El 19 de marzo de 2020, en pleno confinamiento de toda España, el Consejo de ministros delegaba en el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del gobierno, Pablo Iglesias, la coordinación de los servicios sociales y las residencias de ancianos en las comunidades autónomas, insistiendo en la rueda de prensa sobre la urgencia de “medicalizar” unas residencias “desbordadas” y “sin los equipos de protección individual necesarios”. “Decir que este virus lo paramos unidos es una declaración vacía si eso no significa que ninguna persona queda desamparada en esta situación”. Después de haber transcurrido un año, Pablo Iglesias ya no está sentado en el Consejo de ministros y, en las residencias de España, la epidemia ha segado la vida de 40.000, yéndose Pablo del gobierno sin haber pisado un solo centro residencial. 

Con la muerte pandémica de más de 40.000 ancianos muertos en las residencias de mayores, estos auténticos pretanatorios quedaron convertidos en uno de los principales motivos de  preocupación, imponiéndose tan necesario como imprescindible la tarea de abrir una verdadera investigación en los Parlamentos Autonómicos y Congreso de los Diputados, con la participación efectiva de familiares y trabajadores de las residencias para saber y entender qué fue lo qué pasó realmente en estos pretanatorios y quienes fueron los actores, identificando errores para corregirlos, sobre todo para que no vuelvan a ocurrir, a la vez que exigiendo las responsabilidades políticas y penales que se deriven de las actuaciones, tanto por acción como por omisión.

Al adentrarse en los establecimientos la primera conclusión que sacamos es que nos encontramos ante un modelo sin ninguna transparencia y una falta de control por parte de los responsables de su gestión. Es decir, un sistema con escasas o inexistentes inspecciones, que impone sanciones a menudo irrisorias, dejando muy frecuentemente en la mayor de las indefensiones a sus internos que, un día tras otro, ven cómo sus quejas se van amontonando sin que nadie las atienda.

Sin salir de Asturias, con fecha 3 de setiembre de 2020, sería la mismísima Fiscalía quien denunciaba ante un juzgado a la directora de la residencia geriátrica San Carlos, de Gijón, al considerar la existencia de indicios de maltrato, lesiones, amenazas, contra la integridad moral y vejaciones injustas contra los internos de este centro privado, basados en la denuncia de vídeos grabados por los propios trabajadores del centro donde se pueden escuchar expresiones vejatorias vertidas por la directora a varios residentes, grabaciones a las que la Consejería, ante la sospecha de que se estuviera produciendo no solo un trato inadecuado y vejatorio sino también un maltrato físico por parte de la directora, añadió varias fotografías de internos donde se aprecian hematomas y un parte médico de una de las residentes que trasladó a la Fiscalía.

” Esta situación fue presenciada por una gerocultora que denunció los hechos, lo que llevó a incoar diligencias de investigación por parte de la Fiscalía que, el pasado 28 de octubre recibió nuevas actas de inspección realizadas por el Servicio de Inspección y Calidad de la Consejería como consecuencia de nuevos audios grabados por trabajadoras del centro residencial de San Carlos, en Gijón, sobre hechos similares” (La Voz de Asturias, 17 de febrero de 2021)

Siguiendo la ruta iniciada desde Asturias, llegamos a Madrid donde nos encontramos con otra denuncia presentada el pasado 11 de abril de 2019 por la Fiscalía de Madrid contra tres trabajadores de la residencia Los Nogales de Madrid por malos tratos físicos y psicológicos a los que supuestamente habían sometido a dos ancianas que tenían a su cargo. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones realizadas, se ha podido comprobar fehacientemente que estos malos tratos no solo afectaban a dos de las ancianas ingresadas de la residencia mencionada, sino que estos se extendían hacia otros ancianos internos en el establecimiento, según el escrito remitido a la empresa matriz de la residencia y al Área de Servicios Sociales firmada por 120 familiares de los residentes, entre los que denunciaban “problemas de nutrición, de asistencia e higiene, así como falta de personal cualificado”.

La Comunidad de Madrid ahora ha admitido que conocía la denuncia que presentaron los familiares de los ancianos de la residencia, aunque en la inspección que se encargó no detectaron nada extraño. La empresa que gestiona el centro se enfrenta a una sanción que puede llegar a los 600.000 euros y a la inhabilitación de su directora. La Fiscalía de Madrid presentó el pasado martes una denuncia contra tres trabajadores de la residencia Los Nogales por malos tratos físicos y psicológicos a los que supuestamente sometieron a dos ancianas que tenían a su cargo. Pero estos malos tratos no solo afectaban a dos de las ancianas ingresadas, sino que afectan a 120 familias que han firmado un documento para denunciar las irregularidades del centro (PUBLICO, 12 de abril de 2019).

No obstante, sin haber obtenido respuesta alguna por parte de la dirección de la compañía, los servicios de la Comunidad de Madrid, si bien en una primera respuesta manifestaron que se trataba de una mera queja y no de una denuncia, incidiendo, además, en que los servicios sociales encargados de realizar las inspecciones oportunas no habían detectado ninguna irregularidad que pudiera poner en jaque a la residencia, sin embargo todo cambió cuando comprobaron que la empresa les estaba ocultando las denuncias y quejas de los familiares, proponiendo la inhabilitación de la directora de Los Nogales por un plazo de cinco años, así como una sanción de 78.622 euros al centro por desatención de la prestación del servicio que “ha provocado situación de peligro, grave incomodidad o abandono notorio en el cuidado y protección personal de los usuarios”.

Estas decisiones se tomaban después de que inspectores y técnicos de la Secretaría General Técnica y de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor hubiesen realizado sendas visitas al centro y elaboraran las actas correspondientes, considerando como falta muy grave los hechos denunciados por la Fiscalía, incoando un procedimiento sancionador, en base al artículo 30 de la ley 11/2002 de 18 de diciembre, en el que proponen una sanción económica contra la gestora de la residencia por una cuantía de hasta 600.000 euros, cinco veces más que la máxima sanción interpuesta hasta ahora que era de 120.000 euros, quedando la decisión supeditada a la resolución judicial en curso puesto que la actuación de la Administración regional está vinculada a la misma.

“La alcaldesa de Ciempozuelos ha explicado a Efe que recibió el vídeo anoche y que pudo hablar con el director de la Residencia Las Vegas, que también era conocedor de los hechos y que emplazó a las familias a una reunión en la mañana este viernes para explicarles “qué medidas se han tomado”, ha señalado la regidora. Ha anunciado que el Ayuntamiento de Ciempozuelos también tomará medidas legales para que “se puedan castigar estos hechos tan deleznables” (PUBLICO, 2 de octubre de 2020)

Apenas si salimos de Madrid cuando otras familias de usuarios en la Residencia de Personas Mayores Las Vegas de Ciempozuelos denunciaban ante la Guardia Civil una situación de maltrato a una anciana del centro por parte de una trabajadora, abriendo una investigación sobre los hechos ocurridos tras recibir un vídeo grabado en sus teléfonos móviles. Un vídeo que se hizo viral en las redes sociales donde se puede ver a la anciana tirada en el suelo, tras haberse caído de su silla de ruedas: “¿Qué haces ahí, tirada en el suelo?”, le pregunta la trabajadora a la vez que grababa la escena, para mofarse de ella a continuación diciendo: “Hemos llegado a la casa del terror”, poniendo voces tenebrosas a la vez que rechazaba prestar ayuda a la anciana, que le extendía sus brazos desde el suelo. Cuando la mujer, vestida con un camisón, calcetines y con una venda en la mano, intentó agarrarse a la silla de ruedas para intentar ponerse en pie, la trabajadora del centro le decía: “No, deja eso”.

En nuestro recorrido por el país, tenemos que recordar necesariamente el drama ocurrido en julio de 2015 a causa de un incendio producido por la noche, cuando sus 19 internos se encontraban durmiendo, con varios de ellos amarrados a la cama con sujeciones que no les permitieron escapar, en la residencia privada Santa Fe en Cuarte de Huerva, perteneciente al término municipal de Zaragoza, con el resultado de ocho ancianos muertos y doce heridos, entre ellos la única cuidadora que había en aquel momento, siendo el origen del incendio un colchón incendiado de forma intencionada por una de las residentes que le había dicho en reiteradas ocasiones a su hijo que ella no quería permanecer por más tiempo en aquel infierno.

Este incendio es el que mayor número de víctimas mortales ha causado en una residencia de ancianos en España durante los últimos quince años, con el balance de 50 de muertos por incendios de este tipo en nuestro país.

Durante la investigación de los hechos ocurridos en la residencia aragonesa se supo que la residencia venía funcionando desde 1988, pese a que nunca había obtenido licencia definitiva para su apertura y a que en 1998 se le había negado una licencia de obras para su acondicionamiento. Aquel pretanatorio, llamado irónicamente residencia geriátrica, carecía de los obligados sistemas de detectores de humo y ninguno de sus trabajadores habían recibido formación alguna para actuar para casos de incendio: “el funcionamiento de la residencia, además de ser ilegal, constituía un lugar carente de cualquier mínima de seguridad como lo demostró el incendio provocado por la acusada”, se puede leer en la sentencia.

Ocho ancianos han muerto y otras doce personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, en el incendio de la residencia Santa Fe que aparece en la foto, situada en Cuarte de Huerva, cerca de Zaragoza, informó el gobierno regional de Aragón. «Ha habido ocho fallecidos», dijo en declaraciones a los medios el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, quien señaló que también tuvieron que ser trasladados a distintos hospitales once ancianos y la cuidadora de la residencia (PUBLICO, 12 de julio de 2015).

Lógicamente, la muerte de aquellos ocho ancianos fallecidos volvía a abrir el debate sobre el tipo de inspecciones que se realizan las comunidades autónomas en los geriátricos, y, aunque la Audiencia de Zaragoza entendió que no existía responsabilidad penal por parte del Gobierno de Aragón, este puso en marcha un plan exhaustivo de inspección que, después de detectar múltiples deficiencias, en los cuatro años siguientes al incendio de Santa Fe, se llevaría a cabo el cierre de 23 geriátricos.

Sin embargo, la pregunta que surge resulta obvia: ¿Por qué no se puso en marcha ese plan de inspecciones por parte de los gobiernos anteriores regidos por el PAR, PSOE o PP durante los 27 años que estuvo funcionando la residencia o pretanatorio de Santa Fe a pesar de la cantidad de denuncias, acabando la mayoría de ellas en la papelera?

La Policía Municipal constató durante semanas en las residencias de la Comunidad de Madrid falta de material, personal insuficiente, demandas de auxilio y, en algunos casos, vulneración de la normativa establecida. Las inspecciones realizadas por los agentes en los momentos más duros de la pandemia recogen las quejas y peticiones de ayuda de las direcciones de los centros de mayores para poder atender a los residentes, pero también para retirar cadáveres de los ya fallecidos (Diario.es, 14 de junio de 2020).

La cuestión es que son miles y miles de ciudadanos que se desesperan ante el estado de sus familiares, sobre todo cuando ven que sus denuncias prosperan en casos contados como los descritos, sintiéndose abandonados por las instituciones, siendo una de las claves, por no decir la principal, la tan escasa como dudosa supervisión del sistema residencial de los mayores, donde el verdadero agujero negro que lastra el sistema de inspección de las residencias es la falta de transparencia.

Desde mi punto de vista, cualquier sociedad que se tilde como democrática debería tener las puertas y ventanas de cristal en las residencias a la hora de reducir al máximo las zonas de opacidad, especialmente en todo aquello que tenga que ver con los derechos y el bienestar de nuestros mayores. ¿Por qué no se publican todas las actas de las escasas inspecciones que se realizan en las residencias de mayores como en cualquier otro centro de servicios sociales?

Qué duda cabe, hay políticos que en ocasiones defienden públicamente esa necesidad de transparencia, pero luego no hay forma de que sea puesta en práctica, sobre todo cuando chocan con alguno de sus viejos compañeros y compañeras de escaño o gobierno que, habiendo salido por una puerta y entrado de inmediato por la misma, pasan a ocupar un cargo de director, gerente, administrador o propietario en esas residencias para defender la más repugnante de las opacidades, caso concreto de conocidos políticos asturianos que se movieron entre lo público y lo privado,  como el exconcejal del Ayuntamiento de Langreo (2003-2007) y exdirector general de Prestaciones y exviceconsejero de Prestaciones y Centros de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Asturias, de la que dependía el ERA, Pablo González González, que, desde el año 2011, es el presidente de la Asociación de Centros Geriátricos del Principado de Asturias (ASCEGE), la patronal del sector.

Paulo González, exviceconsejero de Prestaciones y Centros del Gobierno de Asturias, actualmente Administrador Único de Gaudium Salud (Nuestra Señora del Fresno, en la localidad asturiana de La Felguera)

Este personaje, después de haber sido fichado como gerente por Geriátricos del Principado – Residencias de Villanueva en Colloto y Palacio de Caldones en Gijón -, actualmente está ligado a otros centros residenciales privados como la Residencia Nuestra Señora del Fresno, en Langreo. En unas declaraciones públicas, él mismo se define como “meramente representante en el sector sin propiedades ni acciones”, pero nada mejor para disipar cualquier duda que detallar todos sus cargos en las distintas empresas en las que actuó y actúa, todas ellas recogidas del registro mercantil (BORME):

Otro caso como el descrito en los negocios residenciales de mayores es el de la exconcejala del Ayuntamiento de Gijón (2007-2011) y exconsejera de la Presidencia con el Gobierno de Asturias presidido por Vicente Álvarez Areces (1999-2011), María José Ramos. Casada con el expresidente de la Junta del Principado de Asturias, Pedro Sanjurjo, ocupa en la actualidad el cargo de directora comercial y social de la Residencia Palacio de Leceñes, en la localidad sierense de Valdesoto, levantada, después de un proyecto frustrado para un hotel de lujo participado por el corredor de fórmula 1, Fernando Alonso, con una subvención de dos millones de euros procedentes de los Fondos Mineros. En la inauguración del establecimiento asistiría su marido, Pedro Sanjurjo, y la consejera de Bienestar Social (2012-2014), Esther Díaz, dimisionaria por asuntos opacos en su gestión, a quien también se la relaciona con el sector residencial de mayores, ya que su marido, David González Galán, es socio de una residencia de ancianos con plazas concertadas en la localidad asturiana de Llanes.

Maria Esther Díaz García (La Felguera, Langreo, 9 de mayo de 1965) es una abogada y expolítica asturiana. Ejerció como abogada entre los años 1990 y 2003 momento en que fue elegida como alcaldesa de Langreo por el Partido Socialista Obrero Español (2003-2012), hasta ser nombrada consejera de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno del Principado de Asturias (2012-2014) hasta su dimisión por asuntos derivados de su participación en las empresas compartidas con su marido.

En efecto, la ya exconsejera de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno asturiano, Esther Díaz, anunciaba el pasado 17 de noviembre de 2014 su dimisión como consejera porque “podré haberme equivocado, pero no soy una corrupta”, afirmaba en rueda de prensa acerca de su relación con la empresa Davelco S.A. donde posee una participación del 19,8% de las acciones.

La empresa Davelco está administrada directamente por el marido de la consejera y ha participado activamente en numerosas obras adjudicadas por las administraciones públicas, tales como la ampliación de los puertos de El Musel y Avilés, el Hospital Central de Asturias o el Palacio de Justicia de Gijón, campus de Mieres y su centro de investigación, soterramiento de la línea de Feve en Langreo, nuevo estadio de Ganzábal o la construcción de la autovía Riaño-Sama, alguna de ellas por su propio departamento, como la construcción del geriátrico de Felechosa, adjudicada por el Montepío de la Minería a Alcedo de los Caballeros en marzo de 2009, durante el mandato de José Antonio Postigo como presidente de la mutua, a pesar de la escasísima entidad de la constructora para afrontar una obra de aquella envergadura, actualmente inmersa en un proceso judicial por corrupción próximo a iniciarse. Davelco resultó ser una de las empresas subcontratadas por el empresario Juan Antonio Fernández para la construcción del complejo geriátrico, iniciando su andadura en la primavera de 2012, casi al tiempo que Esther Díaz llegaba a Bienestar Social. Cuatro meses después, la consejera, al igual que el resto del Gobierno regional, hacía pública la declaración de bienes en la que se reconocía como accionista de Davelco, con un 19,80% con un valor nominal que cifró en 11.880 euros.

La sociedad de la que es accionista la exconsejera, radicada en el polígono langreano de Riaño, forma parte del Grupo Avance junto a otras cuatro empresas asturianas (Aldaco, Ama, Fuyro y Noega), además de aparecer el marido de la exconsejera, David González Galán, como consejero en la sociedad El Cuetu, dedicada a la gestión de residencias de la tercera edad, pero de igual manera que hicimos con el exviceconsejero Pablo González, nada mejor que recurrir al Registro Mercantil para que cada cual saque sus propias conclusiones acerca de la participación de la Esther Díaz en las distintas y variadas empresas donde aparece relacionada:

Ya lo decía Don Miguel de Cervantes Saavedra en El Quijote: “donde una puerta se cierra, otra se abre”, para, si algo falla, tener siempre el ánimo de que habrá otra oportunidad para alcanzar el éxito, pudiendo darse el caso de que no exista ilegalidad alguna, aunque lo cierto es que la trayectoria de algunos políticos y políticas, en el caso concreto de Asturias que conocemos, al igual que ocurre en la generalidad del territorio español, si no resulta ilícita, puede ser, es éticamente reprobable.

Así nos encontramos en el año 2020 cuando el Parlamento asturiano había instado al Gobierno asturiano a la habilitación de un portal de transparencia específico en el que se publicasen, entre otros, los resultados de las inspecciones y las sanciones a los geriátricos del ente autonómico Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) pero, al día de hoy tal medida aún no se ha implementado. En todo caso, cualquier medida que pueda mejorar la transparencia es positiva, pero no deja de ser totalmente incomprensible ese doble rasero que propone el Parlamento asturiano dejando fuera del escrutinio público a los geriátricos privados que no pertenezcan al ERA. De hecho, en el año 2019, el Gobierno de Asturias había detectado varios casos de maltrato en varias residencias de mayores, casi todas ellas denunciadas públicamente en los distintos medios de comunicación, dándose casos de que algunas de esas residencias estaban dirigidas por exaltos cargos en las distintas instituciones del Principado de Asturias. ¿Acaso es serio que los ciudadanos y ciudadanas no tengan derecho a conocer dónde se produjeron dependiendo de que sea un centro público o privado?

En cierta ocasión, allá por el año 1996, siendo yo diputado en la Junta General del Principado de Asturias (1991-1999) fui llamado por los compañeros y compañeras de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) para realizar una visita a la residencia del ERA en Gijón, centrada especialmente en la comida que era servida a los usuarios de la residencia, pudiendo certificar que aquello se parecía más a una “esllava para los gochos” que a una comida para personas, decidiendo, con los representantes sindicales de la CSI, tirarla al contenedor y obligar a la preparación de otra comida en condiciones de poder ser digerida.

Antes de la irrupción del coronavirus, entre los años de 2014 a 2019, la mayoría de las comunidades autónomas, 11 en total, no inspeccionaban las residencias ni siquiera una vez al año como media, esto es, el 51% de todas las residencias que hay en nuestro país. En 2020, aún con un refuerzo de las inspecciones por la pandemia, todavía fueron siete las que no mandaron un control a ninguna de ellas.

En la residencia asistida para gente mayor del Bon Pastor, de titularidad pública, un total de 12 ancianos se quedaron sin comer el segundo plato del menú del mediodía el 22 de septiembre. No había para todos. Pero el cabreo descomunal de los familiares estalló dos días después, en la Mercè, cuando el cocinero del centro preparó para comer un triturado de cebolla y patata hervida porque no tenía ni carne ni pescado. Hasta 28 familias denunciaron lo ocurrido. Según los familiares, la comida suele ser escasa y de baja calidad en esta residencia perteneciente en un 60% a la Generalitat y en un 40% al Ayuntamiento de Barcelona: “Nuestros abuelos han llegado a estar cinco días seguidos comiendo huevos. Algún día, pizza quemada. Lo que nunca nos había pasado es que no hubiese comida. El día de la Mercè fue la gota que colmó el vaso”, explica Toñi, representante de las familias. “Para nosotros esto es maltrato, no hace falta pegar a una persona para maltratarla”, sostiene con firmeza (EL PERIODICO, 11 de octubre de 2018).

Una inspección al año es el mínimo que los expertos consideran necesario y la norma en países del entorno europeo, pero, muy a menudo el objetivo resulta inviable, por la sencilla razón de que no hay inspectores suficientes. En Asturias, por ejemplo, con 232 residencias para seis inspectores, a cada uno le toca controlar 39, pero el cálculo solo es orientativo porque estos funcionarios también se ocupan de la supervisión de otros muchos centros sociales, como los de menores o los de discapacidad.

En ninguna de las autonomías del Estado dan abasto. Además, el resultado de su trabajo no es público, al contrario que en otros países occidentales, es decir, el ciudadano debe elegir a ciegas, de tal manera que quien ingresa a alguien en una residencia en España no puede saber si ha sido sancionada y por qué. Las multas, en todo caso, son muy bajas, siendo la media por infracciones graves en torno a los 5.000 euros, dándose casos que, teniendo en cuenta que la cuarta parte de las multas son por falta de personal, les resulta preferible pagar la multa que proceder a la contratación de un trabajador, por ejemplo.  Supongamos que cualquier centro incumple la ratio de personal y tiene una gerocultora menos de lo que establece la ley. Se le impone una multa de 6.000 euros, cuando el coste para la empresa de contratar a la trabajadora va a ser de 20,000 euros al año, resultando más que evidente que el infractor se fumará un puro habano con la sanción.

¿Se imaginan a un ladrón que ha robado un millón de euros en un banco, y al ser detenido le ponen una multa de 400.000 euros? Cualquier concluiría que la sanción, más que disuadir del robo, lo alienta. Pues eso es lo que está ocurriendo con las multas por falta de personal en las residencias.

¿Será verdad que sobran pensionistas, tal y como recomienda el vicepresidente para asuntos económicos del Gobierno japonés Taro Aso, y los pretanatorios son el mejor aparcamiento para ir poniendo fin a sus vidas?

Según la investigación realizada por el diario EL PAÍS, un 25% de las sanciones impuestas en los últimos años son por falta de personal, un síntoma claro de uno de los principales problemas de las residencias, con ratios fijadas hace años y que no se adaptan al nivel de dependencia con el que los usuarios llegan ahora a los centros. Un médico que prefiere mantenerse en el anonimato y acaba de dejar una residencia en Madrid en la que trabajaba indica: “He estado más de año y medio, me comí toda la pandemia, y no podía más, no quiero volver a pasar por eso, no voy a volver a una residencia en mi vida. Estás sin personal de enfermería suficiente, y lo haces tú, que a veces ni sabes, o un auxiliar, que no tiene formación ni título para ello, y tú eres el último responsable si pasa algo”.

El modelo del sector residencial en España está completamente privatizado, cada vez más concentrado, que deja cada vez en menos manos el gran negocio que suponen estos aparcamientos de ancianos y ancianas. Por otra parte, la huida del Estado se traduce en una creciente transferencia de fondos públicos hacia los grandes grupos empresariales, en manos de la iglesia y las multinacionales. Algo que se ejecuta básicamente en una doble vía: concediendo la gestión de los establecimientos de titularidad pública y los conciertos que la Administración utiliza para comprar plazas en los centros privados. Una manera muy descarada de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios.

La falta de inspecciones serias, cuya responsabilidad recae en la propia Administración, y la total inexistencia de sanciones ejemplares son los dos elementos imprescindibles para garantizar el negocio a los usureros que anteponen los euros por encima del cuidado de las personas mayores, entre otras cuestiones, la principal, porque un negocio privatizado como el de las residencias, donde no hay inspecciones ni sanciones para los piratas cuya única bandera es la de la avaricia infinita deja en la mayor de las indefensiones a nuestros mayores.

Esa falta de sensibilidad hacia nuestros mayores ha quedado en evidencia cuando en estos auténticos pretanatorios murieron, o dejaron morir más de 40.000 ancianos y ancianos por la pandemia del coronavirus ante la pasividad general, incluso cuando se sabía que en algunas comunidades se dieron ordenes expresas para impedir su traslado a los hospitales, dejándolos morir por métodos similares a los que Hitler usó en el holocausto nazi.

Se nos ha olvidado que son nuestros padres, nuestros abuelos, los mismo que lucharon a sangre y fuego para conquistar esos derechos sanitarios que hoy les niega a ellos, tratándolos como meros cacharros aparcados en el trastero, simplemente porque molestan. Estamos hablando de personas que no pueden defenderse por sí mismas.

Tras la catástrofe pandémica en las residencias, se hizo más evidente que nunca la necesidad de invertir en Dependencia, reducida en los años anteriores hasta la mínima expresión, lo que llevó al gobierno progresista PSOE – UNIDAS PODEMOS a presentar, en setiembre de 2020, todo un Plan de Choque, tal y como lo definía el vicepresidente segundo y ministros de asuntos sociales Pablo Iglesias, con el objetivo de impulsar el sistema. Un Plan que, sin contemplar ninguna de las medidas estructurales, trataba, sin embargo, de solucionar las medidas más urgentes, con 600 millones de euros para el año 2021, pero aquel Plan que pudo haber sido el punto de inflexión ante la bancarrota a la que estaba abocado el sistema con los recortes impuestos por anteriores gobiernos, de uno y otro color, continuó infrafinanciado, ocupando el puesto por debajo de la media europea en relación a su PIB.

No se debe de olvidar que el estado del bienestar que un país se puede permitir tiene que estar relacionado necesariamente con la presión fiscal del país, y pagar los impuestos de una monarquía bananera y ladrona y tener los servicios públicos de Suecia es totalmente imposible.

Viene siendo muy antigua la forma de cambiar todo para dejarlo en el mismo sitio el recurso a las típicas comisiones de investigación, de tal manera que, para no romper con las costumbres, el gobierno de coalición más progresista de la historia de España, formado por el PSOE y Unidas Podemos, acaban de parir una comisión parlamentaria para estudiar la gran estafa del electrofascismo que se viene cometiendo contra el pueblo español, fijando para la misma una duración de seis meses.

En el asunto concreto que nos ocupa se ha dicho y escrito casi de todo, destacando la creación de una empresa pública para poner freno a los incrementos salvajes de la factura eléctrica, olvidándose de la privatización de Endesa por parte del bipartidismo PPSOE o la anterior privatización de Repsol. Demasiado tarde – pienso yo – para empezar ahora de cero. Se malvendió Iberia y a continuación nos vamos a hacer cargo de una empresa aérea llamada Plus Ultra, sin capital de ningún tipo, repleta de pufos y con un solo avión, calificando la operación como estratégica. Privatizaron todos los bancos públicos para seguir avalando a las empresas privadas con un chiringuito llamado ICO, aceptando el criterio de solvencia que la banca proporciona sobre ellas, aunque después tenga que ser el erario el que tenga que hacerse cargo de todos los pufos que se producen con bastante frecuencia.

Ahora se echan de menos aquellas empresas públicas. Se juega, efectivamente, en la liga de la globalización, las multinacionales y la Unión Europea, pero también juegan otros países en la misma liga y, sin embargo, mantienen sus empresas públicas de electricidad, sabiendo en cada momento como zafarse de los  vientos huracanados que proceden del IV Reich, mientras nuestros líderes gubernamentales siguen permaneciendo más atentos a ser los niños buenos, los primeros de la clase, los medallas de oro, siempre más pendientes de la aprobación de los dictados eurocráticos que a conseguir  aquello que más conviene a sus ciudadanos.

La verdad, es que se lleva casi un año “mareando la perdiz” desde el gobierno en base a conversaciones en la búsqueda de medidas destinadas a combatir la pobreza energética y a bajar la factura de la luz, donde son conocidas las posiciones, al menos teóricas, de Unidas Podemos para intervenir el mercado eléctrico, corrigiendo las abusivas subida de los precios que, un día tras otro, alcanzan récords históricos en el coste del megavatio/hora. Unas posiciones que, un día sí y otro también, no solo sufren las negativas del PSOE, sino que son calificadas como gestos de “demagogia barata”, tal y como afirmó recientemente la ministra de la “cosa energética”, la exdirectora del Thik Tank parisino del electrofascismo (IDRII), Teresa Ribera, ante la iniciativa parlamentaria presentada por Unidas Podemos para la creación de una empresa pública de la energía.

La formación que ahora lidera Ione Belarra recuerda que la bajada del precio de la luz está en su ADNy avisa al PSOE de que seguirán trabajando en el proyecto de ley, que podrían registrar en el Congreso de cara al nuevo curso político como medida de presión. Incluso, podrían incluirla como contraprestación en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. «Quien quiera seguirnos que nos siga y quien no que se retrate ante la ciudadanía», desafió ayer en Twitter el portavoz parlamentario, Pablo Echenique.

Sí han llegado a un acuerdo para presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa destinada a reducir los llamados “beneficios caídos del cielo” de las empresas eléctricas en la generación de electricidad a través de instalaciones hidráulicas o nucleares.

Faltaron pocas horas después de la reforma histórica del mercado de la electricidad que proponía el Gobierno, para que las empresas eléctricas reaccionaron con una advertencia, a través del Foro Nuclear – la organización que defiende los intereses de las cuatro grandes compañías (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) -, declarando que el anteproyecto de ley que recorta beneficios detrayendo los ingresos extraordinarios procedentes del precio del CO2 abocaba a las centrales nucleares al cierre, asegurando que el recorte de los “beneficios caídos del cielo” referentes al CO2 es inasumible para las centrales: “De haber estado en vigor este proyecto de ley, no se hubiera solicitado la renovación de las autorizaciones de explotación de nuestras centrales”, dicen los electrofascistas.

Sin embargo, el lobby eléctrico se olvida de una llamativa coincidencia, como es la norma que garantiza, tanto a las nucleares como a las hidroeléctricas y renovables 20 euros por tonelada de CO2 emitido, que cobrarán por su participación en la subasta marginalista, aquella que premia a las tecnologías más baratas con la retribución de la más cara, el gas natural, aunque no expulsen dióxido de carbono. Esto es, más o menos, el mismo precio que marcaba el mercado de carbono en marzo de 2019, cuando las cuatro grandes empresas del llamado oligopolio eléctrico pactaron con el Gobierno el cierre escalonado de las nucleares entre 2027 y 2035, y que ya percibían por entonces. Por lo tanto, las eléctricas no van a perder ningún ingreso por el CO2 con respecto a la situación de hace dos años y medio, cuando no tuvieron problema en ampliar la vida útil de las instalaciones. Contrariamente a lo que insinúa Foro Nuclear, la clausura de cualquier instalación de generación eléctrica no depende solo de la empresa que la explota, ya que necesita el visto bueno del Gobierno y el análisis de Red Eléctrica Española (REE), que debe garantizar la seguridad de suministro.

Además, las únicas centrales nucleares que podrían echar la persiana a corto plazo – por mí pueden cerrar todas desde ya – son las de Ascó I y Ascó II, en Cataluña, ya que su licencia de explotación caduca en octubre de 2021 y, si no solicitan su renovación, las centrales podrían plantearse el cierre, siendo la siguiente en clausurar la de Trillo en Guadalajara, ya en 2024. El resto – Almaraz I, Almaraz II, Cofrentes y Vandellós II – cuentan con licencia para operar hasta, como mínimo, el año 2027. La de Vandellós, en Tarragona, tiene permiso hasta 2030 pero aspira a funcionar, según el acuerdo firmado entre las compañías y el Ministerio para la Transición Ecológica, hasta 2034. Más allá de que necesiten el visto bueno del Estado, las empresas también están expuestas a multas si clausuran nucleares antes de lo acordado y sin consenso. A modo de ejemplo, Iberdrola y Endesa tuvieron que abonar 18,4 millones de euros por el cierre de Garoña por no avisar con antelación a la administración.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley para rebajar el precio de la factura de la luz que obligará a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan, un importe que el Ejecutivo estima en 2.600 millones de euros.

Una cuestión está clara: la batalla entre las eléctricas y Gobierno, tras años de acuerdo, solo acaba de empezar y amenaza con convertirse en una guerra. El Ejecutivo, por ahora, está lejos de rectificar su posición, asegurando el presidente, Pedro Sánchez, que no van a ceder a ningún tipo de “presión particular”, de tal manera que el artículo 128 de la Constitución Española ha vuelto a ponerse de actualidad tras la amenaza de unas eléctricas que, después de obtener unos beneficios en torno a los 40.000 millones de euros durante los últimos cinco años, pretenden adelantar el apagón de las nucleares usando a la ciudadanía como rehén. Un artículo que dice literalmente que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general», encajando perfectamente en el supuesto actual porque lo que exige es que haya una confrontación entre el interés general y un interés particular de cualquier tipo. Es decir, el interés de toda la sociedad choca con el interés de unos señores que quieren obtener unos beneficios con unos precios tan altos que dificultan la vida en común. Por cierto, cuando las eléctricas o Iberia eran del Estado, eso era una aplicación del mismo artículo 128 de la Constitución.

La realidad es que, mientras el precio de la energía, como cualquiera otra mercancía, siga estando en las manos de los mercaderes que son los propietarios de las empresas, la energía seguirá estando sujeta a todo tipo de presiones especulativas, pues cómo dice la máxima, «lo privado es beneficio y lo público servicio». A esos mercaderes no les interesan para nada las necesidades sociales, solo sus cuentas de resultados y el reparto de beneficios entre los accionistas.

Por eso no caben soluciones que no vayan a la raíz del problema, como pueden ser la creación de empresas públicas, entre otras cuestiones, porque una empresa pública en el mercado no es otra cosa que un competidor más a presionar sobre los precios que no resuelve el problema de la especulación, siendo la única medida que puede frenar la escalada en los precios la NACIONALIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO y la imposición de un control sobre los precios de todas las mercancías que van a ser afectados por la subida de la electricidad, que rompa con la política especulativa de los mercados.

Que no se preocupen ni del pasado ni del futuro. Se trata de vivir la vida con las mínimas preocupaciones, para ello estaremos nosotros, los hijos, tratando de que pasen lo mejor que puedan esta etapa de su vida, ya sea viviendo con nosotros en nuestra casa o en sus casas con ayuda profesional de cuidado de personas mayores.

¿Qué es envejecer sino parte del proceso de crecer? Lo que vivimos, aprendemos y experimentamos con las lecciones en el paso del tiempo, seguramente nos van marcando en la vejez. Las cosas buenas de la vida por supuesto que nos benefician, pero las malas son las que pueden llegar a afectarnos la personalidad y crearnos una carga emocional muy difícil de deshacerse en muchos casos.

Estas malas experiencias pueden dejar en nuestros mayores una vida oscura y aburrida, con pérdida del entusiasmo y cansados de vivir. Son abuelos que siempre están serios y no alcanzan a apreciar las cosas divertidas que la vida les puede ofrecer en cada momento.

Divertirse y disfrutar de las cosas más pequeñas, puede hacer que los sentimientos de pérdida, dolor y de derrota valgan la pena. Como somos los hijos, y en muchos casos los nietos, quienes debemos velar para que nuestros mayores pasen la última etapa de sus vidas plenamente, no debemos dejar pasar estas cosas y tratar de conseguir ancianos felices, de tal manera que nuestros mayores puedan seguir abrazándose a la vida.

Algún día, nosotros y nosotras seremos mayores y nos gustará estar cuidados y valorados. Posiblemente, no podamos hacer las cosas que hacíamos con 30 o 40 años. Los años no pasan en balde y la movilidad se va perdiendo por el camino. Solo una sociedad que se encarga de respetar y cuidar a las personas mayores está vertebrada correctamente. Por ello, es importante saber que existen otras políticas, aparte de la económica para jóvenes y el fomento del empleo para personas en edad laboral, que requieren una especial sensibilidad y esfuerzo, como cuidar de los mayores, preferiblemente en sus propias viviendas o centros de ocio para asegurar su bienestar y fomentar la felicidad en esta etapa de sus vidas.

La protección de la vejez es una responsabilidad de todos y un canto a la vida que construimos, también entre todos, a través de grandes acciones. Facilitar la movilidad de estos abuelos y no dejar que sus vidas caigan en el olvido es el principal objetivo. Muchas personas, llegadas a la tercera edad, sienten que sus familias se olvidan de ellas. Si es que tienen familias. Otras, en cambio, llegan a esa edad sin nadie a su lado o han enviudado, por lo que pueden haber perdido su apoyo más importante. Es cierto que a los mayores se les presupone una madurez, sabiduría y experiencia superiores que las de las personas con edades más tempranas, lo cual no quiere decir que se les deba privar del cariño y de los cuidados necesarios para que finalicen sus vidas rodeadas de amor y apoyo, sea cual sea el motivo de su soledad.

Desde un compromiso moral y familiar, atender sus necesidades, facilitar su movilidad y vigilar su salud son las tres cuestiones fundamentales al tratar de cuidar de las personas mayores.

La evolución es dramática cuando se analizan las bajas en las prestaciones. Entre enero y noviembre el sistema se quedó sin 478.434 pensionistas, un 14,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Esto quiere decir que la Seguridad Social perdió en el año del Covid casi 61.000 jubilados más que en 2019, una cifra que puede achacarse en su totalidad a la pandemia. Al analizar la evolución de estas bajas, los mayores descensos se concentran en abril, un mes después de declararse la pandemia y también después del verano, acusando la relajación de la población con las medidas para luchar contra el virus (Fuente: Seguridad Social)

Las miles y miles de muertes sufridas en las residencias durante la pandemia tienen necesariamente que servir para marcar un antes y un después a la hora de mejorar la calidad de vida de nuestros ancianos, centrada principalmente en una mejor y efectiva atención de la dependencia. Si algo positivo nos ha hecho ver esta terrible pandemia es que estamos ante un colectivo muy vulnerable que merecen que les traslademos esperanza, diseñando para ello toda una reconversión en el sector para darle la vuelta, de tal manera que se vaya caminando hacia la definición de un modelo de asistencia para el futuro.

Las residencias han pasado de ser “asilos” en el tardofranquismo, a “grandes centros propios” en los 80, luego “pequeños establecimientos pensados para personas no dependientes” en los 90, cuando no pisos sin ninguna disposición para el cometido, y actualmente lugares “altamente institucionalizados pensados para la población en edad más avanzada”, y todo eso ha ocurrido en una sola generación, por lo tanto es necesario que las residencias o geriátricos tengan que sufrir una evolución, hasta dejarlas convertidas en lo más parecido a “hogares”, y tengan otras características como habitaciones individuales, unidades de convivencia pequeñas, proximidad al vecindario habitual y plena accesibilidad para los familiares. 

Residencia del ERA en Gijón. Las instituciones de ancianos o, como han venido hoy día a llamarse, Residencias de la Tercera Edad, constituyen una fase especifica de la evolución de aquellas instituciones cuya función dentro de la sociedad ha sido dar cobijos, custodiar, recluir a individuos con fines dispares (socorro, prevención, cura, castigo, etc). Los términos que anteceden, una lista ni mucho menos exhaustiva, constituyen otros tantos matices de la función residencial y delatan la ambigüedad que ha presidido la instauración de estas instituciones, ambigüedad que impregna aún hoy en día su existencia y que plantea serios interrogantes sociológicos, no tanto acerca de su verdadera función como de su adecuación a las políticas de bienestar social.

En este escenario deseado estarían muy bien empleados una buena parte de los fondos europeos para ir a la remodelación del sistema de residencias después de la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19. Más de 40.000 ancianos y ancianas murieron por coronavirus durante la pandemia de la COVID-19, siendo aprobada recientemente una cantidad de 730 millones para la “economía de cuidados”, de los cuales unos 482 de ellos serán destinados a los cuidados de personas mayores y dependientes, incluyendo en esta partida la generación de un nuevo modelo residencial.

El 27 de mayo de 2020, el Ministerio de Seguridad Social publicaba las cifras de la evolución de las pensiones en mayo, con un resultado que revela que los dramáticos fallecimientos de los mayores de 65 años por el coronavirus están dando la vuelta a todo tipo de estadísticas. Así, en el quinto mes del año, la nómina de las pensiones contributivas cayó por primera vez en la historia. En concreto, a día 1 mayo, el gasto en pensiones dirigido a estos cotizantes ascendió a los 9.853 millones de euros, lo que supuso un incremento del 2,52% respecto al mismo mes del año pasado, pero una caída del 0,27% respecto a abril, la primera de la serie.

Por otra parte, el ministerio de Asuntos Sociales acaba de anunciar en 2021 todo un “plan de choque” en los Presupuestos Generales para el sistema de dependencia, con una cantidad de 6.000 millones de euros para los próximos tres años, no en vano, según los estudios realizados por los organismos competentes, nuestro país necesita crear unas 70.000 plazas de residencias públicas y concertadas para cubrir la demanda actual y llegar a los parámetros que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), previendo que, para el año 2035, el 26,5% de la población española tendrá más de 65 años.

