pudieran tener un respirador que los mantuviera con vida. Según el testimonio de la directora de una cadena de residencias recogido por El País, justificaban los rechazos alegando que a partir de esa edad la intubación está contraindicada, pero “es habitual intubar a pacientes mayores” de 75 años, explica el rotativo (El País, 9 de junio de 2020)

El trato dispensado en cualquier país a los ancianos que viven en residencias ha sido, a juzgar por la cantidad de informes y testimonios, el capítulo más oscuro de la actual crisis sanitaria. Y tal vez sea el primero que habría que investigar para evitar que lo ocurrido no vuelva a repetirse: la falta de personal y material médico, de cuidadores suficientes y de recursos de todo tipo para atender a los contagiados por el coronavirus ha sido más que evidente en todas partes, pero sobre todo en aquellos centros donde el afán de lucro viene primando sobre cualquier otra consideración.

En Suecia, referente universal del estado de bienestar, las principales víctimas del coronavirus hasta la fecha han sido los ancianos, y existen sospechas de que en ese país escandinavo se aceptó demasiado fácilmente la posibilidad de que muchos de ellos acabaran sucumbiendo al coronavirus, como de hecho ocurrió. Una destacada enfermera sueca advertía públicamente en su día a las autoridades sanitarias de que la negligencia que estaba observando podía llevar a casos de «eutanasia activa».

La propia televisión sueca refirió casos de enfermos a los que se administró morfina y se dejó morir, supuestamente porque en un hospital local no quedaban camas disponibles, lo que se demostró falso de toda falsedad, tal y como quedaría certificado cuando la mismísima ministra sueca de Asuntos Sociales, Lena Hallengren, desmentía públicamente esa falta de camas al haber más que suficientes.

La ministra española de Sanidad, Maria Luisa Carcedo, y la ministra de Salud y Asuntos Sociales de Suecia, Lena Hallengren, en una visita a nuestro país el 3 de setiembre de 2019. Pese a que la estancia media en los hospitales españoles es ligeramente superior a la media europea (7,6 días, por 7,5 días de media en los países de la Unión Europea), el Sistema Nacional de Salud ha ido perdiendo camas hospitalarias en los últimos años, hasta situarse a la cola del continente en cuanto a número de camas por cada 1.000 habitantes.

Incluso es público que las autoridades sanitarias del país elaboraron un plan para el caso en que se produjese una situación de auténtica emergencia y hubiese que recurrir a lo que en la jerga médica se conoce como «triaje», un método que trata, en circunstancias de escasez de recursos médicos, de clasificar a los pacientes según un sistema de prioridades, como las posibilidades de supervivencia o los años teóricos que les quedan de vida, algo que, en pura ética, afecta a la dignidad a la que tiene derecho cualquier individuo.

Algunos médicos de los mismos hospitales se quejaron de que no se les permitió tratar a los pacientes de más edad como habría correspondido: “Nos obligaron a dejar morir ante nuestros ojos a enfermos de los que estábamos seguros de que podrían haber sobrevivido gracias a los intensivistas”, declaró uno de ellos al diario sueco Dagens Nyheter. Unas gravísimas acusaciones que, siendo negadas por las autoridades, sin embargo, serían corroboradas por otros médicos, quedando a la espera de establecer la verdad a través de las investigaciones iniciadas.

Desde Suecia hasta la República Federal de Alemania, leyendo el diario Der Spiegel, tal parece que se haya disipado cualquier duda al respecto, cuando afirma que se «invitó» a la muerte a entrar en los asilos de ancianos, donde, en muchos de ellos faltaban medios para tratar a los contagiados, a los que se administraron medicinas paliativas en lugar de mandarlos directamente a un hospital.

Incluso en los hospitales se impidió supuestamente al personal médico hacer todo lo que estaba en sus manos para salvar la vida de quienes habían sido prematuramente desahuciados.

El semanario alemán ve en todo ello un ominoso presagio de lo que podría ocurrir también un día en la propia Alemania: en Suecia, la esperanza media de vida es ya de 85 años en el caso de las mujeres y de 81, para los hombres. En Alemania, es de 83,6 y 78,9, respectivamente.

“Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital”. Esta es la sentencia escrita en el parte de alta de Urgencias y por el que se devolvió a su centro asistencial a una mujer menor de 80 años que presentaba “neumonía bilateral” y “probable covid 19 (pendiente PCR)”, según se especifica en el “juicio clínico” del mismo documento. La paciente fallecía tres días después en su residencia tras no ser ingresada en el Hospital Infanta Cristina, de Parla (Madrid).

Según el proyecto global de investigación social World Values Survey, Suecia es uno de los países donde los mayores se sienten más menospreciados por el resto de la población, donde solo poco más de un 20 por ciento trata con respeto a los que ya han cumplido los setenta.

Hay quien recuerda una vieja leyenda según la cual, en la época de los vikingos, los ancianos considerados ya inútiles se arrojaban o eran arrojados al vacío desde lo alto de una roca. Es lo que algunos han dado en bautizar como «senicidio» – asesinato de los «seniores» (en latín: ancianos) -, algo que, como escribe Der Spiegel, combina la arcaica brutalidad de semejante acto con la moderna racionalidad tecnocrática.

Pero, siendo preocupante lo que pueda ocurrir en otras partes del mundo, como el caso referido de Suecia, mucho más preocupante resulta lo que ha ocurrido en nuestro país, objeto de este ensayo, donde ni siquiera sabemos al día de hoy, 24 de agosto de 2021, el número real de infectados y de muertos, porque desde el gobierno se sigue ocultando la realidad, lo que dicho en román paladino, están mintiendo al pueblo desde el primer momento en que apareció el coronavirus, teniendo que recurrir a organismos como el INE, Instituto de Salud Carlos III, Registros Civiles, cuando no a otros organismos internacionales de reconocido prestigio, caso concreto de la Universidad Johns Hopkins de EE.UU. para saber las cifras reales de cada momento.

Los protocolos ordenados por el Gobierno para la gestión de las residencias de mayores durante el coronavirus arrojan importantes dudas sobre la base ética más primaria. Casi el 70% de los fallecidos por coronavirus en España vivían en residencias de ancianos, es decir, aquellas personas que con toda una vida de trabajo financiaron nuestra Sanidad Pública murieron privados de contacto con sus seres queridos, abandonados y sometidos a métodos de triaje excluyentes que conducían al éxitus, con la aplicación indiscriminada de mórficos.

Resultan del todo desgarradoras las declaraciones realizadas en el Congreso de los Diputados por la presidente del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS), Cintia Pascual, el 4 de junio de 2020, para explicar que “había hecho llamadas a todos los gabinetes de ministros y que lo que se encontró fueron reproches entre comunidades y partidos políticos cuando éramos un sector que no queríamos reproches sino ayuda en un momento de crisis (…) Ahora se ve, que mantener a los mayores en las residencias no fue una buena decisión y más lamentable que no se atendieran ni las peticiones más básicas como epis, médicos, enfermeras y tests (…) Qué se hiciera una valoración de las personas y que, si a alguna se la pudiera salvar la vida, llevarla a un hospital (…) Hay una imagen que yo no la olvidaré en la vida, es ver un médico entrar a una residencia y decir mórfico, mórfico, mórfico (…) Porque si cada vez que venía se colocaba mórfico, ya saben qué es esto: dos o tres días y éxitus».

A partir de testimonios directos como el descrito, resulta más que evidente la existencia de alguna directiva diseñada por las autoridades para que las personas más débiles murieran de manera indigna. Lo más grotesco es que hasta el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía seguir siempre los criterios de aquel comité de expertos que se decía sabio pero que nunca existió.

Uno de los protocolos de actuación sanitaria distribuido en la comunidad autónoma de Aragón, fechado en abril de 2020, dirigido entre otros a los médicos de los centros de salud, insta a valorar la permanencia en sus domicilios y residencias, y por tanto su no derivación a un hospital, de los pacientes mayores de 80 años y con enfermedades terminales, demencia o una expectativa de vida limitada (En España, la esperanza media de vida era en el año 2021 de 85,07 para las mujeres y 79,60 para los hombres, alcanzando en Aragón el 82,43).

Sin mencionar en ningún momento de forma explícita la palabra triaje, el documento habla de “contexto excepcional de catástrofe con sobrecarga de hospitales que hace que en momentos concretos se puedan producir derivaciones de pacientes con estas características a atención primaria desde el hospital, o se puedan producir dilemas éticos que hay que resolver”.

En un segundo documento se especifica literalmente que “si el residente [del centro sociosanitario] desarrolla síntomas más graves (fiebre mayor de 38º, frecuencia respiratoria > 30 y saturación inferior a 89%) y requiriese el traslado a un hospital para un mayor nivel de atención, será necesario valorar muy detenidamente su situación funcional, así como sus comorbilidades (…) siendo preciso optimizar los dispositivos asistenciales del sistema, valorando a aquellos pacientes que menos se benefician del ingreso hospitalario en función de una serie de criterios bien definidos”. 

Además de las denuncias de los trabajadores de las residencias y de la patronal, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha insinuado que esa orden de no hospitalizar a los ancianos existía. En la entrevista del pasado domingo en ‘El Mundo’, donde se habló mucho de las imágenes y poco del contenido, Isabel Díaz Ayuso decía sobre la denuncia de la patronal de residencias que “si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado”. En Cataluña, incluso, se puso un tope de edad —80 años— para ingresar en las UCI a los afectados por coronavirus, algo que tumbó por inconstitucional el Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, el gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán, asegura que “no ha redactado en ningún momento ningún protocolo de actuación que limitase la derivación de personas mayores ni de ningún otro paciente Covid a los hospitales”, matizando que este tipo de actuaciones “siempre se han regido por criterios estrictamente clínicos de los profesionales sanitarios que trataban a los pacientes”, siguiendo rigurosamente los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad, con el triste balance de 2.300 ancianos muertos en las residencias pretanatorio de un total de 3.698 fallecimientos en la comunidad.

La cruda realidad es que más de la mitad de los muertos por coronavirus pertenecen a estos pretanatorios que se conocen como geriátricos o residencias de ancianos, y la Fiscalía tiene abiertas investigaciones en cientos y cientos de estos establecimientos, denuncias que van desde el abandono hasta el homicidio, aunque sigo pensando que es demasiado tarde, cuando han tenido que morir miles de abuelos y abuelas en residencias públicas, privadas o concertadas para darnos cuenta del insostenible modelo de atención a las personas mayores que tenemos en el Estado español. Responsabilidad que atañe a las administraciones, que ya viene de atrás, y debería avergonzarnos como sociedad porque no se haya sabido defender y proteger a las personas más vulnerables, a nuestros mayores.

Ocurre que la inmensa mayoría de residencias están gestionadas por empresas privadas, es decir, son un negocio, y dependen en cada autonomía de servicios sociales que no son responsables de la atención sanitaria de estas personas. Precisamente esta crisis ha dejado al descubierto esa falta de apoyo sanitario, con centros en los que hay muy pocos médicos para enfrentarse a decenas y decenas de positivos, donde el personal auxiliar se ha visto desbordado por la capacidad de contagio del virus tal y como ha ocurrido en muchas de las residencias.

Esta cruda realidad demuestra que  nuestros ancianos son víctimas de un gran negocio, perfectamente consentido por los gobiernos del bipartidismo PPSOE y sus apéndices nazionalistas en Cataluña y el País Vasco, a través de un grupo de multinacionales y fondos buitre, apareciendo en bastantes ocasiones personas conocidas que antaño fueron cargos políticos en la administración y en los gobiernos central y autonómicos y ahora rigen este tipo de establecimientos que controlan en torno al 75% de las plazas en centros de la tercera edad y mueven todos los años una cifra de 5.000 millones de euros.

Inauguración de la Residencia Palacio de Leceñes en Valdesoto de Siero, el 15 de setiembre de 2014, con la asistencia del alcalde de Siero, Eduardo Martínez Llosa; la consejera de Bienestar Social del Principado, Esther Díaz, y el presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo, esposo de la exconcejala de Gijón y exconsejera del gobierno autonómico de Asturias presidido por Vicente Álvarez Areces, Maria José Ramos Rubiera, que ha sido nombrada directora comercial del nuevo geriátrico privado de lujo sin haber tenido en su vida contacto alguno con el sector.

Desde constructoras como ACS, Sacyr o Eulen, pasando por aseguradoras como BUPA o Santa Lucía, hasta llegar a entidades religiosas como, por ejemplo, la Fundación San Rosendo, muy beneficiada por los gobiernos de Fraga en Galicia, y promovida por el cura, don Benigno, que fue condenado a pena de cárcel por quedarse con el dinero de una residente, por no hablar de “Los Mensajeros de la Paz” del tristemente famoso padre Ángel, todas ellas conforman esta red mafiosa en el “mercado” residencial.

Miles de ancianas y ancianos han fallecido en España como consecuencia de la pandemia del coronavirus que invade nuestro país, en su mayoría cadáveres abandonados durante horas o días, tal como pudimos saber recientemente por boca de la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, personal dándose a la fuga, como lo ocurrido en la residencia Monte Hermoso de Madrid, con 20 persona fallecidas.

Trabajadoras y trabajadores muy precarizados, sin medios ni formación requerida para abordar el problema. Responsables empresariales mirando para sus cuentas bancarias. Un gobierno totalmente desbordado que se ha visto obligado a enviar al Ejército para intentar averiguar el alcance del brote y contenerlo. Una gran tragedia cuyo balance final tardaremos en conocer. Pero, lo peor de todo, que se trata de un drama que se pudo y se puede evitar en toda su dimensión.

La Fundación San Rosendo, que gestiona la residencia San Bartolomeu de Xove donde se cruzaron los destinos de ambas ancianas, lamenta lo que califica como un “desafortunado incidente”. Las identidades de las pacientes se intercambiaron de alguna manera todavía sin aclarar cuando el 29 de diciembre, tras dar positivo, fueron trasladadas desde el geriátrico de Xove a otro de Pereiro de Aguiar (Ourense) donde la entidad, creada por el cura Benigno Moure y con 70 centros en Galicia, concentra a sus residentes infectados. Rogelia Blanco de 85 años había enfermado de coronavirus en un geriátrico de Xove (Lugo) y el 13 de enero comunicaron a su familia que su cuerpo no había resistido, recibiendo sepultura en el cementerio de San Pedro de Xuances, pero el pasado sábado una voz nerviosa al teléfono procedente de la residencia de la anciana dejó a su sobrino Julio boquiabierto: “Tu tía Rogelia está aquí”. “Entonces, ¿a quién enterramos el otro día?”, preguntó él.

En efecto, a juzgar por los testimonios y los datos que hemos obtenido, perfectamente constatados, es necesario hacer una retrospectiva años atrás para saber que los problemas ya empezaron a aparecer hace bastantes años, aunque su fase de agudización provenga de  los años del austericidio impuesto por el bipartidismo PPSOE en 2010, con el asalto de los corsarios del neoliberalismo al Estado del Bienestar y la fiebre privatizadora que vino a partir de la reforma del artículo 135 de la Constitución con el objetivo de  rescatar la banca con el dinero del erario.

Desde esos momentos muchas residencias para ancianas y ancianos poco o nada tienen que ver con el modelo familiar y casi idílico que ofrecen sus anuncios. Más bien son aparcamientos de abuelas y abuelos, padres y madres, gestionados con la mente puesta en el negocio lucrativo, muchos de ellos por fondos de inversión no especializados, cuya principal característica es la precariedad: “Muchos trabajamos en turno partido, pero tenemos que tener disponibilidad total. Por esto hay muchas gerocultoras que trabajan en hasta dos y tres centros. Médicos y enfermeros ganan mucho menos que en el sector sanitario, por lo que tampoco se quedan, y el seguimiento se resiente”, según el testimonio público de Pilar Ceprián, afiliada a CC.OO. y gerocultora desde hace más de 25 años.

Los últimos datos publicados por el IMSERSO, indican que de los 5.457 centros residenciales que hay en España, cerca de un 75% son de titularidad privada. Es decir, más de 4.000 centros pertenecen al sector privado, mientras que apenas llega a 1.400 el número de residencias públicas, un “mercado” que viene creciendo a un ritmo superior al 4% interanual, según un informe de la consultora DBK Informa, el cual viene siendo denunciado reiteradamente por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones que rechaza este modelo de gestión de las residencias de mayores en España, “cuya principal finalidad es el beneficio económico, no el bienestar y la salud de las personas”.

Los recortes del neoliberalismo practicado en España por el bipartidismo PPSOE y las privatizaciones masivas no hicieron más que contribuir a la agudización del problema, hasta el extremo de que, desde los inicios del problema, la tan cacareada Ley de Dependencia viene acumulando un recorte en los Presupuestos Generales del Estado en torno a los 6.000 millones de euros. Ahondando más en el problema, nuestro país no tiene suficientes plazas públicas de residencia con sus casi 380.000 plazas por lo que harían falta como mínimo de otras 18.000 más para alcanzar las 5 camas por cada 100 mayores que recomienda la OMS, según distintos informes profesionales realizados sobre la cuestión.

Si algo ha quedado claro es que la privatización del sector es una de las grandes culpables, sino la que más, de la masacre que estamos viviendo durante las malditas fechas pandémicas del coronavirus, pudiendo afirmar que la cifra de mortandad en los centros privados casi duplica a las de las públicas.

Desde mi punto de vista, a raíz de muchos casos que me constan fehacientemente a través de familiares y sindicalistas de la Corriente Sindical de Izquierdas en Asturias, presentes en los geriátricos, tanto públicos como privados, esta generación está siendo tratada como si fueran apestados, funestos, algo así como la economía o la vida: triaje, testamento vital, pacientes de riesgo y descabello en función de la esperanza de vida

“En la Residencia Palacio de Leceñes en Siero, cincuenta y dos personas se han visto afectadas por el coronavirus. Desde el primer caso, Sanidad se hizo cargo de la gestión dando palos de ciego: no actuando con determinación y con escaso éxito (…) en los últimos días, cuando se suponía que todo estaba ya controlado y se encauzaba la situación, algunos ancianos que habían sido negativos en la PCR han tenido que ser derivados al HUCA, ya que presentaban baja saturación de oxígeno y diferentes complicaciones. Uno de estos, de los que ya se creía que estaban a salvo, falleció (…) La situación es límite en Leceñes, además de los residentes, entre la plantilla, aumenta el trabajo y escasea el personal, ya que debido a la situación que presenta el centro es imposible la contratación para cubrir las vacantes, declinan la oferta. Los trabajadores doblan turnos y se desempeñan sin descanso, seguir así es insostenible. Se han solicitado refuerzos al SESPA, a la Consejería de Derecho y Bienestar y al ERA, que tratan de hacer lo posible, pero la escasez de personal es la norma en esta situación. Como medida última y desesperada, la dirección de la residencia está intentando recurrir a familiares y conocidos para cubrir estas plazas, pero parece tarea imposible” (La Voz de Asturias, el 29 de octubre de 2020)

En efecto, se ha perdido mucho tiempo y los equipos de protección para atender el personal, desde mascarillas hasta los trajes pasando por los guantes, han llegado tarde, las bajas de trabajadores se han precipitado y los test para todos los usuarios y empleados han llegado con cuentagotas. Y mientras tanto, los ancianos y ancianas, que han estado compartiendo a pelo comedor o baño cuando no habitación, iban cayendo como moscas.

Como ha quedado dicho, la mismísima ministra de Defensa, Margarita Robles, desvelaba públicamente en la mañana del 24 de marzo de 2020, el «dramático» estado de algunos centros de ancianos que han visitado estos días los militares, dentro de la «operación Balmis» que lucha contra la contención del coronavirus. Un panorama dantesco del que no se libra absolutamente ninguna comunidad: «Vamos a ser absolutamente implacables y contundentes con el trato que se dé a los mayores en las residencias. El Ejército en algunas visitas ha podido ver a algunos ancianos absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas».

Los militares han levantado acta como agentes de la autoridad, según el decreto del estado de alarma, y el ministerio de Defensa decidía remitir los atestados a la fiscalía general del Estado por si hubiera indicios de algún delito: «Tenemos que estar todos juntos; tenemos que trabajar todos juntos. Que las cosas se podían hacer mejor, sin duda; que cada uno tiene su propia opinión, sin duda, pero, por favor, insistía la ministra Robles, en su mensaje de unidad frente a la adversidad: pongámonos todos a evitar polémicas y salir adelante, porque al virus no se le gana tratando de ponerse medallas, hacemos las cosas con toda la voluntad de servicio público, con la idea de salvar vidas humanas y no perdernos en discusiones políticas».

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que los miembros de las Fuerzas Armadas han encontrado en las residencias de mayores a ancianos muertos en sus camas y ha avisado de que serán “implacables y contundentes” contra este tipo de acciones. “El Ejército ha podido ver ancianos, mayores, absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas”, ha apuntado Robles en declaraciones a Telecinco (23-03.2020)

La realidad es que mientras unos y otros, es decir, entre los unos del gobierno autonómico y los otros del gobierno central, se tiraban los trastos a la cabeza, la comunidad aragonesa alcanzaba el mayor porcentaje del total en el contexto del Estado español, con el 90,31%, situando inmediatamente detrás a Navarra, con el 87,95%, y Extremadura con el 84,84%, alcanzando la Comunidad de Madrid el porcentaje del 68,74 %, de tal manera que, al día de hoy, 24 de agosto de 2021, cuando estoy redactando este ensayo, hemos alcanzado la cifra de 4.804.424 casos de coronavirus confirmados con prueba diagnóstica de infección activa y 83.527 muertos con test positivo, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad:

Andalucía: 777.299 infectados y 10.600 muertos.