Un modelo, desde mi punto de vista, que debiera ser lo más parecido al hogar, y lo más parecido es el propio hogar, por lo que se debieran de facilitar los medios que retrasen el mayor tiempo posible la entrada en centros residenciales, con ayuda a domicilio, teleasistencia o centros de día, dejando muy claro que dentro de las residencias tiene que haber un mayor apoyo sanitario, además del social.

Ser mayores no tiene por qué significar pérdida de fuerzas y mucho menos de capacidad para poder realizar tareas cotidianas o cualquier otra cosa que devenga en placer. Todo lo contrario, una vida sin actividad puede llevar, lleva, a la pérdida de fortalezas y habilidades y por supuesto junto a ello detrimento en la salud. El progreso económico en absoluto debiera de enturbiar los ciclos vitales de la naturaleza ni hacernos olvidar la importante contribución de las personas mayores a la sociedad. Por eso – pienso –, que ha llegado su momento para merecer las mejores atenciones.

El punto fundamental para este nuevo modelo  sería que éste comenzase en casa, de tal manera que los planes de atención individualizada para pedir prestaciones y servicios se puedan flexibilizar, entre otras cuestiones – la principal – porque todas las personas deseamos vivir en nuestra propia casa el mayor tiempo posible, así que la adaptación del modelo residencial pasa por que se fomente prioritariamente la atención en el domicilio, y que el traslado sea lo último, adaptándose a las necesidades de cada persona.

Mantener el hábito en la actividad física asegura, previene y retrasa una variedad de incapacidad y enfermedades asociadas con el envejecimiento.

Un segundo aspecto de este nuevo modelo sería la proximidad, esto es que las personas mayores se puedan quedar en un centro de su pueblo o barrio si tienen que ser internados, porque privarles de ese derecho a la proximidad es tanto como privarles de la ciudadanía. Para ello sería necesario que, igual que los ayuntamientos elaboran informes sobre temas como el impacto medioambiental, que los hagan también sobre el impacto en la convivencia y de previsión del urbanismo para reservar espacios con este fin.

En tercer lugar, sería muy importante el impulso a la convivencia familiar, dejando acceder a los familiares a la habitación del residente y a servicios del centro, pudiendo incluso quedarse a comer, ya que no es lo mismo ir a visitar a la habitación al abuelo o al padre que estos te puedan invitar a comer, lo que me parece el mayor ejercicio de transparencia, para las denuncias que se producen diariamente sobre algunas residencias refiriéndose a la calidad y cantidad en las comidas.

La creación de un ambiente cada vez más hogareño, procurando la individualización de las habitaciones, nunca inferiores a 15 metros cuadrados de capacidad, con posibilidad de que se puedan llevar sus muebles y enseres, supondría otro aspecto no menos importante que los anteriores. Por no tener no tienen ni su televisión en su habitación, salvo si no es pagándola aparte de su factura como interno. Actualmente, no existe ninguna estadística publicada sobre el número de residencias que cuentan con habitaciones individuales, pero se sabe que son muy pocas y muy reducidas.

Otro aspecto vital de este modelo necesario sería la colaboración con el Sistema Público de Salud y la atención hospitalaria domiciliaria en los centros residenciales, en igualdad de condiciones de las que tienen o tenían en sus casas, sin olvidarse, claro está, de dotar todos los geriátricos o residencias de unas plantillas auténticamente profesionalizadas con salarios dignos. Qué duda cabe, ello redundará en la creación de empleo, sin perder nunca de vista que la desaparición de este tipo de residencias y sus negocios debería de significar el desenlace lógico de esta trayectoria, iniciada desde los asilos a los centros institucionalizados actuales, todo ello para lograr que ningún mayor tenga que abandonar su casa para vivir en condiciones dignas los últimos años de su vida.

¿Cómo es posible dejar en esos aparcamientos llamados geriátricos o residencias de ancianos a los hombre y mujeres que más lucharon a sangre y fuego contra el capitalismo para lograr un sistema sanitario y de pensiones públicas que hoy disfrutamos todos, en una gran mayoría aparcados porque “los viejos estorban en casa”?

En efecto, la piedra fundacional del sistema español de pensiones comenzaba en 1908, con la creación del Instituto Nacional de Previsión para financiar el retiro de los trabajadores, aunque este no era obligatorio, hasta llegar al año 1919 con la implantación del Retiro Obrero que alcanzaba a toda la población asalariada entre 16 y 65 años, contribuyendo a su financiación el Estado, los patronos y los obreros, cuyo aseguramiento se realizaba mediante la apertura de libretas de ahorro individuales en las que se ingresaban las aportaciones correspondientes a cada trabajador que se completaba con una bonificación del Estado. Sobre este sistema de capitalización el trabajador devengaría una pensión vitalicia a partir de los 65 años, de tal manera que cada trabajador abonaba diez céntimos al mes, el Estado ponía una peseta, y los patronos aportaban tres pesetas mensuales de lo que, en la realidad era y sigue siendo un salario en diferido.

Todo eso era gestionado por bancos y cajas de ahorro, pero a finales de aquella guerra incivil que trajo el golpe de Estado fascista contra el gobierno legítimo de la II República española, gran parte de aquellos ahorros quedaron fulminados por la salvaje inflación de aquellos tiempos tan convulsos, teniendo que ir a la creación en 1939 del llamado Subsidio de Vejez, que haría desaparecer la capitalización para establecer una pensión fija de 3 pesetas diarias.

Vemos cómo en sus inicios las pensiones de jubilación en España se basaron durante 20 años en un sistema de capitalización que garantizaba las pensiones de cada trabajador, independientemente del número de cotizantes y pensionistas del momento, donde cada trabajador jubilado a partir de aquel año, recibiría una pensión vitalicia pagada por los trabajadores que aún estaban en activo. Con ello, se obtenían fondos inmediatos para los jubilados, y se resolvía un problema de caja en aquel sistema llamado de reparto. Por decirlo de una manera más entendible, los jóvenes pagaban las pensiones de los ancianos, aunque aquel sistema no abarcaba a todos los sectores hasta que los años sesenta, consecuencia de las luchas sociales de nuestros mejores hombres y mujeres, se arrancaban las mejoras del sistema con la promulgación en 1963 de la Ley de Bases de la Seguridad Social, cuyo objetivo principal era la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación, la cual abarcaba a casi todos los trabajadores por

Un geriátrico de DomusVi en Madrid pidió a familiares autorización escrita para dejar morir en el centro a residentes rechazados por el hospital. Así consta en un acta de inspección de la Policía Municipal del 23 de abril, fecha en la que iban 60 fallecidos en las instalaciones de DomusVi Mirasierra sin previo traslado al hospital (InfoLibre, 18 de junio de 2020)

cuenta ajena, y a los que trabajaban por cuenta propia, como los autónomos, así como a los socios de cooperativas, estudiantes, servidores domésticos, funcionarios, militares, y seglares y civiles en instituciones eclesiásticas.

Así llegamos al año 1995, cuando todas las fuerzas del país, desde los partidos políticos hasta los llamados sindicatos mayoritarios de UGT-CC.00., pactaban el tristemente famoso Pacto de Toledo que, si bien dejaba escrito que garantizaba el poder adquisitivo incrementando las pensiones con la inflación, fijando la edad de jubilación a los 65 años, y separando los gastos de sanidad de los gastos en pensiones, la realidad fue otra muy distinta, hasta el extremo de que, por primera vez en la historia de la segunda restauración monárquica quedaban congeladas nuestras pensiones durante el gobierno presidido por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, así como el incremento de la edad de jubilación a los 67 años.

Pedro Sánchez, líder del Partido socialista que aparenta ser un firme defensor de los pensionistas, votó sí a la congelación de las pensiones cuando era diputado en el Congreso en la era Zapatero, único partido que ha congelado las pensiones. Sánchez, en su etapa como diputado de José Luis Rodríguez Zapatero, justificó los recortes del Ejecutivo socialista por la necesidad de cumplir con las políticas de austeridad impuestas por Bruselas, votando el 12 de mayo de 2010 en el Congreso de los Diputados, junto con todos los diputados del PSOE, la única congelación de las pensiones de la historia de España.

La reforma de la Constitución en su artículo 135 para rescatar a la banca de sus aventuras financieras imponiendo el “austericidio” a base de recortar la sanidad, la educación, las pensiones y la ley de la dependencia fue otro de los “hachazos” cometidos contra la clase trabajadora. Por cierto, un plan que sería aplaudido enfervorizadamente por todos los diputados del PSOE en el Congreso de los Diputados, entre los que se encontraba el actual presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que había sido uno de los negociantes de aquel atentado constitucional actuando en nombre del PSOE.

La cruda realidad del Pacto de Toledo es que han sido para las prestaciones sociales lo que en su día fueron los Pactos de la Moncloa de 1978 para los derechos laborales: las bases que propiciaron el principio del fin de un conjunto de derechos duramente conquistados a lo largo de la historia por el Movimiento Obrero.

Aquellos Pactos de La Moncloa fueron alborozadamente saludados como “una gran conquista para la democracia y los derechos de los trabajadores” de igual manera que el Pacto de Toledo de 1995 provocó el éxtasis de sus actores, declarando a los cuatro vientos que, gracias al pacto, quedaban garantizadas para el futuro los derechos sociales y el Sistema de Seguridad Social, incluida la jubilación, cuando la cruda realidad es que el Pacto de Toledo ha introducido de manera muy sibilina una novedad que, a la postre, ha resultado nefasta para los intereses de la clase trabajadora, al consagrar el llamado principio de “separación y diferenciación de las fuentes de financiación” del sistema.

¿Alguien puede seguir pensando todavía que aquella proposición de ley que parió el Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995 a iniciativa de los pujolistas catalanes había caído del cielo? ¡Qué va! Aquello respondía a las órdenes dadas desde las instituciones de la oligarquía financiera, al igual que ahora ocurre con el Producto Panaeuropeo de Pensiones Individuales (PEPP). Un plan de pensiones de ahorro a largo plazo con muy escasas posibilidades, por no decir nulas, para su rescate, que no busca si no canalizar más capital hacia los mercados de capitales, impulsando el programa de la Unión de Mercados de Capitales. En realidad, se trata de una “colecta” del capital que, al grito corsario del neoliberalismo viene a decir algo así como: ¡¡¡Ahorradores, prestadle dinero al capital, necesitamos liquidez!!!

¿Qué se esconde entonces tras tan ampuloso epígrafe?  Pues, lisa y llanamente, que a partir de la firma del Pacto de Toledo, la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva dependerán básicamente de las cotizaciones sociales, quedando excluida la posibilidad de complementar tal financiación con cargo a otras partidas de los Presupuestos Generales del Estado, creando para ello lo que se ha venido en llamar la “hucha” del Sistema de Seguridad Social, cuyos ingresos – exclusivamente provenientes de las cuotas sociales – deberán servir para el pago de las correspondientes prestaciones, de tal forma que una previsión – verdadera o falsa – de incapacidad de tal “hucha” para garantizar los pagos a medio y largo plazo, se traducirá inmediatamente en recortes de las prestaciones o, incluso de su desaparición pura y dura.

Esa reforma de las pensiones constituye el corazón de un acuerdo que el Gobierno quiere equiparar a los Pactos de la Moncloa, suscritos en 1977 para garantizar la estabilidad de la política económica mientras se completaba la transición a la democracia. “Es un buen acuerdo para toda la sociedad española. “No es solo un gran acuerdo, es sobre todo un buen acuerdo”, ha insistido el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quien ha recalcado, al igual que Zapatero, la consecución del pacto como un gran logro del recién recuperado diálogo social. De ahí la solemnidad del acto, que se ha celebrado en el Salón de Tapices, la misma sala en la que se firmaron los Pactos de la Moncloa y el Pacto Antiterrorista en 2000, donde el propio Zapatero, el presidente de CEOE, Juan Rosell, el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, y el ministro de Trabajo han estampado su firma en el texto (TVE, 2 de febrero de 2011)

Si para algo ha servido el Pacto de Toledo ha sido para mantener a la sociedad inconscientemente tranquila respecto a una supuesta robustez del sistema de reparto, donde se aceptaba sin más el marco de debate fijado previamente por el pensamiento corsario, cuando la realidad trata de ocultar una elección profundamente ideológica: o mantener las pensiones en el ámbito de las políticas del bienestar, como una responsabilidad pública, o seguir aceptando su lento traslado hacia la esfera estrictamente individual.

Claramente se puede afirmar de manera rotunda que el objetivo de fondo no es otro que acabar con el sistema público de pensiones, lo cual procuraría un doble beneficio al capital. El más evidente: promocionar el negocio de los sistemas privados de pensiones y lograr que las cotizaciones gestionadas actualmente por la Seguridad Social lo sean por agencias privadas propiedad del oligopolio bancario, dando más dinero fresco a la banca para seguir especulando en los mercados financieros.

No se trata de ningún globo sonda por parte del gobierno de España, sino de una cruda realidad, hasta el extremo de que si las cosas salen tal y como tiene previsto el ministro Escrivá, más de 13 millones de trabajadores – 80 % de la población activa – tendrán un plan de pensiones de empleo en 2030, un modelo de ahorro complementario que combina una promoción del Estado y la patronal, resultando lo más grotesco de todo ello la participación de los sindicatos llamados mayoritarios de UGT y CC.OO como accionistas de Gestión de Previsión y Pensiones SA, del BBVA, donde cada uno de ellos dispone de un 20% de participaciones, y Fonditel, perteneciente a Telefónica, donde controlan un 15% del accionariado, cada uno, amén de la transferencia de millones de euros de ahorros a la banca, las aseguradoras y los grandes fondos de inversión.

El acuerdo firmado por el gobierno, la patronal y los llamados sindicatos mayoritarios de UGT y CC.OO. están utilizando el señuelo de acabar con la reforma de 2013 del PP para, entre otros aspectos negativos, cambiar el factor de sostenibilidad por un factor de equidad intergeneracional que empobrece las pensiones a mayor edad. Se pretende atrasar la edad de jubilación incentivándola y penalizar la jubilación anticipada con la pérdida de derechos sociales, cuando el país tiene los niveles de paro juvenil más altos de la UE, en torno al 42%”.

Se trata de trasladar el modelo “piñerista”, implantado bajo la dictadura militar de Pinochet en Chile, donde jubilarse en aquel país hermano es algo así como sacarse un carnet de pobre para los ya de por sí pobres. Y los “piñeristas” españoles están inmersos en ese abordaje corsario para convencer a los gobiernos del bipartidismo PPSOE de que la vía buena es la de favorecer los fondos privados de pensiones a costa de recortar nuestro sistema público, hasta llegar incluso a su desaparición.

En otras palabras, existen poderosos sectores de las finanzas que buscan una España en la que jubilarse con cierta dignidad sea solo un privilegio reservado para aquellas y aquellos agraciados que cobran auténticas millonadas: ¿Eres pobre o sufres precariedad en el trabajo?  Poco importa. Los “piñeristas” no son una ONG ni tienen compasión. Son ricos y quieren seguir siéndolo, pero, como siempre, a nuestra costa, a costa del trabajador.

A lo largo de la historia, el mundo del crimen ha cambiado muy poco, solo en su aspecto tecnológico tanto en la ejecución como en la investigación, pero los móviles, al margen de los crímenes pasionales, siguen siendo los mismos, esto es el poder del dinero, de ahí que, para descubrir y desenmascarar a sus responsables nada mejor que seguir el rastro del dinero.

En nuestro país, los actuales planes de pensiones privados llevan ahorrados en torno a los 110.000 millones de euros, esto es la décima parte del Producto Interior Bruto, una pequeña parte de lo que significa el gran negocio de las pensiones en manos de los grandes bancos y aseguradoras cuando logren ganar la guerra iniciada contra el sistema público de las pensiones hasta desaparecerlo, usando, para ello, la vieja estrategia de tratar de convencer de que el sistema público no tiene futuro.

Antón Saavedra y Tere Dopazo camino de Bruselas para la defensa del sistema público de pensiones en España ante la Comisión Europea.

Una estrategia, por cierto, impulsada, tal y como ha quedado dicho, desde la propia Comisión Europea a través de sus planes de pensiones individuales para complementar los sistemas de pensiones públicos y de empleo existentes, así como los planes privados de pensiones nacionales, en los distintos países del IV Reich (pan-European personal Pension Product-PEPP), regulado por el Reglamento del Parlamento Europeo 2019/1238, de 20 de junio de 2019, de acuerdo con el documento base elaborado por el megafondo de inversión estadounidense BlackRock, dándoles un plazo a sus países miembros hasta junio de 2022 para trasponerlo a sus ordenamientos jurídicos, de tal manera que, según datos de la propia Comisión Europea, los activos gestionados en el gran mercado de las pensiones personales de toda la Unión Europea podría triplicarse hasta los 2,1 billones de euros en 2030.

La banca y las grandes corporaciones empresariales españolas como BBVA, Telefónica, ACS, Repsol, Banco Santander o Sabadell llevan años promoviendo el ahorro de sus presidentes y consejeros delegados, que en muchas ocasiones se retiran o desvinculan de las sociedades con colchones que superan los diez millones de euros. ¡¡¡ Estos y estas si pueden ahorrar para tener unas pensiones millonarias!!!

Es decir, la quiebra premeditada y metódica de la Seguridad Social y nuestro sistema público de pensiones por parte de todos los partidos gobernantes desde 1980 y por la inmensa mayoría del arco parlamentario desde los Pactos de Toledo de 1995 tenían un objetivo muy claro: entregar a los corsarios del neoliberalismo el 45% de la partida del gasto social que actualmente se dedica a las pensiones públicas, esto es, un crimen a cámara lenta, en vivo y en directo.

Que después de cuatro años, se supone que de trabajo, sus señorías miembros de la Comisión del Pacto de Toledo no hayan podido alumbrar otra cosa que ese documento de preacuerdo con el que nos han sorprendido muy recientemente sólo puede significar una alarmante falta de ideas o que a la hora de reformar y legislar haya pesado más la repercusión electoral – casi diez millones de los votos son pensionistas y jubilados –  que el habilitar soluciones rigurosas y eficaces para uno de los problemas más importantes que tiene planteado el Estado español.

En un primer análisis crítico de su contenido, al contrario de lo que hacen los medios convencionales de prensa, conviene resaltar que, el acuerdo no deroga la ley de 2011 del gobierno Zapatero, apoyada por CC.OO. y UGT, ni la del PP de 2013, aunque algunos aspectos sustanciales de esta última sí se modifican al desaparecer el factor de sostenibilidad, aunque cambiando su nombre por el de factor intergeneracional.

Es decir, la edad de jubilación ordinaria seguirá siendo la de los 67 años del año 2011, y el cálculo de la pensión se hará en base a 25 años cotizados, lo que supone que, para el año 2022, cuando concluya su aplicación, la bajada estimada de la pensión inicial habrá sido de un 30%, a la vez que se penalizará todavía más la jubilación anticipada, con el objetivo de forzar el retraso de la edad efectiva de jubilación, aproximándola a la legal. Y, lo más inquietante, que la mayoría de las pensiones – en torno al 60% -, seguirán sin alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional y menos todavía los 1084 euros que establece la Carta Social Europea, ni mucho menos se reduce la brecha de género.

Antón Saavedra debatiendo en el Parlamento Europeo ante la Comisión Europea el sistema público de pensiones en España.

En definitiva, la Comisión ha parido un borrador vacío, sin contenido real y lleno de contradicciones, asentado en tres pilares a saber lo que ya sabíamos casi todos: volver a vincular las pensiones al IPC, acercar la edad de jubilación real a la legal y desplazar los gastos de la Administración de la Seguridad Social a los presupuestos de la Administración del Estado.

No obstante, es preciso señalar que la actualización de las pensiones con el IPC no representa ninguna subida real, simplemente se trata de impedir que se reduzca su cuantía. Tampoco constituye un coste real para el Estado, porque si la inflación eleva en términos nominales el gasto público, incluyendo las pensiones, en la misma medida incrementa los ingresos de todas las administraciones públicas. Es posible que en enero de 2022 veamos confirmada esta realidad en la práctica, cuando tengan que incrementar las pensiones de acuerdo con un IPC previsto en torno al 5,5 %.

La única propuesta concreta del documento está en la edad de jubilación, donde se pide al Gobierno que presente un plan en tres meses, al objeto de penalizar las jubilaciones anticipadas e incentivar la prolongación del trabajo más allá de los 67 años, aunque muy recientemente, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, José Luis Escrivá, declaraba en una entrevista que “era necesario cambiar la cultura en España para asumir que se debe ampliar la edad de jubilación hasta los 75 años”. Unas declaraciones del ministro que no responden a ningún globo-sonda, sino que vienen a reflejar muy claramente las intenciones de esta contrarreforma, fundamentada en datos falsos, o totalmente sesgados, cuyas fuentes emanan de las mismas organizaciones interesadas en la privatización de las pensiones que, tal y como ha quedado dicho, se trata de disminuir en su cuantía, promoviendo los planes privados de pensiones e, incluso, dar acceso a las entidades financieras a la “hucha de las pensiones públicas”.

Una contrarreforma que cuenta con la grotesca complicidad de las élites de los llamados sindicatos mayoritarios y de clase de CC.OO. y UGT., hasta el punto de que, según se ha podido comprobar de manera fehaciente, ciertos dirigentes del pandillerismo sindical estarían negociando con la organización criminal del Partido Popular, para que algunos de los diputados de este partido se ausenten el día de la votación de la reforma de las pensiones, permitiendo, de esa manera, que la contrarreforma pueda ser aprobada en el Congreso de los Diputados.

Lógicamente, el contenido del acuerdo queda muy lejos de las reivindicaciones principales del movimiento de los pensionistas, y lejos también de la posición de UNIDAS PODEMOS que, cuando estaban fuera del gobierno, decían defender. Más claro, las grandes favorecidas por los planes de pensiones van a ser las entidades financieras, puesto que a través de ellos cuentan con cuantiosos fondos cautivos que pueden gestionar a su antojo según sus conveniencias y que les proporcionan importantes comisiones.

En efecto, los intereses de las entidades financieras en incentivar los fondos de pensiones son los que han estado detrás de la ofensiva lanzada desde los años ochenta en contra del sistema público de pensiones. Desde entonces, los cañones informativos del poder económico no han dejado de bombardear con múltiples consignas acerca de la previsible quiebra de la Seguridad Social, pronosticando la hecatombe para determinadas fechas, sin que a la fecha se cumpliesen los negros augurios de los expertos a sueldo.

Unidos Podemos ha presentado este miércoles, 4 de julio de 2017, su propuesta de ley para garantizar la viabilidad del sistema público de la Seguridad Social, que incluye una subida de las pensiones y la jubilación a partir de los SESENTA Y UNO años para los trabajadores que alcancen 35 ejercicios cotizados. El líder de Podemos, que ha defendido, además, que “el sistema de pensiones es la base del Estado del bienestar”, advirtiendo que su grupo no estará en el Pacto de Toledo, si el acuerdo que se negocia en el Congreso no deroga las reformas laborales de 2011 y 2013. “No podremos estar con quienes ponen en riesgo los derechos de los ciudadanos y con quienes no cumplen la Constitución española”, ha dicho Iglesias (EL PLURAL, 5 de julio de 2017)

Ahora, los “sesudos” análisis del Banco Central Europeo, en el más reciente informe del 8 de agosto de 2020, redactado en previsión de la evolución económica durante la década 2040/50, nos anuncia el colapso del sistema público de la seguridad social. Es decir, los mismos analistas que fueron incapaces de prever los cracs financieros del 2008, 2010 y 2012, incapaces, por otra parte, de pronosticar la tasa de la inflación para el próximo mes, se muestran seguros en cambio, de la evolución económica durante los próximos treinta años. En realidad, no se trata sino de crear un estado de opinión propicio para imponer políticas económicas que sean afines a sus intereses de clase.

El coronavirus ha conseguido lo que no se había logrado con las reformas: contener de forma significativa el gasto en pensiones, pero lo ha hecho por la vía de las bajas, de la peor forma posible. Si en 2019 el gasto desembolsado por el sistema para pagar prestaciones crecía cerca del 5%, en 2020 este crecimiento se limitó al 2,3% (Fuente: Seguridad Social)

En otro orden de cosas, se puede afirmar que no existe ninguna reforma del sistema cuando nos referimos a la separación de fuentes de financiación al no implicar ni un euro de gasto más, ni de menos, ni mucho menos supone algún ingreso adicional. Simplemente, supone pasar al Estado algunos de los gastos que hasta ahora venían financiándose a través de la Seguridad Social.

Un reciente informe elaborado y publicado en 2018 por el Tribunal de Cuentas señala con meridiana claridad que el supuesto “déficit” de las pensiones se produce en gran medida porque el Estado viene utilizando de forma inapropiada las cotizaciones sociales destinándolas a otros fines. De sus páginas leídas con calma se puede extraer algunas pistas que hacen temblar el discurso oficial.

En efecto, el informe del Tribunal de Cuentas es realmente impactante. No solo porque la Seguridad Social costea actividades y prestaciones que no le corresponden, sino también porque a la Seguridad Social se le impide obtener recursos adicionales con los que cubrir los supuestos déficits. 

En el citado informe queda escrito que se han utilizado de manera indebida las cotizaciones sociales para abonar, por ejemplo, las pensiones no contributivas que corresponden a compromisos alcanzados por los gobiernos, pero que no competen a la Seguridad Social.

Sería bajo la presión de la Huelga General del 14-D obligando a Felipe González a promulgar la ley 26/1990 de 20 de diciembre cuando se comenzaron a pagar las pensiones no contributivas, una reivindicación histórica de la clase trabajadora. De esa manera, el presidente del gobierno felipista pudo “sacar pecho político” atribuyéndose unos méritos que en absoluto le correspondían.

Pues bien, esas pensiones que debían de haber sido abonadas con los Presupuestos Generales del Estado fueron cargadas a expensas de las cotizaciones sociales, siendo el ejemplo más reciente lo ocurrido con el actual Ingreso Mínimo Vital, que también se detrae de las cotizaciones sociales, atribuyéndose el “mérito político” la coalición gobernante, pero el coste también se pagará con el déficit de la Seguridad Social. A cuenta de las cotizaciones sociales también se vienen cubriendo otro tipo de pensiones cuya procedencia económica corresponde a los Presupuestos Generales del Estado, tales como las pensiones de viudedad – la segunda mayor fuente de gasto en pensiones públicas después de las de jubilación -, las de orfandad y a favor de familiares.

Además, las pensiones no tienen por qué financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales. Son todos los ingresos del Estado los que deben hacer frente a su desembolso. No hay ninguna razón para diferenciar el gasto en pensiones de otras partidas del presupuesto tales como la educación, la sanidad, la justicia, el seguro de desempleo, la defensa o los intereses de la deuda.

Lo que llama poderosamente la atención del informe del Tribunal de Cuentas es cuando señala que todos los gastos de funcionamiento de los Ministerios son cubiertos por los Presupuestos del Estado menos la Seguridad Social, que se paga con sus propios fondos, de tal manera que, si a la Seguridad Social se la descargase de esos gastos impropios a los que nos hemos referido, la Seguridad Social española contaría con un amplio superávit. Sí, con el dinero de las cotizaciones sociales, se han financiado hasta los Presupuestos Generales del Estado, y si todo ese dinero se hubiese destinado exclusivamente al fondo de las pensiones, ahora mismo ese fondo de pensiones tendría ¡¡¡MEDIO BILLÓN DE EUROS!!!

Pero, además, la viabilidad de las pensiones, como la del resto de los gastos públicos, no depende de cuántos son los que producen, sino de cuánto se produce. Al fin y al cabo, los problemas que pudieran existir no serían de producción sino de distribución, y de la decisión social y política de crear y perfeccionar un sistema fiscal dotado de la progresividad y suficiencia apropiadas para financiar la totalidad de las prestaciones del Estado social.

Al respecto, es preciso levantar la voz para afirmar que los jubilados actuales fueron los que costearon con sus impuestos una educación universal y gratuita de la que la mayoría de ellos no gozaron en su infancia y adolescencia. Con sus impuestos han facilitado en gran medida el acceso a la universidad de las generaciones posteriores, facilidades de las que muy pocos de su generación disfrutaron.

Con sus cotizaciones se han mantenido las pensiones de los trabajadores de épocas precedentes, y ha sido con su trabajo y sus contribuciones al erario público los que han hecho posible que hoy las estructuras y el desarrollo económico en España sean muy superiores a los que conocieron en su niñez y que la renta per cápita sea más del doble de la existente hace cuarenta años.  Nadie puede decir que no existe margen para mantener el sistema público de pensiones y blindarlas como uno de los derechos fundamentales de la Constitución Española, cuando en nuestro país la presión fiscal está ocho puntos por debajo de la media de los países europeos. En este mismo contexto, resulta muy interesante el punto referido a las cotizaciones de los robots. Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales.

La mitad de las pensiones que se pagan en España están por debajo del umbral de la pobreza. De las 9.353.988 pensiones que se abonaron en 2015, el 49,9% (4.671.490 de estas prestaciones) no llegaron a los 667 euros mensuales, el límite que marca la exclusión social, según los datos del Ministerio de Empleo recogidos por la Red Española de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en su último informe. 

Se olvidan esos economistas del neoliberalismo que, con el cambio tecnológico, cada trabajador está produciendo mucho más que antes, está incrementando la productividad, por lo que no debe importar tanto el número de trabajadores, sino la riqueza que producen.

Lo ocurrido con la agricultura puede servir como ejemplo de lo dicho:  Hace cincuenta años el 30 por ciento de la población activa trabajaba en la agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5 por ciento, pero ese 4,5 por ciento produce más que el 30 por ciento anterior. Por lo tanto, habrá que ir pensando en la necesaria cotización de las máquinas.

Pienso que ha llegado la hora de empezar a hablar de cómo hacer que coticen las máquinas y los robots a la Seguridad Social. Dado que una de las principales causas del desempleo reside en el fenómeno de acumulación de capital en forma de máquinas muy competitivas, éstas deberían ser gravadas con un impuesto específico destinado, entre otros, al pago de las pensiones, y por extensión, a la implantación de ese esbozo de modelo residencial referido para nuestros mayores.

Por si todo lo expuesto no fuera suficiente para no garantizar los últimos años de nuestros mayores con un mínimo de dignidad, España ocupa un lugar por debajo de la media de los países de la Unión Europea. De hecho, el último Consejo Europeo se saldaba con un acuerdo histórico por el que los socios comunitarios aprobaron endeudarse conjuntamente por primera vez para movilizar 750.000 millones de euros en respuesta a la crisis abierta por el coronavirus, pero la cumbre también sirvió para terminar de dibujar un nuevo polo de poder europeo, el de los denominados países frugales, estos son los Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Austria. Un bloque aparentemente heredero de los postulados de austeridad con los que se trató de responder a la crisis de 2008 anterior y que pide las reformas en las pensiones a los estados del sur pero que, paradójicamente, destina más fondos a gasto social que España.

En concreto, España dedica a las partidas de protección social el equivalente al 23,4% de su PIB, ya por debajo del 28,1% de media de la Unión Europea, según los últimos datos comparables que ofrece Eurostat. Pero, no obstante, la diferencia se ensancha frente al 28,8% de Suecia, el 29,3% de Países Bajos, el 30,6% de Finlandia o el 32,2% de Dinamarca.

Sin embargo, calificar a estos países de frugales, entendiéndolo por austeros en absoluto responde a ninguna realidad de que algunos de ellos, como Dinamarca o Suecia, son abanderados de la inversión en gasto social. La explicación, es que también están por arriba en el ranking recaudatorio, lo que les permite gozar de recursos adicionales para atender a su sociedad.

El gasto o inversión social hace referencia a todos los recursos económicos que el Estado destina a lograr una igualdad de oportunidades y una calidad de vida mínima entre todos sus ciudadanos, poniendo especial énfasis en los hogares de bajos ingresos, ancianos, discapacitados, enfermos, desempleados y jóvenes. Así, entre las necesidades básicas que trata de cubrir el gasto social figuran la alimentación, la salud básica, la educación, la justicia o la vivienda. Las ayudas, sin embargo, no tienen por qué llegar únicamente en forma de prestaciones en efectivo, sino que también puede tratarse de bienes y servicios en especie o exenciones fiscales.

Así, mientras que la presión fiscal en España, entendida como el peso del conjunto de ingresos tributarios y por cotizaciones sociales sobre el tamaño de la economía, se sitúa en el 34,7%, en la media de la UE es del 40,2% y en la zona euro alcanza el 41,5%. Aún situándose por debajo de esta media, los Países Bajos se sitúan casi cinco puntos por encima de España, con una presión fiscal del 39,2%, mientras que el resto de frugales suben hasta el 43,1% del PIB de Finlandia, el 44,7% del de Suecia o el 47,8% del de Dinamarca.

Es doloroso hablar de los que nos han dejado. Es doloroso volver a revivir el dolor, la angustia, la impotencia. Es doloroso que no nos hayan permitido ver a nuestros seres queridos antes y después de morir. ¿Por qué ha muerto mi padre? ¿Por qué ha muerto mi madre? ¿Por qué falleció mi marido o mi mujer? ¿Ha sido justa su muerte? No. Entonces ¿Conseguiré que se haga Justicia en este mundo o en el otro? (Morgue Palacio de Hielo en Madrid, el 8 de abril de 2020)

Desde que apareció el coronavirus en nuestro país se viene conociendo que el gobierno de España no viene computando los fallecimientos en las residencias de ancianos y en los domicilios como muertos por la COVID 19, y ello, independientemente del profundo rechazo que me produce esta actuación, desde el punto de vista jurídico el no poder demostrar la causa de la muerte plantea una dificultad importante para el ejercicio de las acciones de responsabilidad por estas muertes.

Pero, no solo eso, sino que el principal problema surge a la hora de saber qué tipo de acción se puede ejercitar para saber quien o quienes son los responsables del genocidio cometido contra la parte más vulnerable de la población.

Hasta la fecha de marzo de 2020 habrían fallecido entre un 6% y un 8% de las personas que vivían en estas residencias a causa de la covid-19, siempre según los datos facilitados en rueda de prensa por la fiscal de la Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra. Esto significa que entre 19.330 y 25.774 personas mayores fallecieron por el coronavirus desde que se desencadenó la pandemia, según los datos de residentes en España aportado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tras aportar los datos estadísticos de las muertes de personas residentes por la pandemia, María José Segarra, que fue la predecesora de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado, ha explicado las medidas que ha tomado la institución y en concreto su Sala para investigar si ha habido negligencias en ciertas residencias en relación con esas muertes, de tal manera que, desde ese mismo mes de marzo de 2020, la Fiscalía ha abierto 441 diligencias penales, de las que solo sobreviven en estos momentos 209, que siguen instruyéndose. Más de la mitad de ellas, 112, se refieren a residencias en Madrid, tanto públicas como privadas.

Según explica la fiscal María José Segarra, el 42% de las denuncias recibidas lo han sido por presuntos homicidios por imprudencia, y un 36% por la situación de las residencias, sobre todo, por no permitir la visita de los familiares. Fueron once las denuncias por delitos contra la salud de los trabajadores de las residencias y 21 por deficiencias en la atención médica. La Fiscalía admitió seis denuncias por lesiones y cinco por trato degradante a residentes. Cuatro de las denuncias fueron por abandono de familia; dos por prevaricación y una por rechazo a ser trasladada las personas en UCI. 

En el ámbito civil fueron 499 los procedimientos de seguimiento de residencias, seis por falta de medios, cinco por denegación de ingreso hospitalario, tres por reclamación de visitas y uno por desamparo de persona mayor en domicilio. Según ha explicado la fiscal Segarra, en estos momentos hay tres denuncias por negativa de los familiares a la vacunación; 69 por el elevado número de fallecimientos en el centro y 15 por falta de atención sanitaria. Desde marzo se incoaron 786 procedimientos civiles, de los que 294 han sido archivados.

Además, por si no fuera suficiente con los archivos de las denuncias por la Fiscalía, algunas que llegaron a los juzgados fueron denegadas por los jueces, caso concreto de la jueza de la localidad madrileña de Leganés, que ha desestimado una querella de once familias de fallecidos en residencias durante la ola de coronavirus de la primavera, según se puede ver en el diario El País fechado el 14 de setiembre de 2020.

Es difícil, casi imposible, que un fiscal, en este caso una fiscal, general del Estado abandone el puesto con más apoyos y reconocimientos de los que tenía cuando llegó a dirigir el Ministerio Público. Hasta en la oposición reconocen que esta militante activa de la Unión Progresistas de Fiscales (UPF) no lo ha hecho «del todo mal» porque ha logrado siempre preservar la independencia del Ministerio Público. Segarra no solo se ha dejado la piel por apartar a la Fiscalía de la esfera de influencia del poder, sino que fue capaz de recordarle al presidente Sánchez esa «autonomía» cuando el jefe de Gobierno defendió durante la campaña electoral la «dependencia» del Ministerio Público del Ejecutivo a cuenta de su promesa de traer de vuelta a España al huido Carles Puigdemont.

Una de las querellas culpaba a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y otros miembros de su gobierno de la muerte de más de 6.000 muertes de residentes por denegación de auxilio, pero la jueza de Instrucción Mónica Boticario la desestimó al considerar que las once familias querellantes no presentan indicio alguno de delito contra la presidenta Ayuso, los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, y de Justicia, Enrique López, y cuatro directores de residencias en Leganés, ante la denuncia de los querellantes que los culpaban de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación, de tal manera que, ante la cantidad de documentación aportada  por los querellantes esta sería rechazada por la jueza al estimar que la misma “no podía considerarse como prueba acreditada de certeza, al menos no en este caso, máxime cuando estamos hablando de una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en marzo de 2020, cuando aconteció todo lo escrito en la querella”, tal y como se puede leer en su auto del 18 de agosto de 2020.

Parece ser que los protocolos del gobierno autónomo de Madrid, limitando o negando la derivación a los hospitales de las personas que murieron en esos pretanatorios, o que aquellos pretanatorios en ningún momento fueron “medicalizados”, tal y como declararía el mismísimo director general de coordinación socio-sanitaria, Carlos Mur de Viu, cuando reconocía en el diario de El País que hasta el 6 de abril los internos mayores habían quedado sin apoyo médico relevante en las residencias, no fueron suficiente para que la jueza pudiera juzgar y dictar una sentencia acorde con los denigrantes hechos ocurridos con la muerte de miles de ancianos y ancianas como resultado final.

Y siendo verdad que Teruel existe, no es menos cierto que, con fecha 6 de junio de 2020, la magistrada del Juzgado de lo Social número 1 de Teruel, Elena Alcalde Venegas, dictaba lo que era el primer fallo de lo que, según los juristas y sindicatos, han denominado como el tsunami judicial que vendrá contra entidades, empresas y administraciones públicas por la gestión realizada durante la pandemia de la Covid-19.

En una breve síntesis de las conclusiones de la primera sentencia dictada en España contra las administraciones por no proveer de medios de protección a sus trabajadores, fundamentalmente a sanitarios y médicos de hospitales, centros de salud y residencias de mayores durante la pandemia del coronavirus, la magistrada dejaba sentenciado que “la pandemia no puede considerarse que haya sido un supuesto de fuerza mayor, imprevisible e inevitable. En consecuencia, ni se les puede eximir a las (administraciones) demandadas de la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales ni pueden eludir su responsabilidad de proteger a sus trabajadores y empleados frente a los riesgos en su trabajo, amparándose en estar ante un supuesto de fuerza mayor, o de riesgo catastrófico que no lo hay”.

La sentencia llega semanas después de varias sonadas polémicas protagonizadas por el Gobierno aragonés de Javier Lambán por la falta de equipos de protección para los sanitarios. El 1 de abril, Lambán arremetió sanitarios que habían denunciado esa falta de medios. Instó públicamente a contra los jueces que habían dictado autos cautelares dando la razón a los jueces que firmaron esos autos a que «se pongan ellos a hacer» mascarillas, lo que mereció un comunicado de respuesta por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Sus declaraciones generaron tal oleada de protestas que la consejera Pilar Ventura acabaría dimitiendo. El fallo condena, efectivamente, al Gobierno aragonés que preside Javier Lambán y a sus entes sociosanitarios: el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), del que dependen las residencias de ancianos, pero el fondo de la sentencia es más extenso y apunta directamente contra la gestión desarrollada por el Estado, con el Gobierno central al frente, citando en varias ocasiones al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y se advierte que las autoridades españolas sabían de la gravedad del Covid-19 desde enero, pero no actuaron en consecuencia.

La magistrada considera que las tres Administraciones empleadoras – Servicio Aragonés de Salud, Instituto Aragonés de Servicios Sociales y Diputación General de Aragón – han vulnerado los derechos de los trabajadores de la provincia de Teruel en materia de prevención de riesgos laborales, poniendo en riesgo grave su vida, integridad física y salud y lesionando su derecho a la integridad física y a la protección de la salud, condenándolas a proporcionar a los empleados públicos sanitarios en todos los centros sanitarios, los equipos de protección individual adecuados, por riesgos de exposición ante el agente biológico virus SARS-CoV-2 y el riesgo de contagio o infección desarrollando la enfermedad Covid-19, en el momento que disponga de ellos.

En efecto, las tres Administraciones empleadoras habían adoptado la estrategia de la fuerza mayor, tal como viene descrita en el artículo 1105 del Código Civil, que dice que “nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”, pero la magistrada tiro por tierra los argumentos esgrimidos por la Administración por entender que la fuerza mayor no puede ser aplicable, entre otras cuestiones, porque ya desde el 31 de diciembre de 2019, cuando se hizo público que en la localidad china de Wuhan se había detectado un conglomerado de casos de neumonía, de la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) había informado hasta en 19 ocasiones, detalladas en la sentencia, sobre lo que después se ha convertido en la pandemia del coronavirus.

Una juez de Teruel acaba de condenar a la Administración por vulnerar el derecho fundamental a la vida con su gestión de la crisis del coronavirus. Responsabiliza directamente a las autoridades de «pasividad», de conocer el riesgo desde enero y no haber actuado en consecuencia, y -con ello- de haber vulnerado el derecho a la vida que protege la Constitución (ABC, 5 de junio de 2020).

Pero también la magistrada hace especial referencia a algunas, como la del 3 de febrero, en la que la OMS publica el “Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la comunidad internacional para ayudar a los Estados con sistemas de salud más frágiles a protegerse”. O la del 27 de febrero, en la que el director general de la OMS, en una rueda de prensa señaló que “este virus no es la gripe. Con las medidas adecuadas puede ser contenido. Estamos en un momento decisivo. Si actuamos ahora de forma contundente podremos frenar a este coronavirus. Mi consejo es que actuemos rápidamente”.

La magistrada sigue recordando en su sentencia que “existen hasta cinco alertas o avisos de la Organización Mundial de Salud en el mes de febrero de 2020 dirigida a los países, y que se debatieron en las sesiones plenarias del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El 30 de enero de 2020, la OMS declaró la emergencia internacional por el coronavirus SARS Cov-2, y pidió a todos los países una vigilancia activa. Calificando el 11 de marzo de 2020, el brote como pandemia”.

Abundando más en la literalidad de la sentencia “las declaraciones, recomendaciones, informes y alertas de la OMS, aludidos también en los informes de seguimiento y en los procedimientos elaborados por el Ministerio de Sanidad, iban dirigidos ya desde al menos el 10 de enero, a la prevención y el control de infecciones destinadas a proteger a la ciudadanía y concretamente, a los profesionales sanitarios, recomendando precauciones contra la transmisión por gotículas y por contacto, al atender a los pacientes, así como precauciones contra la transmisión aérea en las intervenciones asociadas a la generación de aerosoles”.

Esta es la conclusión a la que llega la magistrada en su sentencia: “la situación y la dimensión de la epidemia y posterior pandemia era conocida por el Ministerio de Sanidad y las Consejerías o Departamentos de Sanidad de las Comunidades Autónomas. No se ha acreditado un acopio de equipos de protección individual adecuados, según el nivel de exposición al riesgo, para cubrir las necesidades ni siquiera los centros sanitarios públicos de atención primaria, especializada, hospitalaria y extra hospitalaria”.

Una visión de lo que va a ocurrir lo estamos viendo, cuando, desde el Gobierno, después de haberse atribuido el control de todas las actuaciones y decisiones en función del estado de alarma, vista la magnitud de lo ocurrido y los constantes errores que ha cometido, pretenda ahora, refiriéndose concretamente en el tema de las residencias de mayores, convencernos de que el ministro de Sanidad en absoluto tuvo nada que ver en el genocidio que tratan de silenciar.

Por otra parte, según se puede recoger en una de las conclusiones que consta en el informe sobre la gestión en las residencias realizado por CEAPs – la patronal que agrupa al mayor número de entidades gestoras en España – “los gestores y direcciones de las residencias no han tenido capacidad de decisión durante la pandemia. Todas las decisiones relevantes: acceso a equipos de protección individual; derivaciones hospitalarias, testeo de residentes y personal; protocolos de funcionamiento; sistemas de sectorización, entre otras, han sido tomadas por parte de las administraciones públicas”.

Carlos Mur de Viu, el hombre que firmó los polémicos protocolos que impedían hospitalizar a los mayores de las residencias madrileñas los primeros meses de la pandemia, aunque después trató de quitarle importancia a los mismos, por videoconferencia, con los datos muy bien estudiados, y durante más de una hora, Mur insistía en que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y el de Políticas Sociales, Alberto Reyero- que dimitió en octubre- conocían esos protocolos y en ningún momento le mostraron su rechazo a los mismos. “No recibí ninguna llamada mostrando disconformidad”, ha asegurado. Mur ha evitado responsabilizar a los geriatras que redactaron los protocolos. Asegura que eran “protocolos técnicos y hechos por expertos. Estaban realizados por entre 13 y 28 geriatras y con un “consenso total entre todos ellos”. Dichas medidas establecían baremos sobre qué tipo de personas podían ser trasladadas a hospitales y cuáles no (NIUS, 4 de febrero de 2021)

Una conclusión que, con una simple lectura, sin ser ningún experto en la materia, hace a uno sentirse perplejo. Han muerto más 40.000 ancianos en esos pretanatorios llamados centros residenciales, en su inmensa mayoría por abandono y falta de asistencia médica, ¿y las entidades que las gestionan no han tenido ninguna responsabilidad? ¿Estaba el sector preparado para afrontar no ya una catástrofe pandémica como la del covid-19, sino cualquier otra crisis? ¿Todas las empresas y entidades gestoras actuaron correctamente en todo momento y en todo lugar?

Trabajadores de la residencia Nuestra Señora de Gracia de Tudela se aislarán con los residentes durante el periodo de confinamiento decretado por el estado de alarma ocasionado por la crisis sanitaria mundial debido a la expansión del COVID-19, que solo en Navarra ha causado más de treinta muertes y más de mil positivos (Diario de Noticias de Navarra, el 25 de marzo de 2020)

Sin embargo, a la hora de realizar un mínimo análisis sobre las responsabilidades que pudieran tener – que tienen estas gestoras de los centros residenciales -, es necesario hacer ciertas aclaraciones con el fin de sortear determinados discursos tramposos, entre ellas, la más importante, para afirmar que el mero hecho de denunciar ciertas prácticas y carencias en las empresas en absoluto se pueden entender como críticas hacia sus trabajadores y trabajadoras, entre otras cuestiones, porque afirmar que la mayoría de los grupos del sector residencial anteponen por encima de todo el beneficio económico por encima de cualquier otra consideración en absoluto se puede corresponder como un ataque a sus trabajadores, cuando ellos mismos también son víctimas de esa avaricia desmedida de la patronal.

Más allá de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales, uno de los principales focos de contagio y mortalidad son las residencias de ancianos. Es importante destacar que, en estas residencias, la mayoría de espacios son comunes: la sala de estar, el comedor, los servicios… E incluso a veces también las habitaciones ya que éstas no suelen ser individuales. Además de convivir en los mismos espacios, las personas que allí residen suelen ser ya muy mayores y presentan enfermedades y patologías graves, lo que supone un riesgo añadido ante el contagio de Covid-19.

Una de las cuestiones que más me sorprendió fue que, durante la pandemia, la sociedad reconociera con aplausos diarios desde los balcones y ventanas el trabajo del personal de los hospitales, olvidándose por completo del que hacían los trabajadores de los geriátricos, en situaciones incluso mucho más complicadas que en los propios hospitales, lo que siempre me pareció de una injusticia total, pero, lo que resulta del todo tan inaceptable como injustificable, es que una grandísima mayoría de los empresarios pretendan escudarse bajo esa entrega de sus trabajadores para presentarse como víctimas de una “criminalización del sector”. Un sector que, debieran saber, está formado no solo por “inversores de los fondos” dueños de los grandes grupos y sus “buitres carroñeros” que se han hecho millonarios, sino también y, sobre todo, por gerocultores a los que pagan entre 900 y 1.000 euros mensuales por dejarse parte de su salud en el cuidado de ancianos en unas condiciones laborales pésimas. Por lo tanto, criticar las políticas empresariales de Domus VI, Orpea o Ballesol no supone criminalizar a sus trabajadores, de la misma manera que ocurre con los grupos de la Iglesia y los Corazones Sagrados de Jesús y María Santísima. ¿Cómo se puede alcanzar tal cátedra de cinismo por parte de aquellos que, siendo culpables en gran medida de los principales problemas del sector de “aparcamientos residenciales” pretenden hacerse pasar como las víctimas?

Remontándonos al mes de marzo de 2020 las residencias o geriátricos seguían padeciendo un evidente déficit estructural de recursos, muy especialmente en las ratios de personal de atención directa a los mayores, una cifra que mide la proporción entre todos los trabajadores que atienden a los internos – médicos, enfermeras, gerocultoras, psicólogos o los fisios – y el número total de personas que viven en el centro.

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha elaborado un estudio comparativo de las normativas de residencias para personas mayores en España. A la vista de los datos, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología considera que las ratios actuales de personal en las residencias de personas mayores son insuficientes, especialmente en las ratios de auxiliares-gerocultores/as. También es necesario incorporar ratios de presencia de distintos perfiles profesionales y redefinir las características de las habitaciones en estos centros.

Qué duda cabe, las personas que trabajan en las residencias son determinantes para garantizar su calidad y son fundamentales para garantizar una atención de calidad centrada en la persona. Por eso, tan fundamental es una buena selección con profesionales cualificados, como el número de personas que trabajan en la misma, y por eso las ratios de personal son una de las herramientas con las que se mide esta calidad de la atención en los centros residenciales, de tal manera que cada comunidad autónoma establece en su normativa las ratios mínimas, que las empresas pueden mejorar si es menester, pero en ningún caso pueden empeorarlas, oscilando entre los tres y cuatro trabajadores de atención directa por cada diez internos.

Este déficit estructural de recursos humanos, que ya era muy grave en situaciones de normalidad, quedó convertido en un drama absoluto durante la pandemia cuando empezaron a multiplicarse las bajas del personal, quedando muchas residencias en cuadro, con las nefastas consecuencias producidas al no haber manos suficientes para cuidar de los mayores.

Por otra parte, las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan revisar los modelos de atención de los diferentes países, con el fin de hacer la transformación necesaria e introducir los cambios que convengan, para poder dar una respuesta adecuada a los nuevos retos que plantea el actual contexto social, sanitario, epidemiológico y demográfico, garantizando en todo momento unos “mínimos” que garanticen los derechos de los usuarios establecidos en las leyes de servicios sociales, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial que se presta en los servicios residenciales.

Un auxiliar de geriatria que se ocupa, no solo del lavado e higiene del colectivo de la tercera edad, su trabajo va mucho más allá. El auxiliar en geriatría está en el día a día del paciente, lo escucha, lo acompaña, le hace sentir valorado. A veces, estos ancianos se sienten como una carga para la sociedad, cuando han sido ellos el motor de nuestra sociedad que tras muchos años logran con sus distintos empleos que sigamos avanzando. Por ello, el auxiliar de geriatría no solo se ocupa de lavar ancianos, sino que se ocupa de darles apoyo moral para sentirse queridos, darles cariño. ¿Sabes cuanto gana un auxiliar de geriatría? El sueldo medio del profesional auxiliar de geriatría en España oscila entre los 11.000 y los 14.000 euros al año.

Resulta evidente que no estaban preparadas de igual manera unas y otras residencias en cuanto al número de trabajadores para afrontar la pandemia, pero su responsabilidad, para bien o para mal, en absoluto se puede atribuir al virus, sino a la gerencia o a la consejera delegada de turno, pudiendo llegar a la conclusión de que la falta de personal ha sido probablemente el factor que tuvo el efecto negativo más determinante. Por supuesto, el tamaño de las instalaciones, el ahorro en los costes de mantenimiento y la ausencia de planes de contingencia, la escasa formación de muchos de los trabajadores y la escasez, cuando no la falta total, de los equipos de protección fueron otros de los factores que influyeron a la hora de afrontar con ciertas garantías lo que acabó siendo un auténtico genocidio.

La ausencia total de autocrítica tras el genocidio producido resulta verdaderamente ofensiva para cualquier ciudadano, salvo para los palmeros y los “bien pagaos”, pero muy especialmente para los familiares de los mayores fallecidos que, ni siquiera saben al día de hoy si, efectivamente, son sus padres, madres, abuelos o hermanos y hermanas los que se corresponden con los cuerpos que fueron depositados en los “cajones” o ataúdes mortuorios.

¿Un interrogante me surge al respecto? A modo de ejemplo, y sólo a modo de ejemplo, ¿quién o quiénes han sido los responsables de la hecatombe humana ocurrida en la residencia Elder de Tomelloso, donde en los primeros días de la primera ola de la pandemia habían muerto ya una quincena de ancianos, una cantidad que hacía pronosticar que la cosa iría a peor, como desgraciadamente quedaría demostrado después, al registrarse entre los meses de marzo y junio un total de 76 muertos de los internos a causa del coronavirus?

En este tétrico escenario se llega al 1 de marzo cuando el director de la Residencia de mayores Fundación Elder de Tomelloso, José Manuel Sampedro Lara, sería llamado a declarar ante el juez en calidad de investigado por presuntos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro derivados de su gestión al frente de la residencia citada.

Así queda recogido en el auto dictado por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Tomelloso, en el que se acuerda la práctica de diligencias adicionales de investigación con el fin de determinar “la relevancia penal de las actuaciones” realizadas por el director del centro, el mentado José Manuel Sampedro, periodista de formación y sin ninguna experiencia previa a su llegada a Elder en el ámbito de la atención sociosanitaria, a la vez que hijo del presidente de la residencia, el corredor de seguros, Ramón Sampedro Ramírez.

De este modo, el que fuera también concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tomelloso, después de presentar su dimisión tras la explosión del escándalo producido, acudía a prestar declaración ante el juez como imputado, consecuencia de la denuncia de familiares de los residentes fallecidos en el centro, al considerar que se podría haber producido una actuación negligente por parte de quienes eran responsables de velar por la seguridad de los mayores.

Por ello este grupo de allegados de las víctimas que fallecieron en la residencia Elder, decidía hacer frente común y llevar a los tribunales su denuncia con el fin de que se esclarezca lo sucedido en aquel centro y que se asuman responsabilidades.

En 2015, con la salida de la Cospedal del Gobierno y la marcha de Nacho Villa en la televisión autonómica, Sampedro sería cesado de su cargo en la delegación provincial de la televisión pública castellanomanchega, para colocarse como director general de la Fundación ‘Elder’. Se ponía así al frente de la residencia de mayores impulsada por esta Fundación que, por otra parte, preside su padre, Ramón Sampedro. Cargo al que llegaba sin formación específica al respecto y sin experiencia laboral sobre este campo, puesto que, según él mismo especifica en su currículum público, tras licenciarse en Periodismo en el CEU San Pablo de Madrid en 2012 y completar dos másteres ‑uno en Periodismo Audiovisual RTV en la Escuela Superior de Imagen y Sonido CES (2013) y otro en Dirección de Comunicación Corporativa en EAE Business School (2016). Al tiempo que ejercía como periodista en la delegación de Puertollano de RTVCM y posteriormente del director territorial de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real”, pasaba directamente a tomar las riendas de la residencia de mayores (Periódico CLM, el 19 de marzo de 2020)

Por cierto, unas fechas en las que las residencias ya llevaban algún tiempo cerradas a las visitas, y aunque el virus ya corría por Elder la información que se ofrecía a las familias era “nula”, llegándoles a asegurar que allí “covid cero”, tal y como se recoge en una entrevista concedida al Periódico CLM por la hija de una de las personas fallecidas en aquel pretanatorio: “Yo estaba tranquila, porque hablaba con el personal de la residencia y nos tranquilizaban”, explicaba, antes de reconocer que no solo no se les ofrecía información sobre lo que ocurría tras las puertas del centro, sino tampoco sobre los cuidados que aquellos días estuvo recibiendo su madre.

Sin embargo, la situación real que se vivía en esta residencia de Tomelloso saltaba a los titulares de prensa cuando era el propio director del centro, José Manuel Sampedro, quien el 18 de marzo de 2020 aparecía en un programa de televisión denunciando el supuesto “abandono” por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al centro, asegurando que estaban “completamente abatidos, destrozados psicológicamente”, ante una situación “muy complicada” y que eran 14 los fallecidos, una cifra que “va aumentando”, comentaba.

Reclamaba el ya exconcejal del PP “ayuda urgente”, al tiempo que aseguraba que “nadie” les estaba ayudando, que por su parte se había informado “en todo momento” a las autoridades, tanto a la Consejería de Bienestar Social como al Ayuntamiento, pero insistía que “nadie nos había escuchado”.

Querella criminal presentada por familiares de los residentes en la residencia ELDER de Tomelloso contra su director, José Manuel Sampedro.

Por otra parte, aseguraba que se estaba informando a las familias por teléfono sobre la situación, “ayer por la tarde recibí 60 llamadas”, pero “ninguna” de las autoridades, “nos sentimos abandonados”, apostillaba.

En su comparecencia televisiva también explicaba que “desde el primer momento” en que se tuvo conocimiento del primer positivo, “cerramos la residencia, solo pueden entrar los trabajadores” y los residentes “están cada uno en su habitación”.

Aquel José Manuel Sampedro era el mismo que tan solo dos días antes aseguraba en las redes sociales que en el centro se estaba “trabajando con normalidad”. “La furgoneta que hay en la puerta es del hospital, verificando que todos los residentes están bien y haciéndoles pruebas del covid-19”, para facilitar a continuación un número de móvil al que podía llamar “cualquier familiar” que necesitara información. “Pero está todo bien!!!”, concluía.

Pero no solo el propio Sampedro contradecía su propia versión en su vuelta a la televisión, puesto que el mismo miércoles 18 de marzo, desde el Ejecutivo regional salía el director general de Salud Pública, Juan José Camacho, a desmentir sus afirmaciones, explicando que las tres denuncias realizadas por Sampedro – el abandono por parte de la Junta, la ausencia de contactos con las autoridades sanitarias y la ausencia de pruebas ante el brote de coronavirus en la residencia – eran radicalmente “falsas”.

El director general de Salud Pública ha comparecido en rueda de prensa para desmentir categóricamente las afirmaciones realizadas por el director de la Residencia ELDER de Tomelloso, que a lo largo del día ha vertido en diversos medios nacionales, denunciando abandono por parte de la Junta, la ausencia de contactos con las autoridades sanitarias de la región y la ausencia de pruebas ante el brote por coronavirus que está sufriendo su residencia de carácter privado.

Así, detallaba que ese fin de semana desde la Gerencia de Área de Tomelloso se contactaba con la residencia Elder, siendo ese el momento en el que se informa de que hay un grupo de residentes con síntomas, ante lo que se ponen a su disposición, y el domingo se informa de varias muertes, por lo que el mismo director general contacta con Sampedro por teléfono, “refiriéndome una situación compleja, donde no hay equipos de protección individual para los trabajadores, siendo esta empresa de titularidad privada, con lo cual la responsabilidad de sus trabajadores recae sobre ellos”, precisaba Camacho.

También le informa de que “no tiene médico y la situación es alarmante”, por lo que desde el Sescam se envía un equipo médico y enfermera para realizar las primeras tareas de “triaje” y se ponen “las primeras medidas de control epidemiológico sobre la población residente”. Esa misma tarde del domingo, 15 de marzo, Camacho mandaría enviar “otros tres equipos desde la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario con médicos y enfermeras que realizan triaje a los 75 pacientes que en esos momentos presentan síntomas”, y esa misma noche un equipo formado por un médico y una enfermera del Sescam permanecieron en el centro para atender a los residentes, y desde el día siguiente se reforzaron los servicios sanitarios con personal del Sescam, a la vez que proporcionando equipos de protección individual EPI a los trabajadores de la residencia, que hasta el momento carecían de ellos. Una situación que llevaba a la Junta de Comunidades a tomar las riendas de esta residencia de titularidad privada, para hacer frente al brote de coronavirus.

Con la comparecencia ante el juez del director de la residencia, José Manuel Sampedro, cuando ya eran 78 los muertos, se ponía fin a una serie de declaraciones, que debía haber concluido el pasado mes de abril de 2021, pero que finalmente tuvo que ser aplazada, estando a la espera de la fecha para fijar la celebración del juicio.

Decenas de personas, trabajadores y familiares de residentes, se han concentrado hoy a las puertas de la residencia Elder de Tomelloso, convocados por CC.OO. para exigir la dimisión de su director. Los participantes llevaban pancartas en las que podía leerse “Dimisión ya”, “Por una gestión digna y por el futuro de nuestros mayores” o “En lucha por el futuro de la residencia” (Diario.es, el 29 de julio de 2020).

A la espera de la sentencia, siempre que se celebre el juicio, nada mejor que recoger la situación de una gran mayoría de los pretanatorios a través de una dura y extensa carta escrita por Raquel quien, temiendo por la vida de su madre, interna en Orpea Buenavista de Madrid, se expresaba de esta manera en la carta enviada al director, recogida literalmente en el libro de Manuel Rico “¡Vergüenza! El escándalo de las residencias”: “Les he trasmitido en numerosas ocasiones – 12 correos electrónicos – que nuestros mayores son personas y se merecen el máximo respeto y las máximas atenciones, dado que son las que han conseguido con su esfuerzo y trabajo mantener la sociedad actual. Evidentemente, para el holding para el que usted trabaja, solo son una mercancía que genera beneficios millonarios. Mi madre paga 2.700 euros al mes actualmente, por la deficiente atención y alimentación que ha recibido hasta el momento en su residencia, durante los tras años que ha permanecido en ella. Según los datos publicados, la filial española del holding Orpea facturó 47,4 millones de euros durante el primer trimestre de 201. Quizá eso suponga un impedimento para contratar personal con la formación adecuada, en la cantidad necesaria y remunerarlos dignamente. Mientras no se proporcione una dignidad a los auxiliares de geriatría, nuestros mayores nunca podrán tener una digna atención. Esperemos que el Gobierno y las diferentes Administraciones, ante una situación de tan extrema gravedad e inhumanidad, tomen medidas contundentes al respecto, ya que con esta crisis se ha constatado la nefasta gestión de las residencias de mayores durante décadas.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cree necesario “un cambio cultural en España” similar al de otros países europeos, donde la edad de jubilación se extiende hasta los 75 años. Así lo ha afirmado en una entrevista con el diario Ara y recogida por Efe.El Gobierno pone un tope a la edad legal de jubilación: se quedará en 67 años desde 2027El Gobierno pone un tope a la edad legal de jubilación: se quedará en 67 años desde 2027El Gobierno pone un tope a la edad legal de jubilación: se quedará en 67 años desde 2027.La pensión media de jubilación representa el 62% del salario medio en 2021. Escrivá cree necesario “un cambio cultural en España” para seguir la “tendencia clara” que se está imponiendo en el resto de Europa. Según el ministro, España es “una anomalía a nivel europeo”, pues en el resto del continente la edad media de jubilación es más avanzada: “Entre los 55 y los 70 o 75 años se trabaja cada vez más”.

Tal y como ya expusiera en tres o cuatro artículos publicados en La Nueva España sobre las pensiones de todas, todos y todes para todes, todos y todas, hoy me voy a referir a otros aspectos de las mismas refiriéndome al papel de la izquierda sindical y política al quedar convertidas las pensiones en una especie de parteaguas deestas fuerzas. De una parte, después de habernos sido vendido el Acuerdo sobre las Pensiones, firmado el pasado 1 de julio de 2021 por el gobierno y la troika formada por la patronal y los sindicatos de CC.OO. y UGT, como un rotundo éxito, hasta el punto de que el artífice del acuerdo, el ministro Escrivá, enviaba un mensaje de tranquilidad tanto a Bruselas como a los grandes sectores financieros, pero, dejando muy claro, unas horas después, la verdadera disyuntiva que manejaba para “trabajar más años o percibir una pensión más pequeña”. Una versión radicalmente contraria de lo que venían predicando el gobierno, la patronal y, sobretodo, las élites de las llamadas centrales sindicales mayoritarias de UGT y CC.OO. Es decir, unas declaraciones del ministro que destruían en un plis plas toda la propaganda construida por los sindicatos a favor de la reforma de las pensiones.

Por otra parte, el otro convidado, Unidas Podemos, quedaba completamente desairado, después de tratar de reivindicarse capitalizando el acuerdo mostrándose paladines de las mejoras sociales, entre otras cuestiones porque para la organización morada este tipo de mensajes propagandísticos suponen una cuestión para su propia supervivencia, no en vano Unidas Podemos se había erigido en la esperanza de los pensionistas a la hora de garantizar un sistema público blindado en la Constitución española como uno de sus derechos fundamentales. De hecho, en nuestra última manifestación multitudinaria de Madrid, el 16 de octubre de 2019, había sido la única organización política que se había dignado a recibirnos para defender las mismas reivindicaciones que volvemos a presentar este próximo 16 de octubre de 2021 en el mismo lugar.

El ministro Escrivá, o mejor dicho, el gobierno más progresista en la historia de esta segunda restauración monárquica, ha destrozado por completo a la “izquierda” real de este país al despejar el horizonte de los recortes que se van a llevar a cabo en las pensiones, principalmente entre los de la generación del baby boom – los nacidos entre 1957 y hasta 1977, esto es, casi  ocho  millones de trabajadores con edades comprendidas entre los 45 y los 59 años -, dejando cada vez más claro que el empecinamiento por su defensa del  Pacto de Toledo –  hijo del otro, con el que decían no estar de acuerdo en nada – desautoriza completamente a Unidas Podemos, a la vez que desmoraliza a la mayoría de sus simpatizantes, no en vano Podemos había sido la opción electoral de una gran parte de la militancia en las plataformas de pensionistas enfrentadas a las propuestas del gobierno. Dicho en román paladino, una organización que da síntomas de derribo, sin una dirección fuerte y cohesionada, sin un proyecto político y, sobre todo, sin organización, está destinada a quedar convertida en el báculo del PSOE o, lo más que probable, a su desaparición.

Iglesias renuncia en plena época de reformas: sin huella en pensiones, empleo y justicia. El líder morado sale del Gobierno en el momento en que se decidirán reformas estructurales que determinarán la política económica de España para los próximos años

Qué duda cabe, Pedro Sánchez, usará esta debilidad de Unidas Podemos para seguir profundizando en los aspectos más neoliberales de su gobierno progresista. La buena sintonía entre éste y la patronal es una buena muestra de ello, hasta el extremo de que ya ha anunciado que no va a derogar la Reforma laboral del PP, sino que la va a “modernizar”.

Evidentemente, el PSOE no piensa cumplir la mayoría de los acuerdos pactados con la organización “morada”, al sentirse en una posición de fuerza dentro del ejecutivo, aunque su gobierno exteriormente tenga que sostenerse a base del chantaje permanente por parte de las fuerzas nazionalistas, pero sabe que Unidas Podemos no hará nada que ponga en peligro la coalición, entre otras cuestiones, porque el objetivo de la “izquierda morada” pasa en este momento por mantenerse en las instituciones al precio que sea, librando batallas menores, pero sin denunciar ni cuestionar los elementos centrales del discurso neoliberal, de tal manera que el acuerdo de las pensiones cierra este círculo de derechización que no es precisamente el de excelencia.

Ocurre, lisa y llanamente, que los grupos dirigentes y sus vehículos de inversión, bancos y entidades financieras, hace tiempo que han puesto el ojo en los fondos de pensiones, apropiándose de ellos por la vía de las reformas parciales para que llegados al año 2030 los futuros pensionistas vean su pensión mermada sensiblemente: pensiones privadas o fondos privados de empresa, esa es la cuestión. Claro está, para aquellos trabajadores que, con sus salarios, siempre que tengan un trabajo decente, se lo puedan costear. Llegados a este extremo los medios propagandísticos solo proponen estas dos opciones: o cobrar menos o trabajar más, tal y como defiende públicamente el ministro Escrivá llegando a proponer la jubilación a los 75 años.

Es decir, nos encontramos inmersos en un proceso de privatización acelerado que busca, a través de los fondos de pensiones, solventar una parte de la deuda pública norteamericana que es en realidad el gran problema económico del sistema occidental, utilizando para ello dos principios intrínsecamente falsos: el de la insostenibilidad del sistema público de pensiones y el recurso a la libertad de elección que no están sirviendo sino para ocultar sus objetivos inconfesables, entre otros, el asalto a la caja de las pensiones para que, una vez conseguido éste, pasar al recorte indirecto de las prestaciones y pasar finalmente a la privatización del sistema público, donde la Unión Europea juega el doble papel de escudo y espada; escudo porque los gobiernos tratan de justificar los recortes invocando los dictados de Bruselas y espada porque las resoluciones de los organismos internacionales sobre el tema son tomados como dogmas de fe incuestionables.

Unidas Podemos, único partido que tuvo la dignidad de recibir a los pensionistas en el Congreso de los Diputados para hacer suyas las propuestas de los colectivos, el 16 de octubre de 2019

El reciente 17 de junio de 2021, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, daba el plácet al “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España”, pero más recientemente, la ministra Nadia Calviño, una de las piezas claves de la Comisión Europa en el gobierno de España, sería ascendida a vicepresidenta primera del gobierno con la misión de abordar, junto con el ministro Escrivá, el espinoso asunto de las pensiones donde la batalla central  de los próximos meses no será tanto el reparto de las ayudas europeas, sino la privatización de las pensiones, no en vano Bruselas liberará en el mejor de los casos la cifra de 140.000 millones en seis años (2021-2027) mientras que el monto de las pensiones públicas suponen 130.000 millones anuales.

Es decir, el gobierno confía ahora su permanencia en el poder a los ingresos provenientes de las Ayudas Europeas, de tal manera que estos préstamos y créditos funcionarán como justificante del recorte de las pensiones – que nadie trate de engañarnos – bajo el slogan de que ¡Bruselas nos obliga!

¡Por eso y por otras cosas nos vamos a Madrid!

El presidente del Gobierno hizo ayer una encendida defensa de la utilidad del estado de alarma, medida de excepción de la que pedirá esta semana en el Congreso una nueva prórroga de un mes. Y para demostrar su beneficio apeló al dramatismo de las cifras, aludió al estudio serológico para justificar sus decisiones y mostró su satisfacción por no seguir lo que han hecho otros países en busca de la inmunidad de grupo o de rebaño. «Hoy sabemos que si hubiéramos seguido ese camino la infección podría haber alcanzado a más de 30 millones de compatriotas, y que podría haber costado la vida de 300.000 personas, uno de cada cien infectados o posiblemente más porque hubiera colapsado el sistema sanitario y hubiera aumentado la letalidad. Debemos tener muy en cuenta estas dos lecciones» (Congreso de los Diputados, el 15 de mayo de 2020)

Antes de nada, quiero dejar muy claro que no soy epidemiólogo, ni virólogo, ni mucho menos me considero un conspiranoico, entre otras cuestiones porque aún me funciona la cabeza moderadamente bien, y porque nunca entendí los procesos históricos como explicados por una sucesión de conspiraciones sino marcados siempre por la lucha de clases dentro de un formación económica y social dada, siendo muy consciente del funcionamiento de la economía bajo el capitalismo, rigiéndose en todo momento por la máxima de la rentabilidad, donde el gasto social nunca es rentable, dejando muy claro que los gobiernos que ocupan las poltronas ministeriales no son más que títeres de un guiñol.

Salvo las 300.000 vidas de las que Pedro Sánchez, en todo un alarde de ego, suficiencia y narcisismo, se jactaba de haber salvado en su comparecencia parlamentaria del pasado 15 de mayo de 2020, atribuyéndolo a los efectos de su gestión en general y al estado de alarma en particular, lo que todo pudiera parecer un mérito, sin embargo, la triste realidad es que no solo no había salvado una sola vida, sino que ni siquiera había descubierto ninguna vacuna y tampoco se había lanzado en pos de ningún ahogado.  

De hecho, tiene mucho más que ver con el número de muertos en España al 12 de octubre de 2021 – 86.827 muertos, según las cifras del gobierno, aunque un muy reciente análisis del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington eleva la cifra de muertos por coronavirus en España a 123.786, unos 36.959 más que los comunicados oficialmente, de los cuales más del 40 por ciento ocurrieron en los pretanatorios -, por no haber actuado a tiempo con los vivos que médicos, enfermeras y auxiliares lograron arrancar de las garras del coronavirus a pesar de la incompetencia de este Gobierno de fatuos y fatuas.

Si algún mérito se puede atribuir el presidente del gobierno ha sido su egoísta prioridad para relacionarse de forma eficaz con la elite globalista, hasta quedar convertido en una de sus marionetas o “tonto útil”, de tal manera que, inmerso en su soberbia y en sus intereses personales, sigue la música que le marca ese gobierno invisible que mueve los hilos, tal vez creyendo que, si se comporta como buen pastor de las ovejas, se salvará.

No obstante, conviene recordarle que Roma no paga a traidores, ya que, una vez utilizado para engañar y confundir a la ciudadanía, ese mismo poder le señalará como el responsable, como el verdadero culpable de su mala gestión en su lucha contra el coronavirus – ¿o fue buena, de acuerdo con los objetivos eugenésicos que se perseguían? -, usando como principal argumento para justificar su brutal embestida contra los Estados dizque soberanos la ineptidud a la vez que tachándolos de obsoletos e ineficaces para solucionar los problemas de carácter global, tales como la pandemia de la Covid 19 – a la que seguirán la Covid 20, la Covid 21 y sucesivas -, el cambio climático y la violencia de género, temas en los que ya han previsto redoblar los esfuerzos para los próximos años.

En efecto, esta clase de gobiernos como el de nuestro país, serán los primeros en caer, pero, además, caerán con sus manos manchadas de sangre, la sangre de ese pueblo que, mediante procesos que parecían limpios y democráticos, los había elegido para que los representaran y defendieran, cuando en realidad, a quien representaban era a las élites del verdadero poder, al egoísmo de la oligarquía financiera y al suyo propio.

Tal y como ha quedado demostrado hasta la saciedad, el plan trata de instaurar y establecer una autoridad global en cada uno de los ámbitos de la vida en el planeta, esto es una autoridad única para la salud, el comercio, la religión, el turismo, las energías, la vivienda, el agua, el espacio, la educación…Una autoridad única surgida de la red de poder filantrópica y globalista, que se extiende por el mundo para luego confluir en el mismo punto del que ha partido. Una voz única que no puede ser cuestionada y que imponga las normas que solo convengan a unos pocos.

Leyendo un discurso escrito previamente, el mismísimo presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmaba en el pleno del Congreso de los Diputados, el 22 de abril de 2020, que “esta emergencia mundial tenía como objetivo acelerar cambios que ya venían de hace años (…)”, a la vez que dejaba manifiestamente claro que el objetivo de la “táctica de la pandemia” era la gobernanza mundial, esto es un gobierno único en manos de las élites globales que nos ven, a los que quedemos vivos, como meros esclavos de la Tierra, que consideran de su propiedad.

El caso es que Bill Gates y su Melinda no cesan de alabar a Sánchez, tal y como ocurrió en setiembre de 2019, cuando el presidente estuvo en Nueva York con ellos en un acto de la Fundación Bill y Melinda Gates, para regalarle 100 millones de euros procedentes del erario español, lo que nos hace suponer que el plan y sus estrategias ya estaban trazados desde tiempos atrás, llegando a la conclusión de que la Covid-19 no ha sido un suceso casual, no se trata de un cisne negro como han pretendido hacernos creer.

De hecho, el Foro de Davos, donde participa el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ya había realizado un ejercicio contra una epidemia de coronavirus, en octubre de 2019, con la participación del Johns Hopkins Center for Health Security y de la Bill & Melinda Gates Foundation. El ejercicio en cuestión tuvo lugar en Nueva York, exactamente el 18 de octubre de 2019, dos meses antes del inicio de la pandemia en China, y su objetivo explícito del ejercicio realizado en Nueva York era planificar la respuesta de ciertas transnacionales y gobiernos ante una pandemia de coronavirus, cuando nada permitía predecir el inicio de la epidemia detectada en la ciudad china de Wuhan a inicios de diciembre.

“Ha llegado el momento de entrar en una nueva era que resuelva los fracasos del neoliberalismo a través de la solvencia de la democracia social, una nueva era que nunca más permita que el progreso económico se haga a expensas de los seres humanos”. Sería muy deseable que alguna vez se informara en el Congreso de los Diputados sobre las verdaderas funciones de organizaciones tan oscuras, aunque cada vez más claras, como el Foro de Davos, donde participa el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Abundando más en el tema, en enero de 2016, en la reunión del World Economic Forum en Davos (Suiza), se había parido un proyecto muy ambicioso con el objetivo de explorar nuevas vías de desarrollo de las respuestas a los retos más importantes a nivel global en relación a las enfermedades infecciosas emergentes, gestada en el seno de la OMS y por interés de varios gobiernos, entidades de diversa naturaleza y múltiples expertos, y concretado en la entidad Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) que ha sido oficialmente presentada en la reunión de 2017 del Foro Económico Mundial, nuevamente en Davos (Suiza), con los objetivos de estimular, financiar y coordinar el desarrollo de nuevas vacunas frente a enfermedades infecciosas capaces de causar brotes y epidemias, especialmente en casos en los que los incentivos del mercado por sí solos son insuficientes, siendo sus impulsores iniciales, además de la Organización Mundial de la Salud (OMS),  los gobiernos de Noruega e India, Welcome Trust, Bill and Melinda Gates Foundation y el World Economic Forum, contando con un presupuesto de, al menos, 1000 millones de dólares para los próximos cinco años.

Sería el 4 de mayo de 2020 cuando se celebraba on line la Conferencia de Donantes de Respuesta Global a la Covid-19, convocada por la Comisión Europea, donde su presidenta Úrsula von der Leyen, instaba a todos los gobernantes a pasar por caja con el argumento de luchar contra el virus, de tal manera que un obediente Pedro Sánchez, cual científico eminente, afirmaba en su discurso escrito que “el único camino posible para vencer a la pandemia será el del acceso rápido y asequible a las vacunas, los tratamientos y los diagnósticos en todo el mundo, y la buena noticia es que tenemos un plan para lograrlo. España se suma a esta iniciativa con espíritu de solidaridad y cooperación, impulsando el liderazgo de la OMS, tan importante en estos momentos decisivos para la humanidad”.

El plan de este consorcio global trataba de cambiar las leyes para obligar a vacunar a toda la población, contribuyendo con 125 millones de euros con la premisa de “No dejar a nadie atrás”. ¿Y si el coronavirus no hubiese sido tan impredecible?

A lo largo de mi trayectoria sindical y política si algo he aprendido es que detrás de lo que vemos en la pantalla existe otro mundo, también real, pero oculto, con sus propios intereses y sus maneras de presionar a los gobernantes y a los ciudadanos para lograr sus propósitos, un mundo real e invisible formado por una psique distinta a la del resto de los mortales, que colaboran entre sí para hacerse cada vez más poderosos, poniendo siempre por delante su arma principal de la mentira.

Pues bien, a raíz de nuestro arresto domiciliario producido como consecuencia del estado de alarma decretado con fecha 14 de marzo de 2020 por el gobierno español, tuve ocasión de tener en mis manos la revista The Economist – propiedad de las élites financieras que dominan el mundo -, con una inquietante portada en la que aparecía una mano gigante sujetando con una correa un pequeño hombre, como si fuera sacado  a pasear y a hacer sus necesidades, exactamente lo mismo que él hace con el perro que sostiene de su correa. Sobre las cabezas de ambos, un contundente titular: “Every – thing’s under control” (“Todo está bajo control”), al que le sigue el no menos sugerente subtítulo Big government, liberty and the virus (“El gran gobierno, la libertad y el virus”). ¿Qué significa una portada como la descrita, nos preguntaremos? ¿Qué nos quieren decir los “amos” del mundo con ese escalofriante “todo está bajo control”?

Desde luego, no hay que ser demasiado listos para darse cuenta de que los que estamos “bajo control” somos todos nosotros, riéndose en nuestras propias caras mientras nos siguen matando y enfermando a la espera de otra visita del bicho, si es que este se acaba marchando. La cuestión es que, desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, está prohibido pensar y expresarnos con libertad, bajo pena de cárcel o multa, e incluso a riesgo de ser desterrado de la nueva ciudad global que están construyendo.