Aragón: 156.190 infectados y 3.698muertos.

Asturias: 69.900 infectados y 2.049 muertos.

Baleares: 94.615 infectados y 906 muertos.

Canarias: 90.700 infectados y 921 muertos. 

Cantabria: 43.922 infectados y 594 muertos.

Castilla-La Mancha: 227.764 infectados y 6.108 muertos.

Castilla-León: 292.646 infectados y 7.145 muertos.

Cataluña: 886.082 infectados y 15.101 muertos.

Ceuta: 7.095 infectados y 124 muertos.

Comunidad Valenciana: 496.481 infectados y 7.597 muertos.

Extremadura: 98.073 infectados y 1.867 muertos.

Galicia: 179.283 infectados y 2.535 muertos.

Madrid: 867.974 infectados y 15.764 muertos.

Melilla: 10.374 infectados y 101 muertos. 

Murcia: 135.965 infectados y 1.669 muertos.

Navarra: 80.834 infectados y 1.213.

País Vasco: 250.666 infectados y 4.721 muertos.

La Rioja: 38.561 infectados y 814 muertos.

Dicho contundentemente en un lenguaje claro y preciso: No proporcionar deliberadamente el cuidado necesario a quien ha pagado por él y lo necesita, es un crimen, y dejar morir a sabiendas a los ancianos y ancianas en las residencias también es otro crimen, de igual manera que cualquier médico que acepte y aplique el triaje mengeliano sin denunciarlo son, lisa y llanamente, cómplices del crimen.

Con 68 pacientes en Urgencias pendientes de ingreso; el 80% de los quirófanos cerrados por contaminación tras el temporal y una presión que no deja de aumentar ni en UCI ni en planta, el Hospital Virgen de la Salud de Toledo totalmente colapsado. Con 472 pacientes COVID en el límite: Virgen de la Salud: 191 pacientes COVID en planta. Virgen del Valle: 103 pacientes. Provincial: 57 pacientes. Parapléjicos: 84. El 80% de los Quirófanos del Virgen de la Salud cerrados como consecuencia del temporal. Es decir, mientras la sanidad de Castilla- La Macha permanecía colapsada y muchas de sus instalaciones derrumbadas por el temporal, el nuevo hospital de Toledo permanecía inutilizado, sin encamación, ni UCI ni quirófanos activos, principalmente por falta de presupuesto, debido entre otras cuestiones, a las disputas y enfrentamientos políticos.

En absoluto estamos en una guerra como decían los altos jerifaltes militares en sus comparecencias públicas, sino que asistimos a una catástrofe para la que existen suficientes recursos si se organizan bien y si se quiere. No puede ser que haya hospitales cerrados como el Universitario de Toledo – uno de los mejor dotados de Europa, con una superficie construida equivalente a más de 34 campos de fútbol – y no haya camas en Barcelona, según dicen. No puede ser que los jefes de las taifas jueguen a “ser solidarios” enviando el material que quieran a otras taifas que les caigan bien. No puede ser que cada cual compre por ahí el material que le apetezca. Esto es un cachondeo ineficiente y asesino. Dejar morir a la gente no solo es radicalmente inhumano, sino que el triaje atenta muy claramente en contra de los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión (artículos 20 y 21) y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (artículo 5), pero, además, el triaje va en contra del derecho a la vida de que goza toda persona (artículo 2 de la Carta), independientemente de su edad o discapacidad.

Según ha revelado InfoLibre, el 18 de marzo de 2020, el Gobierno autonómico de Madrid envió a todas las residencias de mayores de su comunidad un protocolo con los criterios de exclusión que debían tenerse en cuenta, en el contexto de la COVID-19, a la hora de derivar a pacientes a hospitales. Según esos criterios, no debían ser trasladadas las personas gravemente enfermas ni aquellas con una discapacidad física o mental, falleciendo, entre el 25 y el 30 de marzo de 2020, 1.364 internos de residencias de mayores de Madrid, de los cuales solo el 13 % habían sido hospitalizados.

No era la primera vez que la figura del vicepresidente del gobierno japonés, Taro Aso, se convierte en polémica. Sus declaraciones son ya conocidas por todos y estas últimas se suman a una larga lista que incluyen comentarios despectivos contra ancianos o desempleados, por ejemplo: “Hitler, quien mató a millones de personas, no era bueno incluso si sus motivos eran los correctos”, dijo Aso durante su intervención en una reunión de un grupo de políticos del gobernante Partido Democrático Liberal (PLD), celebrada en Yokohama. (El Economista, 30 de agosto de 2017)

Esta esquela adelantada de nuestros viejos recuerda las declaraciones de aquel vicepresidente de las Finanzas en el gobierno japones, Taro Aso, cuando refiriéndose a la problemática de las pensiones, pidió a los ancianos del país que “se dieran prisa en morir” para que de esta manera el Estado no tenga que pagar su atención médica. “Dios no quiera que ustedes se vean obligados a vivir cuando quieran morir. Yo me despertaría sintiéndome mal sabiendo que todo el tratamiento está pagado por el Gobierno”, dijo Aso durante una reunión del Consejo Nacional sobre la reforma de la Seguridad Social, según informa el diario británico The Guardian (22 de enero de 2013). “El problema no se resolverá a menos que ustedes se den prisa en morir”, acabaría remachando.

No era la primera vez que este miserable, uno de los políticos más ricos de Japón, cuestionaba el deber del Estado en relación a los pensionistas. Ya en 2008, ejerciendo de primer ministro, llegó a calificar de “chochos” a los pensionistas que deben cuidar mejor de su salud: “Veo a gente de 67 ó 68 años constantemente ir al médico”, soltó en una reunión de economistas, para preguntarse: “¿Por qué tengo que pagar por las personas que sólo comen y beben y no hacen ningún esfuerzo? Yo ando todos los días y hago otras cosas, pero yo voy a pagar más impuestos”.

Por si no fuera suficiente, con fecha 7 de julio de 2015 sería la mismísima directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, quien ahondaría, aún más, en esta miserable política de acabar con los ancianos al manifestar públicamente que “El Fondo Monetario cree que hay que tomar más medidas de terapia de shock y cita entre ellas el recorte de las pensiones, el aumento de las cotizaciones y la posibilidad de que los Estados privaticen por completo el sistema de pensiones y contraten aseguradoras privadas para la cobertura de ese llamado riesgo de que la gente viva más de lo esperado. El Fondo reclama también que se recorten aún más las prestaciones y se retrase aún más la edad de jubilación ante el riesgo de que la gente viva más de lo esperado” (Diario 16, el 13 de marzo de 2010).

Christine Lagarde, directora gerente de FMI, quiere que la reunión de primavera en Washington sirva para mirar hacia delante. En este contexto, exige a los Gobiernos que reconozcan que el envejecimiento les puede crear un serio problema en el futuro y que es un riesgo. Para neutralizar sus efectos, recomienda combinar el aumento de la edad de la jubilación con otras medidas. Para el retraso de la edad de jubilación, propone que se ligue a la esperanza de vida, de modo que el número de años en que los jubilados cobran la pensión no aumente. En la reciente reforma española del sistema de pensiones que retrasaba la edad de jubilación a los 67 años de forma progresiva ya se prevé un mecanismo de este tipo, llamado factor de sostenibilidad, pero ese retraso no basta. El Fondo cree que hay que tomar más medidas recortando las pensiones, aumentando las cotizaciones y que los Estados contraten con aseguradoras privadas la cobertura de ese “riesgo de que la gente viva más de lo esperado”. Así, el informe de estabilidad financiera plantea que se recurra a los mercados de capitales para que se transfiera el riesgo de la longevidad de los planes de pensiones a las instituciones que tienen más capacidad para gestionarlo (El País, 12 de abril de 2012)

Por cierto, un pensamiento muy deseado por esos corsarios del neoliberalismo europeo y español, aunque no lo digan tan claro, utilizando narrativas un pelín más sofisticados, como, por ejemplo, que el “alargamiento de los años que los ancianos viven está creando un enorme problema a la economía del país”.

A este paso, de seguro que acabaremos copiando de los esquimales, que cuando sus padres son demasiado mayores los dejan a la intemperie glacial en la puerta de la choza.

¿Tendrá algo que ver esto con el coronavirus? ¡Ahí lo dejo para la reflexión ¡

El   día 15 de abril de 2015, los Mensajeros del “ángel de la muerte” se hacían cargo de la gestión de la residencia Virgen del Carbayo en la localidad asturiana de Ciaño, en Langreo, Hasta entonces este antiguo Asilo era gestionado por las Hermanas de los Ancianos Desamparados, que han trabajado en la zona desde que en el año 1947 el marqués de San Feliz les cediera el edificio para que lo destinaran a la atención a personas desfavorecidas.

En España, allá por la primera mitad del siglo XX, existían instituciones para ancianos pobres atendidos por Órdenes religiosas en las que convivían conjuntamente con enfermos, dementes y huérfanos, es decir, unas instituciones que acogían a todo tipo de población faltan de la institución familiar, por cualquier motivo, bajo la tutela de la Iglesia.

El rechazo social a la persona indigente fue común a lo largo de la historia de la humanidad, siendo copiosas las evidencias que lo demuestran, entre ellas un elocuente grafito rescatado en Pompeya con el siguiente párrafo: “Odio a los pobres. Quien quiera algo a cambio de nada es un necio. Que pague y lo obtendrá”. Por contra, los Evangelios están salpicados de frases incitando a socorrer a los más necesitados; subrayando asimismo que el acto de dar no siempre es desinteresado, predominando los casos de hipocresía, y agregan a este propósito que “cuando des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha”.

La estructura económica de la sociedad medieval favorecía el que grandes estratos de población sufrieran situaciones de apremiante precariedad, propiciatorias de traspasar con facilidad el umbral de la miseria. Es sabido que la subsistencia de quienes dependían exclusivamente de las labores del campo estaba a merced de la bondad o mezquindad estacional de las cosechas, de las indisposiciones de la salud o incluso de unos excesivos gravámenes impositivos, sin ignorar una serie de contingencias que, como la lepra, la peste, las sucesivas hambrunas o las guerras abocaban a una situación carencia real, cumpliendo inexorablemente durante esos intervalos temporales el nexo entre la enfermedad y la indigencia. Por otra parte, es sobradamente conocido como una de las formas básicas de relación interaristocrática la llamada economía del don y el contradón, una de las características más definitorias de la relación social que establecen los dominantes con los de su grupo.

En efecto, de la mayoría de los textos y documentos clásicos relativos a la dádiva se desprende una actitud agonista motivada por la ambición de status. La acción de quien da es interesada, en el sentido de que prevé a cambio otro don por parte del receptor. Sin embargo, la existencia del grupo aristocrático no es comprensible más que desde la perspectiva de su contrario, aquél que produce para que el aristócrata ostente su estilo de vida y que no tiene acceso al sistema de relaciones sociales que los dominantes establecen entre ellos, a la vez que se produce una ruptura social irrecuperable, pues el mendigo, elemento marginal excluido de las normas de la reciprocidad, no podrá devolver nunca al rico lo que de él obtuvo.  Tras el presumido gesto altruista se enmascara, pues, un intercambio de intereses que consolida ideológicamente la bondad de las desigualdades, ya que con la pretensión de mitigarlas se refuerzan los mecanismos de dominación, de tal manera que los dones objetivan y hacen patentes las relaciones de respeto, dependencia, autoridad y poder sobre las que reposaba el orden social arcaico y, posteriormente, todo el sistema del evergetismo, siendo el principal propósito de tales gestos filantrópicos no aliviar la pobreza, sino más bien la búsqueda de la consideración y de honor a través del gasto público que sirve para afianzar la jerarquía social, sancionando las desigualdades vigentes en cada comunidad.

Allí donde se establecen temporalmente, nuestros mendicantes, al igual que los demiurgos, son percibidos como forasteros, cuyo estatuto comparten, gozando para su salvaguarda, de protección sobrenatural, tal como corresponde a los miembros del cuerpo social que no participan activa y plenamente en la colectividad. Por eso están amparados por los dioses que, bajo las más diversas apariencias, recorren pueblos y ciudades en forma de errantes peregrinos, para ver la justicia o la maldad de las personas. Obviamente, la mendicidad supuso y supone una necesidad vital para la subsistencia del clero en todas las partes del mundo. Resulta significativo, sin embargo, que aun cuando se contara con subvenciones por parte de la ciudad, se siguiera apelando a la generosidad de los fieles, sin olvidar que la limosna de los fieles es un gesto religioso; comparable, por tanto, al gesto de piedad de quienes echan monedas para llenar los “cepos” sagrados.

El Madrid del primer tercio del S. XIX quedaba constreñido por las murallas mandadas construir por Felipe IV, encerrando en un pequeño espacio a demasiados habitantes. Población que se vio incrementada por ser Madrid, Villa y Corte concentrando a la burguesía emergente, la aristocracia y el poder con su correspondiente aporte de riqueza. El desarrollo económico no pudo absorber las fuertes oleadas de inmigración que llegaba a la ciudad procedente de un campo que se depauperaba como consecuencia de las reformas y desamortizaciones liberales. En este contexto, Madrid era un hervidero de pasiones: epidemia de cólera, masas de inmigrantes y malas condiciones económicas, lo que propiciaba que se agolpasen en sus calles multitud de mendigos, niños abandonados, prostitutas…etc. Joaquín Vizcaíno, marqués viudo de Pontejos, fue quien planteó la necesidad de establecer un nuevo recogimiento de pobres, idea que se plasma en la fundación del Asilo de Mendicidad de San Bernardino, totalmente municipal.

Pues bien, esos asilos para ancianos indigentes han dado hoy paso a las residencias para ancianos o residencias para la tercera edad, atendidas no sólo por religiosas, como los antiguos asilos, sino gestionadas y atendidas, mayoritariamente, por personal seglar, pertenezcan o no a la Administración pública.

En efecto, es la oferta de plazas privadas la que se ha incrementado espectacularmente en los últimos años, poniendo de relieve la lentitud de aplicación y el relativo fracaso de otras alternativas asistenciales o servicios que han contribuido a su extensión, entre otras cuestiones porque el internamiento o aparcamiento de ancianos y ancianas, en nuestro país, no está, ni mucho menos, en vías de desaparición; por el contrario, se incrementa y, además, constituye la única solución viable, desde su propia perspectiva, para una gran cantidad de ancianos.

Pero, ¿quién y como se hace negocio hoy en España con el aparcamiento de los ancianos y ancianas en esos establecimientos, de los cuales, muchos de ellos se pueden calificar como pretanatorios?

Comenzaremos afirmando que el llamado sector residencial para el cuidado de los mayores está en manos privadas en casi su totalidad, con apenas 50.000 plazas de gestión pública, aunque privatizados todos sus servicios de limpieza y comida, entre otros, que representan el 13% del total, siendo el principal operador la iglesia católica, apostólica y romana, por delante de cualquier grupo empresarial presentes en el negocio residencial.

A la hora de adentrarnos en materia es necesario dejar perfectamente constatado que en este modelo residencial español existen bastantes anomalías a tener muy en cuenta que no son sino expresiones del capitalismo más salvaje del siglo XXI y del capitalismo incipiente del siglo XIX, destacando, entre todas ellas, los pelotazos multitudinarios que se vienen dando, comprando y vendiendo grupos de residencias al objeto de sacar el máximo beneficio en el menor tiempo posible, donde los residentes son lo menos importante, creando para ello complicadas estructuras societarias con el objetivo de eludir los impuestos y exprimir al máximo la caja de los establecimientos residenciales para conseguir todo el dinero efectivo que puedan, sin olvidarnos, claro está, de un hecho específico que sirvió, entre otras cuestiones, para abrir de par en par las puertas a los fondos del capital privado, como fue el desguace de las Cajas de Ahorros y Montes de Piedad.

En realidad, este invento de las Cajas de Ahorros fue obra del clero, que surgiría como la respuesta protestante a los montes píos católicos, de tal manera que, en lugar de prestar a los humildes, decidieron crear unas instituciones para que pudieran guardar su poco dinero y recibir un pequeño interés a cambio; empleando ese dinero para prestarlo a muy bajo interés. Las cajas llegarían a España en la primera mitad del siglo XIX, por Real Decreto de María Cristina de Borbón, unidas a los Montes de Piedad para conseguir una doble función benéfica y financiera, pero el gobierno y los partidos políticos acabarían metiendo la mano en las cajas y al final los ahorros de los pobres acabaron financiando la deuda del estado, cuando no llenando los bolsillos de sus gestores, principalmente políticos y algunos sindicalistas. Entre eso y que muchas cajas se metieron en negocios que no debían, la mayoría acabarían quebradas. 

Las noticias publicadas hoy, 12 de julio de 2016, acerca de la compra por parte de la Corporación Masaveu de más acciones de Liberbank y sobre el peso de ese grupo de la oligarquía asturiana y de los fondos de inversión mexicanos en el accionariado del banco son la mejor prueba de las maniobras especulativas ligadas al proceso de privatización/liquidación de Cajastur, con la impagable ayuda de los directivos que han pilotado todo este proceso de saqueo. Resulta evidente que lo que menos interesa a estos grupos económicos es la viabilidad a medio y largo plazo de la entidad y, por tanto, de los puestos de trabajo, pero también resulta evidente que el equipo directivo de Liberbank está desarrollando una política que sólo favorece los intereses de esos grupos especuladores (Foto de la antigua sede del Monte de Piedad en Oviedo, en la plaza Alfonso II El Casto).

En efecto, los primeros asilos en España eran de carácter religioso y estaban basados en el concepto de caridad, iniciándose cierta profesionalización en los principios de los años setenta, con la elaboración del primer Plan Gerontológico de la Seguridad Social en 1971 y la creación del IMSERSO en 1972, cuando empezaron a surgir los primeros “cuchitriles” privados a los que llamaban residencias y donde permanecían hacinados los ancianos y ancianas, hasta el extremo de llegar a usar métodos muy poco ortodoxos para que permanecieran dormidos el mayor número de horas, sobre todo por la noche.

Por aquellos tiempos, la iglesia católica ya era dueña de múltiples residencias, pero seguiría abriendo otras muchas, hasta llegar a ser el principal operador en el sector, tanto en geriátricos en propiedad como en el número de centros gestionados, desplegando toda su actividad a través de múltiples entidades como Cáritas e incluso los propios obispados, siendo las más importantes las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, toda una potencia en el sector, con 112 geriátricos y 15.000 plazas, repartidos por todas las comunidades autónomas, salvo en las Islas Baleares y Euskadi.

Los negocios son los negocios: Sor Rosario tiene 70 años y lleva 16 entre estas paredes de la residencia de ancianos de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, ubicada en la madrileña calle Padre Damián 22, a solo cinco minutos a pie del Santiago Bernabéu: “Nos enteramos de la venta del edificio en marzo. No sabemos nada más”. Junto a sor Rosario viven 18 monjas, 163 ancianos y 29 trabajadores. Todos ellos deberán abandonar estas instalaciones de 18.512 metros cuadrados el 8 de noviembre de 2021. La Iglesia, que tutela la fundación, ha vendido los inmensos pabellones residenciales y la parroquia de San Jorge, con la que colinda, a la Universidad privada de Nebrija. Esta es la segunda venta conocida que ha hecho el Arzobispado de Madrid en menos de un año a través de una de las 71 fundaciones que controla.

Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul ocupan la segunda compañía de monjas, gestionando 43 centros y 3.000 camas. Las Hermanitas de los Pobres, en tercer lugar, gestionan 20 centro con 1.500 plazas.

Cáritas Española, creada por la Conferencia Episcopal de la iglesia católica, dispone de 26 geriátricos con 1.800 plazas, amén de otros establecimientos residenciales cuya gestión la tiene encomendada a terceros, la mayoría de ellos a nombre de fundaciones, siendo una de las más importantes la Fundación San Rosendo en Galicia, fundada por el cura Benigno Moure Cortés, que bajo control directo del obispado de Orense lleva la gestión de 45 geriátricos con un total de 2.800 plaza.

Esta Fundación San Rosendo sería creada en 1992, siendo amamantada por la Xunta presidida por Manuel Fraga y la mafia caciquil orensana de los Baltar centrando sus servicios en la atención y el cuidado de ancianos, inválidos y necesitados, alcohólicos, minusválidos físicos y psíquicos en sus distintos grados y familias necesitadas, entre otras actividades, figurando como presidente honorario, por lo menos hasta 2020, el cura Benigno.