La revista “The economist”, propiedad de parte de las familias de la élite que dominan el sistema socio-económico mundial, ha sacado en su edición de este mes de marzo de 2020 una contundente portada que debería hacernos reflexionar a todos. En ella podemos ver una mano enorme que representa al poder en la sombra sujetando con una correa a un diminuto ser humano como si fuera un perro bajo la expresión “todo está bajo control”. ¿Qué significa “todo está bajo control”?

Es decir, si nos portamos bien y cumplimos como buenos ciudadanos globales, entonces nos concederán un “pasaporte de inmunidad” como lo ha llamado la OMS, porque si no lo tienes, no podrás viajar en avión, ni en tren ni en metro, ni siquiera podrás ir a comparar el pan a la panadería de la esquina. Te prohibirán salir de casa, y si te atreves a disentir o a criticar la verdad oficial, vivirás extramuros, en el ostracismo, llegando a considerarte un bárbaro sin “conciencia social” sufriendo el castigo de no poder participar de la civilización domesticada e inhumana de esta nueva normalidad.

Paradójicamente, la primera víctima global de la Covid-19 ha resultado ser la Organización Mundial de la Salud (OMS), el organismo internacional surgido de la post guerra, que tiene entre sus responsabilidades prevenir y actuar sobre las epidemias, siendo acusada por especialistas y gobiernos de ir detrás del virus y, por lo tanto, de no actuar adecuadamente para moderar su propagación, hasta el extremo de criticarla por  dilatar premeditadamente la toma de decisiones esenciales y omitir las recomendaciones sobre medidas sanitarias que más tarde fueron reconocidas como esenciales para combatir el virus.

Bill Gates sigue siendo el principal financiador y contribuye más al presupuesto bienal de la OMS de 4.840 millones de dólares que cualquier gobierno de un estado miembro. Como reveló una copia preliminar de «Vax-Unvax», el nuevo libro de Robert F. Kennedy Jr., que se publicará en noviembre de 2021, «Gates ha utilizado su dinero estratégicamente para infectar a las agencias internacionales de ayuda con sus prioridades egoístas». Bill Gates contribuye a la OMS a través de múltiples vías, incluida la Fundación Bill y Melinda Gates, así como GAVI, que fue fundada por la Fundación Gates en asociación con la OMS, el Banco Mundial y varios fabricantes de vacunas (Foto de Bill Gates y Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud)

¿De verdad que nos podemos fiar de la OMS como brazo armado de ese gobierno global al que, tal como vienen demostrando reiteradamente, le sobran las personas – en la “nueva normalidad” de sus mercados prefieren los robots -, y muy especialmente le sobran los mayores que lastran la economía, porque no son más que números en los sistemas de pensiones? Números que merman sus tesoros, estando convencidos de que los ancianos y ancianas les están robando porque no trabajan en sus empresas globales. ¿Cómo ha sido posible que muchos ancianos hayan entrado en los hospitales durante la pandemia del coronavirus con un simple resfriado y salieran en un ataúd? ¿Por qué en las residencias o pretanatorios han muerto aquellos que estaban sanos? ¿Podemos pensar que se les ha aplicado la eugenesia? Sin lugar a dudas parece ser que nos encontramos ante un virus muy inteligente.

La historia de la OMS ilustra claramente su lealtad a las grandes farmacéuticas y otro tipo de industrias, de tal manera que, dada la evidencia contundente y constante de que la OMS está fuertemente en conflicto y controlada por la industria, su utilidad como guardiana de la salud pública debería de tenerse muy en cuenta a la hora de fiarnos de ella.  

Desde las grandes empresas tabacaleras hasta la industria nuclear y farmacéutica, las industrias han dictado históricamente la agenda global de la OMS y continúan haciéndolo en la actualidad, anteponiendo las ganancias y el poder a la salud pública.

La OMS, por ejemplo, ha restado importancia a los efectos en la salud causados ​​por el desastre nuclear de Chernobil de 1986, afirmando que solo 50 muertes fueron causadas directamente por el incidente y que “un total de hasta 4.000 personas podrían eventualmente morir por exposición a la radiación” del desastre.

El etíope se encuentra en un callejón sin salida. Los hechos que Tedros ha protagonizado, su turbio pasado y la cronología manifiesta de los acontecimientos por los que sería cómplice de ocultación de la pandemia del virus de Wuhan, dejan entrever que el biólogo podría tener graves responsabilidades al retrasar la alerta mundial, pudiendo, en ese caso, haber ayudado al gigante asiático. Su candidatura en 2017 a la OMS fue precedida durante meses por una campaña en su contra que desembocó en cientos de manifestaciones en todo el mundo por parte de sus compatriotas etíopes exiliados. En las protestas de Ginebra en mayo, los disidentes portaban lemas como “los que matan no curan”, y pidieron a la OMS que mostraran su rechazo a Tedros. Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW) han acusado a Tedros Adhanom de provocar centenares de muertos en su país de origen, Etiopía, por no haber informado de las tres epidemias de cólera cuando fue ministro de Sanidad, en 2006, 2009 y 2011.

Por otra parte, la OMS recibiría más de 1,6 millones de dólares del gigante de los opioides Purdue de 1999 a 2010, llegando a utilizar datos de opioides respaldados por la industria para incorporarlos en sus pautas oficiales pro-opioides. Según la Alliance of Human Research Protection, la colaboración de la OMS con Purdue condujo a un mayor uso de opioides y adicción global. Debido a su aceptación del dinero privado, una revisión en el Journal of Integrative Medicine & Therapy llegó a decir que la corrupción de la OMS es la “mayor amenaza para la salud pública mundial de nuestro tiempo”, particularmente en lo que se refiere a las recomendaciones de medicamentos de la OMS, incluida su “lista de medicamentos esenciales”, que considera sesgada y no fiable.

Además, en el caso concreto de la Covid-19 la lealtad de la OMS a China se había asegurado años antes, cuando China obtuvo los votos de la OMS para garantizar que su candidato se convirtiera en director general. Una investigación del Sunday Times llegó a publicar que “El liderazgo de la OMS dio prioridad a los intereses económicos de China sobre detener la propagación del virus cuando surgió Covid-19. China ejerció el control final sobre la investigación de la OMS sobre los orígenes de Covid-19, nombrando a los expertos elegidos y negociando un acuerdo secreto para diluir el mandato”.

Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias al Ayuntamiento de Mieres por facilitarme, una vez más, esta magnífica tribuna de la Casa de la Cultura de Mieres para la presentación de mi libro, organizada por la Librería La Pilarica de Mieres. Gracias al profesor Ernesto Burgos por concederme el honor de presentar mi libro y, como no, gracias a los compañeros y compañeras de la tertulia ENCUENTROS por ofrecerme la posibilidad de publicar la obra.

“ASTURIAS SAQUEADA” es un libro del que me siento especialmente satisfecho, aunque debo de reconocer que hubiera preferido escribir sobre una Asturias plena de trabajo y prosperidad al servicio de España como lo fue tantos años atrás. Es una crónica escrita en carne y hueso de lo que ha ocurrido en nuestra comunidad desde la revolución del 34 hasta nuestros días. Una crónica realizada en clave de lucha por la libertad, la igualdad y la solidaridad, donde sus hombres y mujeres son los principales protagonistas.

“ASTURIAS SAQUEADA” es un libro para la lectura y la reflexión que forman todo un cuerpo de acción, de pensamiento de ideas, de principios y de valores políticos, pero también es un libro que denuncia la CORRUPCIÓN en nuestras instituciones y, cómo no, en el sindicalismo minero al que he dedicado los años más importantes de mi vida, siempre concibiendo el sindicalismo de clase fundamentado en una escala de principios y valores.

Si para unos el sindicato era considerado como una mera correa de transmisión respecto a los partidos, y para otros el sindicato sigue siendo considerado como un arma política para medrar o hacerse una carrera profesional, para mí el sindicalismo ha sido y sigue siendo la expresión de una lucha reivindicativa a la par que de transformación cualitativa de las relaciones sociales y de producción. Por eso hay que tener mucho cuidado con esa seudo-izquierda compuesta en gran parte de oportunismo y arribismo.

Aquellos que más gritan ahora que son de izquierda son los que no lo han sido nunca, los que durante muchos años atrás han navegado a favor de la corriente, sin haber conocido lo que es la penuria e indiferentes a los sufrimientos y preocupaciones del pueblo, de la clase trabajadora. Para esa gente, la izquierda es como un valor de bolsa; se apuntan a ella según la cotización que alcance en el mercado.

Una izquierda auténtica y digna de ese nombre en absoluto se improvisa y mucho menos se logra por permanecer unos días de acampada en cualquier plaza o lugar cantando la Bella Ciao y la Marsellesa. Se pueden improvisar insignias, banderas de muchos colorines, etiquetas, publicaciones a todo lujo y cuentas corrientes, pero nunca una conciencia de izquierda lograda de manera express. Para lo primero solo hace falta dinero – en su mayoría logrado por métodos mafiosos y una buena dosis de cinismo -; lo segundo se logra a través de la honradez, la honestidad, el sacrificio y la integridad moral.

Y es que, cualquier movimiento político carente de virtudes como las descritas, jamás podrá ser de izquierda, por mucho que se insista en la estrategia del magnate húngaro George Soros entre “los de abajo y los de arriba”, a la vez que llamando “estafa” al juego de izquierda-derecha. Para mí, ser de izquierda no significa otra cosa que seguir aspirando a ennoblecer el mundo hasta lograr desterrar la injusticia y la ignominia del mismo.

En su libro “POLÍTICA” y en sus libros de ética, Aristóteles nos demuestra que la base de la “polis” no puede ser otra que la virtud, fuente de la amistad y la justicia, porque un Estado carente de virtud, nos dice el gran filósofo griego, degenera finalmente en tiranía, oligarquía o demagogia.

Actualmente, en la situación que nos toca vivir en este mundo globalizado, agravado por la globalización del coronavirus, la amistad ha sido cambiada por el odio, y cuando el odio rompe el marco de la subjetividad se transforma fácilmente en terrorismo, totalitarismo, dictadura fascista, delincuencia política, bombas, atentados y guerras, demasiadas guerras, aunque algunas, como la del Coltán en la República del Congo, no ocupen las páginas de los periódicos a pesar de llevar más de cinco millones de muertos desde 1997 hasta nuestros días.

Desde mi punto de vista, la gran tragedia de la izquierda actual es que carece del espíritu obrero que toda izquierda verdadera debería poseer. Sus líderes y lideresas hablan en nombre del pueblo, pero no son el pueblo, con el que nunca han convivido estrechamente y al que solo conocen como masa. Hablan de igualdad y de socialismo, pero en su manera de vivir y actuar enseguida imitan los modales y vicios de la propia burguesía, en cuyo seno se han formado la inmensa mayoría de ellos.

“ASTURIAS SAQUEADA”, tal y como ha quedado dicho, es también un libro que denuncia la CORRUPCIÓN, en este caso dando continuación en sus páginas a la corrupción en el sindicalismo minero, objeto de mi libro sobre el VILLAMOCHO.

Efectivamente, nos encontramos ante la historia de una mafia, la mafia del SOMA-UGT-PSOE, donde solo se ha abandonado la bandera negra con la calavera por el estuche negro del ordenador; y la maleta con la ametralladora por el maletín del ejecutivo para diferenciarla de la mafia caponesca del Chicago de los años 20 o de las actuales mafias calabresa y siciliana.

En Asturias, la mafia del SOMA-UGT-PSOE ha pasado a conocerse por el VILLAMOCHO, cuyos principales capos, resultaron sentenciados judicialmente con años de cárcel, al igual que ha ocurrido con los casos de la Marea Riopodrense o el Niemeyer, y puede volver a reproducirse nuevamente con el “caso Hulla” del Montepío de la Minería Asturiana, por no hablar del proceso judicial de los fondos de formación de parados, que actualmente se libra contra la UGT en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, para el que la fiscalía pide hasta 40 años de cárcel para la cúpula dirigente del sindicato.

Sin embargo, lo más grave en el caso que nos ocupa de la “ASTURIAS SAQUEADA”, es que la corrupción política y económica ha servido para llevar a una región próspera y rica como Asturias a la más de las paupérrimas miserias, hasta dejarla transformada en un auténtico paraje lunar, con mucho mayor deterioro de nuestras comarcas mineras, como consecuencia de haberse cargado el sector minero-energético-siderúrgico sin haber generado ningún tejido industrial alternativo.

En efecto, nuestras comarcas mineras son el paradigma de la crisis que vive nuestra región, y el Valle del Caudal un triste ejemplo, donde confluyen crisis industrial y económica, con el resultado expresado en desempleo, pérdida de población y un envejecimiento que nos lleva hacia la asunción de una gran empresa geriátrica.

Es decir, el proceso de destrucción de empleo que han sufrido en los últimos años ha sido brutal. Basta señalar que en las cuencas se destruyó, en los últimos 23 años, hasta el 60% del empleo existente Son datos dramáticos.

Por cierto, ¿ qué ha sido de aquel “Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras”, anunciado en octubre de 2018 en un contexto de descarbonización acelerada por el Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo objetivo era la reactivación y desarrollo alternativo de las comarcas mineras?

Se sabe, eso sí, que los jabalíes están tomando posesión en los pueblos que se van quedando despoblados por todas las comarcas mineras,  y ello a pesar de las cantidades multimillonarias de euros que se destinaron en concepto de Fondos Mineros, sobre todo en hormigón para hacer carreteras, de tal manera que ese 40 % de paro juvenil en nuestra región tenga más facilidad para largarse del pueblo que les ha visto nacer, por cierto, en muchas ocasiones con  escasa formación, debido, entre otras cuestiones, a que las cantidades multimillonarias destinadas para su formación fueron destinadas, en el mejor de los casos, a la financiación de las estructuras burocráticas de los partidos, empresas y sus correspondientes “élites del pandillerismo sindical”, como el caso comentado de UGT.

Pero, más allá de los terribles efectos secundarios de la corrupción, la “ASTURIAS SAQUEADA” cuenta la historia de una eterna promesa para ganar el futuro, donde nunca ha habido una estrategia definida para la reindustrialización, aunque si hubo montañas de dinero, por cierto, muy mal gastado, cuando no robado, y ante esta carencia de planes, los profesionales de la política lo han fiado casi todo a las infraestructuras, donde las inauguraciones con sus correspondientes “mordidas” del hormigón sirvieron como  vara de medir a los gobiernos del bipartidismo turnista del PPSOE, de tal manera que el exministro y vicepresidente del gobierno del PP, Francisco Álvarez Cascos, aprovechaba las vacaciones de Aznar para erigirse como el rey del Norte, eso sí, en perfecta connivencia con el virrey somático del PSOE en Asturias, el recluso en libertad, Fernández Villa.

Por eso, el fallecido Tini Areces no tenía un sueño, sino tres: la ampliación del Musel, el Niemeyer y el HUCA, todos ellos auténticos dislates financieros muy bien documentados, aunque, siendo verdad que estos se acabaron, no es menos cierto que su financiación se esté dilucidando, al igual que ocurre con el geriátrico del Montepío Minero en Felechosa, en los Tribunales de Justicia.

La cruda realidad queda plasmada en el último y muy reciente informe de EUROSTAT que resulta demoledor para nuestra región, con una imagen tenebrosa en la que la “ASTURIAS SAQUEADA”, con el 18 por ciento de paro, se sitúa entre las 20 regiones de Europa con mayor tasa de desempleo, con un nuevo y amargo récord de paro juvenil en torno al 40 % y unas cifras de larga duración que asustan al más optimista.

Más de 40.000 jóvenes menores de 35 años han emigrado de Asturias en la última década – según el expresidente de Asturias Vicente Álvarez Areces, era una “leyenda urbana” -, y lo hacen por obligación, porque su tierra natal no les ofrece desde hace mucho tiempo la posibilidad de un salario suficiente para vivir con un mínimo de dignidad.

De las 260 regiones que conforman la Unión Europea de los 27, Asturias se encuentra entre las que ostentan un lugar de preferencia en la cola del paro, siendo solamente superada por ocho comunidades españolas, dos francesas y nueve griegas que ostentan el dudoso honor de superar el porcentaje del Principado. De hecho, cinco regiones españolas, con Andalucía a la cabeza, son las que encabezan el ranking europeo.

Esa es la gestión del PSOE en el gobierno de Asturias, aquel partido que protagonizó aquella brutal y salvaje RECONVERSION INDUSTRIAL que, disfrazada bajo el pomposo nombre de MODERNIZACIÓN DEL APARATO INDUSTRIAL, supuso el cierre masivo de nuestra minería, de nuestras industrias, de nuestra agricultura y ganadería, sin un desarrollo paralelo de un nuevo tejido industrial, en el que sectores enteros fueron desmantelados y miles de trabajadores pasaron a engrosar las cifras del paro, una operación que continuaron ejecutando sus socios del bipartidismo turnista PPSOE.

Sí, amigas y amigos, esa es la cruda realidad de nuestra minería, de nuestra industria, y todo ello para dejarnos entrar en el elitista club de la Comunidad Económica Europea, donde nuestros futuros socios europeos exigían al gobierno felipista que iniciara un suicida desmantelamiento de sectores enteros de nuestra economía ya que, si no lo llevaban a cabo, jamás autorizarían el ingreso de España, entre otras cuestiones, porque los fundadores de Europa – como si nosotros viniéramos de otra galaxia – no querían ningún tipo de competencia para sus productos y no podían permitir la entrada de un país que figuraba entre las diez potencias industriales del mundo.

Es verdad que la crisis se ha llevado por delante una gran parte de nuestra riqueza material, pero no es menos verdad que nuestra riqueza material ni estuvo ni está siendo defendida y gestionada por personas decentes, sino por auténticos  “sicarios” al servicio de la burguesía española, perfectamente representada por el bipartidismo turnista del PPSOE, surgido de la segunda restauración borbónica de 1978, de tal manera que la falsa bonanza económica que precedió a la crisis se había llevado una buena parte de nuestros valores, y sólo desde un pensamiento sincero, crítico, limpio, claro, generoso y humilde podemos regenerar nuestra conciencia para que el futuro se asiente sobre unas bases sólidas.

Sin embargo, los indicadores del bienestar social, tales como la larga esperanza de vida, las altas pensiones, los niveles de renta y de consumo superiores a la media española con tasas de pobreza y de desigualdad sensiblemente inferiores, en absoluto reflejan la magnitud del problema que tiene Asturias.

Pero, este bienestar tan solo esconde una relación con lo que ha sido una fortaleza del movimiento obrero, con las compensaciones recibidas a cambio del desmantelamiento de los sectores industriales en los que se asentó aquella prosperidad que no volverá, al menos sobre aquellas bases de una región de la vieja industrialización del carbón y del acero como la nuestra. Más bien todo lo contrario, cuando el porvenir sigue amenazando un empeoramiento en la medida que vayan desapareciendo las transferencias de las rentas que, por ahora, siguen manteniendo algo más que una economía de ficción, sin olvidarnos de que la ratio de 1,2 entre trabajadores ocupados y pensionistas hace de la Seguridad Social el más importante sostén de la región asturiana.

Aquella Asturias obrera, dinamitera, revolucionaria, antifranquista e industrial. Aquella Asturias de migrantes y acogida, de asturianos y asturianas que aún conservan su acento extremeño, andaluz, gallego o portugués. Aquella Asturias que fuera hogar de mujeres que hicieron posible la resistencia clandestina contra la dictadura, pagando con torturas su papel imprescindible en las huelgonas de los años 60. Aquella Asturias es la que permanece hoy en la UVI, agonizando a la vez que olvidándose de que la lucha fue y sigue siendo el único camino para encarar el futuro como un colectivo que confíe en sus posibilidades de progreso.

Puede que ahora estemos en una encrucijada, pero estar en la encrucijada es justamente lo contrario de encontrarse en un callejón sin salida. Todo es dar con el camino, y “se hace camino al andar”.

Y para andar ese camino tenemos que unir todas nuestras fuerzas antes de seguir disgregándolas, porque esa es una tarea de nadie en particular y de todos en general que requiere sumar y no dividir voluntades y esfuerzos, estimular iniciativas, sembrar solidaridades, y remontar adversidades como siempre supo hacer el pueblo asturiano, que tiene en su tradición, en su gerencia, en su atractivo y en sus gentes, sobre todo en sus gentes, los mejores instrumentos para superarse.

Lo que sí conviene saber es que para salir de esta dramática situación tenemos más recursos que nunca: más ciencia, más tecnología, más infraestructuras, mucho carbón, mucha agua, mucha masa forestal, y sobre todo mucha tradición industrial… Solo necesitamos recuperar la educación y los valores. Y, por supuesto, la voluntad de asentar sobre ellos una justicia insobornable, sólida y humana. Y no demos vueltas a la pirindola para llegar al mismo sitio de partida, porque mientras la justicia no sea justicia, nunca habrá justicia.

Creíamos que el bienestar era poco menos que eterno. Pero el virus de la codicia se ha llevado por delante las certezas y ha teñido de oscuridad los horizontes. Allí donde había luz hay sombra, allí donde había calma hay desasosiego, allí donde había seguridad hay incertidumbre y angustia. Y lo que es peor aún: allí donde había despilfarro comienza a aparecer el drama del hambre.

Pero, el PARO es algo más que un número, compañeras y compañeros, y mucho más que una simple estadística partidista. Es un drama, es un cáncer que desgarra la persona que eres, el hombre o mujer que algún día fuiste, ese o esa que se creía libre por poder pagar sus cosas, por no depender, por no vivir bajo la manutención de otro.

La situación de un parado temporal puede ser más o menos incómoda. La situación de un parado a la espera del tan cacareado Ingreso Mínimo Vital es angustiosa y deprimente, pero la situación de un parado sin esperanza es sencillamente destructiva, y solo una sociedad enferma puede permanecer impasible ante la aniquilación humillante de algunos de sus miembros. Es algo radicalmente inhumano.

¿Qué está pasando en esta sociedad? Pues, lisa y llanamente, que alrededor de la crisis económica se está instaurando un mensaje muy peligroso. Una política, al margen de la economía, que está cuestionando la estructura de un estado social y democrático. Es la política la que está socavando sus cimientos. Y ya sabemos lo que hay detrás de la democracia. Se está poniendo cerco a la sanidad, a la ley de la dependencia, a la educación pública, al sistema público de las pensiones. Se limitan las prestaciones por desempleo.

¿Qué futuro nos espera entonces, si no queremos ver transformada nuestra región en un paraíso natural deshabitado y ruina arqueológica industrial? Más pobreza, menos igualdad, menos derechos.

Es imposible, desde mi punto de vista, construir el futuro sin presente. Y es que el presente se está destruyendo, para construir a su alrededor un estado del “sálvese quien pueda” en un ambiente cada vez más deshumanizado, sin que ni siquiera nos impacten las cifras de paro, ni de las personas que ocupan plazas de pobreza, ni las imágenes terribles de los desahucios por haber perdido el puesto de trabajo, ni las personas que mueren todos los años por no poder pagar la factura energética.

A la vista de esta cruda realidad, resulta harto difícil, por no decir imposible, que la nueva política pueda brotar de las madrigueras en las que siguen atrincheradas las comadrejas de la vieja política. El milagro del arrepentimiento y la redención por las buenas obras siempre es posible. Pero será eso: un milagro. Y los milagros solo existen en aquella historia sagrada que nos contaban en la escuela del nacionalcatolicismo. La cruda realidad es que, seguir viviendo, respirando, amando, riendo, y siendo capaces de salir adelante a pesar de todo, son los grandes y únicos milagros que todos deberíamos celebrar cada día.

En todo caso éste es el rasero por el que debiéramos de apostar en cada momento a la hora de elegir a los hombres y mujeres que tienen que regir los destinos de nuestro pueblo: el que esté dispuesto a cambiar la ley electoral, a imponer la democracia interna en los partidos, a devolver la independencia al poder judicial, a renunciar a aforamientos y demás privilegios, a predicar con el ejemplo dando un paso atrás ante la menor sospecha de connivencia con la corrupción, a incluir mecanismos de participación ciudadana en el proceso legislativo, a poner fin a los desahucios de la vivienda,  promulgando una Renta Básica Universal, nacionalizando el sector energético en su conjunto, poniendo fin al “austericidio” y blindando el sistema público de las pensiones como uno de los derechos fundamentales de la Constitución, entre otras cuestiones vitales.   Ése representará a la nueva política. Lo demás será seguir construyendo chimeneas, cada vez más altas, para seguir vendiendo fumo y más fumo.

Parafraseando a Aristóteles, se puede afirmar que sólo existen dos tipos de gobernantes: los que defienden al pueblo del DINERO y los que defienden el DINERO del pueblo. Lo demás será, lisa y llanamente, más de lo mismo: Paro y Corrupción y más Corrupción y Paro, y lo más grave para una sociedad, que los votantes que sigan votando a los corruptos, sabiéndolo como lo saben, serán, por lo menos, sus cómplices.

No nos engañemos, ni nadie trate de engañarnos. La ciudadanía acude gozosa a las urnas, una vez cada cuatro años – a veces hasta cuatro veces en menos de cuatro años -, integrándose en la máquina administrativa del Estado, olvidándose de sí misma y de la sociedad, para elegir las pirámides de burócratas de partido, con un jefe absoluto en la cúspide, que aspiran a estar detrás de la ventanilla en todas las manifestaciones externas del Estado.

Mientras que los resortes del poder interno del Estado, los que otorgan privilegios y concesiones al gran capital, ni se rozan en las elecciones ni en los programas de los partidos gobernantes, convirtiendo el voto en una baratísima y obnubilante gallofa que los amos del dinero tienden a las masas para hacerles creer que rigen sus destinos, mientras ellos se dedican a despojar la riqueza de las naciones y concentrarlas en unas pocas manos.

No hubo ni izquierda ni derecha que haya osado oponerse, desde el Gobierno y en defensa de la libertad, a las grandes concentraciones de poder financiero y mediático, suficiente para deducir que la corrupción es inseparable del estado de partidos y que la naturaleza del Régimen que vivimos es la propia de una oligarquía, donde el 1% de la población más rica en España concentra una cuarta parte de la riqueza (25,1%), casi lo mismo que el 70% de la población (32,1%).

Sin embargo, amigas y amigos, la democracia institucional es posible. Basta con cambiar el sistema electoral y separar los poderes del Estado. Basta con dar a la ciudadanía el derecho de elegir a sus representantes. Basta con prohibir el escandaloso cinismo de que hombres y mujeres de un mismo partido, y de una misma elección, sean a la vez legisladores, gobernantes, jueces, administradores, consejeros jurídicos y auditores del Estado. ¡¡¡ Son la misma cosa, y a esto yo lo llamo dictadura plural!!!

Efectivamente, los electores votan, pero no eligen, porque refrendar una de las listas de partido no es elegir. Los integrantes de las listas no son elegidos por los votantes, sino por los jefes de partido y, por lo tanto, no representan a los electores ni a la sociedad civil.

¡No! No se vota a diputados de los electores, del pueblo o de la sociedad, sino a puros delegados de los partidos estatales. Todos los gobernantes y gobernados, apuntalan la colosal mentira de llamar legislativas a lo que realmente son unas burocráticas elecciones administrativas para cubrir puestos de relieve en el Estado; de llamar representantes del pueblo a simples delegados de partidos; de llamar separación de poderes a la simple separación de funciones públicas entre personas de una misma obediencia de partido; de llamar democracia representativa a esta más que degenerada y corrompida oligarquía estatal.

En fin, amigas y amigos, no es mi intención contaros todo el contenido de mi libro, porque pretendo que lo lean. Ha sido un placer compartir con vosotros y vosotras estos minutos, y solo me queda agradeceros vuestra paciencia y vuestra amabilidad.

Muchas gracias.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado han interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas que supuestamente desobedecían el Real Decreto del Estado de Alarma, sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales. Y esto bajo la aplicación de la denominada Ley Mordaza, una ley que, tal y como ha repetido Amnistía Internacional desde hace años, debe modificarse porque supone una amenaza para los derechos de reunión pacífica, expresión e información, al igual que amplía los poderes de la policía a la hora de sancionar, sin otorgar mecanismos de control (Amnistía Internacional, 8 de mayo de 2020)

Desde que se impusiera el estado de alarma en nuestro país llevamos al día de hoy, 14 de octubre de 2021, seiscientos setenta días con la pandemia y el lema de que “el fin justifica los medios”, de tal manera que nos ha tocado ver cosas tan horribles como muertes por abandono o dosis de morfina, entre otras prácticas, en muchos de los pretanatorios llamados sarcásticamente residencias de mayores, las muertes en solitario por todos los rincones de los hospitales y geriátricos, los partos más violentos que nunca, la privación de la libertad, los recortes de derechos sin ciencia ni ética, la consulta médica telefónica, y un largo etcétera.

En la calle se ha extendido la violencia policial, bien vista y estimulada por las autoridades, pero también por una parte de la población que estuvo dispuesta para hacer de policía, denunciando y criticando a sus vecinos por “irresponsables” al verlos sin mascarilla o a una distancia entre sí de 1,49 metros en las colas del pan, tal y como si no hubiera pasado el tiempo de los “chivatos y los somatenes” – en los primeros meses de la pandemia no eran necesarias las mascarillas -, o cuando los veían salir del portal en pleno “arresto domiciliario”, sin ni siquiera preguntarse se tenían el perro en el trastero para ir a sacarlo a cagar, incluso con denuncias escritas a la policía, como ha quedado fehacientemente demostrado en algunos casos.

Ahora les toca el turno a las vacunas, y por más que el Consejo de Europa haya dicho que tienen que ser voluntarias y que no se puede discriminar a nadie, sirvan las imposiciones realizadas en las llamadas residencias de mayores.

Una cuestión ha quedado muy clara a lo largo de la historia: nunca se ha demostrado que las vacunas sean más eficaces que no hacer nada en absoluto. Todo lo contrario, cuando sí ha quedado demostrado que han contribuido a numerosos brotes de múltiples enfermedades, incluso la muerte.

En 1918-1919, por ejemplo, durante el brote de gripe aviar conocido como “gripe española”, aunque procedente de EE.UU., solo aquellos soldados y civiles que se vacunaron contra la gripe realmente enfermaron y murieron, a menudo justo después de ponerles la inyección. Millones de personas murieron por vacunas letales contra las que el cuerpo no tenía defensas naturales, de tal manera que los que se negaron a ponerse la vacuna permanecieron sanos, incluso a pesar de ayudar a los enfermos y llevarse los cadáveres. No, no se trata de ninguna teoría negacionista ni nada que se le asemeje. Se trata de una realidad perfectamente constatada en los documentos existentes.

El simple hecho de que ciertos sectores de la población, como el caso citado de la “gripe española” donde los soldados fueron utilizados en experimentos humanos para probar vacunas sin su consentimiento y, a veces, sin que lo supieran siquiera, junto con los motivos encubiertos de los fabricantes de las vacunas, debiera hacernos de reflexionar a todos de que nos encontramos ante un asunto muy peligroso. ¿Acaso nuestros mayores fallecidos en los pretanatorios fueron o están siendo utilizados como experimento a modo de “cobayas” de la misma manera que fueron utilizados aquellos soldados en la llamada “gripe española” de 1918?  Pienso que no podemos continuar obedeciendo como carneros de un rebaño, sin tener el conocimiento necesario.

Además, ¿por qué debemos de confiar nuestra salud, nuestro bienestar e incluso nuestra vida a unos responsables políticos que, haciéndose epidemiólogos y virólogos de la noche a la mañana, se pasan la vida engañando al pueblo con falsas promesas? ¿por qué fiarnos de unas compañías farmacéuticas cuyo único fin es el negocio multimillonario obtenido con sus pócimas y venenos?

Las grandes farmacéuticas internacionales involucradas en la producción de la vacuna contra la covid-19 han ganado más de 24.500 millones de euros en el primer semestre de 2021, impulsadas por la alta demanda del fármaco. Según datos recopilados por la agencia Efe, las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson & Johnson (J&J), matriz de Janssen, consiguieron un beneficio neto de 24.522 millones en este periodo, esto es un incremento del 70 % respecto al año 2020. La última en presentar resultados este jueves ha sido Moderna, que ganó unos 3.377 millones de euros hasta el mes de junio, gracias a las ventas de su vacuna, por las que ingresó 4.980 millones. Esta compañía estadounidense, que venía de perder 203 millones de euros en el mismo periodo de 2020, facturó 5.310 millones durante los seis primeros meses, tras la venta de 302 millones de dosis, elevando sus previsiones de ventas de la vacuna para este año hasta los 16.900 millones de euros, teniendo previsto la entrega de entre 800 y 1.000 millones de dosis del suero.

Lo vimos con los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH/sida. Aunque se demostró que podían producirse a un precio mucho más barato y, por lo tanto, ser accesibles para millones de personas seropositivas en el sur de África, una de las zonas más golpeadas por el virus, las compañías farmacéuticas lucharon para mantener unos precios elevadísimos que les generaban grandes beneficios. Y lo vimos también hace unos años con la vacuna de la neumonía. Esta grave enfermedad mató solo en 2017 a más de 800.000 niños menores de 5 años, sobre todo en países en desarrollo, a pesar de que las empresas farmacéuticas Pfizer y GlaxoSmithKline llevan décadas comercializando una vacuna efectiva para prevenirla (Médicos sin Fronteras, 1 de julio de 2020).

Estas y otras cuestiones debieran de  ser explicadas a la sociedad por los Gates, los Rockefeller y sus “caporales” en los distintos gobiernos del mundo, como socios que son de la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización (GAVI), la alianza que controla programas internacionales de vacunación muy importantes, donde participan la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, Unicef, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la inmensa mayoría de los gobiernos títeres de esta oligarquía financiera.

El obediente y sumiso “caporal” del gobierno de España, Pedro Sánchez, sería uno de los primeros en contribuir con 125 millones de euros al GAVI, aunque le debió de parecer poca cantidad, pues en setiembre de 2019 anunciaba la donación de otros 100 millones para el Fondo Global contra el sida, la tuberculosis y la malaria para el periodo 2020-2022, además de otros 140 millones de euros a GAVI. En total: 350 millones de euros en una crisis donde la economía española había alcanzado cifras catastróficas – al día de hoy todavía no se ha hecho efecto el Ingreso Mínimo Vital a más del 70% de los solicitantes -, dejando escrito en un tuit publicado el 4 de mayo de 2020, después de la reunión de la Conferencia de Donantes de Respuesta Global a la Covid-19: “Nos hemos reunido para impulsar una respuesta ambiciosa y global a la Covid-19 basada en la justicia social, la ciencia y la colaboración. Aprendamos del pasado y aseguremos que, esta vez sí, salimos de la crisis sin dejar a nadie atrás”. Por cierto, una aportación económica que sería agradecida por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, en el transcurso de la conferencia: “Le agradezco al presidente Sánchez Castejón y al pueblo español por su compromiso de donación de 50 millones de euros a GAVI. Esta aportación vital ayudará a GAVI a hacer llegar las futuras vacunas de la Covid-19 a las personas más vulnerables del mundo.”

Al final, el resultado de esa vacunación masiva que se pretende tener, ¿será para contar con una población cada vez mayor de enfermos crónicos que, alargando sus días de lo que pretenden llamar salud, a base de un consumo cada vez mayor y más diversificado de fármacos, obtendría el objetivo contrario a la salud perseguida por cualquier persona blanca, negra o amarilla residiendo en España, Sudáfrica, India, Rusia, Egipto, Norteamérica o América del Sur?

¿Llegará la imposición del “pasaporte” de vacunación como una vuelta de tuerca más? ¿Una vuelta más del “no tolerar” las voces discordantes, e incluso a las personas discordantes, tal como si se tratase de la Alemania nazi donde los disidentes debían de ser excluidos de la sociedad, incluso matándolos por asociales e irracionales?

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, nunca ha sido muy partidario de la obligación en el uso de las mascarillas, pero, además, “en una situación de escasez en el mercado de mascarillas quisimos ser muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se pudieran aplicar” (La Vanguardia, 20 de mayo de 2020)

En efecto, la eugenesia fue una disciplina académica en muchos institutos y universidades que se fundamentó en la idea de que la civilización estaba frustrando la evolución, por lo que las personas “menos apropiadas” se estaban reproduciendo más que “las mejores” y, por lo tanto, había que tomar medidas para corregir ese error social, de tal manera, que, aunque su veracidad comenzaría a cuestionarse en la década de 1930, sin embargo seguía utilizándose muy ampliamente para la esterilización forzosa sobre aquellas “personas inferiores e improductivas”, tales como las afectadas de esquizofrenia y todo tipo de trastorno maniaco depresivo, la epilepsia, el alcoholismo, la sordera y ceguera hereditaria, la incapacidad intelectual, las deformidades físicas, la enfermedad avanzada que impedía trabajar, y los aborígenes e indígenas, entre otras, que más adelante se extendería hacia aquellas otras personas con teóricas conductas antisociales, como las prostitutas o los afectados de sífilis, por ejemplo, en los países más avanzados del mundo, desde Alemania a Suecia pasando por los EE. UU.

Las investigaciones realizadas en el campo de la medicina y las ciencias naturales y el ímpetu “civilizador” del colonialismo servirían para abrir un debate entre los pensadores europeos del siglo XIX sobre la posibilidad de “mejorar” a los seres humanos, de tal manera que el racismo, la higiene racial, el biologismo o la eugenesia componían todo un “menú” de actuación, ocupando los EE.UU. el liderazgo mundial eugenésico para sustentar sus políticas racistas con los negros, a la vez que prohibiendo la inmigración de “linajes inferiores” como habitantes de países del sur de Europa, hasta el extremo de que, entre los años 1927 y 1963, más de 64.000 personas serían esterilizadas bajo las leyes eugenésicas de EE.UU., desde los “imbéciles” hasta las personas con minusvalías físicas. Es decir: la salud de la población y la mejora de la especie humana se había convertido en el objetivo y en la razón de ser del Estado y en su consecuencia valía todo.

Naturalmente, los médicos se sumaron entusiasmados a estas políticas de “salud”, de tal manera que un 45% de los médicos alemanes aparecían enrolados en las filas del Partido Nazionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP), cuya ideología se sustentaba en el nazionalsocialismo, liderado por Hitler, con el racismo como eje central de su ideología nazi, resultando imprescindible la colaboración médica en todo el proceso de esterilización o eliminación de casi 400.000 alemanes “defectuosos”, en nombre de una ideología sanitaria que acabaría llevando a las cámaras de gas y a la muerte a millones de personas cuyo único delito fue haber sido judíos, gitanos, comunistas y homosexuales. 

Un ejemplo de la ideología nazi de “buena salud” sería el rechazo al tabaquismo, bien expresado en el trabajo financiado por Hitler para demostrar su asociación con el cáncer de pulmón por primera vez en el mundo, y es que el nazismo fue un movimiento de jóvenes preocupados por cuestiones como la influencia de los judíos en la cultura alemana y los males del comunismo, pero también por los efectos nocivos del pan blanco, el amianto y los colorantes alimentarios artificiales.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, aspira a una segunda medalla, la primera obtenida por tonto y esta segunda por si pierde la primera.

Pero, volviendo a la pandemia del coronavirus, después del tristísimo balance de los 4.500.000de infectados y 125.000 muertos por el coronavirus en nuestro país, de los cuales más del 40 % ocurrieron en las residencias, de repente, el presidente del gobierno español sale a la palestra con uno de esos montajes a que nos tiene acostumbrados para colocarse la “medalla de oro” en vacunación contra el coronavirus, con el 55,7% de la población española que ya ha recibido la pauta completa de vacunación: “España es la nación que más ha vacunado entre los 50 países más poblados del mundo, situándose por delante del Reino Unido, Estados Unidos, Francia o Alemania, por lo que podemos decir que tiene la medalla de oro de la vacunación”, ha llegado a declarar públicamente el presidente del Gobierno.

En su intervención, el presidente ha reflexionado que la crisis del Covid-19, un acontecimiento “inesperado” y “desconocido”, ha marcado la vida del país “para siempre” y ha costado la vida de “miles de compatriotas”, alterando también “seriamente” la forma de vivir del país. De esta forma, instaba a “no olvidar nunca lo ocurrido” y cómo se ha superado, al recalcar que la “unidad” y el “esfuerzo conjunto” fueron claves para resistir los efectos de la pandemia y que ahora toca una nueva fase, que pivotará sobre la transformación y recuperación del país. No obstante, lo manifestado, la realidad es que ni España es medalla de oro en vacunación ni la unidad y el esfuerzo conjunto han sido reales, en primer lugar, porque a 29 de julio de 2021, fecha de las palabras de Sánchez, España era superada en porcentaje de población completamente vacunada por Canadá, uno de los 50 países más poblados del mundo (57,37% de la población completamente vacunada mientras España tenía el 56,51%). En segundo lugar, porque hablar de unidad y esfuerzo conjunto después de los duros enfrentamientos que a diario se siguen librando entre gobierno y oposición resulta todo un insulto a la inteligencia.

Los judíos no fueron las únicas víctimas de la persecución nazi. Las autoridades alemanas del régimen nazi también se centraron en otros grupos en particular debido a la inferioridad racial y biológica que percibían, como los romaníes, las personas con discapacidades y ciertos pueblos eslavos, en especial los polacos. También persiguieron al escaso número de alemanes de raza negra, los cuales fueron sometidos a discriminaciones, arrestos, esterilizaciones y asesinatos. Otros grupos fueron perseguidos por motivos políticos, ideológicos y de comportamiento, incluidos los comunistas, socialistas, testigos de Jehová y homosexuales. Después de que Alemania invadiera la Unión Soviética en junio de 1941, las unidades móviles especiales de las SS conocidas como Einsatzgruppen cometieron asesinatos de funcionarios y comunistas soviéticos, así como de romaníes, junto con unos 2 000 000 de judíos en los territorios soviéticos ocupados por los alemanes. (Fotografía policial de un prisionero homosexual de Auschwitz: August Pfeiffer, sirviente, nacido el 8 de agosto de 1895 en Weferlingen, llegó a Auschwitz el 1 de noviembre de 1941 y murió allí el 28 de diciembre de 1941. Fotografía: Museo Conmemorativo del Holocausto en EE. UU. UU.)

¿Acaso pretende el presidente del gobierno concederse también otra “medalla de oro” por muertes producidas por efectos derivados de la vacunación, donde nuestros mayores tuvieran que sufrir la eugenesia de igual manera que sucediera en la Alemania de Hitler con millones de personas? ¿A qué viene la tercera vacunación de nuestros mayores sin que haya mediado ninguna explicación científica al respecto, de igual manera que tampoco se hizo con las anteriores vacunas?

Existen serias dudas sobre si la gestión de la pandemia por parte de los poderes públicos, centrada en la propagación del miedo y el ejercicio sistemático de la censura de personalidades científicas discrepantes con la información oficial, a las que vulgarmente se tilda negacionistas, ha tenido como verdadero objetivo la protección de la población contra la Covid-19.

No obstante, la forma en la que se está procediendo a la vacunación masiva, en la que no existe nada parecido al consentimiento informado, plantea serios interrogantes, sobre todo cuando la legislación española,  tanto la Ley General de Sanidad (LGS), como la más reciente Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, establecen muy claramente el derecho a la información acerca de los efectos adversos de medicamentos o productos sanitarios, así como la obligatoriedad del consentimiento informado como requisito previo para recibir cualquier tipo de tratamiento, quirúrgico o farmacológico.

Ambas leyes son básicas porque regulan competencias del Estado y son de aplicación general, aunque también pueden ser desarrolladas por cada una de las Comunidades Autónomas. Pues bien, en el artículo 99 de la LGS se determina que: “Los importadores, fabricantes y profesionales sanitarios tienen la obligación de comunicar los efectos adversos causados por medicamentos y otros productos sanitarios, cuando de ellos pueda derivarse un peligro para la vida o salud de los pacientes”, y la Ley de Autonomía del Paciente establece en su artículo 2.2. que “toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley”.

Pero es que, además, esta misma Ley determina en su artículo tercero que “es el médico el responsable de facilitar la información y de recabar el consentimiento informado”, acreditándole como “el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales”. Queda claro, por tanto, que la primera y principal información que se debiera proporcionar al ciudadano es que todas las vacunas de la Covid – absolutamente todas -, están en fase de experimentación y que, al día de hoy, 23 de octubre de 2021, aún no han recibido la autorización definitiva. El hecho de que las vacunas Covid estén en situación de autorización condicional por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), es decir, una autorización provisional por no haber culminado los ensayos clínicos referidos, debería requerir consentimiento informado por escrito (Artículo 8.2 de la Ley anteriormente citada), al encontrarse aún en fase de investigación y por comportar riesgos adicionales para la salud del paciente, incluso de la propia vida.  

Es decir, si el consentimiento informado es esencial para que una persona pueda adoptar libremente una decisión, se puede afirmar que para las vacunas Covid en la inmensa mayoría de los casos el “consentimiento” se ha producido en ausencia, prácticamente absoluta, de información, dándose  la triste circunstancia en la mayoría de las ocasiones, de que la vacunación se hace fuera del Centro de Salud, hasta en el Corte Inglés, tal y como ocurrió en Madrid, seguramente esperando a que los vacunados puedan seguir consumiendo sus productos, donde el médico o médica no aparecen en ningún momento, hasta el extremo de que cuando son preguntados en la consulta acerca de la oportunidad de la vacuna en el caso concreto de enfermedades o tratamientos concurrentes, la respuesta suele ser de que ellos no son responsables de la misma, ya que todo lo relacionado con la vacunación es asunto de las autoridades sanitarias.

Esta exclusión de la figura médica en todo el proceso de la vacunación coronavírica, así como la censura y las coacciones contra quienes no siguen el discurso oficial, ha sido denunciada muy recientemente por la Alianza Internacional de Médicos y Científicos Médicos en la Cumbre sobre el Covid-19 celebrada el pasado mes de septiembre de 2021 en Roma, en la cual ha sido adoptada una Declaración que está siendo firmada por más de 12.000 profesionales de la medicina de todo el mundo, entre ellos varios premios Nobel, recogiendo en uno de sus apartados que: “los médicos deben defender su derecho a prescribir un tratamiento, observando el principio PRIMERO NO HACER DAÑO (…) Los derechos de los pacientes, tras estar completamente informados sobre los riesgos y beneficios de cada opción, deben ser restablecidos”.

Es verdad que, en un escenario vivido en donde muchos países sufrieron todo un colapso sanitario que llegó a considerar la edad y las expectativas de sobrevivencia de un paciente como factores determinantes a la hora de asignar un respirador artificial, tratando a nuestros mayores como “trastos viejos” o “activos caducados que lastran los cálculos del inventario económico”, especialmente a la hora de calcular el costo de las pensiones, pero no es menos cierto que durante el coronavirus algunos o muchos de los médicos han recibido instrucciones para valorar las expectativas de supervivencia del paciente y no solo sus necesidades o el haber llegado a necesitar antes un determinado servicio sanitario como las Unidades de Cuidados Intensivos, donde algunos protocolos marcaban la edad como un factor a considerar para disponer de un respirador artificial, dada la escasez inicial de los mismos, lo que conlleva, desde mi punto de vista, una muy peligrosa discriminación que podría perdurar en el tiempo y que podría verse complementada con otras circunstancias personales de todo tipo, dando lugar a una inopinada eugenesia encubierta, es decir, a una selección del más fuerte.

Las estadísticas de mortandad parecían indicar que los más ancianos podían responder menos a los tratamientos, cuando se les debería haber catalogado como grupo más vulnerable y, por lo tanto, más digno de atención, al tratarse sobre todo de un problema logístico que imponía disponer de más respiradores, al igual que se necesitaban equipos de protección para el personal sanitario, sometido al contagio por esa imprevisión e ineficacia.

Los dueños del transatlántico Titanic decidieron escatimar botes para ganar velocidad, al considerar un barco insumergible por sus compartimentos estancos. E igualmente la pandemia nos ha confrontado con una impostada prepotencia que nos hacía creernos a salvo de contingencias como la del COVID-19. Habría que procurar que no hubiera pasajes de tercera clase para nadie y no confinar a los más mayores al final de la cola para salvarse del naufragio, como si fueran trastos viejos desechables, un lastre que arrojar por la borda en aras de salvar a los más robustos o mejor situados en cabinas preferentes.

Fuente: Porcentaje de población vacunada en los 50 países más poblados del mundo. Datos a 29 de julio. Our World in Data.

Profundizando mucho más en el asunto que nos ocupa, esta pandemia no es más que la segunda venida en un sentido histórico, ya que la misma se ha propagado un siglo después de la última y mencionada epidemia de la mal llamada “gripe española”. Y, además, se manifiesta como una suerte de segunda entrega del Sars-Cov-1 que azotó el sudeste asiático en 2003.

Por lo tanto, se puede afirmar que tenemos “repetición” y “continuidad” y no precisamente “aleatoriedad” y “novedad”, siendo la cruda realidad que actualmente nos encontramos sumidos en una aterradora huida hacia adelante debido al cortoplacismo, la torpeza y el desdén con que muchos de nuestros intelectuales, gobernantes y políticos en general miraron y siguen mirando al pasado.

En la obra del escritor e intelectual británico Gilbert Keith Cherteston “What’s wrong with the Word” (Lo que está mal en el Mundo) publicada en 1910, en la conclusión de su recomendable ensayo decía sentirse consternado por la promulgación de una ley que, con el ánimo de acabar con la plaga de piojos, decretaba cortar el pelo a todos los niños pobres en la Inglaterra de finales del siglo XIX, un hecho, por otra parte, que no parecía escandaloso por su excepcionalidad, ya que “las leyes de pobres” se venían practicando desde el reinado de Isabel I de Inglaterra (1533-1603).

Lo interesante de estas leyes llegaría durante el primer tercio del siglo XIX cuando entraron en contacto con las teorías del clérigo y economista nacido en el condado inglés de Surrey, Thomás Malthus, que acabarían consolidándose como auténticos programas de control demográfico, muy especialmente dirigidos hacia los estratos más depauperados de la sociedad. Malthus entendía que los pobres se multiplicaban, presos del instinto de reproducción, aún en condiciones de miseria, entre otras cosas por su irresponsabilidad, fomentada, entendía Malthus, por las leyes de pobres inglesas que para Malthus suponían una liberación de la restricción moral y finalmente una carga innecesaria para el Estado en forma de ayudas a padres e hijos que suponían costes innecesarios.

Por eso se hizo una nueva Ley de Pobres de 1834, inspirada en sus teorías, que centralizaba la asistencia pública y los desempleados e incapaces de mantenerse solos eran “recogidos” como cualquier animal vagabundo en una institución llamada workhouse o “casa de trabajo”, que separaba cuatro bloques de indigentes: ancianos y discapacitados; niños; hombres sin discapacidad y mujeres sin discapacidad. “Un hombre que nace en un mundo ya ocupado, si sus padres no pueden alimentarlo y si la sociedad no necesita su trabajo, no tiene ningún derecho a reclamar ni la más pequeña porción de alimento. En el gran banquete de la Naturaleza no se le ha reservado ningún cubierto. La naturaleza le ordena irse y no tarda mucho en cumplir su amenaza”, dejó dicho Malthus. ¿Acaso no es lo que está ocurriendo en la actualidad, me pregunto y pregunto?

Dentro del mismo contexto en el que nos encontramos, el escritor e intelectual británico Cherteston nos lo comentaba en su ensayo de la siguiente manera: “Hace un tiempo algunos médicos y otras personas (…) emitieron una orden que decía que había que cortar el pelo muy corto a las niñas pequeñas (…) niñas pequeñas cuyos padres fueran pobres”.

Evidentemente las condiciones de insalubridad en aquellos tiempos inmediatamente posteriores a la Revolución Industrial eran la norma, donde la suciedad no era solo un signo de pobreza, sino que muchas de estas costumbres antihigiénicas eran también habituales entre las niñas ricas, pero, ¿cuáles fueron, entonces, los verdaderos motivos que llevó a las autoridades a justificar aquellas normas y leyes tan injustas? ¿por qué había que cortar el pelo de los niños pobres y no el de los ricos en la lucha contra las plagas de piojos?

Lógicamente, desde la burguesía imperante se defendían aquellas leyes aludiendo a que “los pobres vivían en los submundos de miseria tan apestosos y sofocantes, que no se les debe permitir tener pelo, pues en su caso eso significa tener piojos”. Un pobre y cínico atropello que, sin embargo, hoy se sigue defendiendo de un modo muy similar cuando “a los pobres que se encuentran hacinados en viviendas de 30 metros cuadrados no se le debe de permitir salir del barrio más que para ir a trabajar, ya que ello puede significar que sean portadores del coronavirus”.

Es decir, “los médicos sugirieron suprimir el pelo, pero no se les ocurrió suprimir los piojos”, y hoy, los políticos de turno sugieren suprimir la libre circulación, sin habérseles ocurrido empeñarse en luchar de manera eficiente contra el coronavirus. Más claro: como resulta muy laborioso aplicar la guillotina para cortar las cabezas del tirano, entonces cortemos el pelo a los esclavos.

Refiriéndome muy concretamente al caso español, recién instalado el franquismo en el poder e iniciada toda una masacre represora y asesina contra cualquier tipo de disidencia, se optó por utilizar la epidemia de tifus exantemático, que además convivía con el rebrote de la viruela y la difteria por las condiciones de hacinamiento, pobreza y desnutrición en las que su sangrienta cruzada había sumido al país, orquestando, para ello, toda una campaña de propaganda gobbeliana, para tratar de culpabilizar al gobierno de la República contra la que se había sublevado a la vez que iba extendiendo sus dispositivos de control y exclusión social.

La estrecha relación de la enfermedad con el segmento poblacional más desfavorecido fue una de las razones que situaron esta enfermedad como argumento sanitario principal para la reafirmación ideológica de la dictadura franquista.

Precisamente, de aquella época, en la que el franquismo exhibía su sintonía con sus aliados nazis y fascistas de Alemania e Italia, proceden aquellos mentirosos eslóganes como aquel “año de rojos, hambre y piojos” que algunos sectores de la ultraderecha nostálgica siguen agitando ahora en pleno desconcierto pandémico.

Sin embargo, la verdad discurría por otros derroteros: el piojo verde, causa de los contagios al inocular en las personas la bacteria rickettsia prowazecki, tuvo como uno de los principales vectores de propagación el regreso a casa de los soldados del bando sublevado que se iban licenciando, mientras que el hambre y el hacinamiento que facilitaron la difusión de la enfermedad tenían su origen en la devastación de una guerra iniciada por el golpe de Estado con las armas del ejército franquista, pagadas por la oligarquía financiera española y bendecidas por los sacramentos de la iglesia católica, apostólica y romana, amén del apoyo decisivo que prestaron los fascistas de Mussolini y los nazis de Hitler.

En efecto, a partir de la segunda mitad de 1937, la situación sanitaria de la población española ya había empezado a degradarse progresivamente, pero sería en la posguerra inmediata cuando irrumpió la epidemia del tifus exantemático, con los primeros diagnósticos en abril de 1939 en la capital madrileña, para seguir rebrotando con fuerza en la primavera de 1941, cuando España llevaba ya dos años bajo la bota del franquismo, expandiéndose por el resto de las provincias españolas de Málaga, Sevilla, Granada, Cádiz, Murcia, Córdoba y Valencia, y así hasta llegar al año 1943 cuando se daba por controlada la epidemia de aquel tifus exantemático, lo que hizo que las autoridades sanitarias centraran su atención en las infecciones ordinarias del país: fiebre tifoidea, difteria y disentería en una situación de dificultades y tragedia, no en vano el tifus exantemático estaba considerado entonces como “una enfermedad de elevada letalidad” que se caracterizaba por producir fiebre muy elevada y disminuir el estado de consciencia antes de causar un fallo hepático que conducía a la muerte en unos días, la cual, transmitida por piojos, estaba considerada como el paradigma de la enfermedad asociada a las malas condiciones higiénicas propias de las trincheras y de los campos de concentración, pero también a las viviendas malsanas de los pobres y a la miseria en general.

Hospital de infectados por el tifus exantemático organizado por la Diputación de Valencia en una granja que en muy poco tiempo se vería rodeada de tiendas de campaña en las que iban ingresando cada vez más infectados.

La respuesta oficial a la epidemia, sin dejar por un momento de seguir echando la culpa de todo a los “vencidos”, incluyó medidas sanitarias, como “la habilitación de nuevos e improvisados espacios sanitarios” en cualquier sitio y lugar, en un paralelismo con lo ocurrido con el coronavirus, y, también, el confinamiento de los afectados y la desinfección del espacio público, incluidos los medios de transporte.

Pero no fueron las únicas decisiones que tomó el régimen franquista, porque las medidas extrasanitarias incluyeron la culpabilización y el estigma de los afectados, las multas, las sanciones y los despidos, así como las deportaciones en masa, destacando el aparato propagandístico gobbeliano en seguir relacionando las enfermedades de la posguerra con los vencidos en la guerra producida por aquel golpe de estado fascista contra el gobierno legítimo de la II República, soslayando de ese modo cualquier responsabilidad propia en su aparición. El despioje de grupos de gitanos resulta, en este aspecto, paradigmático de cómo la dictadura manifestó durante la epidemia su xenofobia.

Pues bien, un siglo después de aquello, aquí tenemos, en España, a un tal Fernando Simón, como máximo responsable en la gestión de la pandemia aplicando la Ley General de Salud Pública de 1986 de modo extensivo, la cual dota de mayor margen de maniobra a las comunidades autónomas, entre las cuales, muchas de ellas, se afanaron en aplicar rápidamente la estrategia de los “confinamientos selectivos”, favoreciendo a los barrios más ricos y con menor densidad poblacional a la vez que quedaban “señaladas” las periferias urbanas.

De hecho, el reciente estudio “Impact of COVID-19 outbreak by Income” elaborado por la Universidad de Oxford nos señala los factores principales por los cuales la Covid-19 ha azotado con una mayor violencia a la clase trabajadora como consecuencia de unas rentas salariales bajas, precariedad laboral, hacinamiento en bloques de pisos con pocos metros cuadrados, necesidad de traslado en un transporte público masificado, exigencia de presencialidad física en el puesto de trabajo y la existencia de enfermedades crónicas previas constatan que nos encontramos frente a una pandemia de clase y que, precisamente por esto mismo, las medidas más drásticas son también medidas de clase, de lo que nuestra clase política, parece ser, aún no se ha enterado o prefieren no enterarse de que la lección de los piojos en los suburbios es que lo que está mal son los suburbios, no el pelo.

Lo que está mal, efectivamente, son los suburbios, no el contagio, pero de ese contagio que nos describe el filósofo italiano Giorgio Agamben a propósito de la pandemia en su magistral artículo titulado “Contagio”, del que extraemos una parte del mismo: “Es difícil no pensar que la situación que crean es exactamente la que los que nos gobiernan han tratado de realizar repetidamente: que las universidades y las escuelas se cierren de una vez por todas y que las lecciones se den en línea, que dejemos de reunirnos y hablar por razones políticas o culturales y solo intercambiemos mensajes digitales, que en la medida de lo posible las máquinas sustituyan todo contacto – todo contagio – entre los seres humanos”.

Es evidente que esta crisis sanitaria nos ha ido sumergiendo en un mundo de incertidumbres y dudas donde es difícil tomar partido, y más cuando dejan en las manos de los ciudadanos decisiones como si ponerse la segunda dosis de AstraZeneca o la de otra farmacéutica, de tal manera que, aunque el debate está servido y aunque la gran mayoría parece que está confiando en continuar con la misma vacuna, hay casos que hacen dudar.

Durante el mes de setiembre de 2021, estuvo circulando un whatsapp por las redes, mitad en serio y mitad en broma, que dejaba entrever que estaban usando a la ciudadanía como simples “cobayas” de laboratorio cuando hacían un recorrido por la vacuna AstraZeneca, recomendada para los mayores de 55 años en enero de 2021, cambiándola en febrero para los menores de 55 años, ofreciéndola en el mes de marzo para las personas entre 50 y 65 años, eliminándola del mercado en el mes de abril, para ofrecerla nuevamente el día 2 del mismo mes para mujeres de 55 años sin hijos, y concluir al día siguiente con su administración para los mayores de 60 años, previendo que, para el mes de julio solo se la inyectarán a la Rocío Carrasco y la Carlota Corredera de “Sálvame” hasta llegar al mes de agosto cuando la misma, parece ser, la regalarán con la revista HOLA, no en vano también es la vacuna más barata de las existentes hasta la fecha.

De hecho, el pasado 27 de mayo de 2021 fallecía en el Reino Unido, Lisa Shaw, una reconocida periodista de la BBC. Tenía 44 años y ninguna patología previa, pero falleció a causa de unos coágulos que le surgieron tras recibir la vacuna de AstraZeneca, siendo la primera vez en el Reino Unido que la vacuna contra el coronavirus es la causa subyacente, de forma oficial, de una muerte.

La detección de una serie de extraños y raros casos de trombosis en persona jóvenes vacunadas con AstraZeneca obligó al departamento dirigido por Carolina Darias a cambiar su protocolo de administración: la vacuna únicamente se inyectaría en personas con edades comprendidas entre los 60 y los 70 años. Una decisión incomprensible si tenemos en cuenta que pocos meses antes el Ministerio de Sanidad precisamente justificaba que, debido a la falta de representatividad de personas mayores de 60 años en los ensayos clínicos desarrollados por la farmacéutica anglosueca, no se les inocularía. Una incongruencia que dejó a miles de trabajadores esenciales en un limbo inmunitario sin saber de qué forma completaría la pauta (ConSalud.es, el 8 de setiembre de 2021)

El informe de la forense del caso, Karen Dilks, es muy claro al respecto: “Lisa murió por complicaciones tras recibir la vacuna”. Por su parte, el patólogo Tuomo Polvikoski, incluso ha explicado en la vista judicial que el estado de salud de la periodista era bueno antes de la inyección. “La evidencia clínica apoya firmemente la idea de que el coágulo cerebral fue de hecho inducido por la vacuna”, argumentó Polvikoski ante las autoridades judiciales.

La vacuna de AstraZeneca mata a la presentadora de 44 años de la BBC Lisa Shaw sólo 10 días después de vacunarse (The Guardian, 27 de mayo de 2021)

Lisa Shaw murió tres semanas después de recibir la vacuna. La presentadora de la BBC tenía dolores de cabeza muy fuertes en las horas siguientes tras ser inoculada con AstraZeneca. Fue ingresada en la Royal Victoria Infirmary de Newcastle y falleció, finamente, a causa de un infarto cerebral.

Casos similares se vienen dando a lo largo y ancho del mundo occidental, dándose el caso de que el gobierno de Austria anunciaba con fecha 7 de marzo de 2021 la retirada de un lote de vacunas de AstraZeneca contra el coronavirus covid-19 como medida de precaución después de la muerte de una persona y la enfermedad grave de otra tras ser inmunizadas con ese remedio. La fallecida que moriría diez días después de recibir la vacuna debido a “graves trastornos de coagulación” era enfermera en el Hospital de Zwettl en la Baja Austria.  Hasta la fecha, las autoridades austriacas nada han informado sobre el número de dosis que componían ese lote de la muerte (ABV 5300) retirado, ni a cuánta gente se le llegó a administrar.

Sin embargo, refiriéndome al hecho más grave que se ha producido en nuestro país, como fue el fallecimiento de 300 personas, cifra sorprendentemente pequeña si se compara con la de otros países como se verá, la AEMPS no se refiere, ni en éste ni en anteriores Informes de Farmacovigilancia, ni a la causa de la muerte de las mismas, ni a su edad, ni al tiempo transcurrido desde la vacunación, ni se indica si había padecido o no la enfermedad, si concurrían otras circunstancias como embarazo o lactancia o si se ha realizado autopsia. Sólo, de manera muy escueta, se dice que “estos acontecimientos no pueden considerarse relacionados con las vacunas por el mero hecho de notificarse” o las sonrojantes consideraciones de que “la vacuna no reduce las muertes por causas diferentes de la Covid” o que “durante la campaña de vacunación se siguen produciendo fallecimientos por otras causas”.

Y eso es todo, de tal manera que el 8º Informe de la AEMPS, diez meses después de que se iniciara la vacunación, no avanza un milímetro en el análisis de esas 300 muertes, muchas de ellas, probablemente, acaecidas en personas previamente sanas, siendo esta una responsabilidad directa del Ministerio de Sanidad ante quienes han fallecido y sus familias y ante los millones de personas que están siendo vacunadas de manera indiscriminada.

Por otra parte, por si no fuera esto suficiente, el sistema europeo de farmacovigilancia, EUDRA2, es absolutamente opaco con respecto a la información sobre muertes producidas tras la vacunación, no debiendo de extrañarse nadie que la actual directora de la Agencia Europea del Medicamento, Emer Cooke, elegida para el cargo en plena pandemia, había ejercido como gerente  de Asuntos Científicos y de Regulación, en Bruselas, para la Asociación de la Industria Farmacéutica Europea (EFPIA), el lobby del sector farmacéutico ante la Unión Europea.

No obstante, otras fuentes fidedignas, como el Sistema de Notificación de Efectos Adversos, VAERS, de los EE.UU.  nos permiten extraer importantes conclusiones, tales como que, en EE.UU. las vacunas contra la Covid-19 han producido en los siete primeros meses de 2021 un 40% más de muertes que todas las otras vacunas existentes a lo largo de 31 años. En el Reino Unido, el número de muertes debidas a la vacuna contra la Covid, en los primeros seis meses de vacunación ha sido 407% superior a las muertes totales por todas las demás vacunas en los últimos 11 años, esto significa la muerte de 30.305 personas en Inglaterra durante los 21 días posteriores a haber recibido la vacuna en los seis primeros meses de 2021, mientras en Escocia fallecían 5.522 personas en los 28 días posteriores a la vacunación.

Si nos fijamos en los datos de Inglaterra, ¿alguien en su sano juicio puede creer que pueda tener 30.305 fallecimientos por vacunas Covid, y España, con sólo 8 millones de habitantes menos, tenga sólo 300? ¿Cómo es posible que dos territorios con indicadores generales de salud, servicios, incidencia y vacunación similares puedan distar tanto en número de fallecimientos?

Por si no pareciese suficiente, los argumentos de la industria farmacéutica a favor de una tercera dosis masiva para contrarrestar la disminución de la eficacia de las vacunas fueron desechados recientemente por el Comité Asesor de Vacunas de la FDA.

Desde luego que no resulta nada fácil ir desentrañado las claves que puedan explicar lo que sucede a nuestro alrededor, pero es necesario hacerlo para ir identificando los instrumentos ideológicos que aseguran la reproducción de las estructuras de poder, siendo el fundamental la construcción y la difusión de un relato que aleje el foco de las causas reales, persiguiendo a quienes lo cuestionan, la instauración del miedo que lo perpetúa y, con frecuencia, la venta de artículos-fetiche que, al tiempo que refuerzan el discurso del poder, aportan suculentos beneficios. El procedimiento es muy antiguo, pero las formas se adaptan a los nuevos tiempos. Si antes eran las religiones las encargadas de imponer la ideología de la dominación, hoy el capitalismo utiliza el control mediático y el fetichismo tecnológico.

Ahora, la llamada Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha acordado administrar una tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer o Moderna a los mayores de 70 años a partir del 25 de octubre, debido principalmente al perfil de “fragilidad, pluripatología y entornos cerrados” que tienen los ancianos de las residencias de mayores, así como aquellas personas con patologías previas concretas y, sobre todo, los que están en una situación de inmunosupresión patológica o secundaria a un tratamiento médico, como es el caso de las personas que han recibido un trasplante. Tras ese grupo, se tomó la decisión de también inmunizar a los ancianos que estuvieran en residencias.

¿De verdad que apetece ir a ponerse la tercera dosis de la vacuna anunciada para los mayores y personas en situaciones delicadas de salud?

Solo a manera de información, de tal manera que no se nos vaya de la memoria los hechos ocurridos en otros momentos de la historia, muy recientemente el Estado de Arizona en EE.UU. está estudiando la posibilidad de utilizar el “Zyklon B”, cuyo principal componente es el cianuro de hidrógeno, para ejecutar a sus presos, un químico Bayer que, como debe de ser conocido, fue usado por los nazis para asesinar a millones de personas en los campos de concentración.

Según The Guardian, el Departamento de Correcciones de Arizona, en Estados Unidos, gastó más de 2.000 dólares en ingredientes para fabricar el gas mortal (3 de junio de 2021)

De hecho, las autoridades del Estado de Arizona han reacondicionado la cámara de gas de una prisión y han comprado los ingredientes necesarios para crear el mismo compuesto químico mortal utilizado por los nazis durante el Holocausto para asesinar a millones de prisioneros – algunos de ellos españoles, por el único delito de defender el legítimo gobierno de la II República de España – en los campos de exterminio compuestos por judíos, polacos, gitanos, prisioneros de guerra y homosexuales.

La noticia provoca la más absoluta indignación, especialmente entre aquellos supervivientes de los campos de exterminio nazi, como el Auschwitz, tildándolo de un acto vergonzoso e indigno en cualquier país democrático, pero, además, insulta a las víctimas de aquel genocidio masivo. Desde mi punto de vista, si se vuelve a considerar el uso del “Ziklon B” como vacuna para el asesinato de seres humanos, ello no significará otra cosa que el desmoronamiento de toda una sociedad tan globalizada.

“Lo primero que hará el PSOE será derogar la reforma laboral de Rajoy para recuperar los derechos de los trabajadores”, dijo al día siguiente. Sánchez insistió en la misma idea en el discurso que dio cuando se certificó su ascenso a la Secretaría General en el Congreso Extraordinario del PSOE, celebrado ese mismo verano. “En cuanto gobernemos, derogaremos la reforma laboral, porque en el siglo XXI no se pueden plantear alternativas del siglo XIX” como es “la explotación laboral”, señaló ante un auditorio repleto y bajo la mirada de Alfredo Pérez Rubalcaba y Susana Díaz.

El inicio de la semana tras la festividad de Todos los Santos nos trae nuevamente la discusión sobre la Reforma Laboral. Tras el cuestionamiento del presidente del gobierno sobre el liderazgo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el Gobierno de coalición encara una agenda de reuniones para ponerse de acuerdo sobre qué propuesta de reforma se llevará a la mesa del diálogo social.

Pero, antes de entrar en materia, recordemos las promesas de Pedro Sánchez en 2014: “La primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será la de derogar la reforma laboral de Rajoy, para recuperar cuanto antes los derechos de los trabajadores”, a la vez que recordaba “las nefastas consecuencias que está teniendo la reforma laboral tanto por el intolerable recorte de los derechos de los trabajadores como por la constante devaluación de sus condiciones salariales, lo que está agravando la situación económica de las familias y dificultando la salida de la crisis”.

El programa de gobierno progresista pactado entre PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones generales de noviembre de 2019 sigue siendo muy claro al respecto: “Derogaremos la reforma laboral”, dice. “Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”, añade, por si cupiera alguna duda.

En efecto, el presidente Sánchez es muy consciente de que la reforma laboral de 2012 es una de las más nocivas de todo el régimen del 78 para los trabajadores, por eso la patronal la impuso mientras los sindicatos llegaron a convocar una huelga general contra ella, aunque más bien dirigida a frenar el “estallido social” latente que en hacerla efectiva, y por eso en el Congreso de los Diputados los grupos de las derechas votaron a su favor. Sin embargo, ahora, el presidente Sánchez, pretende, después de haber estampado su firma bajo las frases “derogaremos la reforma laboral” y “recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012” en un pacto de gobierno, que la nefasta reforma laboral sea reformada con “consenso”.

¿Por qué este golpe de timón a pesar de lo firmado? ¿Por qué se renuncia al compromiso establecido posteriormente entre el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu que, junto con ERC, permitieron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de coalición progresista?

Yolanda Díaz se planta con la reforma laboral y amaga con cesar si se frena su derogación. La principal razón de ser de la vicepresidenta segunda en la coalición es la derogación de la reforma laboral y si no alcanza este acuerdo no descarta que derive en una crisis de Gobierno (26 de Octubre de 2021)

¿Acaso no siguen siendo los despidos de trabajadores más fáciles y más baratos con la imposición del despido objetivo con una indemnización de 20 días por año durante un máximo de 12 mensualidades, para lo que basta con que el empresario alegue causas “económicas, técnicas, organizativas o de producción”?

¿Han mejorado las condiciones de trabajo en materia de salarios, jornada laboral, turnos o funciones, cuando las reformas de Zapatero y Rajoy, no solo les puso más fácil y barato el despido, sino que también les puso más fácil empeorar las condiciones de trabajo de sus trabajadores, tanto por la vía directa de modificarlas sustancialmente como por la indirecta de inaplicar lo pactado en los convenios colectivos?

¿Se ha puesto fin a la precariedad en la contratación laboral, que permite al empresario contratar a menores de 30 años con periodos de prueba de un año, durante el cual el trabajador puede ser despedido sin percibir ninguna indemnización, o seguir contratando parados a los que les quede prestación por desempleo cobrando su salario mensual complementado con hasta el 25% de la prestación por desempleo que le correspondería cobrar?

¿Se ha modificado el contrato para la formación y el aprendizaje, que puede durar ya no hasta dos años sino hasta tres y que, además, permite al empresario encadenar contratos de formación con sólo cambiar la “actividad laboral u ocupación” a desempeñar por el trabajador?

Es verdad que los empresarios tienen muchísimas razones para estar a favor de las reformas laborales de Zapatero y de Rajoy, pero no es menos cierto que los trabajadores y futuros trabajadores tienen las mismas o más razones para estar en contra. Lógicamente, eso no constituye ninguna novedad – sobran razones para derogar la reforma laboral -, la novedad la constituye precisamente la principal razón para hacerlo: que desde hace dos años hay un Gobierno no en solitario sino de coalición y sobre todo un documento firmado y refirmado que dice: “derogaremos la reforma laboral” y “recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Y lo firmado se cumple.

En efecto, la crisis de 2008 dejó instaurado en el imaginario colectivo un temor permanente hacia la Unión Europea y sus políticas de ajuste: “Esto lo exige Bruselas” o “esto no lo permitirá Bruselas” se convirtieron en auténticos mantras que a menudo operaban a modo de autocensura previa por parte de los gobernantes, antes incluso de que ningún responsable comunitario se pronunciase al respecto. Era la Europa de la austeridad, especialmente rigurosa para con los países del sur. El caso es que esos mantras siguen instalados en la actualidad, a pesar de que la Bruselas de 2008 no es la de 2021 y de que las recetas neoliberales de la anterior crisis económica han sido sustituidas por políticas expansivas y de carácter social tras la pandemia.

Lo cierto es que, la Unión Europea ya ha dado el visto bueno a la reforma laboral, aunque la Comisión Europea espera el detalle de la normativa que ahora el Ejecutivo de coalición español se dispone a apuntalar tras una intensa batalla interna entre PSOE y Unidas Podemos, pero Europa ya ha validado los planteamientos más importantes de la nueva legislación laboral que pretende desarrollar el Ejecutivo, algo que sabemos por el famoso “Componente 23” del llamado Plan de Transformación y Resiliencia, que no es otra cosa que el precontrato enviado por los países miembros a la Unión Europea para poder acceder a las ayudas de los fondos europeos.

La reforma pretende modernizar el modelo productivo español y las relaciones laborales y, aunque está enmarcada en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Sánchez ha destacado el trabajo que hasta ahora ha venido haciendo el Gobierno para lograr este objetivo, con medidas como la ley del teletrabajo, la ley ‘rider’ o el impulso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). “Tenemos que ganar la batalla del futuro y debemos tener un modelo de relaciones laborales del siglo XXI”, ha enfatizado el presidente ( Roma, 30-12-2021)

Muy recientemente, el presidente del Gobierno habló de “modernizar nuestras relaciones laborales”, que no significa sino un endurecimiento de la actual reforma laboral, apelando para ello a la “responsabilidad de país” del conjunto de los actores para llegar a un acuerdo antes de final de año sobre la reforma laboral comprometida con Bruselas. “Que tengamos a empresarios y sindicatos en ese diálogo y que podamos llegar a un acuerdo con ellos será fundamental para lograr la actualización de nuestro modelo de relaciones laborales”, ha remarcado el presidente en declaraciones a los medios de comunicación tras la Cumbre del G20, celebrada el día 30 de octubre en Roma. Una inmediata respuesta del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, le recuerda al presidente su pacto con ellos para derogar la reforma laboral. “Pacta sunt servanda”, ha escrito Echenique reclamando al líder del Ejecutivo que cumpla lo acordado. Por otra parte, los sindicatos dicen que “no admitirán rebajas”. ¿Estaremos ante un adelanto de las elecciones generales? El tiempo nos dará las razones muy pronto.

Los Presupuestos Generales del Estado contemplarán para el año 2022 un récord de inversiones y transferencias de 40.000 millones de euros, según ha avanzado este jueves la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Nueve de cada 10 euros de los fondos europeos previstos para el próximo curso (27.600 millones) se destinarán a inversión, según ha detallado la responsable presupuestaria. Además, el plan contempla 240.365 millones de euros para gasto social, la mayor partida registrada. “Son los Presupuestos más expansivos de la historia de España”, ha defendido la ministra.

El Consejo de Ministros ha aprobado hace unos días las cuentas para el próximo año tras haber desbloqueado el acuerdo entre los dos socios del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, en los que serán los segundos presupuestos presentados por el Gobierno de coalición, siempre, claro está, que el “chantaje” y el “cambio de cromos” entre Gobierno y nacionalismos vasco y catalán dejen el camino despejado para su voto favorable a los mismos.

Aunque viene siendo casi una norma que todos los gobiernos transmitan siempre una imagen idílica de los presupuestos, presentándolos como los más sociales de la historia, el correspondiente al año 2022 resulta ser lo más de lo más y aún más. Basta con haber presenciado la rueda de prensa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para comprobar que no ha habido capítulo, partida o aspecto del que, con la verborrea que la caracteriza, no haya repetido hasta la saciedad que los mismos marcan un hito histórico, especialmente cuando remata diciendo que se tratan de los presupuestos sociales más históricos de la historia del mundo mundial.

Sin embargo, el tan cacareado y manoseado “escudo social” no es más que un slogan, hasta el extremo de dejar el presupuesto más social de la historia transformado en otro bluf que muy difícilmente va a solucionar en el futuro la pobreza y las desigualdades existentes en la actualidad. Sirvan, a modo de ejemplo, los errores, desaciertos y pifias que han rodeado todo lo referente al Ingreso Mínimo Vital y lo lejos que está de alcanzar los objetivos que se le había asignado, tal y como dejé detallado en otro artículo específico sobre el tema publicado en este mismo diario de La Nueva España (17-09-2020)

Año y medio después del estallido de la pandemia, «son ya 11 millones las personas que se encuentran en situación de exclusión social en España». Así se refleja en el avance de resultados de la encuesta Foessa 2021.Bajo el título «Sociedad expulsada y derecho a ingresos», Cáritas y la Fundación Foessa presentaron el 6 de octubre el informe Análisis y Perspectivas 2021 donde se analiza «cuál está siendo el alcance de la pandemia en la cohesión social en España».Los datos revelan «un ensanchamiento del espacio de la exclusión, donde viven ahora 2,5 millones de personas nuevas respecto a 2018, fecha de la anterior encuesta (6 de Octubre de 2021)

Casualmente, al mismo tiempo que la ministra presentaba los Presupuestos de 2022, Cáritas y la Fundación FOESSA publicaban un informe llamado “Sociedad expulsada y derecho a ingresos”. Para algunos, los informes FOESSA son viejos conocidos, no en vano durante la dictadura franquista eran uno de los pocos medios que teníamos para adentrarnos en la realidad social y en la situación de la desigualdad y la pobreza, más allá de las arengas oficiales del régimen. Pues bien, después de tantos años, hemos de recurrir de nuevo a ellos como contraposición al discurso triunfalista del Gobierno del que el presupuesto es un buen ejemplo.

Según el citado informe, 11 millones de personas se encuentran en exclusión social, esto es, dos millones y medio de personas más que en 2018, y la exclusión severa supera los seis millones de personas, dos millones más que en el mismo año. Pero, además, se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas paradas, lo que nos presenta un panorama radicalmente distinto de la fotografía que la charlatana ministra ha tratado de vendernos, principalmente cuando repite continuamente que se ha alcanzado el número de empleados que había en el 2019, lo que resulta falso de toda falsedad, ya que las cifras están adulteradas al no tener en cuenta los trabajadores en ERTE ni los autónomos con cese de actividad, de tal manera que, cuando se analizan el empleo considerado el número de horas trabajadas nos da un resultado muy distinto, porque, diga lo que diga el gobierno, los asalariados en ERTE no trabajan.

Y siendo verdad que el gasto presupuestado alcanza niveles considerables, no es menos cierto que las distintas partidas contempladas tienen una finalidad más electoral que social, dirigidas principalmente al colectivo de los jóvenes que, sin ser los más necesitados, ni mucho menos, si están considerados como potenciales votantes, volviendo para ello a las mismas o parecidas ocurrencias del gobierno Zapatero. Y ocurrencia es dar 250 euros mensuales a cada joven para vivienda. Y, como pasa con toda ocurrencia, se anuncia la medida sin que hayan pensado ni el cómo ni los requisitos a exigir para acceder a la ayuda. ¿Por qué a los jóvenes?, ¿Acaso son los más necesitados? ¿Por qué no a los parados de larga duración? Y si hablamos de ocurrencia, cómo no citar esos cuatrocientos euros que se les van a dar como propinilla a todos los que cumplan 18 años en 2022, para que se lo gasten en videojuegos. ¿es este el mejor destino que se puede dar a los recursos públicos?