Este cura, amigo del exministro franquista y expresidente de la Xunta de Galicia entre 1990 y 2005 Manuel Fraga Iribarne, el único hombre capaz de imponerse a Manuel Fraga – se dice que hasta le dejaba fumar sus cigarros cohibas en el despacho presidencial -, y una de las pocas personas a las que el ex presidente temía y respetaba a partes iguales, recibiría las más altas distinciones del gobierno gallego por su “meritoria labor” en el cuidado de los ancianos y ancianas, hasta que en el año 2008 sería condenado a cinco años de cárcel por robar 573.673 euros a una de las “ancianitas” ingresada en uno de sus establecimientos con un grado muy avanzado de alzhéimer.

En efecto, la Audiencia Provincial de Orense condenaba al presidente de la Fundación San Rosendo, el cura Benigno Moure, a cinco años de cárcel por los delitos de apropiación indebida de los bienes de una anciana incapacitada, además de imponer al notario Alejo Calatayud ocho meses de multa por falsedad documental por el mismo caso, según consta en la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense tras el juicio celebrado el 2 y 3 de abril de 2008 contra ambos.

De esa segregación ética y estética de su casa matriz, Cáritas, nació Fundación San Rosendo, regida por un patronato que preside Benigno Moure, a través del cual alcanzó el cielo del éxito en la tierra y el reconocimiento de las administraciones por su obra social, como la medalla Castelao, Plata de Plata de Galicia; Grelo de Ouro y un largo etcétera, al tiempo que arreciaban las críticas de parte de la sociedad orensana por la supuesta explotación laboral y deficitaria atención a los pacientes ingresados en el centro asistencial (En la foto Fraga Iribarne y el cura Benigno Moure)

El caso se había iniciado como consecuencia de una denuncia presentada por el sobrino de la anciana Maria Vázquez Covela, ingresada junto con su marido en el geriátrico “Nuestra Señora de Os Gozos” en la localidad orensana de Monterrey – Pereiro de Aguilar.

Según se puede leer en la sentencia, el matrimonio tenía un “significado patrimonio inmobiliario y un importante capital en dinero” en una sucursal de Banesto, de tal manera que, cuando el director bancario quiso proponer a los titulares opciones para rentabilizarlo tuvo que contactar con Benigno Moure “que controlaba personalmente las visitas”, diciéndole al agente bancario que la fundación se hacía cargo de la administración y gestión del patrimonio, surgiendo la idea de incluir al cura como “autorizado” en las cuentas bancarias “lo que la anciana María Vázquez Covela aceptó asintiendo con la cabeza y firmando”. Tras fallecer el marido, también afectado de alzhéimer, el estado de la mujer motivó en 1999 que la fundación pidiese a la Fiscalía su incapacitación legal que fue decretada en noviembre de 2001 con el nombramiento como tutor de su sobrino y único heredero César Vázquez Romero.

Esta sentencia condenatoria contra el cura, sería recurrida por el cura ante el Tribunal Supremo, que dictaría una impresionante sentencia en 2011 por la que se ratificaba la condena de cinco años de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida: “el acusado Benigno Moure”, en la convección de que la mujer carecía de herederos forzosos, procedió a vender sus bienes inmuebles y a vaciar sus cuentas bancarias, “con intención de transferir ilícitamente a la Fundación San Rosendo la integridad del patrimonio”.

No obstante, a pesar de la sentencia judicial firme, la Diócesis de Ourense y el Partido Popular seguían presionando para que Moure no ingresara en prisión, llegando a convocar una manifestación en 2011, hasta que, finalmente, el cura sí pasaba por la cárcel de Pereiro de Aguiar, aunque sólo durante dos meses. Un castigo simbólico que rápidamente sería sustituido por la colocación de una pulsera magnética en el tobillo del condenado, para garantizar que pernoctase en su vivienda, hasta que, un año más tarde la Junta de Prisiones le retiraba el tercer grado y la pulsera para dejar en libertad al delincuente de la sotana.

Tras el ajetreo del juicio, la condena, los recursos, la petición de indulto al Consejo de ministros y las pruebas médicas para avalar su impedimento y librarse de la cárcel, el tal Moure seguía con su vida de siempre, como si nada hubiese ocurrido. Es decir, el cura delincuente Benigno Moure siguió presidiendo la Fundación San Rosendo durante la investigación y el juicio, y lo hizo incluso hasta el año 2011, cuando la sentencia firme lo inhabilitó legalmente para ocupar esta posición. Sin embargo, Moure dejaba de ser presidente para ser presidente de honor, manteniendo una posición de reconocimiento social a pesar de ser un reconocido ladrón, de tal manera que la demanda interpuesta por César Vázquez, uno de los sobrinos de la anciana estafada, sólo fue un paréntesis en su trayectoria en la Fundación San Rosendo, que en ese año de crisis contó con un presupuesto de 42,7 millones de euros.

A la vista de los hechos constatados y perfectamente documentados, resulta del todo vergonzoso que un ladrón que roba a los ancianos enfermos, después de haber permanecido dos meses en la cárcel, ni haya dimitido ni esté en la cárcel para cumplir los cinco años de la sentencia del Tribunal Supremo, paseándose por las calles de Orense “con su pasado glorioso intacto”. ¿Habrá obrado algún milagro de la iglesia o alguna gracia divina que la mente humana no alcanza a comprender, o será que en este país la justicia se interpreta según la dirección en la que chifle el viento?

La triste realidad es que “la grave enfermedad” que le certificó el Instituto de Medicina Legal de Galicia, hasta nueve patologías, varias óseas, lo exime de ingresar en la cárcel y de la inhabilitación, de tal manera que la misma Audiencia Provincial que le había condenado, tendría en cuenta el informe médico según el cual el cura necesita cama motorizada ortopédica, “un impedimento para un régimen carcelario”. ¿Tendrá algo que ver en este desagradable asunto el grado de corrupción alcanzado en los organismos e instituciones del Estado, sobre todo, a la hora de toparse con la iglesia?

Pero, no solo se robaba y se sigue robando a los ancianos en estos pretanatorios llamados geriátricos, ni tampoco se usan estos exclusivamente para el cuidado de los ancianos y ancianas, porque la iglesia católica, una de las instituciones más ricas del mundo, económicamente hablando, ya hacía muchos años que se había dado cuenta del gran negocio doble que suponía para sus repletas arcas la explotación de este sector de las residencias a partir de los antiguos asilos: el de la gestión y el inmobiliario.

De esta manera, sin salir de la Fundación San Rosendo del cura Benigno Moure, una mera alegación durante el periodo de exposición pública del Plan General de Urbanismo de Vigo del año  2005, le bastó a la iglesia para recalificar un solar de 1.395 metros cuadrados, cuyo uso pasó de dotacional a residencial contra la lógica de todo el ámbito, reservado para dotaciones, y pese a las exigencias de la Consellería de Educación, que consideraba “imprescindible” el colegio público que funcionaba en el edificio.

Nueve patologías, varias de ellas óseas y certificadas por el Instituto de Medicina Legal de Galicia, y la necesidad de usar una “cama motorizada ortopédica” le sirvieron al cura orensano Benigno Moure para eludir la prisión por la condena de cinco años de cárcel por robar casi 600.000 euros a una anciana enferma de alzhéimer. Sin embargo, el cura sigue caminando todos los días erguido, sin bastón y con aparente buen aspecto a su puesto de trabajo como presidente de la Fundación San Rosendo pese a la condena firme del Supremo que le obliga a ingresar durante cinco años en la cárcel y a no presidir fundaciones asistenciales (EL PAÍS, 19 de noviembre de 2009)

La especulación de la operación cuestiona la actividad de una fundación que, según declara en sus estatutos fundacionales, “quiere ser voz y lucha contra las marginaciones y pobrezas de todo tipo”. La clausura, por parte de la Vicepresidencia de la Xunta, de una residencia de ancianos que funcionaba en el mismo edificio dejaba despejado el camino al negocio inmobiliario de la Fundación San Rosendo.

Al Plan General del ayuntamiento de Vigo, presidido por la alcaldesa del PP, Corina Porro, se presentarían más de 60.000 alegaciones, siendo aceptada la de la Fundación San Rosendo, atribuyendo los responsables del plan “a un error en la edición del documento presentado para la aprobación inicial del Plan Xeral de Ordenación Municipal” que la parcela figurara como equipamientos y otorgándole la calificación de residencial, para viviendas.

Aquella recalificación o “pelotazo” supuso la creación de una isla en el conjunto del ámbito, que se destinaba a equipamientos, contradiciendo los compromisos asumidos en la historia y transacción del inmueble, pero representaba un negocio urbanístico de mucho dinero para la Fundación San Rosendo.

Queda muy claro que a la iglesia no le interesaba ni la residencia ni el colegio en su edificio, cuando, según fuentes del propio centro educativo, ya les habían anunciado en 2004 que el colegio iba a ser cerrado mientras se estudiaba el uso urbanístico que le iban a dar al edificio, hasta que en marzo de 2006, el director de la Obra Social de Caixanova pedía el cierre del colegio aduciendo que la Fundación San Rosendo necesitaba contar con la totalidad del inmueble para sus fines “profundamente entroncados con la acción social y más acordes a las actuales necesidades que la sociedad presenta”.

Los vecinos del barrio del San Roque observan atónitos desde hace semanas el trasiego diario y nocturno de personas en un edificio desocupado hace años. Y no es un inmueble cualquiera. De diez plantas levantadas sobre una parcela de 4.100 m2 próxima al hospital Xeral y la Plaza de España, antiguamente albergó una residencia de ancianos y hasta no hace mucho un centro de Primaria. Lindante con el Colegio Hogar, fue construido en 1960 por la Caja de Ahorros Municipal de Vigo, que lo vendió en 1987 a la Fundación San Rosendo, conocida por los problemas judiciales de su creador, el cura Benigno Moure.

Aquella residencia de la tercera edad Nuestra Señora de la Esperanza, según la página web de la Fundación San Rosendo: “Es un edificio de mitad del siglo pasado, con siete plantas que antiguamente fue hotel. Sus habitaciones con baño y hall, salón de televisión, salas de estar y capilla, cocina y comedor se reparten los más de 3.000 metros construidos. En la actualidad dispone de 25 plazas para ancianos válidos”, pero, “está pendiente de modificación y destino”, previene la propia Fundación.

La Vicepresidencia de la Xunta, sin embargo, archivó en septiembre de 2006 el expediente de concesión del permiso de inicio de actividades del geriátrico porque, pese a los requerimientos realizados durante tres años no había hecho nada por subsanar sus deficiencias, de tal manera que, con el suelo recalificado y sin residencia de ancianos, a la Fundación sólo le quedaría desalojar el colegio, cuyo “pelotazo” urbanístico  permitió dedicar el solar a vivienda, con una edificabilidad total de 7.390 metros cuadrados, alcanzado un precio de la vivienda en aquella zona superior a los 4.000 euros el metro cuadrado.

Es verdad que, permanentemente, oímos hablar de que los cuidados de larga duración y la atención a la dependencia constituyen el “cuarto pilar” del Estado de bienestar, pero no es menos cierto que nuestro país sigue envejeciendo, hasta el punto de que para el año 2033, una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que supone tener más de doce millones de ancianos frente a los nueve millones que existen en la actualidad. Es decir, nos enfrentamos a un tema recurrente sobre todo cuando se habla de cómo se van a mantener nuestras actuales y futuras pensiones, pero, sin embargo, apenas se habla de cómo se van a cuidar a esos ancianos y ancianas que algún día seremos nosotros mismos.

A la vista de esta realidad, presentada mucho más agravada a la vuelta de la esquina, resulta más que evidente que las residencias de ancianos siguen sin estar consideradas como un tema esencial y prioritario y que el debate público que necesitamos para encararlo no se está dando en profundidad, mucho menos si el Estado siguen manteniéndolo en manos de la iglesia católica y de las multinacionales surgidas al efecto, de las que nos ocuparemos en otro capítulo específico. Estamos, lisa y llanamente, ante un problema relacionado con las políticas del capitalismo neoliberal y de austeridad que restringen el gasto público o limitan las contrataciones de personal por parte de las administraciones.

A modo de ejemplo, un informe del Consejo General de Enfermería elaborado en 2019 advertía de la necesidad de crear 125.000 nuevas plazas de enfermería para acercar la ratio de atención de 5,8 profesionales por mil habitantes española a la media de la UE, de 8,2. Por su parte, la geriatría es una especialidad relativamente nueva y, en cierto modo, no totalmente aceptada. En España, en 2018, había 850 geriatras entre la sanidad pública y la privada y las plazas MIR ofrecidas para ese servicio eran menos del 0,9% del total.

La gran política pública que se iba a enfrentar a esta cuestión fue la Ley de Dependencia de 2006 promulgada por el gobierno de Zapatero. Un sistema destinado a garantizar ayuda a domicilio, centros de día y ayudas económicas para las cuidadoras familiares y profesionales, pero que, al adolecer de un verdadero soporte económico, el mismo ha quedado transformado en una gran chimenea echando humo, especialmente cuando sabemos que nuestro país está muy por debajo de la media de la OCDE en gasto público en dependencia y en porcentaje de personas atendidas por el sistema o empleados en el sector de cuidados.

Además, los recortes impuestos desde la crisis, las listas de espera, y las trabas burocráticas de todo tipo que se encuentran los solicitantes, conllevan que la tasa real de cobertura del sistema no supere el 50%, según un informe del Centro de Estudios Fiscales.

Estamos hablando de un sistema enorme cuyo coste es de casi 8.000 millones de euros – financiados en un 80% con dinero público y en un 20% por los ciudadanos – y que son claramente insuficientes. Otro problema importante de la ley es que abre la puerta a la externalización de esos servicios.

Por si no fuese suficiente, los recortes tras recortes de las administraciones centrales y autonómicas, encargadas de financiar la ley al 50%, se suceden hasta dejar transformadas las prestaciones en una insultante limosna, eso después de haber realizado un largo y farragoso camino para determinar el grado, del uno al tres, en función del cual, se adjudica una ayuda económica, asistencial o una plaza en un centro, en su mayoría gestionados por los “buitres carroñeros” de las multinacionales o por los “cuervos” de la curia vaticana, dejando muy clara constancia de que la financiación del Sistema de Dependencia recae mayoritariamente en las personas usuarias, cuyos principales ingresos son las pensiones.

Nuestro sistema actual de pensiones contributivas no está ligado a las necesidades de esas personas, sino a su contribución a la Seguridad Social durante su vida laboral, donde sería deseable una sociedad salarial con empleo estable y adecuadamente remunerado que pudiera garantizar el futuro del sistema, pero, la realidad actual se aleja mucho de ese deseado escenario, ya que somos  una sociedad “post-salarial”, donde prima el empleo cada vez más inestable y más precario, entrada tardía y difícil permanencia en el mercado laboral, y períodos grandes de desempleo.

De otra parte, las pensiones no contributivas palían en parte esta situación, pero su baja cuantía las hace inadecuadas como alternativa. Así que es necesario buscar una fuente de ingresos complementaria para garantizar un mínimo vital para las personas mayores. No tiene sentido que este nuevo sistema esté basado en la limitación del acceso o del recorte de la prestación, como se propone desde las posiciones del neoliberalismo turnista del PPSOE. Por lo tanto, es necesario acudir a fuentes alternativas a los salarios para su financiación, vía Presupuestos Generales del Estado, entre otras.

Puede sorprendernos saber que en 2018 la mayor renta anual media en España era la de las personas mayores de 65 años, lo que tiene más que ver con el deterioro de las rentas salariales y el mercado laboral en general, que con el aumento de las pensiones. Explica que sean estas últimas el sostén de muchas familias que han visto precarizadas al límite sus condiciones de vida, sobre todo desde la crisis de 2008, cuando el mismo gobierno de Zapatero imponía “Un esfuerzo especial, singular y extraordinario”, anunciando aquel 12 de mayo de 2010 las medidas para atajar el déficit que supusieron un vuelco total de su política económica hasta entonces y que, tres años después, con un Ejecutivo del PP continuaron siendo la receta aplicada para hacer frente a la crisis, con el resultado de la primera bajada del sueldo de los funcionarios  de la Historia y otros recortes significativos, como la congelación de las pensiones, también por primera vez durante el periodo que llevamos de restauración monárquica, por no hablar de la supresión del cheque-bebé, con un total de 15.000 millones de euros de ajuste entre los años 2010 y 2011.

La madre de Miguel ha muerto a los 87 años sin llegar a tiempo de recibir la prestación por dependencia que le reconocieron hace seis meses. En ese limbo, con derecho reconocido y sin ayudas, figuran 250.000 dependientes, casi el 20% de las solicitantes. En 2018 murieron a la espera, 30.400 personas, 80 al día, según la Asociación de directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Fue uno de los proyectos estrella del ejecutivo de Zapatero, que la vendió como la “cuarta pata” del Estado de Bienestar, tras la educación, la sanidad y las pensiones. Otro objetivo inconfeso era asentar el voto de las clases medias y bajas. Pero nació coja, sin un sistema de financiación claro y asegurado (20-05-2019)

Lo más grotesco sería cuando el PSOE y el PP siguiendo las directrices de la banca se pusieron de acuerdo, antes de las elecciones anticipadas, para reformar la Constitución en su artículo 135 en un tiempo récord con el objetivo de incluir una regla fiscal y poner un tope a la deuda pública. Tras estos años del austericidio con brutales recortes en la sanidad, educación o ley de la dependencia, los españoles sufrimos los efectos en nuestras propias carnes, con un incremento del paro en casi dos millones de personas, pasando del 20% al 27,2% de la población activa, hasta sumar más de seis millones de personas desempleadas.

“El PSOE está dispuesto a gobernar el cambio. Por ello, estoy dispuesto a reconocer y corregir algún error que cometimos en el pasado más reciente. Me refiero a la reforma del artículo 135 de la CE. Respeté la decisión del presidente Zapatero, en un momento de extraordinaria complejidad económica. Y porque lo respeté, voté a favor de modificar el artículo 135. Pero, creo que hoy es justo reconocer que con su aprobación debemos aprender de varios errores: no puede haber reforma de la CE sin el voto de los españoles. La reforma sirvió al PP para dar cobertura legal a los recortes en sanidad, educación y pensiones. Como actores de la reforma, se nos exige a los socialistas mayores dosis de responsabilidad en su modificación”. 

Sin embargo, menos sorprendente resulta saber que, aunque la mitad de las pensiones contributivas en España las cobran mujeres – más de cinco millones -, se trata, en gran parte, de pensiones de viudedad. La gran brecha de género, entre la media de 1.178 euros de los varones y los 757€ de las mujeres, se hace más profunda al ser también mujeres el 65% de las perceptoras de pensiones no contributivas, de mucho menor importe.

En definitiva, queda claro que existen muchos intereses económicos en juego, sobre todo por parte de la Iglesia y de las empresas privadas que siguen abriendo nichos de negocio sobre nuestras vidas. Son muchas las cuestiones a debatir sobre cómo generar una verdadera corresponsabilidad social en este ámbito. Cómo conseguir que este tema importe para que consigamos una suficiente financiación y condiciones laborales adecuadas, pero la principal vía para devolver esos servicios, o una parte de ellos,  al ámbito de lo público, acabando con las restricciones  presupuestarias y de contratación de personal impuestas por la austeridad constitucionalizada durante la crisis – el tristemente famoso 135 – que prioriza el pago de la deuda sobre el resto de gasto, también el social: la deuda – los bancos – sobre las personas. Pero, que sea público, no garantiza en absoluto la calidad del servicio ni las condiciones laborales. Tendríamos que conseguir también que los trabajadores, unos y otras, vayamos ganando más poder a través de la lucha de clases sobre nuestras propias condiciones de trabajo, más capacidad de decisión sobre la manera en la que se organiza el trabajo y los servicios.

Pese a estos obstáculos, con datos recopilados hasta el 7 de abril, la multinacional DomusVi –controlada por un fondo de inversión británico– tiene ocho centros repartidos por seis comunidades con más de cinco fallecimientos. El total de mayores muertos en esos ocho centros es de al menos 152, con lugares como Alcoi (Alicante) que llevaba contabilizados 40 decesos hace una semana o Arroyo de la Encomienda (Valladolid) que sumaba 32 hace cinco días.

La muerte de miles y miles de “ancianos”, ha dejado a su paso un horror vacui. La muerte indigna de nuestro propio pasado ha puesto al descubierto el espectáculo dantesco de la deshumanización y la crueldad en pleno siglo XXI. Maltrato y abandono de la vejez en residencias retransmitido a diario y en directo a través de las pantallas de televisión viendo el continuo tránsito de cuerpos ajados enfundados en plásticos; camiones rebosantes de féretros; mortajas arrojadas a fosas comunes. Nadie previno. Nadie dijo ¡Basta ya! y todo este infierno desfiló silenciosamente ante la mirada impertérrita de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Naciones Unidas (ONU), Unión Europea (UE) y gobiernos, entre ellos España. Sin embargo, cuando presenciamos de nuevo el holocausto, resulta imposible tener que preguntarnos sobre el porqué de tanta muerte entre los ancianos y ancianas en esos pretanatorios que sarcásticamente se conocen como geriátricos o residencias para la tercera edad: ¿fue la madre naturaleza?, ¿se pudo evitar?, ¿qué falló?