A expensas de que el Gobierno especifique y acote de forma oficial su concepto, crucial para saber si habrá que pagar o no ese recargo, no existe definición clara en ningún documento gubernamental o estatal sobre la vivienda o casa vacía. Solo el Instituto Nacional de Estadística, INE, arroja algo de luz al concepto. A su juicio, se trata de “aquella vivienda familiar que no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie”. Según los últimos datos oficiales de este organismo, en base al censo de poblaciones y viviendas de 2011, España cuenta 3,5 millones de viviendas vacías. 

Ocurrencia va a ser la ley de vivienda que en lugar desolucionar el problema lo va a empeorar, porque, digan lo que digan desde el gobierno, la única forma de dar respuesta a la carencia de viviendas es que los poderes públicos, obligados por la propia Constitución, incrementen la oferta de viviendas en alquiler. Ahora es una muy buena ocasión para dedicar una gran parte de los fondos europeos a este cometido en lugar de emplearlos en objetivos tan etéreos como la transición energética, la modernidad, la digitalización o el cambio del tejido productivo, cuyo único resultado va a consistir en hacer las delicias de las empresas del IBEX35, sobre todo cuando observamos que el 80% de estos fondos figura en el presupuesto como transferencia de capital.

Todos son juegos de artificio. Y detrás, el maquillaje de las cifras. Comenzando por un cuadro macroeconómico con previsiones que poco tienen que ver con la realidad, pero que sirven de soporte adecuado para cuadrar las cifras presupuestarias que se desean. El Banco de España ya ha anunciado que modificará a la baja sus previsiones, a pesar de que en este momento son bastante inferiores a las del Gobierno. ¿qué finalidad puede tener inflar de esta manera las previsiones si no para poder denominar estos presupuestos como los de la recuperación justa?

Si algo ha quedado claro en estos presupuestos es que el gobierno ha renunciado, una vez más, a reformar el sistema fiscal, contentándose con algún ajuste sin importancia y con maquillar los ingresos, pero lo malo no es que el presupuesto se puede maquillar, sino que a la hora de la liquidación es cuando se acaban descubriendo todas las trampas, sin poder ocultar la cada vez más insoportable deuda.  Este Gobierno se muestra remiso a aceptar el coste político que significa incrementar la presión fiscal, a no ser mediante impuestos indirectos, que pasan más desapercibidos. Pero al mismo tiempo es pródigo en acometer gastos inútiles e ineficaces dedicados a crear chiringuitos donde colocar a sus paniaguados o en actuaciones populistas con fines clientelares, aun cuando lo intente vender afirmando que estos presupuestos son los más sociales de la historia.

Al final, la legislatura terminará con o sin presupuestos, no variando para nada el programa de gobierno para el ejercicio, porque todo lo que se puede hacer con un nuevo presupuesto se puede hacer igualmente con el anterior prorrogado, dejando claro que la palabra que mejor define la actual situación política de España es la incertidumbre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera la caída histórica del paro en septiembre un avance más hacia la meta de lograr una «recuperación justa». Sánchez se ha hecho eco en Twitter de los datos de desempleo correspondientes al mes pasado, cuando el paro disminuyó en 76.113 personas marcando así el mayor recorte para este mes de la serie histórica, mientras que el número de afiliados medios a la Seguridad Social aumentó en 57.387 personas. «El paro registra hoy su mayor caída en un mes de septiembre. Baja en 76.113 personas y ya encadena siete meses de descensos consecutivos, algo que no sucedía desde el año 2000. Seguimos avanzando en una recuperación justa, con empleo de calidad, que llegue a todas y todos»,

El pasado mes de octubre fue histórico para el mercado laboral español, y la recuperación del empleo sigue su marcha triunfal dejando a su paso récord tras récord. Por primera vez en 46 años se reducen las cifras de desempleados en un mes de octubre, y el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desciende en 734 personas en el mismo mes, un dato excepcional ya que es la primera vez que el paro baja en este mes desde el año 1975. Además, desde el mes de febrero, el número de personas desempleadas inscritas se ha reducido en 751.721 (…)

Eso es lo que nos dicen desde el gobierno, entre otras lindezas, acerca de las estadísticas del SEPE, de la cual nadie debiera extrañarse de que el gobierno siga usando las palabras “excepcional”, “por primera vez” e “histórico”. Tampoco debiera sorprender a nadie que, una vez más, este gobierno nos ofrezca una interpretación tramposa de las cifras, al entrar dentro de su idiosincrasia. No obstante, lo que, de verdad, deja pasmado a uno es que todos los medios de comunicación, con sus respectivos periodistas y tertulianos de toda tendencia, hayan comprado esa mercancía averiada.

¿Cuándo se entenderá que esta crisis sí que es particular y que todo lo que en ella se desarrolla no puede compararse con las situaciones normales de la economía y tampoco con el comportamiento económico de cualquier otra crisis pasada? No solo en los últimos 45 años, ni siquiera remontándonos muchos años atrás, jamás en un año el PIB se había desplomado el -10,8%, como ha ocurrido en 2020, ni la tasa interanual de un trimestre había descendido el  -21,5%, tal como sucedió en el segundo trimestre del año pasado. La lógica nos dice que la estacionalidad por fuerza tiene que contar muy poco si, por ejemplo, en el verano la totalidad de los comercios, espectáculos o servicios permanecieron cerrados o a medio gas, eliminándose las restricciones, concretamente en octubre. ¿Qué tiene de excepcional que en este mes baje el paro? ¿ qué tiene que ver el mes de octubre de este año con el de los anteriores?

Cuando en un determinado momento la actividad económica se hunde en más de un 10%, y el porcentaje de desempleo se eleva tan salvajemente, como ha ocurrido en nuestro país, nada puede tener de raro que a partir de ese momento el paro descienda todos los meses, más bien habría que cuestionarse por qué razón los datos de paro y empleo gubernamentales tienen tan poco que ver con la evolución del PIB, encontrándose la solución a tal misterio en las personas incluidas en los expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que, mientras permanezcan es esta situación, quiérase o no se quiera, siguen siendo parados, aunque lo sean temporalmente, como, de hecho ocurrió con los 2.661.878 personas que estaban en ERTE el pasado mes de mayo de 2020.

El enigma y su solución quizás se comprendan mejor analizando los datos de la EPA. Examinando la última, los portavoces gubernamentales echaron como siempre las campanas al vuelo. En este trimestre el número de ocupados aumentó en 359.000 personas, lo que significa que el total se ha situado por encima de los 20 millones, cifra que no se alcanzaba desde hace 13 años, justamente desde antes de estallar la crisis anterior. El panorama es propicio para el triunfalismo y la propaganda. El Gobierno se ha apresurado a colocarse las medallas y a proclamar el gran éxito que representa que la cifra de empleados haya retornado, e incluso superado, a la existente con anterioridad al inicio de la pandemia. El número de ocupados en el tercer trimestre de este año se ha incrementado en 157.000 con respecto a los del mismo periodo de 2019.

Pero, si comparamos estos datos con la evolución del PIB, aproximadamente un 6% por debajo del de 2019, el enigma y la contradicción aparecen tan pronto como se comparan estos datos, y con el número de las horas trabajadas semanalmente, que en el tercer trimestre del año actual han sido de 15  millones menos que en el mismo periodo de 2019, el enigma y la contradicción enseguida aparecen despejados, teniendo la respuesta, precisamente, en la existencia de los trabajadores en ERTE que, vuelvo a reiterar, siendo parados como son, sin embargo no se están  contabilizando como tal, pero siguen figurando en este colectivo como si lo fueran.

Es decir, los tan cacareados como manoseados ERTE, que ya venían contemplados en el obsoleto Estatuto de los Trabajadores,  están siendo usados para que jueguen un efecto perverso, consistente en el disfrazamiento de las  cifras del desempleo, un problema especialmente grave cuando este fenómeno se hace crónico, de tal manera que, lo que teóricamente tendría que ser un instrumento temporal se está convirtiendo indefinido, usándolo incluso para  la  “modernización” de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy que este gobierno, a pesar de su verborrea de promesas derogatorias, no va a derogar, sino, más bien, endurecer.

La cruda realidad de estos discursos triunfalistas es que estamos muy mal, pero vamos a peor, con España a la cabeza de la Unión Europea donde más se ha disparado la pobreza juvenil en estos últimos años, cuando una de cada tres personas trabajadoras de menos de 35 años está en pobreza laboral, siendo una de las principales causas de esta precariedad la desproporcionada temporalidad que afecta, en lo que va de año, a nueve de cada diez jóvenes en nuestro país.

“Los datos, si algo demuestran, es la enmienda a la totalidad a la reforma laboral” impuesta por el PP -afirmó Sánchez-, y por ello “el PSOE la derogará cuando vuelva a gobernar, en el minuto uno”. Además, y como ya avanzara ayer el líder socialista, su partido va a plantear en el Congreso y en una Convención ciudadana “una alternativa laboral a la precarización de las relaciones laborales y a las puertas abiertas por el PP para el despido masivo de los trabajadores”. “Ni las cifras de desempleo, ni la precariedad laboral son datos que justifiquen la autocomplacencia mostrada por el Presidente del Gobierno el pasado fin de semana. Exigimos un cambio radical en la política laboral y económica, y lo primero debería ser la derogación de la reforma laboral”, insistió Sánchez (Mitin del PSOE en Mérida, el año 2015)

Resulta obsceno escuchar algunos de los argumentos que circulan en torno a la reforma laboral, poniendo el foco en las dificultades que encuentran las empresas para contratar trabajadores cualificados y no en la precariedad, culpabilizando a quien padece las consecuencias de los malos empleos, a la vez que olvidándose patronal y gobierno que la educación pública de calidad es un derecho, no un requisito para obtener un trabajo digno, que es otro derecho fundamental, pero mucho  menos para gastar los fondos de formación en pagar las burocracias y otros “vicios inconfesables” del pandillerismo sindical, como, solo a modo de ejemplo, está ocurriendo en UGT de Asturias, actualmente en los Tribunales de Justicia, para quien la Fiscalía pide 40 años de cárcel para su cúpula dirigente.

No nos engañemos ni nadie trate de engañarnos, lo que se está negociando desde el gobierno más progresista de la historia de España con la UE y la connivencia vergonzante de los llamados sindicatos mayoritarios de UGT y CC.OO., que ni siquiera llegan al 12 % de afiliación de la población laboral española, son las reglas que van a marcar las relaciones laborales de los próximos años, incluso décadas. Pero lo que verdaderamente está en juego es el modelo de país que vamos a tener. Es decir, la generación nacida entre 1986 y 2002, la que llaman la más preparada, son también la más precaria y, por consiguiente, en la que más ha crecido la desigualdad, de tal manera que, si no somos capaces de dar un giro al volante, estas desigualdades amenazan con cronificarse, por eso, más que nunca, es el momento de tomar decisiones valientes.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reafirmado este miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados la intención del Gobierno de dejar lista la nueva reforma laboral para finales de año, ante las dudas que empiezan a surgir en la cámara por la lentitud de las negociaciones con patronales y sindicatos. Díaz ha asegurado que «sí, vamos a derogar la reforma laboral del PP» y se ha comprometido a rendir cuentas «si antes de diciembre esto no está bien hecho».

“Y al final se enamora” es un spoiler con el que podríamos arruinarle a más de uno la película después de comer. En la práctica, un spoiler es cualquier información sobre una parte vital de la trama de cualquier obra, ya sea una película, serie o libro, y no es lo mismo disfrutar de una serie sin ninguna información previa y disfrutar de los giros de la trama que saber de antemano que el asesino era el mayordomo. Por lo tanto, iniciaré mi análisis sobre la reforma laboral pidiendo disculpas a los lectores por haberles destripado el final de la película de Yolanda Díaz con repetidos spoilers.

Esta “comunista”, cuya máxima hoja de servicios en su currículo ha sido la de presentarse como la hija de un antiguo dirigente sindical de CC.OO. en los astilleros gallegos, y cuyos méritos revolucionarios cuenta, hasta la fecha, con la pírrica cima de haber acuñado la “rompedora” expresión de “matria” y su reciente visita al Vaticano para entrevistarse con el Papa, que, la verdad, tras una campaña propagandística sin igual, le ha servido para encumbrarse sin saber siquiera por qué. Cuando uno pregunta por sus realizaciones para erigirse en esa mujer tan grande, rápidamente te hablan de “los ERTE” pandémicos, que, añade, se han aplicado en Europa incluso por parte de los gobiernos de la derecha financiándolos con una partida concreta de los Fondos de Recuperación de la UE.

Pues bien, hace solo unos días la ministra vociferaba en el congreso de CC. OO. que iba a derogar la reforma laboral de la derecha, ganándose la cerrada ovación del pandillerismo de liberados y amarillos allí congregados, sin olvidarnos de que también mucha gente honrada, pero aún confiada, compartía por las redes sociales tan esperanzadora promesa. Pero, no pasarían muchas fechas, cuando la ínclita comunista, después de toda una refriega entre ella y miembros de su gobierno, confesaba en la televisión de la Sexta que “técnicamente” no habría derogación sino reforma de la reforma, para lanzar a continuación su particular jarro de agua fría, y dejarla, más o menos, como las reformas laborales de Zapatero y de Rajoy.

Pero, rompamos la pared del teatro, sabiendo que nada de esto era nuevo y que todos los miembros del gobierno progresista PSOE-Unidas Podemos también lo sabían desde tanto tiempo mareando la perdiz. Porque los fondos europeos del chantaje europeo solo serían concedidos a cambio de flexibilidad para poder exprimir más y mejor a los trabajadores. Una sola pregunta antes de entrar en harina:  Si el despido improcedente no va a volver a tener una indemnización de 45 días por año trabajado, ¿qué es lo que se va a derogar entonces? ¿Los artículos puramente declarativos? Cualquiera sabe de la escasa antigüedad que acumula la clase trabajadora española, especialmente los jóvenes, que son los que encadenan el trabajo precario. Por lo tanto, si la indemnización por despido improcedente – 33 días por año – no vuelve a ser sustancialmente diferente a la indemnización por despido procedente – 20 día por año -, ¿qué más les da a los patronos contratar a todos sus trabajadores como indefinidos?

Yolanda Díaz ha obrado el milagro y se ha convertido este sábado en la primera vicepresidenta del Gobierno de España que es recibida en audiencia pública por el Papa. El encuentro, que suele estar reservado para jefes de Estado (el cargo que el Pontífice ocupa dentro del Vaticano), ha llamado la atención dentro y fuera del Gobierno. Un ejercicio de visibilización de la ministra de Trabajo a nivel internacional en un momento en el que empieza a despegar como posible candidata de la izquierda y cuando sus choques con el ala socialista son cada vez más evidentes (12 de diciembre de 2021)

Es decir, lo que iba a ser una derogación de las reformas laborales de Zapatero y de Rajoy ha devenido en otra reforma que no hace sino revisar algunos artículos del obsoleto Estatuto de los Trabajadores. Por otra parte, hablar de la reforma del mercado de trabajo en España viene siendo una constante a la vista de que no funciona ya que mantiene una cifra elevada de paro – la más alta de la OCDE -, unos salarios bajos y una precariedad y temporalidad elevadas. Todo malo sin mezcla de bien alguno, y frente a esos males unos proponen más libertad de contratación, más abaratamiento del despido, más relajación en las exigencias, y otro piden más control más reglamentación, más seguridad, resultando que, de las tres reformas acordadas, las mismas nos ofrecen un esquema de algún pequeño pasito adelante y otros muchos atrás, pero sin afrontar cambios radicales, es decir, más de lo mismo.

Qué duda cabe, para el gobierno ha resultado todo un éxito este pacto alcanzado de la reforma, gozando del consenso social, aunque sea más aparente que real, pero, para la ministra Yolanda Díaz, significa todo un paso adelante en su objetivo de lograr el liderazgo de esa izquierda amable y neoliberal que viene orquestando. Y para el pandillerismo patronal y gubernamental significa la consolidación de su triste papel como poderes intermedios, bien conectados y financiados por el Estado, aunque sea traicionando miserablemente a la clase trabajadora que dicen representar.

Ahora solo falta por ver si la vicepresidenta Yolanda Díaz quiere seguir en el Gobierno de coalición o prefiere dimitir para dedicar el mayor tiempo posible a liderar y a dar a conocer su nuevo partido por toda España, con un discurso diferencial que ella califica de ‘transversal’ y en clara y directa competencia con Pedro Sánchez y el PSOE.

Pudiera gustarme el estilo de la Yolanda Díaz porque, si de lo que se trata es de vender los parches políticos de una mala imitación de la vieja socialdemocracia, lo hace sin el estridente histrionismo al que nos tenía acostumbrados el ínclito Pablo Iglesias – si lo que vas a vender es una falacia de igualdad social -, mejor hacerlo sin exagerar y sin que se note tanto la distancia entre lo que vendes y lo que das.

Es maja esta galleguiña, aunque todavía no se sabe muy bien si sube o baja por la escalera cuando te encuentras con ella de frente. La ven maja hasta los patronos, según ella misma nos ha confesado recientemente en la entrevista a todo lujo de “Yo Dona”, cuando declara que le da miedo, porque soy un ser humano muy pequeñito y no tengo partido. Puedo estar en la mesa del diálogo social, discutiendo sin dormir y cediendo como cede todo el mundo. Eso me apasiona, pero relativizo bastante el resto de las cosas. Un día me dijo un empresario, y no voy a decir quién: «Queremos más ministros como usted porque es la que menos política hace del Consejo de ministros, y esa es la mejor manera de hacer política». Me quedé impactada, pero te indica un poco lo que quiere la gente. ¿Qué gente y de qué clase social son?

«Es un acuerdo histórico. Es la primera vez en 40 años que una reforma estructural de este calado se produce con el consenso de todas las partes. Me siento muy orgullosa de mi país y de los agentes sociales. Cuando conozcan el texto, verán que no se trata de un retoque. Solamente con tratar la reforma completa de la temporalidad, y en los términos que se ha hecho, ya es un logro. Vamos hacia un modelo europeo y a partir de ahora nuestros contratos van a ser estables. Es un cambio de paradigma fundamental».

Señora vicepresidenta del gobierno: En España hay 4,4 millones de trabajadores con contratos temporales, que representan el 25% de los asalariados, cuando la media de la UE está en el 13% de la población. Para empezar, el contrato temporal se podrá convertir en indefinido cuando un trabajador esté con ese tipo de empleo un tiempo máximo de 18 meses, en el periodo de dos años. Hasta la fecha, eran 24 meses en un periodo de 30 meses. Eso sí, el gobierno se ha comprometido a aumentar los recursos de la Inspección de trabajo y de Seguridad Social para acabar con el tantas veces anunciado fraude en las relaciones laborales. Es decir, si el acuerdo no surtiera los efectos perseguidos, el madrugador triunfalismo del Gobierno carecerá de sentido porque terminará traduciéndose, más temprano que tarde, en un mayor desempleo.

En cualquier caso, el gobierno aún necesita recabar el apoyo de fuerzas como ERC, BNG o Bildu, tal y como lo ha dejado claro su máximo representante: El objetivo de EH Bildu pasa por modificar «de manera estructural» el acuerdo alcanzado y hacerlo tanto en el Congreso junto al resto de socios independentistas de Sánchez como en la calle de la mano de los sindicatos nacionalistas como ELA y LAB – mayoritarios en Euskadi con el 60% de representación -, muy críticos con un acuerdo en el que no han participado.

La imagen era el mensaje. A menos de 200 kilómetros de la frontera con Rusia, en la base de la OTAN de Adazi, en Letonia, rodeado de soldados españoles y canadienses y con varios carros de combate a sus espaldas, el presidente español, Pedro Sánchez, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el primer ministro letonio, Artur Krišjānis, han coincidido en una fuerte advertencia a Vladímir Putin: todos los países defenderán unidos hasta el último centímetro del territorio del Tratado del Atlántico Norte, y eso incluye las tres repúblicas bálticas

Después de casi tres meses sin poder ponerme delante de un ordenador, debido a mi enfermedad de columna que me dejó inmovilizado en la cama, hoy, en pleno aprendizaje para volver a andar, vuelvo a asomarme a las páginas del periódico para tratar sobre la guerra que se viene librando entre las dos exrepúblicas hermanas de la URSS: Rusia y Ucrania.

Pero, antes de entrar en materia, debo de reconocer que me resulta muy difícil, por no decir imposible, comprender este conflicto aduciendo únicamente a consideraciones de índole personal, idiosincrasias caracterológicas, cualidades demoniacas o pasados imperiales o autoritarios redivivos y siempre útiles para no pensar políticamente el presente, como también me resulta mucho más difícil todavía comprender, a las sectarias exposiciones de los OTAN-broters que aparecen en los distintos medios de comunicación mediante la imputación de la predilección por uno u otro bando a una u otra descripción de los hechos que no coincide con la propia.

No obstante, comenzaré manifestando que soy un admirador del pueblo soviético, incluida, lógicamente, su antigua república de Ucrania en donde me cabe el honor de haberla visitado en tres ocasiones, concretamente su cuenca minera del DONBBAS, donde hice varios amigos, alguno de ellos asesinados en la guerra que estalló allí en 2014, con miles de muertos,  por lo que pienso que esos  insulsos cartelitos del NO A LA GUERRA llevan 8 años de retraso, porque la guerra global que se viene librando ya comenzó hace mucho tiempo. Otra cuestión es que los medios de comunicación de los que nos alimentamos, decidan qué tiempo hace, o qué conflictos existen o no existen, pero son muchísimos rincones del mundo los que desde hace años están en guerra y son invisibilizados debido a qué los intereses económicos que hay detrás favorecen a la alianza occidental USA-OTAN. ¿Cómo es posible que Yemen, “la peor y más grande catástrofe humanitaria del mundo”, según el informe PNUD de la ONU, con cerca de 400.000 seres humanos muertos no haya merecido una sola línea en los medios de comunicación? ¿Existe Palestina o ya acabaron con ella los sicarios del Estado sionista de Israel? ¿Saben algo de la guerra que vienen librando nuestros hermanos saharauis contra Marruecos, apoyado por el sionismo del Estado de Israel y los EE.UU. ¿Alguien ha oído algo de la guerra del COLTAN donde su extracción, ha provocado un largo conflicto bélico interno en la República Democrática del Congo que, desde 1997 hasta nuestros días, ha causado más de cinco millones de muertes?

La crisis de los misiles de Cuba es como se denomina el conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares de alcance medio de origen soviético en la isla cubana.En Rusia se le denomina Crisis del Caribe, mientras que en Cuba se le llama Crisis de octubre.¹Fue una de las mayores crisis entre ambas potencias durante la Guerra Fría donde más cerca se estuvo de una guerra nuclear, junto al Bloqueo de Berlín, los ejercicios Able Archer 83 y el derribo del Vuelo 007 de Korean Air.

Volviendo al tema concreto que nos ocupa, con la caída del muro del Berlín, allá por noviembre de 1989, se daba por finalizada la denominada “guerra fría” que durante tiempo mantuvo en vilo a la población mundial, de tal manera que todo lo que estamos leyendo y escuchando estos días sobre la crisis en Ucrania recuerdan mucho a la tensión que se vivió con la crisis de los misiles cubanos en 1962, una crisis que supuso el episodio más tenso de la Guerra Fría, entre EE.UU. y la URSS. Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 la tensión era creciente, y en 1961 Kennedy intentó invadir Cuba a través de un desembarco de disidentes entrenados por la CIA en Bahía de Cochinos, resultando la operación todo un fracaso, por lo que Estados Unidos decidió poner en marcha la Operación Mangosta, para hacer caer al régimen de Fidel Castro a través de la guerra económica y de otras operaciones militares encubiertas, apareciendo la URSS en apoyo del pueblo cubano, aprovechando su líder, Nikita Kruschev, la coyuntura para instalar allí misiles de alcance medio en respuesta a los que EE.UU. tenía en Turquía y la República Federal Alemana.

Rusia es el país con la mayor reserva de gas de todo el mundo. Las instalaciones en la península de Yamal, en el norte del país, poseen unos 4,9 billones de metros cúbicos de reservas de gas. Este número duplica el total de las reservas de la Unión Europea, que tiene 1,9 billones. Esto hace que Europa sea el principal importador de gas ruso. De acuerdo con el informe anual de 2020 de BP, el 37% (más de un tercio del total) del gas que importa la Unión Europea procede de Rusia. Por otro lado, Rusia vende el 85% de sus reservas de gas a la UE. Según Eurostat, España se encuentra entre los diez países que más gas importan, pero no lo trae de Rusia, sino que lo recoge de Argelia. Según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) en noviembre de 2021, el 10,7% de las importaciones de gas natural a España procedían de Rusia, frente al 35% que llegan de Argelia.

A poco que exploremos los antecedentes de la situación, por poco que seamos capaces de situarnos en el lugar del otro, veremos que el principal pecado cometido por Putin, si asi se le puede calificar, radica en haber sacado a su país de la condición de estado fallido a la que lo había arrojado un Boris Yeltsin, que sus posiciones son esencialmente defensivas y preventivas aun cuando, al tratarse de un país tan grande, su política afecte a muchos territorios, aunque todos próximos a sus fronteras. Una somera consulta de las hemerotecas desvela la machacona insistencia de Putin a lo largo de los últimos veinte años en la necesidad de que todos los países influyentes respeten la legalidad internacional. En que sólo si se construye un orden internacional multipolar que no contemple el monopolio de un país o de sus afines, en la definición de los criterios políticos, militares y económicos vigentes puede crearse una comunidad internacional de paz. En que solo si se respeta el derecho de todos los países a vivir con seguridad, puede evitarse la vandalización del mundo. Putin insistía, por ejemplo, en la sonada conferencia de Múnich de seguridad de 2007, en la importancia de que estos argumentos no acabaran ahogados en protocolos formales y buenas palabras, sino que fueran tomados en serio pues de ellos dependía la posibilidad de crear un orden internacional civilizado, pero los países de la OTAN se reservan para sí el derecho a vivir sin amenazas nucleares, provocando cambios de fronteras sin respetar la legalidad internacional y reconociendo la separación de Kosovo del territorio de Serbia en 2008. Bombardean países sin el respaldo de Naciones Unidas como sucedió con Serbia, Libia o Iraq, legalizando grupos nazis en sus territorios para usarlas contra Rusia.

La fotografía que encabeza esta nota es de uno de los destacamentos del Batallón Azov, fuerza paramilitar integrada mayoritariamente por militantes de las organizaciones de extrema derecha ucrania como Pravy Sector y Svoboda, movimientos que fueron protagonistas del derrocamiento del gobierno de Viktor Yanukovich a inicios de 2014, y que en los años posteriores han llegado a ser incorporados como dependientes del Ministerio de Asuntos Interiores del país, y cuentan con importantes redes financieras ucranias e internacionales, entre otras, vaya paradoja, la del magnate judío Ihor Kolomoisky. Son parte de las fuerzas paramilitares y militares que combaten contra las milicias en el este de Ucrania, levantadas en aquella parte del país notoriamente más inclinada a una alianza con la Federación Rusa y no con la Unión Europea, y que resisten ante la avanzada de una extrema derecha que no ha hecho sino crecer en la parte occidental del país y Kiev, la capital, donde se hizo conocida como “Euromaidán” la insurrección y derrocamiento de 2014, motivado precisamente por la suspensión que había hecho el gobierno de Yanukovich del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Ucrania.

La cuestión es que, hoy por hoy, después de aquel desgraciado periodo del Boris Yeltsin, el gigante euroasiático, echando mano de las inmensas riquezas que esconden sus entrañas en sus millones de kilómetros cuadrados de territorio, lograba tener con los beneficios obtenidos el ejército más fuerte del mundo, y el más avanzado en tecnologías punta en todas las áreas.

Es decir, solo la cerrazón y la intransigencia de unos dirigentes occidentales de USA-OTAN que no han sabido, en primer lugar, valorar el enorme poder militar de Rusia, hasta resultar del todo ridículo la propaganda bélica en los medios de comunicación otánicos cargándole a Putin una derrota a manos del presidente Zelenski, cuando en manos del mandatario ruso está el poder destruir toda Ucrania en solo unos minutos si quisiera utilizar su arsenal de última tecnología, y en segundo, la línea roja que representa el hecho, absolutamente letal para Rusia, del ingreso de Ucrania en la OTAN con la seguridad absoluta del despliegue de misiles balísticos nucleares de rango intermedio en su territorio, a cinco o seis minutos de vuelo de Moscú.

Imbuidos del grandonismo que les caracteriza de auténticos matones, los yankees no podían prever, o no quisieron, entrar en razón cuando Putin les pidió públicamente garantías de que aquel escenario macabro que se proponía desde la OTAN jamás podría ser aceptado. ¿Cómo va a ir este pobre diablo ruso, medio comunista, a la guerra con nosotros, la toda poderosa OTAN?

Pero, Putín fue, no a la guerra abierta pero sí a la destrucción del ejercito ucraniano y la defenestración del gobierno neonazi que lo dirige. Y ahora a la OTAN no le queda otro remedio que implementar una vergonzante y perversa campaña de desinformación y propaganda que da vergüenza ajena… ¡¡¡ Que malos son los rusos, que masacran hospitales de niños, y que malo es el diablo Putin que, además está loco ¡¡¡

Una cuestión debe quedar muy clara: echando gasolina al fuego, esto es enviando armas – algunas de las cuales en manos de los traficantes – solo se logra prolongar la agonía. Solo una negociación de la UE y Ucrania con Putin, puede parar la catástrofe de la guerra.

El Comercio de Gijón ( 3 de abril de 2022)

… pero, la historia de la minería asturiana va mucho más allá de la pura concepción de extraer carbón. Sus páginas están escritas con la sangre de muchos mineros asturianos a lo largo del siglo XX, reivindicando sus derechos y de forma indirecta el de otros sectores, siendo uno de los momentos clave en la lucha de clases la huelga del 62 que hizo tambalear el régimen fascista de Franco.

Se puede afirmar sin exponerse a ninguna exageración que una de las constantes del régimen franquista a lo largo de su existencia fue la práctica de la represión política, social y cultural, correspondiéndole a la región asturiana el trágico honor de ocupar el primer escalón en lo que significó la acción más feroz de la España derrotada. Su prestigio revolucionario del movimiento obrero minero, fundamentado en los acontecimientos de octubre del 34, explican el carácter de revanchismo exacerbado con que los «vencedores» actuaron en las zonas «liberadas», iniciándose la «caza del rojo» desde el primer momento del triunfo franquista.

El Comercio de Gijón (3 de abril de 2022)

Los asturianos opuestos al régimen habían quedado expuestos en todo momento a las acciones de las bandas incontroladas, pero perfectamente controladas por la Falange, a caer bajo la jurisdicción del aparato legal sobre el que se fundamentó el mismo estado fascista del franquismo, el cual consideraba muy grave delito la defensa y la práctica de las libertades y derechos democráticos como la huelga o el derecho de asociación fuera de las organizaciones de la FET y las JONS, además de otros cuya interpretación siempre estaban al arbitrio de sus propios tribunales. A los efectos oportunos, el régimen franquista se apresuró a recoger en el Fuero del Trabajo, que no quedaría impune ninguna perturbación de la producción, recogiendo en la Ley Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, del 1 de marzo de 1.940, y la Ley de Seguridad del Estado, del 29 de marzo de 1.941, que cualquier pena sería justificada si con ello se castiga y penaliza a los promotores de actos huelguísticos, sin olvidar las connotaciones características que suponía para la minería unas penas más extremas, habida cuenta de que dicho sector estaba militarizado.

El Comercio de Gijón (3 de abril de 2022)

Lógicamente, en este contexto histórico dominado por una implacable represión, los mineros iniciaban un largo calvario, en el cual tuvieron claro que la guerra no había finalizado para ellos. En absoluto resultaba nada fácil reorganizarse en aquellas circunstancias en las que a la violencia represiva del régimen había que añadir la debilidad inicial de unas organizaciones cuyos hombres más valiosos habían fallecido, otros se encontraban en las cárceles sentenciados a largos años de prisión o esperando la ejecución ante un pelotón de fusilamiento, y otros supervivientes que habían «huido» hacia el exilio.

Con el cambio de década la clase obrera va a conocer la incorporación de un nuevo núcleo que en el futuro se convertiría en el embrión de lo que fueron las Comisiones Obreras en España, constituido por los mineros de La Camocha, a donde se iban incorporando inmigrantes procedentes, en su mayoría, de las cuencas centrales asturianas, dándose la circunstancia  de que en el año 1.960, tan sólo un 40 por ciento de la población residente en la parroquia de VEGA era originaria de Gijón, correspondiendo el resto a gente de las cuencas y emigrantes de otras zonas de España, de los cuales, muchos de ellos habían pasado por departamentos penales como consecuencia de su actividad política y sindical en defensa del gobierno legítimo de la II República, configurándose La Camocha como la explotación propicia para la organización del movimiento obrero, sobre todo, teniendo en cuenta el cierto aislamiento de la explotación fuera de los núcleos principales de la población, muy distinto a otros enclaves en el Nalón o Caudal.

El Comercio de Gijón (3 de abril de 2022)

Así se llega al año 1.956, cuando un desacuerdo con las primas establecidas de producción, las condiciones de trabajo de los mineros silicóticos y la reducción de la jornada en trabajos con agua, entre otras reivindicaciones, se van sucediendo como causas de una inquietud reinante y ven confluir en torno a estos y otros motivos similares el descontento a trabajadores de muy distintas tendencias, quedando conformada la “primera comisión obrera de mineros” que integran Casimiro BAYON, militante del partido comunista; Francisco «el Quicu”, militante de la JOC; Pedro GALACHE, independiente y Gerardo Tenreiro, falangista y excombatiente de la División Azul. Es decir, en La Camocha se había iniciado la puesta en práctica de la nueva táctica del Partido Comunista de España, abriendo paso en Asturias a una fase de conflictividad laboral que alcanza magnitudes hasta la fecha inusitadas, siendo los mineros del Nalón los que llevan el peso fundamental de los conflictos que se suceden al de La Camocha, con los Pozos Maria Luisa y Fondón a la cabeza.

El Comercio de Gijón (3 de abril de 2022)

La crisis del sector minero, la falta de comunicación en el marco sindical, el rechazo obrero a unos planes laborales promocionados por la patronal al margen de los trabajadores, y la contención salarial de la política estabilizadora de 1.959, además de la tensión acumulada por las huelgas de 1.957 y 1.958, anunciaban un escenario extremadamente conflictivo para la década de los sesenta, de tal manera que el 7 de abril saltaba la chispa de la Huelga del 62, con el despido arbitrario de siete picadores del Pozo Nicolasa de Mieres, expandiéndose muy rápidamente por todas las explotaciones mineras de Asturias hasta su normalización, allá por el mes de setiembre, dejando un cierto regusto de victoria en unos y la sensación de continuar la lucha en otros por conseguir la liberación de los más de cuatrocientos compañeros mineros privados de libertad, en su mayoría militantes comunistas.

El Comercio de Gijón (3 de abril de 2022)

Por primera vez desde 1939, los mineros asturianos habían logrado prolongar la huelga del 62 en las cuencas mineras, tan duramente reprimida por el gobierno franquista, la cual sería evaluada en Washington como una señal de alarma. De hecho, un estudio patrocinado por el Pentágono – Proyecto Vulcano, elaborado por el Grupo de Estudios Especiales del Instituto for Defense Analyses, en el que participó la Universidad de Harvard -, incluía a España entre las dictaduras protegidas por EE.UU., pero con una creciente posibilidad de violencia e interferencia internacional, derivada principalmente de las luchas de los mineros asturianos y su incidencia en el movimiento obrero del resto de España, optando los norteamericanos por la denominada “intervención preventiva”. Así se obró, sin que el dictador Franco fuera ajeno a todo el proceso. El general Salgado-Araujo, secretario personal del Caudillo, dejaría anotado el 29 de mayo de 1967 su diálogo con éste: “la obsesión de la CÍA es conseguir que nuestro Estado tolere primero, y legalice después, la acción de dos partidos, uno de carácter socialista y otro democrático, que deberán tener su expresión en dualidad similar en el campo universitario y sindical (…) La CÍA cree que con estas actividades cumple el deber de prever el futuro, pues de lo contrario al régimen débil sucedería el caos, y a este el comunismo. España era vital para el Oeste y Nixon no quería ver desarrollarse una situación caótica o anárquica, de tal manera que Franco entronizaría al Borbón Juan Carlos”, aunque dejando muy claro que él sería quien ostentaría la Jefatura vitalicia de las Fuerzas Armadas.

El presidente del Gobierno ha presentado ante los grandes empresarios un Plan Nacional de medidas de corte económico y social para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania que incluyen 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas fiscales y 10.000 millones en avales del ICO.

“No vamos a permitir, señoras y señores, que la guerra trueque esa evolución positiva de la economía española en nuestro país”. Quien así se expresaba era el inquilino de la Moncloa al presentar su “Plan de choque de repuesta a la guerra”. Y lo hacía como en él viene siendo característico en el foro que más le gusta, el del mundo empresarial, donde suele acudir a presentar sus proyectos y leyes, con anterioridad a exponerlo en el Parlamento, o a la oposición, incluso, a sus socios de gobierno y de coalición.

En su presentación, el presidente Sánchez nos hablaba de las dificultades económicas causadas por Putin, hasta el extremo de que su plan de choque contra la crisis económica lo ha tildado de respuesta a la guerra, pero ello resulta muy poco creíble cuando, antes del conflicto bélico e incluso antes de que este se vislumbrase el hundimiento de la economía española había sido el más pronunciado de todos los países de la Unión Europea y de la OCDE, y el ritmo de recuperación el más bajo, de manera que nuestra economía es la que más se aleja de los niveles de 2019. A su vez, la inflación ha venido aumentándose a lo largo de todo 2021, hasta alcanzar en diciembre, mucho antes de que las tropas rusas invadiesen Ucrania, el 6,5%.

«En la última década no se había registrado un precio tan alto de la electricidad en España. El recibo ha pasado de 46 euros a 88, casi el doble. ¿Qué tiene que decir el Gobierno?». Éste era el contenido de un tuit publicado el 24 de enero por el hoy presidente, después de que el grupo socialista en el Congreso hubiese pedido la comparecencia del entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que explicase la política del Ejecutivo popular ante la importante subida de factura de la luz que se había producido en los últimos meses.

Qué duda cabe, la guerra ha agravado la situación económica de toda la Unión Europea, especialmente disparando la inflación, pero alguien tendría que contestar a la pregunta de por qué nuestro país, siendo de los que teóricamente tienen menor dependencia energética de Rusia, es uno de los que presentan mayores incrementos en los precios. En el mes de marzo la tasa de inflación armonizada de España asciende a 9,8%, 2,3 puntos por encima de la media de la Unión Europea (7,5%). Tan solo Lituania, Estonia, Países Bajos y Letonia han sufrido mayores incrementos. Sin embargo, otros, y más representativos para nuestra economía, como Alemania, Italia, Portugal y Francia, etc., presentan respectivamente tasas mucho más reducidas (7,6%, 7%, 5,5% y 5,1%,).

No, señor presidente: no han sido Rusia y Putin los causantes en el incremento de los precios en la energía con una subida escandalosa en la factura de la luz. Han sido usted mismo y sus compinches en el gobierno de progreso PSOE y Unidas Podemos los verdaderos causantes de la estafa consentida que se viene ejerciendo sobre la población, aprobando, en mayo de 2021, una normativa que permitía a las eléctricas incrementar los precios hasta 3.000 euros el MWh. Una normativa que aparece publicada en el BOE del 6 mayo de 2021, sin apenas difusión, una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, organismo regulador del sector eléctrico hasta los 3.000 euros el Megavatio hora.

Sin apenas difusión mediática y una escasa divulgación pública, aprovechando el arresto domiciliario de la gente durante el covid-19, la explicación que se ofreció públicamente era que los umbrales tenían que ser modificados para que coincidieran con los establecidos en el resto de los países europeos, es decir, quien tomó la decisión de que el precio máximo de la electricidad fuera de 3.000 € el MWh, usando el falso argumento de que ”esto viene de Europa”, le correspondió a la Agencia europea para la cooperación de los reguladores de energía (ACER).

En España, las explicaciones recurrentes cuando se trata de perjudicar el bolsillo de la gente suelen ser que esto se trata “de una normativa que viene de Europa”, argumento que sirve para un roto y para un descosido, pero que es radicalmente falso.

Desde mi punto de vista, resulta totalmente imprescindible la definición de un verdadero plan de transición energética de España y para España que incluya la nacionalización del sector. Lo de los sucesivos récord en el precio de la luz no va a ser flor de un día y no bastarán brochazos o medidas temporales para resolverlo. De hecho, las medidas de reforma del mercado que han sido adoptadas posteriormente por el Gobierno, no responden sino a unas medidas meramente paliativas, aunque tuviesen un calado importante.

Es un buen primer paso otorgar una protección mayor a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, fijando un suministro mínimo vital para perceptores del bono social eléctrico e impedir el corte del suministro, pero no menos  importante resulta la limitación en la orgía de beneficios caídos del cielo obtenidos por las grandes compañías en las instalaciones que no usan el gas natural o los derechos de CO2 y que se están “poniendo las botas” al cobrar su producción al precio que marcan las que sí que lo usan o fijar un tope a la tarifa de gas natural para proteger a la gente. También es un avance la modificación de la Ley de Aguas para impedir que se vuelva a hacer un uso irracional del agua desde el punto de vista del interés general, como ha ocurrido el pasado año con el agua de los embalses, fijando un régimen mínimo y máximo de caudales medios mensuales a usar, de tal manera que las empresas generadoras no puedan volver a vaciarlos para multiplicar su rentabilidad.

Sin embargo, todo lo que no sea blindar como bien público la energía eléctrica y sacarla del ‘mercado’ para que no esté al albur de dinámicas de lucro privado, es pan para hoy y hambre para mañana. Y no únicamente porque algunas de las medidas tengan carácter temporal sino porque no abordan el eje fundamental que ya señalábamos como imprescindible. No en vano habría que recordar que las empresas que “cortan el bacalao” repartieron 6.200 millones de euros en dividendos a sus accionistas con cargo a 2020, el año de la pandemia en el que la gente tanto ha sufrido y en el que el precio mayorista de la electricidad era la tercera parte del que estamos teniendo en 2021.

“España tiene gas natural almacenado para dos meses largos. A medio plazo se va a disparar en España el precio del gas natural por la necesidad de aprovisionamiento y pagaremos el gas en los mercados al doble del precio que está ahora”. La locura del coste del gas en los mercados ha provocado que algunas comercializadoras estén rompiendo contratos con grandes consumidores para no vender por debajo de precio.

Lo que ha hecho el Estado ha sido aliarse históricamente con las compañías eléctricas a través de las conocidas “puertas giratorias” y en la útil estrategia desplegada por las compañías para ganarse los favores de quienes han hecho las normas con la expeditiva fórmula de sentarles en sus consejos de administración. Sin quitarle importancia a esta despreciable fórmula de comprar voluntades, y que ha ahormado el mercado para que sirva a los intereses de unos pocos, ese instrumento, el mercado, por mucho que lo revistan no sirve para arreglar el problema.

¿Por qué la energía, dado que es un bien básico de primera necesidad, debe ser garantizada como servicio público? Como cualquier sector económico esencial debe quedar sometido a la planificación democrática y bajo control público. Por eso resulta totalmente imprescindible el diseño de ese verdadero plan de transición energética aludido, con el ahorro energético como principal objetivo, incluyendo la nacionalización del sector para ponerlo al servicio de los intereses colectivos. Básicamente, se trataría de utilizar como marco un artículo de la Constitución Española, el 128, que dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Solo hay que creérselo.

“Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas, compañeros”, ha dicho este sábado ante un público entusiasmado que le gritaba: “Presidenta, presidenta”. “Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas aquellas personas que, estén donde estén, jamás han querido derogar ni alterar el modelo de relaciones de precariedad que ha impuesto unilateralmente la derecha en este país”. (El Periódico, 10 de fbrero de 2021)

El Acuerdo del Gobierno progresista PSOE y Unidas Podemos decía expresamente: “derogaremos la reforma laboral”. Sin embargo, le duela a quien le duela, en una más de las traiciones de este gobierno a las trabajadoras y trabajadores, ha optado por llevar a cabo un retoque meramente cosmético de la reforma de 2012, y como quiera que para tales iniquidades está contando con una plena cobertura mediática que va desde la extrema derecha hasta los medios «progres» que lo apoyan, el Gobierno ha optado por lanzarse a una campaña de fakes que procura presentar las modificaciones en la actual legislación laboral como un cambio de paradigma en las relaciones laborales y a la principal urdidora del fraude, la vicepresidenta Yolanda Díaz,  como una suerte de heroína.

De esa manera, todos los primeros de mes, desde que se consumare este nuevo crimen contra los trabajadores, se vienen anunciando resultados espectaculares de la reforma laboral, afirmándose que la reforma está creando empleo y está reduciendo la temporalidad. Una cuestión que la política de empleo no puede causar por si sola, salvo que se modifique la jornada laboral máxima con el consiguiente reparto del trabajo, ni la caída estadística de la temporalidad conduce necesariamente a una mayor estabilidad en el empleo. Por el contrario, dejando incólume los preceptos de las anteriores reformas va a causar una mutación en las formas de precariedad laboral y no impide la generalización de la inestabilidad en las relaciones laborales establecidas con las reformas de Zapatero y Rajoy.

La reforma laboral yolandista establece que el contrato indefinido sea la forma habitual de contratación, planteando exigencias adicionales para suscribir contratos temporales. Sin embargo, la regulación del contrato indefinido se ha quedado igual, llamándolo indefinido porque simplemente no tiene plazo de duración, que sí tienen los contratos temporales, pero el despido de las personas con contratación indefinida sigue siendo barato y fácil, y se encarece marginalmente el despido de la contratación temporal. No hay disuasión ni causalización. De modo que el empresariado está optando por convertir contratos temporales o contratar de inicio con contratos indefinidos en mayor proporción que antes, sin mucho mayor coste ni barreras a la flexibilidad laboral. En realidad, lo que el Gobierno ha hecho para conseguir la firma de la patronal no es más que eliminar la modalidad “por obra o servicio” y mantener el eventual por circunstancias de la producción con alguna modificación menor.

A grandes rasgos, puede decirse que hay cuatro tipos principales de contrato laboral en España: indefinido, temporal, para la formación y en prácticas. La idea que se está pretendiendo «vender» desde el Gobierno es que la posibilidad de celebrar contratos que no sean indefinidos quedará muy restringida tras la reforma laboral, de tal manera que el carácter indefinido de la relación de trabajo pasará a ser la regla, con apenas excepciones, aunque la realidad sea muy distinta.

Las formaciones del Gobierno suscriben un acuerdo con el partido vasco en el que se comprometen a la «derogación íntegra» de la reforma laboral impulsada en 2012, que se debe hacer efectiva «antes de la finalización de las medidas extraordinarias en materia económica y laboral derivadas de la crisis originadas por el covid-19».

Si algún cambio ha producido la no derogación de la reforma laboral del PP, este ha sido la de algún que otro cambio estadístico, que no están sirviendo sino para camuflar la aparición de nuevas formas de precariedad y una soterrada extensión de la inestabilidad en el empleo.

Uno de los mensajes del gobierno – el principal – es que se crea mucho empleo gracias a la reforma laboral de Yolanda Diaz, pero si nos detenemos en los datos, los logros no reflejan tanto brillo. Las cifras seleccionadas cuentan empleos sin más. Hay que hacer notar que es más frecuente la presencia de empleos a tiempo parcial o fijos-discontinuos. El desempleo parcial, cada vez más extendido, no aparece en las estadísticas salvo que se indague un poco más de lo que nos cuentan. Frecuentemente, los datos de empleo se presentan con una perspectiva parcial, comparándolo con el suelo de empleo de 2020, el año del confinamiento.  En efecto, si se presentan los datos así, desde el confinamiento de 2020, y lo ponemos en comparación con los datos del primer trimestre de 2022, se han creado un 23,5% más de empleos, pero si contrastamos con los datos del cuarto trimestre de 2019, justo antes de la pandemia, refleja un aumento de apenas el 1,7% del empleo equivalente a tiempo completo.

Conviene, por lo tanto, estudiar la evolución de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, que estiman los empleos armonizando su tiempo de trabajo. Desde finales de 2019 hasta la fecha los empleos creados apenas fueron de 263.600 empleos equivalentes a tiempo completo, logrando superar el parón de la pandemia en 2020 y 2021. Pero solo evolucionan al ritmo de crecimiento rampante del periodo 2013-2019. Ni que decir tiene que, si contrastamos con 2008, que inició la Gran Recesión, seguimos con 985.600 empleos menos que entonces.

La letra pequeña del borrador desmiente la idea de que la reforma laboral de 2012 sería respetada en un aspecto tan importante como son las indemnizaciones.

Por si no fuera suficiente, el restablecimiento de las indemnizaciones por el despido que recorto la reforma laboral del PP en 2012 ni siquiera llegó a ponerse en ningún momento sobre la mesa del “histórico” acuerdo del gobierno con la patronal y los sindicatos de UGT y CC.OO.  Recordemos que, hasta 2012, las indemnizaciones por despido improcedente ascendían a 45 días de salario por año trabajado con un tope de 42 mensualidades, y que la empresa, incluso cuando optaba por la indemnización frente a la readmisión, tenía que abonar en todo caso los salarios de tramitación. Con la reforma laboral de 2012 estas indemnizaciones quedaron reducidas a 33 días de salario por año, con un tope de 24 mensualidades, y desaparecieron los salarios de tramitación cuando la empresa optaba por la indemnización. Añádase que la supresión de los salarios de trámite dio lugar a una huelga general el 20 de junio de 2002, cuando el PP hizo un primer intento fallido de introducirla por primera vez en nuestra legislación, y a dos huelgas generales en 2012 (las de los días 29 de marzo y 14 de noviembre), ambas contra la reforma laboral de la cual esta supresión era un componente esencial. Ahora, sin embargo, CCOO y UGT parecen dar por bueno lo que ayer consideraron inadmisible y la izquierda política santifica este aspecto esencial de la reforma laboral del PP, poniendo de manifiesto hasta qué extremo de degeneración han llegado todas estas organizaciones que viven del corrompido sistema pseudodemocrático.

En definitiva, la política económica aplicada sigue caracterizándose por un modelo de neoliberalismo compasivo, y la reforma laboral solo ha matizado testimonialmente las dos anteriores de 2010 y 2012. Sin embargo, promueve varias tendencias. Primero, las formas de inestabilidad se extienden y consolidan. Segundo, las formas de precariedad en el empleo mutan y se profundizan. Por eso nadie debiera extrañarse que la CEOE haya saludado la nueva reforma laboral pactada porque – en su opinión – “consolida el modelo laboral actual” al mantener “intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas”.

Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a la directiva de la Sociedad de Festejos y Cultura de Ciaño por facilitarme esta magnífica tribuna para la presentación de mi libro, y gracias a los compañeros y compañeras de la tertulia ENCUENTROS por ofrecerme la posibilidad de publicar la obra.

“ASTURIAS SAQUEADA” es un libro del que me siento especialmente satisfecho, aunque debo de reconocer que hubiera preferido escribir sobre una Asturias plena de trabajo y prosperidad al servicio de España como lo fuera tantos años atrás. Es una crónica escrita en carne y hueso de lo que ha ocurrido en nuestra comunidad desde la revolución del 34 hasta nuestros días. Una crónica realizada en clave de lucha por la libertad, la igualdad y la solidaridad, donde sus hombres y mujeres son los principales protagonistas.

“ASTURIAS SAQUEADA” es un libro para la lectura y la reflexión que forman todo un cuerpo de acción, de pensamiento de ideas, de principios y de valores políticos, pero también es un libro que denuncia la CORRUPCIÓN en nuestras instituciones y, cómo no, en el sindicalismo minero al que he dedicado los años más importantes de mi vida, siempre concibiendo el sindicalismo de clase fundamentado en una escala de principios y valores.

Antiguo Cine Ideal en Ciaño de Langreo, hoy sede de la Sociedad de Festejos y Cultura San Esteban  de Ciaño, el 7 de junio de 2022.

Si para unos el sindicato era considerado como una mera correa de transmisión respecto a los partidos, y para otros el sindicato sigue siendo considerado como un arma política para medrar o hacerse una carrera profesional, para mí el sindicalismo ha sido y sigue siendo la expresión de una lucha reivindicativa a la par que de transformación cualitativa de las relaciones sociales y de producción. Por eso hay que tener mucho cuidado con esa seudo-izquierda compuesta en gran parte de oportunismo y arribismo.

Aquellos que más gritan ahora que son de izquierda son los que no lo han sido nunca, los que durante muchos años atrás han navegado a favor de la corriente, sin haber conocido lo que es la penuria e indiferentes a los sufrimientos y preocupaciones del pueblo, de la clase trabajadora. Para esa gente, la izquierda es como un valor de bolsa; se apuntan a ella según la cotización que alcance en el mercado.

Una izquierda auténtica y digna de ese nombre en absoluto se improvisa y mucho menos se logra por permanecer unos días de acampada en cualquier plaza o lugar cantando la Bella Ciao y la Marsellesa. Se pueden improvisar banderas de muchos colorines, publicaciones a todo lujo y cuentas corrientes, pero nunca una conciencia de izquierda lograda de manera express durante media hora en la cafetería de cualquiera de las facultades universitarias. Para lo primero solo hace falta dinero – en su mayoría logrado por métodos mafiosos y una buena dosis de cinismo -; lo segundo se logra a través de la honradez, la honestidad, el sacrificio y la integridad moral.

Antón Saavedra en el antiguo Cine Ideal de Ciaño en Langreo, el 7 de junio de 2022.

Y es que, cualquier movimiento político carente de virtudes como las descritas, jamás podrá ser de izquierda, por mucho que se insista en la estrategia del magnate húngaro George Soros entre “los de abajo y los de arriba”, a la vez que llamando “estafa” al juego de izquierda -derecha.

Actualmente, en la situación que nos toca vivir en este mundo globalizado, agravado por la globalización del coronavirus, la amistad ha sido cambiada por el odio, y cuando el odio rompe el marco de la subjetividad se transforma fácilmente en terrorismo, totalitarismo, dictadura fascista, delincuencia política, bombas, atentados y guerras, demasiadas guerras, como la que nos toca vivir en la actualidad entre Rusia y Ucrania, o mejor dicho entre Rusia y la OTAN de los EE.UU. con sus fieles lacayos de la Union Europea, que amenaza con llevar al mundo sino hacia la tercera guerra mundial, si hacia una hambruna generalizada en los países más pobres y una crisis de consecuencias insospechadas a nivel mundial.

“ASTURIAS SAQUEADA”, tal y como ha quedado dicho, es también un libro que denuncia la CORRUPCIÓN, en este caso dando continuación en sus páginas a la corrupción en el sindicalismo minero, objeto de mi libro anterior libro sobre el VILLAMOCHO.

Efectivamente, nos encontramos ante la historia de una mafia, la mafia del SOMA-UGT-PSOE, donde solo se ha abandonado la bandera negra con la calavera por el estuche negro del ordenador; y la maleta con la ametralladora por el maletín del ejecutivo para diferenciarla de la mafia caponesca del Chicago de los años 20 o de las actuales mafias calabresa y siciliana.

En Asturias, la mafia del SOMA-UGT-PSOE ha pasado a conocerse por el VILLAMOCHO, cuyos principales capos resultaron sentenciados  con años de cárcel, al igual que ha ocurrido con los casos de la Marea Riopodrense o el Niemeyer, y puede volver a reproducirse nuevamente con el “caso Hulla” del Montepío de la Minería Asturiana, por no hablar del proceso judicial de los fondos de formación para los parados, que ha condenado con años de cárcel al máximo dirigente de la U.G.T. en Asturias, entre otros dirigentes.

Por eso, el fallecido presidente Tini Areces no tenía un sueño, sino tres: la ampliación del Musel, el Niemeyer y el HUCA, todos ellos auténticos dislates financieros muy bien documentados, aunque, siendo verdad que estos se acabaron, no es menos cierto que su financiación se esté dilucidando, al igual que ocurre con el geriátrico del Montepío Minero en Felechosa, próximo a juzgarse en los Tribunales de Justicia, a partir del mes de julio de este mismo año.

La cruda realidad queda plasmada en el último y muy reciente informe de EUROSTAT que resulta demoledor para nuestra región, con una imagen tenebrosa en la que la “ASTURIAS SAQUEADA” aparece con el mayor porcentaje de paro, situándose entre las 20 regiones de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo, alcanzando el amargo récord de paro juvenil en torno al 30 por ciento y unas cifras de larga duración que asustan al más optimista.

En efecto, mientras Europa ha conseguido rebajar su tasa de paro a mínimos históricos, descendiendo al 6,2% en el pasado mes de marzo, España sigue manteniéndose como el país con mayor número de parados en la Unión Europea, y, siendo cierto que nuestro país ha conseguido situarse por debajo del nivel prepandemia al reducir su tasa al 13,5%, casi tres puntos menos desde el momento más álgido del coronavirus, sin embargo sigue duplicando la tasa de paro europea, manteniéndose muy lejos del nivel mínimo que registró en 2007, cuando su desempleo cayó por debajo del 8%.

De igual manera, España se mantiene a la cabeza de Europa en paro juvenil. Así, mientras la tasa de paro de la zona euro y del conjunto de la UE en marzo fue del 13,9% para los menores de 25 años, en España se ha triplicado al elevarse hasta el 29,6%, por delante del 27,2% de Grecia y del 24,5% de Italia.

Más de 40.000 jóvenes menores de 35 años han emigrado de Asturias en la última década – según el expresidente de Asturias Vicente Álvarez Areces, aquello era una “leyenda urbana” -, y lo hacen por obligación, porque su tierra natal no les ofrece desde hace mucho tiempo la posibilidad de un salario suficiente para poder vivir con un mínimo de dignidad.

Del total de las regiones que conforman la Unión Europea, Asturias se encuentra entre las que ostentan un lugar de preferencia en la cola del paro, siendo solamente superada por ocho comunidades españolas, dos francesas y nueve griegas que ostentan el dudoso honor de superar el porcentaje del Principado. De hecho, cinco regiones españolas, con Andalucía a la cabeza, son las que encabezan el ranking europeo.

Esa es la gestión del PSOE en el gobierno de Asturias, aquel partido que protagonizó aquella brutal y salvaje RECONVERSION INDUSTRIAL que, disfrazada bajo el pomposo nombre de MODERNIZACIÓN DEL APARATO INDUSTRIAL, supuso el cierre masivo de nuestra minería, de nuestras industrias, de nuestra agricultura y ganadería, sin un desarrollo paralelo de un nuevo tejido industrial, en el que sectores enteros fueron desmantelados y miles de trabajadores pasaron a engrosar las cifras del paro, una operación que continuaron ejecutando sus socios del bipartidismo turnista PPSOE.

Antón Saavedra, Miguel Ángel Fernández y Lilián Valles en la presentación de «Asturias Saqueada» en el antiguo Cine Ideal de Ciaño, el 7 de junio de 2022.

Sí, amigas y amigos, esa es la cruda realidad de nuestra minería, de nuestra industria, y todo ello para dejarnos entrar en el elitista club de la Comunidad Económica Europea, donde nuestros futuros socios europeos exigían al gobierno felipista que iniciara un suicida desmantelamiento de sectores enteros de nuestra economía ya que, si no lo llevaban a cabo, jamás autorizarían el ingreso de España, entre otras cuestiones, porque los fundadores de Europa – como si nosotros viniéramos de otra galaxia – no querían ningún tipo de competencia para sus productos y no podían permitir la entrada de un país que figuraba entre las diez potencias industriales del mundo.

Pero, lo más grave en el caso que nos ocupa de la “ASTURIAS SAQUEADA”, es que la corrupción política y económica ha servido para llevar a una región próspera y rica como Asturias a la más de las paupérrimas miserias, hasta dejarla transformada en un auténtico paraje lunar, con mucho mayor deterioro de nuestras comarcas mineras, como consecuencia de haberse cargado el sector minero-energético-siderúrgico sin haber generado ningún tejido industrial alternativo.

En efecto, nuestras comarcas mineras son el paradigma de la crisis que vive nuestra región, y el Valle del Nalón, con Ciaño a la cabeza, es un triste ejemplo, donde confluyen crisis industrial y económica, con el resultado expresado en desempleo, pérdida de población y un envejecimiento que nos lleva hacia la asunción de una gran empresa geriátrica.

Antón Saavedra y Miguel Ángel Fernández en la presentación de «Asturias Saqueada» en el antiguo Cine Ideal de Ciaño, el 7 de junio de 2022.

Es decir, el proceso de destrucción de empleo que ha sufrido la localidad langreana de Ciaño en los últimos años ha sido brutal, con el cierre total de sus explotaciones mineras de Samuño, San Luis y María Luisa, entre otras. Basta señalar que en las cuencas se destruyó, en los últimos 25 años, hasta el 60% del empleo existente.

Por cierto, ¿qué ha sido de aquel “Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras”, anunciado en octubre de 2018 en un contexto de descarbonización acelerada por el Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo objetivo era la reactivación y desarrollo alternativo de las comarcas mineras?

Es verdad que la crisis se ha llevado por delante una gran parte de nuestra riqueza material, pero no es menos verdad que esa riqueza autóctona ni estuvo ni está siendo defendida y gestionada por personas decentes, sino por auténticos  “sicarios” al servicio de la burguesía española, perfectamente representada por el bipartidismo turnista del PPSOE, surgido de la segunda restauración borbónica de 1978, de tal manera que la falsa bonanza económica que precedió a la crisis se había llevado una buena parte de nuestros valores, y sólo desde un pensamiento sincero, crítico, limpio, generoso y humilde podemos regenerar nuestra conciencia para que el futuro se asiente sobre unas bases sólidas.

Sin embargo, los indicadores del bienestar social, tales como la larga esperanza de vida, las altas pensiones, los niveles de renta y de consumo superiores a la media española con tasas de pobreza y de desigualdad sensiblemente inferiores, en absoluto reflejan la magnitud del problema que tiene Asturias.

Entre otras cuestiones, porque este bienestar tan solo esconde una relación con lo que ha sido una fortaleza del movimiento obrero, con las compensaciones recibidas a cambio del desmantelamiento de los sectores industriales en los que se asentó aquella prosperidad que no volverá, al menos sobre aquellas bases de una región de la vieja industrialización del carbón y del acero como la nuestra. Más bien todo lo contrario, cuando el porvenir sigue amenazando un empeoramiento en la medida que vayan desapareciendo las transferencias de las rentas que, por ahora, siguen manteniendo algo más que una economía de ficción, sin olvidarnos de que la ratio de 1,2 entre trabajadores ocupados y pensionistas hace de la Seguridad Social el más importante sostén de la región asturiana.

Aquella Asturias obrera, dinamitera, revolucionaria, antifranquista e industrial. Aquella Asturias de migrantes y acogida, de asturianos y asturianas que aún conservan su acento extremeño, andaluz, gallego o portugués. Aquella Asturias que fuera hogar de mujeres que hicieron posible la resistencia clandestina contra la dictadura, pagando con torturas su papel imprescindible en las huelgas de los años 60. Aquella Asturias es la que permanece hoy en la UVI, agonizando a la vez que olvidándose de que la lucha fue y sigue siendo el único camino para encarar el futuro como un colectivo que confíe en sus posibilidades de progreso.

Queda clase obrera, aunque ya no las catedrales industriales que la forjaron, esas grandes factorías con miles de trabajadores de mono y a turnos marcados por el sonido de las sirenas. Pero ya no existe el movimiento obrero, la unidad de acción de los trabajadores guiados por partidos y sindicatos, con su disciplina, sus valores y su orgullo. Eso no solo pasó a la historia, sino que lo hizo por la puerta trasera que da al patio oscuro del clientelismo y la corrupción.

Puede que ahora estemos en una encrucijada, pero estar en la encrucijada es justamente lo contrario de encontrarse en un callejón sin salida. Todo es dar con el camino, y “se hace camino al andar”. Y para andar ese camino tenemos que unir todas nuestras fuerzas antes de seguir disgregándolas, porque esa es una tarea de nadie en particular y de todos en general que requiere sumar y no dividir voluntades y esfuerzos, estimular iniciativas, sembrar solidaridades, y remontar adversidades como siempre supo hacer el pueblo asturiano, que tiene en su tradición, en su gerencia, en su atractivo y en sus gentes, sobre todo en sus gentes, los mejores instrumentos para superarse.

Lo que sí conviene saber es que para salir de esta dramática situación tenemos más recursos que nunca: más ciencia, más tecnología, más infraestructuras, mucho carbón, mucha agua, mucha masa forestal, y sobre todo mucha tradición industrial… Solo necesitamos recuperar la educación y los valores. Y, por supuesto, la voluntad de asentar sobre ellos una justicia insobornable, sólida y humana. Y no demos vueltas a la pirindola para llegar al mismo sitio de partida, porque mientras la justicia no sea justicia, nunca habrá justicia.

Creíamos que el bienestar era poco menos que eterno. Pero el virus de la codicia se ha llevado por delante las certezas y ha teñido de oscuridad los horizontes. Allí donde había luz hay sombra, allí donde había calma hay desasosiego, allí donde había seguridad hay incertidumbre y angustia. Y lo que es peor aún: allí donde había despilfarro comienza a aparecer el drama del hambre.

Pero, el PARO es algo más que un número, compañeras y compañeros, y mucho más que una simple estadística partidista. Es un drama, es un cáncer que desgarra la persona que eres, el hombre o mujer que algún día fuiste, ese o esa que se creía libre por poder pagar sus cosas, por no depender, por no vivir bajo la manutención de otro.

La situación de un parado temporal puede ser más o menos incómoda. La situación de un parado a la espera del tan cacareado Ingreso Mínimo Vital es angustiosa y deprimente, pero la situación de un parado sin esperanza es sencillamente destructiva, y solo una sociedad enferma puede permanecer impasible ante la aniquilación humillante de algunos de sus miembros. Es algo radicalmente inhumano.

¿Qué está pasando entonces en esta sociedad? Pues, lisa y llanamente, está pasando que alrededor de la crisis económica se está instaurando un mensaje muy peligroso. Una política, al margen de la economía, que está cuestionando la estructura de un estado social y democrático. Es la política la que está socavando sus cimientos. Se está poniendo cerco a la sanidad y a la educación pública. Se limitan las prestaciones por desempleo. Se está acabando con la Ley de la Dependencia, de tal manera que los pobres son cada día más pobres.

¿Qué futuro nos espera? Más pobreza, menos igualdad, menos derechos. Decía un economista importante, que no se puede construir el futuro sin presente. Y es que el presente se está destruyendo, para construir a su alrededor un estado del “sálvese quien pueda” en un ambiente cada vez más deshumanizado, sin que ni siquiera nos impacten las cifras de paro, ni de las personas que ocupan plazas de pobreza, ni las imágenes terribles de los desahucios por haber perdido el puesto de trabajo, ni las personas que mueren todos los años por no poder pagar la estafa de la factura energética.

Resulta harto difícil, por no decir imposible, que la nueva política pueda brotar de las madrigueras en las que siguen atrincheradas las comadrejas de la vieja política. El milagro del arrepentimiento y la redención por las buenas obras siempre es posible. Pero será eso: un milagro. Y los milagros solo existen en aquella historia sagrada que nos contaban en la escuela del nacionalcatolicismo. La cruda realidad es que, seguir viviendo, amando, riendo, y siendo capaces de salir adelante a pesar de todo, son los grandes y únicos milagros que todos deberíamos celebrar cada día.

En todo caso éste es el rasero por el que debiéramos de apostar en cada momento a la hora de elegir a los hombres y mujeres que tienen que regir los destinos de nuestro pueblo: el que esté dispuesto a cambiar la ley electoral, a imponer la democracia interna en los partidos, a devolver la independencia al poder judicial, a renunciar a aforamientos y demás privilegios, a predicar con el ejemplo dando un paso atrás ante la menor sospecha de connivencia con la corrupción, a incluir mecanismos de participación ciudadana en el proceso legislativo, a poner fin a los desahucios de la vivienda,  promulgando una Renta Básica Universal, nacionalizando el sector energético en su conjunto, poniendo fin al “austericidio” y blindando el sistema público de las pensiones como uno de los derechos fundamentales de la Constitución, entre otras cuestiones vitales.

Ése representará a la nueva política. Lo demás será seguir construyendo chimeneas, cada vez más altas, para seguir vendiendo fumo y más fumo.

Parafraseando a Aristóteles, se puede afirmar que sólo existen dos tipos de gobernantes: los que defienden al pueblo del DINERO y los que defienden el DINERO del pueblo. Lo demás será, lisa y llanamente, más de lo mismo: Paro y Corrupción y más Corrupción y Paro, y lo más grave para una sociedad, que los votantes que sigan votando a los corruptos, sabiéndolo como lo saben, serán, por lo menos, sus cómplices.

No hubo ni izquierda ni derecha que haya osado oponerse, desde el Gobierno y en defensa de la libertad, a las grandes concentraciones de poder financiero y mediático, suficiente para deducir que la corrupción es inseparable del estado de partidos y que la naturaleza del régimen que vivimos es la propia de una oligarquía, donde el 1% de la población más rica en España concentra una cuarta parte de la riqueza (25,1%), casi lo mismo que el 70% de la población (32,1%).

Antón Saavedra firmando ejemplares de «Asturias Saqueada» en el Antiguo Cine Ideal de Ciaño, el 7 de junio de 2022.

Sin embargo, amigas y amigos, la democracia institucional es posible. Basta con cambiar el sistema electoral y separar los poderes del Estado. Basta con dar a la ciudadanía el derecho de elegir a sus representantes. Basta con prohibir el escandaloso cinismo de que hombres y mujeres de un mismo partido, y de una misma elección, sean a la vez legisladores, gobernantes, jueces, administradores, consejeros jurídicos y auditores del Estado.

¡¡¡ Son la misma cosa, y a esto yo lo llamo dictadura plural!!!

¡No! No se vota a diputados de los electores, del pueblo o de la sociedad, sino a puros delegados de los partidos estatales. Todos los gobernantes y gobernados, apuntalan la colosal mentira de llamar legislativas a lo que realmente son unas burocráticas elecciones administrativas para cubrir puestos de relieve en el Estado; de llamar representantes del pueblo a simples delegados de partidos; de llamar separación de poderes a la simple separación de funciones públicas entre personas de una misma obediencia de partido; de llamar democracia representativa a esta más que degenerada y corrompida oligarquía estatal.

En fin, amigas y amigos, no es mi intención contaros todo el contenido de mi libro, porque pretendo que lo lean. Ha sido un placer compartir con vosotros y vosotras estos minutos, y solo me queda agradeceros vuestra paciencia y vuestra amabilidad.

Muchas gracias.

Las izquierdas andaluzas cerraron un acuerdo a última hora del viernes, a los pocos minutos de que expirase el plazo legal para inscribir candidaturas y después de 48 horas de fuertes tensiones por la elección del candidato. Podemos aceptó in extremis acudir junto al resto de formaciones a las elecciones de Andalucía el 19 de junio con Inmaculada Nieto como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, renunciando así a su apuesta de situar al guardia civil Juan Antonio Delgado como cabeza de lista. Yolanda Díaz lograba así poner en marcha su apuesta por el entendimiento de distintas fuerzas en Andalucía, en línea con lo que buscará para su proyecto nacional.

Había un elefante en la habitación, pero nadie se atrevía a mentarlo. Las relaciones en el seno de Unidas Podemos se habían complicado desde hacía tiempo, especialmente desde que Pablo Iglesias dejara la política institucional y Yolanda Díaz asumiera el liderazgo de Unidas Podemos en el Gobierno y empezara a dibujar un horizonte diferente para este espacio político. Pero más alla de filias y fobias personales, las cosas no iban bien y, en el momento de registrar la coalición “Por Andalucía”, la baraja se rompió en mil pedazos, hasta el extremo de que Podemos quedaba jurídicamente fuera de la coalición andaluza al no haber llegado su registro a tiempo.

Desde un primer momento, todo quedó convertido en un reparto de culpas entre los “unos” y los “otros”. Después, bajaron los decibelios y las formaciones implicadas presentaron públicamente la candidatura liderada por Inma Nieto, apareciendo la vicepresidenta del gobierno y eterna candidata Yolanda Diaz como aval de la misma, para ponerse a trabajar en la elaboración de las listas en las distintas provincias andaluzas, donde la financiación y el reparto de los puestos centraron el debate principal.

En efecto, la campaña electoral quedaría fijada para 3 de junio y las encuestas indicaban malos augurios para las izquierdas, donde Unidas Podemos se presentaba como un proyecto con fecha de caducidad que, seguramente se habría presentado como tal a unas elecciones por última vez en Castilla-León, el pasado 13 de febrero de 2022, con el resultado de 61.290 votos (5,08 %) y un diputado. Se trata de un resultado insuficiente que ahonda la tendencia a la baja de la formación tras el batacazo de 2019, cuando Podemos pasó de 10 a dos representantes. Ni la unión con IU, inédita hasta ahora en la comunidad, ni la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno progresista de coalición con el PSOE han servido para frenar la hecatombe sufrida.

Finalmente, la Junta Electoral de Andalucía ha rechazado la entrada de Podemos en la coalición de las fuerzas de izquierdas que se acordó ayer ‘in extremis’ entre Izquierda Unida, Más País, Unidas Podemos, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

El Podemos liderado por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra, que cogió el mando del partido en junio del 2021, esperaba que su partido fuera el principal motor del proyecto de la vicepresidenta Díaz, pero ésta decidió emanciparse y desarrollar su propia línea de actuación en dos ámbitos principalmente: en el Gobierno, evitando una confrontación explícita y directa con el PSOE, y en la interna, abriéndose a explorar nuevas alianzas con actores que se han ido disgregando de la confluencia Unidas Podemos de 2016, hasta el extremo de que los comunes e Izquierda Unida se han venido distanciando de los morados para acercarse, cada vez más, al equipo de Yolanda Díaz, aunque el mejor aliado de Podemos haya sido el Partido Comunista de España, liderado por Enrique Santiago, secretario de Estado de Agenda 2030 del ministerio de Belarra, precisamente el partido del que es afiliada Yolanda Díaz, dando lugar a una serie de tensiones internas en el propio partido que se dilucidarán en el congreso comunista previsto para el mes de julio de 2022, presentándose dos propuestas políticas y dos candidatos a secretario general: el propio Santiago y el maño Alberto Cubero. 

«Las imágenes de división y enfrentamiento interno que nos han acompañado en los últimos años restan credibilidad a nuestro proyecto político y son un lastre para la necesaria reconfiguración del espacio de Unidas Podemos. La ciudadanía nos exige responsabilidad, altura de miras y generosidad: los intereses de las familias trabajadoras están por encima de todo», asegura la formación liderada por Garzón (Agencias, 14 de julio de 2020)

Izquierda Unida señala que la “acción política” de Podemos “requiere espacios democráticos con dinámicas y mecanismos de participación que eviten las inercias de la pequeña política y protejan la diversidad inherente de la izquierda”. Por otra parte, entre Izquierda Unida y Podemos seguía y sigue latiendo una antigua rivalidad, desde que los primeros sufrieran un trauma y desgarro interno cuando surgió la fuerza morada en 2015, siendo relegados a un segundo plano. Es decir, por una parte, IU quiere tener más influencia en lo nuevo que surja y, por otra, el partido que lidera Belarra no tiene intención de perderla, por lo que las elecciones andaluzas se presentaban como uno de los momentos relevantes para tomar posiciones de cara a esta batalla interna, faltando por saber, aunque cada vez parece estar más claro,  si el escenario andaluz es solo la previa de una batalla a nivel estatal por las posiciones que surjan de la llamada reconfiguración de la izquierda.

En el ecuador de la campaña electoral la totalidad de las encuestas ya auguraban un triunfo de las derechas por mayoría absoluta, mientras que para la izquierda se presentaban unas perspectivas muy negativas.

Remontándonos a las anteriores elecciones del 2 de diciembre de 2018, el PSOE perdía el Gobierno de la Comunidad después de casi 40 años de gobiernos absolutos, unas veces con mayorías del PSOE y otras en coalición con el Partido Comunista (1979-1982), con el Partido Andalucista (1996-2004) o con Izquierda Unida (2012-2015). En concreto, la candidatura de Susana Díaz obtenía 1.009.243 votos cediendo 400.000 respecto a 2015, y pasando de 47 escaños a 33 (un retroceso del 35,4% al 27,9%). Podemos más Izquierda Unida obtenían 864.000 votos en 2015, para conseguir en 2018, con la marca Adelante Andalucía, 584.000 papeletas, reduciendo sus diputados de 20 a 17 al retroceder del 21,7% al 16%

Los populares estarían a punto de alcanzar  la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, fijada en 55 diputados, obteniendo más representación que la suma de toda la izquierda.  El PSOE de Juan Espadas empeoraría su resultado de 2018 pese al hundimiento de Ciudadanos y el retroceso de la izquierda alternativa, dividida en estos comicios en dos marcas: Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Un recorrido por la totalidad de las encuestas publicadas nos dice que, en ningún caso la izquierda parlamentaria mejora sus resultados de 2018.

De cumplirse el guion no escrito, pero ampliamente difundido por las encuestas, las elecciones andaluzas no ofrecen precisamente las mejores noticias para la izquierda, hasta el extremo de que su división de partida entre Anticapitalistas, “Adelante Andalucía” en la papeleta del 19J, y lo que luego ha quedado configurado como “Por Andalucía” no sumará los casi 900.000 votos que obtuvieron Podemos e Izquierda Unida por separado en 2015, sino más bien sacarán todos juntos en torno a los 580.000 del año 2018.

Con el 100% de los votos escrutados, los resultados validan lo que ya auguraban todas las encuestas: El PP estará cuatro años más al frente de la Junta de Andalucía. Con 58 diputados (1.582.299 votos), al obtener una muy contundente victoria, que duplica los escaños conseguidos en 2018.

Juan Espadas comparecía la noche del 19J tras conocer los resultados desastrosos obtenidos por su candidatura en las elecciones (El Pais, 29 de junio de 2022).

Si hay una derrota clara esta noche es la del PSOE. Batacazo del exalcalde de Sevilla, Juan Espadas, que aspiraba a echar de la Junta a un PP que arrebató a los socialistas su principal feudo en España hace cuatro años, obteniendo un resultado inferior al alcanzado en 2018: 3o diputados (883.625 votos), lo que supone su peor dato en número de diputados en toda la historia de comunidad autónoma andaluza.

Y para batacazo espectacular, el de Ciudadanos, que ha pasado de tener 21 diputados autonómicos y ser clave para el Gobierno de la comunidad a desaparecer del mapa: ni un solo asiento obtiene en el Parlamento Andaluz, produciéndose la primera dimisión de la noche en la persona de su máximo dirigente en Andalucía, Juan Marín.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha lamentado el resultado que han obtenido las fuerzas de izquierda en las elecciones de Andalucía y ha expresado la necesidad de “abrir un nuevo tiempo que mire al futuro”. “Es una noche difícil para las personas progresistas”, ha dicho Díaz, después de que, Por Andalucía, la coalición que agrupaba a Podemos, IU o Más País, haya obtenido cinco escaños. Díaz se involucró de lleno en las negociaciones de esa candidatura y ha participado intensamente en la campaña. (Diario.es, 29-06-22)

Por otra parte, el espacio político de la llamada izquierda “progresista” tan solo ha logrado 7 escaños, repartidos entre los 5 escaños (281.619 votos) de “Por Andalucía” y los 2 (167.907 votos) de “Adelante Andalucía”, esto es 10 escaños menos que los obtenidos en las elecciones de 2018, hasta el extremo de no lograr ninguna representación en las provincias de Almería, Jaén y Huelva.

Refiriéndonos a los resultados de la extrema derecha del fascista Santiago Abascal, aunque hayan quedado muy por debajo de las expectativas que barajaban, y siendo verdad que han incrementado hasta 14 escaños (493.009 votos) respecto a las elecciones autonómicas de diciembre de 2018, no es menos cierto que los de VOX han perdido casi 400.000 votos respecto a las generales de 2019.

En definitiva, los andaluces han votado con rotundidad, consiguiendo las listas del PP un resultado histórico, la ansiada mayoría absoluta que en 40 años de autonomía la derecha jamás había obtenido en la comunidad más poblada de España, quedando convertida la provincia de Sevilla en el paradigma del profundo cambio político andaluz. Nunca el PSOE había perdido en Sevilla.

La desaparición de Ciudadanos explica el traspaso matemático de votos que ha llevado al PP a más que duplicar sus últimos resultados en las autonómicas de 201. Ciudadanos pierde exactamente los 500.000 votos que gana el PP. Por otra parte, sin las estridencias extremistas, a que nos tiene acostumbrados la madrileña Ayuso, el lider de la derecha, Juanma Moreno, ha logrado también frenar el hasta ayer vertiginoso crecimiento de VOX. La candidatura de Macarena Olona, de un andalucismo tan artificial que provocaba rechazo, y el discurso teatral y desmesurado de los ultras chocaron de lleno, a juzgar por los resultados, con una población muy sensible a las astracanadas con su identidad y preocupada por sus problemas reales aludidos en este mismo análisis.