La cruda realidad ha sido que, desde marzo de 2020, nos hemos despertado y acostado con la implacable tiranía y crudeza del invierno de las estadísticas de mortalidad por el coronavirus. Es la relación de los muertos, ordenados en columnas. A veces muertes desagregadas por datos minimalistas de sexo e intervalos de edad hasta esas edades que marcan las estadísticas mundiales sobre la esperanza de vida – en España, entre 1999 y 2019, la esperanza de vida al nacimiento de los hombres ha pasado de 75,4 a 80,9 años y la de las mujeres de 82,3 a 86,2 años, según los indicadores demográficos básicos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) -, tal y como si pretendieran indicarnos la fecha de nuestra muerte en esta empinada montaña que es la vida, especialmente para las clases sociales más desprotegidas, frágiles y vulnerables, aquellas que de manera sistemática son injusta e impunemente desfavorecidas por razón de código postal, etnia, raza, desempleo y vejez.

Lo que resulta del todo paradójico es que nadie muere de viejo, no al menos para la estadística. Los pulcros certificados de muerte tienen asignada siempre un por qué: infarto, cáncer, ictus, diabetes, pero en este año maldito del 2020, se ha añadido una nueva causa, cierta o probable de una patología fatal, especialmente cruenta en la vulnerabilidad corpórea e inmunológica: el coronavirus. Si bien nadie está exento de padecerlo y de morir, cuanto mayor haya sido la duración de exposición a la carga viral es prácticamente imposible escapar a sus garras cuando la edad registra una nomenclatura de dígitos incrementados.

Lógicamente, sería radicalmente injusto extender de manera indiscriminada la culpa por un abandono tal de personas que comportó, si no directamente la muerte de muchas de ellas, si de quienes en sus residencias de ancianos ignoraban incluso la causa de sus males por falta de las atenciones requeridas. No, no se puede expandir la culpa, aunque bien haría alguno y alguna en recoger el dicho de Dostoievski para decir que si, en cierto sentido todos somos culpables – bien haría la sociedad española en replantearse qué es lo que estamos haciendo con nuestros mayores -, “yo soy más culpable que nadie”.

Si así fuera se podría empezar a salir de la hipocresía con que se proponen lutos por las víctimas de la pandemia y se sacan a los balcones banderas con crespones negros. Más aún, si desde ciertos partidos políticos, por no hablar de todos, se dejara de amparar la frivolidad inaudita con que se trata a los muertos, y no sólo de residencias – muchas de las cuales fueron dejadas de las manos de las administraciones públicas para ponerlas en las de empresas con afán de lucro por encima de deberes insoslayables -, sino a unos muertos que en su cuantioso número y cada uno con su nombre y apellidos son utilizados de la manera más desvergonzada como munición en la cada vez más asquerosa y sucia contienda política, entonces se podría hablar con seriedad del duelo que colectivamente debemos a las víctimas, apoyando además a familiares y amistades que en su día no pudieron ni acompañar los féretros de sus deudos.

La respuesta a la pandemia ya ha revelado algunas realidades inquietantes sobre la diferente valoración que hacemos de las vidas de los demás. Así tenemos como los políticos y otros gestores de la sanidad han dirigido los recursos médicos y beneficios sociales-económicos hacia los jóvenes, los blancos y las personas acomodadas, y limitando los mismos recursos a los negros, a los indígenas o aquellos con discapacidades. No es de extrañar, entonces, encontrarlos abogando para que participemos en un “altruismo extremo” en la época del COVID-19, definiendo este como “un acto tomado en beneficio de otro que implica hacer grandes sacrificios o riesgos personales que alteran o ponen en peligro la propia vida”.  Citan el trabajo de caridad en el extranjero, la atención médica de primera línea o el servicio en tiempos de guerra como ejemplos.

De casa al pretanatorio, y del petranatorio al cementerio: “cuando la ingresé, mi abuela, caminaba, no usaba pañal y comía sola, pero acabó encamada, con una úlcera en el sacro del tamaño de un puño y otra en el talón que le impide volver a andar”. Ella la había llevado al hospital tras pasar una semana sedada en la residencia después de apreciar que tenía una herida en un tobillo, pero en el hospital supo que su abuela “había sufrido una parada cardiorrespiratoria y que estaba desnutrida, aunque la directora de la residencia me decía que no le pasaba nada; que sencillamente se moría por la edad”, según se recoge en el diario El País de 1 de marzo de 2021.

Familiares de ancianos fallecidos por el coronavirus en residencias pedirán cárcel para los responsables de los triajes sanitarios que, durante la fase dura de la pandemia, en marzo y abril, dejaron sin atención hospitalaria a millares de personas mayores de 70 años enfermas de Covid-19.

Ahora, ella ha presentado una querella criminal por abandono y negligencia médica contra DomusVi y la Xunta de Galicia, responsable de la inspección, que tramitan los abogados de la Federación Galega de Usuarios da Dependencia e Residencias (REDE), la cual se dirime en el Juzgado de Instrucción número 2 de Monforte de Lemos. El juez ha pedido numerosa documentación y ha llamado a testificar a dos enfermeras de la residencia: “Por 1.000 euros al mes no puede haber un gerocultor viendo las heridas y curándolas y atendiendo a 100 personas. Habrá que pagar más a la gente y contratar más; la administración pública debería pagar las plazas concertadas a precios aceptables”, comenta en el mismo diario el presidente de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría. Ocurre que las residencias de ancianos o pretanatorios son la verdadera zona cero de la crisis del coronavirus en España, donde, la muerte de las personas por triaje y eugenesia a modo de exterminio nazi – Hitler ordenó el uso del pesticida Zyklon B para matar a millones de personas, pero aquí, durante el coronavirus, se ordenó el uso de morfina para el “exitus letalis” -,  se sucedía  diariamente, tal y como se recoge en un amplio y detallado informe sobre las residencias publicado por InfoLibre el 9 de abril de 2020, donde la multinacional DomusVi habría sumado un total de 152 muertos recopilados a 7 de abril del mismo año, solo en ocho de sus centros repartidos por seis comunidades autónomas, aunque la cifra real es mucho mayor, porque se desconoce por dos motivos: varias comunidades no facilitan el dato de fallecimientos por residencias – entre ellas Madrid que alcanza el mayor número de decesos en cifras absolutas -, y ante la negativa de la empresa a facilitar las cifras sólo se incluyen en el informe aquellos casos en los que existe constancia pública del número de decesos.

Según los datos del Instituto de Estadística de la Unesco de 2016, la diferencia entre nacer en Japón, el país cuyos ciudadanos son más longevos, y Sierra Leona, el caso opuesto, es de 32 años. No se trata de una disparidad aislada, pues Europa y los países asiáticos con un Estado del bienestar más asentado, como Japón, Singapur o Corea del Sur, ocupan los primeros puestos en la clasificación mundial, mientras que África es la región con los registros más alarmantes. En el lado opuesto sobresalen los casos de Japón, Suiza y España, los países que cuentan con una mayor esperanza de vida al nacer de media. Sin embargo, el orden está llamado a alterarse en los años venideros, según un estudio de la Universidad de Washington de 2018. En 2040, España se convertirá en la nación con la mayor esperanza de vida del mundo, con 85,8 años de media. Teniendo en cuenta que en 2016 el promedio era de 83,3, el aumento de 2,5 años se traducirá en un incremento diario de casi dos horas en la vida de los españoles.

15 comunidades autónomas, 47 ayuntamientos, tres diputaciones forales, cinco diputaciones provinciales, un consell insular, un cabildo, ocho consells comarcales y dos mancomunidades. Ese es el catálogo de 82 administraciones públicas que tienen firmado algún acuerdo con DomusVi, la multinacional líder del sector de residencias en España, según datos de la propia compañía, cuyo principal propietario es el fondo de inversión británico Intermediate Capital Group (ICG), alimentado principalmente con dinero público.

 No obstante, hay que dejar clara constancia de que la muerte de ancianos no es algo que ocurra sólo con DomusVi, lógicamente, aunque al ser la principal compañía en la prestación de servicios geriátricos en España, es la más beneficiada por esos acuerdos, pero también reciben importantes cantidades Orpea, Vitalia Home o Colisée, por citar sólo a los otros tres grupos con mayor número de residencias.

Las seis principales, que acumulan 395 residencias en total, tienen como principal accionista en dos casos – Vitalia Home y Colisée – a fondos de las islas Jersey, un territorio fiscalmente opaco; en otro – DomusVi – a un fondo inglés, y en un cuarto – Orpea – a un fondo de pensiones canadiense. Las dos compañías que no están en manos de fondos de inversión tienen como dueños principales a una entidad sin ánimo de lucro británica – Sanitas – y a Florentino Pérez -Clece -, uno de los diez hombres más ricos de España, presidente de ACS y del Real Madrid.

Otras tres compañías, que suman 76 geriátricos, están en manos de capital francés o suizo: Amavir, propiedad de la familia Mulliez, quinta fortuna de Francia; Caser, cuyo accionista principal es ahora la cooperativa suiza Patria Genossenschaft, y Korian, cuyos accionistas de referencia son 39 bancos regionales franceses.

Dos sociedades, que explotan 41 centros, están controladas por empresarios españoles estrechamente vinculados a escándalos de corrupción del PP, especialmente el caso Gürtel: el ya condenado Enrique Ortiz – Savia – y el empresario leonés José Luis Ulibarri – Aralia – enfrentado actualmente a 21 años de prisión en dos piezas distintas del mismo asunto GÜRTELiano.

José Luis Rodríguez Zapatero dio instrucciones a varios de sus ministros en 2006 para que favorecieran al constructor leonés José Luis Ulibarri, uno de los empresarios imputados en el caso Gürtel, con contratos y adjudicaciones de obras públicas. El presidente del Gobierno, que el pasado año arropó con su presencia a Ulibarri en el acto de celebración del aniversario de una de sus empresas, encargó la tarea a su asesora personal en La Moncloa, Angélica Rubio, una de las consejeras más cercanas a Zapatero (El Confidencial, 9 de octubre de 2009)

Las dos empresas restantes, que gestionan 63 geriátricos, tienen como principales accionistas a empresarios españoles. En un caso – Ballesol – a Modesto Álvarez Otero, Carlos Álvarez Navarro y José Luis Díaz López, dueños de la aseguradora Santa Lucía y los tres entre los cien españoles más ricos. Y en el otro – L’Onada – a Cinta Pascual Montañés, presidenta de la patronal catalana del sector y de una de las patronales españolas.

No obstante, será conveniente dejar matizado en primer lugar la realidad sobre los verdaderos dueños de las residencias implantadas en nuestro país, para dejar muy claro que el sector residencial está controlado principalmente por capital francés, del que forman parte cinco de las 13 grandes compañías de un grupo francés (DomusVi, Colisée, Orpea, Amavir y Korian), pero las mercantiles francesas también tienen sus accionistas. Y tirando del hilo societario podemos concluir que en tres de esos casos el dueño principal es un fondo de inversión inglés, de Jersey, de tal manera que la conclusión más exacta sería decir que parte de los geriátricos españoles están en manos de empresas con sede en Francia, aunque de capital no necesariamente galo. Una apreciación que por cierto no sólo sirve para España, sino también para otros países europeos, si se tiene en cuenta que los cuatro principales grupos de la Unión Europea son, por este orden, Korian, Orpea, DomusVi y Colisée.

En segundo lugar, que los fondos son propietarios de empresas, pero estos no son los que ponen el dinero, solo actúan de meros intermediarios que lo captan entre sus clientes, aportando ellos la estructura societaria y la gestión de la inversión. Pero los propietarios de las compañías son, obviamente, quienes han puesto el dinero, de tal manera que cuando se afirma que ICG es el principal accionista de DomusVi, o CVC el propietario de Vitalia Home o IK el dueño de Colisée, en realidad no se está hablando con precisión: ICG, CVC o IK constituyeron sociedades que compraron esas empresas, pero alguien puso el dinero en esas sociedades constituidas por ICG, IK o CVC y, por tanto, esos inversores son los verdaderos dueños de las compañías.

Lógicamente, la pregunta que surge de inmediato es para preguntarse sobre quienes ponen el dinero, para contestar que una parte procede de lo que se denomina “inversores institucionales”, esto es, de fondos de pensiones, bancos, compañías de seguros, sociedades de inversión, pero también de personas físicas que acumulan importantes patrimonios, en su mayoría guardado en las madrigueras de los paraísos fecales y fuera del alcance de las respectivas Haciendas nacionales, resultando, en la mayoría de las ocasiones, muy difícil por no decir imposible conocer su identidad al ser esa una de las grandes ventajas que les ofrecen los fondos de inversión.

Buena parte de estos fondos que hacen los grandes negocios con los pretanatorios, en España y en Europa, están especializados en lo que se conoce como private equity, es decir, son fondos que como norma invierten en empresas que no cotizan en Bolsa, buscan un crecimiento lo más rápido posible de la compañía y planean desde el primer momento salir del accionariado a medio plazo – si es posible antes de cinco años – con importantes plusvalías.

Según un informe realizado por una plataforma ligada al Centro Superior de Investigaciones Científicas “Estadísticas sobre residencias. Distribución de centros y plazas residenciales por provincia. Datos de abril de 2019” realizado en abril de 2019, en España existían 5.417 centros residenciales, de los que el 71% (3.844) del total eran privados y el 29% (1.573) eran públicos, dejando claro que estas cifras incluyen todo tipo de alojamientos colectivos para personas mayores, y no sólo residencias, aunque estas predominen claramente, pero también existen pisos tutelados o centros psicogeriátricos, por citar ejemplos de otro tipo de alojamientos.

En esta tabla del Ministerio de Sanidad dice que en diciembre de 2014 había 5.398 residencias con 369.018 plazas. Sin embargo, uno de los informes de CSIC realizado en abril en junio de 2015 dice que había en España 4.340 residencias con 359.135 plazas, es decir, en seis meses se habrían cerrado en España 1.000 residencias y el número total de plazas se habría reducido en 10.000. Seguro que no fue así, cuando las competencias sobre Servicios Sociales y Residencias están transferidas a las comunidades autónomas, últimas responsables del control y supervisión de estos equipamientos colectivos. Cada una de ellas puede ofrecer datos de centros y plazas bajo su competencia”, una bonita forma de decir que no existe ningún registro en España en el que aparezcan todas las residencias de forma ordenada. ¡¡¡ Como para saber el numero real de los muertos en las residencias!!!

Resulta más que sorprendente que, a la fecha de hoy, 6 de setiembre de 2021, una administración pública y dizque progresista haya realizado un estudio sobre el sector de las residencias y tome en consideración como uno de los factores para analizar quién es la “entidad titular” del centro y no quién es la “entidad gestora”. Una cuestión que, si bien podría haber tenido sentido hace treinta años, cuando todas las residencias de titularidad pública eran también de gestión pública, pero resulta del todo engañoso en la actualidad, cuando la gestión de la inmensa mayoría de los pretanatorios o geriátricos de titularidad pública han sido toda ella privatizada.

Al día de la fecha, 6 de setiembre de 2021, había en nuestro país 1.346 residencias de titularidad pública, pero de ellas, 754 siguen funcionando bajo el sistema de “gestión indirecta”, esto es, la dueña del inmueble sigue siendo la administración, pero la encargada de gestionar el geriátrico recae en manos de una empresa privada. Es como si el reparto de las estrellas de la guía Michelin se hiciera teniendo en cuenta quien es el dueño del inmueble donde se encuentra el restaurante, en vez de hacerlo valorando la calidad de los platos que prepara el cocinero.

Algo tan básico, que cuesta trabajo entender que la comunidad de Castilla-León lo haya obviado, cuando la gestión indirecta está extendida en esta comunidad, donde existen 198 centros de titularidad pública, de los que 137 han sido privatizadas. Sin embargo, aunque parezca una cuestión menor, en absoluto lo es, cuando el objetivo de los defensores del actual modelo residencial, con sus patronales al frente, tratan de instalar en la opinión pública la idea de que el impacto de la pandemia no fue mayor en las residencias o pretanatorios de gestión privada.

Gestión pública, privada o indirecta, la triste y cruda realidad es que el “agujero negro” que desde las residencias de mayores o pretanatorios se nos ha abierto en la sociedad española dados los incontables decesos que en ellas han tenido lugar sin que, al día de hoy, 6 de setiembre de 2021, sepamos con exactitud el número real de los fallecidos a causa del coronavirus han resultado un auténtico escándalo. Pero, más allá de listados en disputa, recordando a Thomás Mann en “La Muerte de Venecia” cuando escribía que, respecto a la muertes, “los diarios locales contenían rumores, aducían cifras poco claras, reproducían negativas oficiales y dudaban de su exactitud”, el mismo nos describía en su obra “La montaña mágica” la razón profunda del trato sin piedad que se da a los muertos cuando pone en boca de Hans Castorp, el personaje central de dicha novela, lo que se olvida en el impío descuido con que se maltrata a quienes fallecen, antes y después de perder la vida: todo moribundo merece el máximo respeto: “es, por así decirlo, sagrado”.

Fuente: Ministerio de Sanidad (junio de 2020).

De todos es sabido lo ocurrido en la Comunidad Autónoma de Madrid que, sin ignorar lo ocurrido en todas y cada una de las comunidades españolas, representa el mayor “espectáculo grotesco” de tan lamentables episodios, sobre todo desde que han trascendido a la opinión pública los conocidos protocolos de actuación, que se han querido presentar como “borradores”, para que personas gravemente afectadas por coronavirus no fueran trasladadas a hospitales públicos de la Comunidad, aunque si podían ser tratados en los hospitales privados siempre, claro está, que su economía se lo permitiese. Una cruel discriminación atentatoria contra elementales exigencias de igualdad, dejando entrever como motivo una saturación de los servicios al borde del colapso, e implicando la conclusión de que se les dejara morir en sus residencias, dando indebidamente por supuesto que su avanzada edad o las discapacidades acumuladas no hacían de ellas candidatas a una supervivencia probable.

Estando el personal de las residencias sin recursos para afrontar tan graves situaciones, y dándose éstas en establecimientos asistenciales que ni siquiera aplicaron en la mayoría de los casos las medidas de cautela obligatorias para evitar el incremento de contagios, todo quedó a expensas del trágico azar de una muerte a la que no ponía freno tampoco una atención médica mínimamente suficiente para ello, a lo que hay que sumar, al margen de las responsabilidades políticas de las instancias concernidas, si las hubiere, la responsabilidad de los gestores o de los responsables empresariales de los centros, desde el deshumanizado olvido de lo que un moribundo reclama, a la profanación de su sagrada dignidad por cuanto de la manera más inhumana se decidió sobre su vida, sabiendo su destino como seguro e inmediato final de muerte.

Ni siquiera corresponde enmarcar tal decisión bajo lo que en la jerga sanitaria se define como “triaje” o lo que en el entorno hospitalario se denomina fríamente “criba” al decidir por personal especializado y según criterios médicos si un paciente tiene o no capacidad de respuesta a un determinado tratamiento, máxime en circunstancias de recursos al límite del agotamiento. Fue una decisión que, situándola en la órbita ideológica de Johnson – antes de ser él mismo víctima del coronavirus, por supuesto -, de Trump o de Bolsonaro, alentó un darwinismo social tan acentuado que los excluidos en tan cruenta lucha por la vida quedaron a la espera de su final en una suerte de inopinados corredores de la muerte.

En este tétrico escenario, durante la crisis generada por el coronavirus, en las residencias de mayores se han dado una serie de circunstancias para generar “la tormenta perfecta”. No en vano se han juntado una gran concentración de personas mayores con pluripatologías, la proximidad física de los residentes, la falta de atención sanitaria de los mismos, la poca cultura de la prevención, el gran trasiego de familiares, el alto absentismo laboral y el escaso o nulo apoyo institucional que han recibido durante la crisis.

Por todo ello, nadie debiera de extrañarse la altísima mortalidad que se ha producido en las residencias de mayores de nuestro país debido a la infección del coronavirus, de tal manera que, un año después de que estallara en España la pandemia del coronavirus, más de 30.250 personas que vivían en residencias de mayores en España han fallecido a causa del coronavirus, según los datos disponibles hasta el 29 de agosto y recopilados por los ministerios de Derechos Sociales, Sanidad y Ciencia e Innovación, aunque estos datos todavía son considerados como provisionales.

Lo acaecido en Madrid, fehacientemente documentado, tiene que ver, por tanto, con una apriorística decisión política, sin ninguna deliberación pública, acerca de quiénes tenían o no derecho a tratamiento médico adecuado a la gravedad de su enfermedad. Es por eso que, como se ha publicado, el consejero de Políticas Sociales advirtió al consejero de Salud del gobierno autonómico de Madrid sobre la ilegalidad de la medida prescrita y de la “muerte indigna” que iba a suponer para muchos de los ancianos afectados, ubicando tal inmisericorde proceder bajo el rótulo de eugenesia, por no hablar de conductas homicidas, aunque tendrán que ser los jueces quienes vean la calificación penal que merece tan luctuoso modo de afrontar una situación sanitaria crítica.

Incluso, tal y como ha quedado perfectamente constatado, si el gobierno central no haya estado, como no estuvo, a la altura de sus obligaciones en lo que respecta a residencias de mayores, eso no justifica esas malévolas decisiones sobre vida y la muerte de seres humanos que bajo ningún concepto puede tener justificación.

De todo lo expuesto, lo más grotesco de todo es que esos y esas ancianas sufren este genocidio silencioso después de haber sido ellos y ellas los que más han luchado para arrancar a la burguesía a base de sangre, sudor y lágrimas el bienestar que hoy disfrutamos, y después de abonar religiosamente sus plazas pretanatoriales con sus pensiones y con su patrimonio, el que lo tenga y al que le alcance la pensión.

Para los ocho millones de personas con más de 65 años que viven en España las plazas disponibles con cobertura pública en residencias de mayores (bien públicas o bien concertadas en centros privados) cubren apenas a sesenta de cada cien usuarios. Es decir, de un total de 372.000 plazas disponibles, que suponen un 4,3% de cobertura sobre la población de más de 65 años, solo 208.000 lo son en centros públicos o con plazas subvencionadas en centros privados concertados.

Las restantes 164.000 son plazas en centros privados y sin financiación pública que alcanzan al 44% del total. Es esta una situación de más de un 40% de oferta de plazas a precio de mercado que, como veremos, provocan una masiva e invisible exclusión de potenciales usuarios, ya que los pensionistas que perciben una pensión superior a los 1.500 euros mensuales como precio de referencia medio de dichas plazas en el mercado privado, solo son apenas quince de cada cien pensionistas. Una minoría abrumadora. Aun así, ese 4,3% de cobertura total supone una ratio por debajo de lo aconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo lo deseado llegar al porcentaje del 5 % aconsejado por el organismo internacional de la salud, para lo que sería necesario la creación de 60.000 plazas más en los centros residenciales.

Pero, es que, además de una escasa y defectiva oferta de servicios residenciales para nuestros mayores y de una excesiva cuota de la oferta en residencias privadas resulta muy importante hacer una evaluación tanto de la financiación como del pago de los servicios sociales.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso han dicho que su Gobierno no dio orden de excluir a personas con discapacidad o dependientes y que un documento que llegó a las residencias era un borrador que se envió por error. Pero en varios correos electrónicos un alto cargo de la Consejería de Sanidad solicitó que se enviaran esos protocolos firmados por él a las 475 residencias de Madrid. Carlos Mur de Víu, director de coordinación sociosanitaria, envió al menos cuatro correos a la Consejería de Políticas Sociales pidiendo dar traslado de los protocolos de triaje, el 18, 20, 24 y 25 de marzo. Esos documentos, todos firmados digitalmente por él, fueron la guía que siguieron hospitales y residencias para descartar la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con covid-19 (El País, 9 de junio de 2020)

Sabemos que sus usuarios son mayoritariamente personas mayores de 80 años y sobre todo mujeres (70%). Conviene tener muy presente, en consecuencia, que la pensión media percibida por las mujeres en España se sitúa en torno a los 700 euros mensuales de acuerdo con los datos oficiales del año 2021.

Pues bien, según informa la publicación anual “Las personas mayores en España”, el precio promedio de una plaza en una residencia pública ronda los 16.000 euros de los que el usuario aporta unos 6.800 (algo menos del 43%). De acuerdo con estas cifras la aportación del usuario medio en la red pública se situaría en 567 euros al mes, lo que supone el 80% de su pensión. Es obvio que si el usuario tuviese que soportar el coste íntegro de una plaza (unos 1.300 euros) quedarían excluidos de este servicio social la mayor parte de los pensionistas, cuando el 73% de las pensiones en España están por debajo de los 700 euros mensuales.

No obstante, conviene resaltar que las plazas en centros privados, y no concertadas, tienen actualmente un coste medio de mercado para el usuario por encima de los 1.400 euros, una cifra que supone nada menos que el 70% de la pensión máxima actual en España y que, por tanto, excluye a la inmensa mayoría de la población femenina potencialmente demandante de este servicio, cuando de 4.900.000 mujeres pensionistas apenas 300.000, esto es, el 6% perciben una pensión superior a los mil quinientos euros. Una cruda realidad que demuestra la insuficiente cobertura pública, tanto en centros públicos como concertados, que se transforma en un saqueo económico para aquellas personas que no tienen otra alternativa para llevar una vida digna en su vejez que ingresar en una residencia a precios de mercado privado.

Un saqueo de personas mayores sin ingresos suficientes que se convierte en un suculento negocio para las empresas que saben que tal demanda social existe y, también, que la cobertura pública actual es más que insuficiente, lo que provoca una exclusión social que no es ajena a que con cierta frecuencia aparezcan, pasados días o meses, mayores solitarios fallecidos en sus domicilios.

Alberto Reyero ha roto su silencio ocho meses después de dimitir como consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. El que fuera dirigente de Ciudadanos en el anterior ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso reaparece públicamente para pedir que la Asamblea de Madrid apruebe de nuevo la comisión de investigación que determine lo ocurrido en las residencias, en las que fallecieron más de 7.000 ancianos en apenas dos meses, después de que la Consejería de Sanidad aprobase unos polémicos protocolos que impidieron el traslado de estos mayores a los hospitales durante el peor momento de la pandemia: “Ayuso y yo debemos ir a una comisión de investigación a explicar lo ocurrido en las residencias” (EL DIARIO.ES, el 29 de junio de 2021)

Tampoco se puede pasar por alto de que este “genocidio silencioso” que titula este ensayo criminal se esté llevando a cabo desde la terrible premisa de que hay humanos cuyas vidas merecen ser protegidas o potenciadas al precio de aquellas que para eso han de ser sacrificadas. A eso nos ha conducido una política necrófila cuyo burocratismo no se detiene al considerar determinadas vidas como desechables. El ejemplo de cómo se puede caer tan bajo queda perfectamente descrito en el libro de Saramago “Intermitencias de la muerte”: “Desgraciadamente, cuando se avanza a tientas por los pantanosos terrenos de la realpolitik, cuando el pragmatismo toma la batuta y dirige el concierto sin atender lo que está escrito en la pauta, lo más seguro es que la lógica imperativa de la villanería acabe demostrando, a la postre, que todavía quedaban unos cuantos escalones por bajar”.

El precio de las residencias para personas de la tercera edad se dispara. La compra de estos activos se ha encarecido un 50% en el último año, según datos de la consultora Angomed. Como consecuencia, los inversores apuestan por la promoción de este tipo de activos. En los últimos tres años, las residencias de personas de la tercera edad se han convertido en un reclamo para los fondos e inversores. El creciente interés por estos activos ha implicado un aumento de su precio, con un crecimiento de más del 50% en un año (EJEPRIME, 9 de julio de 2019)

Evidentemente la muerte hay que pagarla, variando el precio de los distintos pretanatorios según se produzca en un establecimiento para mayores de gestión pública en comparación con otro de gestión privada, resultando los de la gestión privada mucho más caros en general, pero, además, el precio de la muerte también variará en función de la Comunidad Autónoma en donde se ubiquen los pretanatorios, teniendo en cuenta si estos se encuentran dentro de una zona urbana o más bien apartada.

Sin embargo, el principal problema para las personas mayores que necesiten de una atención profesional está en la imposibilidad para poder afrontar el precio de su muerte en un pretanatorio privado, siendo entonces cuando se recurre a la posibilidad de hacerse con una de las plazas públicas que ofrecen las distintas Comunidades Autónomas, produciéndose el maldito problema de las listas de espera, solventado en una gran mayoría a través de todo tipo de “enchufes” y “mordidas”. Y es que la demanda de personas mayores que solicitan tener una plaza en un pretanatorio público supera con creces a la oferta existente – a la fecha de hoy, 8 de setiembre de 2021, más de 12.000 personas mayores se encuentran en lista de espera – debido, principalmente, a los altos precios de los establecimientos privados cuando el único ingreso en la inmensa mayoría es el procedente de las pensiones.  Pero, además, es importante tener un pleno conocimiento del funcionamiento del catálogo de servicios que ofertan los establecimientos de la privada, porque algunos no se incluyen en el precio de base, por lo que el precio final se puede ver incrementado bastante.

Según los informes realizados en el año 2018 por los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) se concluye que 3,15 millones de jubilados cobran pensiones muy por debajo del umbral de pobreza, fijado en 8.200 euros anuales, dándose el mayor número de esta clase de pensionistas en Andalucía con 651.617 y Cataluña con 521.763, cifras que se agravan cuando nos referimos a la brecha de género, ya que el 60,4% de los pensionistas que cobran retribuciones por debajo del umbral de la pobreza son mujeres, un total de 1,9 millones.

Fuente: Elaboración a partir de los datos de los Presupuestos de la Seguridad Social 2018. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Actualmente existen en España 8,7 millones de pensionistas que cobran 9,5 millones de pensiones, cuyo importe medio es de 932,3 euros mensuales, de acuerdo con los últimos datos publicados por la Seguridad Social, cuyo gasto fue de 8.925,1 millones de euros en febrero, siendo la mayoría de las pensiones de jubilación (5,9 millones), seguidas por las de viudedad (1,5 millones), las de incapacidad permanente (948.393), orfandad (338.644) y a favor de familiares (41.093).

La pensión mínima oscila entre los 565,3 euros mensuales del jubilado menor de 65 años con cónyuge, pero no a su cargo hasta los 1.183,4 euros que percibe alguien con 65 años procedente de una gran invalidez y con cónyuge a cargo. No obstante, la más habitual es la del jubilado de 65 años y con cónyuge a cargo, que asciende a 788,9 euros mensuales. Las pensiones mínimas de viudedad oscilan entre los 484,2 euros mensuales que percibe alguien menor de 60 años hasta los 739,5 euros de una persona que tenga cargas familiares.

Una persona mayor con necesidad de atención asistencial profesional, muy difícilmente podrá afrontar el coste de una plaza residencial privada si sólo cuenta con su pensión como ingreso recurrente y el acceso a una plaza pública continúa teniendo largos periodos de espera (PENSIUM, 23 de enero de 2018).

A partir de esta cruda realidad, perfectamente constatada a través de los datos y cifras oficiales de la Seguridad Social, se puede entender perfectamente el grave problema que supone para las personas mayores a la hora de poder acceder a una plaza residencial que les pueda garantizar un mínimo de vida saludable y digna en los últimos años de su vida, sabiendo que los precios de las residencias quedan establecidos en función de la comunidad autónoma en la que vivan las personas, de tal manera que existen grandes variaciones en el precio de cada una de ellas.  

En España, existen 17 comunidades autónomas dentro del territorio, donde en 8 de ellas el precio de sus residencias privadas alcanza un precio medio de 1,900 euros con el IVA incluido, siendo las comunidades con precios más altos las de Madrid y Cataluña, cuyos precios se sitúan por encima de 2.000 euros al mes, situándose en la otra cara de la moneda las comunidades con precios más bajos, tales como Castilla-La Mancha con un precio de 1.291 euros al mes, manteniendo las comunidades de Extremadura y Aragón un precio en la media española con 1.700 euros al mes. Por otra parte, de acuerdo a los últimos datos publicados por el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS) el precio medio de una plaza es de 1.850 euros al mes en los establecimientos públicos y 1.955 en los privados.  Lógicamente, a la vista de las cifras que ofrecen las pensiones y los precios de las residencias o pretanatorios, qué duda cabe, resulta muy difícil, por no decir imposible, que las personas mayores puedan afrontar por sí solos el precio de su pretanatorio, sin olvidar que, debido a las repercusiones actuales que están teniendo sobre la población mayor la pandemia del coronavirus y la previsión de que sigan ocurriendo, teniendo que incorporar nuevas medidas higiénicas, como la utilización de las mascarillas, estas han afectado a los precios de los pretanatorios.

Las asociaciones de residencias están pidiendo un incremento de los precios para poder dar una mejor respuesta y prevenir los contagios en las residencias, un incremento legítimo que, sin embargo, en absoluto se corresponde con el abandono y el deterioro existente en una gran mayoría de los pretanatorios que gestionan.

Muy recientemente, la pandemia del coronavirus, entre algunas cuestiones positivas, aunque de una forma dramática, puso de manifiesto la más que precaria situación en la que muchos mayores pasan los últimos años de vida en estos pretanatorios, sin olvidarnos de los más de 40.000 ancianos y ancianas fallecidas a causa de la misma.  

A modo de ejemplo, en un devastador informe del Diputado del Común (Alto Comisionado del Parlamento de Canarias), la abogada Milagros Fuentes González, se hace un relato verdaderamente espeluznante sobre el estado de los centros de mayores en la comunidad autónoma de Canarias, desvelando las terribles condiciones de muchos de estos pretanatorios, donde las ratas, cucarachas, chinches o casos de sarna entre los internos y las internas suelen ser acompañantes permanentes de las personas en los establecimientos residenciales. Un informe que se elaboró en base a 25 visitas a centros de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Palma, entre febrero y diciembre de 2019.

En esta misma línea, se describe también una generalizada falta de mantenimiento de las instalaciones, una escasa higiene y poca atención a los residentes. Según María Milagros Fuentes, autora del informe, en la visita a un centro los inspectores se percataron también de que los residentes no hablaban y al día siguiente, al hacer una toma de datos, se dieron cuenta de que “los tenían a todos chutados, con medicación”.

Milagros Fuentes González, abogada en ejercicio, decana y ex concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, será una de las nuevas adjuntas al Diputado del Común, a propuesta del PSOE. Fuentes, licenciada en Derecho por La Laguna, se convirtió en 1979 en la primera mujer en el ejercicio profesional de la abogacía en Santa Cruz de La Palma, de donde es natural y donde tiene abierto despacho profesional. Está en posesión de la Gran Cruz al Mérito en el ejercicio de la Abogacía en 2016, entre otras distinciones.

Este informe, entregado el pasado mes de noviembre de 2019 en el Parlamento, también llama la atención sobre los deficientes menús en las residencias, con preponderancia de “comidas preelaboradas, precocidas”, y que los residentes “comen solos, en un rincón del salón y de espaldas al resto de la actividad del centro”, alertando, asimismo, sobre la “falta de rigor” en el trabajo de muchos centros, donde no hay seguimiento ni evaluación de los residentes y muchas de las labores se realizan de manera “improvisada”, escaseando las habitaciones individuales, y, lo más inhumano, cuando vieron cómo, en muchos casos, los ancianos y ancianas son literalmente “aparcados” en habitaciones sin luz, en semisótanos, con barreras para el acceso o sin dotaciones necesarias como armarios o mesillas de noche para ubicar sus pertenencias personales: “Son pocos los centros que logran que las habitaciones sean zonas además de confortables, espacios humanizados y de apariencia agradable para sentirlos como un hogar” se detalla en el informe, donde también se recoge por los técnicos las personas que “se mantienen con manchas de restos de comida, sin cambios de ropa salpicada durante el resto de la jornada”.

Pero, a pesar de que el informe ha sido enviado al Parlamento y Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, pasado un tiempo más que prudencial, ni siquiera se han dignado en responder a las solicitudes – las últimas realizadas en agosto de 2020 -, continuando con las escasas o ninguna visita de los inspectores a los establecimientos: “Resulta indescriptible la conmoción que produce encontrar esta falta de higiene y salubridad en los centros, sin ser detectada por las administraciones encargadas de inspeccionar y velar por el funcionamiento en los recursos para personas mayores, y, a su vez, sin ser desvelada por familiares u otras personas que accedan a las instalaciones. Apelamos, a la responsabilidad social de trabajar por un mínimo de bienestar de las personas mayores”, se recoge literalmente en el informe.

Chinches, cucarachas y ratas, ancianos a los que se les cambia el pañal solo una vez por la mañana y otra por la tarde, colchones que da pena verlos, familiares que durante días y con gran preocupación desconocen si su ser querido se encuentra bien porque no pueden comunicarse, o insuficiencia de equipos de protección contra el covid para una plantilla que, además, es a todas luces insuficiente, son solo algunas de las quejas, lamentos o denuncias que no ahora, desde hace demasiado tiempo, tienen como origen la residencia de la tercera edad de Altabix en Elche.

En cuanto a la asistencia médica, hace constar que, según la información facilitada por los centros, las visitas médicas se distancian casi en un año y, en el caso de un episodio agudo únicamente acuden los profesionales de urgencias.

En otro apartado del informe, la Diputación del Común achaca el estado actual de las residencias de mayores al “boom de la mercantilización” de la atención residencial y que ha conllevado limitaciones de tratamientos, soledad de los residentes, falta de trabajadores con cualificación y empleos precarios y mal retribuidos.

Sin embargo, este maltrato y abandono de nuestros mayores no es una exclusiva de la Comunidad Canaria, sino que es una práctica muy común que se extiende a lo largo y ancho de nuestro territorio, donde las plagas causadas por las ratas y ratones, las hormigas o las cucarachas son las más frecuentes en estos espacios residenciales poco higienizados, aunque también existen otros muchos tipos de plagas, como puede ser la causada por la legionella, que pueden llegar a afectar de forma preocupante a los afectados, no en vano la trasmisión de enfermedades infecciosas, tales como la toxoplasmosis, la salmonella, la fiebre tifoidea o la legionelosis, es una de las consecuencias más negativas de la proliferación de estas plagas, ya que la transmisión de estas enfermedades se convierte en un factor de riesgo, de elevado porcentaje, cuando afectan a nuestros mayores, cuyas defensas tienden a disminuir a lo largo de los años, motivo por el cual son más propensos a contraer infecciones, fiebres y otras enfermedades, por lo que requieren unos cuidados especiales.

Recientemente, tal y como recogemos del diario EL PAIS (11-11-2020), el pasado 27 de octubre de 2020 la Xunta de Galicia intervenía la residencia de Salvaterra de Miño, en el área metropolitana de Vigo, la cual llegó a acumular 110 contagios (84 residentes y 26 trabajadores) que ahora han disminuido a 91 (64 residentes, tras el fallecimiento de 13, y 27 empleados) y era necesario “garantizar la calidad asistencial” y la “correcta protección” de la salud de todos ellos, indicó la Consejería de Política Social.

Sarna, baños sucios, presencia de ratas, cucarachas, hormigas y chinches, restos de comidas anteriores en el comedor, residuos de peluquería, colillas y colchones apilados en los pasillos. Esto es lo que los técnicos de la Diputación del Común se encontraron en las 25 visitas que realizaron durante 2019 a los centros de mayores de Canarias y que han plasmado en un informe que ya está en manos del Parlamento desde noviembre.

Transcurridos 14 días, la situación del centro es terrorífica, según la denuncia registrada el pasado mes de octubre de 2020 en la Inspección de Servicios Sociales de la Xunta por la Asociación Trabajadoras de Residencias de Galicia (Trega).

El escrito, respaldado con fotografías y vídeos, revela situaciones extremas de abandono con ancianos “encerrados bajo llave en habitaciones sin timbre”; residentes que “en un 90% de los casos presentan úlceras” provocadas por la inmovilidad y por llevar “los mismos pañales durante mucho tiempo”; colchones rotos y sucios, como las sábanas que “apenas les cambian”; escaso mantenimiento y salubridad de las instalaciones; camas que no son clínicas y no pueden elevarse; aseos no adaptados y escasez de material. Este es el espeluznante escenario que describen el texto y las fotografías de la denuncia registrada por Trega.

La Fiscalía Superior de Galicia ha abierto diligencias sobre la situación de la residencia de mayores de Salvaterra de Miño, intervenida por la Xunta a raíz de una denuncia. El defensor del paciente se hizo eco de las denuncias de trabajadoras del centro sobre la falta de limpieza en las instalaciones, equipos de protección individual vulnerables y desatención de los mayores, con llagas y úlceras por presión al permanecer horas sin cambiarlos de posición.

Sin embargo, el dato más sangrante que hace honor al título del capítulo “La muerte tiene un precio” es el que refleja la cifra de muertos por el coronavirus en los pretanatorios y la evolución de las pensiones en España, destacando por encima de todos los pretanatorios el de Monte Hermoso (Madrid), la Fundación Elder en Tomelloso (Ciudad Real), el centro asistido de personas mayores, en Segovia capital, la residencia Amavir, en Vilanova del Camí (Barcelona) y por último, la residencia Joaquín Rosillo, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

Las papeleras de la entrada al cementerio de Tomelloso (Ciudad Real) rebosan de guantes de látex y mascarillas usadas, abandonados ahí por familiares que en las últimas semanas han visto cómo tenían que enterrar a sus muertos -hasta 15 en un solo día- en una población arrasada por la pandemia del coronavirus. «En fila india, uno tras otro, así hemos tenido que enterrar a los fallecidos durante tres semanas sin un solo día de descanso», cuenta un operario del cementerio municipal.

En Tomelloso, por ejemplo, el municipio al que muchos han denominado como el Wuhan de La Mancha, han fallecido alrededor de 200 personas por coronavirus. Una cifra especialmente sangrante si se tiene en cuenta que tiene 36.000 habitantes, siendo uno de los epicentros de la pandemia la residencia de ancianos Fundación Elder, con 155 camas ocupadas, donde murieron 50 personas, de tal manera que el establecimiento tuvo que ser intervenido por la Junta de Castilla-La Mancha después de que su director, el periodista y concejal del PP en el municipio, José Manuel Sampedro, fuera acusado de negligencia.