Tal y como ha quedado dicho, el resultado es de auténtico desastre para el PSOE tras casi 40 años de gobiernos en el Palacio de San Telmo y una feroz batalla por el poder interno protagonizado durante años por Susana Díaz y el “apparatchik” de Ferraz, el cual no ayudaba mucho a ganar unas elecciones si tenemos en cuenta la gestión realizada por el gobierno de coalición progresista PSOE-Unidas Podemos. Pero si miramos a la izquierda del PSOE, el vodevil y la división de la formación de las candidaturas posPodemos en la cita electoral de Andalucía ha acabado pasando la factura que ya venía anticipándose desde la implosión de ese espacio que provocó Vistalegre II. La atomización de siglas y los egos deja las lecciones que quieran aprender quienes se dispongan a seguir participando en la plataforma “SUMA” liderada por la vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda Díaz, quien acaba de recibir un “hostiazu en to el focicu” en estas elecciones andaluzas, pues no en vano, ella era quien avalaba la candidatura de Inma Nieto “Por Andalucía”, respaldada con sus intervenciones de apoyo durante la campaña electoral.

¿Significa esto que la sociedad andaluza se ha hecho conservadora de la noche a la mañana? Pues no necesariamente. Lo que ha ocurrido es que no se ha dado un giro a la izquierda, cuyos proyectos ni ilusionan ni movilizan lo suficiente por las razones que sean. Desde mi punto de vista, lo que está en juego en las elecciones del 19J no era tanto saber quién iba a ganar, ni siquiera por cuanto lo iba a hacer, entre otras cuestiones, porque la derecha ya había ganado políticamente éstas hace bastante tiempo, y el resultado que surja del 19J no será otra cosa que la consecuencia de esa victoria previa que es la que necesariamente precisa de un análisis concienzudo, sin hacernos trampas en el solitario. Por tanto, estas elecciones debemos entenderlas dentro de una estrategia política más amplia. Pensar y hacer desde la izquierda para que empiecen a perder las derechas. En otras palabras, estas elecciones deben servir para empezar a ganar.

Juan Espadas y el PSOE de Andalucía tienen un problema de proyecto. Mientras entre bambalinas ya se mueven las sombras con dientes afilados señalando al candidato, tal y como si fuera el único responsable de la hecatombe que se avecina, cuando ya en el año 2018 se rompía en Andalucía una relación construida durante cuatro décadas. Es decir, el PSOE había perdido las elecciones mucho antes, cuando el equipo dirigente del PSOE de Andalucía había iniciado un camino hacia la derecha, más allá de sus fronteras históricas, debiendo remontarnos hasta una década atrás, cuando en el año 2012, tras perder las elecciones ante el PP de Arenas, con un 40% de los votos y 50 escaños, pactaría el gobierno con la Izquierda Unida de Valderas por necesidad, consciente del agotamiento de décadas y, sobre todo, por los casos de la corrupción EREtica, por citar el mayor caso de corrupción ocurrido en la historia de la transición española, y del nepotismo soportado por una trabada urdimbre clientelar y tejida por un amplio presupuesto que se repartía en pequeñas subvenciones, cuya derrama impedía acometer cualquier plan ambicioso, pero que garantizaba el apoyo de amplias capas de la población. Un informe realizado por Metra-Seis en 1994, señalaba que sólo el 17% de los funcionarios de la Junta de Andalucía habían accedido a su puesto mediante oposiciones, por lo que abunda “esa clase burocrática en cuyo reclutamiento han proliferado los procesos clientelares”, configurando a la Junta como el gran “comedero” con más de 350.000 personas dedicadas en 2008 a la cosa pública, entre funcionarios y empleados de empresas y agencias oficiales, lo que también suponen un voto cautivo a la hora de votar en los procesos electorales.

Hace 45 años los andaluces fueron convocados a las urnas para que votaran cómo deseaban llegar a la autonomía, por la llamada vía rápida del artículo 151 de la Constitución –la que se le estaba aplicando a las llamadas nacionalidades históricas, Cataluña, Euskadi y Galicia- o a través del artículo 143 que era una forma lenta de progresiva descentralización, pensada por la Unión de Centro Democrático (UCD) -entonces en el poder- para el resto de las regiones españolas (El Correo Andaluz, 4 de diciembre de 1977 ).

Por eso, entre la cada vez más escasa militancia de la izquierda surge la pregunta del ¿por qué y cómo se ha llegado a esta situación? Es más que evidente que el giro a la derecha de amplios sectores de las capas medias, de esa legión de pequeños empresarios voraces y explotadores, racistas y españolistas, está propulsando los resultados de las derechas. En el caso de Andalucía es obvio, teniendo en cuenta el peso tan amplio que tiene el sector agrícola, la hostelería y el turismo, pero no es menos evidente que, al margen de estos factores, existen otros a los que es necesario referirse y analizar. En efecto, desde hace casi tres años existe a nivel nacional un Gobierno progresista de PSOE y Unidas Podemos, el cual había levantado grandes expectativas e ilusiones. La participación de ministros como Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz, o el malagueño Alberto Garzón, fue explicada como la garantía para que el PSOE girara a la izquierda, y rompiera con su sumisión hacia los grandes poderes económicos y su agenda de austeridad y recortes sociales. Sin embargo, la experiencia en el tiempo transcurrido ha venido negando estas hipótesis a la vez que generaba una muy fuerte frustración. Los ministros de UP no solo no han logrado el objetivo que teorizaban, sino que se han dedicado a blanquear las políticas socialdemócratas de los recortes sociales, cediendo en los asuntos de fondo, y aceptando el incumplimiento sistemático del programa de Gobierno.

La gran mayoría de las denuncias presentadas contra los responsables de las residencias y contra la administración que debía velar por el buen funcionamiento de estos servicios han acabado en la papelera. Solo en algunos juzgados sobrevive la esperanza de hallar un amparo en la Justicia a lo que ya es irreparable. Una decisión que, en buena medida, parece depender de la sensibilidad de los jueces. La fiscalía, en cambio, parece poco proclive a asumir estas causas.

Entrando de manera somera en los hechos y no en las palabras, durante la pandemia, que dejó como resultado más de 130.000 fallecidos, sin que hasta la fecha se haya esclarecido nada sobre la eugenesia llevada a cabo en las residencias de ancianos, con más de 40.000 fallecidos en esos pretanatorios, el Gobierno central acordaba el rescate de las grandes empresas del IBEX 35 y de la banca, sin tomar medidas para intervenir la sanidad privada, ni mucho menos para adoptar una política decidida que acabara con los recortes sanitarios.

Por otra parte, las promesas, reiteradas hasta la saciedad, de revertir las principales contrarreformas del PP se las ha llevado el viento. La “ley mordaza” sigue vigente en lo fundamental y a pleno rendimiento. En el terreno de la política social se han vendido como derechos y logros lo que no son más que migajas o incumplimientos de los acuerdos firmados. El número de desahucios no deja de aumentar: en 2021 un 57,4% más respecto a 2020, año de plena pandemia en que crecieron en un 41,6%. La ley de Vivienda ha sido un fraude, como denuncia la PAH, y se entrega la gestión de decenas de miles de casas vacías de la Sareb a los grandes fondos especulativos inmobiliarios. Un escándalo teniendo en cuenta la falta de vivienda pública y el precio desorbitado de los alquileres.

En enero del año 2022 se hacía público un demoledor informe de Cáritas señalando que, 11 millones de personas viven en condiciones de exclusión social, esto es 2,5 millones más que en 2018. Sin embargo, el alcance del Ingreso Mínimo Vital, según la Asociación de directores y gerentes en Servicios Sociales solo se concede una de cada cuatro solicitudes, y únicamente el 12% de la población que se encuentra bajo el umbral de la pobreza lo recibe.

Bajo el título “Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España”, Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada) han presentado la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia. Según la investigación –llevada a cabo por un equipo de más de 30 investigadores procedentes de más de diez universidades y entidades de investigación social—, la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza a casi dos millones de hogares que dependen económicamente de una persona sustentadora principal que sufre inestabilidad laboral grave, lo que significa que en el último año ha tenido tres o más meses de desempleo, tres o más contratos diferentes, en tres o más empresas distintas, un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y trabajadores más pobres y menos realizados personal y socialmente… (Informe FOESSA 2021).

Pero quizá haya sido la renuncia clamorosa a derogar la reforma laboral del PP, la que haya desvelado de la manera más cruda la senda por la que se deslizan los ministros de Unidas Podemos, contando el proyecto final de Yolanda Díaz con el aplauso entusiasta de la CEOE, de la gran banca y las grandes multinacionales porque, en esencia, mantiene el núcleo duro de la legislación de los anteriores gobiernos de Zapatero y Rajoy.

En un momento en que una inflación muy cercana al 9% devora los salarios y los precios de los productos básicos están por las nubes, el Gobierno se niega en redondo a tomar medidas sustanciales: ni nacionaliza las eléctricas, ni impone impuestos a los ricos para financiar los gastos sociales, destacando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, entre los más fieles lacayos de la OTAN y Washington, con la traición al pueblo saharaui por el medio, de tal manera que, mientras el ejecutivo mantenía su posición otanista, incrementando el presupuesto español para la máquina de la guerra en un 2%, y la ministra podemita de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, llamaba a una “movilización masiva contra el envío de armas” a Ucrania, Yolanda Díaz y Alberto Garzón defendían públicamente, y con toda la energía, la gestión de Pedro Sánchez en este asunto.

Es decir, el Gobierno central, con el apoyo de las cúpulas sindicales de CCOO y UGT, está dando la espalda a su base social y electoral, mientras los grandes poderes económicos siguen acumulando colosales beneficios. Su estrategia de sembrar la desmovilización y garantizar a toda costa la paz social, no alienta la participación electoral de la clase trabajadora ni mucho menos de la juventud.

El mejor ejemplo que ilustra lo comentado es el que vimos en Cádiz, donde, mientras los trabajadores del metal se ponían en pie de guerra en defensa de un convenio digno, levantando una ola de solidaridad de clase en el conjunto del Estado, el Gobierno mandaba tanquetas a los barrios obreros a la vez que lanzaba toda una campaña de criminalización contra los trabajadores. Es más, se situaba con la burocracia de CCOO y UGT apoyando la firma de un convenio de migajas que desbarataba la lucha.

Esta tanqueta blindada que fue enviada contra los trabajadores del metal en huelga, formaba parte del parque de Blindados Medios sobre Ruedas (BMR) del Ejército de Tierra, unos vehículos con más de 30 años de servicio y que han sido desplegados en misiones como en la antigua Yugoslavia, Afganistán, Iraq o Kosovo. La misma sería cedida por el ejército de Tierra a la Policía Nacional (Newtral, el 24 de noviembre de 2021)

Con este triste escenario, donde una candidatura “Por Andalucía” se presentaba dividida en “cachinos” de Podemos e IU los resultados no podían ser muy distintos a los que han salido de las urnas el 19 de junio de 2022: otra derrota sin paliativos de las candidaturas de la Izquierda, otro auténtico batacazo, tanto de las listas “Por Andalucía” como de “Adelante Andalucía” que lideraba la expodemita Teresa Rodríguez, pensando ésta que, poniendo su fotografía en las papeletas, al igual que hiciera en su día Pablo Iglesias, Manuela Carmena e Iñigo Errejón, los resultados podrían ser muy distintos a los realmente obtenidos.

Pablo Iglesias, ha mostrado este lunes abiertamente su malestar por la crisis desatada en Andalucía tras las negociaciones para una coalición de izquierdas y ha criticado sin ambages el papel de la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y líder de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz. “Lo de Andalucía es un horror y a muchos nos causa vergüenza. Es, probablemente, la peor manera de empezar algo que es necesario en este país, el frente amplio” (El País, 10 de mayo de 2022).

¿Qué ha pasado entonces entre el primer Podemos, que tanto entusiasmo había generado en sus inicios, del actual Podemos, cuya desaparición está a punto de consumarse? ¿Por qué una organización de mayorías como Podemos, a punto de “sorpasar” en su momento al mismísimo PSOE se encuentra ahora camino del cementerio? Muy fácil, diseñando una política comunicativa, donde la línea de fractura que separaba a los poderosos – la casta – fue sustituida por una nueva divisoria que irreconciliablemente separaba “el pasado” hacia “lo nuevo”, esto es “lo progresista”, que tantas veces acabó siendo “lo globalista”. «Una y otra vez, el ascenso de los gobiernos «progresistas» tiene como resultado la desmovilización de los movimientos sociales»

En efecto, Podemos había comenzado su andadura focalizándose en la casta y en la corrupción, pero muy rápidamente se pasó a otro terreno. Proponían una nueva España, de la que no sabíamos gran cosa, había que combatir lo viejo, lo obsoleto, ese mundo obrerista desfasado, machista, racista y xenófobo, para dar lugar a una izquierda abierta, plural, arco iris, feminista y global. Y ese fue el argumento que en Unidas Podemos acabaría imponiéndose como su seña de identidad: “Nosotros somos el futuro, vosotros el pasado, sois viejos, pensáis mal”. Es decir, todo aquello que no sea como nosotros es fascista y neorrancio.

Para situarnos en un momento simbólico, se puede afirmar que el giro de Podemos se efectúa tras la alianza alcanzada con Izquierda Unida en el año 2016, donde Podemos se va desmarcando del bagaje ideológico de la plataforma política heredera del Partido Comunista de España, tratando de asumir un perfil propio que suponía, a un mismo tiempo, ir apartándose de todo aquello que pudiera estar relacionado con una izquierda vetusta con resabios obreristas, para ir adoptando un lenguaje remozado, una estética destilada, y un nuevo comienzo basado en el 15M como evento politizado pero totalmente carente de ideología, tal y como explicaba el propio Pablo Iglesias cuando afirmaba en un artículo de prensa, titulado “Entender Podemos”, donde sostenía que “el 15M sedimentó en la sociedad española una nueva cultura impugnatoria inaprensible bajo las categorías de izquierda-derecha; algo que los jefes de la izquierda política existente se negaron a aceptar desde un principio”. 

De hecho, y pese a las melifluas apelaciones a “lo nacional-popular” realizadas en sus comienzos, el terreno donde Podemos podía sembrar no era el de las mayorías sociales, sino el de los segmentos urbanos con elevada formación universitaria, ampliamente propensos a resbalar sobre las inercias posmodernas pontificadas por las nuevas clerecías académicas. Es decir, las clases medias a las que la crisis de 2008 las había situado ante un acelerado proceso de precarización o proletarización que sirvieron de base al origen de Podemos, aprovechando el malestar causado por la imposibilidad de ocupar la posición social que prometía su inversión en recursos formativos, o bien que debía ser familiarmente legada. No en vano, el núcleo original de la dirección de Podemos estaba compuesto por “un grupo de profesores universitarios con posiciones laborales frágiles o poco asentadas” cuyo sesgo profesional impregnó rápidamente la formación política por medio de “ciertos registros y lenguajes” que bien podrán considerarse como códigos de pertenencia.

De esa manera, Podemos quedaría transformada en la organización institucional del 15M, aquel fenómeno colectivo que bien se podría definir como el capítulo central de la reacción a los límites materiales que, tras la crisis de 2008, encontró la clase media para su reproducción social. Pero si fuera cierto que la historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa, entonces debiéramos considerar la posibilidad de que el 15M hubiese sido una bufonada cuya escena inicial es el “mayo francés del 68”, acontecimiento que supone el punto de inflexión entre una izquierda moderna y otra posmoderna que actuó como plataforma del despegue del liberalismo progresista.

Durante mucho tiempo, en Europa, la clase obrera representó una enorme masa de población asalariada. Aquella clase obrera, que trabajaba en fábricas y se organizaba en sindicatos y partidos que la representaban como clase, era la identificación del pueblo para los socialistas, los anarquistas y los comunistas. Aquella clase obrera, mayoritariamente masculina, urbana y vestida con mono de trabajo, representaba el sujeto de avance hacia el progreso, era el artífice de la extensión del sufragio y de los derechos sociales y la punta de lanza hacia una sociedad mejor.

Pero, ¿qué es eso de la nueva izquierda o izquierda posmoderna más que un ramal de una larga senda de pensamiento cada vez más alejado de la izquierda auténtica, es decir, “liberalismo” puro y duro?

De entrada, pongamos como punto de partida la acometida liberal iniciada allá por finales de los años 70 en Europa – en España llegaría esta “moda” una década después -, renunciando a administrar públicamente las empresas de recursos y servicios estratégicos; la paulatina desregulación del mercado de trabajo, la acelerada desindustrialización y, por ello, la dependencia del mercado exterior; la incorporación de fuerza de trabajo extranjera como mecanismo de contención salarial; la relajación de la carga impositiva sobre ganancias de capitales, rentas altas y beneficio de sociedades, etcétera.

Las reformas laborales y fiscales, la venta de patrimonio público, la reconversión industrial, la apertura de fronteras, entre otras lindezas, posibilitaron que el capitalismo se liberase de las regulaciones del Estado, logrando que el supuesto activismo de izquierdas buscase refugio en aspectos cada vez más intimistas, singulares y extravagantes, estableciéndose los debates bizantinos sobre nociones surgidas de la escolástica académica que, no pocas veces, experimentaron un repliegue identitario y, por ende, sectario, hasta el extremo de que aquel radicalismo político de izquierdas, que había asumido un inequívoco “compromiso de clase” desde que se empezara a hablar del “cuarto estado”, acabaría refugiándose en demandas particulares o aspectos idiosincráticos de colectivos minoritarios específicamente marginados e históricamente discriminados, con la subsiguiente incapacidad de articular proyectos lo suficientemente inclusivos como para dar respuesta al conjunto de la clase trabajadora.

En contraste con lo expuesto es necesario dejar muy claro que cualquier proyecto político que se llame de izquierda tiene que ser necesariamente universalista y dirigido a todos los seres humanos, entre otras cuestiones – la principal – porque la desigualdad procede de la creciente brecha existente entre los ricos y los pobres. Es decir, sin convicciones políticas fundamentales, moviéndose al son de los tambores que más fuerte suenen, las posiciones progresistas acabaron remitiendo cada vez más a ciertas cuestiones efímeras de nula relevancia, situadas en un plano mayormente cultural, que irrumpen incesantemente en el debate público alimentadas por el clickbait de la prensa digital y el trending topic de Twitter.

Así, de esa manera, la “constelación Podemos” acabaría convirtiéndose en una agencia de colocación profesional para espadachines de las redes socio-digitales, mercaderes del empoderamiento, coreógrafos de performances a ritmo de twerking, escultores de identidades camaleónicas, profetas del apocalipsis climático, zahoríes de señoros, neorrancios y pollaviejas, evangelistas contra el holocausto animal… En definitiva: adolescentes propagandistas de lo irreverente al tiempo que ingenuos párrocos de lo puritano, ya sea que pretendiesen agitar conciencias o, por el contrario, purificarlas.

La vicepresidenta segunda del Gobierno decidió implicarse en la campaña electoral andaluza e intensificó su presencia en este bastión, pasando de dos actos iniciales a tres, además de otra incursión en Sevilla para un debate económico. Aunque la dirigente ha tratado de desvincularse del turbulento acuerdo de coalición, por el que Podemos se quedó fuera del registro tras unas tensísimas negociaciones, lo cierto es que Yolanda Díaz ha asumido la importancia de estos comicios.

Habiendo renunciado a disputar la orientación de las políticas públicas con capacidad de modificar la correlación de poder socialmente existente, la “constelación Podemos” se ha limitado a aplicarle pátina de opalescente autocomplacencia a sus declaraciones: “Las ciudades se diseñaron por una sociedad patriarcal del hombre blanco que iba en coche” (Ada Colau); “un profundo sentimiento de amor es lo que define mejor a la gente de Podemos” (Ione Belarra); “lo más guay es que la gente estaba feliz en la calle. Para eso sirve la política” (Angela Rodríguez); “me gustaría que abandonásemos, quizás, la carga más pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria” (Yolanda Díaz).

Yolanda Díaz “ha traído datos” consigo en su primer mitin de la campaña andaluza, radiografiando la realidad socioeconómica andaluza – un PIB retraído, un paro estructural siete puntos por encima de la media nacional – pero su idea fuerza agitar la pulsión de izquierdas. “Os pido hoy aquí en nombre de los represaliados franquistas, de nuestra gente, que ejerzamos un voto clave, es un derecho, os pertenece a vosotros, no es de ellos, no renunciéis a votar, por muy cabreados que estéis. Os pido que salgáis a votar a Inma Nieto”, gritaba a la vez que recordaba al fallecido Julio Anguita. (La Voz de Córdoba, el 12 de junio de 2022)

En su labor de gobierno, la “constelación Podemos” pretende, por ejemplo, modificar las micro-prácticas cotidianas y los patrones de consumo de la ciudadanía, recomendando comer frutas y verduras de temporada. De igual manera, la misma “constelación morada” ha pasado de pretender nacionalizar el oligopolio eléctrico a tolerar los beneficios desorbitados de las eléctricas a causa del encarecimiento sin precedentes del precio de la luz, y, por si fuera poco, la reconversión productiva de estas grandes empresas energéticas se financiará a cargo de los fondos europeos.

A modo de conclusión, la “constelación Podemos”, de estar llamados a revertir un desorden lesivo para las mayorías populares ha degenerado en una formación cuya función es la estabilización de ese mismo desorden protegiéndolo de sus críticas, hasta el extremo de que cualquier objeción o alternativa procede de un inconfesado fascismo, machismo o racismo, y si es pronunciada desde coordenadas políticas ubicadas en la “izquierda”, entonces sus mandarines intelectuales afirman que se trata de peligroso rojipardismo. Es decir, todo aquello que no sea considerado como “progresista” se identifica con el pasado, y éste, a su vez, asociándolo con una España de valores casposos.  

La cruda realidad es que hoy asistimos al agotamiento del respaldo social de una marca política sin mordiente, carente de intenciones políticas de envergadura e instalada a la defensiva, porque, en definitiva, de lo que se trata es de sobrevivir. A modo de resumen, el adanismo de Podemos ha convertido en antediluviano cualquier cometido cuyo origen sea anterior al 15M, incluyendo la carga de sentido que poseía la “izquierda”, impugnando las “categorías izquierda y derecha” al fusionarlas en la síntesis superadora del “progresismo”, pudiendo afirmarse que actúan como sepultureros ideológicos de la izquierda. Es decir, la “nueva izquierda” no es más que la negación de la “izquierda”. R.I.P.

ANTÓN SAAVEDRA 

Los “Amigos de Luisma” hemos elegido el día de hoy, jueves, 23 de junio de 2022, el refugio de la Vega de Brañagallones en el concejo de Caso parar realizar nuestra comida periódica, una ruta que hicimos en el tractor-tren preparado al efecto para realizar el trayecto.

Se trata de la Ruta de Brañagallones que sale del pueblo de Bezanes y llega hasta el refugio de montaña de Brañagallones, volviendo de nuevo a Bezanes por el mismo camino, con un total de 22 kilómetros.

Ruta desde Bezanes hasta la vega de Brañagallones en el concejo de Caso.

La ruta está ubicada en el Parque Natural de Redes, Declarado Parque Natural en 1996 y reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera en 2001:

El Parque de Redes ocupa la zona centro oriental del Principado de Asturias y su riqueza ambiental se manifiesta en una multitud de paisajes y contrastes, pudiendo observarse formaciones de origen glaciar y amplios campos de pasto y montes, contando asimismo con una superficie arbolada que ocupa el 40% del territorio, que configuran uno de los lugares más impresionantes del parque que se encuentra en su zona alta, donde llegaremos al Refugio para realizar una “ligera” comida consistente en Fabada, Cabritín del monte con patatinos y arroz con leche en una altura de 1.215 metros: LA VEGA DE BRAÑAGALLONES.

Durante la ruta se puede observar cómo la acción de los ríos ha dado lugar a la aparición de valles abiertos que forman grandes vegas en sus fondos y los impresionantes desfiladeros de roca caliza como el del río Alba o el de los Arrudos, por citar alguno de los principales destinos de las familias amantes del senderismo, al margen de otras más de cuarenta rutas oficiales como la del Tabayón del Mongallu, la Vega Ponciello o la del Cantu el Oso.

Menú de los “Amigos de Luisma” en el Refugio de Brañagallones, el 23 de junio de 2022.

En el Parque de Redes se encuentran todas las especies características del norte peninsular: el oso pardo y el lobo, localizándose también las mayores poblaciones de rebecos y ciervos de Asturias, sin olvidarnos del urogallo que motivó el nombre de Brañagallones a la vega que visitamos.

Foto de archivo de un urogallo en el Parque Natural de Redes.

El urogallo, apodado “el gallo de los bosques”, es una reliquia de la era glaciar que se fue aislando en las regiones más altas y frías de Europa que poco a poco fue desapareciendo hasta quedar reducido a unos pocos de ejemplares en la Cordillera Cantábrica asturiana, alimentándose de las plantas que tiene a su disposición según la época del año y el lugar donde habite, ya que come un menú diferente en cada estación, principalmente las hojas de acebo y los tallos verdes de arándano forman parte de su dieta por el invierno. En primavera, se alimenta de comida rica en proteína y fibra que encuentra en los brotes de distintas plantas, consumiendo por el verano arándanos y moras y, en los meses de otoño, bellotas, endrinos y escaramujos.

El hayedo es la formación vegetal dominante en los montes de Redes, aunque estos albergan importantes manchas de roble albar.

Nuestra aventura al Paraíso Natural se inicia a las 11,30 horas en el pueblo de Bezanes a donde llegamos desde Gijón, La Felguera y Sama de Langreo en el autobús fletado para el traslado de todos los participantes: Raúl del Campo, Veli, Luisma y Arturo (Gijón), Barri, Antolín, Lastra, Tascón, Fermín, Javier Bárcena, Cortés, Daniel, Jamín Cordero, Manasé, Zabala, Arca, Jorge Luís, Toño Pontigo, Arturo Carreño, Fernando Araya, Varito y Pepe Bigotes, (La Felguera), Antón Saavedra, Marino, Luis, Manolo Vázquez, Noli, Servandín, Tino Sama y Marrón (Sama de Langreo), Javi Roza y Miguel Ángel Fernández, alcalde de Caso, que nos acompañó durante toda nuestra estancia en la Vega de Brañagallones teniendo la deferencia de compartir mesa y mantel con nosotros en el Refugio. 

Amigos de Luisma en la Vega de Brañagallones, el 23 de junio de 2022.

Y, desde Bezanes, rumbo al Paraíso en el tractor-tren que nos traslada a uno de los rincones más mágicos del mundo: EL PARQUE NATURAL DE REDES Y RESERVA DE LA BIOSFERA MUNDIAL, donde, a lo largo de todo

el recorrido se puede ir contemplando preciosas y paradisiacas panorámicas de todo el paisaje montañoso que nos rodea a la vez que haciendo paradas en los miradores habilitados para disfrute de nuestras cámaras, especialmente las de nuestros fotógrafos oficiales, Luis Marrón y Jamín Cordero, que ese mismo día, por la noche, ya pusieron a nuestra disposición las fotos por los distintos medios digitales, no pudiendo contar en esta ocasión con las de los compañeros Fierros, Julio Manuel Jorge Emilio. El compañero Marrón, incluso nos envió un video de la visita ilustrado con una canción dedicada a los amigos.

Tractor – tren que realizó el transporte de los “Amigos de Luisma” en la ruta desde Bezanes hasta el Refugio de la Vega de Brañagallones.

La primera parada la realizamos en el Mirador del Texu o Tejo de la Oración, donde la leyenda nos dice que los pastores vivían cuidando a su ganado en las Cabañas de Brañagallones, casi medio año, en total soledad y aislamiento, orando junto al sagrado Texu, para que pudieran regresar al año siguiente, a salvo de lobos, osos, rayos y demás desgracias, con todas sus reses y sus crías en perfecto estado de salud.

En pleno parque natural de Redes, en el camino que nos lleva a la Vega de Brañagallones nos encontramos con el Mirador del Texu, un auténtico balcón natural, con una de las mejores vistas del parque, en el que sobresalen las moles de La Rapaona y la Peña del Viento.

A los 4,5 kilómetros de Bezanes nos encontramos con la Fuente de Ardovíu, esto es casi en la mitad del camino desde el inicio del recorrido, con un agua de sabor casi parecido al de la mejor sidra asturiana, donde podemos llenar cualquier recipiente que llevemos en nuestras mochilas. Aquí, la leyenda habla de sus propiedades mágicas que evitan el envejecimiento de sus afortunados usuarios, asi que ya podemos estar preparando la siguiente visita para seguir bebiendo del agua que prolonga la vida, sin que se entere de ello el ministro Escrivá, el de los pensionistas, porque entonces ya podemos suponer el futuro que le quedaría a la fuente.

De nuevo en el tractor-tren ya en la cota de 1.100 metros hasta los 1.225 del antiguo lago Glaciar, iremos viendo a nuestra derecha el valle formado por el río Monasterio, llamado también Foz o Desfiladero de Retoyu. Los líquenes que decoran las ramas de la grandiosa vegetación arbórea que bordean nuestro camino, son el signo de la pureza medio ambiental máxima. Así que aprovechamos para respirar con toda nuestra avaricia el impoluto aire que les rodea y acaricia.

Túnel del Crestón. «La entrada al paraíso» en la ruta que une Bezanes con La Vega de Brañagallones en el Parque Natural de Redes.

En nuestro recorrido, la única parte que puede impactar un poco, debido a su desnivel, es la del Túnel del Crestón, situado en los 8,7 kilómetros de Bezanes, muy cerca ya de la mítica Vega glaciar, pero tampoco es para preocuparse ya que la senda es muy ancha y no ofrece peligro alguno incluso para los que padecemos el vértigo de las alturas.

Siguiendo nuestra ruta entramos en un poco de llanura donde encontramos un pequeño mirador donde se enclavan unas colmenas de abejas, donde se puede apreciar grandiosos bosques de hayas, para seguir nuestro ascenso hacia la Majada de Grandiella y el Argayu’l Llobu, donde nos encontraremos con un tramo de visera para proteger la calzada de los argayos o en invierno de la nieve, hasta que las pista atraviesa un pequeño arco labrado en la roca, conocido como el túnel del Crestón, desde donde se puede disfrutar de una bella panorámica del magnífico hayedo de Redes.

Colmenas en la ruta de Bezanes a la Vega de Brañagallones.

Ya, en la entrada de la vega glaciar de Brañagallones, por haber sido un antiguo lago de origen glaciar, encajada entre las sierras de Pintacanales y Les Príes, se puede apreciar el picu del Cantu´l Osu y más a la derecha, a lo lejos, la Peña’l Vientu, el picu Cascayón y bajo él se puede ver lago Ubales, también de origen glaciar.

Diez mil hectáreas de hayedo convierten el Parque Natural de Redes en una de las grandes reservas forestales de Asturias, con su núcleo en el monte cuyo nombre designa al conjunto del espacio protegido.

Cuando llegamos a nuestro destino y pisamos las primeras praderías ganaderas de la Vega de Brañagallones, sentiremos bajo nuestros pies la fuerza de las morrenas del glaciar que formaron la laguna que dio origen a esta auténtica maravilla de la Naturaleza Astur.

Allí, en la Vega, veremos también otra fuente, la de Panduquemau, de aguas deliciosas, pero menos revitalizantes que las de la Fuente del Ardovíu, aunque de origen también casi divino y glaciar, donde se ve la mano restauradora y desinteresada de nuestro amigo Javier.

Refugio y cabañas en la Vega de Brañagallones, el 23 de junio de 2022.

Asimismo, podremos ver pequeñas cabañas donde los pastores de Bezanes pasaban casi incomunicados hasta el año 1.960, muchos de ellos niños que ayudaban con su esfuerzo a quitarse el hambre que rodeaba estas aisladas brañas.

Allí vivían, dormían y facien les madreñes, cuidando y protegiendo a su ganado del ataque de los lobos y los osos. Como no había luz, ni neveras, comían la carne de los rebecos, corzos, venados o jabalíes que habían cazado durante el verano anterior y que guardaban curando la carne al frío, colgada dentro de la Cueva de Valdebezón donde nace el río Monasterio.

Antón Saavedra en la Cabaña de Javier en la Vega de Brañagallones, el 23 de junio de 2022.

Nosotros, los “Amigos de Luisma” solo tuvimos que sentarnos en las instalaciones del confortable y remodelado hotel-refugio de cazadores, que preside rodeado de cabañas pastoriles esta glaciar Vega-Majada de Brañagallones, para dar cuenta del menú acordado y comentado en el inicio de nuestro reportaje, servido con amabilidad suprema por los regidores del refugio. Muchas gracias, porque se puede comer bien, o muy bien, como ha sido el caso, pero si se sirve con esa amabilidad y profesionalidad, entonces la cosa ye de “matricula de honor”.  

A todos y todas aquellas y aquellos que vayan a realizar la ruta les recomiendo que lleven unos prismáticos, pues al atardecer es fácil ver rebecos u otras especies animales, de las muchas que habitan entre las hayas y los acebos, los robles albares, los abedules, los fresnos y los avellanos, que pueblan este salvaje bosque de Redes.

El plan de Escrivá consiste en la creación de un macrofondo público de pensiones privadas de empleo, gestionadas por bancos, aseguradoras o grandes fondos de inversión y negociadas entre empresas y sindicatos.

La derogación de la reforma laboral, el problema de las pensiones y la creación de un sistema de renta mínima de reinserción fueron las tres promesas “estrella” del gobierno de coalición progresista PSOE-Unidas Podemos. Sin embargo, después de tres años todo el mundo sabe que la derogación de la reforma laboral ha resultado una auténtica estafa para los trabajadores, el ingreso mínimo ha sido un rotundo fracaso, y la tan cacareada reforma del sistema público de pensiones lleva el mismo camino. De momento, la única medida adoptada que reviste cierta entidad ha sido el compromiso de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, actualizándolas anualmente por el IPC, pero a pesar de que la medida había sido consensuada por todos los partidos políticos en el Pacto de Toledo y por más que el Gobierno lanzase las campanas al vuelo y en tono triunfalista asegurase que por primera vez la actualización estaba para siempre garantizada por una ley, ha bastado que la inflación se disparase para que surgiesen desde todos los ángulos multitud de voces poniendo en duda la posibilidad de una actualización de tal cuantía.

Se dice una y otra vez que el presupuesto público no puede asumir un incremento del gasto de esa envergadura, pero se sigue silenciando que la inflación produce en los ingresos públicos un aumento de igual o mayor cuantía que en los gastos, incluyendo las pensiones. El déficit o el superávit del sector público no tienen por qué modificarse en función de cuál sea el incremento de los precios, excepto que se quiera emplear el exceso de ingresos para otras finalidades. Estas ofensivas infundadas en contra de la actualización de las pensiones seguirán existiendo mientras las finanzas de la Seguridad Social se mantengan al margen de las del Estado. Y ha quedado muy claro que el Gobierno no está por la labor, ya que cuando se producen déficits en la Seguridad Social estos se vienen financiando con préstamos y no mediante las más que lógicas aportaciones del Estado.

Las múltiples ocurrencias que ha venido desgranando el ministro Escrivá, desde luego, no pasan por solucionar el problema, al seguir considerando la cuestión de las pensiones como un problema al margen del problema general de la financiación del Estado. Incluso algunas de estas ocurrencias van a resultar negativas como esa idea de crear fondos de pensiones de empleo de promoción pública que, para mayor gloria y boato del ministro, ha merecido una ley que en este momento se encuentra en el Parlamento, una ley de contenido pobre, reducida a la creación de esta nueva figura de ahorro y de toda una estructura burocrática, innecesaria y que en realidad no va a controlar nada.

BBVA Asset Management (@bbvaam_es) es la unidad del Grupo BBVA que engloba las gestoras de fondos de inversión y pensiones a nivel global, con presencia muy destacada en España y América Latina. Otra gestora del Grupo, Gestión Previsión y Pensiones, administra 6.695 millones de euros en patrimonio de fondos de empleo al cierre del primer trimestre de 2022.En total, el Grupo BBVA gestiona 22.915 millones de euros en planes de pensiones (datos de Inverco a fecha 31 de marzo de 2022).

Pero, ¿Qué son los fondos de pensiones en general sino los máximos enemigos del sistema público? Siempre se han considerado un mecanismo complementario, pero en realidad ha pretendido ser sustitutivo. Es por eso por lo que desde hace más de treinta años las entidades financieras, principales beneficiarias de los fondos, se han dedicado con sus servicios de estudios a difundir la teoría de que el sistema público de pensiones es inviable económicamente, en la creencia de que cuanto más se deprimiese este, más se generalizarían y extenderían los fondos privados. Pero, además, ¿quién puede tener capacidad de ahorro para acceder a esos fondos sino aquellas rentas altas y medio altas?

En efecto, el “ministro de los banqueros” que diría el coordinador de COESPE, Franquesa, nos ha obsequiado con otra de sus ocurrencias, en esta ocasión sacándose de la manga un fondo de pensiones que llama público y además de empleo, pero que se mueven en una encrucijada muy complicada, porque sin desgravaciones fiscales no son interesantes y si se les dota de ellas se cae en la contradicción de que al tiempo que se admite que no hay dinero suficiente para mantener las pensiones públicas se dediquen importantes recursos a incentivar los fondos privados, cuyos beneficiarios, tal como hemos dicho, serían las rentas altas y media altas, resultando únicamente muy apetecibles para las entidades financieras, ya que mediante ellos mantienen cautivas importantes cantidades de dinero.

Se afirma que se nutrirán de los convenios de empresa o sectoriales, pero lo cierto es que los empresarios solo asumirán estas obligaciones siempre que se compensen con incrementos salariales más reducidos, cuestión que no convence a los trabajadores, tanto más cuanto que los salarios en España son, en su inmensa mayoría mileuristas, incluso bastante inferiores. Es decir, a la vista de lo dicho no parece pronosticar un buen futuro para el proyecto de Escrivá, sobre todo, cuando el fondo diseñado es un engendro, un híbrido, definiéndose como público, pero gestionados privadamente, eso sí, con la participación en el accionariado de los sindicatos llamados mayoritarios de CC.OO. y U.G.T. (15% cada uno en el BBVA)

Ya en los inicios del siglo XXI, la OIT denunciaba que el 90% de la población mundial estaba excluida de los programas de pensiones de jubilación, por lo que es fácil deducir que una gran parte de esta población carezca de los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades, pero ello no indica que tengamos que mirar hacia los países pobres o en vías de desarrollo, porque centrándonos en EE.UU., potencia capitalista recurrentemente presentada como el modelo a seguir, nos encontramos con que la tasa de pobreza para las personas mayores de 65 años ya supera el 10% de su población.

Paradojas de la vida, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT figuran entre los grandes beneficiados de la reforma de las pensiones públicas y del creciente negocio que se abre para las privadas. Todo ello porque los dos sindicatos son accionistas de referencia de las gestoras de pensiones de BBVA y de Telefónica, líderes del mercado en España. Como todo accionista de una compañía, los sindicatos son regados cada año con un jugoso dividendo, pago que, además, es más elevado cuanto mejor vaya el negocio de las pensiones privadas; y éste irá mejor, se prevé, conforme vayan mermando las públicas, por la creciente necesidad que van a tener los ciudadanos de compensar los menguantes ingresos procedentes de la Seguridad Social con ahorro privado. Justo lo que tanta veces ellos mismos han criticado.

La crisis financiera de 2003 permitió imponer las políticas de austeridad en los países ricos que fueron imponiendo el “austericidio” para reducir la protección social, lo que unido al “desempleo persistente, unos salarios más bajos y unos impuestos al consumo más elevados” contribuyeron al crecimiento de la pobreza según la OIT. Por otra parte, sabemos que la generalización de la adquisición de acciones permite elevar el valor de la bolsa, invirtiendo sus cotizaciones en ella con el consiguiente riesgo de quiebras, estando expuestas, además, al riesgo del fraude y la estafa, tan de moda en estos últimos y convulsos tiempos que nos toca vivir. Un ejemplo: mediante una estafa piramidal, la compañía de inversión privada Bernard L. Madoff Investiment Securities “devastó planes de jubilación y fondos de pensiones” en 122 países, de los que 10 de esos fondos eran españoles.

Así pues, el riesgo de perder pensiones es sistémico. La crisis de 2008 volatizó el valor de las casas y el de los ahorros apostados en bolsa a través de los fondos privados, aunque fueron muy pocos los millonarios afectados. Pero, a pesar de los numerosos escándalos que han mostrado los enormes riesgos de la capitalización de nuestras cotizaciones que depende no solo de la integridad de los administradores de fondos, sino también de las subidas y bajadas de los mercados bursátiles, esta práctica sigue promoviéndose, tal y como nos esta demostrando el “ministro de los banqueros en España” facilitando el asalto de los corsarios del neoliberalismo al Sistema Público de Pensiones.