Entrando de lleno en el aludido tema de las pensiones, con los últimos datos publicados por la Seguridad Social correspondientes al año 2020, el impacto del coronavirus también tiene sus repercusiones, habiendo creciendo a un ritmo menor de lo esperado hasta los 9,809 millones (+0,8%), quedándose prácticamente igual que el año anterior. Y es que tanto las altas como las bajas de pensiones han sufrido una importante pérdida durante el pasado año, que los expertos vinculan a los efectos de la pandemia. El dato más significativo es el máximo histórico alcanzado en las bajas en pensiones, que han aumentado un 14% respecto a 2019, una cifra nunca vista en la última década que, necesariamente, hay que relacionarla con el aumento de fallecidos.

En concreto, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), desde enero hasta diciembre de 2020 han causado alta 531.843 nuevas pensiones, un 5% menos que en el mismo periodo del año pasado. Por otro lado, desde enero han causado baja 517.924 pensiones, un 14,3% más que los que causaron baja el año anterior. Esto supone que de enero a diciembre de 2020 el sistema de la Seguridad Social registró cerca de 65.000 pensiones menos respecto a 2019 en el lado de las bajas.

Por si no fuera suficiente, teniendo en cuenta que los móviles de cualquier crimen, salvo los crímenes pasionales, siguen siendo el poder del dinero, en este caso el dinero procedente de las cotizaciones de los trabajadores, no solo para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, sino para tener el día de mañana acceso a unas residencias que les permita vivir con dignidad los últimos años de su vida, nos vamos a referir al crimen que se está perpetrando contra el sistema público de nuestras pensiones. Para ello nada mejor que seguir el rastro del dinero.

En efecto, en nuestro país, los actuales planes de pensiones privados llevan ahorrados en torno a los 110.000 millones de euros, esto es la décima parte del Producto Interior Bruto, una pequeña parte de lo que significa el gran negocio de las pensiones en manos de los grandes bancos y aseguradoras cuando logren ganar la guerra iniciada contra el sistema público de las pensiones hasta desaparecerlo, usando, para ello, la vieja estrategia de tratar de convencer de que el sistema público no tiene futuro.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; y el presidente de CECALE, Santiago Aparicio, aplauden tras la firma del acuerdo del Ejecutivo nacional con los agentes sociales para reformar las pensiones, a 1 de julio de 2021, en Madrid.

Una estrategia, por cierto, impulsada desde la propia Comisión Europea a través de sus planes de pensiones individuales para complementar los sistemas de pensiones públicos y de empleo existentes, así como los planes privados de pensiones nacionales, en los distintos países del IV Reich (pan-European personal Pension Product-PEPP), regulado por el Reglamento del Parlamento Europeo 2019/1238, de 20 de junio de 2019, de acuerdo con el documento base elaborado por el megafondo de inversión estadounidense BlackRock, dándoles un plazo a sus países miembros hasta junio de 2022 para trasponerlo a sus ordenamientos jurídicos, de tal manera que, según datos de la propia Comisión Europea, los activos gestionados en el gran mercado de las pensiones personales de toda la Unión Europea podría triplicarse hasta los 2,1 billones de euros en 2030.

Es decir, la quiebra premeditada y metódica de la Seguridad Social y nuestro sistema público de pensiones por parte de todos los partidos gobernantes desde 1980 y por la inmensa mayoría del arco parlamentario desde los Pactos de Toledo de 1995 tenían un objetivo muy claro: entregar a los corsarios del neoliberalismo el 45% de la partida del gasto social que actualmente se dedica a las pensiones públicas, esto es, un crimen a cámara lenta, en vivo y en directo.

No se trata de ningún globo sonda del gobierno, sino de una cruda realidad, hasta el extremo de que si las cosas salen tal y como tiene previsto el gobierno de España, más de 13 millones de trabajadores – 80 % de la población activa – tendrán un plan de pensiones de empleo en 2030, un modelo de ahorro complementario que combina una promoción del Estado, la participación de las empresa y los llamados sindicatos mayoritarios de CC.OO. y UGT – son accionistas de Gestión de Previsión y Pensiones SA, del BBVA, donde cada uno de ellos dispone de un 20% de participaciones, y Fonditel, perteneciente a Telefónica, donde controlan un 15% del accionariado, cada uno -, amén de la transferencia de millones de euros de ahorros a la banca, las aseguradoras y los grandes fondos de inversión. Se trata de ir degradando lo público para que la gente, en el momento en que pase de la pobreza, empiece a ahorrar en las pensiones privadas.

Se trata de ir degradando lo público para que la gente, en el momento en que pase de la pobreza, empiece a ahorrar en las pensiones privadas, esto es, una vuelta de tuerca más en el proceso de privatización de las pensiones iniciado hace ya décadas, con la diferencia de que lo ocurrido en esta ocasión se hace con el llamado gobierno más “progresista de la historia” formado por el PSOE y UNIDAS PODEMOS con el que algunos habían alimentado algunas expectativas optimistas, pero la línea directiva de las medidas adoptadas no se diferencia de las anteriores, ni siquiera de las establecidas por el gobierno del PP, con la diferencia de que en esta ocasión los negociadores – Gobierno, Patronal y Sindicatos – no han tenido ningún rubor al exhibir algunos “caramelos”, como los que se dan a los niños para engañarles y que acepten cualquier cosa, entrando a jugar un papel tan asqueroso como peligroso, cuando aceptan elementos que van a suponer graves desventajas para los pensionistas.

Por ejemplo, el incremento de la edad de jubilación, vendiéndolo como “voluntario”, ofreciendo un bono a los que sigan trabajando, me parece gravísimo cuando lo que de verdad va a incrementar es la división del movimiento obrero. Es verdad que puede haber pensionistas que necesiten o quieran seguir trabajando, de la misma manera que habrá otros que no, pero no es menos cierto que la reivindicación más importante del movimiento obrero, que ha sido siempre la del mantenimiento de la edad de jubilación, incluso rebajándola, queda destruida.

Otra de las repercusiones que tendrá el acuerdo entre el Ejecutivo de la coalición progresista y la troika formada por la patronal CEOE, CC.OO. y UGT va mucho más lejos, cuando se trata de elevar hasta 35 años el periodo para el cálculo de las pensiones, con las consiguientes dificultades para poder acceder a una residencia geriátrica, una cuestión prevista para implantar en el año 2022, con el objetivo de ir disminuyendo las pensiones públicas hasta que todos aquellos trabajadores que puedan pagarlo entren en la pensión privada, siguiendo el modelo “piñerista” bajo el gobierno de la dictadura de Pinochet en 1973, potenciando los planes privados para que, tal y como ha ocurrido en Chile, la inmensa mayoría de los trabajadores, especialmente los jóvenes, no puedan acceder a la jubilación, de acuerdo a los intereses del capital financiero global.

En este auténtico crimen perpetrado contra los trabajadores y pensionistas, los sicarios del neoliberalismo han elegido el modelo de planes privados establecido en el País Vasco, consistente en que todos los trabajadores de la empresa, con una parte del dinero de la empresa, que ya se compensará con la subida de un salario menor, y otra parte, procedente de la nómina del trabajador, se establezcan pensiones privadas, de lo que surge un pregunta evidente: Si eso lo hacen con las pensiones privadas, ¿por qué no han hecho con las pensiones públicas?

Es decir, ¿por qué ese dinero tiene que estar gestionado por los entes privados, los bancos privados y las compañías de seguro, en lugar de haber hecho lo mismo gestionado por el sector público? Lisa y llanamente no se hace porque se trata de un modelo íntegramente neoliberal y absolutamente privatizado.

Paradojas de la vida, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT figuran entre los grandes beneficiados de la reforma de las pensiones públicas y del creciente negocio que se abre para las privadas. Todo ello porque los dos sindicatos son accionistas de referencia de las gestoras de pensiones de BBVA y de Telefónica, líderes del mercado en España. Como todo accionista de una compañía, los sindicatos son regados cada año con un jugoso dividendo, pago que, además, es más elevado cuanto mejor vaya el negocio de las pensiones privadas; y éste irá mejor, se prevé, conforme vayan mermando las públicas, por la creciente necesidad que van a tener los ciudadanos de compensar los menguantes ingresos procedentes de la Seguridad Social con ahorro privado. Justo lo que tantas veces ellos mismos han criticado.

De ahí, la necesidad de seguir exigiendo el blindaje de nuestras pensiones en la Constitución como uno de sus derechos fundamentales, que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones, y que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones.

Las pensiones que ahora cobran millones de ciudadanos, capaces de tirar un gobierno abajo cuando se lo propongan, están siendo sufragadas por las cuotas del colectivo de los trabajadores en activo. De ahí la eticidad del ecosistema de las pensiones públicas en la modalidad de reparto ahora tensionado por la última reforma, de tal manera que cada generación asiste con su esfuerzo a la precedente para que el vínculo social trascienda del cerco privatista de la mera individualidad.

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales para una primera fase de la reforma de las pensiones, pero pese a los mensajes triunfalistas del Ejecutivo por el pacto, las medidas se quedan cortas para Bruselas, que ya ha transmitido a España que los cambios más duros –que ahora ha obviado- deben estar aprobados antes de 2023.  Es decir, si el Gobierno quiere acceder al desembolso de fondos, que podría tener lugar en junio de 2022 y ser de unos 12.000 millones de euros, tendrá que acreditar que ha cumplido ciertos hitos y metas en las reformas prometidas a Bruselas como la laboral y la de pensiones.

Nadie puede ignorar que el sistema público de pensiones tiene que corregir sus evidentes deficiencias estructurales para cumplir su misión constitucional en el Estado social y democrático de derecho, pero una cosa muy distinta es aprovechar la crisis pandémica para aplicar la doctrina del miedo, manipulando el engranaje del mecanismo como si fuera un ente aislado de la realidad. Antes del harakiri que algunos pregonan como salida del atasco, sería más que necesario tratar de que el país cambie hacia un modelo productivo más justo y de mayor valor añadido; buscando el pleno empleo con mejores retribuciones; aumentando la productividad y las inversiones para dotar al tejido industrial de músculo competitivo; acabar con la fuga de cerebros (padecemos la mayor tasa de paro juvenil de la UE, población de riesgo sobre la que pende la espada de Damocles de una deuda pública que roza el 130% del PIB); a la vez que combatiendo el fraude fiscal, la economía sumergida y la corrupción.

En definitiva, está confirmándose por parte de todos los partidos la hoja de ruta trazada en la última reunión del Pacto de Toledo, cuando quedaron aprobadas las 21 recomendaciones, ratificadas el 19 de noviembre en el Congreso por 262 votos a favor, 78 abstenciones y dos votos en contra. Adversarios en casi todo lo demás, el bloque gubernamental PSOE-Unidas Podemos se amancebaba con el Partido Popular y C,s para dar vía libre al crimen de las pensiones o “pensionazo” tras el acuerdo a tres bandas suscrito el pasado uno de julio por el gobierno de coalición progresista PSOE-Unidas Podemos y los autodenominados “agentes sociales” (la nueva troika formada por la CEOE, CC.OO. y UGT), donde el ministro Escrivá aprovechó para revelar la propina que llegará pasado el verano para que los jubilados del Baby Boom – ocho millones de trabajadores nacidos entre 1960 y 1975 – trabajen más para cobrar menos.

“En las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna. La denegación del derecho a la salud a personas mayores está fuertemente vinculada con las medidas de austeridad y la infrafinanciación de la sanidad en España. La década de los recortes sanitarios y sociales ha debilitado el sistema de salud público, deteriorando el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atención sanitaria”. (Informe de Amnistía Internacional, el 3 de diciembre de 2020)

Tal y como ha quedado escrito reiteradamente las llamadas residencias, para mí, malditos pretanatorios, han sido el pilar principal de la mortandad masiva de ancianos y ancianas durante la pandemia del coronavirus, pero, ¿cuáles fueron las medidas recomendadas desde el primer momento por el Ministerio de Sanidad, dirigido por el filósofo catalán, Salvador Illa, para frenar lo que ya se puede considerar como de auténtico holocausto? ¿Hospitalizar a los ancianos? No. ¿Testar si era positivo? No. ¿Obligar a los trabajadores a protegerse de los supuestamente contagiados? No. ¿Identificar a sus contactos? No. El filósofo sanitario solo creía que un anciano potencialmente contagiado debía quedarse aislado en su habitación catorce días, eso sí, que estuviera bien ventilada, no fuera a ocurrir que los cadáveres despidieran ese olor penetrante y nauseabundo, resultado de las bacterias y larvas descomponiendo cada centímetro de carne.

La Fiscalía abrirá una investigación sobre la situación de las residencias de mayores después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya reconocido que el Ejército ha encontrado ancianos en situación de abandono. La responsable política ha explicado, de forma gráfica, lo que ha descubierto en alguno de estos centros la Unidad Militar de Emergencias, que ha intervenido para intentar que el coronavirus no se propague. «Han podido ver ancianos abandonados, cuando no muertos, en sus camas» (El Comercio, 23 de marzo de 2020)

Pero, ¿quién sería el encargado o encargada de vigilar su evolución si no está en un hospital, sabiendo, como se sabe, que los ancianos mientras permanecen en los pretanatorios lejos del sistema sanitario, pueden estar ocultamente incubando y agravando su enfermedad, de tal manera que, cuando los síntomas afloren y el centro avise a Sanidad, los ancianos y ancianas pueden estar muy graves, agonizando o muertos?

Dice el presidente de los geriátricos, José Augusto García Navarro, que si se han producido desviaciones en alguna actuación puntual se deben investigar, pero lo único que sabemos a la fecha de hoy es que para más de 40.000 ancianos el único desvío que sufrieron fue para dirigirlos por unos raíles que les conducían a la muerte. Unos creerán que el virus conducía el tren, otros que la negligencia, otros el indebido triaje y la eugenesia que los alejó del hospital y de las UCI, pero, el gobierno de España sabía desde el mes de enero de 2020 que el virus priorizaba a nuestros mayores.

¿Quiénes fueron los hijos de puta que dieron las órdenes para cambiar las vías de aquellos trenes de la muerte?

La cruda realidad es que ha escaseado la ponderación geriátrica sobre la hospitalización o no de los residentes en los pretanatorios, dando prioridad al protocolo, de tal manera que la inercia de una “sanidad de guerra” hizo que los protocolos cada vez se simplificaran más, priorizando, al final, la edad, solo la edad…, y la morfina.

Cuando sólo el 1,4% de los ancianos hospitalizados ha llegado a las UCI resulta muy difícil entender que se hayan realizado muchas valoraciones de casos individualizados y, siendo verdad que muchos ancianos se murieron estando hospitalizados (56%), no es menos cierto que esas personas, las mismas personas que lograron con sus luchas una sanidad universal para que todos y todas la disfrutásemos, a ellas, precisamente a ellas, les fuese denegada hasta tener que morir de una manera tan indigna. Más claro: nunca debieron de morir cuarenta mil ancianos, y menos por haberles sido denegada la asistencia sanitaria.

Pero, se murieron de una manera indigna por falta de asistencia médica debido, por una parte, a la situación de la propia sanidad pública que, en condiciones normales, antes de la pandemia, ya se encontraba al borde del colapso, con las conocidas largas listas de espera, consecuencia del desmantelamiento progresivo que se viene dando en la sanidad pública desde hace más de 20 años por parte de los gobiernos de las comunidades autónomas para favorecer su privatización a manos de los piratas del neoliberalismo y, por otra parte, derivada de la falta de intervención de los gobiernos central y autonómicos de los hospitales privados, tal y como estaba prevista en el artículo 13 del Real Decreto del Estado de Alarma.

“Golpeaban las puertas y suplicaban por salir”. Un informe elaborado por Médicos sin Fronteras, publicado el 18 de diciembre de 2020, se recogen las experiencias durante los primeros meses de pandemia en 486 centros, fundamentalmente de seis comunidades autónomas, aunque con intervenciones puntuales hasta en 10, concluyendo que los geriátricos no estaban preparados para la epidemia, a la vez que critican la “descoordinación institucional y la falta de liderazgo” de las Administraciones: “Falló la efectiva asistencia desde el sistema de salud” y sostienen  que “mantener a los enfermos en espacios cerrados y sin atención médica adecuada multiplicó los contagios, aceleró la mortalidad y produjo situaciones indignas e inhumanas”, a la vez que indican que “el alto índice de mortalidad” en las residencias revela que “buena parte de las dificultades estuvieron ligadas a las deficiencias estructurales, así como a la precariedad laboral y a recortes en el sector” (El País, 18 de agosto de 2020).

Por si no fuera suficiente, desde el gobierno se procedió a crear  una sensación de catástrofe, calificándola de guerra, y de riesgo de muerte general para una enfermedad con una tasa global de letalidad de 0,8%, y junto a la persecución policial de quienes se atrevían a salir a la calle si no era para trabajar, se extendía el pánico a la vez que nos mostraban a diario aquellas terribles imágenes de miles de personas mayores muertas en situación de total abandono en aquellos auténticos pretanatorios o solas en sus domicilios. 

Si bien la causa inmediata de la muerte pudiera ser el coronavirus no cabe duda de que a estas personas se les negó la asistencia sanitaria. Para decirlo con más claridad, por indicación de las Consejerías de Sanidad, se les impidió el acceso a los hospitales públicos, abocándolos a una muerte segura en completa soledad, mientras los hospitales privados exhibían una situación de insultante normalidad donde ingresaban personajes públicos y personas adineradas de todas las edades. Un caso concreto es el referido a la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que después de animar a las mujeres para que acudiesen a la manifestación del 8-M porque “les iba la vida en ello”, sería ingresada de coronavirus en la madrileña clínica privada Ruber.

En aquella manifestación, como si la mujer solo tuviera ese día al año para luchar por sus derechos, coincidiría con otras personas que también fueron afectadas por el mismo bicho, tales como la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien después de reivindicar el derecho de las mujeres de poder “llegar a casa solas y borrachas” casi llega al tanatorio afectada también por el coronavirus; la titular de Política Territorial, Carolina Darias; y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

No seré yo el que afirme que la manifestación del 8-M haya sido clave en la extensión del virus, pero sí que tuvo una incidencia importante. La cuestión es que, el 7 de marzo de 2020, las

Cuando en España rozábamos los 440 contagios por Covid-19 y la cifra de fallecidos ascendía ya a diez personas en España, Madrid celebraba el día Internacional de la Mujer. Una manifestación a la que acudieron 120.000 personas. El 9 de marzo, un día después de la manifestación del 8M, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ofrecía una entrevista a la cadena vasca ETB. ¿A qué crees que se debe la bajada de cifras? y Montero contestó: “Pues tía, creo que al coronavirus. No lo voy a decir pues porque no lo voy a decir” (Noticiero Universal, el 1 de junio de 2020)

autoridades sanitarias afirmaban que la situación estaba más o menos controlada, aunque el día anterior, 6 de marzo, habían reportado más de 365 casos localizados en Madrid, La Rioja y Álava. De la mayoría se conocía su procedencia y su cadena de transmisión, por lo que se decidió mantener un estado de vigilancia, y no pasar a una contención agresiva, pero la cruda realidad era otra muy distinta: La epidemia ya había explotado y estaba oculta por culpa de un diagnóstico insuficiente, dándose la circunstancia de que alguna ministra acudió a la manifestación con guantes de latex como medida de prevención coronavírica.

Ese fin de semana millones de personas se desplazaron en transporte público, acudieron a bares, a restaurantes, a conciertos; miles hicieron oposiciones y fueron a mítines políticos. La vida ese fin de semana seguía prácticamente igual que hasta entonces. Se recomendaban medidas de higiene y, más allá de la cancelación del Mobile World Congress, en contra de la opinión del Gobierno nacional y autonómico, tan solo se había tomado una medida preventiva: que los encuentros deportivos con equipos de las zonas más afectadas se disputasen a puerta cerrada.

Pero ya entonces había voces que empezaban a alertar sobre la potencial gravedad de la epidemia. Cada vez más eran las que alertaban de que se estaban escapando casos, algo que quedó de manifiesto cuando se localizó el virus en algún fallecido sin diagnosticar y en enfermos de neumonía grave que no habían sido detectados en primera instancia.

La cruda realidad es que en aquel día del 8 de marzo habían fallecido en España 20 personas por coronavirus. Esa noche todo cambió. La Comunidad de Madrid comenzó a reportar una importante bolsa de casos. Ya no estaban controlados. El goteo de positivos diarios se multiplicaba en Madrid por ocho de un día para otro. Esa semana se comenzaron a tomar medidas, a cerrar colegios, impedir actos, mientras los positivos crecían día tras día. Estas primeras precauciones fueron efímeras: solo unos días después, el viernes 13 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció para anunciar el estado de alarma en todo el territorio español.

No estamos viviendo una guerra, aunque los militares se empeñen en repetirlo, sino una epidemia mundial, una pandemia. Sigo preguntándome por qué en la pantalla aparecen hombres uniformados, hombres cargados de insignias y condecoraciones, en vez de personas con una bata blanca, médicos y doctoras, expertos sanitarios. En la enfermedad no alivia un general; por el contrario, transmite una inquietud espuria. Esto no es una guerra, como nos dicen los militares que salen por la tele. Ni “todos somos soldados”, como nos dicen, como nos arengan. Somos personas enfermas, difuntos y sus familiares, supervivientes al contagio, ciudadanía. No, yo no soy un soldado. Al menos, de la guerra que ellos nombran.

La memoria es débil y quizás alguien no recuerde cómo desde el Gobierno central se escenificó y se ejecutó la militarización del miedo, con el imprescindible concurso de todos los grandes medios de comunicación. Obviamente, se trataba de crear una situación de pánico y de confusión que permitiera imponer medidas inadmisibles en circunstancias normales.

Tan impactante “recurso informativo” sería retirado cuando el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago, a preguntas de los periodistas señalaba que, en la lucha contra los bulos que se difunden a través de las redes sociales, la Guardia Civil trabaja en dos direcciones: “Por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos y, por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”.

Estas declaraciones provocaron una auténtica tormenta política, que el ministro del Interior, Grande Marlaska, después de asegurar que las desconocía, no obstante, afirmó que se debían “evidentemente a un lapsus del general”. Posteriormente, en una de sus comparecencias públicas, exculparía al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil de toda voluntariedad insistiendo en que las declaraciones eran “erróneas” y obedecían al “ejercicio de transparencia” por parte del comité técnico policial, “que todos los días da la cara y responde a las preguntas de los medios de comunicación”.

Aquel confinamiento o secuestro domiciliario, con el consiguiente bloqueo informativo a través de “tan abundante información” y el impacto paralizante del miedo sirvieron, entre otras cuestiones, para impedir el estallido popular de indignación, que vivieron en solitario la mayoría de familias de los barrios obreros.

Si bien en las primeras semanas no se expresó en las calles la ira del pueblo contra los responsables de miles de muertes evitables, sí hubo, en pleno confinamiento, manifestaciones en los barrios burgueses sin que dieran lugar a represión policial alguna, caso concreto de las que se celebraron en el madrileño barrio de Salamanca, donde se protestó contra el confinamiento decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La protesta más ruidosa contra el gobierno y la crisis ha prendido en una de las zonas más ricas del país. Hay unas 2.200 viviendas en la calle Núñez de Balboa, en el corazón del barrio de Salamanca, la tercera calle más cara de Madrid y el tercer barrio más rico de España, según la Agencia Tributaria. En un tramo de unos doscientos metros, varios cientos de personas vigiladas por unos 50 policías antidisturbios volvieron a protestar y a pedir la dimisión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por quinto atardecer consecutivo. En las últimas elecciones tres de cada cinco vecinos que votaron lo hicieron por el PP o Vox, en ese orden. También ha habido protestas en Aravaca y Pinar de Chamartín, otras dos de las zonas con más renta per cápita de la ciudad.

Sin embargo, con el confinamiento finalizado, la población de los barrios obreros salía a la calle para denunciar las carencias de la sanidad pública y la asfixiante presencia policial en sus calles al grito de “menos policía, más sanidad”, los brutales apaleamientos y las detenciones nos volvían a recordar, una vez más, para quien trabajan y qué intereses defienden los aparatos del Estado.

Militarizar la política supone “disciplina social y cero críticas a la cadena de mando”. Nunca antes se había dado una restricción de movimientos tal en tiempos de paz y alerta de los peligros sobre las libertades que ello puede conllevar. Desde mi punto de vista, esta situación no constituye más que otro experimento masivo de control social. Aun aceptando la necesidad de la protección frente al virus, una sociedad democráticamente saludable y avanzada en derechos debería preferir siempre la vía de la desmilitarización y apelar a la responsabilidad ciudadana, individual y colectiva, para frenar las consecuencias indeseables de los contagios, hasta el punto de que si los 12.000 millones de euros que las arcas públicas del Estado destinan todos los años al presupuesto militar se hubieran destinado a defender la sanidad pública y universal, habría muchos más medios para combatir los virus letales, mucha menos desesperación y muchas menos muertes producidas de manera tan indigna, pero, tal parece que en este país de golpes militares y guerras civiles es al Ejército, y no a la Sanidad, al que hay que tratar bien.

No, me niego a aceptar que esto sea una guerra, tal y como nos tratan de inculcar desde el “gobierno más progresista de la historia de España PSOE-UNIDAS PODEMOS”. Aquí no hay batallas ni hay trincheras. Esta sociedad nuestra hace ya décadas que se liberó del yugo militar y no ha de ser tutelada por el Ejército. Cuidado con eso, con nuestras libertades y nuestros derechos arrancados a sangre y fuego, no vaya a ocurrir que por hacer un lavado de imagen histórico-militar vayamos a caer en el esperpento valleinclanesco y las bufonadas berlanguianas de la ministra Robles. No, yo no soy un soldado, al menos, de la guerra que ellos llaman guerra y no le es.

La situación derivada de la pandemia ha empeorado las patologías mentales existentes. Las restricciones, el confinamiento, el número de fallecidos o el miedo al contagio han provocado que salgan a la luz los miedos de centenares de personas. Un trastorno identificado como agorafobia: “Todo empezó con vértigos y mareos y falta de fuerza en piernas y brazos y llega un momento en que empiezas a estar en casa y ya no querer salir”.

Al final, con el escenario del miedo bien aderezado, es cuando aparece la vacuna como única solución, aunque en agosto de 2020, sin que se conociesen resultados sobre los ensayos clínicos que se estaban realizando, Estados Unidos y la Unión Europea ya habían decidido comprar millones de dosis a las grandes multinacionales farmacéuticas, acordándose en el seno de la UE que fuesen los gobiernos los que hiciesen frente al pago de las indemnizaciones por las posibles reacciones adversas de las vacunas al objeto de eximir a las farmacéuticas de toda responsabilidad civil.

De hecho, refiriéndome al estudio más ambicioso realizado hasta la fecha sobre la financiación que ha permitido desarrollar una vacuna frente al coronavirus, es el referido, a modo de ejemplo,  a la vacuna de AstraZeneca, el mismo nos revela que la industria farmacéutica soportó menos del 3% de los costes de investigación que la han hecho posible, siendo la mayor parte de los 120 millones de euros invertidos  procedentes del Gobierno del Reino Unido con 45 millones y la Comisión Europea con 30 millones, mientras el resto procedía de entidades también financiadas con fondos públicos a través de los distintos centros de investigación y fundaciones que apoyan la investigación científica, lo que pone sobre la mesa el tema de la liberación de las patentes, avivando el debate sobre la posibilidad de dejar sin efecto el sistema de patentes que impide fabricar vacunas a otros productores que no sean los titulares de las licencias.

Qué duda cabe, se estaba abonando el terreno para proceder a la inoculación masiva de millones de personas sanas con unos fármacos cuya composición no se había utilizado nunca previamente como vacuna, para tratar una enfermedad de baja letalidad general, y con un periodo de ensayos clínicos de pocos meses. Lo inaudito de este proceso se entiende mejor si se compara con otros similares: el periodo de investigación de vacunas como la de la difteria o la poliomielitis, con una letalidad alta (hasta del 50% en el caso de la difteria), nunca fue inferior a cuatro años.

La culminación del proceso para la autorización de emergencia en los EE.UU. y condicional en la UE requería dos elementos imprescindibles e interconectados: convencer a la opinión pública de que no existía tratamiento alternativo y la neutralización de la creciente información que contradecía el discurso oficial, proponiéndose como primer objetivo el situar la vacuna como única posibilidad terapéutica, desacreditando otros medicamentos, que sin constituir la panacea – eso en medicina no existe – estaban demostrando ser relativamente eficaces en tratamientos extrahospitalarios.

A pesar de que 56 países adoptaron el tratamiento ambulatorio precoz para casos de Covid con medicamentos poco costosos, bien conocidos, como la  hidroxicloroquina (HQC) y la ivermectina, que forman parte de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con una eficacia relativamente alta, no sólo fueron denigrados o minusvalorados por los grandes medios de comunicación, sino que en EE.UU. llegó a prohibirse en las farmacias su dispensación para el tratamiento del Covid, origen de uno de los escándalos editoriales más ilustrativos que tuvo lugar en la prestigiosa revista The Lancet, con la publicación de un estudio, el 22 de mayo de 2020, en el que se revelaba el “peligro de muerte cardíaca” ocasionado por la HCQ en el tratamiento de la Covid.

Esta publicación, ampliamente difundida en todo el mundo, llevó a la inmediata suspensión de ensayos clínicos con HCQ, aunque, con fecha 4 de junio, The Lancet se retractaba, cuando tres de los cuatro firmantes del artículo se desmintieron de sus propias declaraciones y dos de ellos reconocieron tener conflicto de intereses con la multinacional Gilead que promovía el Redemsvir, también para el tratamiento del Covid. Es verdad que el artículo fue retirado, pero no es menos cierto que el daño ya estaba hecho.

Durante una reunión de expertos a puerta cerrada filtrada el 24 de mayo de 2020 en Francia, los editores de The Lancet y New England Journal of Medicine (NEJM) explicaron cómo los actores farmacéuticos económicamente poderosos estaban corrompiendo “criminalmente” la ciencia médica para promover sus intereses, siendo las dos mayores empresas de Fondos de Inversión del mundo, Black Rock, con ocho billones y medio de dólares en activos, y Vanguard, con 6,2 billones de dólares, los mayores accionistas de la tres grandes multinacionales farmacéuticas productoras de vacunas: Pfizer, Moderna y Astra Zeneka.

Y son estas empresas las que buscan en cada país a los socios más adecuados, hasta el extremo de que en España, no solo controlan ambos fondos de inversión la producción de información y la creación de opinión a través de estos gigantes de la comunicación, sino que, desde noviembre de 2020, Blackrock y otro gran fondo de inversión, CVC, se han convertido en los mayores propietarios del Grupo Prisa, incluido El País y la Cadena SER, al comprar su deuda por un valor de más de 1.000 millones de euros. Pero, además, Blakrock es propietaria de una parte importante del accionariado de los principales conglomerados mediáticos del Estado español, controlando directamente una parte importante del accionariado del grupo Atresmedia, propietario de Antena 3 y la Sexta, y del grupo Mediaset, propietario de Cuatro y Telecinco.

España ha administrado 9.467.700 dosis de la vacuna AstraZeneca hasta el momento. Esta vacuna, desde que salió al mercado y comenzó a inocularse, ha estado bajo la lupa y ha generado muchos problemas, ya que uno de los efectos secundarios menos comunes, pero que pusieron en alerta a toda la población y a las autoridades sanitarias, fueron los trombos. Por ello, AstraZeneca empezó a dejarse de lado y se empezó a apostar por inocular Moderna y Pfizer.

Este conglomerado de poder económico y mediático está contando con la colaboración pasiva de la mayor parte de las sociedades médicas – que subsisten en gran medida gracias a las subvenciones de la industria farmacéutica – y la muy activa de los gobiernos de todo color político como brazos ejecutores indispensables de todo este engranaje de intereses.

Por lo tanto, a la hora de hablar de la independencia de los medios de comunicación, en general, y muy especialmente en los que concierne a la epidemia Covid y a las vacunas, parece una broma de mal gusto o un insulto permanente a la inteligencia.

Resumiendo, los propietarios de los grandes fondos de inversión del mundo son, a su vez, los dueños mayoritarios de las principales multinacionales farmacéuticas que están vendiendo sus vacunas a los Estados por valor de decenas de miles de millones de euros. Y esos mismos fondos de inversión, no sólo controlan la mayor parte de los grandes emporios mediáticos en EE.UU. – que a su vez controlan los medios locales “occidentales” -, sino que son propietarios mayoritarios, directa o indirectamente, de los principales grupos mediáticos del Estado español.

Lo que no pueden ocultar estas redes criminales es que las multinacionales farmacéuticas cuentan en su haber con un larguísimo historial delictivo de corrupción de políticos, expertos y médicos para lograr sus objetivos económicos.

Según un estudio del British Medical Journal (BMJ), una de las revistas médicas de referencia, un informe clave de la OMS ocultó los vínculos financieros entre sus expertos y las farmacéuticas Roche y Glaxo, fabricantes de Tamiflu y Relenza, los fármacos antivirales contra el virus H1N1, sirviendo el informe para instar a los Gobiernos a apilar reservas de esos medicamentos, por un valor en torno a los 6.000 millones de dólares.

Las pautas de la OMS que recomendaban a los Gobiernos almacenar Tamiflu y Relenza – los únicos dos fármacos antivirales eficaces contra el virus H1N1 – habían sido publicadas en 2004, y se apoyaban en publicaciones de los tres expertos ahora cuestionados. Estos tres científicos sí declararon sus lazos con la industria en sus publicaciones científicas, pero la OMS no recogió esa declaración en el informe que entregó a los Gobiernos.

Roche y Glaxo les habían pagado por una serie de conferencias y consultas, a la vez que intervenían en investigaciones pagadas por los laboratorios, siendo este tipo de vínculo muy común.

Las críticas del British Medical Journal se suman a las del Consejo de Europa, que recientemente también acusó a la OMS de opacidad, aunque por otra razón: que los 16 miembros del comité de emergencia que asesoró durante la crisis a la directora del organismo, Margaret Chang, son secretos.

Como se relata en el riguroso artículo publicado recientemente por Elizabeth Woodwort, el asunto responde a una estrategia general centralizada en la Trusted News Initiative – Iniciativa de Noticias de Confianza (TNI), puesta en marcha y liderada por la BBC. La TNI se crea en 2019, pero adquiere un enorme impulso dos semanas después de que la OMS declare la situación de pandemia por COVID, asumiendo como objetivo “combatir la desinformación dañina sobre vacunas” al tiempo que “anuncia un importante proyecto de investigación”.

Pero es que, además, nunca, jamás se ha demostrado que las vacunas sean más eficaces que no hacer nada en absoluto, más bien todo lo contrario, contribuyendo a numerosos brotes de enfermedades, como ha quedado demostrado científicamente en múltiples documentaciones públicas. La experiencia, por ejemplo, en la conocida como “gripe española” (1918-1919), sólo aquellos soldados y civiles que se vacunaron contra la gripe realmente enfermaron y murieron, a menudo justo después de ponerles la inyección, y millones de personas murieron por vacunas letales contra las que el cuerpo no tenía defensas naturales. Aquellos y aquellas que se negaron a vacunarse permanecieron sanos incluso a pesar de ayudar a los enfermos y de llevarse los cadáveres.

La información sobre mortalidad diaria por todas las causas se obtiene del Registro General de Registros Civiles y Notariados del Ministerio de Justicia, distribuidos entre todas las Comunidades Autónomas y que incluye las 52 capitales de provincia. Durante el año 2020 el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) en España incluye las defunciones por todas las causas procedentes de 3.929 registros civiles informatizados, que representan el 92% de la población española. Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada del 1 de enero 2008 hasta un año previo a la fecha actual, procedente del Instituto Nacional de Estadística.

Los unos trataron desde un principio de cargar las responsabilidades a los otros, y los otros a los unos. Ambos, viejos conocidos conformando el bipartidismo PPSOE y actuando groseramente al servicio del capitalismo neoliberal globalista son los responsables del genocidio silencioso causado en España con casi 5 millones de infectados y más de 86.000 muertos, según los datos que nos ofrece el ministerio de Sanidad a la fecha del 13 de setiembre de 2021, lo que tampoco quiere decir que estemos hablando de los datos reales.

Una oposición carroñera – los unos – aprovechando permanentemente la muerte de las personas por el coronavirus para atacar al gobierno – los otros -, aunque tratando de ocultar que la sanidad es una materia que ha sido transferida íntegramente a las comunidades autónomas. Por ejemplo, la comunidad madrileña, en manos del PP, tiene las competencias en Sanidad, y estas también incluyen la gestión de epidemias en la región. De hecho, una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 26 de noviembre para determinar la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, establece que una de las funciones de la Dirección General de Salud Pública es la “vigilancia, análisis y control epidemiológico de la salud y sus determinantes”, así como de “la incidencia de las enfermedades transmisibles y no transmisibles y su distribución en los distintos grupos de población y la vigilancia epidemiológica y control de microorganismos multirresistentes”.

De ahí que, en enero, cuando la crisis sanitaria por el coronavirus golpeaba con fuerza en China, el Gobierno regional crease el “comité de expertos del nuevo coronavirus de la Comunidad de Madrid”, con diecisiete miembros, que se reunió hasta en tres ocasiones a finales de ese mes. Y lo mismo se puede decir del resto de las comunidades autónomas, unas gestionadas por el PSOE, otras por el PP, y otras por los nazionalistas vascos y catalanes, donde por cierto se alcanzan los máximos índices de infectados y muertos por coronavirus.

Lógicamente, a la hora de entrar en materia, me remontaré necesariamente a la fecha del 31 de enero, cuando quedaba confirmado por el Centro Nacional de Microbiología del primer caso de coronavirus en la isla canaria de La Gomera, cuando, a miles de kilómetros de distancia, en China, ya se estaba librando una dura batalla contra la enfermedad, quedando confinada la provincia de Hubei.

El día anterior, 30 de enero, en una reunión técnica que tuvo lugar en el ministerio de Sanidad, uno de los expertos en Salud Pública de la Organización Médica Colegial, Juan Martínez Hernández, alertaba al gobierno sobre los grandes peligros que suponía la presencia del coronavirus que podía ocasionar infecciones graves y mortales y contra los que no había todavía ni vacuna ni tratamiento, pero la mayoría de los expertos, entre los que se encontraba el director del Centro de Control de Alertas y Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, desoyeron las alertas expuestas y decidieron quitarle importancia. Es decir, el gobierno tenía datos, lo sabía, pero, quizás pensando más en el perjuicio que esto podía suponer para la economía impuso la inacción.

Hoy se sabe que, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), advirtió al Gobierno “desde el primer momento” de la “gravedad” del brote de coronavirus, pero el gobierno de España no decretaría el Estado de Alarma hasta el día 14 de marzo, cuando la cifra de muertos por el Covid-19 se elevaba entonces a 136 personas.

Claro que el gobierno y la oposición lo sabían, pero primaba la precampaña electoral del País Vasco y Galicia, cuyas elecciones habían quedado convocadas para el 5 de abril de 2020.

Así llegamos a la fecha del 13 de febrero cuando quedaba registrado el primer muerto en la provincia de Valencia, aunque no se tuvo conocimiento de ello hasta 20 días más tarde, esto es, el 4 de marzo. Una necropsia desvelaba el misterio de la neumonía “de origen desconocido” que había matado al paciente, pero en esos momentos el número de casos confirmados ya era de 160 infectados, siete de ellos en la UCI.

El 19 de febrero, el equipo de fútbol del Valencia viajaba a Milán para jugar el partido para la Champions League contra el Atalanta, siendo acompañado por más de 2.500 aficionados, a pesar de que la epidemia avanzaba a un ritmo alarmante en el país italiano, teniendo que suspender a los cuatro días los mundialmente famosos carnavales de Venecia a la vez que se procedía a la clausura de colegios, universidades y recintos de ocio en todo el norte de Italia.

Sin embargo, a finales de febrero, el gobierno de España todavía seguía ajeno a los peligros del coronavirus, dando prioridad, como el resto de los otros partidos políticos, a los mítines para las elecciones del 5 de abril en Galicia y País Vasco, mientras el virus iba ganando posiciones. Las bolsas comenzaban a hundirse ante el miedo del dinero que adelantaba lo que estaba por venir, dándose la coincidencia de que ese mismo día, 24 de febrero, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía de que el COVID-19 era una “amenaza real” y en Italia ya eran siete los muertos, pero sería el 27 de febrero cuando el ministerio de Sanidad hacía públicas sus primeras instrucciones al respecto: “En caso de tener fiebre o síntomas gripales y siempre que se haya estado en zona de riesgo en los últimos 14 días o en contacto con personas diagnosticadas de portar el virus, deberá permanecer en su domicilio y llamar al 112”.

En plena precampaña para las elecciones en Euskadi, en un acto celebrado en Vitoria el  1 de marzo, el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pedía “confianza en la comunidad científica y en el sistema de sanidad pública que garantizaba la protección de la salud de todos los ciudadanos” a la vez que aseguraba que el gobierno trabajaba “codo con codo” con los ejecutivos autonómicos: “En este tipo de crisis no cuenta la ideología ni las opiniones, lo que cuenta es la ciencia y el conocimiento”, pero ese conocimiento que se había obviado un mes antes, cuando el gobierno descartaba la “explosión del caso”, seguía poniendo vendas en los ojos de nuestros gobernantes y dirigentes del PSOE, hasta el extremo de que su presidenta federal, Cristina Narbona, convocara una rueda de prensa el 2 de marzo para hacer una llamada a la movilización para que el día 8 de marzo “se vea a hombres y mujeres que comparten el grito en la calle contra el machismo”, convocatoria que sería rematada  al día siguiente por la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo Poyato, cuando afirmó públicamente: “Vamos a volver a salir para dar la mejor imagen de España”. La realidad fue que, con los ojos de nuestros gobernantes vendados y sus orejas taponadas, entre los días 5 y 8 de marzo, se produjo un salto cuantitativo al pasar de 90 a 202 infectados por el coronavirus y 8 muertos.

Pero, las manifestaciones convocadas para el 8-M se mantuvieron y se alentaron en toda España, acudiendo a las mismas cientos de miles de personas, sobresaliendo las convocadas en Madrid y Barcelona, aunque – todo hay que decirlo – no solo fueron las manifestaciones de las mujeres, sino también hubo partidos de fútbol y baloncesto, Vox celebraba su congreso multitudinario en el pabellón madrileño de Bellavista y se permitió el inicio de las Fallas en Valencia, asi como todo tipo de actos y espectáculos que concentraron a miles y miles de personas, resultando lo más irresponsable de lo ocurrido, desde mi punto de vista, la actuación del gobierno que, a pesar de que su portavoz en materia sanitaria, Fernando Simón, había reconocido públicamente la trasmisión comunitaria en Madrid, Vitoria y Labastida, seguía sin adoptar las medidas necesarias para la catástrofe que se avecinaba, aunque Madrid y el País Vasco, las dos regiones más afectadas, procedían al cierre de colegios, institutos, escuelas y universidades.

Estamos a 10 de marzo, cuando el ministro de Sanidad, el filósofo catalán Salvador Illa, después de que admitiera que Madrid y Vitoria suponían un alto foco de contagio, se procedía a convocar la Comisión Interministerial sobre el COVID-19 que sería presidida por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para analizar la situación, pero sin adoptar medidas contundentes, si no, más bien, para seguir amagando, a pesar de que el goteo de afectados por el virus continuaba, dándose en personas significativas como el secretario general de Vox, Ortega-Smith; el presidente del mismo partido, Santiago Abascal; la ministra de Igualdad, Irene Montero; la ministra de Política Territorial, Carolina Darías; la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez; la expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Días Ayuso; la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo; el presidente de la Generalitat, Quim Torra o el lider catalán de Esquerra Republicana de Cataluña, Pere Aragonés, entre otros muchos.

El día 14 de marzo, esto es, 43 días después del aviso del 30 de enero, el Gobierno de España decretaba el Estado de Alarma, hablando el presidente, Pedro Sánchez, de una “crisis extraordinaria” en la que prometía movilizar “todos los recursos del Estado”, quedando confinado en sus casas todo el pueblo español, salvo las personas que por su profesión tuvieran que servir prestando sus tareas adoptando ciertas precauciones.

En estas condiciones comparecía Pedro Sánchez el 18 de marzo en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la declaración del estado de alarma, para decirnos que el virus no distinguía de ideologías, ni clases, ni territorios: “Nos golpea a todos, a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras parejas, nuestros hijos y nuestros seres queridos”, a la vez que anunciaba la presentación de unos presupuestos “extrasociales” cuando quedase superada la pandemia y que “blindaría la protección de los ciudadanos”, pidiendo el apoyo de todas las fuerzas políticas.

Pedro Sánchez entrando en el Congreso de los Diputados, el 18 de marzo de 2020.

¿Estará pensando el gobierno español la cantidad de muertos que se podrían haber evitado de haberse tomado en serio una cuestión de máxima gravedad, en vez de aparecer su presidente en televisión con esos discursitos leídos por el telepromter tratando de justificar lo injustificable?

No obstante, el presidente Sánchez advertía que lo más duro de esta crisis “está todavía por llegar” y se producirá cuando el sistema sanitario “reciba el impacto de mayor número de personas contagiadas”. “Hasta que la vacuna llegue, nosotros somos la vacuna”, ha dicho Sánchez, y ha insistido en que cada persona que se quede en casa “suma para salvar vidas y ayuda a doblegar la curva”. Por ello, ha pedido “sacrifico y unión” y ha subrayado que “no es caprichoso ni gratuito, sino necesario para salvar vidas, empresas, la economía, los valores y la forma de vivir y disfrutar la vida”.

Sánchez también anunciaba que cuando pasase la crisis del coronavirus el Gobierno español impulsaría una comisión de estudio y evaluación del sistema de salud que lo analice con rigor para elaborar un libro blanco con los ajustes que sean necesarios. Además, justificaba el momento en el que se decretó el estado de alarma, que fue “cuando se tuvo la certeza de que resultaba imprescindible”.

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, el 18 de marzo de 2020.

Por ello, el presidente del Gobierno español ha asegurado que un desafío humano de estas dimensiones exige la máxima movilización de todos los recursos disponibles y la “unidad de acción” que requiere de “todos por encima de las siglas”.

El presidente del gobierno se dirigía así a un Congreso prácticamente vacío, con una treintena de diputados sentados en sus escaños y una mesa también mermada, leyendo un discurso duro, durísimo, catastrofista, de fin de época. Todo era la demostración palmaria de una situación absolutamente de excepción, inédita en España.

El dique de contención para frenar la expansión del virus, insistió Sánchez una y otra vez es “el valor de lo público”, la fortaleza de “lo colectivo”. Empezando por el sistema sanitario, que está en la “primera fila de los más eficaces y sólidos del mundo”.

El sistema ya resistió embates anteriores, recordaba el presidente. El virus del ébola, la crisis de las vacas locas, la gripe A, defendiendo que el gobierno siempre se ha sometido al “mandato de los expertos” y a las máximas de “unidad de acción”, coordinación con las demás administraciones y cooperación. Pero “la pandemia ha desbordado las previsiones de todos, comenzando por la OMS”, que ha ido actualizando su respuesta ante una crisis que es “dinámica” y “no estática”.

Sánchez apeló a ese “sesgo de retrospectiva” al que “sucumbe con frecuencia” el ser humano cuando analiza que podía haber actuado de manera distinta, haber predicho el desenlace, si bien su Gobierno, dijo en su descargo, siempre se ha guiado por la orientación de los expertos. “Es obvio que con lo que sabemos hoy el mundo no hubiera actuado de la misma forma ayer. Es obvio que si China hubiese conocido las consecuencias del brote hubiese actuado de distinta manera. Es obvio que Francia no hubiera mantenido la primera vuelta de las elecciones locales si hubiera sabido que debería cancelar la segunda vuelta dos días después”. Por ello, el Ejecutivo decretó el estado de alarma “cuando se tuvo la certeza de que resultaba imprescindible y solo entonces, porque los derechos que restringe y los bienes que pone en juego son suficientemente valiosos como para ser preservados hasta el último instante”. En la primera réplica a los grupos, el jefe del Ejecutivo subrayó que haber decretado la alarma tan solo una semana antes a cuando se hizo “podría haber sido exagerado”.

Llama poderosamente la atención la fecha del 12 de febrero cuando los responsables del Mobile World Congres (MWC), evento que iba a celebrarse en Barcelona, decidían suspenderlo debido al brote del coronavirus detectado el 31 de diciembre de 2019 en la localidad china de Wuhan, pero la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, manifestaría al día siguiente que la cancelación nada tenía que ver con el coronavirus: “No es por ninguna alerta sanitaria en nuestro país, que estamos en una situación de respuesta muy buena”.

Esa semana, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, también habló de “demasiada histeria” y el propio director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, sostenía que en España no existía por el momento “riesgo de infectarse” porque los dos casos confirmados habían contraído el virus en el extranjero. Ni siquiera la declaración de emergencia internacional por el brote del coronavirus realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 31 de enero, asustó a nuestras autoridades políticas y sanitarias a juzgar por la nota pública del ministerio de sanidad con declaraciones del director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias Fernando Simón: “En España, estamos trabajando desde la primera notificación de coronavirus en China”.  Además, “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado” y que esperan que “no haya transmisión local y en ese caso sería muy limitada y muy controlada”.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, afirmaba en rueda de prensa el 31 de enero de 2020: «Nosotros creemos que España va a tener, como mucho, algún caso diagnosticado». Dos meses después, España es el segundo país del mundo en número de contagios (más de 120.000) y en número de muertos (más de 11.000) por la pandemia de coronavirus.

Todas estas y otras declaraciones de “tranquilidad” a la población serían corroboradas por el mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ante el primer caso de coronavirus de un turista alemán confirmado en la isla canaria de La Gomera, asegurando en su cuenta de Twitter que el sistema sanitario español es “fuerte” y que había una red de alerta y detección “con expertos profesionales que desde el primer minuto trabajan siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

“España tiene un sistema sanitario fuerte y una red de alerta y detección con expertos profesionales que desde el primer minuto trabajan siguiendo las recomendaciones de la OMS”. (Twitter de Sánchez Castejón, el 1 de febrero de 2020)

Es decir, supimos de la epidemia en China; después vimos cómo iban aumentando los casos en Irán, y más tarde conocimos los inicios del problema en Italia, concretamente en la región de Lombardía, pero,  mientras los científicos venían avisando de lo que se avecinaba, los políticos españoles no acababan de querer enterarse de que el país estaba bajo una emergencia grave, con cerca de 3.000 contagios detectados, cuando, de repente, estando todo tan controlado, el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros extraordinario presidido por el presidente, Pedro Sánchez, acordaba la declaración del Estado de Alarma en todo el territorio nacional para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 en España.

El presidente del gobierno había tardado exactamente 43 días en comparecer ante el pueblo español para reconocer la gravedad del asunto, leyendo a través del teleprónter un discurso tan largo como tedioso. Un tiempo transcurrido que nada tenía que ver con sus críticas al entonces presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, que tardó dos días en dar explicaciones públicas de los dos únicos casos afectados por la crisis del Ébola fuera de nuestras fronteras, aunque él le exigía  la comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar la crisis producida: “Le pregunto señor Rajoy: ¿qué miedo tiene a comparecer en el Congreso?”, decía en aquella ocasión Pedro Sánchez, “¿qué es lo que tiene que ocultar? Si es que necesitamos políticos que no rehúyan los debates, que den la cara, que aclaren y den seguridad a los ciudadanos, que protejan a los profesionales de la sanidad pública y que no nos victimicen y responsabilicen de sus propios errores. Por eso, le digo al señor Rajoy que habrá podido rechazar con su mayoría absolutísima la comparecencia en el Congreso, pero voy a pedir una y mil veces la comparecencia del señor Rajoy en el Congreso para que rinda cuentas por la crisis del ébola”.

Sin embargo, una epidemia como la que nos ha tocado en suerte gracias al coronavirus COVID-19 es una buena ocasión para replantearnos ciertos aspectos de nuestra existencia y, sobre todo, de nuestro modo de vida. Está sirviendo para poner al descubierto los aspectos superfluos o excesivos de nuestra cotidianidad a la vez que apreciar muy claramente lo que es sustancial de verdad.

Hemos llegado a esta crisis después de más de una década de la Gran Recesión de 2007-2008 sin que la débil recuperación posterior haya permitido volver a situarnos en muchos casos en el punto de partida. Y como todos y todas tenemos que saber, las políticas de austeridad neoliberales, con la reforma del artículo 135 de la Constitución española para el rescate de la banca, han tenido efectos demoledores en el gasto público, muy especialmente en el gasto social.

Esas políticas neoliberales del bipartidismo PPSOE y de CiU en Cataluña fueron las que propiciaron los recortes en todo lo que pudieron en la sanidad pública. En Madrid, hace doce años había 2.100 camas más que hoy y se perdieron 2.200 trabajadores. El colapso hospitalario para afrontar la crisis queda perfectamente explicado por esos recortes. Ahora proclaman que quieren contratar a 2.000 trabajadores con urgencia, pero ese número ni siquiera llega a las plantillas de hace doce años. Los profesionales de la sanidad – verdaderos héroes en la trinchera de esta guerra que se está librando contra el coronavirus – critican, además, que no se contraten no sanitarios, sin los cuales es imposible que funcionen los hospitales, como celadores o servicio de limpieza. En Cataluña, la situación no es mejor. La sanidad catalana es la que menos inversión por habitante realiza, 1.192 euros. El presupuesto destinado a sanidad bajó del 40% al 32% y ambas comunidades se han distinguido por desplazar hacia la sanidad privada una parte del dinero público, que ha servido para sostener económicamente los hospitales privados mientras se desprestigiaba a la sanidad pública, donde se sigue mendigando, en la actualidad, por mascarillas, guantes y todo tipo de equipación médica para el tratamiento de los infectados.

Los profesionales de la sanidad son los verdaderos héroes en la trinchera de esta guerra contra el coronavirus, a la que todos, sin exclusión, nos debemos de sumar para contribuir a su derrota. 

Por otra parte, los efectos sociales de la pandemia y de las necesarias medidas de contención se harán sentir a muy corto plazo en una economía en desaceleración progresiva ya muy por debajo del 2% del PIB. Grandes fábricas, como Seat y Nissan, han anunciado expedientes de empleo, en las pequeñas industrias y negocios la repercusión puede ser brutal; en el turismo y restauración la perspectiva es terrible. No será lo mismo para el gran capitalista que tiene reservas o capacidad de crédito bancario, que para el autónomo o el pequeño empresario. Es bien sabido que la pandemia por el coronavirus es el caparazón que trata de ocultar una gravísima crisis económica que no ha hecho más que empezar. Tan grave, que el cierre de empresas se extiende en cadena y de forma casi tan explosiva como el microorganismo. De esto apenas se informa, pero en los barrios obreros cunde la desesperación y la angustia, según podemos leer diariamente en los medios de comunicación – más de la mitad de los españoles y españolas teme perder el empleo, tal y como publica El País en su edición del 20 de marzo de 2020 – consecuencia todo ello de la enorme precariedad laboral, derivada de las nefastas reformas laborales promulgadas por el gobierno de Zapatero en 2010 y por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012, que facilita los despidos con indemnizaciones míseras o directamente sin ninguna, por el sencillo procedimiento de no renovar el contrato.

La pérdida del empleo en estas condiciones supone la desaparición de todo ingreso para personas y familias que apenas lograban sobrevivir. Me remito a los datos del Indicador Europeo de Pobreza y Exclusión Social (2019) o al más reciente del Relator de la ONU para la Extrema Pobreza: antes del coronavirus 12 millones de personas estaban por debajo de los indicadores mínimos de supervivencia y la mitad de la población no podía calentar en invierno su casa o comprar carne o pescado una vez a la semana. Sobre esta dramática situación caen los despidos masivos, la inmensa mayoría sin protección social.

Resulta verdaderamente escandaloso que el Real Decreto se haya publicado sin establecer medidas extraordinarias que son competencia del gobierno central destinadas a incrementar sustancialmente los recursos sanitarios, ya sobresaturados y claramente insuficientes para el aumento de las necesidades de asistencia que se espera. Y, sobre todo, es inaceptable la ausencia de medidas sociales y laborales, urgentes e imprescindibles, que detengan la sangría de despidos que está hundiendo aún más en la miseria a millones de personas.

La ministra de Sanidad Leire Pajín, el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE Pepiño Blanco, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, el año 2010.

En una situación de incertidumbre como la que nos toca vivir en estos difíciles momentos las verdades son más necesarias que nunca, y hay cosas que no son opinables. Son realidades contrastables. Por eso, siendo verdad que, después de un duro enfrentamiento en el propio Consejo de ministros entre la gente del PSOE con la de Unidas Podemos, al final quedase promulgado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, orientadas a reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; apoyando la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo; y reforzando la lucha contra la enfermedad. Todo muy bonito, pero ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Acaso se le van a exigir a la banca la devolución de los 60.000 millones de euros robados al contribuyente español?, ¿Va a promulgar el gobierno una reforma fiscal equitativa y eficiente, de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Española: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, al tiempo que desde el lado del gasto continúa en su apartado 2 “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”? ¿Será éste un redivivo de aquel Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, conocido como Plan E de Zapatero para reactivar la economía durante la gran recesión de 2008 que, al final, todo él preñado de irregularidades en su aplicación, presentaría unas “pérdidas” globales de 7.836 millones de euros, según el propio Tribunal de Cuentas?

Pero, volviendo al objetivo principal y más importante de la guerra contra el COVID-19: la vida de las personas, y recogiendo experiencias de otras pandemias, nos remontaremos al año 1918, para hablar de la gripe española, una pandemia tan letal como las de siglos anteriores que significó la muerte, en dos años, de más de cuarenta millones de personas en todo el mundo. Aquella pandemia se había abalanzado sobre una Europa que aún no había salido de las calamidades de la Primera Guerra Mundial, donde los servicios médicos se vieron desbordados ante aquella amenaza también de origen incierto, como la que estamos sufriendo actualmente en España, aunque cada vez parece ser menos incierto su origen.

Póster alertando a la ciudadanía sobre la gripe española en Alberta, Canadá, c. 1918. Da indicaciones sobre cómo usar una mascarilla. (Dominio público)

En aquel ambiente de angustia y miedo atroz, la prensa del país galo no dudó en culpar de la gripe al enemigo germano. Las teorías más descabelladas parecían creíbles en aquellos momentos. Circulaban rumores sobre conservas llegadas desde España en las que los agentes del káiser habrían introducido agentes patógenos. Lo cierto es que Alemania se vio igualmente afectada por la gripe. Cuando la contienda finalizó, el contraespionaje francés no había podido detener a nadie bajo la acusación de practicar la guerra biológica.

Sería muy deseable que alguna vez se informara en el Congreso de los Diputados sobre las verdaderas funciones de organizaciones tan oscuras, aunque cada vez más claras, como el Foro de Davos, donde participa el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Pues bien, hoy, como ayer, tampoco faltan las teorías conspiratorias. En Cuba, por ejemplo, está circulando el rumor de que el coronavirus es fruto de una operación emprendida por Estados Unidos, basando esta confirmación en que el país más afectado es China, rival de los norteamericanos en la pugna por la hegemonía mundial. Por supuesto, no es la única hipótesis que circula en foros conspiranoicos que manejan la Alta Finanza Internacional. De hecho, el Foro de Davos, donde participa el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ya realizó un ejercicio contra una epidemia de coronavirus, en octubre de 2019, con la participación del Johns Hopkins Center for Health Security y de la Bill & Melinda Gates Foundation. El ejercicio en cuestión tuvo lugar en Nueva York, exactamente el 18 de octubre de 2019, dos meses antes del inicio de la pandemia en China, y su objetivo explícito del ejercicio realizado en Nueva York era planificar la respuesta de ciertas transnacionales y gobiernos ante una pandemia de coronavirus, cuando nada permitía predecir el inicio de la epidemia detectada en la ciudad china de Wuhan a inicios de diciembre.

Más de 200 empresas anunciaron que se unirán a la nueva plataforma de Acción Covid lanzada por la organizadora del Foro de Davos. La alianza incluye bancos, como Bank of America; compañías farmacéuticas, como AstraZeneca; tecnológicas como Google o Microsoft; o firmas de seguros, como Allianz o Zurich, entre otras. Hasta ahora se han sumado desde España Acciona, Santander y Naturgy. La plataforma contará con el apoyo de la OMS, y funcionará como una red en la que los directores ejecutivos de las multinacionales, y otros representantes corporativos, ofrecerán su ayuda en proyectos específicos, o en el intercambio de mejores prácticas.

Ya, en enero de 2016, en la reunión del World Economic Forum en Davos (Suiza), se había parido un proyecto muy ambicioso con el objetivo de explorar nuevas vías de desarrollo de las respuestas a los retos más importantes a nivel global en relación a las enfermedades infecciosas emergentes. Se había gestado en el seno de la OMS y por interés de varios gobiernos, entidades de diversa naturaleza y múltiples expertos.

Este proyecto se ha concretado en la entidad Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) que ha sido oficialmente presentada en la reunión de 2017 del Foro Económico Mundial, nuevamente en Davos (Suiza), con los objetivos de estimular, financiar y coordinar el desarrollo de nuevas vacunas frente a enfermedades infecciosas capaces de causar brotes y epidemias, especialmente en casos en los que los incentivos del mercado por sí solos son insuficientes, siendo sus impulsores iniciales, además de la Organización Mundial de la Salud (OMS),  los gobiernos de Noruega e India, Welcome Trust, Bill and Melinda Gates Foundation y el World Economic Forum, contando con un presupuesto de, al menos, 1000 millones de dólares para los próximos 5 años, con dos objetivos principales: avanzar en el desarrollo de candidatos de vacunas para las enfermedades de mayor interés, y desarrollar una plataforma técnica e institucional para coordinar la respuesta ante la emergencia de patógenos. En cuanto a las entidades fabricantes de vacunas y de tecnología y las dedicadas al desarrollo de ensayos clínicos en fase III, la propuesta incluye compartir riesgos y beneficios y exige una política de precios razonable. En fin, una “suerte de política de aseguramiento global” a decir de J. A. Rottingen (NEJM, 2017), que ha despertado gran interés en gobiernos, fabricantes y una gran repercusión en los medios de comunicación. En la actualidad está circulando un vídeo por las redes sociales y en WhatsApp que los distintos medios de información al servicio exclusivo de la Alta Finanza Internacional se han apresurado a calificar de “bulo donde se vienen difundiendo opiniones de personas no expertas en el tema y rumores sobre el origen del coronavirus”.

¿Y si el coronavirus no hubiese sido tan impredecible? La triste realidad es que, al día de hoy llevamos la cifra de casi 5 millones de infectados por coronavirus, entre los que se encuentran afectados la expresidenta privatizadora de la sanidad pública en Madrid, Esperanza Aguirre, y su marido, y más de 86.000 muertos. Esa es la cruda y triste realidad.